Proposiciones


Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SE a revisar los volúmenes de importación de frijol y, en su caso, establecer medidas de regulación temporal que contribuyan a proteger el precio nacional y el ingreso de los productores, así como a fortalecer las oportunidades de comercialización del producto mexicano en otros mercados, a cargo del diputado Gerardo Villarreal Solís, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, diputado federal Gerardo Villarreal Solís, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Durante los años 2023 y 2024, México registró un incremento significativo en las importaciones de frijol, derivado de la sequía severa y las condiciones climáticas adversas que afectaron amplias zonas productivas del norte del país, particularmente en Zacatecas, Sinaloa, Durango y Chihuahua, entidades que concentran más del 60 por ciento de la producción nacional.

Fue así como, en 2023, se importaron 313 mil toneladas de frijol, un volumen histórico que representó un crecimiento de 272 por ciento respecto a 2022. Para 2024, el volumen aumentó cerca del 10 por ciento adicional, consolidando una tendencia al alza en la dependencia de grano importado.

Al tiempo que las importaciones crecían, las exportaciones mexicanas de frijol descendían drásticamente. En 2023 totalizaron 21,654 toneladas, una caída del 63 por ciento respecto al año previo, y en 2024 se mantuvieron en niveles similares.

Hoy la realidad es diferente. Para el ciclo agrícola Primavera–Verano 2025, el panorama productivo se ha revertido favorablemente.

De acuerdo con estimaciones del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), la producción nacional de frijol alcanzará las 871 mil toneladas métricas, lo que representa un incremento de 32.1 por ciento en comparación con el ciclo anterior.

Este crecimiento obedece a una mayor superficie sembrada (+5.2 por ciento), a las condiciones climáticas favorables y a la entrega oportuna de insumos, factores que en conjunto anticipan una de las cosechas más abundantes de la última década.

En el ámbito regional, Durango destaca con una producción proyectada de 140 mil toneladas métricas, mientras que Chihuahua y Zacatecas prevén rendimientos superiores al promedio.

La cosecha de frijol pinto iniciará a mediados de octubre, mientras que la de frijol negro comenzará durante la primera quincena de noviembre, concentrando la oferta nacional en un lapso de apenas 30 a 45 días, lo que genera una presión significativa sobre los precios al productor.

Los expertos coinciden en que los precios se mantienen bajos debido a los abundantes inventarios sin vender, la disponibilidad de frijol importado y la expectativa de una buena cosecha en el ciclo PV 2025, factores que han debilitado las condiciones de comercialización y limitado la capacidad de negociación de los productores.

De acuerdo con estimaciones del mercado, el precio inicial al productor podría ubicarse en alrededor de 12 pesos por kilogramo, lo que obligaría a la Federación a otorgar un subsidio aproximado de 15,000 pesos por tonelada para asegurar un precio de referencia que preserve la rentabilidad mínima del cultivo, con el objetivo de apoyar al mayor número posible de productores.

La nueva cosecha en los Estados Unidos ejerce presión adicional sobre el mercado, al ofrecer frijol a precios altamente competitivos que oscilan entre 17,000 y 18,620 pesos por tonelada en Laredo Medio Puente, lo que coloca al producto nacional en una posición desfavorable frente al importado.

A esto se suma la posibilidad de que intermediarios en México y distribuidores en Estados Unidos retengan parte del grano de la nueva cosecha en espera de una recuperación de precios, situación que podría distorsionar aún más el mercado y afectar la liquidez de los productores durante las semanas inmediatas a la cosecha.

Ante este panorama, resulta indispensable que la Secretaría de Economía revise los volúmenes de importación vigentes y, en su caso, establezca medidas de regulación temporal que permitan equilibrar el mercado interno, evitar el desplome de precios y proteger el ingreso de las y los productores.

Asimismo, se considera necesario fortalecer las oportunidades de comercialización del frijol mexicano en otros mercados, promoviendo esquemas de exportación y estrategias de valor agregado que permitan colocar el excedente nacional bajo condiciones rentables y sostenibles.

Estas acciones contribuirán a preservar la estabilidad del mercado interno, garantizar precios justos, prevenir la descapitalización del sector y consolidar al frijol mexicano como un producto competitivo en el ámbito internacional, esencial para la seguridad alimentaria y el desarrollo rural del país.

En la gráfica que a continuación se presenta, se observa con claridad cómo las importaciones de frijol han venido disminuyendo, casi en un 40 por ciento, después de los incrementos registrados durante los años de sequía, reflejando la recuperación de la producción nacional y una tendencia hacia la autosuficiencia en el abasto interno.

Sin embargo, es fundamental regresar a volúmenes aún más bajos ante el crecimiento de la oferta nacional, de modo que las condiciones de mercado favorezcan el consumo del producto mexicano y la estabilidad de los precios al productor.

El gobierno federal, a través de sus programas de apoyo al campo, ha consolidado la aplicación de un precio de garantía que busca compensar los costos de producción y proteger a las y los agricultores frente a las fluctuaciones del mercado; sin embargo, ante la magnitud de la cosecha esperada, esta medida debe ir acompañada de estrategias efectivas de comercialización que aseguren que el valor del producto llegue realmente a los productores.

En este sentido, dentro del marco del Plan México y de la política nacional de autosuficiencia alimentaria, el reto ya no radica en producir más, sino en vender mejor: en garantizar que cada tonelada de frijol mexicano encuentre un canal justo, rentable y transparente que permita elevar los ingresos rurales y consolidar un mercado interno fuerte y competitivo.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Economía para que, en el ámbito de sus atribuciones, revise los volúmenes de importación de frijol y, en su caso, establezca medidas temporales de regulación que contribuyan a proteger el precio nacional y el ingreso de las y los productores. Asimismo, se exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Economía para que fortalezca las oportunidades de comercialización del frijol mexicano en otros mercados, promoviendo esquemas de exportación que permitan colocar el excedente nacional bajo condiciones rentables y sostenibles, en beneficio del campo mexicano.

En el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de noviembre de 2025.

Diputado Gerardo Villarreal Solís (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a realizar acciones para la protección del Estero San José del Cabo, en el estado de Baja California Sur, a cargo del diputado Manuel Alejandro Cota Cárdenas, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, diputado federal Manuel Alejandro Cota Cárdenas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El Estero” San José” es un icono en el municipio de Los Cabos y Orgullo ambiental de Baja California Sur, más allá de su importancia ecológica, es un símbolo de identidad e historia en esas tierras australes, pues el origen de la comunidad de San José del Cabo no puede concebirse sin ese oasis, rico en flora y fauna que dieron origen a la fundación de esa población en 1730, lugar donde se fundó la primera misión de San José del Cabo Añuití por el Jesuita Nicolás Tamaral y el padre visitador José de Echeverría.

“El Estero San José del Cabo” es una Reserva Ecológica Estatal (REE) en Baja California Sur, México, que sirve como humedal vital para la conservación de especies amenazadas, aves y otros animales salvajes. Es un importante destino para los amantes de la naturaleza y la observación de aves, ofreciendo un ecosistema único de oasis costero y siendo un lugar conocido por su rica diversidad de flora y fauna, aunque actualmente se enfrenta a amenazas por contaminación.

El Estero de San José del Cabo (el estero) es un humedal de tipo estuarino que se localiza en la Región del Cabo, en el extremo sur de la península de Baja California. Su ubicación biogeográfica y la presencia de agua dulce en este oasis costero provoca una concentración de biodiversidad muy alta en relación con su tamaño, tanto de flora como de fauna. Al mismo tiempo, el estero se ubica en medio de uno de los polos de desarrollo urbano y turístico más importantes del país. Por eso, su conservación es prioritaria y a la vez un reto.

El Estero de San José del Cabo (el estero) es un oasis costero, el más grande y más sureño de los oasis de la península de Baja California. Debido a que es uno de los escasos cuerpos de agua dulce del estado de Baja California Sur, el estero concentra una diversidad biológica desproporcionadamente grande. Al mismo tiempo, debido a su ubicación en medio de un polo de desarrollo turístico a nivel nacional, el estero es uno de los humedales más importantes y más amenazados de la región.

El estero es reconocido como un Área de Importancia para la Conservación de las Aves (AICA No. 59) bajo la categoría G1 por contener una población de una especie considerada como globalmente amenazada, en peligro o vulnerable según el libro rojo de Birdlife (Guzmán Poo y Palacios 1999). El área es importante también a nivel global y fue recategorizada recientemente como Important Bird Area (IBA) por contener la población más importante de una especie de ave Críticamente en Peligro a nivel mundial, el Mascarita Peninsular (Geothlypis beldingi). Además, en el 2009 fue designado como un Humedal de Importancia Internacional por la Convención Ramsar, con el nombre de “Sistema Ripario de la Cuenca y Estero de San José del Cabo”.

Fue decretada en 1994 para proteger ecosistemas representativos y especies en riesgo, es uno de los humedales más importantes de la región y se le considera un oasis costero de agua dulce.

Se le considera un Santuario de aves: ya que es un destino popular para la observación de aves y alberga cientos de especies, algunas de ellas globalmente amenazadas.

En cuanto a la Biodiversidad: Es hogar de una rica flora y fauna, incluyendo diversas especies de aves, cactus, y peces.

Como destino turístico conlleva:

• Observación de aves: Es un destino principal para la observación de aves y la contemplación de la naturaleza.

• Deportes acuáticos: Se pueden realizar paseos en kayak al amanecer.

• Tours y visitas: Ofrece visitas guiadas, entradas y tours privados para explorar la zona.

Nuestra preocupación por su estado de conservación es:

• Las amenazas ambientales: El estero enfrenta amenazas debido a altas concentraciones de contaminantes como fosfatos, amonio, nitrito, lirio acuático y desarrollos inmobiliarios, lo que podría poner en riesgo su existencia.

• Esfuerzos de rescate:

Existen esfuerzos y propuestas para mejorar la calidad del agua y recuperar el cuerpo de agua del estero, con la participación de diversas organizaciones para su conservación.

El Estero de San José del Cabo se localiza en el municipio de Los Cabos, Baja California Sur. De acuerdo con el Programa de Manejo Oficial, esta Reserva Ecológica Estatal tiene una superficie de 472-97-36.74 ha comprendida entre los 23°05´ de latitud norte y los 109°40´ de longitud oeste. Durante el proceso de planificación se identificaron algunos objetos de conservación y amenazas que trascienden el área de la reserva, pero están entrelazados en términos ecológicos e hidrológicos con el Estero de San José del Cabo. Por este motivo, para efectos de este plan el área de estudio comprende a la Cuenca de San José.

Dicha cuenca tiene una superficie de 1275 kilómetros cuadrados y pertenece a la Discontinuidad del Cabo que a su vez se ubica dentro de la Provincia Fisiográfica Península de Baja California (Inegi 1995). El Estero de San José del Cabo, es considerado como un icono natural y parte de la identidad de los cabeños, particularmente de los josefinos, muchas generaciones han disfrutado de sus beneficios y servicios ambientales.

Actualmente los habitantes observamos con gran preocupación el deterioro de este humedal y su lenta pero constante degradación. Motivo por el cual el día de hoy elevamos la voz para pedir su rescate a los tres órdenes de gobierno, y al sector social y privado.

El Estero Josefino, es uno de los humedales más importantes de la Península, por su tamaño y servicios ambientales. La flora en esta reserva ecológica estatal presenta características paisajísticas y biológicas únicas, donde confluyen diversos tipos de vegetación terrestre entre las que destacan el palmar, el boque espinoso de guamúchil y el mezquite, así como vegetación de galería como el tule y carrizo, y acuática como la lentejilla y el junco, entre otros.

En el caso de la fauna, el Estero de San José mantiene una comunidad de aves terrestres y acuáticas prácticamente exclusivas del extremo sur de la Península. La comunidad de aves se forma de especies residentes, migratorias y transeúntes. Es la última estación de descanso para aves acuáticas y playeras migrando hacia zonas del sur de México, Centroamérica o Sudamérica. Parte de la fauna presente en el estero se cuenta a varias especies de reptiles, anfibios y mamíferos, y en algunos casos son especies endémicas.

Dentro de las especies carismáticas de la reserva se encuentra el gallito de mar, el cual anida en la barra que divide la reserva con el mar. Ésta especie se encuentra enlistada dentro de la norma nom- 059-semarnat-2001, bajo la categoría de “sujeta a protección especial”.

Dentro de los factores que han favorecido al deterioro de los recursos naturales y condiciones ecológica de la reserva, y que amenazan la subsistencia de esta zona protegida, son muchas, dentro de las que se pueden considerar; talas y aprovechamiento ilegal de hoja de palma y extracción de palma completa; asentamientos irregulares; el desarrollo de proyectos turísticos que generan impactos directos e indirectos; recurrentes incendios forestales; vertimiento de aguas residuales al cuerpo de agua por parte de las plantas de tratamiento de la localidad; tiradero de escombro, cacharros y basura cauce arriba del estero; uso inadecuado del suelo para actividades agrícolas y pecuarias; usos recreativos sin regulación.

Entre muchos otros factores que tienden a que esta zona ecológica se convierta en una zona de pantanos, hasta su degradación y desaparición. Lo cual no podemos permitirlo como sociedad. Otro de los factores que impactan de manera negativa el estero y sus condiciones ecológicas, son los las lluvias torrenciales ocasionadas por tormentas, ciclones y huracanes las cuales han ocasionado: la ruptura de la barrera arenosa que separa el océano del cuerpo de agua; la pérdida de la vegetación, hábitats de diversas especies de mamíferos, aves y reptiles; pérdida de la biodiversidad; azolve del vaso del estero; formación de abanico costero aluvial que cambia la morfología del cuerpo de agua y las dimensiones de la reserva, con la ganancia de terreno al mar ; y la erosión de las márgenes del cuerpo de agua, entre otras muchas.

Dentro de las causas para este deterioro, además de las ya mencionadas en líneas anteriores, están fundamentalmente la falta de recursos de los tres órdenes de gobierno para hacerle frente al mantenimiento y restauración de esta zona protegida. Pues ni el ayuntamiento, ni las agrupaciones de la sociedad civil que participan en la conservación de esta reserva pueden darse abasto para frenar y revertir las causas que han provocado el deterioro del Estero de San José del Cabo.

Como antecedente del manejo del área de reserva natural es preciso mencionar lo siguiente:

- Desde febrero del año 2011, el gobierno del estado transfirió el manejo de esta reserva ecológica estatal al ayuntamiento de Los Cabos, bajo los siguientes antecedentes:

1.- El 8 de octubre de 1993 se decreta el área del Estero de San José del Cabo como Reserva Ecológica Estatal, estableciéndose como zona natural protegida bajo la categoría de Zona Sujeta a Conservación Ecológica, publicado en Boletín Oficial del gobierno del Estado el 10 de enero de 1994.

2.-El 10 de julio de 1998 el gobierno del Estado aprueba y publica en el Boletín Oficial el Plan de Manejo para la Reserva, elaborado por la Universidad Autónoma de Baja California Sur, el cual además de plasmar las directrices del manejo, actividades a desarrollar y programas a implementar, se constituye como un instrumento de cumplimiento obligatorio.

3.- La última actualización de la Zona Sujeta a Conservación Ecológica “Estero de San José del Cabo” se publicó en el Boletín Oficial del gobierno del Estado el 24 de mayo de 2004,en el que se describen las características actuales de la reserva, dentro de las que destaca el aumento de la superficie derivado del aporte de sedimentos con motivo de las avenidas fluviales ocasionadas por los impactos de fenómenos meteorológicos, así como por los procesos costeros, quedando como superficie de la reserva 512-22-98 hectáreas.

4.-Derivado de la modificación del decreto de creación del 24 de mayo de 2004, el gobierno del Estado publica en el Boletín oficial del gobierno del Estado la última actualización del Programa de Manejo de la Reserva Ecológica Estatal “Estero de San José del Cabo” “, el 02 de junio de 2004.

5.-En Sesión ordinaria No. 57 del honorable Cabildo de Los Cabos, celebrada el 29 de octubre de 2004, se estableció el siguiente punto de acuerdo: primero: solicitar al Poder Ejecutivo del gobierno del Estado y al Congreso del Estado, por conducto del presidente municipal de Los Cabos: a) que la administración de la reserva sea operada por el gobierno municipal en estricto apego a los lineamientos y política establecidas en el programa de manejo de la reserva ecológica estatal “Estero San Jose del Cabo”, publicado en el Boletín Oficial con fecha 2 de junio del año 2004.

6.-En sesión ordinaria No.20 del honorable Cabildo de Los Cabos, celebrada el 11 de abril de 2006, se estableció el siguiente punto de acuerdo: único: que el presidente municipal, a nombre del honorable ayuntamiento de Los Cabos, solicite al ciudadano gobernador del Estado de B.C.S., emita el decreto modificatorio por el cual la administración, operación y vigilancia de la reserva ecológica estatal “Estero de San José’’, así como la facultad de actualizar el plan de manejo’ quede bajo la responsabilidad del honorable ayuntamiento de Los Cabos.

7.-En sesión ordinaria No, 27 del honorable Cabildo de Los Cabos, celebrada el 9 de septiembre de 2009, se estableció el siguiente punto de acuerdo: primero: se crea la “Comisión Edilicia Especial del Estero de San Jose del Cabo”, misma que tendrá las siguientes atribuciones: I, II., III., IV. Realizar conjuntamente con el ayuntamiento de Los Cabos, las gestiones necesarias ante el gobierno del estado de Baja California Sur, tendientes a que el Estero de San Jose del Cabo forme parte del patrimonio municipal.

8.- Desde 2009 el sitio aparece en la Lista RAMSAR que cataloga los humedales de importancia estratégica para el planeta. Se tiene registro de 217 especies de aves acuáticas, de las cuales 97 son migratorias y 19 están consideradas en alguna categoría de riesgo. Además, este humedal es la última estación de descanso para las aves acuáticas y playeras que cruzan el mar desde la península de Baja California con rumbo al sur de México, Centroamérica y Sudamérica.

9 .-El 22 de febrero del año 2011 el gobierno del Estado recibió el oficio No. PM684/2011 emitido por la Presidencia del honorable ayuntamiento de Los Cabos, y por la presidenta de la Comisión Especial Edilicia del Estero San José del Cabo, a través del cual se ratifica y mantiene el interés del honorable ayuntamiento de Los Cabos de recibir para su administración y manejo el Área Estatal Protegida Estero de San José del Cabo, a través de la unidad administrativa especializada para tal fin.

10-El 24 de febrero del año 2011, el gobierno del Estado, mediante convenio, traspasa al x ayuntamiento de Los Cabos la Reserva Ecológica Estatal bajo la categoría de zona sujeta a conservación ecológica denominada “Estero de San José del Cabo”. En dicho convenio el entonces x ayuntamiento se comprometió a administrar dicha reserva ecológica con apego a los lineamientos y planes de manejo previamente establecidos. Debiendo instalar un consejo asesor que se integrara por autoridades estatales, federales y municipales que correspondan, así como por representantes de los diferentes sectores de la sociedad civil organizada del municipio de Los Cabos, estableciendo dicho consejo como el órgano colegiado para la toma de decisiones.

El caso es que hasta la presente fecha, la Reserva Ecológica del Estero de San José del Cabo presenta un grave deterioro, que obliga a los tres órdenes de gobierno y sectores social y privado de Los Cabos a establecer acciones inmediatas para su rescate. Por lo anteriormente expuesto, y honrando la palabra que empeñe como representante del décimo sexto distrito ante agrupaciones de la sociedad civil, para presentar ante esta soberanía una petición que abone a la solución de la problemática que presenta El Estero de San José del Cabo.

Diversas asociaciones civiles y activistas ambientales como el “grupo madrugadores de Los Cabos”, “la asociación conservacionista CAPALAB”, Pronatura Noroeste A.C., el patronato Añuití representado por la activista social Blanca Pedrín, han hecho esfuerzos sobrehumanos ante la falta de recursos y abandono de las autoridades ambientales proponiendo diversas soluciones y planes para rescatar esta área ecológica de gran importancia para la entidad.

Y es a petición de las propias ONG´s y activistas locales, preocupadas por esta importante área que se ha propuesto durante años la creación de un proyecto de parque ecológico en el Estero Josefino, con el fin de revivir el manantial que durante años ha estado luchando por salir a flote ante incendios, contaminaciones, lirio acuático y abandono, dicho proyecto en su primera etapa, contempla construcción de andadores y barrera protectora para que los visitantes puedan ejercitarse, caminar y disfrutar del paisaje de forma segura.

Es preciso señalar que El Estero Josefino cumple además como un vaso regulador del clima local y es un espacio vital para más de 300 especies de aves migratorias.

Por citar un ejemplo del impacto ambiental, durante el 2024 uno de los incendios catalogados por bomberos como el más extenso, fue el ocurrido en el mes de marzo, que consumió más de 30 hectáreas entre carrizo y pino de arroyo, además de algunos palmares entre otra vegetación de la zona, en el cual, se requirió de 6 horas para poder contener y que ya no implicara ningún riesgo de que pudiera volver a surgir el fuego de entre las cenizas.

Año con año esta reserva ecológica que subsiste y embellece el hermoso pueblo de San José del cabo, lucha contra diversas amenazas como son:

- La falta de recursos públicos para su conservación.

- El embate de incendios que devastan hectáreas de flora y fauna.

- La plaga del lirio acuático y la lechuguilla que dada la falta de recursos es retirado de manera manual.

- La contaminación del ser humano.

- Los intereses turísticos dada su belleza natural por construir desarrollos inmobiliarios.

- La extracción indiscriminada y descontrolada de hoja de palma para la construcción de palapas.

- La mortandad de especies de flora y fauna endémicas y migratorias por falta de protección.

- Además, la fuerte de contaminación que representa la planta de tratamiento de Fonatur, instalada en las orillas del oasis, que cuenta con una capacidad máxima de 250 litros por segundo, pero que, en la realidad, capta 420 litros P/S y hasta más de 500 litros P/S en horas pico, lo que provoca derrames de los excedentes que van a dar a este espacio natural.

Dadas las condiciones actuales de conservación, y que vemos la carencias de recursos que permitan hacer frente a los embates antes mencionados, es que solicitamos que se analice la viabilidad de reclasificar la reserva estatal a una reserva nacional con las características de área natural protegida a cargo de la Conanp, lo que permitiría en mayor nivel de protección ya que una ANP puede tener un régimen de protección diferente y más estricto que una reserva ecológica estatal, permitiendo una conservación más robusta de sus recursos, además permitiría una coordinación y financiamiento: con acceso a programas y financiamientos para la conservación, además la adecuación a la vocación del área: asegura una gestión más adecuada y duradera.

Hay que ser precisos, la diferencia principal entre un sitio RAMSAR como actualmente se considera al “Estero Josefino” se considera un humedal específico, reconocido por su importancia internacional para la vida silvestre y ecosistemas, mientras si logramos la reclasificación de área de protección estatal asignada al ayuntamiento a un Área Natural Protegida (ANP) que significa un espacio geográfico más amplio, que puede incluir (no solo humedales) y es designado para la conservación a largo plazo de la naturaleza y sus servicios. Siendo precisos una sitio RAMSAR puede o no ser parte de una ANP y su designación se basa en criterios específicos de humedales, mientras que un ANP abarca una gama más amplia de categorías de conservación, lo que sin duda puede beneficiar a nuestra tierra. Por ello, pensamos en la reclasificación a una ANP como solución a los problemas ciertos que enfrenta nuestro querido “Estero Josefino”.

Por lo anteriormente expuesto, y con el fin de proteger esta reserva natural de gran importancia para fines ecológicos y de preservación del estado de Baja California Sur, someto a consideración de esta honorable asamblea popular la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero.- La LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita, respetuosamente, a la Comisión Nacional Forestal (Conafor) a establecer de manera urgente medidas preventivas y presupuestales, en base al Programa Nacional de Prevención de Incendios Forestales y en cumplimiento a lo establecido en la Ley General de desarrollo Forestal, para prever y contener los incendios forestales la reserva estatal “Estero San José” del municipio de Los Cabos, Baja California Sur.

Segundo.- La LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita, respetuosamente, a la presidenta de la República, doctora Claudia Sheimbaum Pardo, a que gire instrucciones y se destinen recursos públicos para la creación parque ecológico orgánico que integre la franja costera y el centro histórico en el área natural denominada “Estero San José del Cabo, Baja California Sur”

Tercero.- La LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita, respetuosamente, a la presidenta de la República, doctora Claudia Sheimbaum, a que destine los recursos presupuestales suficientes en el proyecto 2026 para el municipio de Los Cabos, en específico destinados a la reserva ecológica del “Estero San José del Cabo” para la dotación de equipos y maquinaria que permitan erradicar las plagas de lechuguilla y de lirio acuático que amenazan año con año la salud de nuestro estero, así mismo que se analice la viabilidad de establecer estrategias de control biológico y aprovechar la planta para fines sustentables, como la creación de composta o como purificador natural de aguas residuales.

Cuarto.- La LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita a la Semarnat que inicie el proceso de declaratoria de creación de un Área Natural Protegida (ANP) en la actual reserva ecológica “Estero San José” siguiendo los lineamientos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y su Reglamento de ANP, para que elaboren un estudio previo justificativo y de divulgación del proyecto de modificación, y la realización de consultas de opinión a gobiernos locales, dependencias federales, organizaciones sociales, pueblos indígenas y otros interesados a fin de que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) en coordinación con la Semarnat, declaren Área Natural Protegida la zona del “ Estero San José del Cabo”, con lo anterior, se garantiza un régimen de protección diferente y más estricto que el de una reserva ecológica estatal, permitiendo una conservación más robusta de sus recursos, además de la generación de una gestión y vigilancia por parte de la Conanp a nivel federal, con acceso a programas y financiamientos para la debida conservación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2025.

Diputado Manuel Alejandro Cota Cárdenas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Conapesca a revisar y, en su caso, atender de manera urgente las solicitudes de permisos de pesca solicitados por las cooperativas pesqueras que trabaja en el lote 8 de la marina de Cabo San Lucas, Baja California Sur, a fin de dar ordenamiento y certeza jurídica de quienes trabajan y coadyuvan con la suficiencia alimentaria del país y encuentran en la pesca un sustento económico familiar, a cargo del diputado Manuel Alejandro Cota Cárdenas, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, diputado federal Manuel Alejandro Cota Cárdenas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El municipio de Los Cabos en Baja California Sur es un destino turístico de primer nivel y de talla internacional, a pesar de ser un municipio joven, el desarrollo ha sido acelerado siendo uno de los municipios con mayor crecimiento demográfico y económico de la República mexicana en pocos años.

Y este gran desarrollo no puede concebirse sin la pesca como su gran motor de crecimiento. Las primeras comunidades que practicaron la pesca en la región de Los Cabos fueron los antiguos pueblos indígenas, especialmente “los Pericúes”, quienes subsistían de los recursos marinos y terrestres disponibles antes de la llegada de los conquistadores españoles.

A partir del siglo XIX, y con la llegada de foráneos como el empresario británico «Old Tom» Ritchie, la actividad pesquera se formalizó y la aldea de Cabo San Lucas comenzó a crecer, atrayendo a más gente y consolidándose como una comunidad que basaba su economía, en parte, en la pesca artesanal.

El asentamiento del empresario británico Ritchie en 1828 es un hito, ya que la aldea comenzó a desarrollarse como un centro de actividad pesquera, que se complementó con la llegada de otros asentamientos en la región.

La pesca ha sido, y sigue siendo, una actividad fundamental para la economía local de Los Cabos, con el paso del tiempo, se han desarrollado tanto la pesca artesanal como la comercial, contribuyendo a la identidad y el sustento de las comunidades de la región.

A su vez, el crecimiento de Los Cabos ha pasado de una base pesquera a un destino turístico impulsado por la creación de complejos turísticos y el desarrollo de la infraestructura, que cambió la economía local, generando empleos y atrayendo inversiones. Sin embargo, esta transformación también ha tenido un impacto negativo en la sociedad, especialmente por el desplazamiento de los pescadores ribereños de sus zonas y actividades tradicionales.

Esto sucede por la competencia por el espacio marítimo y costero, la degradación ambiental causada por el turismo masivo, y los cambios en el acceso a los recursos pesqueros.

Aunque la pesca ribereña es vital para la soberanía alimentaria y la economía local, el desarrollo turístico generara presiones sobre las comunidades pesqueras, resultando en la pérdida de sus medios de vida tradicionales.

El turismo requiere espacios costeros y marinos que también son utilizados por los pescadores para sus actividades diarias, como el acceso a playas y zonas de pesca. La construcción de infraestructura turística, como hoteles y desarrollos inmobiliarios, puede desplazar a las comunidades pesqueras y alterar su acceso tradicional a los recursos.

Esto es un tema que requiere de atención inmediata, y como representante popular de raíces cabeñas, me aboco a la defensa de cientos de familias que dependen de la pesca como sustento económico.

Y me refiero específicamente a la problemática que se está suscitando en la marina de Cabo San Lucas, conocida como Lote 8, donde existen pescadores comerciales y deportivos, además de prestadores de servicios turísticos que algunos desde la década de los 80’s, es decir, por más de 40 años han dedicado su actividad económica en esa zona.

Dichos pescadores se encuentran organizados en más de 9 sociedades cooperativas, entre las que destacan:

• “La Cooperativa El Arco de Cabo San Lucas S.C. de R.L”

• “Prestadores de servicios turísticos del Muelle 1”

• Union de Carnaderos “Cabeza de Ballena”

• “Xochimilco del Lote ocho”

• “Don Yoca”

• “Los pinolillos de Los Cabos”

• Unión de Pescadores “Marlin Azul”

• “Cabo Viejo de los Cabos”

Donde sus socios refieren que han sido contactados por empleados de áreas operativas de la (Asipona) Administración del Sistema Portuario Nacional de Cabo San Lucas, dependencia de la Secretaría de Marina, que, de manera informal, les han pedido que desocupen la zona de la Marina y que se les propone removerlos a zonas poco viables para desarrollar su actividad.

Como es sabido, la Asipona entre otras funciones tiene la administración, promoción, del destino turístico, así mismo somos los encargados del desarrollo y mantenimiento de la infraestructura del recinto portuario.

Lo anterior, genera incertidumbre y preocupación. No es permisible que la propia autoridad intente despojar y desalojar a hombres y mujeres trabajadoras que día a día arriesgan su vida y su patrimonio para generarse un sustento y modo de vida.

Y es que es justo y necesario el respetar a quienes por más de cuatro décadas han generado derechos por la posesión, por sus usos y tradiciones, simplemente por ser pioneros en el desarrollo del municipio.

Como legislador creo en el desarrollo turístico y celebro la inversión, sin embargo, siempre que este sea ordenado, sustentable y que no atente contra las comunidades originarias y nativas y más allá cuando vulnere a la clase trabajadora del sector primario.

Hoy me sumo al reclamo y a la preocupación de cientos de familias y que impacta indirectamente a miles de cabeños y propongo se den soluciones integrales de manera legal y definitiva para permitir a nuestros paisanos que se desempeñen libremente.

Han referido los afectados, que las autoridades de la administración del Sistema Portuario Nacional han manifestado que la zona cuenta con una concesión a nombre de un particular, y que en la práctica y por la propia experiencia diaria, nunca nadie distinto a ellos la ha trabajado, lo cual, en términos de la ley, si es que hubiere una concesión, esta puede ser retirada por no hacer uso y aprovechamiento de la misma.

La situación es compleja, ya que muchos de los pescadores libres han solicitado por años permisos de pesca, sin que la autoridad de la materia les haya dado respuesta, por ello creo que es la oportunidad propicia para regularizar tanto la situación personal de las y los integrantes de las cooperativas en mención y otorgarles certeza en la ocupación de su área de trabajo.

Se trata de buscar que las concesiones no se entreguen a personas que no detentan actividad alguna o que sus intereses de desarrollo vengan a desplazar a quienes han encontrado sustento y vida en dichas zonas.

Se trata de conseguir mediante los instrumentos jurídicos viables que se les entregue a los antiguos poseedores la potestad de explotar sus actividades económicas sin la incertidumbre de que algún día los querrán despojar.

El problema no es menor ya que el impacto en las comunidades pesqueras puede:

• Llegar a un desplazamiento que lleve a la pérdida de su fuente principal de ingresos y sustento, que ha sido transmitida de generación en generación.

• Amenazar la cultura e identidad, ya que la pesca ribereña está ligada a nuestras raíces y tradiciones por lo que su desplazamiento puede erosionar nuestro patrimonio cultural.

Ejemplos en nuestro país, hay muchos en algunas zonas, el desarrollo turístico ha desplazado a campesinos y ejidatarios, y se han generado promesas de apoyo a las cooperativas pesqueras que a menudo no se cumplen, otros ejemplos derivados de la gentrificación atentan contra la historia y raíces de cualquier comunidad.

La creciente demanda de espacios para actividades turísticas ha llevado a una mayor competencia por el espacio marítimo y costero, afectando a los pescadores artesanales, incluso en algunos estados se ha extinguido dicha actividad del sector primario.

Por ello debemos de buscar soluciones integrales, pero poniendo en el centro a nuestra gente y a sus necesidades, es necesario establecer una política estatal apegada al programa nacional de pesca y acuacultura que reconozca la importancia de la pesca ribereña y considere los desafíos que el desarrollo turístico impone a estas comunidades, buscando un equilibrio.

Por lo anterior y en defensa de los pescadores y prestadores de servicios turísticos Cabeños de arraigo, es que propongo a esta soberanía popular el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) para que revise y, en su caso, atienda de manera urgente las solicitudes de permisos de pesca solicitados por las cooperativas pesqueras que trabaja en el Lote 8 de la Marina de Cabo San Lucas, Baja California Sur, a fin de dar ordenamiento y certeza jurídica de quienes trabajan y coadyuvan con la suficiencia alimentaria del país y encuentran en la pesca un sustento económico familiar.

Segundo.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la dirección de la Administración del Sistema Portuaria Nacional Cabo San Lucas de Baja California Sur a que otorgue las facilidades a los socios de las cooperativas pesqueras y pescadores libres que realizan sus actividades productivas en el Lote 8 de la Marina de Cabo San Lucas de Baja California Sur, para desempeñar de manera óptima y evite actos de molestia que limiten la actividad que por más de 4 décadas han venido desempeñando.

Tercero.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la dirección de la Administración Portuaria Nacional Cabo San Lucas de Baja California Sur para que a través de los instrumentos jurídicos aplicables garantice la ocupación legal y física de los socios de las cooperativas pesqueras y pescadores libres que realizan sus actividades productivas en el Lote 8 de la Marina de Cabo San Lucas de Baja California Sur, brindándoles certeza a aquellos que por años han realizado las actividades turísticas y pesqueras en dicha zona, salvaguardando su derecho a trabajar libremente consagrado en el artículo 5 constitucional.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2025.

Diputado Manuel Alejandro Cota Cárdenas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a implementar un programa urgente de mantenimiento integral a la red de alcantarillado de los 5 municipios de Baja California Sur, a fin de evitar los constantes desbordamientos de aguas negras que se presentan en temporada de lluvias, situación que genera altos riesgos a la salud y a la economía de la población sudcaliforniana, a cargo del diputado Manuel Alejandro Cota Cárdenas, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, diputado federal Manuel Alejandro Cota Cárdenas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El artículo 115 de nuestra Constitución General, en su fracción III, señala los servicios públicos básicos que los municipios a través de sus ayuntamientos tienen a su cargo, siendo estos los siguientes:

• Agua potable

• Drenaje

• Alcantarillado

• Tratamiento y disposición de sus aguas residuales

• Alumbrado público

• Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos

Una realidad que ha rebasado a los ayuntamientos que integran el estado de Baja California Sur, es que la infraestructura de la red de alcantarillado y de drenaje ha sufrido un desgaste por el paso de los años y la falta de un mantenimiento integral, específicamente siendo el municipio de Los Cabos y Comondú, quienes mas sufren la falta de infraestructura.

Además, el crecimiento acelerado de las ciudades y comunidades de nuestra media península, por el pujante desarrollo turístico ha desencadenado en una mala planeación y urbanización que se ha ido dando de forma desordenada, construyendo casas e infraestructura sin dejar avenidas para que el agua escurra hacia el mar.

Esta situación se refleja año con año al empezar las temporadas de lluvia, donde las precipitaciones pluviales colapsan los drenajes y derraman las aguas negras por todas las ciudades y comunidades, situación que genera un grave problema de salud pública al causar desbordes de aguas residuales, que propagan bacterias, virus y parásitos, provocando enfermedades gastrointestinales (como diarrea y hepatitis), infecciones de la piel y la proliferación de mosquitos que transmiten dengue y zika. Además de generar inundaciones que afectan a las viviendas.

Lo anterior se da, entre otras cosas, por la falta de una infraestructura adecuada y en óptimas condiciones, además la basura y los objetos arrojados a la calle son arrastrados por el agua de lluvia hasta las alcantarillas, causando taponamientos y el desbordamiento de dichas aguas negras.

Conjuntamente con los riesgos antes descritos, las calles y avenidas de centros turísticos importantes son impactadas por desagradables y fétidos olores que desprenden las heces, dañando también la imagen urbana de estos destinos vacacionales, agregando que el agua estancada ha deteriorado considerablemente la superficie de las calles, generando baches y zonas fangosas que impiden el tránsito normal de vehículos y peatones.

Por lo anterior, es necesario apostarle al saneamiento, el cual se enfoca en el manejo higiénico de residuos y aguas residuales, y al debido mantenimiento de la red del drenaje como la infraestructura necesaria para evacuar aguas pluviales y residuales.

Con ello, estaríamos asegurando la salubridad y el equilibrio ecológico, eliminando de manera segura y eficiente aguas de lluvia y desechos para prevenir inundaciones, enfermedades y la contaminación ambiental.

Nuestro sistema de alcantarillado en general necesita una fuerte inversión ya que la red de conductos, es decir la tubería, se encuentra en mal estado lo cual limita una eficiente y segura evacuación de las aguas residuales domésticas, y de establecimientos comerciales o pluviales.

El problema se agrava en temporada de lluvias pues al secarse dichas aguas negras, quedan los residuos sólidos y pulverizados en las calles lo que genera un problema de salud por infecciones gastrointestinales y a la economía de las y los comerciantes locales por las restricciones de la Comisión Estatal para la Prevención de Riesgos Sanitarios, quienes suspenden la venta de alimentos en la vía pública, asestando otro golpe a la economía local y sustento de miles de familias.

Aunado a lo anterior, cabe mencionar que la situación afecta a niños, adultos mayores y mascotas, pues deben mantenerse dentro de sus casas para evitar el contacto con el agua contaminada. También, debido a la humedad constante, los mosquitos y otros insectos se han incrementado, lo que representa un riesgo adicional para la salud de las familias.

El problema es grave y requiere grandes soluciones, es necesario hacer un programa integral de mantenimiento, que solo con el apoyo de la federación podrá ser una realidad, ya que se necesitan recursos para atender la situación y la responsabilidad de los ejecutivos estatal y municipales.

En cuanto a la infraestructura, una de las soluciones es la construcción de más cárcamos, aunque son obras de alto impacto económico para su construcción y mantenimiento son necesarias y garantizan el destino de las aguas negras.

La presidenta de la República, la doctora Claudia Sheimbaum Pardo, ha sido precisa al señalar que una de sus principales apuestas es la de fortalecer la infraestructura hidráulica del país, y muestra de ello es el anuncio del fortalecimiento presupuestal al programa U074 antes conocido como Proagua que considera en el proyecto de presupuesto $2,257,541,879 Pesos para 2026.

Situación que nos lleva a exponer una realidad sobre la carencia de infraestructura en Baja California Sur y que, ante las demandas ciudadanas, nos permitimos exteriorizar esta problemática, solicitando el apoyo solidario de la federación para hacer frente a este problema que atenta contra el bienestar y calidad de vida de las y los sudcalifornianos.

Por lo anteriormente expuesto, propongo a esta honorable asamblea, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al gobierno federal a destinar los recursos necesarios para la implementación de un programa urgente de mantenimiento integral de la red de alcantarillado de los 5 municipios de Baja California Sur, a fin de evitar los constantes desbordamientos de aguas negras que se presentan en temporada de lluvias, situación que genera altos riesgos a la salud y a la economía de la población Sudcaliforniana.

Segundo.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Ejecutivo del estado de Baja California Sur, así como a las y los alcaldes de Los Cabos, Comondú, Loreto, La Paz y Mulegé, que prioricen la ejecución de recursos públicos en base a las necesidades ciudadanas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2025.

Diputado Manuel Alejandro Cota Cárdenas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a atender de manera urgente la problemática del desabasto de agua potable en el municipio de Los Cabos, Baja California Sur, dentro de los programas para la construcción y mantenimiento de infraestructura hidráulica, priorizando las zonas más vulnerables, así como la eficiencia de la distribución igualitaria, la construcción de plantas desalinizadoras, sistemas de captación de agua de lluvia y la ejecución de políticas efectivas e integrales que garanticen el abasto del vital líquido para las y los habitantes del municipio de Los Cabos, a cargo del diputado Manuel Alejandro Cota Cárdenas, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, diputado federal Manuel Alejandro Cota Cárdenas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como un derecho humano el acceso al agua. Este artículo garantiza que toda persona tiene derecho a la disposición de agua suficiente, salubre, accesible y asequible para consumo personal y doméstico.

Este derecho fue incorporado en el artículo 4 de la Constitución en 2012, basándose en la Observación General No. 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, que reconoce el derecho humano al agua.

A pesar de esta prerrogativa ciudadana, Baja California Sur sufre una severa escasez de agua, con un estrés hídrico histórico debido a la sobreexplotación de sus acuíferos y la falta de recarga natural causada por la sequía y por la alta demanda ciudadana.

La situación se agrava por el exceso de extracción, fugas y una desigual distribución del recurso, afectando gravemente a comunidades y actividades como la ganadería, la agricultura y el turismo.

Actualmente, Sudcalifornia enfrenta una de las crisis de agua más severas del país. Según datos del Sistema Nacional de Información sobre el Agua (SINA), el Estado presenta un déficit hídrico que afecta tanto a áreas urbanas como rurales.

Específicamente en la delegación de Cabo San Lucas, en el verano, el suministro de agua potable sufre retrasos en su entrega, hasta por 40 días, situación que es inhumana y expone la incapacidad de las autoridades de garantizar un derecho básico fundamental.

Resulta inaudito ver el contraste de uno de los destinos turísticos más importantes del país, donde se viven dos realidades: por una parte los grandes emporios turísticos ofreciendo múltiples piscinas de miles de litros de agua, campos de golf en perfecto estado por el constante riego y miles de habitaciones sin carencia del vital líquido y por otro lado la realidad de miles de familias de trabajadoras y trabajadores oriundos, nativos y radicados de municipio que carecen de agua para sus necesidades básicas hasta por 30 o 40 días, y que tienen que sortear la carencia comprando pipas particulares o almacenando agua, cuando hay en la red por unas cuantas horas, normalmente en las madrugadas.

Esto sin duda representa una condición atípica e inhumana, que lacera las condiciones mínimas de bienestar ante lo precario de los servicios públicos básicos.

El problema no es menor, Los Cabos tiene un crecimiento que ninguna entidad del país experimenta, ya que según datos del Inegi, la población de Los Cabos en 2020 era de 351,111 habitantes y se estima que en este 2025 hay en cerca de 400,000, mostrando un crecimiento de más del 10 por ciento en cinco años. Este crecimiento demográfico se debe en gran medida a la fuerte migración y al crecimiento económico impulsado por el turismo, que representa la actividad principal y una fuente importante de empleo en el municipio.

Para exponer el crecimiento demográfico y migración real de habitantes:

• 196,907 habitantes en el 2000.

• 238,487 habitantes en 2010.

• 351,111habitantes en 2020.

• Casi 400,000 habitantes en 2025 (estimación).

La explosión demográfica se ha acelerado notablemente en la última década, con un aumento del 47.2 por ciento entre 2010 y 2020.

El 40.4 por ciento de la población de Baja California Sur nació en otra entidad o país, lo que indica un flujo constante de migración hacia el estado y, específicamente, hacia el municipio de Los Cabos, lo anterior, ya que el turismo es el principal motor económico, generando empleo y atrayendo población trabajadora.

Y basta con señalar que cada hotel que se abre puede crear alrededor de 4 empleos directos por habitación, lo que se traduce en bienestar y desarrollo para las familias.

El problema radica en que cada persona que llega a Los Cabos en busca de mejores oportunidades laborales se asienta y requiere de servicios públicos básicos y dichos servicios se ven rebasados por la vorágine del crecimiento acelerado que no va a la par de las necesidades fundamentales.

Para puntualizar el problema, en Cabo San Lucas existen 142 colonias a atender en materia de agua potable y diariamente se publica un calendario de “tandeo” para aproximadamente 14 colonias, por lo que esta racionalidad llega a estas colonias cada 10 días, sin embargo, en los hechos hay colonias que sufren desabasto más de 40 días.

Y no se trata de culpar al ayuntamiento en turno de la problemática, pues sabemos que Baja California Sur es un estado muy vulnerable a los efectos del cambio climático, la sequía y las condiciones de la zona semidesértica.

Sin embargo, como gobiernos, debemos de implementar las medidas necesarias para garantizar la certeza de los servicios públicos básicos, y el principal es el agua. Refieren los habitantes del municipio cabeño que aun y cuando es poca el agua que llega, la deben de racionar.

De acuerdo con el Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Los Cabos se tiene un déficit actual de agua de 455 litros por segundo y hasta julio de 2022 se tenía el registro de que 49 colonias no cuentan con red hidráulica.

Por otro lado, informa dicho Organismo operador que el municipio tiene tres fuentes de abastecimiento que son los pozos de extracción que abastecen los acueductos 1 y 2, la potabilizadora de la presa San Lázaro y la planta desaladora de Cabo San Lucas.

En esta zona austral, el agua, un derecho fundamental y lamentablemente se ha convertido en un lujo difícil de costear, mientras la infraestructura hídrica parece no avanzar al mismo ritmo del desarrollo turístico.

Y digo que es un lujo, pues las familias gastan entre 800 y 2500 pesos en pipas, y aun así no les alcanza para todo el mes. Comunidades enteras permanecen sin agua durante días, incluso semanas por los cortes prolongados y constantes en el suministro, las autoridades prometen que regularizarán el servicio, pero la gente sigue igual.

La desigualdad en el acceso al agua en Los Cabos refleja las prioridades de la región: una economía que prospera gracias al turismo de lujos, mientras miles de personas del pueblo luchan diariamente por un recurso que debería estar garantizado por los ayuntamientos en turno.

La crisis hídrica en Los Cabos es alarmante y se agrava anualmente debido a la constante pérdida en los acuíferos, ya que, según expertos de la materia, el problema radica en la sobreexplotación del agua subterránea, pues se extrae más líquido del que logra infiltrarse naturalmente.

Otro de los problemas que agravan la situación es que se estima que hasta 40 por ciento del agua potable se pierde debido a filtraciones en tuberías deterioradas, conexiones clandestinas y deficiencias en la infraestructura

Debemos de hacer algo de manera inmediata, y las soluciones que se planteen deben de ser con una visión a largo plazo, ya que resulta por demás lastimoso e inhumano que nuestras comunidades carezcan del suministro del vital líquido para sus actividades diarias y cualquier medida emergente será insuficiente ante el constante crecimiento poblacional, es decir, lo que hoy es una solución inmediata, en poco tiempo será rebasada pues la tasa de crecimiento de la población es la más alta del país y a la vuelta de la esquina estaremos necesitando otra solución. Por ello debemos pensar en grande y considerar los factores sociodemográficos y las estadísticas.

Como representantes de la cuarta transformación y como representantes populares debemos ser garantes del derecho humano al acceso del agua potable para todos, pues el pueblo demanda servicios y nuestra obligación y satisfacer esas necesidades, por eso nos pusieron en posiciones de representación popular.

Y particularmente debemos poner atención especial en el municipio de Los Cabos, que hoy demanda medidas inmediatas, sin menoscabar los demás municipios del Estado que también estaré desde la máxima tribuna nacional defendiendo.

Por ello me he propuesto gestionar ante la federación la implementación de un sistema de gestión integral del agua que considere la disponibilidad, calidad y uso eficiente del recurso, invirtiendo en la construcción y mantenimiento de infraestructura hidráulica, como plantas de tratamiento de agua, redes de distribución y sistemas de captación de agua pluvial. Así mismo promoviendo el uso eficiente del agua en todos los sectores, mediante la implementación de tecnologías y prácticas de ahorro de agua.

Y uno de los elementos más importantes para mí, promoviendo la participación ciudadana en la gestión del agua, mediante la creación de comités de usuarios y la implementación de programas de educación y conciencia sobre el uso responsable del agua.

Por ello resulta de vital importancia la implementación de:

• Un Programa de Uso Eficiente del Agua: aprovechando las tecnologías y prácticas de ahorro de agua en edificios públicos, hogares y empresas.

• Un programa de educación y conciencia: Desarrollando programas de educación y conciencia sobre el uso responsable del agua, dirigidos a la población en general.

• Y los programas de Monitoreo y Evaluación para identificar áreas de mejora y ajustar las políticas públicas según sea necesario.

En resumen, la implementación de políticas públicas efectivas para abordar el problema del desabasto de agua en el municipio de Los Cabos, requiere una estrategia integral que considere la gestión integral del recurso hídrico, la infraestructura hidráulica, el uso eficiente del agua y la participación ciudadana, mediante la implementación de programas y acciones concretas, podemos garantizar el acceso al agua potable para todos los habitantes y promover el desarrollo sostenible y sustentable del municipio.

Por lo anterior, someto a la consideración de este honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al gobierno federal a destinar los recursos necesarios para atender de manera urgente la problemática del desabasto de agua potable en el municipio de Los Cabos, Baja California Sur, dentro de los programas para la construcción y mantenimiento de infraestructura hidráulica, priorizando las zonas más vulnerables, así como la eficiencia de la distribución igualitaria, la construcción de plantas desalinizadoras, sistemas de captación de agua de lluvia y la ejecución de políticas efectivas e integrales que garanticen el abasto del vital líquido para las y los habitantes del municipio de Los Cabos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2025.

Diputado Manuel Alejandro Cota Cárdenas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al IMSS y al ISSSTE, en Baja California Sur, a girar instrucciones y realizar las acciones necesarias para atender la falta de personal médico especializado, ambulancias y medicamentos suficientes en la totalidad de las clínicas y hospitales dependientes de dicho instituto, a cargo del diputado Manuel Alejandro Cota Cárdenas, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, diputado federal Manuel Alejandro Cota Cárdenas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Durante muchos años, todo el periodo neoliberalismo, la salud se vio como una mercancía, como un privilegio, el objetivo fue privatizar todos aquellos servicios que estaban alrededor de las instituciones de salud y educativas.

Se vio a la salud no como un derecho del pueblo de México, no como el acceso a un derecho, sino exclusivamente como la atención y en la atención, la posibilidad de privatizar los distintos servicios.

El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tutela y reconoce el derecho humano a la protección de la salud para todas las personas en México, y también establece la obligación del Estado de implementar medidas y programas para salvaguardarla.

Como representante popular emanado de Baja California Sur he podido realizar diversos recorridos por los cinco municipios que comprende la entidad, encontrando una serie de demandas y exigencias colectivas en materia de salud que padecen día a día las y los sudcalifornianos.

En ese tenor, hay que reconocer los esfuerzos de la presidenta Claudia Sheimbaum Pardo, quien ha anunciado diversas obras en materia de salud, como lo son la construcción del nuevo hospital general regional del IMSS en Los Cabos, Baja California Sur, la inauguración de la sala de hemodinámica del Hospital General en La Paz y el Hospital General del municipio de Mulegé, además del reforzamiento con médicos que han venido a cubrir vacíos donde muchos médicos no querían irse por las distancias y el aislamiento. La conversión a IMSS-Bienestar que tiene por objeto dar cobertura universal sin distingo alguno.

Sin embargo, y a pesar de esos grandes esfuerzos, faltan cosas por hacer, me parece inadmisible que la gente de Baja California Sur, principalmente de la zona norte como lo es Mulegé, Comondú y Loreto carezcan de cobertura médica por falta de doctores o bien que no se puedan enfermar después de las 3 de la tarde o en fin de semana, pues según datos de los propios habitantes, desde oficinas centrales no autorizar plazas para cubrir esos horarios. En ocasiones, dicen que solo acceden a pasantes de medicina y practicantes principalmente en las comunidades rurales.

Entre los principales problemas en la zona norte del municipio de Mulegé, es la falta de medicamentos, de médicos especialistas, las largas esperas por una cita médica y principalmente el problema del traslado de enfermos por falta de ambulancias o de operadores de las mismas.

Según el testimonio de los mismos ciudadanos existen zonas donde el chofer de la ambulancia trabaja de 8 a 3 y aunque tiene la voluntad de realizar traslados fuera de su horario, se encuentra imposibilitado ante una emergencia, pues no tiene autorización de la jefatura del departamento a utilizar la unidad por estar fuera de horario. Incluso se ha solicitado en repetidas ocasiones la autorización de una plaza de chofer para atender los fines de semana y horario nocturno, sin tener éxito en la gestión.

Otro ejemplo, es que existen unidades que por falta de mantenimiento y reparaciones no pueden ser utilizadas, dejando en abandono a los derechohabientes de la zona norte de la entidad.

Es preciso señalar que, ante la dispersión de las comunidades de Baja California Sur y la extensa geografía dividida en 5 municipios, en 2020, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que había 101,745 derechohabientes del ISSSTE en el estado y la población adscrita al programa IMSS-Bienestar en el estado de Baja California Sur es de 73,004 personas a principios de 2025, de acuerdo con el Padrón de Población Adscrita.

Dichos derechohabientes, ante la falta de ambulancias y opciones de traslado tienen que manejar de 2 y hasta 5 horas para llegar a un hospital a recibir atención, y las emergencias no esperan.

Es común recurrir a citas en médicos particulares por las largas esperas de fecha para atención, lo que lacera las finanzas y la economía familiar, pues las citas de especialistas oscilan entre los 1000 y 1500 pesos por consulta.

Reitero mi reconocimiento al gobierno federal y los esfuerzos de los 3 niveles de gobierno, pero creo firmemente que las y los sudcalifornianos requieren de atención de calidad y en ocasiones son pequeñas cuestiones administrativas que pueden ser atendidas, es necesario revisar la asignación de plazas de médicos y administrativos para garantizar el servicio de salud óptimo.

Por lo anterior, hacemos un llamado a los titulares del IMSS , del ISSSTE y del IMSS-Bienestar en Baja California Sur para que hagan una minuciosa revisión de las condiciones en que operan las instituciones de salud, a que realicen visitas de campo y con ello puedan escuchar las necesidades de viva voz de quienes padecen la carencia del servicio, y en la medida de los posible, realicen los cambios y adecuaciones a la organización interna para salvaguardar el derecho a la salud, garantizando a su base trabajadora, las herramientas necesarias, la certeza laboral y el cumplimiento de sus demandas para desempeñar sus tareas de manera correcta.

Del mismo modo, hacemos un llamado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que realice las programaciones y planeación presupuestal de los recursos recaudados con el aumento del IEPS al tabaco y a las bebidas edulcoradas y azucaradas, ya que el espíritu de la aprobación es que dichos recursos sean aplicados al fondo de salud dedicado a la prevención y el reforzamiento de la salud pública. Solicitando en la programación se considere al estado de Baja California Sur, atendiendo las necesidades propias de la entidad.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta asamblea popular el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Baja California Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Baja California Sur, para que de manera inmediata gire instrucciones y realice las acciones necesarias para atender la falta de personal médico especializado, ambulancias y medicamentos suficientes en la totalidad de las clínicas y hospitales dependientes del Instituto en Baja California Sur.

Segundo.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Subdelegación de Administración y Finanzas de la representación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Baja California Sur, para que de manera inmediata gire instrucciones y realice las acciones necesarias para atender la falta de personal médico especializado, ambulancias y medicamentos suficientes, así como revisar las condiciones de salubridad e infraestructura, en la totalidad de las clínicas y hospitales del ISSSTE en Baja California Sur.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2025.

Diputado Manuel Alejandro Cota Cárdenas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat a realizar mesas de trabajo en las comunidades rurales de La Ventana, El Sargento y Agua Amarga del municipio de La Paz, Baja California Sur, a fin de modificar e integrar en el plan de manejo tipo para la conservación y aprovechamiento no extractivo de orcinus orca, para incluir las opiniones y propuestas de los prestadores de servicios turísticos locales que por años ha desarrollado actividades marítimas en la zona, a cargo del diputado Manuel Alejandro Cota Cárdenas, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, diputado federal Manuel Alejandro Cota Cárdenas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

En las últimas décadas Baja California Sur ha destacado y se ha potenciado a nivel nacional y mundial como un destino turístico que ofrece una amplia variedad de atracciones para los viajeros; Entre los elementos que podemos destacar es que se cuenta con amplias opciones de ecoturismo, con una naturaleza virgen, las mejores playas del país, una biodiversidad única, pinturas rupestres y construcciones de misiones de la época colonial española, así como destinos turísticos de talla internacional.

En ese contexto hay que reconocer y celebrar que recientemente la entidad ha sido pionera en la regulación del avistamiento y nado con orcas en México, un hecho sin precedentes y que como plan piloto no tengo dudas que será la base de para detonar en el país esta actividad turística.

En el último quinquenio la zona costera entre la bahía de La Ventana e Isla Cerralvo se popularizó internacionalmente como una zona para el avistamiento y nado con orcas, dicha actividad se volvió un importante atractivo turístico y una nueva fuente de ingresos y de desarrollo para nuestros pescadores ribereños (comerciales y turísticos) que vieron en ello una opción para dejar sus actividades tradicionales para transformarse a prestadores de servicios de un ecoturismo.

Las orcas son una especie altamente rentable al servicio turístico y a diferencia de la ballena gris o la jorobada para la actividad de avistamiento, las orcas no tienen rutas migratorias fijas. Deciden su llegada según la disponibilidad de alimento y otras variables ecológicas. Algunas pasan un día, otras una semana. Y en pocas horas, pueden desplazarse de La Ventana a costas de Manzanillo.

Particularmente se ha detectado que las áreas marítimas ubicadas en las comunidades costeras de El Sargento, La Ventana, Agua Amarga, Ejido General Juan Domínguez Cota y Los Planes son un terreno propicio para su avistamiento y aprovechamiento sustentable desde la óptica turística y económica. Los prestadores locales veían una opción de generar ingresos y economía local. Sin embargo, ha sido tanto el auge que según datos de la propia Semarnat algunos tours se convirtieron en tours de acoso, pues muchos prestadores de servicios se apoyaron de avionetas para ir a ellas; o si navegando se encontraban un grupo de orcas, avisaban por radio a otras embarcaciones, a tal grado de reunirse hasta 34 embarcaciones alrededor de ellas.

Reconocemos desde esta tribuna la preocupación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que para evitar un daño a la especie publicó el Plan de Manejo Tipo que ahora regulará la actividad de avistamiento y nado con orcas en La Ventana y que es el primero en todo México.

Es preciso mencionar que el 24 de julio de este año la propia Semarnat publicó el Plan de Manejo Tipo (PMT) para la conservación y aprovechamiento no extractivo de orcas para la temporada 2025-2026, donde establecen los lineamientos para prevenir accidentes y garantizar una interacción segura para los seres humanos y para las orcas.

Dentro de este lineamiento se autorizó el polígono para hacer la actividad, y este tiene una superficie de 110 mil 906 hectáreas que están asociadas las cinco localidades costeras antes mencionadas. En dicho plan, se autorizaron también dos puntos de salida para las embarcaciones: Playa Central en La Ventana y Bahía de los Muertos.

Así mismo, el plan de manejo establece limitantes y restricciones necesarias para garantizar la sustentabilidad de la visión de manejo de la actividad, entre los puntos más importantes se destaca que solamente se puede nadar a una distancia de 20 metros de la especie cuando se alimentan o cuando se registre un comportamiento social; no cuando están en descanso, en ruta o caza. Esto se debe de celebrar como ambientalistas y conservadores del equilibrio ecológico debemos de ser garantes de la sustentabilidad y no sobreexplotar nuestros recursos a costa de la ganancia económica.

Todo lo anterior tiene un sentido, sin embargo, en los recorridos como representante popular de las comunidades pesqueras y rurales del municipio de La Paz y de Baja California Sur, y en defensa de mis paisanos oriundos y arraigados en esta zona, he escuchado las siguientes quejas y demandas, a las cuales me sumo como oriundo y defensor de las causas del pueblo.

1.- Las comunidades rurales de la zona costera de La Paz se duelen del desinterés y desdén de las autoridades municipales locales y federales al no escucharlos e ignorar su sentir, aun y cuando cuentan con la experiencia probada en temas del mar.

2.- El sentirse relegados, utilizados y amenazados en las “consultas” que según su punto de vista, aun cuando el ayuntamiento de La Paz pueda decir que tuvo 11 reuniones y 3 años de consultas públicas, los locales sienten que fueron “oídos sordos” y que los utilizaron para firmar documentos en blanco sin que pudieran ser escuchados y consideradas sus opiniones verdaderamente.

3.- Las comunidades reclaman el engaño de que fueron víctimas por parte de las autoridades locales al decirles que los prestadores de servicios turísticos locales se beneficiarían y recibirían los permisos necesarios para operar y que en la práctica se les ha desplazado y quedaron muchos fuera de los permisos que les permite operar.

4.- Señalan directamente al ayuntamiento de La Paz y sus autoridades de engañarlos con falsas promesas que derivaron en la gestión de permisos al 60 por ciento de los nativos de las comunidades y con la invasión de empresas turísticas extranjeras que se han beneficiado de las autorizaciones para operar, cuando sus ganancias no reditúan nada a las comunidades explotadas.

5.- Del mismo modo, señalan los prestadores locales que el plan de manejo creado para el avistamiento y nado con las orcas fue basado en el plan de manejo del tiburón ballena que se da en ciudad capital de La Paz, en donde no se tomó en cuenta a los verdaderos prestadores de la zona que por años han conocido el comportamiento de esta especie y que nada tiene que ver con el tiburón ballena, por citar un ejemplo, la orca se mueve en manada, su velocidad es alta y no es posible mantenerla por varios minutos en una sola zona, mientras el tiburón ballena se mueve solo y se puede estatizar en una sola zona por horas.

6.- Otra de las demandas locales es que los pescadores turísticos y comerciales que hace años decidieron cambiar su actividad al ecoturismo y el avistamiento, han sido relegados y han sido dejados fuera del reparto de permisos, cuando la autoridad municipal se comprometió a beneficiar a los prestadores y a las comunidades locales y ahora reciben la respuesta de: “al ser una autorización de una dependencia federal, no podemos dejar a ningún mexicano fuera sí cumple con los requisitos, pues son mexicanos y no podemos negárselo”. Esta situación deja mucho que desear y mucho coraje, justificado por los nativos, oriundos y arraigados en la zona.

7.- Del mismo modo se señala que mucha gente local quedó fuera de la repartición de permisos y gente de la capital del Estado, para ser específicos de comunidad urbana de La Paz, tiene hasta dos banderolas para operar, empresas grandes acapararon permisos y empresas turísticas de La Paz mediante argucias jurídicas y comodatos tienen hasta 3 banderolas, cuando a los locales los tiene limitados.

8.- Para ser precisos en origen desde hace más de 2 años, las autoridades municipales que gestionaron el plan de manejo hicieron el compromiso de otorgar permisos para todos los habitantes de las comunidades aledañas, en la realidad y una vez publicado el plan de manejo se establece el otorgamiento de 24 autorizaciones, en razón de la carga diaria que estableció la propia autoridad y en la práctica se entregaron alrededor de 50.

En el caso particular exististe una sociedad cooperativa llamada “Pueblos unidos y prestadores de servicios turísticos, pesqueros y acuícolas de la Ventana, el “Sargento y Agua Amarga”, donde se les otorgaron cerca de 30 permisos, quedando fuera más de 20 socios, cuando dicha sociedad legal cuenta con solo 43 socios y más de 30 años de experiencia en la zona y debo de recalcar que la comunidad estaría de acuerdo que se les negaran los permisos por falta de algún requisito legal, pero ven como inadmisiblemente se les niegan los permisos para ser otorgados a grandes empresas de turismo extranjeras a la comunidad, quienes sus ganancias no benefician en nada a la comunidad local.

9.- Además, se está obligando a los prestadores de servicios autorizados a someterse y pagar cursos de primeros auxilios que cuestan alrededor de 6000 pesos por persona, situación que los pone entre la espada y la pared de invertir ese dinero en trámites administrativos o resolver su crítica situación económica familiar.

10.- Según la experiencia de capitanes que por decenas de años han sorteado el Mar de cortés el plan de manejo aprobado, se queda corto, pues al ser basado, reproducido y replicado del que se utiliza para el avistamiento del tiburón ballena que habita en la bahía de La Paz, este no corresponde a una realidad, pues el tiburón ballena es una especie estática y amigable que se desplaza lentamente, mientras las orcas son animales veloces e inquietos que se mueven y que el seguirlas para el avistamiento puede representar el tener que salir del polígono autorizado , por lo que los locales que por años han convivido con la especie claman ser escuchados para modificar el plan de manejo aprobado y publicado, para hacer más efectivos y sustentables los tours modificando cuestiones operativas que permitan una experiencia eficaz y única, respetando las normas ambientales existentes.

Creo firmemente que la política que se hace en el escritorio y que desplaza o ignora al pueblo no redunda en buenos resultados, como funcionarios públicos emanados del voto popular de la cuarta transformación debemos de escuchar a las y los principales actores que son los ciudadanos, los de a pie, lo que viven día a día y que se esfuerzan por generar su economía familiar y que a la vez aportan a la construcción y desarrollo de nuestras comunidades.

En el caso particular resulta imperativo que la Semarnat a través de la Dirección General de Vida Silvestre, escuchen la experiencia de quienes sortean día a día los bemoles del mar y que para ellos no es nuevo el encuentro con las especies de orcas, además que se les tome en cuenta, lo cual debe de ser la primera virtud de cualquier funcionario público que detente los colores y siglas de nuestro movimiento político.

Si bien es cierto este plan de manejo tiene una vigencia de un año a partir del 1 de agosto de 2025 hasta el 31 de julio de 2026, considero no es necesario esperar hasta la conclusión del periodo para ajustar dicho plan, si ello conlleva beneficios tanto para el turista que paga por la experiencia como para los locales que generan economía y aportan al desarrollo de nuestras comunidades.

Creo firmemente que los prestadores de servicios turísticos de la zona merecen ser escuchados y que no deben ser ignorados y ninguneados por nuestras autoridades. Juntos debemos crear un plan de manejo más ambicioso e integral que contemple además de las orcas, el aprovechamiento turístico de otras especies como ballena azul, de aleta y jorobada; cachalotes; delfines mular y común: tiburón ballena y manta gigante y voladora, por citar algunas especies de la alta diversidad con que cuentan nuestros mares sudcalifornianos

El problema actual es que el plan de manejo vigente está limitado, ya que al día solo se permite el ingreso de 24 embarcaciones en el polígono para avistamientos, divididos en tres turnos de cuatro horas cada uno y solo permite que salgan ocho embarcaciones por turno y solo pueden disfrutar por 30 minutos, esto a todas luces insuficiente.

Hoy hacemos un llamado respetuoso, pero a la vez impetuoso a la Semarnat del gobierno federal a que tome cartas en el asunto ya que a pesar de que se pueda expresar que el plan de manejo se discutió alrededor de tres años en los que el ayuntamiento de La Paz facilitó charlas y talleres con diferentes autoridades e integrantes de la comunidad, la sociedad afectada se siente engañada e ignorada.

Se reconoce la disponibilidad de la delegación de la Semarnat en Baja California Sur para enviar los documentos y propuestas a las oficinas de la Dirección General de Vida Silvestre del gobierno federal, en la Ciudad de México, quien publicó en la página web de la Semarnat el Plan de Manejo Tipo para el avistamiento y nado con orcas, sin embargo, este documento en la realidad no es legítimo ni representativo de la realidad y del sentir de las comunidades locales.

Y reitero que las y los habitantes de las comunidades donde se desarrollara la actividad turística se duelen de ser excluidos de las decisiones y de los beneficios y sienten que las autoridades contrariamente beneficiaron a grandes empresas turísticas ajenas a la zona y que no generan ningún beneficio a la economía local.

En resumen hay una sensación agridulce y de claroscuros pues por una parte nos llena de orgullo que nuestra tierra sea pionera a nivel nacional e internacional en la regulación del avistamiento y nado con orcas, pero me solidarizo significativamente con mis hermanas y hermanos de las comunidades de mi tierra natal como lo son las comunidades de La ventana, El Sargento y Agua Amarga, por todos aquellos oriundos de mi tierra que se siente excluidos, ninguneados y utilizados para la consecución de un plan de manejo ambiental que no satisface a la realidad local, ya que se está atentando contra el sustento y motor económico de cientos de familias.

Como representante popular me manifestó a favor de los habitantes de La Ventana, El Sargento y Agua Amarga, quienes señalan que no se respetaron los principios de consulta y difusión regional de los las comunidades rurales, y mencionan se les dejo de lado, aun y cuando son los principales interesados y conocedores del entorno marino, la comunidad exige que para la próxima revisión y/o de actualización del plan de manejo de avistamiento y nado con orcas que se garantice la participación real, informada y vinculada de los prestadores de servicios turísticos locales, que se escuchen las propuestas de voz de quienes ahí habitan y que por muchos años han visto como su actividad económica y tienen probada experiencia.

Que se establezca un mecanismo de vigilancia y seguimiento que garantice la transparencia y la participación ciudadana, evitando futuras exclusiones.

Se solicita la pronta incorporación de nuestros prestadores turísticos quienes siempre han contribuido al desarrollo económico y al cuidado del medio ambiente.

Para concluir, debo de señalar que la licenciada Cristina González Rubio San Vicente, titular de Semarnat en Baja California Sur ha reconocido que el plan no es definitivo y que será sujeto a revisión de “mejoras necesarias”, y se comprometió a recoger todas las observaciones y preocupaciones de la comunidad para enviarlas a la Dirección General de Vida Silvestre.

La funcionaria antes mencionada, también se comprometió a revisar el polígono geográfico autorizado mejorando sobre la marcha, situación que como legislador federal comparto y reconozco que este plan de manejo es el primero en su tipo en México y América Latina, regulando formalmente el nado y avistamiento de orcas en una zona, sin embargo, creo y le apuesto a que el mejor ejercicio para lograr resultados positivos radica en escuchar al pueblo y a quienes viven día a día la problemática de un sector.

El aprovechamiento sustentable de la vida silvestre en México depende en gran medida de las comunidades locales que históricamente han convivido, protegido y manejado los ecosistemas donde habitan estas especies.

Sin embargo, en la práctica, los procesos de autorización y registro de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) o permisos de aprovechamiento no garantizan prioridad a las comunidades rurales o pesqueras locales, lo que ha derivado en que actores externos —sin arraigo territorial— accedan a los beneficios económicos y de manejo de los recursos, desplazando a quienes poseen conocimiento tradicional y un interés directo en su conservación.

Actualmente, el artículo 100 de la LGVS solo establece que las autorizaciones de aprovechamiento tomarán en consideración los beneficios que pudieran reportar a las comunidades locales, lo cual no constituye un mecanismo de prelación.

Ante la creciente presión por el aprovechamiento turístico y recreativo de especies emblemáticas —como las orcas, ballenas o tiburones—, es indispensable fortalecer el derecho preferente de las comunidades locales a participar en las actividades reguladas por la ley, garantizando su acceso, beneficio y corresponsabilidad.

El presente punto de acuerdo considera necesario adicional al Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre reglas que precisen el beneficio en el otorgamiento de permisos a los habitantes locales, mediante un principio de prioridad técnica y social coherente con los compromisos de México en materia de participación comunitaria, conservación inclusiva y justicia ambiental (CDB, CITES, y Estrategia Nacional de Biodiversidad 2030).

Con ello se esperan los siguientes beneficios:

• Fortalecimiento del arraigo local y corresponsabilidad en la conservación.

• Prevención de conflictos por uso o acceso a recursos naturales.

• Inclusión social y equidad territorial, en cumplimiento de los principios del Convenio 169 de la OIT.

• Reducción del riesgo de sobreexplotación, al otorgar prioridad a quienes dependen directamente del equilibrio del ecosistema.

• Fomento de la gobernanza marina y costera, al reconocer el papel de capitanes, guías y comunidades costeras como actores clave en la protección de especies como las orcas, ballenas y tiburones.

Como representante de Baja California Sur, reitero mi compromiso de defender las causas sociales, pues es mi función, como representante popular es atender, escuchar y actuar legalmente. “con el pueblo todo, sin el pueblo nada”

Por lo anteriormente expuesto, propongo a esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno federal para que, a través de la Dirección General de Vida Silvestre, realicen mesas de trabajo en las comunidades rurales de “La Ventana”,” El Sargento” y “Agua amarga” del municipio de La Paz, Baja California Sur, a fin de modificar e integrar en el Plan de Manejo Tipo para la conservación y aprovechamiento no extractivo de orcinus orca, para incluir las opiniones y propuestas de los prestadores de servicios turísticos locales que por año ha desarrollado actividades marítimas en la zona.

Segundo.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno federal (Semarnat), la adición al artículo 133 del Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre el siguiente texto que a la letra dice: Cuando en igualdad de circunstancias existan particulares interesados en obtener autorización para el aprovechamiento no extractivo de vida silvestre, la Secretaría en, cumplimiento de lo establecido en el artículo 100, párrafos 4 y 5 de la ley, deberá dar preferencia a las solicitudes de aprovechamiento no extractivo de las comunidades locales considerando el beneficio que pudiera reportar a estas. Lo anterior en la búsqueda efectiva del beneficio de quienes habitan y desarrollan sus actividades locales de prestación turística en las comunidades aledañas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2025.

Diputado Manuel Alejandro Cota Cárdenas (rúbrica)