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Iniciativas

Que adiciona la fracción XVII al artículo 15 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en materia de exención del IVA de gastos funerarios, recibida del diputado Óscar FernandoTorres Castañeda, del Grupo Parlamentario del PRI, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 14 de mayo de 2025

Quien suscribe, Óscar Fernando Torres Castañeda , diputado por el estado de Coahuila e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de la asamblea la siguiente iniciativa al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El fallecimiento de un ser querido constituye uno de los episodios más dolorosos en la vida de las personas. Sin embargo, al impacto emocional que ello conlleva, se suma una carga económica considerable: los gastos funerarios que incluyen servicios de velación, ataúd, cremación, inhumación, traslado del cuerpo y demás servicios relacionados, mismos que actualmente se encuentran gravados con el impuesto al valor agregado (IVA) a una tasa del 16 por ciento.

Este gravamen representa una carga tributaria injusta en un momento de duelo, especialmente para los sectores más vulnerables de la población. Imponer un impuesto sobre un servicio esencial e ineludible como lo es la disposición final de un cuerpo humano contradice el principio constitucional de equidad y proporcionalidad tributaria, y desatiende el componente humano y cultural de estos rituales.

De acuerdo con el Inegi, en México se registraron más de 800 mil defunciones en 2022. En 2023, fallecieron 799 mil 869 personas.1 . De enero a septiembre de 2024, se registraron 610 mil 404 defunciones.2 La siguiente gráfica muestra las defunciones por año desde el año 2015 y a septiembre de 2024, último registro de este Instituto:

Ahora bien, respecto a los costos de los servicios funerarios, la Profeco señala que los bienes y servicios que pueden estar incluidos dentro de los paquetes ofrecidos por las agencias funerarias están:

-Ataúd o féretro y/o urna.

-Recepción y traslado del cadáver

-Preparación estética del cuerpo.

-Uso de capilla y/o equipos de velación

-Gestoría para el traslado y disposición final del cuerpo.

-Servicio de inhumación y cremación.

En caso de elegir el servicio de inhumación, se deben agregar gastos como la colocación de lápidas, monumentos o placas de identificación; y el uso de fosa, nicho o gavetas donde se depositarán los restos de la persona fallecida.3

Asimismo, conforme a datos de la Procuraduría Federal del Consumidor, se calcula que en México solo 4 por ciento de la población cuenta con un plan de gastos funerarios. La dependencia destaca la importancia de contar con la cultura de previsión funeraria para evitar riesgos al patrimonio personal o familiar cuando se enfrentan de manera inesperada, dado que los gastos funerarios pueden llegar alrededor de los 40 mil pesos.

Los precios de los servicios funerarios oscilan entre 28 mil hasta 180 mil pesos, dependiendo de las necesidades de las familias; hay paquetes “básicos” y “todo incluido”.4

Todo esto representa un gasto significativo para una gran parte de la población, considerando que el salario promedio mensual en el país es de 8 mil 364 pesos.

Aun cuando estos gastos funerarios pueden deducirse del impuesto sobre la renta (ISR), los cuales se puede determinar un saldo a favor que se podrá solicitar en devolución, siempre y cuando el monto no exceda de la unidad de medida y actualización (UMA) anual equivalente a 37 mil 844.40 pesos para 2023, dicha deducción aplica cuando el servicio funerario sea para el cónyuge o concubino, así como para padres, abuelos, hijos o nietos del contribuyente. Los planes funerarios contratados a futuro solo son deducibles hasta que se utilicen.

Sin embargo, este beneficio no es inmediato, y su acceso está limitado por condiciones fiscales complejas y un bajo nivel de cultura tributaria.

Diversas naciones han adoptado políticas fiscales sensibles al sufrimiento humano, exentando de impuestos indirectos los servicios funerarios.

Países europeos, como Portugal, Italia, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Países Bajos y Suecia, no cobran IVA a los servicios funerarios. En estos países se considera a los entierros o cremaciones como servicios esenciales de las familias, no sujetos al pago de impuestos al consumo, con excepción de ciertos servicios adicionales en algunos casos.5

Este enfoque busca no solo aliviar la carga económica de las familias, sino también dignificar el proceso funerario y apoyar emocionalmente a los deudos.

Ante esa injusta carga tributaria, presentamos esta Iniciativa que propone reformar la Ley del Impuesto al Valor Agregado para establecer una exención a los servicios funerarios, incluyendo los conceptos de velación, ataúd, cremación, inhumación, traslados y demás servicios directamente vinculados con la disposición del cuerpo de personas fallecidas, siempre que el monto total del servicio no exceda de una unidad de medida y actualización anual vigente, al momento de su prestación.

Esta iniciativa tiene como espíritu legislativo, el focalizar el beneficio en las familias de menores ingresos, evitando que se convierta en un incentivo regresivo que beneficie a sectores con mayor poder adquisitivo, así como de otorgar certeza jurídica tanto a los contribuyentes como a los prestadores de servicios.

Esta propuesta parlamentaria responde también al principio de dignidad humana y a la obligación del Estado de garantizar un nivel de vida adecuado, de conformidad con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual forma parte de nuestro bloque de convencionalidad de los derechos humanos.

A continuación, presento un cuadro comparativo de los cambios propuestos:

Ley del Impuesto al Valor Agregado

La muerte no distingue clase social, edad, ni ideología. A todos nos toca, y a todos nos duele. En esos momentos de duelo, el Estado no puede ni debe comportarse como un recaudador insensible que grava el dolor. Debemos reconocer que un funeral digno no es un lujo: es un acto de amor, de despedida, de respeto hacia quienes nos dieron la vida o compartieron con nosotros la existencia.

Con esta reforma, no se trata solamente de modificar una ley tributaria. Se trata de dignificar a las familias mexicanas, de aliviar su carga económica en el instante más frágil de sus vidas. Se trata de poner al centro al ser humano y a su dignidad, por encima de la lógica recaudatoria.

Esta medida legislativa beneficiará especialmente al ciudadano de a pie, a la madre soltera que despide a un hijo, al campesino que vela a sus padres, a la trabajadora que no tiene ahorros para un ataúd, a los millones que viven al día y que aún en la muerte de sus seres queridos, deben enfrentar recibos, impuestos y trámites fríos.

En el PRI estamos convencidos que exentar del IVA a los servicios funerarios es un acto mínimo de justicia social, pero de gran impacto humano. Es reconocer que el Estado debe estar presente no solo para cobrar, sino también para acompañar. Que las políticas fiscales deben tener rostro, corazón y sentido común.

Por lo anteriormente expuesto, propongo a esta honorable asamblea, el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se adiciona la fracción XVII al artículo 15 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado

Único. Se adiciona la fracción XVII al artículo 15 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:

Artículo 15. No se pagará el impuesto por la prestación de los siguientes servicios:

I. a XVI. ...

XVII. Los servicios funerarios, incluyendo los conceptos de velación, ataúd, cremación, inhumación, traslados y demás servicios directamente vinculados con la disposición del cuerpo de personas fallecidas, siempre que el monto total del servicio no exceda de una Unidad de Medida y Actualización anual vigente, al momento de su prestación.

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitirá las reglas de carácter general que en su caso resulten necesarias para la debida aplicación de la exención del impuesto a que se refiere el presente Decreto.

Notas

1 https://cuentame.inegi.org.mx/descubre/poblacion/mortalidad/

2 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/edr/EDR _En-sep2024.pdf

3 https://www.elfinanciero.com.mx/mis-finanzas/2024/10/27/precio-de-los-s ervicios-funerarios-en-mexico-cuanto-cuesta-la-cremacion-en-mexico-segu n-profeco/

4 https://www.telediario.mx/comunidad/servicios-funerarios-cuanto-cuestan -y-que-incluye

5 https://www.viaempresa.cat/es/economia/iva-funerario_2174467_102.htm

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, miércoles 14 de mayo de 2025.

Diputado Óscar Fernando Torres Castañeda (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Mayo 14 de 2025.)

Que reforma el artículo 90 de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, en materia de derechos laborales de los trabajadores de la educación, recibida del diputado César Alejandro Domínguez Domínguez, del Grupo Parlamentario del PRI, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 14 de mayo de 2025

Quien suscribe, César Alejandro Domínguez Domínguez, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 72 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 121 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración la presente iniciativa, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La educación es un derecho fundamental, pero también lo es el reconocimiento pleno de los derechos laborales de quienes la hacen posible: las maestras y los maestros. En México, el personal docente enfrenta múltiples retos no sólo en lo pedagógico, sino también en lo laboral y administrativo, donde a menudo se ven limitados por disposiciones que, lejos de protegerlos, restringen injustificadamente su movilidad, desarrollo profesional y bienestar personal.

Desde la implantación de las reformas educativas de 2013 y 2019, se ha reiterado el objetivo de redignificar la labor docente y colocar a las maestras y los maestros en el centro del sistema educativo nacional. Sin embargo, en la práctica, diversas disposiciones administrativas y estructuras operativas han terminado por vulnerar los derechos de los trabajadores de la educación, alejándose del espíritu reivindicatorio que dichas reformas promovían.

Una de estas estructuras es la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), que si bien fue concebida con el objetivo de transparentar, profesionalizar y regular con justicia la trayectoria docente, ha generado una serie de problemáticas derivadas de la centralización de sus decisiones, las cuales han sido ajenas a las realidades territoriales y contextuales del personal educativo. Esta centralización ha provocado afectaciones significativas a los derechos laborales, como la falta de acceso equitativo a promociones, retrasos administrativos, y restricciones como el requisito de permanecer dos ciclos escolares completos en un mismo centro de trabajo para poder solicitar un cambio de adscripción previsto en la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.

Ese requisito, contenido en el artículo 90 de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, no sólo establece una barrera de dos años, sino que en la práctica se convierte en algunas ocasiones hasta en tres ciclos escolares o más, ya que el trámite del cambio de adscripción depende de la publicación de convocatorias por parte de USICAMM, las cuales en muchos casos no se publican de manera oportuna, los trabajadores habían sido cambiados de manera previa de forma desfazada a lo que prevé la convocatoria, o bien, no ofrecen plazas disponibles en los lugares solicitados, imposibilitando de facto la movilidad laboral del personal educativo.

Esto es especialmente grave para docentes que necesitan cambiar de centro de trabajo por motivos de salud, reunificación familiar, seguridad personal o situaciones extraordinarias, pues se ven obligados a permanecer en lugares donde su integridad física, emocional o profesional se ve comprometida. En las “Convocatorias del proceso para la autorización de cambio de centro de Trabajo, Ciclo Escolar 2025 2026”1 de cada uno de los estados se replica el requisito que buscamos cambiar, que señala “Tener al menos dos años de servicio ininterrumpidos en el centro de trabajo de su adscripción al 15 de agosto de 2025, a excepción de que la maestra o el maestro haya sido sujeto a cambio por causa de fuerza mayor, necesidades del servicio o razones de enfermedad, peligro de vida o seguridad personal debidamente comprobadas en los términos del acuerdo”.

A continuación, comparto algunos testimonios de docentes que han sufrido diversas problemáticas y que se han acercado a un servidor para manifestar la necesidad de esta reforma por este indebido requisito:

1. “Soy maestra de educación primaria, originaria de Delicias, Chihuahua. Hace dos años me asignaron una plaza en una comunidad rural a más de ocho horas de distancia. Tengo dos hijos pequeños y soy madre soltera. Pedí mi cambio de adscripción desde el primer ciclo escolar, pero me dijeron que debía esperar dos años completos. Ahora que ya pasaron, no hay convocatoria de la USICAMM ni espacios disponibles en mi ciudad de origen. No he podido regresar con mis hijos, y esto ha afectado gravemente mi salud emocional y mi desempeño docente”.

2. “Fui diagnosticado con hipertensión severa y requería continuar tratamiento especializado en Ciudad Juárez. Sin embargo, estoy adscrito en una zona rural donde no hay acceso a servicios médicos adecuados. Solicité mi cambio de adscripción por motivos de salud, pero me indicaron que debía cumplir con el requisito de dos ciclos escolares. Llevo un año viviendo con altos riesgos de salud, sin poder acercarme a los servicios que necesito para preservar mi vida”.

3. “Soy docente de primaria y fui asignada a una comunidad rural a más de 8 horas de mi ciudad de origen. En ese tiempo, mi madre enfermó de gravedad y he tenido que viajar cada fin de semana para cuidarla. Ya pasaron dos ciclos escolares, pero como no ha salido la convocatoria de cambios de adscripción, no he podido regresar. Cada mes me gasto más en transporte que en comida. Quiero seguir enseñando, pero también quiero estar cerca de mi familia”.

4. “Obtuve mi plaza en una comunidad fronteriza. Desde el primer ciclo escolar solicité cambio, pero la ley exige dos años y además que haya convocatoria. Ya cumplí los dos años, pero en el proceso más reciente de USICAMM no hubo espacios en mi zona. Así que tengo que esperar otro ciclo más, sin saber si podré regresar a mi ciudad. Tengo un hijo con discapacidad que necesita atención especializada, y eso no lo considera la ley”.

5. “Durante el primer año que ejercí como maestra, sufrí violencia por mi pareja. Busqué regresar a mi ciudad natal para estar cerca de mi red de apoyo, pero me fue negado el cambio de adscripción porque no había cumplido los dos ciclos escolares en el centro de trabajo asignado. A pesar de presentar documentos y denuncias, me informaron que debía esperar hasta la convocatoria oficial. El sistema no contempla casos urgentes, y eso vulnera aún más a quienes estamos en situación de riesgo”.

Como éstos, hay cientos de casos más no sólo en Chihuahua sino en todo el país. Por ello es indispensable reformar el artículo 90 de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, eliminando la restricción de permanencia de dos ciclos escolares como requisito obligatorio para solicitar un cambio de adscripción, permitiendo así que las y los docentes puedan ejercer su derecho a la movilidad conforme a las necesidades del servicio educativo, la disponibilidad de plazas, y las circunstancias personales o familiares que los afecten.

El artículo 90 de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros,2 el cual establece:

Las autoridades educativas y los organismos descentralizados podrán autorizar el cambio de adscripción a otro centro de trabajo una vez que la o el docente haya cumplido al menos dos años de servicio en el centro de trabajo donde fue asignado.

Asimismo, esta reforma representa un paso hacia una agenda más amplia de revisión crítica del funcionamiento de la USICAMM, que deberá evaluarse en su conjunto, considerando su utilidad, eficiencia y concordancia con los derechos fundamentales de las maestras y los maestros. En un siguiente momento, será indispensable discutir la viabilidad de su permanencia, ante la creciente evidencia de que su operación ha debilitado derechos en lugar de fortalecerlos.

Esta propuesta no implica eliminar la planeación de los recursos humanos del sistema educativo, sino simplemente corregir una medida que ha generado más perjuicios que beneficios, y avanzar hacia un sistema más humano, justo y flexible, que entienda que los derechos laborales de las y los docentes no deben estar supeditados a trámites burocráticos sin perspectiva de justicia y mucho menos sin perspectiva de derechos humanos.

Desde el Partido Revolucionario Institucional se ha mantenido un compromiso histórico con las causas sociales y laborales de las maestras y los maestros de México. Esta iniciativa responde a la convicción de que la función docente debe ser protegida, dignificada y acompañada por un marco normativo justo y funcional, que no imponga cargas administrativas injustificadas ni condiciones restrictivas que afecten su desarrollo y bienestar.

A diferencia de propuestas de otros partidos que en tiempos recientes han buscado modificar leyes fundamentales como la Ley del ISSSTE, con el riesgo de afectar derechos adquiridos de los trabajadores del Estado, el PRI reafirma su postura de defensa del magisterio nacional, y se opone categóricamente a cualquier intento que implique retrocesos en materia de seguridad social, pensiones, estabilidad o condiciones laborales. Las maestras y los maestros no sólo forman a generaciones: sostienen el tejido social del país, y por ello deben contar con reglas claras, accesibles y humanas, que respeten su esfuerzo y su vocación.

De tal forma que la iniciativa propone reformar el artículo 90 de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros para quedar de la siguiente manera:

Por lo expuesto y con el propósito de salvaguardar el derecho a la movilidad como un derecho laboral indispensable de las y los docentes pongo a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 90 de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros

Único. Se reforma el tercer párrafo del artículo 90 de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, para quedar como sigue:

Artículo 90. ...

Las autoridades de educación media superior, las autoridades educativas de las entidades federativas y los organismos descentralizados, tomarán las medidas necesarias a efecto de que el periodo mínimo de permanencia en el centro de trabajo será de un año , salvo por causas de fuerza mayor.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://educacion.chihuahua.gob.mx/cespd/sites/default/files/convocator ia-cambios-cct-08.pdf

2 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGSCMM_300919.pdf

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 14 de mayo de 2025.

Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Educación. Mayo 14 de 2025.)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia, para incluir como agentes económicos a las organizaciones de la economía social, las marcas con denominación de origen, marcas colectivas, marcas de certificación y la actividad artesanal, recibida del diputado Luis Gerardo Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 14 de mayo de 2025

Quien suscribe, diputado Luis Gerardo Sánchez Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción 11, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea iniciativa al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Ley de Competencia Económica en su artículo 1, sustenta su vigencia en que es: “... Reglamentaria del Artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de libre concurrencia, competencia económica, monopolios, prácticas monopólicas y concentraciones, es de orden público e interés social, aplicable a todas las áreas de la actividad económica y de observancia general en toda la República”. Por lo tanto, esta ley salvaguarda el interés superior de los ciudadanos de tener la libertad de decidir la adquisición de mercancías diversas en calidad, precio y cantidad en el mercado.

Asimismo: “Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto promover, proteger y garantizar la libre concurrencia y la competencia económica, así como prevenir, investigar, combatir, perseguir con eficacia, castigar severamente y eliminar los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones ilícitas, las barreras a la libre concurrencia y la competencia económica, y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados.”

Lo que significa que también se protege a las empresas en general de que operaran en un marco legal que garantice una competencia sana, vigilada, regulada, legal y justa.

También define como: “Agente Económico: Toda persona física o moral, con o sin fines de lucro, dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal o municipal, asociaciones, cámaras empresariales, agrupaciones de profesionistas, fideicomisos o cualquier otra forma de participación en la actividad económica;”

Por lo que es comprende que los agentes económicos nombrados en la Ley Federal de Competencia gozan de la protección, derechos y obligaciones para concurrir al mercado nacional en una competencia justa y legal.

Entendemos como competencia justa: el conjunto de normas y prácticas que permiten que las empresas compitan de manera legal y ética, en un entorno empresarial saludable.

En tanto como agentes económicos o sujetos de esta ley se incluyen a “toda persona física o moral” por lo que de allí se deriva que están incluidos, tanto las grandes empresas nacionales e internacionales, como las micro, pequeñas y medianas empresas, como los artesanos.

Sin embargo, para algunos legisladores y analistas no ha pasado de largo que la redacción de esta Ley tiene un sesgo claro a favor de las grandes empresas o al capitalismo salvaje y no es explicita en proteger a agentes económicos más débiles.

En palabras del Senador de Morena, Rafael Fernández Espino:

“Lo que tenemos en términos normativos es una Ley Federal de Competencia Económica que se enfoca principalmente en promover la eficiencia en los mercados, además que se centra en grandes empresas que ejercen poderes dominantes.” Por lo tanto, es necesario que en la Ley Federal de Competencia se haga explicito que también son agentes económicos las organizaciones de la economía social, las marcas con denominación de origen, marcas colectivas, marcas de certificación y la actividad artesanal.

Nuestro país es multicultural, multiétnico y con una potente economía en la que concurren muchas formas de agentes económicos, por lo tanto, es deber de esta Cámara y de sus leyes proteger a todos en una competencia sana.

La globalización generó un capitalismo salvaje en que las grandes empresas concentraron grandes cantidades de capitales a costo de la quiebra de empresas más débiles, por desgracia estas empresas más débiles tienen un contenido social y cultural que nos representan como nación y como mexicanos.

Ejemplo de lo anterior es la competencia desleal que sufren los productores de cerámica de Dolores Hidalgo de parte de importadores de cerámica china, cuyo precio es inferior al costo de producción, por lo que no puede más que deberse a una actividad de dumping cuya finalidad es hacer quebrar a los productores y comercializadores mexicanos.

Creemos en el papel del mercado como un regulador de la competencia, pero solo sí tenemos reglas claras de garantizar una competencia leal y justa. Por lo tanto, me permito poner a su consideración la propuesta de reforma para que dentro de la Ley Federal de Competencia se incluyan a los agentes económicos más débiles de nuestro país.

Es de hacer notar que las empresas que queremos denominar como agentes económicos de la presente ley son parte de las Pymes del país. Estas pequeñas y medianas empresas agrupadas como Pymes contribuyen con el 50 y el 52 por ciento del producto interno bruto, son el 99 por ciento de las empresas de México y además generan el 72 por ciento del empleo formal en el país.

El concepto Pymes es parte de la cadena productiva de la globalización, por ello se supone que están incluidas en el concepto neoliberal de competitividad, sin embargo, en el enfoque de competencia de la citada ley, se sigue invisibilizando al sector de la economía social que es motivo de la presente iniciativa.


La Ley Federal de Competencia Económica establece:

Artículo 3. Para los efectos de esta ley, se entiende por:

I. Agente Económico: Toda persona física o moral, con o sin fines de lucro, dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal o municipal, asociaciones, cámaras empresariales, agrupaciones de profesionistas, fideicomisos, o cualquier otra forma de participación en la actividad económica;

En este texto explícitamente no se excluyen agentes económicos, pero si se excluyen implícitamente porque si habla de agrupaciones empresariales, pero no de otros entes como cooperativas, fundaciones, empresas sociales, grupos de autoayuda, mutualistas, marcas colectivas, denominaciones de origen, entre otras.

Por lo que proponemos que el citado artículo diga:

Artículo 3. Para los efectos de esta ley, se entiende por:

I. Agente Económico: Toda persona física o moral, con o sin fines de lucro, dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal o municipal, asociaciones, cámaras empresariales, agrupaciones de profesionistas, fideicomisos, organizaciones de la economía social, marcas con denominación de origen, marcas colectivas, marcas de certificación, artesanos o cualquier otra forma de participación en la actividad económica;

De esta forma quedan nombrados importantes agentes económicos en actividades como el mezcal, tequila, bacanora, sotol, cerámica, artesanía de la plata, textiles que tienen un componente cultural significativo y esto, además no es en perjuicio de las grandes corporaciones productivas y comerciales.

Decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal de Competencia

Único. Se reforma la Ley Federal de Competencia Económica para quedar como sigue:

Título Primero

Artículo 3. Para los efectos de esta ley, se entiende por:

I. Agente Económico: Toda persona física o moral, con o sin fines de lucro, dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal o municipal, asociaciones, cámaras empresariales, agrupaciones de profesionistas, fideicomisos, organizaciones de la economía social, marcas con denominación de origen, marcas colectivas, marcas de certificación, artesanos o cualquier otra forma de participación en la actividad económica.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de mayo de 2025.

Diputado. Luis Gerardo Sánchez Sánchez (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad. Mayo 14 de 2025.)


Informes

Del diputado Julio César Moreno Rivera, relativo a la reunión ordinaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado, del Parlatino, llevada a cabo el jueves 10 y el viernes 11 de abril de 2025, en Ciudad de Panamá, República de Panamá

1. Introducción

La diplomacia parlamentaria se refiere a toda la gama de actividades internacionales realizadas por los legisladores con la finalidad de aumentar el entendimiento mutuo entre países, pueblos y su respectiva representación en los parlamentos; de esa manera, se busca enriquecer la cooperación y la colaboración en los distintos ámbitos bilaterales y multilaterales que atañen tanto a los objetivos de interés nacional como global.

En los últimos 30 años, la disposición de la Cámara de Diputados por desarrollar agendas internacionales se ha incrementado con el propósito de coadyuvar en el cumplimiento de nuestra política exterior, mejorar el trabajo legislativo y lograr vínculos fortalecidos con otros actores externos.

La diplomacia parlamentaria abarca actividades tanto de manera informal, como las reuniones bilaterales de cortesía y de intercambio de puntos de vista, así como las que son más institucionalizadas y protocolarias, por ejemplo, las reuniones interparlamentarias, las de los grupos de amistad o, en general, aquellas que se dan en el marco de organismos, asociaciones, o instituciones supranacionales.

De acuerdo con los artículos 277 y 278 del Reglamento de la Cámara de Diputados, los legisladores que participen en actividades de diplomacia parlamentaria tienen la responsabilidad de elaborar un informe de actividades.

2. Objetivo general

El Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) tiene como propósito principal servir como un organismo que impulse la integración regional y fortalezca los vínculos entre los países de América Latina y el Caribe. Uno de sus objetivos fundamentales es promover la unidad entre las naciones que lo conforman, fomentando una identidad regional basada en los valores históricos, culturales, políticos y sociales compartidos. En este sentido, el Parlatino trabaja para crear un espacio común donde los diferentes parlamentos nacionales puedan dialogar, cooperar y desarrollar acciones conjuntas que beneficien a sus pueblos.

Otro de los pilares esenciales del Parlatino es la defensa de los principios democráticos y el respeto irrestricto a los derechos humanos. A través de sus resoluciones, declaraciones y actividades, este organismo se esfuerza por fortalecer la institucionalidad democrática, el estado de derecho y la participación ciudadana como bases para el desarrollo sostenible de la región. Asimismo, busca garantizar que los derechos fundamentales de las personas sean protegidos y promovidos en todos los países miembros.

En el ámbito legislativo, el Parlatino tiene como meta la armonización de las leyes entre los países de la región, con el fin de facilitar la cooperación, el comercio, la integración social y la solución conjunta de problemas comunes como la pobreza, el cambio climático, la desigualdad o la inseguridad. Mediante la elaboración de marcos legales modelo y el intercambio de experiencias legislativas, se busca mejorar la calidad de las leyes nacionales y su adaptación a los desafíos actuales.

Además, el Parlatino desempeña un papel clave en la representación de los intereses comunes de América Latina y el Caribe ante la comunidad internacional. Actúa como una voz colectiva de los parlamentos nacionales en foros globales, defendiendo una visión regional basada en la solidaridad, la equidad y la soberanía de los pueblos.

También promueve la colaboración con otros organismos internacionales y parlamentarios para fortalecer la posición de la región en el mundo.

Finalmente, el Parlatino se compromete a fomentar la participación ciudadana en los procesos legislativos y en la vida política en general. Considera que una ciudadanía activa, informada y comprometida es esencial para la construcción de sociedades más justas y democráticas. Por ello, impulsa iniciativas que acerquen a la población a las instituciones parlamentarias y refuercen la cultura democrática en todos los niveles.

2.1. Objetivo de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado

La Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado tiene como objetivo la recomendación sobre políticas públicas y legislativas que promuevan la de lucha contra la producción, el comercio y el consumo ilegal de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y sus consecuencias, así como la lucha contra toda forma de crimen organizado y sus diversas manifestaciones, como trata de personas, fabricación y tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, piratería, lavado de activos, tráfico y transporte ilícito de migrantes, y toda otra forma que pudiera surgir en el futuro.

Asimismo, recomendar la adopción de medidas para prevenir y combatir los actos, métodos y prácticas terroristas en todas sus formas, como también contra la corrupción. Por último, promover políticas públicas para prevenir y combatir la violencia urbana.

3. Objetivos específicos

a) Facilitar la preparación de la información que se tiene que recabar.

b) Favorecer la sistematización y organización de la información que se debe procesar para su entrega.

c) Propiciar la homogeneización técnica de los informes de trabajo.

d) Servir como marco de referencia para la evaluación de resultados.

e) Fortalecer la profesionalización de la diplomacia parlamentaria.

4. Contenido del documento

4.1. Antecedentes

Orígenes

• El Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) ha sido el principal mecanismo de diálogo e interacción entre el Parlamento Caribeño y el Congreso de la Unión mexicano, por lo que es una organización regional permanente de carácter multipartidista, fundada el 10 de diciembre de 1964 en Lima, Perú , mediante la firma del Acta de Lima . Su creación respondió a la necesidad de promover la integración latinoamericana, la democracia, los derechos humanos y el desarrollo conjunto de los pueblos de América Latina y el Caribe, en un contexto histórico marcado por inestabilidad política, dictaduras y tensiones de la Guerra Fría.

• Desde sus inicios, México desempeñó un papel fundamental en la formación del Parlatino como uno de los países fundadores. A través del Congreso de la Unión, México participó activamente en el diseño de los principios rectores del organismo, entre los que destacan la defensa de la soberanía de los pueblos, la autodeterminación, la no intervención y la integración regional como camino hacia la justicia social.

• El Parlatino tiene su sede permanente en la ciudad de Panamá desde 1987, y en 2006 adoptó oficialmente el nombre de Parlamento Latinoamericano y Caribeño para incluir a los países del Caribe no hispanohablante. Actualmente, cuenta con 23 países miembros , cuyas delegaciones están conformadas por parlamentarios designados por los congresos nacionales.

• México mantiene una delegación permanente ante el Parlatino , integrada por diputados y senadores del Congreso de la Unión. Esta delegación participa en las diversas comisiones permanentes , como las de Derechos Humanos, Educación, Igualdad de Género, Medio Ambiente y Seguridad Pública, entre otras. A través de su participación, México contribuye a la armonización legislativa regional , al intercambio de buenas prácticas y a la construcción de una agenda común en temas prioritarios para la región.

• En suma, el Parlatino representa un espacio clave de diplomacia parlamentaria, en el cual México reafirma su compromiso con la cooperación internacional, la democracia y la integración latinoamericana y caribeña .

• Reuniones celebradas

• Cuarto Encuentro de Medios Legislativos de Comunicación de América Latina y el Caribe

• Reunión de la Comisión de Asuntos Laborales y de Previsión Social

4.2. Integrantes

Lady M. Camones (Perú), Diputado Ramiro Gutiérrez (Argentina), diputado Julio César Moreno (México), senador Carlos Núñez Agüero (Paraguay), senadora Ruthlyn V. Undor (Aruba), senador Gilberto H. Villafuerte (México), Verónica Jansen Webster (San Martín), Viren Kotai (San Martín), senador Quincy Girigione (Curazao).

4.3. Desarrollo del programa

4.4. Conclusiones y resultados

Además de las conclusiones oficiales de la declaración conjunta, se deberán redactar las apreciaciones que pudieran ser de interés para los distintos órganos dentro de la Cámara, como las comisiones y los centros de estudio.

• Declaración conjunta

Septuagésima cuarta reunión ordinaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado

Panamá, 10 de abril de 2025.

Las delegaciones del Parlamento de Panamá y del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, ante el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) encabezado por el presidente, senador Romín Gutiérrez, al concluir los trabajos de la septuagésima cuarta reunión ordinaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado, acuerdan la siguiente:

Declaración conjunta

1. Las delegaciones del Congreso mexicano y del Parlamento de Panamá manifiestan su beneplácito por la celebración y los resultados de la septuagésima cuarta reunión ordinaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado y consideran alentadora la continuidad de la relación entre ambas partes, así como la solidez de sus trabajos conjuntos en torno a recomendaciones sobre políticas públicas y legislativas, en materia de seguridad ciudadana, combate y prevención al narcotráfico, terrorismo y crimen organizado; en lo sucesivo, Acuerdo Global, así como en el proceso de seguridad nacional.

...

43. Ambas delegaciones acuerdan celebrar su próxima reunión en Panamá, en el segundo semestre del año dos mil veintiséis, en fecha por confirmar.

Ciudad de Panamá, a mayo de 2025.

5. Recomendaciones administrativas

En el marco de la reunión ordinaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), se han identificado diversas áreas de oportunidad para mejorar la eficiencia y calidad de los procesos internos de trabajo. Una de las principales necesidades constatadas es la implementación de un sistema de seguimiento sistemático de los acuerdos adoptados, ya que actualmente no se cuenta con mecanismos claros ni públicos para monitorear el cumplimiento o avance de las decisiones tomadas en reuniones anteriores. Esto limita la rendición de cuentas y el impacto efectivo de las recomendaciones legislativas. Asimismo, se observa una limitada participación de actores técnicos y representantes de la sociedad civil, lo cual restringe la riqueza del análisis y la validación práctica de las propuestas legislativas. Incluir expertos académicos, representantes de organizaciones no gubernamentales especializadas y agencias de seguridad permitiría fortalecer la base técnica de las decisiones.

En este tipo de eventos no sólo contribuye al cumplimiento de los objetivos de la comisión, sino que también fortalece su compromiso con la construcción de políticas públicas regionales coordinadas y con enfoque en derechos humanos. En este sentido, resulta especialmente conveniente conocer con antelación quiénes integran la delegación por parte del Senado o por parte de los otros legisladores con la finalidad de contribuir de manera más efectiva a la preparación de los temas a tratar, alinear posturas institucionales y coordinar el desarrollo de los trabajos durante el evento.

Otra debilidad recurrente es la escasa comunicación de resultados al público general y a los parlamentos nacionales. La creación de informes ejecutivos accesibles, infografías con datos clave y boletines periódicos aumentaría la visibilidad y utilidad del trabajo de la comisión. En paralelo, se recomienda una mayor digitalización de procesos internos, mediante la implementación de una plataforma colaborativa que facilite el intercambio de propuestas, votaciones electrónicas, comentarios interinstitucionales y archivo documental. Además, se detecta la falta de indicadores que midan el impacto real de las leyes modelo y acuerdos emitidos; por ello, se sugiere el desarrollo de un sistema de evaluación que permita verificar la aplicación y eficacia de estas medidas en los países miembros.

Por otro lado, los cambios políticos frecuentes provocan una pérdida de continuidad y experiencia dentro de la comisión, lo que hace indispensable el diseño de módulos de capacitación permanente para los legisladores y asesores que la integran, enfocados en temas como crimen organizado transnacional, terrorismo, políticas de prevención y cooperación internacional. Complementariamente, se recomienda la estandarización de actas y minutas de reuniones para asegurar registros uniformes, así como el establecimiento de una agenda colaborativa y anticipada, que permita a los países miembros preparar insumos y coordinar mejor sus aportes. Finalmente, se enfatiza la importancia de garantizar que las leyes modelo estén alineadas con marcos internacionales vigentes y sean lo suficientemente flexibles como para adaptarse a los marcos jurídicos nacionales, promoviendo así una mayor interoperabilidad legislativa regional.

Estas acciones permitirían fortalecer los procesos internos de la comisión, incrementar su efectividad y garantizar una mayor incidencia de sus propuestas en la formulación de políticas públicas de seguridad en América Latina y el Caribe.

6. Evaluación personal de los resultados

La reunión ordinaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado representa un espacio de alto valor estratégico, técnico y político que impacta directamente en su labor parlamentaria y desempeño dentro de las comisiones. El evento permite el intercambio de experiencias y buenas prácticas con legisladores de otros países latinoamericanos, lo cual enriquece la visión comparada y fortalece la capacidad de análisis frente a problemáticas comunes como el crimen organizado transnacional, el narcotráfico, la violencia urbana o la trata de personas.

Profesionalmente, la participación en este tipo de reuniones permite actualizarse en tendencias legislativas regionales, conocer el estado de avance de leyes modelo impulsadas por el Parlatino, y establecer redes de cooperación legislativa que pueden traducirse en iniciativas concretas a nivel nacional. Asimismo, la discusión técnica con expertos y la exposición a distintas realidades políticas fortalece la argumentación de propuestas propias dentro de su congreso o asamblea, elevando la calidad técnica del trabajo legislativo.

A juicio del legislador o legisladora, este tipo de eventos no sólo contribuye al cumplimiento de los objetivos de la comisión en la que participa, sino que también fortalece su compromiso con la construcción de políticas públicas regionales coordinadas y con enfoque en derechos humanos. En suma, se trata de una instancia que amplía su horizonte legislativo, permite alinear esfuerzos frente a amenazas comunes, y reafirma la importancia del trabajo legislativo supranacional en la prevención y combate de fenómenos que desbordan las fronteras nacionales.

Atentamente

Diputado Julio César Moreno Rivera (rúbrica)


Indicadores

Del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, económicos de coyuntura


Convocatorias

De la Comisión de Ganadería

A la séptima reunión de junta directiva, que en modo semipresencial tendrá verificativo el miércoles 21 de mayo, a las 10:30 horas, en la sala de reuniones del órgano legislativo convocante, ubicada en el cuarto piso del edificio F.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaratoria de quórum.

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la quinta reunión ordinaria.

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen, en sentido positivo con modificaciones, por el que se adiciona una fracción VIII al artículo 18 de la Ley Federal de Sanidad Animal, en materia de rastros y buenas prácticas de manufactura, propuesta por el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (PRI).

5. Exposición del tema Gusano barrenador del ganado, por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.

6. Asuntos generales.

7. Clausura y cita para la próxima reunión.

Atentamente

Diputado Ricardo Gallardo Juárez

Presidente

De la Comisión de Ganadería

A la sexta reunión ordinaria, que se llevará a cabo en modalidad semipresencial el miércoles 21 de mayo, a las 11:00 horas, en la sala de juntas del órgano convocante.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaratoria de quórum.

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la quinta reunión ordinaria.

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen, en sentido positivo con modificaciones, por el que se adiciona una fracción VIII al artículo 18 de la Ley Federal de Sanidad Animal, en materia de rastros y buenas prácticas de manufactura, propuesta por el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (PRI).

5. Exposición del tema Gusano barrenador del ganado, por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.

6. Asuntos generales.

7. Clausura y cita para la próxima reunión.

Atentamente

Diputado Ricardo Gallardo Juárez

Presidente

De la Comisión de Diversidad

A la séptima reunión, que se realizará en modalidad virtual el miércoles 21 de mayo, a las 17:00 horas.

Orden del Día

1. Pase de lista y verificación de quórum.

2. Lectura, discusión y aprobación del acta concerniente a la sexta reunión plenaria.

3. Lectura, discusión y aprobación del primer informe semestral de actividades, 6 de noviembre-28 de febrero de 2025.

4. Asuntos generales.

5. Cierre de la reunión y convocatoria para la próxima.

Atentamente

Diputado Jaime Genaro López Vela

Presidente

De la Comisión de Seguridad Social

A la séptima reunión plenaria semipresencial, que se llevará a cabo el jueves 22 de mayo, a las 11:00 horas, en el mezanine sur (edificio A. primer piso).

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta concerniente a la sexta reunión plenaria.

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 302 de la Ley del Seguro Social.

5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 208 y 228 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

6. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 132 Bis a la Ley Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

7. Asuntos generales.

8. Clausura de la reunión.

Atentamente

Diputado Arturo Olivares Cerda

Presidente

De la Comisión de Movilidad

A la séptima reunión de junta directiva, que tendrá verificativo en modalidad semipresencial el jueves 22 de mayo, a las 17:00 horas, en el salón E del edificio G.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración del quórum.

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de los documentos de trabajo que se someterán a consideración y votación en la sexta reunión ordinaria de la comisión.

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la convocatoria para la sexta reunión ordinaria de la comisión.

5. Votación de la diputada o diputado que desempeñará las funciones de secretaría durante la sexta reunión ordinaria de la comisión.

6. Asuntos generales.

7. Clausura.

Atentamente

Diputada Patricia Mercado Castro

Presidenta

De la Comisión de Movilidad

A la sexta reunión ordinaria, que se llevará a cabo en modalidad semipresencial el jueves 22 de mayo, a las 17:30 horas, en el salón E del edificio G.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración del quórum.

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta derivada de la quinta reunión ordinaria de la comisión.

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen en sentido positivo, con modificaciones, de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 44 y 49 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial en materia de medidas mínimas de tránsito, que tiene como propósito incluir supuestos mínimos para el retiro de circulación de vehículos de carga, suscrita por el diputado Francisco Javier Borrego Adame, del Grupo Parlamentario de Morena.

5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen en sentido positivo, con modificaciones, de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IV del Apartado A del artículo 7 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, suscrita por el diputado Carlos Fernando García Astorga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, que tiene como propósito incorporar a la Secretaría de las Mujeres como integrante permanente del Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial.

6. Asuntos generales.

7. Clausura y cita para la próxima reunión.

Atentamente

Diputada Patricia Mercado Castro

Presidenta

De la Comisión de Economía Social y Fomento del Cooperativismo

A la séptima reunión ordinaria, que tendrá vrificativo en modalidad semipresencial el 23 de mayo, a las 10:00 horas, en el salón E del edificio G.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración del quórum.

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior.

4. Presentación del panorama de las cooperativas de ahorro y préstamo, por parte del Consejo Superior del Cooperativismo de la República Mexicana, a cargo de su presidente César Zepeda Prado.

5. Intervención de las legisladoras y los legisladores integrantes de la comisión.

6. Asuntos generales.

7. Clausura y convocatoria para la próxima reunión.

Atentamente

Diputado Jesús Valdés Peña

Presidente

De la Comisión de Vivienda

A la octava reunión de junta directiva, que tendrá verificativo en modalidad semipresencial el miércoles 28 de mayo, a las 10:30 horas, en el patio norte, situado en la planta baja del edificio A.

Orden del Día

1. Lista de asistencia y, en su caso, declaración del quórum.

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.

3. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día de la quinta reunión ordinaria de la comisión.

4. Asuntos generales.

5. Clausura.

Atentamente

Diputada Maribel Martínez Ruíz

Presidenta

De la Comisión de Vivienda

A la quinta reunión ordinaria, que se llevará a cabo en modalidad semipresencia el miércoles 28 de mayo, a las 11:00 horas, en el patio norte, situado en la planta baja del edificio A.

Orden del Día

l. Lista de asistencia y, en su caso, declaración del quórum.

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta derivada de la cuarta reunión ordinaria.

5. Asuntos generales.

6. Clausura.

Atentamente

Diputada Maribel Martínez Ruíz

Presidenta

De la Comisión de Defensa Nacional

A la sexta reunión ordinaria, que se llevará a cabo en modalidad semipresencial, el miércoles 28 de mayo, , a las 12:00 horas, en el salón B del edificio G.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaratoria del quórum.

2. Lectura y aprobación del orden del día.

3. Lectura y aprobación del acta derivada de la quinta reunión ordinaria, celebrada el 22 de abril de 2025.

4. Asuntos generales.

5. Clausura.

Atentamente

Diputado Luis Arturo Oliver Cen

Presidente


Invitaciones

De la Comisión de Radio y Televisión

Al foro Reforma de telecomunicaciones: desafíos y oportunidades, que tendrá lugar el miércoles 21 de mayo, a las 9:00 horas, en el edificio G.

Programa

9:15 a 10:00 horas.

Registro

10:00 a 10:15 horas.

Inauguración

Palabras de bienvenida, por el presidente.

10:15 a 12:30 horas.

Mesa 9, “Privacidad y seguridad de los datos biométricos: implicaciones y riesgos para la sociedad”.

12:30 a 14:30 horas.

Mesa 10, “Derechos digitales y ciberseguridad”.

Atentamente

Diputado Miguel Ángel Monraz Ibarra

Presidente

De la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia

Al Conversatorio en neurociencias, justicia y derecho en adolescentes en la resolución de conflictos, que tendrá lugar el jueves 22 de mayo, a las 9:00 horas, en el patio norte.

Programa

10:00 - 10:15 - Registro y bienvenida

• Responsable: Maestro Francisco Moreno Torres (secretario técnico)

(Recepción de los participantes y apertura oficial del conversatorio)

10:15 -10:30 - Palabras de bienvenida

• Diputada Elizabeth Martínez Álvarez

Presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados.

(Participación de diputadas y diputados integrantes de la comisión. Breve introducción al tema, objetivos del conversatorio y la importancia de la justicia para adolescentes en los derechos humanos)

10:30 -11:30 - Conversatorio en neurociencias, justicia y derecho en adolescentes en la resolución de conflictos

Moderador: Maestro Francisco Moreno Torres, secretario técnico de la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia.

Ponencias

10:30 a 11:00 - Mesa 1

1. Doctora María del Carmen Nava Polina. Comisionada ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México

– Tema de exposición: “Derecho a saber en la infancia y adolescencia” (10 minutos)

2. Doctor Ricardo Israel Robles Pelayo. Abogado, docente, investigador y conferencista.

– Tema de exposición: “El impacto de las tics y la inteligencia artificial en la adolescencia” (10 minutos)

3. Doctor Martín González de la O. Abogado, consultor, docente y especialista en derechos humanos.

– Tema de exposición: “La percepción de los jóvenes sobre la impunidad en delitos ambientales y su posible relación con la normalización de conductas delictivas (10 minutos)

11:00 a 11:30 - Mesa 2

1. Doctora Laura Medina Flores. Abogada especialista en derecho penal juvenil y derechos humanos.

– Tema de exposición: “La neurociencia como herramienta para la prevención del delito (10 minutos)

2. Doctor Ignacio Noble. Abogado, mediador, docente e investigador

– Tema de exposición: Régimen penal juvenil: Debate sobre la imputabilidad y enfoques restaurativos (10 minutos)

3. Doctor Rodrigo Moreno González. Abogado, mediador, docente e investigador, consultor parlamentario. Tema de exposición: Justicia para adolescentes, reintegración y cultura de paz (10 minutos)

11:30 a 11:45 - Discusión y Preguntas de asistentes (15 minutos)

12.00 Clausura del conversatorio

• Diputada Presidenta Elizabeth Martínez Álvarez

Atentamente

Diputada Elizabeth Martínez Álvarez

Presidenta