Iniciativas

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Que reforma y adiciona los artículos 41 y 67 de la Ley General de Educación Superior, suscrita por la diputada Mónica Becerra Moreno y legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Mónica Becerra Moreno, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura correspondiente a la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6, numeral 1, fracción I y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Educación Superior, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La educación en nuestro país ha tenido diversas reformas con la finalidad de que los jóvenes tengan mayor acceso a ella. Sin embargo, no todos pueden hacer valer ese derecho constitucional y se ha convertido en uno de los retos más grandes en las políticas de nuestro país.

El pasado 28 de diciembre del 2023, en el Diario Oficial de la Federación se publicó el “Programa Nacional de Educación Superior 2023-2024” donde el pronóstico estudiantil no se encuentra en su mejor momento. Establece que la mayoría de los jóvenes de regiones, localidades y hogares en condiciones de marginación y vulnerabilidad no podrán continuar con sus estudios en el nivel superior. La brecha entre los jóvenes egresados y las demandas en las Instituciones de educación cada año es más amplia, lo que afecta el crecimiento personal de todos los estudiantes.

Es importante que se sigan impulsando cambios que mejoren el funcionamiento educativo para que, los jóvenes estudiantes sean los que tengan los beneficios de un sistema donde realmente se atienda sus derechos y necesidades.

Si se logra mejorar las afectaciones que existen actualmente en el ámbito de la desigualdad social, la económica y la educativa, tendremos grandes profesionistas en el país, que se dediquen a sus respectivas áreas y dejen a un lado actividades que ponen en riesgo su vida y a los que los rodean.

La matrícula escolar en el 2023/2024 en el nivel educativo de media superior es de 5,103,342 y en superior es 4,051,691; en el estado de Aguascalientes es de 58,034 y 55.521 respectivamente, donde son más las mujeres que los hombres los que forman parte de este número.

Por otro lado, en el comunicado de prensa núm 481/24 publicado el 9 de agosto del 2024 emitido por el INEGI, se estableció que 60 de cada 100 personas jóvenes contaban con educación media superior; 37 tenían educación básica; 2, superior y la o el restante carecía de escolaridad, las cifras no son las mejores. Es importante que como autoridades podamos hacer impulsos económicos para que nuestros jóvenes se dediquen y enfoquen a terminar sus estudios.

Otro de los temas que se deben analizar en la presente son las actividades que realizan los jóvenes entre los 15 a 29 años, si bien es cierto, se ha procurado que la mayoría se enfoque en sus estudios, las necesidades de ellos cambian al tener que mantenerse, cuidar a sus familias o no poder encontrar un trabajo con un horario y salario digno. Es importante analizar también que muchos de los jóvenes que tienen ganas de estudiar y continuar creciendo tienen que salirse de sus hogares con la finalidad de perseguir su sueño, esto implica pago de renta, vestido, alimento y demás gastos en general y en algunas ocasiones, son jóvenes que están solos y que el apoyo de sus familias se limita un tema emocional, en el mejor de los casos.

Por su parte, el secretario general de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES), Bernardo González Aréchiga, ha establecido que de 100 estudiantes que inician la primaria en México, 40 estudian una carrera, 26 la terminan; 4 concluyen una maestría y solo uno el doctorado.

Los estudiantes, se enfocan en trabajar y desempeñar funciones en los que su salario no es tan elevado y no les alcanza para cubrir sus necesidades educativas y, por lo tanto, prefieren invertirlo en otro tipo de actividades de su vida cotidiana. Así como lo establece nuestra Constitución, el derecho a la educación se ha limitado para todos los jóvenes estudiante.

Algunos jóvenes se quedan en algún semestre de su licenciatura, quedan con el título de pasantes y no logran una titulación por una cuestión económica, lo anterior es posible cambiarlo para que sea un problema menos de los jóvenes y el dinero que sus familiares o ellos mismos consigan con el trabajo que tengan, lo inviertan en libros y su propio crecimiento educativo.

Las instituciones educativas por su lado deben de innovar sus actividades para que los jóvenes también tengan la intención de seguir creciendo, tener buenas calificaciones y que las opciones de titulación sean interesantes y flexibles para que les ayuden a tener un crecimiento intelectual y laboral, debemos recordar que la escuela es un gran paso donde se aprendes a relacionarte con el mundo exterior.

Cuando se obtiene un título a temprana edad trae beneficios como un mejor empleo y una participación activa en el mercado laboral.

Un trabajo en conjunto por parte de todos podrá traer beneficios para un futuro a corto plazo y que sean más los jóvenes mexicanos que tengan acceso a un educación y trabajo honrado.

Para un mejor entendimiento de la propuesta se presenta el siguiente cuadro comparativo.

El apoyo a los jóvenes estudiantes para que queden exentos de los costos en los tramites de titulación se que será un gran impulso para garantizar el derecho a la educación y sobre todo apoyar la economía de las familias mexicanas.

Es por lo que someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma la Ley General de Educación Superior

Artículo único. Se reforman el artículo 41, y las fracciones IX y X, del artículo 67; y se adiciona una fracción XI al artículo 67, de la Ley General Educación Superior, para quedar como sigue:

Artículo 41. Las autoridades educativas y las instituciones de educación superior, en el ámbito de su competencia, promoverán programas para exentar los costos en la titulación de las personas en los programas a su cargo y que hayan cumplido con los requisitos académicos y administrativos establecidos por las instituciones de educación superior.

Artículo 67. En el ejercicio de los recursos para el financiamiento de la educación superior, además de observar lo previsto por las disposiciones legales aplicables, se deberá:

I a VIII. ...

IX. Los ingresos propios de las instituciones que cuenten con personalidad jurídica y patrimonio propio serán complementarios a la asignación presupuestal a cargo de la Federación y de las entidades federativas. Esos ingresos serán reportados en los informes que se realicen de la evaluación de gasto público respectivo, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Estos ingresos formarán parte de su patrimonio, serán administrados por las propias instituciones y se destinarán para el cumplimiento de sus objetivos y programas de desarrollo institucional;

X. Las instituciones públicas de educación superior, con apoyo de la Secretaría, podrán llevar a cabo programas y acciones para incrementar sus recursos, así como ampliar y diversificar sus fuentes de financiamiento, sin menoscabo del principio constitucional de gratuidad en los términos establecidos en la presente ley. Las instituciones de educación superior informarán a las instancias correspondientes sobre la captación de recursos y su aplicación, observando las disposiciones de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas, y

XI. Las instituciones públicas de educación superior contemplarán recursos para promover programas de exención de costos en trámites de titulación, para los estudiantes que hayan cumplido con los requisitos académicos y administrativos establecidos por dichas instituciones.

Transitorios

Primero . El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente decreto se realizarán con cargo al presupuesto aprobado para las instituciones públicas de educación superior en el ejercicio fiscal de que se trate.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de marzo de 2025.

Diputada Mónica Becerra Moreno (rúbrica)

Que reforma el artículo 201 del Código Penal Federal, suscrita por el diputado José Guillermo Anaya Llamas y legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado José Guillermo Anaya Llamas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 77; 78 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Código Penal Federal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En México según dato del INEGI, que arrojaron el Censo de Población y Vivienda 2020 (Censo 2020). Viven 38.2 millones de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años (49 por ciento mujeres y 51 por ciento hombres); esto representa el 30 por ciento de la población total del país.

Los datos que da la Secretaría General del Consejo Nacional de Población (SGCONAPO) estima que, en 2024, residían alrededor de 132.3 millones de habitantes en el país, de los cuales, las niñas y niños de 0 a 17 años, representan el 29.4 por ciento, y se distribuyen en 49.1 por ciento de mujeres y 50.9 por ciento de hombres (SGCONAPO)

Si lo especificamos por estado las entidades con mayor número de personas de entre 0 y 17 años en 2020 eran Estado de México (5 millones), Jalisco (2.5 millones), Veracruz (2.4 millones), Puebla (2.2 millones) y Chiapas (2.1 millones). En Chiapas, casi dos de cada cinco personas eran niñas, niños o adolescentes (37.8 por ciento), mientras que en la Ciudad de México una quinta parte de la población pertenecía a este grupo etario (22.1 por ciento).

A nivel nacional, 10.1 millones de niñas, niños y adolescentes (el 26.3 por ciento) tenían entre 0 y 4 años, mientras 10.8 millones tenían entre 5 y 9 años (el 28.1 por ciento) en 2020. Además, el mismo año, 10.9 millones tenían entre 10 y 14 años (el 28.6 por ciento) y 6.5 millones eran adolescentes de entre 15 y 17 años (el 17 por ciento).

Debemos de tener la precisión como se señala con anterioridad de cuantos niños, niñas y adolescentes, tenemos en el país y que tal vez para este gobierno no tiene importancia, pero para el narcotráfico, para la pederastia, para la trata y un sinfín de delitos esto es provechoso y ellos si lo tienen bien detectado, ya que es un mercado muy provechoso.

Tenemos un problema de Política Publica en México en el tema de la niñez, que como siempre dicen que está regulada, y con ello creen que han subsanado todo, no es así tenemos que cumplir y hacer cumplir las leyes, proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes, como lo estipula la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en el tema del reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes que se ha convertido en una de las situaciones más preocupantes que enfrenta la niñez, pues no solo, las y los menores se convierten en soldados de una guerra externa o interna en la que no deberían participar, sino que también se vulneran todos sus derechos.

El crimen organizado encontró una nueva forma de interrumpir en nuestros niñas, niños y adolescentes es por medio del reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, gracias a que México cuenta con un régimen jurídico especial para los menores de edad, el Sistema de Justicia para Adolescentes, contemplado en el artículo 18 de la Constitución, que considera sus condiciones de desarrollo y establece que no se les puede juzgar de la misma manera que a los adultos.

Ahora bien, los grupos delincuenciales se aprovechan de esta circunstancia para reclutar niños, niñas y adolescentes, pues están conscientes de que si éstos son detenidos y juzgados no se les castigará con la misma severidad con que se hace a un adulto.

Por lo que se ha convertido en una visión cruel de la realidad y afecta a miles de familias en nuestro país desde hace décadas.

Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), entre 2000 y 2019, más de 31.000 niñas, niños y adolescentes fueron reclutados por grupos criminales en el país. El reclutamiento forzado de niños y adolescentes es la acción de captar, manipular, trasladar, recibir o retener a un niño o adolescente con la finalidad de utilizarlo para participar directa o indirectamente en hostilidades o en otros actos de violencia.

Esta práctica viola los derechos humanos de los niños y adolescentes, ya que los expone a la violencia, el abuso y la explotación. Los menores reclutados son obligados a participar en actividades delictivas, como el narcotráfico, el secuestro y la extorsión. En muchos casos, son asesinados o torturados.

Las principales causas del reclutamiento forzado de niños y adolescentes son complejas y variadas, no obstante, se pueden identificar algunos factores que contribuyen a esta práctica; la pobreza y la desigualdad crean condiciones que facilitan el reclutamiento forzado de niños y adolescentes debido a que los niños y adolescentes que viven en la pobreza y la desigualdad son más vulnerables a la manipulación y la explotación. El conflicto armado es un factor importante que contribuye al reclutamiento forzado de niños y adolescentes, siendo así que los grupos armados utilizan a los niños y adolescentes como soldados para aumentar su fuerza militar. Igualmente, la discriminación y el poco desarrollo cognitivo en contra los niños y adolescentes, también contribuye al reclutamiento forzado ya que son más vulnerables a la explotación y la violencia.

El reclutamiento forzado de niños y adolescentes se produce en contextos de violencia e inseguridad, como el que se vive en México. Los grupos criminales aprovechan la vulnerabilidad de los niños y adolescentes para reclutarlos, prometiéndoles dinero, protección o una oportunidad para mejorar su vida. Esta situación es preocupante, ya que el reclutamiento forzado de menores es una práctica que vulnera los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. La organización Tejiendo Redes Infancia, que trabaja en la defensa de los derechos de la infancia en México, ha señalado que el reclutamiento forzado es un problema grave que afecta a miles de niños y adolescentes en el país. Según estimaciones de la organización, entre 30 y 35 mil menores de edad son reclutados de forma forzada anualmente por grupos criminales.

Es así, que Juan Martín Pérez Martínez, coordinador regional de la iniciativa Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe y quien fuera director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) hasta 2021, mencionó que reconocer dentro de la institucionalidad del estado mexicano este crimen conlleva forzar a las autoridades a desarrollar política pública e instituciones encargadas de atender esto, que ahora no existen; y permite reconocer el doble rol que viven los niños y adolescentes víctimas de reclutamiento, de que son responsables de hechos delictivos y a veces de crímenes de alto impacto, pero también tienen un rol de víctimas y esto conlleva darles un tratamiento y sanciones teniendo en cuenta como contexto el que son víctimas de reclutamiento; esto considerando que, el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes es un crimen de lesa humanidad y la Corte Penal Internacional tiene procesados a varios ex jefes militares o políticos africanos por esto.

El principio del interés superior de la infancia y la implementación de los estándares internacionales de protección deben servir como principios rectores para garantizar que todo niño, niña y adolescente en México crezca en un entorno seguro y protegido contra cualquier tipo de violencia que pueda atentar contra su bienestar físico, mental y emocional.

Por otro lado, es alarmante considerar que de acuerdo a un estudio realizado y publicado en 2023 en la revista científica estadounidense SCIENCE, el narcotráfico es el quinto empleador más grande en México, ya que recluta alrededor de 350 personas cada semana; es así, que de acuerdo con esta investigación al menos 175 mil personas “trabajan” directamente con el crimen organizado. Considerar la economía del país es un punto clave, dado que los grupos criminales aprovechan la falta de oportunidades, la exclusión social, la pobreza y la violencia familiar para atraerlos con promesas de dinero fácil o protección, por lo que los niños que han crecido en entornos peligrosos tienen una mayor probabilidad de ser reclutados. Es así, que más de la mitad de las niñas, niños y adolescentes, quienes son menores de 18 años en México viven en situación de pobreza con altos índices de carencias como el acceso a la seguridad social, de acuerdo con el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2022, que realiza el Coneval cada dos años. De acuerdo con este informe, el 50.3 por ciento de esta población se encontraba en situación de pobreza en 2018, y para 2020 subió a 52.6 por ciento de esta población estimada en 37 millones de personas, lo que representa el 29.2 por ciento de la población total.

Referente al reclutamiento forzado en menores, y con base en esta publicación, es vital considerar que se estima que alrededor de 250 mil niñas, niños y adolescentes se encuentran en riesgo de ser reclutados y utilizados por grupos delictivos; lo que a su vez también se refleja en las graves consecuencias psicológicas en los menores de edad, quienes son expuestos a situaciones traumáticas y violentas desde una edad temprana, perdiendo toda posibilidad de tener una infancia normal y un sano desarrollo. Se debe considerar que a pesar de la existencia del reclutamiento forzado donde no hay opción para los niños, y son robados o son vendidos por sus padres a la delincuencia organizada y las fuerzas armadas, también influyen los factores de riesgo en los que se desarrollan estos menores de edad, por ejemplo, el hambre, violencia extrema en casa, sin posibilidades de ir a la escuela u otras situaciones de marginación.

La narcocultura ha tenido un impacto negativo en la sociedad mexicana. Ha contribuido a la glorificación del narcotráfico, y ha hecho que sea más difícil combatir este problema.

La narcocultura también ha contribuido a la normalización de la violencia y la corrupción en México a través de la normalización de esta, reflejada en la música, cine, series de televisión y publicaciones.

Se presenta el cuadro con las modificaciones propuestas:

Decreto

Artículo único. Se reforma el párrafo primero del artículo 201 del Código Penal Federal para quedar como sigue:

Artículo 201.- Comete el delito de corrupción de menores, quien obligue, induzca, facilite, procure, manipule o reclute a una o varias personas menores de 18 años o una o varias personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o una o varias personas que no tienen capacidad para resistirlo a realizar cualquiera de los siguientes actos:

a) a f). ...

...

...

...

...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de marzo de 2025.

Diputado José Guillermo Anaya Llamas (rúbrica)