Gaceta Parlamentaria, año XXVIII, número 6733-III-2, martes 4 de marzo de 2025
Con punto de acuerdo, para exhortar al Poder Ejecutivo federal, a través de la Sader, a fortalecer los controles en la importación de ganado bovino procedente de Centroamérica, asegurando que cumplan estrictamente con los requisitos sanitarios establecidos en la normativa mexicana e internacional, a cargo de la diputada María Angélica Granados Trespalacios, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, diputada María Angélica Granados Trespalacios, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracción I, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente punto de acuerdo con base en las siguientes:
Consideraciones
La ganadería es un pilar fundamental de la economía agropecuaria y de México en su conjunto. No solo es una fuente de alimento esencial, sino que también genera empleo e ingresos para miles de familias, especialmente en estados con una fuerte tradición ganadera como Chihuahua, Sonora, Jalisco, Nuevo León, Veracruz y Tamaulipas. La producción ganadera no solo aporta proteínas de alto valor biológico a la población, sino que también desempeña un papel estratégico en la seguridad alimentaria y en el comercio exterior del país.
En términos económicos, la ganadería mexicana ha consolidado su posición a nivel internacional. Tan solo en 2022, el sector pecuario representó más del 38 por ciento del valor total de la producción agropecuaria y pesquera del país, con un valor superior a los 587 mil millones de pesos. México se posiciona como el décimo productor mundial de productos ganaderos y es un exportador clave de carne de bovino, porcino y ganado en pie, consolidando su presencia en mercados estratégicos como Estados Unidos, nuestro principal socio comercial.
Sin embargo, este sector enfrenta una amenaza creciente debido al ingreso ilegal de ganado bovino procedente de Centroamérica, el cual cruza la frontera sin cumplir con los controles sanitarios y legales establecidos. Se estima que anualmente entre 800 mil y un millón de cabezas de ganado ingresan de manera irregular por la frontera sur del país, sin la certificación del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).
Este fenómeno compromete gravemente la sanidad del hato ganadero nacional y afecta directamente a los pequeños y medianos productores, quienes deben competir en condiciones desiguales frente a grandes empresas que se benefician de esta práctica para reducir costos.
La introducción de ganado sin los debidos controles sanitarios representa un alto riesgo para la sanidad animal y la salud pública. Enfermedades como la brucelosis y la tuberculosis bovina pueden proliferar sin un monitoreo adecuado, poniendo en peligro tanto a los animales como a los consumidores. Ejemplo de ello es el reciente hallazgo del gusano barrenador del ganado en el estado de Chiapas, un problema que México había erradicado hace décadas y cuya reaparición podría traer consecuencias devastadoras si no se atiende con prontitud.
Además, la pérdida del estatus sanitario de México afectaría la exportación de productos cárnicos. Esto es particularmente preocupante considerando que el pasado 25 de noviembre, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) suspendió temporalmente las exportaciones de ganado en pie procedente de Chihuahua, Sonora, Coahuila y Durango.
Esta medida interrumpió el envío de aproximadamente 167 mil cabezas de ganado con un valor estimado de 160.7 millones de dólares, afectando severamente a los productores nacionales.
El tráfico ilegal de ganado fomenta una competencia desleal que perjudica a los productores nacionales, en especial a los pequeños y medianos ganaderos. Mientras que los productores mexicanos cumplen con estrictas regulaciones sanitarias y absorben costos elevados de producción, algunas empresas logran reducir sus costos adquiriendo ganado de contrabando, lo que distorsiona el mercado y reduce los precios de venta.
De no controlarse, este problema también podría comprometer el acceso de México a mercados clave. Estados Unidos, principal destino de la carne y ganado mexicano, exige altos estándares sanitarios para permitir las importaciones. La detección de enfermedades en ganado mexicano o la falta de trazabilidad en el hato nacional podría llevar a restricciones comerciales más severas, impactando negativamente a la industria ganadera del país.
El ingreso ilegal de ganado no podría sostenerse sin la existencia de redes de corrupción y deficiencias en la regulación. Diversas investigaciones han señalado que funcionarios de asociaciones ganaderas locales, así como del propio Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (Siniiga), han participado en la venta ilícita de aretes de identificación, lo que impide la correcta trazabilidad del ganado e incentiva la ilegalidad.
Además, los trámites burocráticos y costos elevados para la importación legal de animales han propiciado que muchos productores busquen alternativas en el mercado negro. En 2019, México y Guatemala firmaron un memorándum de entendimiento para regular la importación de ganado, pero su implementación ha sido ineficaz. Gran parte del ganado que ingresa ilegalmente carece de los aretes electrónicos requeridos, lo que evidencia fallas graves en los mecanismos de control.
La frontera sur, particularmente en zonas como Benemérito de las Américas, Chiapas, se ha convertido en un punto crítico para el contrabando de ganado. Lanchas cargadas con bovinos cruzan el río Usumacinta sin ningún tipo de inspección, exponiendo la falta de vigilancia efectiva por parte de las autoridades. Esta situación ha sido denunciada reiteradamente por las uniones ganaderas estatales, sin que hasta el momento se hayan implementado medidas contundentes para frenar el problema.
Chihuahua es un estado líder en la producción y exportación de ganado bovino, reconocido por sus altos estándares sanitarios y de trazabilidad. Sin embargo, el tráfico ilegal de ganado pone en riesgo esta posición. De acuerdo con la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, más de 700 mil cabezas de ganado ingresan ilegalmente cada año, beneficiando a unas cuantas empresas que se aprovechan de la falta de regulación efectiva.
La ganadería bovina en Sonora es una actividad económica de gran relevancia, no solo por su volumen de producción, sino también por su impacto en el comercio exterior y la generación de empleo. Durante el ciclo ganadero 2022-2023, Sonora exportó 271,126 cabezas de ganado a Estados Unidos, representando el 30 por ciento del total nacional y posicionándose como el segundo mayor exportador del país.
La actividad ganadera en Sonora también es un pilar en la generación de empleo y desarrollo económico regional. De las personas que laboran en el sector primario en el estado, el 15.7 por ciento se dedican a la ganadería. Esta actividad tiene una larga tradición en la región, remontándose a mediados del Siglo XVI, y continúa siendo una fuente significativa de ingresos y empleo en las zonas rurales. Recientemente, la exportación de ganado sonorense a Estados Unidos se ha visto afectada por la detección del gusano barrenador en algunas regiones de México, lo que llevó a la suspensión temporal de las importaciones por parte de las autoridades estadounidenses.
Por otro lado, Tamaulipas destaca en la producción de carne de bovino, especialmente en municipios como Jiménez, Soto La Marina, González, Aldama, Victoria y Altamira. Además, la producción porcina es relevante en localidades como Río Bravo, Reynosa, Valle Hermoso, Güémez, Victoria, González y Altamira.
En Jalisco, la ganadería es un pilar fundamental de la economía rural. El estado se posiciona como uno de los principales productores de leche a nivel nacional, contribuyendo significativamente al abastecimiento de productos lácteos en el país. Nuevo León, por su parte, tiene una participación destacada en la engorda de ganado bovino, representando el 7.5 por ciento de las existencias nacionales en esta categoría. Veracruz lidera en la producción de ganado bovino de engorda, concentrando el 14.8 por ciento del inventario nacional, lo que lo convierte en un actor clave en la industria cárnica de México.
Los ganaderos chihuahuenses han manifestado en múltiples ocasiones su preocupación por el impacto negativo que tiene esta situación en el mercado interno y en la relación comercial con Estados Unidos. La reciente suspensión de exportaciones por parte del USDA demuestra la fragilidad del sector ante problemas de sanidad animal y la necesidad de fortalecer las regulaciones para evitar futuras sanciones que afecten a miles de productores.
El ingreso ilegal de ganado no solo afecta a Chihuahua, sino también a estados clave en la producción ganadera como Sonora, Tamaulipas, Jalisco, Nuevo León y Veracruz. La falta de control en la frontera sur amenaza la sanidad animal en estas regiones, poniendo en riesgo su capacidad de exportación y la estabilidad de miles de productores que cumplen con las regulaciones sanitarias.
Ganaderos de estos estados han manifestado su preocupación por las pérdidas económicas y el impacto en la competitividad del sector, exigiendo a las autoridades mayores esfuerzos para combatir el contrabando y garantizar condiciones equitativas. Es nuestra responsabilidad atender esta problemática y fortalecer las medidas de protección para quienes dependen de esta actividad fundamental para la economía nacional.
Por ello, es fundamental que las autoridades estatales, en coordinación con los productores y especialistas en sanidad animal, refuercen las medidas de control y sanidad para proteger el hato ganadero.
Solo a través de una regulación efectiva, el combate al contrabando y el cumplimiento de los estándares internacionales, podremos garantizar la competitividad de nuestros productores, la seguridad alimentaria del país y la estabilidad de uno de los sectores más importantes de nuestra economía.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, al Poder Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, adopte las siguientes acciones:
1. Fortalecer los controles en la importación de ganado bovino procedente de Centroamérica, asegurando que cumplan estrictamente con los requisitos sanitarios establecidos en la normativa mexicana e internacional.
2. Implementar acciones inmediatas para vigilar y asegurar las fronteras del país, con el apoyo de la Guardia Nacional, con el objetivo de prevenir y sancionar el ingreso ilegal de ganado bovino en territorio mexicano.
3. Establecer un plan de coordinación con los gobiernos de los estados y los ganaderos locales para asegurar la reactivación total de las exportaciones de ganado a Estados Unidos, garantizando que los productores puedan continuar con su actividad económica sin restricciones innecesarias.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de febrero del 2025.
Diputada María Angélica Granados Trespalacios (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Bienestar a cumplir con sus obligaciones referentes al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, y a la ASF a implementar una auditoría a dicha secretaría, en su carácter de coordinadora de los recursos públicos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para el ejercicio fiscal pasado, suscrita por los diputados Claudia Quiñones Garrido, Éctor Jaime Ramírez Barba y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
Quien suscribe, la diputada Claudia Quiñones Garrido y el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, junto con las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
I. Gasto federalizado
1. El Gasto federalizado son aquellos recursos que el poder ejecutivo federal transfiere a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, a través de:
a) Participaciones federales;
b) Aportaciones federales;
c) Subsidios; y,
d) Convenios de reasignación.
II. Aportaciones federales
1. El 29 de diciembre de 1997, se publicó el decreto que reforma y adiciona la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) que dio origen a las aportaciones federales incorporadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) a partir del ejercicio fiscal 1998.
2. Las aportaciones federales se definen como los recursos que se han descentralizado a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México (no pierden su naturaleza federal) y que forman parte del gasto programable, es decir, tienen un destino específico condicionado (recursos etiquetados).
Actualmente las aportaciones federales se clasifican en 8 fondos, entre ellos, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).
III. Fondo de aportaciones para la infraestructura social
1. Conforme a los artículos 25, fracción III y 33 de la LCF, el FAIS es uno de los ocho fondos de aportaciones federales y tiene por objeto, el financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a:
a) Población en pobreza extrema;
b) Localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social (LGDS); y,
c) En las zonas de atención prioritaria.
2. Conforme al inciso A del artículo 33 de la LCF, el FAIS se destina a dos rubros: el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fismun) y el Fondo para la Infraestructura Social de las Entidades (FISE).
IV. Distribución del fondo de aportaciones para la infraestructura social
1. Conforme al artículo 32 de la LCF, el FAIS se determina anualmente en el PEF con recursos federales por un monto equivalente, solo para efectos de referencia, al 2.5294 por ciento de la recaudación federal participable (RFP) a que se refiere el artículo 2 de la LCF, según estimación que de la misma se realice en el propio presupuesto, con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para ese ejercicio. Del total de la recaudación federal participable el 0.3066 por ciento corresponderá al FISE y el 2.2228 por ciento al Fismun.
Asimismo, establece que el FAIS, se enterará mensualmente en los primeros diez meses del año por partes iguales a las entidades federativas por conducto de la Federación y, a los municipios a través de las entidades federativas.
Lo anterior tendrá que realizarse de manera ágil y directa, sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo las de carácter administrativo, que las correspondientes a los fines que se establecen en el artículo 33 de la LCF.
2. En relación con lo anterior, el artículo 48, párrafo quinto de la LCF, establece que las entidades federativas enterarán al ente ejecutor local del gasto, el presupuesto que le corresponda en un máximo de cinco días hábiles, una vez recibida la ministración correspondiente del FAIS.
3. Conforme al artículo 49, párrafos primero y segundo, en relación con el párrafo primero del artículo 25 de la LCF, los fondos de aportaciones federales, incluido el FAIS, en ningún caso podrán destinarse a fines distintos a los expresamente previstos en dicha ley, y su gasto estará condicionado a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación se establece.
4. Conforme al artículo 34 de la LCF, el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Bienestar, distribuirá el FAIS entre las entidades, conforme a la fórmula que prevé dicho artículo.
En ese sentido, para efectos de la formulación anual del proyecto de PEF, el Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Bienestar, publicará a más tardar el 15 de agosto de cada año, en el Diario Oficial de la Federación las variables y fuentes de información para el cálculo de esta fórmula y dará a conocer los porcentajes de participación que se asignará a cada entidad.
En ese sentido, el 15 de agosto de 2024, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “acuerdo por el que se dan a conocer las variables y fuentes de información para el cálculo de la fórmula del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, y los porcentajes de participación que se asignará a cada entidad federativa, para efectos de la formulación anual del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2025”.1
5. Conforme al artículo 35 de la LCF, las entidades distribuirán entre los municipios y las demarcaciones territoriales los recursos del Fismun, con una fórmula igual a la señalada en el artículo 34 de dicha ley, que enfatice el carácter redistributivo de estas aportaciones hacia aquellos municipios y demarcaciones territoriales con mayor magnitud y profundidad de pobreza extrema.
Para ello, utilizarán la información de pobreza extrema más reciente a nivel municipal y de las demarcaciones territoriales, a que se refiere el artículo anterior, publicada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
Ahora bien, con el objeto de apoyar a las entidades en la aplicación de sus fórmulas, la Secretaría de Bienestar publicará en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar en los primeros diez días del ejercicio fiscal de que se trate, las variables y fuentes de información disponibles a nivel municipal y de las demarcaciones territoriales para cada entidad.
En ese sentido, 27 días después, es decir, el 05 de febrero de 2025, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “acuerdo por el que se dan a conocer las variables y fuentes de información para apoyar a las entidades federativas en la aplicación de la fórmula de distribución del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, así como a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, para el ejercicio fiscal 2025”.2
6. Conforme al artículo 35 de la LCF, las entidades, con base en lo previsto en los párrafos anteriores y previo convenio con la Secretaría de Bienestar, calcularán las distribuciones del Fismun correspondientes a sus municipios y demarcaciones territoriales, debiendo publicarlas en sus respectivos órganos oficiales de difusión, a más tardar el 31 de enero del ejercicio fiscal aplicable, así como la fórmula y su respectiva metodología, justificando cada elemento.
Dichos convenios deberán ser remitidos por las entidades federativas, a más tardar el 25 de enero del ejercicio fiscal de que se trate, a la Secretaría de Bienestar, con el fin de que dicha Secretaría publique las distribuciones convenidas en su página oficial de Internet a más tardar el 31 de enero de dicho ejercicio fiscal.
Dicha situación no ha sucedido, en virtud que las entidades federativas no contaban con las variables y fuentes de información para la distribución, así como con el formato de convenio autorizado por la Secretaría de Bienestar.
7. Finalmente, el 19 de febrero de 2024, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se emiten los lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social”, mismos que se encuentran vigentes hoy en día.
En el numeral 1.3, titulado “Definiciones”, se establece que la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS), es la “Plataforma digital diseñada por Bienestar, a través de la cual los gobiernos locales y de las entidades federativas realizan la planeación de obras y acciones a financiarse con recursos del FAIS, gastos indirectos y PRODIM, así como el seguimiento de Participación Social y Cédulas de Verificación y Seguimiento de Obra”.
Al día de hoy, la MIDS continúa cerrada, impidiendo que los gobiernos de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, puedan realizar la captura de la planeación de proyectos de obras y acciones.
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, someto a consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados, exhorta a la titular de la Secretaría de Bienestar del gobierno federal a cumplir con sus obligaciones referentes al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.
Segundo. La Cámara de Diputados, exhorta a la titular de la Secretaría de Bienestar del gobierno federal haga del conocimiento público por medio de su página oficial de internet, las razones por las que no se firmó en tiempo y forma el “convenio para acordar la metodología, fuentes de información, mecanismos de distribución del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y acciones para la planeación, operación y seguimiento de Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social” con las 32 entidades federativas.
Tercero. La Cámara de Diputados, exhorta a la titular de la Secretaría de Bienestar del gobierno federal haga del conocimiento de la ciudadanía las razones por las que no se ha publicado en su página oficial de internet, las distribuciones convenidas con las 32 entidades federativas.
Cuarto. La Cámara de Diputados, exhorta a la titular de la Secretaría de Bienestar del gobierno federal que aperture la plataforma de planeación y seguimiento del FAIS, con el objetivo de permitir a los gobiernos de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, puedan realizar la captura de la planeación de proyectos de obras y acciones.
Quinto. La Cámara de Diputados, exhorta a la titular de la Secretaría de Bienestar del gobierno federal y a los titulares del Poder Ejecutivo de las 32 entidades federativas, a convenir la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, de conformidad con los artículos 32, 33, 34, 35, 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal.
Sexto. La Cámara de Diputados, exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del gobierno federal, para que, en la ministración de los recursos correspondientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, se apegue a lo establecido en los artículos 32, 33, 34, 35, 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal.
Séptimo. La Cámara de Diputados, exhorta al titular de la Auditoría Superior de la Federación, para que, sin perjuicio de su autonomía técnica y de gestión, programe e implemente una auditoría en la modalidad y enfoque que se consideren pertinentes, a la Secretaría de Bienestar, en su carácter de coordinadora de los recursos públicos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para el ejercicio fiscal 2025, en los siguientes términos:
a) Distribución de los recursos en sus dos componentes: Fondo de Infraestructura Social Estatal y Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.
b) Seguimiento y supervisión de la adecuada planeación y ejecución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.
c) Evaluación del Desempeño sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.
d) Elaboración, ejercicio y seguimiento de los Convenios del Programa de Desarrollo Institucional Municipal.
Notas:
1 DOF. Diario Oficial de la Federación. Acuerdo por el que se dan a conocer las variables y fuentes de información para el cálculo de la fórmula del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, y los porcentajes de participación que se asignará a cada entidad federativa, para efectos de la formulación anual del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2025. Disponible en https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5736310&fecha=15/08/ 2024#gsc.tab=0 Consultada: 10 de febrero de 2025.
2 DOF. Diario Oficial de la Federación. ACUERDO por el que se dan a conocer las variables y fuentes de información para apoyar a las entidades federativas en la aplicación de la fórmula de distribución del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, así como a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, para el ejercicio fiscal 2025. Disponible en https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5748440&fecha=05/02/ 2025#gsc.tab=0 Consultada: 10 de febrero de 2025.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2025.
Diputada Claudia Quiñones Garrido (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob, en conjunto con el INM, a implementar los indicadores de gobernanza de la migración y, con ello, evaluar las políticas y estrategias sobre migración en nuestro país, suscrita por la diputada Blanca Leticia Gutiérrez Garza y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, diputada Leticia Gutiérrez Garza, y suscrita por las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I; 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Con el paso del tiempo, los flujos migratorios han aumentado en América Latina debido a los llamados factores de expulsión, que pueden incluir conflictos armados, violencia, persecuciones, desastres naturales, crisis humanitarias y condiciones socioeconómicas precarias o por persecución política. Para ilustrar lo anterior, tenemos a los migrantes venezolanos, desafortunadamente, la crisis económica y política en ese país ha generado una migración forzada de millones de venezolanos que buscan mejores condiciones de vida en otros países de América Latina. En la región Colombia, Brasil, Ecuador, Perú y últimamente México, son los principales destinos de las personas migrantes venezolanos.
Por su parte, los flujos migratorios se caracterizan cada vez más por la irregularidad y las personas migrantes representan uno de los grupos poblacionales más vulnerables, al ser víctimas de estigmatización, discriminación, xenofobia y racismo.
Si bien, una de las metas que plantea la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Objetivo de Desarrollo Sostenible 10.7) es facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas. La migración contribuye al desarrollo y a las economías, ya que las personas migrantes se suman a la oferta de trabajo local, contribuyen al pago de impuestos y envían remesas a sus familias en los países de origen.
En la actualidad, los Estados Unidos siguen siendo el destino principal de los flujos migratorios regionales, no pocas veces irregulares, como en el caso de los cientos de miles de personas que se aventuran a cruzar por el tapón o brecha del Darién y luego prosiguen su camino por Centroamérica y México hasta la frontera norte de ese país.
Las asimetrías económicas a nivel internacional y las desigualdades dentro de los países están en la base de los movimientos migratorios, que se explican tanto por factores de expulsión, como la falta estructural de oportunidades de trabajo decente y las crisis económicas, los desastres ambientales y los efectos del cambio climático, las vicisitudes de las democracias, las crisis humanitarias y las violencias de todo tipo, como por factores de atracción, como las mayores oportunidades de empleo y estudio, así como los mejores salarios, redes migratorias y posibilidades de reunificación familiar.
Se observa un panorama discontinuo, caracterizado por paradojas y marcado por un contexto político que refleja tensiones y contradicciones. Por un lado, hay avances en la gestión migratoria respetuosa de los derechos, con intensos diálogos entre los países, nuevas instituciones, reformas normativas y políticas públicas que fomentan el acceso a la protección social y la lucha contra la discriminación, la xenofobia y el racismo. Por otro, persisten rezagos o se producen retrocesos, se omiten acuerdos y hay dificultades para cumplir con las obligaciones asumidas, con el resultado de la persistencia de vulnerabilidades en el proceso migratorio que afectan a muchas personas migrantes.
Es así como las políticas que promueven la integración, el respeto a los derechos humanos y la migración segura, ordenada y regular coexisten con el endurecimiento de las fronteras, las políticas restrictivas y los discursos de algunos sectores en contra de la migración.
La gran mayoría de los países mantienen sus compromisos con el principal acuerdo migratorio, el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, adoptado en 2018. Ese mismo año se sumó a ese instrumento el Pacto Mundial sobre los Refugiados.
El Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular que se adoptó en Marrakech, Marruecos, el 10 de diciembre de 2018 y del que México es partícipe, es el primer acuerdo intergubernamental, elaborado bajo los auspicios de las Naciones Unidas, que abarca todas las dimensiones de la migración internacional de forma holística y completa.
Este pacto, se basa en la legislación internacional sobre derechos humanos y reafirma el compromiso de los Estados de respetar, proteger y hacer realidad todos los derechos humanos de todos los migrantes.
Los compromisos y acciones del pacto pueden considerarse una guía para que los Estados cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos a la hora de diseñar medidas de gobernanza de la migración para reducir los riesgos y vulnerabilidades a los que se enfrentan los migrantes en las diferentes etapas de la migración y para crear condiciones propicias que permitan a todos los migrantes convertirse en miembros activos de la sociedad. Entre los principales compromisos se encuentran:
• Reforzar la elaboración de políticas basadas en datos y derechos humanos y el discurso público sobre la migración;
• Reducir al mínimo los factores adversos de la migración, incluida la lucha contra la pobreza y la discriminación, y abordar los desplazamientos relacionados con el clima y las catástrofes;
• Garantizar los derechos de los inmigrantes a la información y a la identidad legal;
• Ampliar y diversificar la disponibilidad de vías para una migración segura, ordenada y regular, teniendo en cuenta las necesidades particulares de los migrantes en situación de vulnerabilidad;
• Proteger el derecho al trabajo decente y otros derechos laborales de los inmigrantes;
• Abordar y reducir las vulnerabilidades y las violaciones de los derechos humanos en el contexto de la migración;
• Proteger el derecho a la vida en el contexto de la migración;
• Combatir el contrabando y la trata de personas, protegiendo al mismo tiempo los derechos humanos de las personas que han sido objeto de contrabando o trata;
• Respetar los derechos humanos en las fronteras y llevar a cabo un examen, una evaluación y una derivación de los migrantes basados en los derechos humanos;
• Proteger el derecho a la libertad y a no ser detenido arbitrariamente, incluso dando prioridad a las alternativas a la detención de inmigrantes;
• Garantizar el derecho de los inmigrantes a acceder a los servicios básicos, como la sanidad, la educación y el apoyo social, sin discriminación;
• Eliminar la discriminación y luchar contra la incitación al odio y la xenofobia;
• Mantener las prohibiciones de expulsión colectiva y expulsión para todos los migrantes, garantizando que el retorno sea seguro y digno y que la reintegración sea sostenible.
Ahora bien, la migración en sus diferentes tipos, presenta desafíos e impactos humanitarios, sociales, económicos y culturales para las personas migrantes como para los gobiernos de los países de origen, de tránsito como de destino. Por ejemplo, en los países de origen los impactos pueden ser: aumento de las remesas, es decir, del dinero que reciben las familias y las comunidades, transferencia de conocimiento a partir del vínculo con otros países, disminución de la población, especialmente de la población joven y activa, Menor cantidad de aportes a los servicios de seguridad social al reducirse la base de población económicamente activa y calificada, pérdida de capital humano y mano de obra, es decir, de personas con formación y experiencia en el lugar de origen, Consecuencias emocionales y sociales a raíz de la separación de las familias.
Por su parte, en los países de tránsito o destino, entre los impactos presentados son: incremento de la demanda de servicios públicos, como la educación , la salud o la vivienda, Invasión de viviendas o terrenos privados o públicos., Incremento de la economía informal, Incremento de índices delictivos, la prostitución, Incremento en el tráfico y/o consumo de drogas, Aumento de pobreza en la periferia. En consecuencia, estas necesidades sociales generarán costos y gastos, representando en un momento determinado, una carga tributaria a los residentes del lugar destino o de tránsito.
En 2020, en el mundo, el número de personas que vivían fuera de su país de origen alcanzó la cifra más alta registrada en la historia, 281 millones (3,6 por ciento de la población total), en comparación con 173 millones en 2000 (2,8 por ciento) y 221 millones en 2010 (3,2 por ciento). De los 281 millones de migrantes a nivel mundial en 2020, América Latina y el Caribe tenían una población migrante de 43 millones de personas, lo que representa alrededor de un 15 por ciento del total.
Entre 2000 y 2020, América Latina y el Caribe experimentaron el mayor crecimiento relativo (72 por ciento) de la migración intrarregional a nivel mundial. En ese período, varios países pasaron de ser expulsores a ser receptores netos de población, incluido el tránsito, con proporciones inéditas de población migrante.
Latinoamérica y el Caribe están experimentando cambios significativos en sus patrones migratorios. La crisis en Venezuela ha generado el segundo desplazamiento más grande después del de Siria y está recibiendo mucha menos atención y recursos internacionales. Más de 7,7 millones de refugiados y migrantes venezolanos han abandonado su país de origen desde 2018, de los cuales unos 6,5 millones (84 por ciento) están acogidos en países de América Latina y el Caribe, principalmente en Colombia.
En Centroamérica, el flujo de migrantes en tránsito por esa subregión se ha multiplicado casi por tres entre 2022 y 2023, mientras que la estancia media de los migrantes en los países de acogida ha aumentado, lo que ejerce una enorme presión sobre para los servicios públicos.
En el primer trimestre de 2024, el número de eventos de personas en situación migratoria irregular registrados por la autoridad migratoria mexicana, alcanzó 360.146 eventos durante este período. La mayoría de las personas migrantes que ingresan a México, lo hacen con la intención de llegar a la frontera con Estados Unidos. En 2023, se registraron más de 2.5 millones de entradas de migrantes irregulares en la frontera con ese país.
Por su parte, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informó que la migración irregular en México aumentó 62 por ciento en los primeros ocho meses de 2023 comparado con el mismo periodo de 2022. Hasta la última semana de noviembre de 2023 más de 501.297 migrantes han cruzado el tapón del Darién, siendo los venezolanos la nacionalidad predominante con 320.465 ingresos, seguidos por los ecuatorianos con 54.757. Esta cifra supera significativamente los 248.000 ingresos de 2022 y los 133.000 de 2021
Por su parte México, se está convirtiendo paulatinamente en un país de destino de personas migrantes, entre 2000 y 2020, la población de personas migrantes aumentó 123 por ciento. Las siguientes entidades tenían las mayores poblaciones de personas migrantes en 2020: Baja California 13 por ciento, Ciudad de México 9 por ciento, Chihuahua 8 por ciento, Jalisco 8 por ciento y Tamaulipas 6 por ciento.
En el caso particular, los migrantes que viajan por México se ven sujetos frecuentemente a serias violaciones de sus derechos humanos. Los grupos de la delincuencia organizada en México interactúan y victimizan a los migrantes. Estas actividades criminales frecuentemente son de naturaleza predatoria y en muchos casos incluyen violaciones, secuestros o asesinatos. A pesar del marco legal federal diseñado para proteger a los migrantes irregulares en México, las instituciones responsables no han podido prevenir enteramente los crímenes contra migrantes y en ocasiones han participado activamente en su victimización. Es de señalar que, los migrantes se han convertido en una oportunidad de lucro para las redes criminales.
Estas organizaciones no solo obtienen ganancias al facilitar el tráfico de migrantes, sino también mediante esquemas de extorsión y secuestros, lo que ha transformado a la economía migratoria en una de sus principales fuentes de ingreso. Es difícil calcular el alcance de las ganancias provenientes del tráfico de migrantes y las economías criminales asociadas, pero InSight Crime estima que se trata de un negocio multimillonario que se compara con el narcotráfico. Por ejemplo, encontramos que solo en una pequeña localidad en Sonora cercana a la frontera, las redes vinculadas al Cártel de Sinaloa generan más de un millón de dólares al mes.
En este mismo orden de ideas, donde el crimen organizado sea vinculado estrechamente en actos de delincuencia hacia migrantes, tenemos el caso de lo sucedido el pasado 22 de agosto de 2010, cuando se presentó la primera masacre de San Fernando, mejor conocida fuera de México como Masacre de Tamaulipas, aunque en ese estado se han cometido otros asesinatos masivos. El crimen fue cometido por el cartel de Los Zetas entre el 22 y 23 de agosto de 2010 en el ejido de El Huizachal, municipio tamaulipeco de San Fernando.
Las víctimas fueron 72 migrantes de diversos orígenes, durante su tránsito por México con rumbo a los Estados Unidos, por ello este nefasto suceso también ha recibido el nombre de Masacre de los 72, y es uno más en la lista de crímenes no resueltos por el Estado mexicano.
Los 72 ejecutados -58 hombres y 14 mujeres- eran principalmente centro y suramericanos. Se les asesinó por la espalda y sus cuerpos fueron apilados y abandonados a la intemperie, acelerando con ello su proceso de descomposición. El crimen ocurrió a menos de 150 km de la frontera con Estados Unidos.
En otro orden de ideas, el nuevo presidente de los Estados Unidos de América, con el propósito de neutralizar la migración irregular en ese país, ha implementado entre otras acciones: declarar el “estado de emergencia” en la frontera sur con México, y otra para declarar a los carteles del narcotráfico como organizaciones terroristas, pretende restablecer la polémica política de “quédate en México” para acabar con la práctica conocida como de “captura y liberación” llevada a cabo por la anterior administración y enviara tropas para reforzar la seguridad de la frontera con México.
Por su parte el gobierno mexicano, va a implementar las siguientes estrategias: Fortalecimiento de consulados, una aplicación de celular para apoyar a los migrantes, con la que pueden conocer sus derechos en una situación apremiante, planes para que el Instituto Nacional de Migración, su ente de control migratorio, dé celeridad a los procesos de formalización de nacionalidad de quienes lleguen al país sin situación regular, todos los mexicanos deportados tendrán acceso a la vasta red de programas de asistencia que tiene el Estado, Los migrantes van a recibir una “Tarjeta de Bienestar Paisano” con un bono de 2.000 pesos (unos US$100) para cubrir gastos en el traslado al lugar de origen.
También, las personas repatriadas y sus familias se podrán afiliar al Instituto Nacional de Seguridad Social (IMSS), con el que podrán acceder a los cinco seguros que mantiene dicho organismo en materias de salud, riesgos de trabajo, invalidez, retiro por edad y guarderías. El programa de protección social mexicano incluye programas en materia de bienestar, educación y agricultura.
Ahora bien, para la correcta ejecución y sobre todo funcionamiento de las políticas migratorias, es importante implementar la denominada “gobernanza migratoria” que es el conjunto de acciones y decisiones que se toman para gestionar la migración de personas, con el objetivo de que sea segura, ordenada y regular.
Los Indicadores de Gobernanza de la Migración (IGM) son una herramienta que ayuda a los gobiernos a evaluar sus políticas migratorias. Los IGM se basan en seis dimensiones de la gobernanza migratoria y se pueden utilizar a nivel nacional y local. En 2020, la OIM México comenzó a implementar los IGM por primera vez a nivel local en el estado de Chihuahua.
Por eso es fundamental garantizar la protección y el respeto de los derechos humanos de los migrantes. Esto implica proporcionar refugio seguro, acceso a servicios básicos, atención médica y apoyo psicosocial.
La cooperación entre los países de origen, tránsito y destino es esencial para abordar los desafíos y las causas subyacentes de la migración. Esto implica el establecimiento de políticas migratorias justas y efectivas, así como la colaboración en el desarrollo económico y la promoción de la paz y la estabilidad en los países de origen. Un desarrollo económico global inclusivo garantizará que la migración forzada por motivos económicos o políticos sea una realidad mucho menos común.
La migración es un fenómeno complejo que requiere una respuesta integral y solidaria. Comprender las causas y las consecuencias de la migración nos ayuda a adoptar enfoques más efectivos y completos para abordar los desafíos que actualmente enfrentan los migrantes. Al garantizar la protección de los derechos humanos, promover la integración y la inclusión, y trabajar en cooperación a nivel internacional, podemos ayudar a los migrantes a encontrar seguridad, oportunidades y una vida mejor.
Por lo anteriormente expuesto, una servidora junto con las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Gobernación para que, en conjunto con el Instituto Nacional de Migración, implementen los Indicadores de Gobernanza de la Migración (IGM) y con ello evaluar las políticas y estrategias sobre migración en nuestro país.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, al 5 de febrero de 2025.
Diputada Leticia Gutiérrez Garza (rúbrica)