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Prevenciones

De la Mesa Directiva

Presidentes de Comisiones

Presentes

La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento en el artículo 88, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, emite prevención a efecto de que presenten los dictámenes correspondientes a los asuntos turnados a las comisiones siguientes:

1. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (en materia de pensiones).

Suscrita por la diputada Ariana del Rocío Rejón Lara, PRI.

Turno a la Comisión de Seguridad Social.

Expediente 1990.

Sexta sección.

2. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 5o. de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales.

Suscrita por la diputada Paulina Rubio Fernández y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.

Turno a la Comisión de Cultura y Cinematografía.

Expediente 2011.

Sexta sección.

3. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (en materia de deducción por pago de consultas en el veterinario).

Suscrita por la diputada Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, PRI.

Turno a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Expediente 2012.

Séptima sección.

4. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 79 y 87 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y 3o. de la Ley General de Vida Silvestre (en materia de protección animal).

Suscrita por la diputada Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, PRI.

Turno a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Expediente 2019.

Séptima sección.

5. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 27 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Suscrita por la diputada Paola Michell Longoria López, Moviiento Ciudadano.

Turno a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Expediente 2020.

Primera sección.

6. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta (en materia de estímulo fiscal para el desarrollo del bienestar).

Suscrita por la diputada Paola Michell Longoria López, Movmiento Ciudadano.

Turno a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Expediente 2021.

Segunda sección.

7. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 3o., 162 y 164 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Suscrita por la diputada Fátima Almendra Cruz Peláez, PVEM.

Turno a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Expediente 2025.

Sexta sección.

8. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 160 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Suscrita por la diputada Fátima Almendra Cruz Peláez, PVEM.

Turno a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Expediente 2026.

Séptima sección.

Ciudad de México, a 10 de junio de 2025.

Atentamente

Diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna (rúbrica)

Presidente


Iniciativas

Que reforma la fracción III del artículo 151 de la Ley del Seguro Social, para reconocer cotizaciones previas del asegurado fallecido en favor de sus beneficiarios, recibida de la diputada Mirna María de la Luz Rubio Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 4 de junio de 2025

La que suscribe, Mirna María de la Luz Rubio Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma la fracción III del artículo 151 de la Ley del Seguro Social, para reconocer cotizaciones previas del asegurado fallecido en favor de sus beneficiarios.

Exposición de Motivos

La seguridad social constituye uno de los pilares fundamentales del Estado mexicano, concebida no sólo como una prestación de carácter contributivo, sino como un derecho humano reconocido por el orden jurídico nacional e internacional, cuyo objetivo primordial es proteger a las personas trabajadoras y a sus familias ante los riesgos y contingencias inherentes a la vida laboral y personal, tales como la invalidez, vejez, cesantía, enfermedad, maternidad y, especialmente, la muerte, el artículo 123, apartado A, fracción XXIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra expresamente que la seguridad social es de utilidad pública, y que debe organizarse conforme a una legislación que garantice a los trabajadores el acceso a servicios médicos, prestaciones sociales y económicas en los supuestos antes señalados.

A pesar del mandato constitucional y del avance progresivo que ha tenido el sistema mexicano de seguridad social, persiste en el marco normativo una disposición que ha sido objeto de análisis por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al haber generado resultados contrarios a los principios fundamentales del sistema, nos referimos al artículo 151, fracción III, de la Ley del Seguro Social, en virtud del cual, cuando una persona trabajadora reingresa al régimen obligatorio tras haber dejado de cotizar por un periodo superior a seis años, sus cotizaciones previas sólo se le reconocen una vez que haya cotizado al menos cincuenta y dos semanas continuas en su nuevo aseguramiento, esta disposición, si bien responde al principio de sostenibilidad financiera del sistema, no contempla supuestos excepcionales como el fallecimiento del asegurado antes de cumplir dicho requisito, situación que ha dejado a numerosos beneficiarios esposas, esposos, hijas e hijos del asegurado fallecido en estado de indefensión.

L Artículo 151, fracción III, de la Ley del Seguro Social vulnera el derecho fundamental a la seguridad social de las personas beneficiarias de un asegurado fallecido, al no prever la reactivación de derechos en los casos en que el asegurado muere tras su reincorporación, sin haber cotizado las cincuenta y dos semanas requeridas, pese a haber generado con anterioridad suficientes cotizaciones para acceder a una pensión, lo anterior priva injustamente a los beneficiarios de las prerrogativas que la persona trabajadora ya había generado en vida, al haber cumplido en periodos anteriores con los requisitos jurídicos establecidos para acceder a la pensión de viudez, en efecto, no es razonable, ni constitucionalmente aceptable, que el acceso a dicha pensión dependa exclusivamente del cumplimiento de un número de semanas en un nuevo periodo de aseguramiento, cuando ya se había adquirido ese derecho en virtud de cotizaciones pasadas, se debe de considerar que la muerte, como causa de fuerza mayor, no puede operar en perjuicio de quienes, de haber continuado con vida, habrían cumplido sin dificultad el requisito de semanas adicionales, impedir el reconocimiento de derechos en tales circunstancias, es contrario a la utilidad pública del sistema, al principio pro persona consagrado en el artículo 1° constitucional, y a las obligaciones internacionales del Estado mexicano en materia de derechos humanos.

Conviene recordar que el derecho a la seguridad social se encuentra también protegido en el ámbito internacional por diversos instrumentos ratificados por México, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículos 22 y 25),1 el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 9),2 la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículos 1 y 26),3 así como el Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo,4 todos ellos imponen al Estado la obligación de adoptar medidas legislativas y administrativas que garanticen el acceso efectivo a la seguridad social de todas las personas, incluyendo a los beneficiarios de trabajadores fallecidos.

Es importante subrayar que la Segunda Sala de la Suprema Corte estableció la inconstitucionalidad de la aplicación estricta de la fracción III del artículo 151 en estos casos, al considerar que su literalidad desconoce la protección debida a los beneficiarios y vulnera la expectativa legítima generada por las cotizaciones previamente efectuadas por el asegurado, a la luz de esta jurisprudencia con registro digital 20249525 de observancia obligatoria, y ante la necesidad de armonizar la legislación secundaria con los principios constitucionales y convencionales, es imperativo reformar dicho precepto legal para evitar que continúen produciéndose consecuencias jurídicas injustas, desproporcionadas y discriminatorias.

En este sentido, la presente iniciativa propone reformar la fracción III del artículo 151 de la Ley del Seguro Social, a fin de incorporar una excepción que permita reconocer, para efectos de pensión, los periodos de cotización anteriores al reingreso de un trabajador al régimen obligatorio, en los casos en que éste fallezca antes de cumplir las cincuenta y dos semanas requeridas, siempre que en dichos periodos se reunieron los requisitos necesarios para generar el derecho a la pensión de viudez.

Con ello, se pretende restituir el principio de equidad del sistema de seguridad social, garantizando una protección efectiva a las personas beneficiarias del asegurado fallecido, corrigiendo el vacío legal que actualmente genera una exclusión arbitraria, esta iniciativa contribuye también a reforzar la función protectora del Estado en materia social, al tiempo que respeta la viabilidad financiera del sistema, toda vez que no se amplía el universo de beneficiarios ni se otorgan derechos no adquiridos, sino que se reconoce un derecho ya generado en términos anteriores.

En términos presupuestarios, esta reforma no implica un impacto fiscal adicional para el Estado mexicano ni para el Instituto Mexicano del Seguro Social, lo anterior se debe a que no se está ampliando el catálogo de prestaciones, ni creando nuevas obligaciones, ni incorporando beneficiarios que no cumplan con los requisitos legales; simplemente se establece una condición de justicia normativa para que las semanas cotizadas previamente por el trabajador fallecido sean reconocidas en favor de sus beneficiarios. Las pensiones que podrían derivarse de esta reforma se sustentan en derechos previamente adquiridos y en aportaciones ya efectuadas por el asegurado, por lo que no representan una carga económica adicional.

Asimismo, debe destacarse que esta reforma no implica sobre regulación ni genera duplicidad normativa, ya que la figura jurídica que se propone no se encuentra contemplada en ningún otro ordenamiento vigente, no existe dentro del marco Jurídico de la seguridad social una disposición expresa que reconozca la reactivación de derechos en caso de fallecimiento del trabajador durante el periodo de cotización requerido tras un reingreso al régimen obligatorio, por tanto, la modificación al artículo 151, fracción III, de la Ley del Seguro Social no contraviene ni duplica norma alguna, sino que viene a llenar un vacío legislativo perfectamente identificado y declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Finalmente, cabe reiterar que esta reforma es congruente con el principio de progresividad de los derechos sociales, obliga a las autoridades a no adoptar medidas regresivas y promueve un acceso más justo y digno a los beneficios de la seguridad social, la justicia social, núcleo del constitucionalismo mexicano, se ve fortalecida con esta medida, dotando de certeza jurídica a miles de familias mexicanas.

Con el propósito de apreciar de manera más analítica la propuesta, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

Por lo expuesto se somete a consideración de esta soberanía el siguiente

Decreto

Único. Se reforma la fracción III del artículo 151 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Artículo 151. ...

I. y II. ...

III. Si el reingreso ocurre después de seis años de interrupción, las cotizaciones anteriormente cubiertas se le acreditarán al reunir cincuenta y dos semanas reconocidas en su nuevo aseguramiento. En caso de fallecimiento del asegurado antes de completar dicho periodo, y siempre que en los periodos anteriores a la interrupción haya reunido las semanas mínimas de cotización requeridas por esta Ley para generar el derecho a la pensión de viudez, dichas cotizaciones serán reconocidas para efectos exclusivos del otorgamiento de dicha prestación a sus beneficiarios.

IV. ...

En los casos de las fracciones II y III, si el reingreso del asegurado ocurriera antes de expirar el período de conservación de derechos establecido en el artículo anterior, se le reconocerán de inmediato todas sus cotizaciones anteriores.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1. Art.22 y 25 Declaración Universal de los Derechos Humanos
https://www.ohchr.org/sites/default/files/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf

2. Art 9 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
https://www.ohchr.org/sites/default/files/cescr_SP.pdf

3. Art 1 y 26 Convención Americana sobre Derechos Humanos.
https://www.oas,org/dif/esp/1969_Convenci%C3%B3n_Americana_sobre_Derechos_Humanos.pdf

4. Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo.
https://tfca.gob.mx/work/models/TFCA/Resource/493/1/images/convenio102OIT.pdf

5. Jurisprudencia con registro digital 2024952. https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2024952

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de mayo de 2025.

Diputada Mirna Rubio Sánchez (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Seguridad Social. Junio 4 de 2025.)

Que reforma y adiciona la fracción II del artículo 420 Bis del Código Penal Federal, en materia de contaminación de mantos acuíferos, recibida del diputado Alberto Maldonado Chavarín, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 4 de junio de 2025

El que suscribe, Alberto Maldonado Chavarín, diputado del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás ordenamientos aplicables, presenta a consideración de la Comisión Permanente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 420 Bis del Código Penal Federal, en materia de contaminación de mantos acuíferos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Desde 2012, el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho humano al agua:

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.

Esto obliga al Estado a garantizar el acceso al agua potable, priorizando su uso personal y doméstico sobre otros usos como el industrial o agrícola, no sólo el artículo 4o. habla de este derecho, también es parte de tratados internacionales como el Acuerdo Escazú y los objetivos de Desarrollo Sostenible, que promueven el derecho al agua limpia, justicia ambiental y protección de recursos humanos.

Sin embargo, la contaminación del agua representa una de las principales amenazas para el medio ambiente y para la salud. En México, esta problemática se ha intensificado en los últimos años debido al crecimiento urbano desorganizado, la actividad industrial no regulada y la falta de infraestructura para el tratamiento adecuado de aguas residuales. Ríos, lagos y mares están siendo contaminados diariamente por descargas de aguas negras, residuos tóxicos y basura, lo que deteriora la calidad del agua y afecta a millones de personas y seres vivos.

El agua es vital, no solo para el consumo humano, sino también para la agricultura, la industria y la conservación de los ecosistemas. Sin embargo, actualmente no solo ponemos en riesgo nuestra salud, también está en riesgo el acceso a este recurso para las futuras generaciones.

Proteger nuestras fuentes hídricas no es solo una tarea del gobierno, si no un compromiso colectivo que empieza con la educación y concientización.

En Jalisco, la contaminación del agua constituye una de las principales crisis ambientales y de salud pública en el estado. Pese a los esfuerzos gubernamentales por asegurar el abastecimiento hídrico, diversos cuerpos de agua presentan niveles alarmantes de contaminación que afectan tanto a los ecosistemas como a las comunidades locales.

Entre los principales se encuentran:

Río Santiago: Identificado como uno de los ríos más contaminados de México, pues recibe descargas de aguas residuales industriales y municipales sin tratamiento adecuado. Estudios han detectado la presencia de más de mil sustancias químicas, incluyendo compuestos cancerígenos como benceno y metales pesados como plomo y arsénico. Esta situación ha generado graves problemas de salud entre los habitantes de las zonas aledañas, incluyendo enfermedades respiratorias y renales.

Lago de Chapala: Principal fuente de agua para la zona metropolitana de Guadalajara, el lago de Chapala, enfrenta una crisis severa debido al florecimiento de algas nocivos. Estas microalgas producen toxinas que han sido detectadas en el agua potable suministrada a la ciudadanía, sin que se realice un monitoreo o tratamiento adecuado por parte de las autoridades correspondientes.

Infraestructura deficiente: La negligencia en la operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales ha llevado a niveles de toxicidad sin precedentes en diversos cuerpos de agua del estado.

Como sabemos el lago de Chapala es una de las principales fuentes de abastecimiento de agua, y distribuye por lo menos el 60% de agua potable a la población de Guadalajara. El lago puede almacenar un aproximado de 7.897 billones de litros de agua potable para abastecer, esto podría parecer increíble, pero en los últimos años ha pasado por cambios significativos que son importantes resaltar debido a que actualmente se encuentra en crisis debido a una serie de situaciones que disminuyeron su nivel, el primera instancia y como sabemos, México y el mundo entero están atravesando por un cambio climático, generando variabilidad en patrones de precipitación, esto quiere decir que en temporadas en las que sabíamos que llovía y en que cantidades llovía varía mucho debido a estos cambios en el medio ambiente, esto genera sequía y por ende niveles más bajos de agua, sumando altas temperaturas que hacen que el agua se evapore.

Según datos del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), la sobre explotación del agua en esta zona, abastece a más de 15 millones de personas y actividades agrícolas, industriales y urbanas en más de cuatro estados de la república, esto genera una sobre explotación intensa de litros y litros de agua que son exportados a diversos lugares del país.

El crecimiento urbano es factor de riesgo para el buen funcionamiento del lago de Chapala ya que en los últimos 10 años la población paso de un 48 mil habitantes a 56 mil habitantes por km2, el aumento de población no es solo el problema, aquí el verdadero problema es el crecimiento urbano desorganizado, en donde intervienen temas cruciales para el agua debido a que no hay un sistema adecuado para tratar aguas residuales, esto provoca que estas aguas sucias y llenas de contaminantes se descarguen directamente en el lago, eso no es todo, por otro lado también el crecimiento industrial que ha surgido en la región, dejando como resultado no solo la descarga de aguas residuales, sino contaminantes químicos que contaminan el agua.

La alteración del pH del agua, el aumento de contaminantes orgánicos o químicos. y la disminución del oxígeno disuelto provocan la muerte masiva de peces, la desaparición de especies endémicas y la pérdida de hábitats críticos, Chapala alberga especies como el charal o el pez blanco, fundamentales para la ecología y la economía local.

Un resultado aún más alarmante es que la acumulación de aguas estancadas y contaminadas crean condiciones óptimas para la reproducción de mosquitos que contraen dengue, zika y chikunguya, enfermedades directamente ligadas a factores ambientales como la mala calidad del agua, convirtiéndose así mismo en un criadero natural de mosquitos, lo cual representa un riesgo sanitario para las poblaciones cercanas.

Estamos frente a un caso claro de colapso ecológico, inducido por el mismo ser humano debido a la sobreexplotación, el uso agrícola, el crecimiento urbano descontrolado y la contaminación persistente han deteriorado uno de los ecosistemas más importantes del país. el lago que alguna vez albergo a más de 8 millones de metros cúbicos de agua hoy se encuentra apenas a un 44% de su capacidad máxima, no solo estamos perdiendo el agua sino también la calidad de agua, el equilibrio ecológico y la seguridad hídrica para millones de personas que dependemos del agua que se almacena ahí, aun más alarmante la ausencia política que no interviene en necesidades tan importantes como es el agua, nuestro recurso más valioso, no dejemos que sigan abusando y usando de nuestros recursos, es un derecho y más que un derecho es una necesidad básica que necesitamos todos para vivir y sobrevivir, basta de señalar causas y actuemos con responsabilidad y decisión, esta iniciativa aun está a tiempo de frenar un problema muy importante que ya estamos viviendo actualmente como lo es la falta de agua.

En definitiva, la contaminación del agua es un problema grave, que requiere acciones por parte del gobierno, industrias, comunidades y población. Se deben implementar políticas reales y efectivas, que permitan disminuir el grado de afectación y sancionar a actores identificados como los principales responsables.

Por ello pongo a consideración de la Comisión Permanente iniciativa con proyecto de decreto, para quedar como sigue:

Decreto por el que se reforma y adiciona la fracción II del artículo 420 Bis del Código Penal Federal, en materia de contaminación de mantos acuíferos

Decreto por el que se reforma y adiciona la fracción II del artículo 420 Bis del Código Penal Federal, en materia de contaminación de mantos acuíferos

Único: Se reforma y adiciona la fracción II del artículo 420 Bis del Código Penal Federal, en materia de contaminación de mantos acuíferos, para quedar como sigue:

Artículo 420 Bis. Se impondrá pena de dos a diez años de prisión y por el equivalente de trescientos a tres mil días multa, a quien ilícitamente:

I. Dañe, deseque o rellene humedales, manglares, lagunas, esteros o pantanos;

II. Dañe arrecifes; descargue o infiltre aguas residuales, químicos o bioquímicos, desechos o contaminantes en mantos acuíferos;

III. Introduzca o libere en el medio natural, algún ejemplar de flora o fauna exótica que perjudique a un ecosistema, o que dificulte, altere o afecte las especies nativas o migratorias en los ciclos naturales de su reproducción o migración; o

IV. Provoque un incendio en un bosque, selva, vegetación natural o terrenos forestales, que dañe elementos naturales, flora, fauna, los ecosistemas o al ambiente.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Fuentes de consulta

https://files.conagua.gob.mx/lca20/Noticias/5-diagnostic o_lago_chapala_2012-2018.pdf

https://udgtv.blob.core.windows.net/imagenes/uploads/201 8/10/Calidad-del-agua-del-Lago-de-Chapala.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=Mcf68XPKE38

Ciudad de México, a 4 de junio de 2025.

Diputado Alberto Maldonado Chavarín (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Justicia. Junio 4 de 2025.)

Que reforma el artículo 73 de la Ley General de Educación, recibida del diputado Alberto Maldonado Chavarín, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 4 de junio de 2025

El que suscribe, Alberto Maldonado Chavarín, diputado del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, y 179 del Reglamento Para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás ordenamientos aplicables, presenta a consideración de la Comisión Permanente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones al artículo 73 de la Ley General de Educación, en materia de protección en la entrega y recepción de menores de edad en las escuelas del país, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En 2025, la situación de violencia y desapariciones que afecta a niñas, niños y adolescentes en México continúa siendo alarmante, reflejando una crisis estructural de derechos humanos.

Hasta el 14 de marzo de 2025 se habían reportado 112 mil 579 casos de desapariciones de personas menores de 18 años en México. De éstos, 17 mil 349 (aproximadamente 1 de cada 6) permanecen desaparecidos o no localizados.

En el primer trimestre de 2025 se registraron mil 864 nuevos casos de desapariciones de menores, con una proporción de entre 52 y 59 por ciento de las víctimas siendo niñas y adolescentes.

Entre enero y abril de 2025 se reportaron 5 mil 18 casos de desapariciones, lo que representa un aumento de 26 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2024.

La grave problemática de la desaparición de niñas, niños y adolescentes en México, es una situación que genera angustia constante en familiares ante el silencio de las autoridades. Estas desapariciones tienen diversas causas: desde secuestros y sustracciones familiares hasta ausencias voluntarias o engaños. Los menores son especialmente vulnerables a abusos, maltratos y explotación, por lo que es urgente su protección integral.

A pesar de los esfuerzos institucionales, la respuesta sigue siendo insuficiente, y es necesaria una atención inmediata, coordinada y con participación social. Es muy importante garantizar un entorno seguro y con recursos adecuados durante la infancia y adolescencia, etapas clave para el desarrollo físico, mental y emocional de los menores.

La importancia de responder oportunamente a las demandas para proteger los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, depende de las autoridades y también de las personas que se hacen cargo del cuidado de los menores.

La infancia en México enfrenta múltiples violaciones de derechos humanos, muchas veces invisibles en las estadísticas y políticas públicas, como inseguridad, abandono, abuso, violencia sexual y explotación laboral.

La violencia, en las escuelas y fuera de ellas, agrava esta situación.

Factores como la violencia familiar, social e institucional, así como la crisis de inseguridad y el debilitamiento del tejido social, impactan negativamente en el desarrollo infantil.

La violencia en México se ha convertido en un tema central en la agenda pública y gubernamental, reflejada diariamente en los medios a través de noticias sobre crimen organizado, secuestros y violaciones.

Uno de los síntomas más alarmantes de esta crisis es la desaparición de personas, especialmente de niñas, niños y adolescentes, lo que evidencia graves violaciones a los derechos humanos y plantea un enorme reto para el Estado.

En la actualidad, miles de menores asisten diariamente a instituciones educativas donde pasan gran parte del día bajo la responsabilidad del personal docente y administrativo. Sin embargo, la entrega de los menores al finalizar la jornada escolar carece, en muchos casos, de un marco normativo uniforme y estricto que garantice su seguridad plena.

Los recientes y lamentables hechos ocurridos en diversas entidades del país, evidencian las graves fallas en los protocolos de entrega de menores y la urgencia de contar con normas claras que impidan que cualquier persona, sin autorización expresa y legalmente válida, pueda recoger a un menor de edad.

Esta iniciativa propone establecer en la legislación que únicamente las personas previamente autorizadas por el padre, madre, tutor legal o autoridad competente puedan recoger a un menor en cualquier institución educativa pública o privada.

La finalidad de esta propuesta es prevenir delitos como la sustracción de menores, secuestro, violencia familiar o trata de personas, y al mismo tiempo proteger a niñas, niños y adolescentes en contextos de conflicto familiar, custodia o violencia doméstica. También, busca dar certeza jurídica y seguridad tanto a los padres de familia como al personal educativo encargado del resguardo y entrega de los menores.

Es deber del Estado garantizar que las escuelas sean espacios seguros para la niñez. Por ello, se vuelve imperativo legislar en esta materia para uniformar criterios, establecer responsabilidades claras, prevenir omisiones y proteger la integridad física y emocional de los menores.

En virtud de lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, con la convicción de que constituye un paso firme hacia una infancia más segura, protegida y digna.

Decreto

Único. Se reforma el artículo 73 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones al artículo 73 de la Ley General de Educación, en materia de protección en la entrega y recepción de menores de edad en las escuelas del país

Único. Se reforman y adicionan diversas disposiciones al artículo 73 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 73. En la impartición de educación para menores de dieciocho años se tomarán medidas que aseguren al educando la protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad física, psicológica y social sobre la base del respeto a su dignidad y derechos, y que la aplicación de la disciplina escolar sea compatible con su edad, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto se establezcan.

En el caso de los planteles educativos de educación inicial, preescolar y primaria, el personal docente (educadoras, maestras, maestros, asistentes) deberán permanecer en las aulas para entrega y recepción de los menores. En el caso de la entrega de los alumnos, el personal responsable solicitará la identificación correspondiente de la persona autorizada.

Por ningún motivo se entregará al infante a personas menores de edad, así como padres, madres de familia, tutores o familiares en estado inconveniente (alcoholizados o bajo los efectos de alguna sustancia que ponga en peligro la seguridad del menor).

Los docentes y el personal que labora en los planteles de educación deberán estar capacitados para tomar las medidas que aseguren la protección, el cuidado de los educandos y la corresponsabilidad que tienen al estar encargados de su custodia, así como protegerlos contra toda forma de maltrato, violencia, perjuicio, daño, agresión, abuso, trata o explotación sexual o laboral.

En caso de que los docentes, el personal que labora en los planteles educativos, así como las autoridades educativas, tengan conocimiento de la comisión de algún hecho que la ley señale como delito en agravio de los educandos, lo harán del conocimiento inmediato de la autoridad correspondiente.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Fuentes de consulta

Red por los Derechos de la Infancia en México. Fuente actualizada de reportes sobre desapariciones, violencia, y derechos de la niñez (incluye cifras de 2025).

Inegi, Estadísticas sobre violencia, educación y seguridad.

Ciudad de México, a 4 de junio de 2025.

Diputado Alberto Maldonado Chavarín (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Educación. Junio 4 de 2025.)

Que reforma y adiciona el artículo 3o. de la Ley General de Salud, recibida del diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 4 de junio de 2025

Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, diputado integrante de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 3o. de la Ley General de Salud, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El día mundial de la obesidad se conmemora el 4 de marzo de cada año. La obesidad es considerada como una enfermedad multifactorial, por lo que su tratamiento suele tener un enfoque de atención multidisciplinario, toda vez que se puede relacionar con la genética, con trastornos psicológicos, sociales y metabólicos, lo que incrementa el riesgo para desarrollar comorbilidades como lo son hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, neoplastias en mama, endometrio, colon, próstata, enfermedad obstructiva del sueño, entre otros.

Datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2020 indican que, en México, 72.1 por ciento de las personas mayores de 20 años tienen sobrepeso u obesidad (40.6 por ciento con sobrepeso y 31.5 por ciento, obesidad).

La rama médica encargada de la atención de la obesidad es la bariátrica, la cual se enfoca a su tratamiento abarcando tanto la cirugía como el manejo médico y multidisciplinario el cual incluye dietas, ejercicio, terapia conductual y, en algunos casos, medicamentos.

La Norma Oficial Mexicana para el Tratamiento Integral del Sobrepeso y la Obesidad1 contempla una serie de requisitos para las personas que son candidatas a la cirugía bariátrica, señalando que los candidatos a la misma serán aquellos pacientes que durante al menos seis meses han estado bajo un régimen alimenticio de dieta y ejercicios prescritos por un especialista médico o en nutrición y no bajaron de peso.

La presente propuesta pretende fortalecer las acciones para el control de la obesidad y sobrepeso previniendo y, en muchas ocasiones evitando que los pacientes desarrollen enfermedades que representan un porcentaje de atención importante en Instituciones de Salud del Sector Público.

La Organización Mundial de la Salud lleva muchos años reconociendo la necesidad de hacer frente de manera urgente a la crisis mundial de la obesidad.

Los Estados Miembros de la OMS aprobaron las metas mundiales de nutrición establecidas por la Asamblea de la Salud, que tienen como objetivo garantizar que el sobrepeso infantil no aumente, así como la meta relativa a las ENT para detener el aumento de la diabetes y la obesidad para 2025. Reconocieron que se necesitaba una acción mundial acelerada para abordar el problema omnipresente y corrosivo de la doble carga de la malnutrición.

Las consecuencias económicas de la epidemia de obesidad también son importantes. Se calcula que, si no se toman medidas al respecto, los costos a escala mundial del sobrepeso y la obesidad alcanzarán los US$ 3 billones anuales para 2030 y una cifra superior a los US$ 18 billones para 2060.2

En la 75 Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en 2022, los Estados miembros exigieron y adoptaron nuevas recomendaciones para la prevención y la gestión de la obesidad y respaldaron el plan de aceleración de la OMS para la prevención y la gestión de la obesidad. Desde su aprobación, el plan de aceleración ha transformado el entorno político y ha generado el impulso necesario para un cambio sostenible, por medio de una plataforma para transformar, racionalizar y priorizar las políticas, apoyar la puesta en marcha en los países e impulsar el impacto y fortalecer la rendición de cuentas a nivel nacional y mundial.3

Asimismo, la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, en su objetivo 3 denominado “Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades”, establece un objetivo principal en busca de avanzar hacia un futuro sostenible donde todos puedan contar con una vida sana y bienestar, priorizando la prevención, la atención de calidad y el acceso a servicios de salud.

Sin embargo, conforme a lo señalado por la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, durante la conmemoración por el Día Nacional de la Obesidad, no se ha avanzado lo suficiente para alcanzar las metas globales para el año 2030 relacionadas con la nutrición, enfermedades no transmisibles y control de la obesidad establecidas por las Naciones Unidas.

En nuestro país, más de 75 por ciento de las personas mayores de 20 años padece sobrepeso u obesidad, los determinantes sociales inciden en la prolongación de los riesgos; como ejemplo, los entornos y estilos de vida contribuyen a la disminución de la práctica de la actividad física y favorecen el sedentarismo.4

El Instituto Nacional de Salud Pública señala que la obesidad es una enfermedad que se asocia con al menos 13 tipos de cáncer; ocasiona daños a la salud mental y tiene un enorme impacto social y económico.5

En tal sentido, se ha demostrado los diversos beneficios de la atención bariatra, la cual es una rama de la medicina que se especializa en el tratamiento del sobrepeso y la obesidad, entre los que se encuentran pérdida de peso, mejorar el estado de salud general y por lo tanto prevenir las diversas enfermedades que se generan por motivo de la obesidad y sobrepeso.

Muchos son los beneficios que conllevaría en nuestro país el considerar a la medicina bariátrica como preventiva en la atención de los pacientes, pues disminuirían los casos de atención de las enfermedades que sobrevienen de la obesidad o sobrepeso como se ha mencionado a lo largo de la presente exposición de motivos

Por mencionar un ejemplo, según datos proporcionados por el IMSS, se estima que los costos de atención para la diabetes superan 300 millones de dólares al año6 , y conforme a los señalado por el director general de ese Instituto, se trata de una enfermedad que se puede prevenir, pero no se puede curar y que es letal cuando no se atiende bien. Causa de ceguera, insuficiencia renal, infarto de miocardio, accidentes cerebrovasculares y amputaciones de los miembros inferiores.7

En nuestro país la Ley General de Salud establece en su artículo 2o. que el derecho a la protección de la salud tiene varias finalidades, dentro de la que se encuentra la promoción de la salud y la prevención de enfermedades.

En tanto que, dicha ley, en su artículo 3o. señala las materias que son de atención de salubridad, las cuales están orientadas a acciones, servicios y políticas que el Estado implementa para proteger, promover y restaurar la salud de la población, especialmente en temas de salud pública y control de enfermedades. Conforme a lo anterior expuesto, es de considerar que la prevención de enfermedades mediante la medicina bariátrica debe de incluirse como parte del esquema de prevención porque aborda de manera integral el sobrepeso y la obesidad como un problema de salud pública creciente y que son condiciones que afectan la calidad de vida y aumentan el riesgo de enfermedades graves.

Incluyendo la salud y atención bariatra como materia de salubridad general, se podrá sentar las bases para que Instituciones de Salud del Sector Público, sector que incluye instituciones de seguridad social como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), además de hospitales y centros de salud gestionados por la Secretaría de Salud, atiendan de manera oportuna a los pacientes cuya situación de salud esta mermada debido al padecimiento del sobrepeso y obesidad. De esta forma se podrá mejorar de la calidad de vida de los pacientes que, al bajar de peso mejoran su movilidad, autoestima, salud mental y energía diaria, y por consecuente una reducción de costos en salud toda vez que el manejo eficaz de la obesidad puede disminuir la necesidad de medicamentos, hospitalizaciones y tratamientos a largo plazo.

Cabe señalar que la atención bariatra se lleva a cabo mediante las cirugías bariátricas que son procedimientos que contribuyen a una pérdida gradual y saludable en personas con exceso de peso, entre las cuales se destacan la manga gástrica y el bypass gástrico como las más comunes, y se llevan a cabo se llevan a cabo mediante laparoscopía, una técnica de mínima invasión que utiliza microinstrumentos y cámaras de video para efectuar pequeñas incisiones en el cuerpo, lo que promueve una recuperación más rápida, menos complicaciones, menor dolor y un retorno acelerado a las actividades cotidianas.8

Con el propósito de apreciar de manera más analítica la propuesta, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por la que se reforma y adiciona el artículo 3o. de la LEY GENERAL de SALUD.

Único. - Se reforma y adiciona la fracción XII y se adiciona la fracción IV Bis 4 del artículo 3o. de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 3o.- En los términos de esta ley, es materia de salubridad general:

I a IV Bis 3. ...

IV Bis 4. Salud bariátrica;

V a XI. ...

XII. La atención bariátrica, la prevención, orientación, control y vigilancia en materia de nutrición, sobrepeso, obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria, enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares y aquellas atribuibles al tabaquismo;

XIII. a XXVIII. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. A partir de la entrada en vigor del presente decreto, las instituciones de salud del sector público contaran con 180 días, para emitir las disposiciones reglamentarias necesarias para incluir en su esquema de prevención y atención a la medicina bariatra.

Notas

1 Disponible en https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5523105&fecha=18/05/ 2018#gsc.tab=0

2 Okunogbe et al., “Economic Impacts of Overweight and Obesity.” 2ª edición con estimaciones para 161 países. Federación Mundial de la Obesidad, 2022.

3 Disponible en https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA75/A75_10Add6-sp.pdf

4 Para su consulta en: https://www.gob.mx/salud/prensa/097-imperativo-fomentar-conciencia-sobr e-los-danos-del-sobrepeso-y-la-obesidad-secretaria-de-salud

5 Disponible en: https://www.gob.mx/profeco/documentos/obesidad-y-sobrepeso-menos-kilos- mas-vida

6 Disponible en: https://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/profesionalesSalud/investigac ionSalud/historico/programas/04-pai-dm-complicaciones-cronicas.pdf

7 Para su consulta en: https://www.gob.mx/imss/articulos/cuanto-cuesta-la-diabetes-que-hicimos-zoe-robledo#
:~:text=Para%202022%2C%20el%2010.5%25%20de,actuales%20la%20ubican%20en%2022.1%25.

8 Disponible en: articulos-medicos/cirugia-bariatrica-el-impacto-y-el-tratamiento-de-la- obesidad/

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 4 de junio de 2025.

Diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Salud. Junio 4 de 2025.)

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en materia de radio comunitaria, indígena y afromexicana, recibida de la diputada María Fabiola Karina Pérez Popoca, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 4 de junio de 2025

La que suscribe, diputada María Fabiola Karina Pérez Popoca, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VII del artículo 89, se adiciona una fracción XVI al artículo 226 y se reforma el artículo 250 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en materia de radio comunitaria, indígena y afromexicana, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

“La radio comunitaria le dará poder al pensamiento y a la palabra del pueblo”.

Erik Coyotl

La suscrita, como fundadora de la primera radio comunitaria en Tlaxcalancingo , Puebla, mejor conocida como Cholollan , conozco en primera persona los retos y las dificultades que trae consigo la búsqueda de oportunidades de que las comunidades indígenas y afromexicanas participemos en la construcción de leyes inclusivas.

Por eso hoy, en mi carácter de legisladora federal y activista de la comunicación comunitaria, indígena y afromexicana, he tenido la oportunidad de escuchar diversas voces (como la como las Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad, AC,) que han compartido y coincidido conmigo en las preocupaciones de la radio comunitaria, indígena y afromexicana, así como diversas sugerencias a ras de territorio que me han externado la importancia de la radio comunitaria.

1) Antecedentes

La primera noticia que se tiene de las radios comunitarias surge en Bolivia. En 1944, con el fin de mejorar la comunicación entre ellos y para transmitir sus ideas en su idioma original (quechua) además del español, un grupo de mineros bolivianos invirtieron parte de su poco salario para constituir una radio propia. Los trabajadores no tenían experiencia radiofónica y sus transmisiones eran de corto alcance; sin embargo, con la estrategia de micrófono abierto, los mineros y los habitantes de los alrededores de las minas pudieron cumplir su propósito de libre expresión. Su labor no se quedó únicamente en sus lugares de trabajo ni en los sindicatos, avanzó a las escuelas, iglesias, incluso a los hogares; por lo cual, en poco tiempo se las denominó radios de pueblo. A finales de la década de los 50, se conformó una red de radios populares conformada por 33 emisoras, que era el gran medio de la “vox populi” indígena.1

Los inicios de la radio comunitaria en México se remontan a la década de los sesenta, en un contexto global marcado por la revolución cultural y la búsqueda de nuevos espacios de comunicación. Aunque las primeras emisiones de radio en el país datan de los años veinte, fue hasta los años setenta que se comenzaron a gestar las primeras iniciativas de radio comunitaria. Estas emisiones eran realizadas por grupos organizados de comunidades indígenas, campesinas y urbanas, quienes buscaban dar voz a sus realidades y problemáticas.2

Una de las primeras experiencias de radio comunitaria se dio en el estado de Guerrero, con la creación de la emisora “La Voz de la Costa Chica”, que se enfocaba en difundir la cultura y las tradiciones de las comunidades afrodescendientes de la región. Esta emisora se convirtió en un referente para otras iniciativas que surgieron en el país, marcando el camino para la creación de espacios de comunicación que fueran gestionados por las propias comunidades.3

La década de los setenta fue un periodo crucial para la historia de México, marcado por movimientos sociales y una creciente demanda de democratización. La represión política, especialmente durante el gobierno de Luis Echeverría, llevó a muchos sectores de la sociedad a buscar alternativas de comunicación que les permitieran expresar sus demandas y visibilizar sus luchas. En este contexto, la radio comunitaria comenzó a consolidarse como un medio de resistencia y autoexpresión.4

2) Conceptualización y características de la radio comunitaria

Los medios comunitarios o medios de comunicación sin ánimo de lucro son aquellos cuya función principal consiste en hacer un servicio y promover el desarrollo de su comunidad. En esta definición se suelen encuadrar las radios y televisiones comunitarias, pero también cualquier otro medio de comunicación que cumpla estas características, como periódicos o páginas web. Podríamos señalar algunas características comunes en estos medios:5

- Son actores privados que tienen una finalidad social.

- Son gestionados por organizaciones sociales de diverso tipo.

- Están orientados a satisfacer las necesidades de comunicación y a habilitar el ejercicio del derecho a la comunicación y a la información y libertad de expresión de las personas integrantes de comunidades determinadas, sean éstas territoriales, etnolingüísticas o de intereses, ante las cuales son responsables.

- Están abiertos a la participación lo más amplia posible respecto la propiedad del medio y el acceso a la emisión, así como a las diversas decisiones de programación, administración, operación, financiamiento y evaluación, por parte de la comunidad a la que sirven.

- No deben tener fines de lucro.

- No deben realizar proselitismo religioso ni político.

- Deben defender la democracia y respetar la pluralidad de opiniones

- Deben permitir expresarse a los que no tienen voz, servir de portavoz de los oprimidos (se trate de una opresión racista, sexista o de clase social) y, en general, de ofrecer una herramienta para el desarrollo. abierta a la necesidad de expresión de los sectores sociales y culturales con menor posibilidad de acceso a los medios con fines exclusivamente comerciales o públicos.

- Más que hacer algo por la comunidad, deben dar una oportunidad a la comunidad para que haga algo por ella misma, como por ejemplo, poseer el control de su propio medio de comunicación.

- Deben tener un estatus asociativo, un funcionamiento democrático y una financiación coherente con el hecho de no tener fines lucrativos.

En general la radio comunitaria evita que se pierdan los valores y la diversidad cultural del entorno social.

López Vigil, importante teórico, especialista y gestor del movimiento de radios comunitarias registró cuatro objetivos estratégicos de este tipo de medios:6

Contribuir al desarrollo. En este objetivo comprende a la comunicación y su papel en la sociedad como un espacio de diálogo, interacción entre sujetos y no como una labor meramente técnica o de difusión y efecto que aporta a los proyectos de desarrollo, rescatando el protagonismo de los ciudadanos desde el análisis de sus factores culturales (costumbres, prejuicios, estados de ánimo, voluntades, sensibilidades, etcétera), ampliar la democracia, defender los derechos humanos y proteger la diversidad cultural.

3) Radio comunitaria indígena y afromexicana en el Gobierno de México

Ecos Indígenas. La Voz de la Diversidad es un proyecto que busca difundir la diversidad cultural de México a través de internet. Ecos Indígenas aglutina el trabajo de 23 emisoras que integran el Sistema de Radiodifusoras Culturales Indígenas. Estas emisoras transmiten en Amplitud Modulada (AM) y Frecuencia Modulada (FM); están ubicadas en diversas regiones de México. Cada una de ellas transmite en las lenguas mayoritarias de su área de cobertura y, además, recoge las expresiones culturales, musicales y artísticas de los pueblos indígenas y afromexicano.7

El trabajo del Sistema de Radiodifusoras Culturales Indígenas ha generado un importante arraigo en cientos de comunidades, estableciéndose como un modelo de comunicación diferente, frente a la radio universitaria y comercial. Hoy, Ecos Indígenas se convierte en una radio eminentemente intercultural e integra en su programación el enorme acervo musical y cultural que este Sistema ha ido construyendo por más de cuatro décadas.

4) Fundamento legal

El artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su apartado C, reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera que sea su autodenominación, como parte de la composición pluricultural de la Nación, así como su libre determinación que se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. Los pueblos y comunidades afromexicanas se integran por descendientes de personas originarias de poblaciones del continente africano trasladadas y asentadas en el territorio nacional desde la época colonial, con formas propias de organización social, económica, política y cultural, o parte de ellas, y afirman su existencia como colectividades culturalmente diferenciadas. Los pueblos y comunidades afromexicanas tienen el carácter de sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Tienen además derecho a la protección de su identidad cultural, modos de vida, expresiones espirituales y de todos los elementos que integran su patrimonio cultural, material e inmaterial y su propiedad intelectual colectiva, también a la promoción, reconocimiento y protección de sus conocimientos, aportes y contribuciones en la historia nacional y a la diversidad cultural de la Nación, debiendo quedar insertas en las modalidades y niveles del Sistema Educativo Nacional.

Por lo anterior, el Estado deberá proteger y fomentar todas las políticas públicas que vayan a favor de dicho artículo, estando entre ellas, el fomento de la radio comunitaria, que no solo permite reconstruir el tejido social, sino también la inclusión y fortalecimiento de la diversidad cultural.

5) Objetivo de la iniciativa

Fortalecer la radio comunitaria como un elemento esencial de la cultura de las comunidades y como parte de orgullo nacional.

6) Cuadro Comparativo

A efecto de mejor proveer, se proponen los siguientes cambios:

Derivado de lo anterior someto a consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en materia de radio comunitaria, indígena y afromexicana

Único. Se reforma la fracción VII del artículo 89, se adiciona una fracción XVI al artículo 226 y se reforma el artículo 250 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en materia de radio comunitaria, indígena y afromexicana, para quedar como sigue:

Artículo 89. Los concesionarios de uso social, acorde con sus fines, podrán obtener ingresos de las siguientes fuentes

I a la VI...

VII. Venta de publicidad a los entes públicos federales, los cuales destinarán mínimo el diez por ciento del monto para servicios de comunicación social y publicidad autorizado en sus respectivos presupuestos al conjunto de concesiones de uso social comunitarias e indígenas del país, el cual se distribuirá de forma equitativa entre las concesiones existentes. Las Entidades Federativas y Municipios podrán autorizar hasta el uno por ciento para dicho fin de conformidad con sus respectivos presupuestos.

Lo dispuesto en esta fracción sólo será aplicable para las concesiones de uso social comunitarias e indígenas, para lo cual la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones deberá expedir los lineamientos correspondientes para el otorgamiento de venta de publicidad a los entes públicos, los cuales deberán priorizar la simplificación de trámites administrativos, y acompañamiento puntual por parte del personal de dicha Agencia.

Artículo 226. A efecto de promover el libre desarrollo armónico e integral de niñas, niños y adolescentes, así como contribuir al cumplimiento de los objetivos educativos planteados en el artículo 3o. constitucional y otros ordenamientos legales, la programación radiodifundida dirigida a este sector de la población deberá:

I a la XV ...

XVI. Fomentar el conocimiento y participación en la radio comunitaria, indígena y afromexicana.

Artículo 250. A fin de promover la producción nacional, la producción nacional independiente y la producción comunitaria, indígena y afromexicana , el Ejecutivo Federal impulsará medidas de financiamiento para estos

Transitorio

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Fernández Mariano, Isabel Lema, Roberto Catoira, “Conceptos básicos sobre medios comunitarios”, disponible en https://medioscomunitarios.net/wp-content/uploads/2019/01/concepto-medi os-comunitarios-cuac-fm.pdf

2 La radio comunitaria en México: Historia y desarrollo, disponible en https://www.mexicohistorico.com/paginas/la-radio-comunitaria-en-m-xico- historia-y-desarrollo-1742704399.html

3 Ídem.

4 Ídem.

5 Fernández Mariano, Isabel Lema, Roberto Catoira, “Conceptos básicos sobre medios comunitarios”, disponible en https://medioscomunitarios.net/wp-content/uploads/2019/01/concepto-medi os-comunitarios-cuac-fm.pdf

6 De la Noval Bautista, Luis Alain, “Community Radio Depending on Development”, disponible en http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2308-013220 18000200004

7 INPI, “Ecos indígenas”, disponible en https://ecos.inpi.gob.mx/

8 Ídem.

Dado en el pleno de la honorable Comisión Permanente, a 4 de junio de 2025.

Diputada Karina Pérez Popoca (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Radio y Televisión, con opinión de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Junio 4 de 2025.)

Que reforma el artículo 5 de la Ley General de Educación, recibida del diputado Francisco Adrián Castillo Morales, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 4 de junio de 2025

Quien suscribe, diputado Francisco Adrián Castillo Morales, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de la Cámara de Diputados de la LXVI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, y 179 del Reglamento Para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5 de la Ley General de Educación, de acuerdo a la siguiente

Exposición de Motivos

La educación para la salud es la relación más prometedora para desarrollar individuos capaces de conocer, distinguir, evaluar e impulsar un cambio en sus entornos, como en su comunidad, con el fin de llevar una vida sana con respeto a los derechos, una saludable nutrición, una vida fuera de adicciones y violencia, actividad física, prevención de enfermedades, reconocer el entorno como sus peligros y buscar un equilibrio mental.

Desde los espacios educativos tiene la facilidad de llevar la educación saludable de manera teórica como práctica para mejorar la salud de los niños, niñas y adolescentes. Generando un sistema para que los alumnos conozcan e implanten cambios en sus entornos personales, familiares y sociales, siempre con el trabajo en conjunto de padres, tutores y maestros.

La UNESCO informa que las actividades relacionadas con la educación saludable están generando que 9 de cada 10 países inviertan en programas de salud y nutrición para las instituciones escolares, programas de vacunación en más de 100 países; incluso la mayoría contemplan la educación para el bienestar en la salud y desarrollo de los alumnos.

Sin embargo, en los esfuerzos quedan muchos niños y niñas que no pueden acceder a estos programas, en especial en países más pobres o zonas marginadas, los cuales no reciben alimentación escolar, son víctimas de violencia dentro y fuera de las instituciones, no cuentan con agua e instalaciones inadecuadas.

En México, uno de los principales problemas de salud es la obesidad, la cual ha afectado de maneras impactantes, donde ocupa el segundo lugar a nivel mundial en obesidad en adultos y el primero en obesidad infantil, de acuerdo al monitoreo 2023-2024, el cual arrojó que el 98 por ciento de las instituciones educativas, donde las bebidas azucaradas, refrescos, comida chatarra y su publicidad se encuentran de formas alarmantes, lo cual es acercar un malo hábito educativo para la salud de los estudiantes.

La educación sobre temas de nutrición en las instituciones educativas es fundamental para que se conozca qué alimentos son dañinos, incluyendo cuáles en exceso pueden causar daños importantes en el organismo temprano de los estudiantes; puedan reconocer aquellos que son beneficiosos para su desarrollo tanto físico como mental.

Uno de los temas alarmantes en las instituciones educativas mexicanas es la violencia, tanto física, verbal, psicológica, sexual, cibernética, económica y social, la cual es resultado de un entorno que ha normalizado dichas conductas como juegos de niños, quitando la gravedad de las acciones y fomentando una participación continua para encajar en el entorno.

Los estudiantes, al conocer estos tipos de violencia, pueden identificar las acciones que han estado manifestando con normalidad y sin imaginar las consecuencias que pueden desarrollar tanto a la persona que es víctima como a sí misma, con el fin de que ellos mismos puedan buscar soluciones, evitando el conflicto y la violencia para encajar en la sociedad.

Un desencadenante de violencia es el uso de drogas y sustancias adictivas, y en los últimos años ha crecido la conversación tanto sobre sustancias legales que llegan a menores de edad como sobre aquellas ilegales, incluyendo su amplia difusión en medios digitales, haciéndolas pasar como una moda de entretenimiento y estatus, lo que provoca una curiosidad por dichos efectos como ese reconocimiento social.

Las adicciones son elementos que en el entorno social se encuentran en todos lados, unos más notorios que otros, e ignorando el problema por el que se está pasando. Las campañas en escuelas en contra de las drogas son importantes para evitar que los jóvenes se acerquen a ellas; sea constante y en todo tipo de medios posibles.

La conversación más fresca en México sobre la educación para la salud es sin duda la higiene y con ello la prevención de enfermedades, derivado de la pandemia del Covid-19; llegó con el reaprendizaje para toda la sociedad en cuidados de higiene y limpieza de áreas comunes, como personales, para evitar el contagio, aún se mantiene el conocimiento de prevención.

Información sobre cuidados es una constante de todos los días, no solo de eventos históricos.

Desde la gestación hasta su partida, el individuo es objetivo de enfermedades que pueden atentar contra su desarrollo, su aprendizaje o su entorno.

Conocer vacunas, para qué son y cuántas son, forma un paso importante a la prevención, ante entornos de la vida diaria, como todo programa de prevención de salud.

Uno de los aspectos que siempre se deja de lado es la salud mental la que por conceptos erróneos y supersticiones se vuelve temas de difícil acceso para los jóvenes que, al temor de expresar sus ideas, incluyendo sus sentimientos se aíslan de su entorno o solo cambian su forma de interactuar en sociedad, informando sobre la importancia de la salud mental podrán analizar, buscar ayuda si la requieren e identificar casos que requieren atención.

El entorno saludable no solo depende de las instituciones educativas, es un trabajo de todos crear espacios y ambientes sociales, es la enseñanza que no solo debe de ser dirigida a los jóvenes también a profesores, padres, tutores y a la sociedad para un amplio entorno y no se queden solo en escuelas.

Educar en temas de salud es la primera instancia de prevención para niños, niñas y jóvenes para identificar peligros que surgen del entorno, como actividades que realizan sin conocer el riesgo por falta de información; así se evitarían lesiones, daños y repercusiones en el día a día, incluyendo un mejor desarrollo en su vida adulta.

Por ello, la necesidad de incluir en la ley supletoria, en la Ley General de Educación en su artículo 5 un enfoque saludable, no sólo como un derecho o garantía, en cambio de paradigmas y nuevos retos, por el cambio en la sociedad, la ley tiene que reformar en su aspecto de enseñanza.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 5 de la Ley General de Educación

Artículo único. Se reforma en el primer párrafo del artículo 5 de la Ley General de Educación para quedar como sigue:

Artículo 5. Toda persona tiene derecho a la educación, el cual es un medio para adquirir, actualizar, completar y ampliar sus conocimientos, capacidades, habilidades y aptitudes que le permitan alcanzar su desarrollo personal y profesional; como consecuencia de ello, contribuir a su bienestar, a la transformación, a una vida saludable física y mental para el mejoramiento de la sociedad de la que forma parte.

Con el ejercicio de este derecho, inicia un proceso permanente centrado en el aprendizaje del educando, que contribuye a su desarrollo humano integral y a la transformación de la sociedad; es factor determinante para la adquisición de conocimientos significativos y la formación integral para la vida de las personas con un sentido de pertenencia social basado en el respeto de la diversidad, y es medio fundamental para la construcción de una sociedad equitativa y solidaria.

El Estado ofrecerá a las personas las mismas oportunidades de aprendizaje, así como de acceso, tránsito, permanencia, avance académico y, en su caso, egreso oportuno en el Sistema Educativo Nacional, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las instituciones educativas con base en las disposiciones aplicables.

Toda persona gozará del derecho fundamental a la educación bajo el principio de la intangibilidad de la dignidad humana.

Transitorios

Primero. Este decreto entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Notas

1 https://www.unicef.es/educa/salud#

2 https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/educa/unicef-educa-salud-educacion-habitos-saludables-actividades
-recursos.pdf

3 https://www.unesco.org/es/health-education#:~:text=La%20educaci%C3%B3n%20tiene%20el%20poder,y%20
llevar%20una%20vida%20plena.

4 https://www.unesco.org/es/articles/aprender-y-prosperar-que-debe-saber- sobre-el-reciente-informe-mundial-sobre-salud-y-nutricion

5 https://www.unesco.org/es/health-education/need-know#:~:text=El%20v%C3%ADnculo%20entre%20la%20educaci
%C3%B3n,positivas%20con%20quienes%20les%20rodean.

6 https://educacionmediasuperior.sep.gob.mx/es_mx/sems/Presenta_SEP_nuevos_lineamientos_y_acciones_de_Vida
_Saludable_en_las_escuelas

7 https://www.gob.mx/justiciacotidiana/articulos/violencia-en-las-escuelas?idiom=es#:~:text=Las%20principales
%20expresiones%20de%20violencia,%2C%20patrimonial%2C%20econ%C3%B3mica%20y%20social.

Dado en la Comisión Permanente, a 4 de junio de 2025.

Diputado Francisco Adrián Castillo Morales (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Educación. Junio 4 de 2025.)

Que reforma los artículos 4, 57 y 59 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, recibida de la diputada Karina Isabel Martínez Montaño, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 4 de junio de 2025

Karina Isabel Martínez Montaño, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II; 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración de esta Comisión Permanente la iniciativa con proyecto de decreto, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) es el instrumento internacional de mayor relevancia en materia de niñez, en virtud de ser un tratado internacional de aceptación universal y el más completo en lo que se refiere a la protección de los derechos de todos los niños, las niñas y los adolescentes. En esta Convención se detallan una serie de derechos universales que constituyen requisitos mínimos que los Estados deben cumplir para garantizar la protección de todos los niños, las niñas y los adolescentes presentes en su jurisdicción. México y los Estados parte de la Convención están obligados legalmente a garantizar que todas las protecciones y los estándares de ésta aparezcan reflejados en la implementación de leyes, políticas relacionadas con niños, niñas y adolescentes.1

Aunado a la citada normatividad internacional en 2014, entró en vigor la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y posteriormente la conformación del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), no obstante, la normatividad internacional, la constitución y la citada Ley General los esfuerzos aun no son suficientes para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

El artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala que “todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”. En ese sentido se necesita que los Estados aseguren efectivamente la vigencia de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, y que se tome en consideración su situación de especial vulnerabilidad en esos contextos, así como sus necesidades de protección.2 Dentro de esos contextos de protección se deben de visibilizar los entornos virtuales que ofrece la internet y todos los riesgos que conlleva el uso de esos entornos en donde transcurre una cantidad de tiempo importante en el que son vulnerables.

Por lo anterior es que la presente iniciativa tiene por objeto establecer una definición de violencia digital en el contexto las niñas, niños y adolescentes, así como visibilizar el ciber acoso del cual son víctimas en los entornos virtuales.

El alcance de esta iniciativa radica en que se incluya en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, una definición de violencia digital que permita nombrar aquellos actos o actividades que son ilícitas, esta definición de violencia digital guarda coherencia con la que ya ha sido incorporada en la “Ley Olimpia”, esto en virtud de considerar que reúne los elementos técnicos y jurídicos necesarios para identificar las conductas que vulneran a nuestra niñez y adolescencia.

De acuerdo con los datos del INEGI, reportados por el Módulo sobre Ciberacoso (Mociba), en México en 2023:3

1. 20.9 por ciento de la población usuaria de internet1 (18.4 millones de personas de 12 años y más) vivió alguna situación de ciber acoso.

2. El mismo año, 22.0 por ciento de las mujeres y 19.6 por ciento de los hombres que usaron internet fueron víctimas de ciber acoso.

3. El ciber acoso más frecuente que experimentaron ambos sexos fue el contacto mediante identidades falsas.

4. Las 3 entidades federativas con mayor porcentaje de población de 12 años y más que experimentaron alguna situación de ciber acoso fueron: Durango (28.8 por ciento), Oaxaca (25.5 por ciento) y Puebla (25.0 por ciento).

5. A nivel nacional, de la población de 12 años y más que experimentó alguna situación de ciber acoso, 41.8 por ciento sufrió el acoso mediante Facebook. Siguieron WhatsApp y llamadas de teléfono celular, con 37.8 por ciento y 28.9 por ciento, respectivamente.4

Es importante destacar que la violencia digital vulnera a la población infantil y adolescente, principalmente a los grupos más vulnerables como lo son:

1. Niñas, niños y adolescentes migrantes, especialmente los no acompañados, son extremadamente vulnerables a la violencia digital y ciber acoso, pues los grupos criminales operan a través de redes sociales para realizar ofertas falsas de trabajo o alguna fuente de ingresos e incluso apoyos para cubrir sus necesidades básicas como alimentación y un techo para resguardo entrando así al riesgo de explotación, abuso y trata de personas entre otros delitos, siendo los medios digitales la puerta principal para ubicarlos y contactarles. La situación en la frontera sur y norte del país es crítica, con miles de niños expuestos a riesgos severos.

2. Niñas, niños y adolescentes indígenas y afrodescendientes, estos grupos enfrentan una doble discriminación y mayor vulnerabilidad. A menudo carecen de acceso a servicios básicos adecuados, enfrentan barreras culturales y lingüísticas, y son más propensos a la pobreza extrema y la violencia digital, toda vez que no están exentos del uso de dispositivos con internet y redes sociales con el total desconocimiento de los riesgos que esto conlleva.

3. Niñas, niños y adolescentes en situación de calle, en México existe una población vulnerable de niñas y niños en situación de desamparo o en la calle, lo que les hace vulnerables a recibir algún tipo de violencia digital o ciber acoso.

Otro elemento de vulnerabilidad es la baja posibilidad de acceso a la justicia que enfrentan debido a las barreras relacionadas con la edad, el idioma y la falta de información impiden que las niñas, niños y adolescentes reciban oportunamente servicios adecuados y acceso a la justicia cuando son víctimas de delitos, por ello es necesario visibilizarlo y nombrarlo dentro de esta Ley marco que protege a las niñas, niños y adolescentes Se destacan en este sentido “fenómenos como el Grooming, que está muy relacionado con delitos mayores como la pornografía infantil, la trata o el tráfico de personas; el Phishing, que se traduce en el fraude y la suplantación de identidades personales; la Sextorsión, que implica el chantaje para obtener contenidos o material sexual producidos por la misma víctima con base en amenazas; o el Ciberbullying, que se refiere al ciber acoso tal como lo conocemos.5

De acuerdo con la publicación del CEDIP, de la Cámara de Diputados: “En 2020, el 78.3 por ciento de la población urbana era usuaria del servicio de internet, mientras que la rural era del 50.4 por ciento. Los tres principales medios empleados fueron el celular inteligente (smartphone) con 96 por ciento, la computadora portátil con 33.7 por ciento y el televisor con acceso a internet (22.2 por ciento).

Las principales actividades realizadas por los usuarios fueron la comunicación (93.8 por ciento), la búsqueda de información (91 por ciento) y el acceso a redes sociales (89 por ciento). A pesar del uso prevalente, la dimensión de la ciberseguridad a nivel jurídico, político, económico, social y educativo es sumamente difusa.” Asimismo, señala que “diversos grupos parlamentarios de las LXIV y LXV Legislaturas del Congreso de la Unión incorporaron este problema público en sus agendas legislativas y diversas iniciativas sobre la ciberseguridad y protección de sistemas informáticos fueron presentadas. Sin embargo, ninguna se ha convertido en derecho vigente.” Lo anterior, coloca como un asunto urgente la necesidad de legislar en la materia, por ello propongo la presente iniciativa que únicamente busca incorporar elementos que nos permitan visibilizar la violencia digital y el ciber acoso en niñas, niños y adolescentes. Aunado a lo anterior, se destaca que la presente iniciativa no representa impacto presupuestal alguno, toda vez que únicamente se refiere a introducir definiciones que son necesarias para que las autoridades de investigación tipifiquen este tipo de conductas que vulneran a nuestros niños, niñas y adolescentes.

Para mayor claridad sobre la propuesta que ahora se presenta ante esta soberanía, a continuación, se muestra un cuadro comparativo entre la norma vigente y la propuesta contenida en la iniciativa:

Cuadro comparativo de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo actual y con la propuesta de reforma de la presente iniciativa:

Por tal motivo someto a análisis, discusión y, en su caso, aprobación de esta soberanía del siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 4, 57 y 59 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Único. Se reforman los artículos 4, 57 y 59 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VII. Bis.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.

XX.

XXI.

XXII.

XXIII.

XXIV.

XXV.

XXVI.

XXVII.

XXVIII.

XXIX.

XXX.

XXXI.

XXXII.

XXXIII.

XXXIV. Violencia digital es toda acción dolosa realizada mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación, por la que se exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmita, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido íntimo sexual de una persona menor de edad y que le cause daño psicológico, emocional, en cualquier ámbito de su vida privada, pública o en su imagen propia.

Así como aquellos actos dolosos que causen daño a la imagen, intimidad, privacidad, desarrollo y dignidad de los niños, niñas y adolescentes, que se cometan por medio de las tecnologías de la información y la comunicación.

Artículo 57. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad que contribuya al conocimiento de sus propios derechos y, basada en un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, que garantice el respeto a su dignidad humana; el desarrollo armónico de sus potencialidades y personalidad, y fortalezca el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, en los términos del artículo 3°. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación y demás disposiciones aplicables.

...

...

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII. Se elaboren protocolos de actuación de carácter obligatorio de prevención y atención sobre situaciones de acoso, ciber acoso, violencia digital o violencia escolar para el personal y para quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia

XIII.

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.

XX.

XXI. Establecer mecanismos para fomentar el uso responsable y seguro de las tecnologías de información y comunicación, así como uso responsable y el adecuado tratamiento de los datos personales de niñas, niños y adolescentes en medios digitales;

Artículo 59. Sin perjuicio de lo dispuesto en otras disposiciones aplicables, las autoridades competentes llevarán a cabo las acciones necesarias para propiciar las condiciones idóneas para crear un ambiente libre de cualquier tipo de violencia en las instituciones educativas, en el que se fomente la convivencia armónica y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, incluyendo la creación de mecanismos de mediación permanentes donde participen quienes ejerzan la patria potestad o tutela.

....

V. Diseñar estrategias y acciones para la detección temprana, contención, prevención y erradicación del acoso, ciberacoso, violencia digital o la violencia escolar en todas sus manifestaciones, que contemplen la participación de los sectores público, privado y social, así como indicadores y mecanismos de seguimiento, evaluación y vigilancia;

VI. (...)

VII. (...)

VIII. Establecer y aplicar las sanciones que correspondan a las personas, responsables de centros de asistencia social, personal docente o servidores públicos que realicen, promuevan, propicien, toleren o no denuncien actos de acoso, ciber acoso, violencia digital o violencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta ley y demás disposiciones aplicables.

La violencia digital será sancionada en la forma y términos que establezca el Código Penal Federal y las demás leyes en la materia.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1. https://www.cndh.org.mx/documento/estudio-ninas-ninos-y-adolescentes-vi ctimas-del-crimen-organizado-en-mexico

2. https://www.cndh.org.mx/documento/estudio-ninas-ninos-y-adolescentes-vi ctimas-del-crimen-organizado-en-mexico

3. INEGI, https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2024/MOCIBA/ MOCIBA2023.pdf

4. INEGI, https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2024/MOCIBA/ MOCIBA2023.pdf

5. La Ciberseguridad un Estudio Comparado, Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados, ISBN: 978-607-8877-5, p XXI

Sede de la Comisión Permanente, a 4 de junio de 2025.

Diputada Karina Isabel Martínez Montaño (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia. Junio 4 de 2025.)

Que adiciona un numeral 15 a la II fracción del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, en materia de reconocimiento de las mexicanas y mexicanos pertenecientes a cuerpos policiales y de las fuerzas armadas, caídos en el cumplimiento del deber, recibida de la diputada Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 4 de junio de 2025

Quien suscribe, diputada Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en la de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por este conducto, someto a consideración la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un numeral 15 a la fracción II del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales en materia de reconocimiento de las mexicanas y mexicanos pertenecientes a cuerpos, policiales y de las fuerzas armadas, caídos en el cumplimiento del deber, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

A lo largo de nuestra historia como nación, las instituciones del Estado Mexicano han generado distintas expresiones para conmemorar, honrar y reconocer el valor de mujeres y hombres que individualmente han realizado sacrificios o acciones fuera de lo común en beneficio del ente colectivo denominado nación. Asimismo, las instituciones de la república han tenido el cuidado de generar distintas maneras para honrar y recordar sucesos de gran relevancia en el desarrollo de nuestra nación, aportando con ambas labores elementos para fortalecer nuestra memoria colectiva, el sentido de pertenencia, la historia y cultura común que identifica a quienes integramos a la Gran Nación Mexicana dentro y fuera de nuestro territorio.

En este tipo de ejercicios de cultura cívica y nacionalista, podemos encontrar diversas disposiciones desde el célebre artículo 23 de los Sentimientos de la Nación en el que José María Morelos y Pavón planteó la obligación de celebrar solemnemente el 16 de septiembre como inicio de la guerra por nuestra independencia, hasta la redacción vigente de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, pasando muros y monumentos de honor en distintas ciudades o la inscripción de nombres en letras de oro al interior de las distintas sedes de los poderes legislativos locales y federal de nuestro país. Sin embargo, en la revisión de las disposiciones para honrar los hechos y los actos que debe conmemorar nuestra nación, las heroínas y héroes anónimos que con la suma de sus sacrificios hicieron posibles los actos históricos que recordamos como nación han quedado omitidos.

Adicionalmente, es importante contemplar que, en el contexto actual, sin duda alguna es válido y necesario reconocer dentro de este tipo de personas, el sacrificio de aquellas que han entregado su vida por nuestro país defendiendo la paz y la seguridad de la nación, como lo han hecho en el presente siglo las mujeres y hombres que engrosan las filas de nuestras instituciones policiales y de las fuerzas armadas.

Cabe señalar que este tipo de reconocimientos son comunes en otras sociedades como es el 2 de julio en Argentina cuando conmemoran el Día del Policía Federal Caído en Cumplimiento del Deber; en Colombia la conmemoración del 7 de marzo como recordatorio de las mujeres y hombres policías nacionales caídos en el servicio; el 11 de noviembre en el que se honra “al soldado desconocido” en varios países como Alemania, Canadá, Estados Unidos de América, Francia1 y Reino Unido2 , o también en EEUU el día de los caídos o “memorial day”, conmemorado anualmente el último lunes de mayo y plasmado como día festivo desde 1971.3

Lo anterior, sin considerar que en nuestro país ya hay algunas entidades federativas que han hecho esfuerzos en el sentido de honrar a sus policías caídos, pero sin que esto haya tenido hasta el momento un referente nacional.

En consecuencia, se propone adicionar a la fracción II del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional, entre las conmemoraciones que establecen el izamiento de la bandera nacional a media asta, una fecha dedicada a las mexicanas y mexicanos pertenecientes a cuerpos, policiales y de las fuerzas armadas, caídos en el cumplimiento del deber. Para ello, la presente iniciativa plantea que esa fecha sea el 24 de septiembre por dos motivos. Primero para incorporar ese reconocimiento a los actos conmemorativos del mes de la patria, y, en segundo lugar, por ser esa la fecha en que terminó una de las gestas anónimas más importantes en la defensa de la soberanía e la independencia nacional, la Batalla de Monterrey de 1846, en la que el sacrificio de muchas mujeres y hombres mexicanos, y de nuestras fuerzas armadas, llevaron a defender nuestro país incluso en un combate casa por casa.

Para mayor precisión sobre la presente iniciativa, se ofrece el siguiente cuadro comparativo:

Por todo lo anteriormente expuesto, se ofrece ante esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un numeral 15 a la fracción II del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales en materia de reconocimiento de las mexicanas y mexicanos pertenecientes a cuerpos, policiales y de las fuerzas armadas, caídos en el cumplimiento del deber, para quedar como sigue:

Proyecto de Decreto

Único. - Se adiciona un numeral 15, recorriéndose el orden de los subsecuentes, en a la fracción II del artículo 18, de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales para quedar como sigue:

Artículo 18.- En los edificios y lugares a que se refiere el primer párrafo del artículo 15 de esta Ley, la Bandera Nacional deberá izarse:

I. A toda asta en las fechas y conmemoraciones siguientes:

1 a 38. ....

II. A media asta en las fechas y conmemoraciones siguientes:

1 a 14. ....

15. 24 de septiembre: Conmemoración de las mexicanas y mexicanos pertenecientes a cuerpos policiales o de fuerzas armadas, caídos en el cumplimiento del deber.

16. 2 de octubre:

Aniversario de los caídos en la lucha por la democracia de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, en 1968;

17. 7 de octubre:

Conmemoración del sacrificio del senador Belisario Domínguez, en 1913, y

18. 22 de diciembre:

Aniversario de la muerte de José María Morelos, en 1815.

Régimen Transitorio

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 www.paris-arc-de-triomphe.fr/es/descubra/el-soldado-desconocido

2 Arturo Wallace, “En busca del soldado desconocido”, BBC-Mundo, 12 de noviembre de 2010.

3 www.usa.gov/es/dia-conmemoracion-caidos

Dado ante la Comisión Permanente, a 4 de junio de 2025.

Diputada Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Gobernación y Población. Junio 4 de 2025.)

Que reforma el artículo 32 de la Ley de Coordinación Fiscal para incluir el componente indígena del FAIS, recibida de la diputada Naty Poob Pijy Jiménez Vásquez, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 4 de junio de 2025

Naty Poob Pijy Jiménez Vásquez , diputada a la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos: 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta asamblea, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo y se adiciona un párrafo tercero al artículo 32 de la Ley de Coordinación Fiscal para incluir el componente indígena del FAIS , bajo la siguiente:

Exposición de Motivos

Los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas constituyen el núcleo fundacional de nuestro país. Es innegable su legado histórico, expresado en las lenguas originarias, los sistemas normativos internos y una cosmovisión profundamente vinculada al territorio, representando el sustrato cultural que da sentido a nuestra identidad nacional. Pese a ello, durante más de cinco siglos enfrentaron políticas de exclusión sistemática que los relegaron a condiciones de marginación estructural.

En América Latina, luego de la independencia del poder colonial en el siglo XIX, se reproduce –como herencia– la doble estructura de una “República de Indios” y una “República de Criollos”, no sólo en la realidad sino también en la mentalidad de la población. Se estableció una alianza entre criollos y blancos, los que–identificados con los poderes coloniales–asumieron tanto sus valores como sus instituciones. Esta alianza reforzó las prácticas racistas y la discriminación étnica frente a la mayoría de la población, que constituyen la base para la forma específica de desarrollo capitalista que se dio en América Latina.1

Hoy, el reconocimiento constitucional de su carácter como sujetos de derecho público (artículo 2o.)2 marca un punto de inflexión en la construcción de un Estado pluricultural que ejerza la justicia distributiva. Este paradigma de inclusión exige mecanismos institucionales innovadores que materialicen su derecho a la libre determinación y plasmen en toda su dimensión este carácter.

La reforma constitucional no es un acto aislado, sino la culminación de un proceso histórico de reivindicaciones.

Su antecedente inmediato lo constituyen los 17 Planes de Justicia implementados en el sexenio anterior, donde 23 pueblos originarios de 12 entidades federativas participaron activamente en el diseño de políticas públicas.

Estos planes demostraron la viabilidad de un modelo de desarrollo con pertinencia cultural, donde el Estado actúa como facilitador –no como impositor– de soluciones, permitiendo a los pueblos llevar acabo su desarrollo desde su cosmovisión.

Con la implementación de 17 planes el gobierno de México atiende las legítimas demandas de las comunidades.

Los planes de justicia y desarrollo de los pueblos indígenas representan el nuevo instrumento del gobierno de México para atender las históricas necesidades y legítimas demandas de las comunidades indígenas y afromexicanas.

En su mensaje del primero de julio en el zócalo de Ciudad de México, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador hizo referencia a estos planes y dijo que no sólo había que recordar al indio muerto, al que se ve en los museos, sino que debemos honrar al indio vivo, escuchar sus necesidades, atender sus planteamientos de justicia y sus demandas de bienestar.3

Porque el marco constitucional mexicano establece bases sólidas para el desarrollo integral de los pueblos indígenas y afromexicanos, como se mencionó anteriormente, el artículo 2o. de nuestra Carta Magna no solo reconoce los derechos fundamentales, sino que impone a los tres órdenes de gobierno la obligación de diseñar e implementar políticas públicas en coordinación con las comunidades para su desarrollo. Estas políticas deben garantizar un desarrollo intercultural y sostenible, que incluya específicamente entre otros, el mejoramiento de vivienda y el acceso a servicios básicos, respetando siempre su entorno natural y sistemas de conocimiento tradicional.

Este mandato constitucional adquiere especial relevancia cuando consideramos que, según datos oficiales:

De los 624 municipios donde más del 40 por ciento de la población es indígena, en 426 los porcentajes de población en situación de pobreza son superiores al 80 por ciento. Asimismo, 271 municipios indígenas presentan condiciones de pobreza extrema en más del 50 por ciento de su población, concentrados en los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz.

La diversidad implica fragmentación, ello genera condiciones de debilidad política, económica y social.

La diversidad viene acompañada de la iniquidad, la exclusión, la marginación social, la injusticia y la discriminación.

Ello también conduce a un debate inacabado sobre su condición de mexicanos y los mecanismos para atender sus necesidades y promover su desarrollo. La condición de pobreza en la que se encuentra la mayor parte de la población indígena reproduce condiciones de atraso y limita alternativas de desarrollo. Los asentamientos de población indígena, en su mayoría se encuentran ubicados en zonas de difícil acceso, aisladas y sin acceso a los servicios básicos. Asimismo, cuando la población indígena migra a las ciudades, se ubica en las zonas periféricas, en cinturones de miseria y exclusión alrededor de los grandes centros urbanos.4

Esto exige acciones concretas y mecanismos financieros específicos, que busquen abatir este rezago histórico, además los artículos 25 y 26 constitucionales complementan este marco al establecer la rectoría del Estado en la planeación del desarrollo nacional,5 lo que incluye la obligación de implementar políticas que combatan las desigualdades estructurales mediante un enfoque de sostenibilidad intergeneracional.

Considerando todo lo anterior argumentado, se menciona que el Presupuesto de Egresos de la Federación del año 20256 marca un hito al establecer que al menos el 10 por ciento del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) debe destinarse directamente a pueblos indígenas y afromexicanos. Esta disposición se materializó con la creación del componente “Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas” (Faispiam), que opera bajo tres principios fundamentales: primero, la asignación directa de recursos sin intermediación gubernamental; segundo, el reconocimiento de las comunidades incluidas en el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas;7 y tercero, la participación comunitaria a través de asambleas que designarán Comités de Administración y Vigilancia. Este modelo innovador supera el asistencialismo tradicional al reconocer la capacidad de autogestión de las comunidades.

En este contexto, la Secretaría de Bienestar juega un papel estratégico como coordinadora de las acciones para el bienestar social. Sus atribuciones, establecidas en el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,8 incluyen específicamente la construcción de infraestructura social en coordinación con gobiernos locales, siempre bajo principios de simplificación administrativa y transparencia. Esta facultad se alinea con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, que destina los recursos del FAIS exclusivamente a beneficiar a poblaciones en pobreza extrema y con alto rezago social, categoría que incluye a los municipios con presencia indígena.

Es así, que el jueves 13 de marzo de 2025, la Secretaría de Bienestar públicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los Lineamientos del Componente Indígena del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (Faispiam),9 con el objetivo de establecer las disposiciones, catálogos, plazos y responsabilidades que deberán observar los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas para la planeación, ejecución y seguimiento de los recursos asignados en el marco del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).

Estos lineamientos tienen como finalidad garantizar la transparencia, eficiencia y participación activa de las comunidades beneficiarias, asegurando que los recursos se destinen a proyectos de infraestructura social que mejoren su calidad de vida, en apego a sus derechos colectivos y al principio de libre determinación, pero como es sabido para tener pleno reconocimiento como sujetos de derecho público y estar acorde con el cumplimiento constitucional y convencional de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, es fundamental armonizar el marco jurídico del componente indígena en el FAIS, para ello se presenta esta iniciativa.

Porque la implementación del Faispiam representa un avance significativo en la materialización de los derechos constitucionales de los pueblos originarios, por ende, este componente se debe garantizar y plasmar en la Ley de Coordinación Fiscal, no solo mediante acuerdos, en donde se especifique que al menos 10 por ciento de los recursos del FAIS llegue directamente a las comunidades, fortaleciendo su autonomía financiera y capacidad de decisión sobre proyectos prioritarios.

La presente iniciativa no solo cumple con los mandatos constitucionales, sino que establece un precedente para la implementación de políticas públicas con enfoque intercultural y de derechos humanos, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 en particular el Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países.10

Con el absoluto y cabal cumplimiento con el derecho a la consulta en los procedimientos administrativos y legislativos que tengan como materia la afectación de los pueblos indígenas y afromexicanos, en concordancia con el derecho convencional internacional establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales,11 de la consulta indígena que garantiza el consentimiento previo, libre e informado ante programas, proyectos, reformas legislativas, acciones estatales o afectaciones a tierras, territorios y prácticas socioculturales, esto sustenta plenamente la presente iniciativa.

En este mismo orden de ideas, se menciona que se llevó a cabo este proceso de consulta previa, libre e informada, realizado por la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en los años 2019 al 2021, por medio del cual se acopiaron y sistematizaron opiniones, ideas y propuestas de los pueblos indígenas y afromexicanos, para impulsar reformas constitucionales y legales.

El proceso de consulta se realizó con la participación integral de todos los pueblos indígenas y del pueblo afromexicano.

Se llevaron a cabo 52 foros regionales en 27 entidades federativas, incluyendo un foro específico para la comunidad afromexicana en Copala, Guerrero, y un foro con migrantes indígenas en Los Ángeles, California. Adicionalmente, se organizaron mesas de trabajo en Villa Hidalgo Yalalag (Oaxaca), Monterrey (Nuevo León) y Las Margaritas (Chiapas).

La participación total superó las 27 mil personas, de las cuales 14 mil 349 fueron autoridades indígenas. Cabe destacar que el 35.6 por ciento de los participantes fueron mujeres.12

La consulta verso sobre temas transversales que abarcan las aspiraciones, derechos y solicitudes históricas de los pueblos indígenas entre los temas que se consultaron y analizaron son: Pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público; Libre determinación y autonomía en sus distintos niveles y ámbitos; Derechos de las mujeres indígenas; Derechos de la niñez, adolescencia y juventud indígenas; Pueblo afromexicano y reconocimiento de sus derechos fundamentales; Tierras, territorios, recursos, biodiversidad y medio ambiente de los pueblos indígenas; Sistemas normativos indígenas, coordinación con el sistema jurídico nacional y acceso efectivo a la jurisdicción del Estado; Participación y representación de los pueblos indígenas en las instancias de decisión nacional, de las entidades federativas y municipales; Consulta libre, previa e informada; Patrimonio cultural, conocimientos tradicionales y la propiedad intelectual colectiva, el cual incluye a las lenguas indígenas; Educación comunitaria, indígena e intercultural; Salud y medicina tradicional; Comunicación indígena, comunitaria e intercultural; Desarrollo integral, intercultural y sostenible, soberanía y autosuficiencia alimentaria; Migración indígena, jornaleros agrícolas y población indígena en contextos urbanos y transfronterizos, y Nueva relación del Estado con los pueblos indígenas y reforma institucional.13

En agosto de 2019 se llevó a cabo un Foro Nacional cuyo objetivo fue presentar los resultados de los Foros Regionales de Consulta y establecer consensos sobre los contenidos fundamentales de cada eje temático de la reforma.14

Se muestran parte de la redacción de los resultados de esta Consulta, que conciernen al tema de la presente iniciativa:

“...Al respecto, debe considerarse que el presupuesto asignado para pueblos indígenas debe ser un mandato y una responsabilidad constitucional, lo que debe desarrollarse en la legislación secundaria correspondiente. En este sentido, debe resaltarse que, si bien el artículo 2o. constitucional y diversas disposiciones de leyes secundarias, como son el artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 20 de la Ley General de Desarrollo Social, así como los Presupuestos de Egresos de la Federación de los últimos ejercicios fiscales, ya contienen normas que prevén la existencia de presupuesto para la atención de los pueblos indígenas; resulta necesario que se amplíe el marco jurídico para hacer más eficaz y pertinente esta obligación estatal.

Esta situación es preocupante, ya que el escaso presupuesto asignado, sumado a las reducciones presupuestales que se realizan continuamente, trascienden evidentemente en el ámbito de la actuación institucional relativa a los pueblos indígenas, hecho que no abona al respeto e implementación de sus derechos, ni respeta el principio de progresividad y no regresividad de los derechos, ya que la disminución del presupuesto se ha realizado sin fundamentación legal alguna y sin certeza sobre las circunstancias ni criterios que las han motivado.”15

“La falta del reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público, mostró su rostro más trágico cuando el gobierno de México decidió entregar recursos económicos a sus autoridades tradicionales de forma directa. Esta decisión evidenció que las comunidades carecen de algún tipo de decreto de creación, no cuentan con Registro Federal de Contribuyentes, ni documento que, conforme al sistema jurídico mexicano, de certeza respecto a su existencia misma y de sus autoridades. Como ha ocurrido desde la conformación del Estado mexicano, los pueblos y comunidades indígenas se ven obligados a conformar figuras asociativas de derecho privado, derecho social o afiliarse a organizaciones políticas, para acceder a los recursos que por derecho les corresponden.

Hoy día, sólo la Ley de creación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas reconoce a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público y por tanto puede coordinar acciones, suscribir convenios de concertación y colaboración, y transferirles recursos, por ejemplo.”16

“...establecer que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las partidas específicas en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos para que los pueblos y comunidades indígenas las administren, ejerzan y vigilen. Es importante precisar que, considerando los resultados de las Asambleas Regionales de Seguimiento, en la parte final del párrafo, se incluyó el concepto de “administración”, para ampliar esta obligación estatal en beneficio de los pueblos y comunidades de referencia.”17

Asimismo, como sustento del proceso de Consulta de la presente iniciativa, el día 19 de enero de 2025, se llevó acabo el Foro Nacional de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas para integrar el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2025-2030, en Michoacán de Ocampo, Michoacán; contando con 2 mil 657 asistentes de 64 pueblos: akateko, amuzgo, apache, chatino, chichimeco (jonaz, guachichil), chinanteco, chocholteco, ch’ol, chontal de Oaxaca, chontal de Tabasco, chuj, cochimí, cora, cucapá, cuicateco, guarijío, huasteco, huave, huichol, lxil, jakalteko, kaqchikel, k’iche’, kiliwa, kumiai, lacandón, mam, matlatzinca, maya, mayo, mazahua, mazateco, mexikan, mixe, mixteco, nahua, otomí, paipai, pame, pápago, pima, pirinda, popoloca, q’anjob’al, qato’k, q’eqchi’, tacuate, tarahumara, tarasco, tepehua, tepehuano del norte, tepehuano del sur, texistepequeño, tlahuica, tlapaneco, tojolabal, totonaco, triqui, tseltal, tsotsil, yaqui, zapoteco, zoque y afromexicano, desarrollando 12 mesas temáticas por cada directriz o eje temático del PND.18

Los primordiales resultados que sustentan y fundamentan la presente iniciativa son los siguientes:

Mesa de trabajo 1: Pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público y su reconstitución integral.

13. Cumplir con el presupuesto directo, y sin intermediarios, a pueblos y comunidades indígenas para la ejecución de obras de infraestructura básica, como caminos, electrificación, servicios de salud, agua potable, mejoramiento de vivienda y acceso a internet principalmente.

Mesa de trabajo 4: Sistemas normativos y jurisdicción indígena.

12. Presupuesto directo con partidas presupuestales para financiar las labores de seguridad, justicia y paz de las comunidades y no sólo la infraestructura

Mesa de trabajo 10: Reforma institucional, políticas públicas y asignación presupuestal.

Reforma Institucional:

1. Establecer programas y acciones de política pública con presupuesto etiquetado para hacer realidad los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, que se encuentran reconocidos en la Constitución federal.

2. Armonizar la reforma constitucional federal en las legislaciones de las entidades federativas.

3. Elaborar y aprobación de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.

4. Campañas de difusión y sensibilización a los servidores públicos sobre la reforma al artículo 2o. de la Constitución federal.

AT 10. Componente FAIS:

12. Establecer mecanismos que permitan el seguimiento puntual y transparente del ejercicio del presupuesto general del AT10 asignado a cada dependencia de la APF.

13. Incremento progresivo anual del presupuesto del componente indígena del FAIS.

14. Que la distribución de recursos del FAIS sea transparente, evitando la politización en la asignación de los recursos.

15. Creación de contralorías comunitarias para vigilar el ejercicio del recurso del FAIS contribuyendo a la rendición de cuentas.

16. Revisión de la normatividad de los programas con presupuesto etiquetado en el AT10 2025 a fin de favorecer el acceso a los recursos por parte de la población indígena y afromexicana.

17. Difusión del FAIS y del procedimiento de acceso a dicho fondo.

18. Difundir el registro al Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (CNPCIA) que permite identificar a los beneficiarios que recibirán los recursos destinados a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas por el FAIS.

19. Que las Reglas de Operación del FAIS sean claras, sencillas y accesibles y que se capaciten a las Comunidades sobre las mismas.19

En coherencia con todo lo expuesto, se añade un cuadro comparativo de las adición y reforma planteada al artículo 32 de la Ley de Coordinación Fiscal, para facilitar la visión de lo propuesto:

Más que una medida compensatoria, es un acto de justicia epistémica, que reconoce plenamente los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, mostrando que los pueblos tienen soluciones probadas para paliar y terminar con los problemas ancestrales de exclusión, resultando que solo necesitan acceso directo a recursos para implementar estas soluciones.

Al hacerlos corresponsables de su desarrollo, el Estado cumple con el mandato del humanismo mexicano: prosperidad compartida que nace desde los cimientos más profundos de nuestra nación.

Por lo expuesto someto a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el primer párrafo y se adiciona un párrafo tercero al artículo 32 de la Ley de Coordinación Fiscal, para incluir el componente indígena del FAIS

Único. Se reforma el primer párrafo y se adiciona un párrafo tercero al artículo 32 de la Ley de Coordinación Fiscal para incluir el componente indígena del FAIS, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 32. El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 2.5294 % de la recaudación federal participable a que se refiere el artículo 2o. de esta Ley, según estimación que de la misma se realice en el propio presupuesto, con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio. Del total de la recaudación federal participable el 0.3066 % corresponderá al Fondo para la Infraestructura Social de las Entidades y el 2.2228 % al Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México.

...

Se incorporará al Fondo el componente específico “Aportaciones para la Infraestructura Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas”, con las siguientes características:

I. Se destinará al menos el 10 por ciento de los recursos totales del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social a este componente, garantizando su distribución directa a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, de conformidad con los lineamientos que emita la Secretaría de Bienestar.

II. Los recursos del componente de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas se ejercerán conforme a lo establecido en el artículo 33 de esta Ley y con base en los principios de equidad, no discriminación, pluriculturalidad y priorización de zonas con mayor marginación, en coordinación con las autoridades comunitarias.

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Meentzen, A. (2007). Políticas públicas para los pueblos indígenas en América Latina: Los casos de México, Guatemala, Ecuador, Perú y Bolivia. Fundación Konrad-Adenauer-Stiftung.

2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [CPEUM]. (5 de febrero de 1917, última reforma publicada en el DOF el 20 de diciembre de 2024). “Diario Oficial de la Federación.”
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_201223.pdf

3 Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). (2023, 7 de julio). Los planes de justicia son el nuevo instrumento para dar atención a los pueblos indígenas de México. Gobierno de México.

https://www.gob.mx/inpi/articulos/los-planes_de-justicia-son-el-nuevo-instrumento-para-dar-atencion-a-los
-pueblos-indigenas-de-mexico

4 Diario Oficial de la Federación. (2014, 30 de abril). Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018. Gobierno de México. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343116&fecha=30/04/ 2014

5 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [CPEUM] Op. cit.

6 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2024). Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2025 [PDF]. Gobierno de México. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2025.pdf

7 Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. (2025). Catálogo INPI. Gobierno de México. https://catalogo.inpi.gob.mx/

8 Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. (2023). Ley Orgánica de la Administración Pública Federal [PDF]. Gobierno de México. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LOAPF.pdf

9 Secretaría de Bienestar. (2025, 13 de marzo). Lineamientos del componente indígena del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social [PDF]. Gobierno de México.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/984032/2025_03_13_Lineamientos_componente_ind_gena.pdf

10 Naciones Unidas. (2025). Objetivo 10: Reducción de las desigualdades. Objetivos de Desarrollo Sostenible.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/inequality/

11 Organización Internacional del Trabajo. (2012). Boletín de la cooperación técnica: Programa de promoción de la reforma de la justicia laboral en América Latina [PDF].

https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@americas/@ro-lima/documents/publication/
wcms_345065.pdf

12 Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. (2021). Propuesta de Iniciativa de Reforma Constitucional sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/680625/Pr opuesta-Iniciativa-Reforma-Constitucional- Derechos-Pueblos-Indigenas-Afromexicano.pdf.

13 Ibídem.

14 Ibídem.

15 Ibídem.

16 Ibídem.

17 Ibídem.

18 Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. (2025, enero 19). Relatoría General Foro Nacional PCIA Morelia [PDF]. INPI. file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Relatori por cientoCC por ciento81a por ciento20General por ciento20Foro por ciento20Nacional por ciento20PCIA por ciento20Morelia por ciento2019ene2025.pdf

19 Ídem

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, miércoles 4 de junio de 2025.

Diputada Naty Poob Pijy Jiménez Vásquez (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Junio 4 de 2025.)


Actas

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, correspondiente a la primera reunión extraordinaria, efectuada el miércoles 28 de mayo de 2025

Presidenta
Diputada Casandra Prisilla de los Santos Flores

Secretario
Diputado Juan Armando Ruiz Hernández

Quórum inicial: 13; quórum final: 19

Hora de inicio: 12:15 horas; hora de término: 12:48 horas

Orden del Día

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.

2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día.

3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen en sentido positivo con modificaciones de la iniciativa que reforma los artículos 6o., párrafo primero; 44, párrafo segundo; 45 y 50, fracción VII y los artículos transitorios tercero y sexto de la Ley General para la inclusión de las personas con discapacidad.

4. Conocimiento de los asuntos turnados a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

5. Asuntos generales.

6. Clausura.

La presidenta de la comisión, diputada Casandra Prisilla de los Santos Flores (PVEM), da la bienvenida a los diputados asistentes a la primera reunión extraordinaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la LXVI legislatura y con fundamento en los artículos 150 y 151 numeral 1, fracciones I y IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicita al diputado Juan Armando Ruíz Hernández (Movimiento Ciudadano) tenga a bien fungir en calidad de secretario, quien acepta fungir como tal.

Como primer punto del orden del día, la presidenta Casandra Prisilla de los Santos Flores (PVEM) da inicio a esta sesión presencial, instruyendo al secretario Juan Armando Ruíz Hernández (Movimiento Ciudadano) a dar cuenta del registro de asistencia.

El diputado Juan Armando Ruiz Hernández (Movimiento Ciudadano) anunció que conforme al registro con el que se cuenta, se tiene la presencia de 13 (trece) legisladoras y legisladores, por lo que hay quórum.

Como segundo punto del orden del día, la presidenta Casandra Prisilla de los Santos Flores (PVEM) instruye al secretario para la lectura al orden del día propuesta y lo someta a consideración de la asamblea. El diputado Juan Armando Ruiz Hernández (Movimiento Ciudadano) da lectura al orden del día y se aprueba por mayoría económica.

Como tercer punto, se dispensa la lectura del “dictamen en sentido positivo con modificaciones de la iniciativa que reforma los artículos 6o., párrafo primero; 44, párrafo segundo; 45 y 50, fracción VII y los artículos transitorios tercero y sexto de la Ley General para la inclusión de las personas con discapacidad” y se pone a discusión. La diputada Ofelia Socorro Jasso Nieto (PRI) expresó que el dictamen representa un avance significativo en la garantía de la paridad de género en los organismos de gobierno. Asimismo, hizo un llamado a respaldar toda propuesta que contribuya a promover la igualdad entre mujeres y hombres.

Por su parte, la presidenta Casandra Prisilla de los Santos Flores (PVEM) extendió una felicitación y expresó su agradecimiento a la subcomisión de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad y predictamen de la Ley de Inclusión a Personas con Discapacidad encabezada por la diputada Kenia Gisell Muñiz Cabrera (Morena), reconociendo la destacada labor realizada para lograr la aprobación favorable del dictamen.

En consecuencia, se somete a votación y es aprobada por unanimidad con 15 votos a favor.

Votos a favor: 18

Diputado Alejandro Calderón Díaz (Morena)

Diputado Arturo Roberto Hernández Tapia (Morena)

Diputada Beatriz Carranza Gómez (Morena)

Diputada Casandra Prisilla de los Santos Flores (PVEM)

Diputada Catalina Díaz Vilchis (Morena)

Diputado Elizabeth Martínez Álvarez (PAN)

Diputado José Luis Hernández Pérez (PVEM)

Diputado Juan Armando Ruiz Hernández (Movimiento Ciudadano)

Diputada Kenia Gisell Muñiz Cabrera (Morena)

Diputada Ma. Leonor Noyola Cervantes (PVEM)

Diputada Mariana Guadalupe Jiménez Zamora (PAN)

Diputada Mayra Dolores Palomar González (Morena)

Diputada Mónica Herrera Villavicencio (Morena)

Diputada Ofelia Socorro Jasso Nieto (PRI)

Diputada Olga Juliana Elizondo Guerra (PT)

Diputada Paloma Domínguez Ugarte (PRI)

Diputada Silvia Patricia Jiménez Delgado (PAN)

Diputada Tania Palacios Kuri (PAN)

Como cuarto punto, conocimiento de los asuntos turnados a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, se informa que dichos asuntos han sido enviados a los correos institucionales de las diputadas y los diputados integrantes y a sus asesores. No habiendo intervenciones al respecto, se procede a continuar con el siguiente punto del orden del día.

Como quinto punto, asuntos generales, el diputado Arturo Roberto Hernández Tapia (Morena) solicita un informe sobre el avance del dictamen relacionado con los ayuntamientos, en particular respecto a la garantía de espacios de estacionamiento especiales en centros comerciales.

Por su parte, la diputada Silvia Patricia Jiménez Delgado (PAN) manifiesta su interés en llevar a cabo un parlamento abierto con el objetivo de avanzar en la armonización de las leyes relacionadas con las personas adultas mayores.

El diputado José Luis Hernández Pérez (PVEM) reitera la relevancia de mantener el enfoque en la asignación y regulación de cajones de estacionamiento en centros comerciales destinados a personas con discapacidad.

Asimismo, la presidenta Casandra Prisilla de los Santos Flores (PVEM) subraya la importancia de fomentar el uso adecuado de las placas y tarjetones de discapacidad, a fin de evitar sanciones por el uso indebido de los espacios asignados, e insiste en la necesidad de que dichos distintivos se mantengan visibles en todo momento.

El diputado Juan Armando Ruiz Hernández (Movimiento Ciudadano) expresa su preocupación por la distorsión que se ha generado en torno al concepto de “discapacidad”, recordando que la necesidad inicial de estos espacios fue planteada especialmente para personas usuarias de silla de ruedas. Además, resalta la importancia de continuar con las visitas y el seguimiento al proyecto del Centro Paralímpico destinado a atletas de alto rendimiento.

La diputada Mónica Herrera Villavicencio (Morena) toma la palabra para señalar la necesidad de implementar campañas de capacitación y concientización dirigidas a la ciudadanía en general, dado que muchas personas no respetan los espacios reservados para personas con discapacidad.

En su intervención, la diputada Catalina Díaz Vilchis (Morena) destaca la importancia de que los espacios destinados a personas con discapacidad en los centros comerciales sean eficaces y funcionales. Asimismo, propone realizar una nueva visita guiada al Centro Paralímpico.

Finalmente, la presidenta Casandra Prisilla de los Santos Flores (PVEM) agradece a la diputada Silvia Patricia Jiménez Delgado (PAN) por la invitación al parlamento abierto, y extiende una cordial invitación para asistir el próximo 15 de junio al encendido del frontispicio con motivo del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. De igual manera, invita a participar en el parlamento abierto sobre la Ley de Inclusión de las Personas con Espectro Autista, a celebrarse durante el mes de septiembre. Solicita también al diputado Juan Armando Ruiz Hernández (Movimiento Ciudadano) el envío de un oficio para continuar con el seguimiento de los temas relativos al Centro Paralímpico.

Para concluir, expresa su agradecimiento al Consejo Estatal de Desarrollo de Personas con Discapacidad del estado de Durango por el acompañamiento brindado, y hace entrega a las diputadas y diputados de un obsequio enviado por familias del municipio de Reynosa.

Como sexto punto, a las 12:48 horas se da por concluida la primera reunión extraordinaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la LXVI Legislatura.

Lista de asistencia final:

Diputada Casandra Prisilla de los Santos Flores (PVEM)

Diputado Alejandro Calderón Díaz (Morena)

Diputada Catalina Díaz Vilchis (Morena)

Diputado José Luis Hernández Pérez (PVEM)

Diputado Juan Armando Ruiz Hernández (Movimiento Ciudadano)

Diputada Kenia Gisell Muñiz Cabrera (Morena)

Diputada Mayra Dolores Palomar González (Morena)

Diputada Mónica Herrera Villavicencio (Morena)

Diputada Ofelia Socorro Jasso Nieto (PRI)

Diputada Olga Juliana Elizondo Guerra (PT)

Diputada Silvia Patricia Jiménez Delgado (PAN)

Diputado Arturo Roberto Hernández Tapia (Morena)

Diputada Beatriz Carranza Gómez (Morena)

Diputada Elizabeth Martínez Álvarez (PAN)

Diputada Ma. Leonor Noyola Cervantes (PVEM)

Diputada Mariana Guadalupe Jiménez Zamora (PAN)

Diputada Tania Palacios Kuri (PAN)

Diputada Petra Romero Gómez

Diputada Paloma Domínguez Ugarte (PRI)

Dado en Palacio legislativo de San Lázaro, a 28 de mayo del 2025.

Aprobada por:

Diputada Casandra Prisilla de los Santos Flores

Presidenta

De la Comisión de Diversidad, correspondiente a la sexta reunión ordinaria, realizada el martes 22 de abril de 2025

A las 18:04 horas del martes 22 de abril de 2025, en el salón A del edificio G de la Cámara de Diputados, ubicada en Congreso de la Unión número 66, colonia El Parque, alcaldía Venustiano Carranza, código postal 15960, Ciudad de México, en reunión de forma semipresencial las personas legisladoras que integran la Comisión de Diversidad, bajo el siguiente

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta referente a la quinta reunión ordinaria.

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la segunda reunión extraordinaria.

5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del programa de trabajo con dependencias, entidades y órganos autónomos del Poder Ejecutivo federal.

6. Informe del foro Diagnóstico de la implementación del protocolo para la atención sin discriminación a la prestación de servicios de atención médica de las personas LGBTIQ+ de la Secretaría de Salud federal .

7. Asuntos generales.

8. Cierre y convocatoria para la siguiente reunión.

1. Registro de asistencia y verificación de quórum

La diputada Alma Rosa de la Vega Vargas, por instrucción de la Presidencia, confirmó la existencia del quórum con la asistencia de los siguientes

Diputadas y diputados: Jaime Genaro López Vela, Alma Rosa de la Vega Vargas, Gabino Morales Mendoza, Laura Hernández García, Luis Fernando Vilchis Contreras, María Damaris Silva Santiago, Mónica Elizabeth Sandoval Hernández, Rafaela Vianey García Romero, Rufina Benítez Estrada.

Confirmando la existencia de quórum se abre la sexta reunión ordinaria de la Comisión de Diversidad.

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día

El presidente diputado Jaime Genaro López Vela instruyó a la secretaria, diputada Alma Rosa de la Vega Vargas dar lectura al orden del día de la sexta reunión ordinaria. Posteriormente, se puso a discusión el orden del día y se preguntó si había quien quisiera hacer uso de la voz. No habiendo quién hiciera uso de la palabra se sometió a votación aprobándose por unanimidad.

Diputadas y diputados: Jaime Genaro López Vela (a favor), Alma Rosa de la Vega Vargas (a favor), Gabino Morales Mendoza (a favor), Laura Hernández García (a favor), Luis Fernando Vilchis Contreras (a favor), María Damaris Silva Santiago (a favor), Mónica Elizabeth Sandoval Hernández (a favor), Rafaela Vianey García Romero (a favor), Rufina Benítez Estrada (a favor).

3. Aprobación del acta de la quinta reunión ordinaria

El presidente, diputado Jaime Genaro López Vela instruyó a la secretaria, diputada Alma Rosa de la Vega Vargas, consultar de forma económica la omisión de la lectura del acta correspondiente a la quinta reunión ordinaria, debido que fue circulada con anterioridad. Se aprobó por unanimidad la omisión de la lectura.

El presidente, diputado Jaime Genaro López Vela instruyó a la secretaria, diputada Alma Rosa de la Vega Vargas, consultar la aprobación del acta de la quinta reunión ordinaria. No habiendo quién hiciera uso de la voz se aprobó por unanimidad.

Diputadas y diputados: Jaime Genaro López Vela (a favor), Alma Rosa de la Vega Vargas (a favor), Gabino Morales Mendoza (a favor), Laura Hernández García (a favor), Luis Fernando Vilchis Contreras (a favor), María Damaris Silva Santiago (a favor), Mónica Elizabeth Sandoval Hernández (a favor), Rafaela Vianey García Romero (a favor), Rufina Benítez Estrada (a favor).

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta referente a la segunda reunión extraordinaria

La secretaria, diputada Alma Rosa de la Vega Vargas, consultó de forma económica la omisión de lectura del acta de la segunda reunión extraordinaria. No hubo quién hiciera uso de la palabra y se aprobó por unanimidad la omisión.

El presidente, diputado Jaime Genaro López Vela indicó a la secretaria, diputada Alma Rosa de la Vega Vargas, consultar la aprobación del acta de la segunda reunión extraordinaria. Se preguntó si había quien quisiera hacer uso de la voz. No habiendo quién tomara la palabra, se abrió el sistema Aprav para la votación del acta y fue aprobada por unanimidad

Diputadas y diputados: Jaime Genaro López Vela (a favor), Alma Rosa de la Vega Vargas (a favor), Gabino Morales Mendoza (a favor), Laura Hernández García (a favor), Luis Fernando Vilchis Contreras (a favor), María Damaris Silva Santiago (a favor), Mónica Elizabeth Sandoval Hernández (a favor), Rafaela Vianey García Romero (a favor), Rufina Benítez Estrada (a favor).

Por instrucciones de la presidencia, la secretaria, diputada Alma Rosa de la Vega Vargas, dio lectura al siguiente punto del orden del día.

5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del programa de trabajo con dependencias, entidades y órganos autónomos del Poder Ejecutivo federal

La secretaria, diputada Alma Rosa de la Vega Vargas, indicó al equipo técnico de la Comisión de Diversidad la presentación del programa de trabajo. Una vez tomada la palabra por el equipo, se explicó que se ha avanzado en el programa y se tiene ya la estructura de éste. Para ello, se hizo un rastreo de problemáticas en el Registro Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil en conjunto con las más de 90 solicitudes de apoyo realizadas mediante el módulo de atención virtual del diputado Jaime Genaro López Vela.

En relación con las problemáticas, se identificaron los objetivos y metas específicas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible con el objetivo de incidir en estas problemáticas en sentido positivo. Es así como se construyeron fichas de metas alcanzables tomando como referencia el conjunto de indicadores para medir el Índice de Inclusión LGBTI del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

En cuanto a las atenciones ciudadanas realizadas mediante el módulo virtual, atendidas por el abogado Missael Osorio, se explicó que se han atendido diferentes estados de la República Mexicana, tales como: Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Guanajuato, Tlaxcala, Chihuahua, Puebla, Hidalgo, Oaxaca, Querétaro, Tamaulipas, Chiapas y Veracruz.

Además, se compartió que, para la resolución de estas necesidades ciudadanas, se ha recurrido a diferentes autoridades como: Registro Civil, CEAV, Fiscalía de la Ciudad de México, Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred), Centro de Conciliación Laboral, entre otras.

El equipo técnico de la Comisión de Diversidad compartió los pasos a seguir en la ruta de trabajo y se finalizó con la lectura del reporte.

La secretaria, diputada Alma Rosa de la Vega Vargas, puso a discusión el programa de trabajo con dependencias, entidades y órganos autónomos del Poder Ejecutivo federal. Se preguntó si algún diputado o diputada quisiera hacer uso de la voz.

El presidente, diputado Jaime Genaro López Vela tomó la palabra. Mencionó la importancia del programa de trabajo y de las atenciones ciudadanas brindadas por el abogado Missael Osorio. Agradeció el acompañamiento de las y los diputados integrantes de la Comisión de Diversidad. Enfatizó lo valioso que ha sido resolver los diferentes casos de discriminación. Pidió que, las y los diputados integrantes, desde sus espacios, difundan el Módulo de Atención para seguir brindado apoyo.

Una vez finalizada la participación, por instrucciones de él mismo, se puso a votación el programa de trabajo. Fue aprobado por 9 votos en total.

Diputadas y diputados: Jaime Genaro López Vela (a favor), Alma Rosa de la Vega Vargas (a favor), Gabino Morales Mendoza (a favor), Laura Hernández García (a favor), Luis Fernando Vilchis Contreras (a favor), María Damaris Silva Santiago (a favor), Mónica Elizabeth Sandoval Hernández (a favor), Rafaela Vianey García Romero (a favor), Rufina Benítez Estrada (a favor).

No habiendo más personas legisladoras que hicieran uso de la voz, se avanzó al siguiente punto del orden del día.

6. Informe del foro Diagnóstico de la implementación del protocolo para la atención sin discriminación a la prestación de servicios de atención médica de las personas LGBTIQ+ de la Secretaría de Salud federal

Por instrucciones de la secretaria, diputada Alma Rosa de la Vega Vargas, el equipo técnico de la Comisión de Diversidad tomó la palabra para la lectura y presentación al informe.

El equipo técnico identificó que el Protocolo fue creado en 2016 y en 2019 recibió una actualización, para que, finalmente, fuera publicado en 2020. Se comentó que es un protocolo que tuvo que haberse implementado en todos los centros de salud, desde 2021 a 2024; sin embargo, con base en diversas reuniones que tuvo el equipo técnico con el personal de salud, se concluyó que no hay información sobre su implementación. Es así como no se puede diagnosticar algo que no se implementó.

En consonancia con lo anterior, el equipo técnico de la Comisión de Diversidad trabajó de cerca con la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad para la creación de una batería de preguntas que ayuden al diagnóstico.

Además, junto con la Secretaría de Salud, se decidió formar una mesa de trabajo con las organizaciones que ayudaron a la redacción original del Protocolo. Se dio cita a 17 organizaciones no gubernamentales como: Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/sida (Censida); Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred); Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama); la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad; y la misma Secretaría de Salud. Se lograron siete acuerdos:

1. Revisión de la NOM 034 en materia de regulación de los servicios de salud.

2. Rastreo de información reportada en 2021 y 2024 por el Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación (Pronaid).

3. Construcción de normas oficiales mexicanas por orientación sexual, identidad de género y características sexuales que ayuden a robustecer el protocolo.

4. Revisión de la batería de preguntas que propone la Secretaría de Salud.

5. Actualización y capacitación.

6. Campaña de difusión una vez listo el nuevo material.

7. Construcción de una ruta de trabajo con tiempos claros, asegurando la coautoría y, si es posible, un pago y constancia de la labor realizada.

Al finalizar la participación del equipo técnico, la secretaria, diputada Alma Rosa de la Vega Vargas, preguntó si había quién deseara hacer uso de la voz. Dicho esto, el presidente, diputado Jaime Genaro López Vela tomó la palabra.

Manifestó que uno de los objetivos que se propuso atender desde la Comisión de Diversidad en la LXVI Legislatura es el de la salud en las poblaciones LBGTIQ+. En este sentido, reiteró en los problemas de salud que sufren estas poblaciones que no se han atendido de forma puntual. Entonces, se pretende identificar específicamente las necesidades que hace falta atender, como el de la salud sexual y reproductiva, para incidir en esta problemática. Enfatizó en la importancia de las técnicas de reproducción asistida y, también, en los procesos aceptados por los profesionales de la salud para que las poblaciones trans puedan recurrir a tratamientos corporales sin dañar gravemente su salud.

Posterior a ello, mencionó la importancia de la salud intersexual y que es un tema que el Protocolo, del cual se habló previamente, debe considerar.

No habiendo quién más hiciera uso de la palabra, se avanzó a los Asuntos generales.

7. Asuntos generales

La secretaria, diputada Alma Rosa de la Vega Vargas, aprovechó para tomar la palabra. Realizó una invitación para un foro sobre el cooperativismo de vivienda en las poblaciones LGBTIQ+, el cual sería dividido en dos partes: 1) Derecho a la vivienda para la población LGBTIQ+. 2) Acceso a la vivienda en México para las personas de la diversidad sexual y de género.

Una vez terminó su participación, el presidente, diputado Jaime Genaro López Vela, hizo uso de la voz para solicitar el apoyo de las y los diputados integrantes de la Comisión de Diversidad y emitir un comunicado dirigido al Gobierno de Colombia por el caso de Sara Millerey, mujer trans a la cual le provocaron daños severos, lo que ocasionó su muerte, por motivos transfóbicos. En el comunicado se expresaría la indignación por este caso y se pediría que se atienda de forma puntual el atentado contra Sara. Además, debe reconocerse el derecho a la identidad de género de todas las personas trans.

A su vez, solicitó el acompañamiento de las y los diputados de la Comisión de Diversidad para una petición dirigida al gobierno estatal de Hidalgo por el avance en el marco de la lucha por la igualdad y la no discriminación.

Posteriormente, la diputada Laura Hernández García expresó su alegría tras escuchar los comentarios del presidente, diputado Jaime Genaro López Vela, en torno a la importancia de la salud en las poblaciones LGBTIQ+.

No hubo otro diputado o diputada que hiciera uso de la palabra.

8. Cierre y convocatoria para la siguiente reunión

A las 18:56 horas del martes 22 de abril de 2025 se levantó la sexta reunión ordinaria de la Comisión de Diversidad, correspondiente a la LXVI Legislatura.

La convocatoria a la séptima reunión ordinaria se hará circular en tiempo y forma.

Votación del acta

A favor

Diputados: Jaime Genaro López Vela, Alma Rosa de la Vega Vargas, Abril Ferreyro Rosado, Rafaela Vianey García Romero, Gabino Morales Mendoza, Luis Fernando Vilchis Contreras, Rufina Benítez Estrada.

Ausentes

Diputadas: Laura Hernández García, María Damaris Silva Santiago, Mónica Elizabeth Sandoval Hernández.

De la Comisión de Gobernación y Población, concerniente a la sexta reunión de junta directiva, que tuvo lugar el martes 29 de abril de 2025

A las 17:15 horas del martes 29 de abril de 2025, en la sala de juntas de la Comisión de Gobernación y Población, edificio D de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, los integrantes se reunieron en la modalidad semipresencial, con fundamento en los artículos 45, numeral 6, inciso d), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 146, numerales 1 y 2, 155, 160, 167, 168 y 312 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y de conformidad con la convocatoria realizada y publicada en la Gaceta Parlamentaria del martes 25 de marzo de 2025, para desahogar el siguiente orden del día:

1. Registro de asistencia y declaratoria de quórum.

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la reunión anterior.

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día para la cuarta reunión plenaria.

5. Asuntos generales.

6. Clausura.

Registro de asistencia y declaración de quórum

La presidenta, Graciela Ortiz González, dio la bienvenida a los integrantes de la junta directiva y solicitó a la secretaria Eva María Vásquez Hernández que verificara el cómputo de asistencia.

Informó que se contó con la asistencia de 12 diputados: 9 de forma presencial y 3 vía remota. Se confirmó el quórum correspondiente.

Constatado el quórum, la presidenta declaró formalmente la validez de la sesión.

Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día

Por instrucciones de la presidencia, la secretaría puso a consideración de la junta directiva el orden del día, sin que interviniese algún integrante. Aprobado por unanimidad en sus términos.

Dispensa de la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior

Por instrucciones de la presidencia, la secretaria puso a consideración de la junta directiva la dispensa de la lectura, discusión y, en su caso aprobación, del acta de la sesión anterior en un solo acto, sin que interviniese algún integrante. Aprobada por unanimidad en sus términos.

En votación nominal, previa verificación del quórum, se registraron 11 votos a favor. Aprobada por mayoría en sus términos.

Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta de orden del día para la cuarta reunión plenaria

La presidencia sometió a consideración la propuesta de orden del día para la cuarta reunión plenaria, citada previamente para el 29 de abril de 2025, a las 17:30 horas, en los siguientes términos:

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la reunión anterior.

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de proyectos:

4.1. Dictamen en sentido positivo con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en materia de educación lingüística.

4.2. Dictamen en sentido positivo con proyecto de decreto por el que se declara la tercera de noviembre Semana Nacional de las Mujeres Emprendedoras.

4.3. Dictamen en sentido negativo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 8 de octubre Día Nacional de la Generosidad.

4.4. Dictamen en sentido negativo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (creación de la Secretaría de Justicia).

5. Asuntos generales:

5.1 Actualización del estado de los asuntos a cargo de la comisión.

6. Clausura.

La presidencia hizo la aclaratoria de que se había modificado el orden del día distribuido previamente, pues con fecha de la sesión presente se recibió oficio de la diputada Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, donde solicita que se retire del orden del día el dictamen relativo a las iniciativas que reforman los artículos 8, párrafo tercero, y 120, párrafo primero, de la Ley General de Bienes Nacionales, contenida en los expedientes 1204 y 1275, respectivamente, a fin de realizar un análisis más profundo y minucioso del contenido de la iniciativa en cuestión con los sectores involucrados.

Por instrucciones de la presidencia, la secretaría puso a consideración de la junta directiva la aprobación de la propuesta del orden del día. No hubo lista de oradores, y se procedió a la votación económica. Aprobada por unanimidad.

El siguiente punto del orden del día correspondió a asuntos generales, donde la presidencia informó sobre el estado que guardan los asuntos turnados a la comisión conforme al documento distribuido previamente.

Clausura

Agotados los asuntos del orden del día, la presidenta declaró concluidos los trabajos a las 17:25 horas del día de celebración. Cerró la sesión con un registro de 11 integrantes presentes. Firman al calce los legisladores de este órgano.

Votación del acta

A favor: Eva María Vázquez Hernández, Francisco Adrián Castillo Morales, Irma Juan Carlos, Jorge Alberto Mier Acolt, Marcelo de Jesús Torres Cofiño, Mario Miguel Carrillo Cubillas, Miguel Ángel Sánchez Rivera.

Ausentes: Adriana Belinda Quiroz Gallegos, Ana Érika Santana González, Armando Corona Arvizu, Carlos Enrique Canturosas Villarreal, Graciela Ortiz González, Joaquín Zebadúa Alva, José Luis Sánchez González, Miguel Alejandro Alonso Reyes.

De la Comisión de Gobernación y Población, atinente a la cuarta reunión plenaria, celebrada el martes 29 de abril de 2025

A las horas 17:40 horas del martes 29 de abril de 2025, en la sala de juntas de la Comisión de Gobernación y Población, en el tercer piso del edificio D de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, los integrantes se reunieron en modalidad semipresencial, con fundamento en los artículos 45, numeral 6, inciso d), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 146, numerales 1 y 2, 155, 160, 167, 168 y 312 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y de conformidad con la convocatoria realizada y publicada en la Gaceta Parlamentaria del martes 25 de marzo de 2025, para desahogar el siguiente orden del día:

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la reunión anterior.

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de proyectos:

4.1. Dictamen en sentido positivo con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en materia de educación lingüística.

4.2. Dictamen en sentido positivo con proyecto de decreto por el que se declara la tercera de noviembre Semana Nacional de las Mujeres Emprendedoras.

4.3. Dictamen en sentido negativo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 8 de octubre Día Nacional de la Generosidad.

4.4. Dictamen en sentido negativo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (creación de la Secretaría de Justicia).

5. Asuntos generales:

5.1. Actualización del estado de los asuntos a cargo de la comisión.

6. Clausura.

Registro de asistencia y declaración de quórum

La presidenta, Graciela Ortiz González, dio la bienvenida a los integrantes, quienes se encontraban de forma física y vía telemática, y solicitó a la secretaria Eva María Vásquez Hernández que hiciera del conocimiento el resultado del cómputo de asistencia.

La secretaria informó que había quórum para iniciar la sesión con un registro de 19 legisladores presentes y a través de la plataforma digital de un total de 34 integrantes.

Constatado el quórum, la presidenta declaró formalmente la validez de la sesión.

Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día

La presidenta solicitó a la secretaría que leyera el orden del día y consultase si era de aprobarse, sin que interviniese algún integrante. Aprobada por unanimidad en sus términos.

Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la tercera reunión plenaria

La presidenta, Graciela Ortiz González, solicitó a la secretaría que consultase si era de dispensarse la lectura del acta de la tercera reunión plenaria, pues fue distribuida previamente, y si era de aprobarse en un mismo acto.

Por instrucciones de la presidencia, la secretaría sometió a votación económica la dispensa de lectura del acta de la tercera reunión plenaria y su aprobación, sin que interviniese algún integrante. Aprobada por unanimidad en sus términos.

Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de proyectos de dictamen

4.1. Dictamen en sentido positivo con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en materia de educación lingüística

Por lo que refiere al punto 4.1 del orden del día, correspondiente a la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen en sentido positivo con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en materia de educación lingüística, la presidenta comentó que el proyecto propone facultar a la Secretaría de Educación Pública para garantizar los derechos consagrados en la reciente reforma constitucional referente a los pueblos indígenas.

Por un lado, el derecho a la educación indígena intercultural y plurilingüe y por otro, la enseñanza, preservación, estudio y difusión de las lenguas indígenas en el Sistema Educativo Nacional.

Dicha dependencia quedará encargada de instaurar ambos derechos, el de fortalecer la lengua indígena y el de la enseñanza, preservación, estudio y difusión de las lenguas indígenas.

Esta reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal recoge los derechos reconocidos en la Constitución para los pueblos indígenas, los cuales fueron sometidos a consulta en el momento procedimental oportuno de conformidad con el dictamen que dio origen a dicha reforma constitucional.

Por lo expuesto, la presidencia solicitó a la secretaría que consultara si alguien deseaba registrar intervención sobre el proyecto de dictamen mencionado. Registraron su intervención las diputadas Irma Juan Carlos y Karina Margarita del Río Zenteno, del Grupo Parlamentario de Morena:

Se cedió el uso de la voz a la diputada Irma Juan Carlos, del Grupo Parlamentario de Morena, quien en síntesis mencionó:

Este importante dictamen es una relevante iniciativa presentada por la diputada Karina, nuestra hermana de Chiapas aquí presente, y una servidora.

Como saben, Oaxaca, Guerrero y Chiapas todavía mantienen comunidades que preservan sus lenguas originarias. En ese sentido, con la intención de armonizar las leyes secundarias con base en la reciente reforma del artículo 2o. constitucional, que en este caso considera a los pueblos indígenas y afromexicanos sujetos de derecho público, pero también con derecho a la libre determinación y autonomía, en este caso para construir sus modelos educativos que reflejen la composición pluricultural de la nación, eso quedó establecido en el Apartado B de esta reforma del artículo 2o. constitucional.

Recordemos también que en la pasada legislatura reformamos la Ley General de Educación, en los artículos 56, 57 y 58, para reconocer la educación intercultural y plurilingüe. Esta reforma del artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal embona perfectamente a fin de que la Secretaría de Educación Pública pueda realizar los trabajos para que nuestros pueblos puedan ejercer este derecho constitucional al uso para fomentar sus lenguas, preservar sus lenguas indígenas.

Agradecer a las y los integrantes de esta comisión y reconocer el apoyo de la presidencia para que esta iniciativa, este dictamen, salga en sentido positivo. Hoy, esta armonización con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal ya es un logro bastante importante para nuestros pueblos indígenas que quieren preservar sus lenguas maternas. Muchísimas gracias (habla en lengua originaria).

A continuación, se cedió el uso de la voz a la diputada Karina Margarita del Río Zenteno, del Grupo Parlamentario de Morena, quien en síntesis señaló:

De aprobarse este dictamen, va a ser un logro histórico para los pueblos y las comunidades indígenas. Se integra en las atribuciones de la Secretaría de Educación Pública una responsabilidad más: garantizar y fortalecer la educación indígena intercultural y plurilingüe en los niveles de educación básica, media superior, además de la enseñanza, la preservación, el estudio y la difusión de las lenguas indígenas en el sistema educativo nacional.

Esta iniciativa de proyecto de decreto tiene dos ejes fundamentales: el primero son los convenios que tiene México firmados en la OIT, el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales, donde se establece que los pueblos y las comunidades indígenas reciban una educación en todos los niveles con plena igualdad y sin discriminación, además de fortalecer la enseñanza-aprendizaje de las lenguas en los entornos educativos como señalan los artículos 28 y 29 de dicho convenio.

El segundo es la modificación que nosotros hicimos al artículo 2o. constitucional en septiembre del año pasado, derivado de que ahora se reconocen ahí los pueblos indígenas, los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos a fortalecer la educación indígena intercultural y plurilingüe, a la alfabetización, la formación de profesionales indígenas, la implantación de programas educativos bilingües, la promoción de una educación integral gratuita y con pertinencia cultural y lingüística.

Creo que no podemos seguir permitiendo que la riqueza cultural de nuestras comunidades siga siendo marginada del sistema educativo nacional. La iniciativa que aprobaremos ahora permitirá que en un futuro podamos diseñar políticas educativas con pertinencia cultural para formar profesionales indígenas, que podamos establecer becas que garanticen el acceso y la permanencia a estudiantes indígenas y afromexicanos en todos los niveles educativos.

Esta propuesta no sólo cumple nuestros compromisos constitucionales e internacionales; también responde a un deber ético: saldar una deuda histórica con los pueblos que han sido pilares de nuestra identidad nacional porque reconocer, preservar y fortalecer sus saberes, lenguas y formas de vida es fortalecer a México.

Por otro lado, también se fortalece y se reconoce la composición pluricultural y multiétnica sustentada originalmente en los pueblos indígenas que son las colectividades que con una continuidad histórica de las sociedades precoloniales establecidas en el territorio nacional y que conservan, desarrollan y transmiten sus instituciones sociales, normativas, económicas, culturales, políticas y lingüísticas.

Con esta iniciativa se pondrá en marcha una verdadera política lingüística en el ámbito educativo en México, ya que en el pasado desde la educación se pretendió desaparecer las lenguas indígenas y se debe reconocer que lamentablemente tuvieron mucho éxito.

Hay mucha gente, jóvenes, en nuestros pueblos y comunidades indígenas que ya no hablan las lenguas, ya no quieren reconocerse originarios de México, y pues creo que es momento de que pongamos en marcha todas políticas públicas para revitalizar y poder sentirnos orgullosos en el mundo de la composición pluricultural de México.

Ya sabemos que se están perdiendo los saberes y las lenguas, pero es momento de tomar acciones concretas para revitalizar, recuperar y mantener el uso de esas lenguas en México.

Para terminar, pido el voto a favor de esta iniciativa para que sigamos construyendo un México de todas y todos donde cada lengua, cada cultura y cada comunidad tenga un lugar que se merece.

No hubo más oradores registrados, y la presidencia pidió a la secretaría que consultara en votación nominal si se dispensa la lectura y si era de aprobarse en un solo acto el dictamen señalado. Previa verificación del quórum, se procedió a la votación nominal del dictamen correspondiente.

La secretaría informó a la presidencia que se emitieron 26 votos a favor, 0 votos en contra y 0 en abstención. Por tanto, se declaró aprobado por unanimidad el dictamen correspondiente al punto 4.1 del orden del día.

La presidenta instruyó al secretario técnico para que se llevaran a cabo los trámites parlamentarios correspondientes.

4.2. Dictamen en sentido positivo con proyecto de decreto por el que se declara la tercera de noviembre Semana Nacional de las Mujeres Emprendedoras

La presidencia presentó el dictamen correspondiente al numeral 4.2, referente a la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen en sentido positivo con proyecto de decreto por el que se declara la tercera de noviembre Semana Nacional de las Mujeres Emprendedoras.

La presidenta mencionó que la participación de las mujeres en actividades de emprendimiento contribuye a mejorar su autonomía económica y la gestión del hogar, por lo que las emprendedoras representan un pilar importante en la actividad económica y, por supuesto, en la actividad social del país.

Por otra parte, la mayoría de las mujeres en México emprenden por gusto y motivación personal. Por ello, de proporcionarles las condiciones apropiadas para el emprendimiento como parte de las políticas públicas, las probabilidades de que asuman los riesgos implícitos del emprendimiento se incrementan y, con ello, la posibilidad de crear empresas y consolidarlas en el mediano y largo plazos, creándose condiciones idóneas para el impulso económico.

Concluida la presentación del dictamen de referencia, en términos del artículo 212 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la presidenta decretó un receso en la reunión para que los integrantes acudan a la votación del pleno de la Cámara. Tras ello, y previa verificación del quórum, se reanudó la sesión.

La diputada Graciela Ortiz solicitó a la secretaria Eva María Vásquez Hernández que consultara si alguien deseaba registrar intervención sobre el proyecto de dictamen mencionado, sin que hubiera intervención alguna.

Por ello, previa verificación del quórum, se llevó a cabo la votación nominal del proyecto de dictamen, consultándose también si era de dispensarse la lectura y de aprobarse en un solo acto el dictamen correspondiente.

La secretaría informó a la presidencia que se emitieron 28 votos a favor, 0 votos en contra y 0 en abstención. Por tanto, se declaró aprobado por unanimidad el dictamen correspondiente al punto 4.2 del orden del día.

La presidenta instruyó al secretario técnico que se llevaran a cabo los trámites parlamentarios correspondientes.

4.3. Dictamen en sentido negativo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 8 de octubre Día Nacional de la Generosidad

El siguiente punto es el correspondiente al numeral 4.3 del orden del día, referente a la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen en sentido negativo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 8 de octubre Día Nacional de la Generosidad.

Sobre ello, comentó que si bien todas las fechas propuestas son de relevancia, la comisión dictaminadora consideró fundamental establecer un mecanismo objetivo que permita desahogar de manera ordenada estos asuntos.

Por eso, como se ha hecho del conocimiento de ustedes, se revisó en primera instancia que el propuesto no cuente con algún día nacional mundial o internacional de relevancia nacional que ya se conmemore, a efecto de no generar duplicaciones en la materia y que los argumentos vertidos en la propuesta sean suficientes para determinar la procedencia de éstos.

Ante ello, el proyecto que se presenta propone desechar la iniciativa, pues el 8 de octubre se conmemoran los Días Internacional de la Educación Física, Internacional de la Podología, y Mundial de la Dislexia. Asimismo, en la iniciativa no se advierte justificación sobre la vinculación con el día sido propuesto ante ustedes.

De igual forma, se detectó que algunas organizaciones de la sociedad civil impulsan ya el Día Mundial de la Generosidad y que están establecidos por la ONU los Días Internacionales de los Voluntarios, y de la Solidaridad Humana, cuyos fundamentos coinciden con los elementos propuestos en la iniciativa, como el reconocimiento de valores vinculados a la solidaridad humana.

La diputada Graciela Ortiz solicitó a la secretaria Eva María Vásquez Hernández que consultase si alguien deseaba registrar alguna intervención sobre el proyecto de dictamen.

No hubo intervenciones registradas, y la presidencia solicitó a la secretaría que consultase si era de dispensarse la lectura y de aprobarse en un solo acto el dictamen correspondiente, llevándose a cabo la votación nominal, previa verificación del quórum del proyecto de dictamen en los términos presentado.

La secretaría informó a la presidencia que se emitieron 26 votos a favor, 0 votos en contra y 0 en abstención. Por tanto, se declaró aprobado por unanimidad el dictamen correspondiente al punto 4.3 del orden del día.

La presidenta instruyó al secretario técnico para que se llevaran a cabo los trámites parlamentarios correspondientes.

4.4. Dictamen en sentido negativo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (creación de la Secretaría de Justicia)

La presidenta presentó el dictamen en sentido negativo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (creación de la Secretaría de Justicia).

Mencionó que la iniciativa, presentada por la diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla, resalta la importancia de atender la situación de seguridad que afecta al país a través del fortalecimiento institucional de los entes facultados para garantizar la seguridad.

No obstante, se advirtió que la iniciativa propuesta contiene elementos de constitucionalidad de fondo relacionados con la reciente reforma en materia de seguridad, específicamente con los artículos 21, sobre la atribución relativa a la investigación de delitos, correspondiente al Ministerio Público; y 102, sobre la naturaleza jurídica de la Fiscalía General, lo que impide realizar los cambios propuestos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

La presidencia solicitó a la secretaría que consultara si alguien deseaba registrar intervención sobre el proyecto.

No hubo intervenciones registradas, y la presidencia solicitó a la secretaría que consultase a la asamblea si era de dispensarse la lectura y de aprobarse en un solo acto el dictamen correspondiente. Se llevó a cabo la votación nominal, previa verificación del quórum, del proyecto de dictamen en los términos presentado.

La secretaría informó a la presidencia que se emitieron 27 votos a favor, 0 en contra y 0 en abstención. Por tanto, se declaró aprobado por unanimidad el dictamen correspondiente al punto 4.4 del orden del día.

La presidenta instruyó al secretario técnico para que se llevaran a cabo los trámites parlamentarios correspondientes.

Asuntos generales

El siguiente punto del orden del día correspondió a asuntos generales, en el cual la presidenta, Graciela Ortiz, comentó que fue distribuida por correo electrónico la lista con el estatus de los asuntos turnados a la comisión, acorde con el plan de trabajo.

Igualmente, dio la bienvenida al diputado Manuel Vázquez Arellano, del Grupo Parlamentario de Morena, quien se incorpora en calidad de integrante.

De igual forma, se cedió el uso de la voz a los diputados Mario Miguel Carrillo Cubillas, Irma Juan Carlos, Óscar Bautista Villegas, Ana Érika Santana González, Eva María Vásquez Hernández y Carlos Arturo Madrazo Silva, en el mismo sentido, reconociendo la labor de la comisión en la atención plural y puntual de los asuntos que le han sido turnados.

Clausura

Agotados los asuntos del orden del día, la presidenta declaró concluidos los trabajos de la comisión a las 18:55 horas del día de celebración; la cerró con un registro de 29 asistentes de formas presencial y telemática. Firman al calce y en términos del artículo 313, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados los integrantes.

Votación del acta

A favor: Alejandro Avilés Álvarez, Alma Lidia de la Vega Sánchez, Ana Érika Santana González, Andrés Mauricio Cantú Ramírez, Asael Hernández Cerón, Carlos Arturo Madrazo Silva, Carlos Enrique Canturosas Villarreal, David Alejandro Cortés Mendoza, Eva María Vázquez Hernández, Fernando Torres Graciano, Francisco Adrián Castillo Morales, Irma Juan Carlos, Jaime Humberto Pérez Bernabe, Javier Taja Ramírez, Jorge Alberto Mier Acolt, Leonel Godoy Rangel, Marcelo de Jesús Torres Cofiño, Mario Miguel Carrillo Cubillas, Miguel Ángel Sánchez Rivera, Óscar Bautista Villegas, Roberto Ángel Domínguez Rodríguez, Sandra Patricia Palacios Medina.

Ausentes: Adrián González Naveda, Adriana Belinda Quiroz Gallegos, Armando Corona Arvizu, Graciela Ortiz González, Joaquín Zebadúa Alva, José Luis Sánchez González, Manuel Vázquez Arellano, María del Rosario Orozco Caballero, Mary Carmen Bernal Martínez, Miguel Alejandro Alonso Reyes, Napoleón Gómez Urrutia, Rosa María Castro Salinas.

De las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social correspondiente a la reunión llevada a cabo el miércoles 28 de mayo de 2025

A las 11:52 horas del miércoles 28 de mayo de 2025, reunidos en la zona C del edificio G en la planta baja del edificio G, de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con domicilio en avenida Congreso de la Unión número 66, colonia El Parque, alcaldía de Venustiano Carranza, se reunieron en modalidad semipresencial las diputadas y los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social.

La reunión fue conducida mediante la Presidencia de la diputada Maiella Martha Gabriela Maldonado, presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y la Secretaría estuvo a cargo del diputado Arturo Olivares Cerda, presidente de la Comisión de Seguridad Social.

Con base en la convocatoria de fecha martes 27 de mayo de 2025 publicada en la Gaceta Parlamentaria número 6790, se desarrolló la reunión conforme a los siguientes hechos:

El registro de asistencia se llevó a cabo mediante dos modalidades a través de la aplicación remota de asistencia y votación y de viva voz de las diputadas y diputados, que se consignan en el reporte correspondiente.

Por la Comisión de Trabajo y Previsión Social se encontraban presentes:

Diputados y diputadas: Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, presidenta; Ariadna Barrera Vázquez, Gilberto Daniel Castillo García, Sandra Beatriz González Pérez, Julia Arcelia Olguín Serna, Petra Romero Gómez, Mirna María de la Luz Rubio Sánchez, Delhi Miroslava Shember Domínguez, Theodoros Kalionchiz de la Fuente, Gabriela Benavides Cobos, Margarita García García y Erubiel Alonso Lorenzo Que, secretarias y secretarios; Yericó Abramo Masso, Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, Ana María Balderas Trejo, Eduardo Castillo López, Carlos Alonso Castillo Pérez, Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, Pedro Miguel Haces Barba, Genoveva Huerta Villegas, Karina Isabel Martínez Montaño, Fernando Mendoza Arce, Daniel Murguía Lardizábal, Ana Karina Rojo Pimentel y Miriam de los Ángeles Vázquez Ruíz.

Por la Comisión de Seguridad Social, se encuentran presentes:

Diputados y diputadas: Arturo Olivares Cerda, presidente; Celia Esther Fonseca Galicia, Claudia Quiñones Garrido, Fernando Mendoza Arce, Luis Gerardo Sánchez Sánchez, Blanca Araceli Narro Panameño, Jesús Emiliano Álvarez López, Karina Isabel Martínez Montaño, Merary Villegas Sánchez, Olegaria Carrazco Macías, Amarante Gonzalo Gómez Alarcón, Gibrán Ramírez Reyes, secretarias y secretarios; Adasa Saray Vázquez, Germán Martínez Cázares, María Magdalena Rosales Cruz, Mariana Guadalupe Jiménez Zamora, Pedro Mario Zenteno Santaella, Sonia Rincón Chanona, Gilberto Daniel Castillo García, Mirna María de la Luz Rubio Sánchez, Ector Jaime Ramírez Barba, Hilda Magdalena Licerio Valdes, Mónica Fernández Cesar, Sandra Beatriz González Pérez y Mayra Espino Suárez.

La diputada Maiella Martha Gabriela Gómez, presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, informó que la conducción se llevará a cabo conjuntamente con el presidente de la Comisión de Seguridad Social, quien fungió como secretario.

Se dio a conocer la asistencia previamente registrada de 18 legisladoras y legisladores por la Comisión de Trabajo y Previsión Social, incorporándose durante la reunión 7 más para hacer un total de 25 diputadas y diputados, y de 21 legisladoras y legisladores previamente registrados por la Comisión de Seguridad Social, incorporándose durante la reunión 4 más, para hacer un total de 25 diputadas y diputados presentes de dicha comisión, debidamente consignados en el reporte de asistencia mediante la aplicación remota de asistencia y votación de ambas comisiones.

La presidencia realizó la declaración del quórum legal para sesionar. Abrió la sesión.

La presidenta, Maiella Martha Gabriela Gómez, anunció que el siguiente punto consistía en la aprobación del orden del día.

El diputado Arturo Olivares Cerda, en su carácter de secretario, dio lectura del orden del día, para la reunión, propuesto en los siguientes términos:

Orden del Día

1. Lista de asistencia y declaración del quórum.

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XVI Ter al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo y se adiciona una fracción VI Bis al artículo 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo 123 Constitucional, en materia de salud mental.

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, en materia de plataformas digitales.

5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. En materia de licencias para realizar donaciones de sangre.

6. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Trabajo y de la Ley Federal de Los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, en materia de lactancia materna.

7. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en materia de permisos laborales.

8. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley Federal del Trabajo en materia de Discapacidad.

9. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la reunión que se llevaba a cabo.

10. Asuntos generales.

11. Clausura.

El presidente en funciones de secretario, Arturo Olivares Cerda, sometió a votación económica la propuesta de orden del día informando un resultado de la votación en sentido aprobatorio por unanimidad.

La presidenta, Maiella Martha Gabriela Gómez, declaró aprobado el orden del día de la primera reunión de Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social.

Se desarrolló la reunión, y conforme aparecen listados en el orden del día de la reunión, se desahogaron los siguientes asuntos.

Con la aprobación de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, se dispensó la lectura, y fueron discutidos y aprobados en los términos propuestos, los siguientes dictámenes:

• Con proyecto de decreto, por el que se adiciona una fracción XVI Ter al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo y se adiciona una fracción VI Bis al artículo 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, en materia de salud mental, propuesto por la diputada Naty Poob Pijy Jiménez Vázquez, del Grupo Parlamntario de Morena, en sentido positivo.

Aprobado por mayoría mediante la Aplicación remota de asistencia y votación (Aprav).

Por la Comisión de Trabajo y Previsión Social:

22 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.

Por la Comisión de Seguridad Social

24 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones.

• Con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a Ley Federal del Trabajo, y de la Ley del Seguro Social. en materia de plataformas digitales, presentada por el diputado Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del PRI, en sentido negativo.

Aprobado por mayoría mediante la Aplicación remota de asistencia y votación (Aprav).

Por la Comisión de Trabajo y Previsión Social:

21 votos a favor, 2 en contra y 0 abstenciones.

Por la Comisión de Seguridad Social

24 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones.

• Con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en materia de donaciones de sangre, presentada por el diputado Carlos Sánchez Barrios, Grupo Parlamentario de Morena, en sentido negativo.

Por la Comisión de Trabajo y Previsión Social:

21 votos a favor, 2 en contra y 0 abstenciones.

Por la Comisión de Seguridad Social

23 votos a favor, 2 en contra y 0 abstenciones.

• Con proyecto de decreto, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Trabajo y de la Ley Federal de Los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional. En materia de lactancia materna, presentada por la diputada Julieta Mejía Ibáñez, Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en sentido positivo.

Por la Comisión de Trabajo y Previsión Social:

22 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

Por la Comisión de Seguridad Social

25 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

• Con proyecto de decreto, por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en materia de permisos laborales. presentada por el diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en sentido negativo.

Por la Comisión de Trabajo y Previsión Social:

22 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones.

Por la Comisión de Seguridad Social

23 votos a favor, 2 en contra y 0 abstenciones.

• Con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley Federal del Trabajo, presentada por el diputado Omar Enrique Castañeda González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en materia de seguros para personas con discapacidad.

Por la Comisión de Trabajo y Previsión Social:

22 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones.

Por la Comisión de Seguridad Social

22 votos a favor, 1 en contra y 1 abstenciones.

El punto relativo al acta derivada de la reunión la presidencia preguntó a las diputadas y diputados si tenían consideraciones relacionada al tema, al no ocurrir intervención alguna, pidió a la secretaría poner a votación el acta, se aprobó el acta de la primera reunión de Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social con los resultados consignados mediante la Aplicación remota de asistencia y votación (Aprav).

Por la Comisión de Trabajo y Previsión Social:

24 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

Por la Comisión de Seguridad Social

25 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

No existiendo asuntos generales planteados y no habiendo más asuntos que tratar, la presidencia realizó la clausura a las 11:57 horas del miércoles 28 de mayo de 2025.

Así lo suscriben las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, mediante la Aplicación remota de asistencia y votación (Aprav).

Votación del acta

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social

Diputadas y diputados

A favor: Ana Karina Rojo Pimentel, Ana María Balderas Trejo, Ariadna Barrera Vázquez, Carlos Alonso Castillo Pérez, Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, Daniel Murguía Lardizábal, Delhi Miroslava Shember Domínguez, Eduardo Castillo López, Fernando Mendoza Arce, Gabriela Benavides Cobos, Genoveva Huerta Villegas, Gilberto Daniel Castillo García, Julia Arcelia Olguín Serna, Karina Isabel Martínez Montaño, Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, Margarita García García, Miriam de los Ángeles Vázquez Ruíz, Mirna María de la Luz Rubio Sánchez, Pedro Miguel Haces Barba, Petra Romero Gómez, Sandra Beatriz González Pérez, Theodoros Kalionchiz de la Fuente y Yericó Abramo Masso.

Ausentes: Erubiel Alonso Lorenzo Que, Francisco Adrián Castillo Morales, Jesús Valdes Peña, José Luis Sánchez González, Napoleón Gómez Urrutia y Patricia Mercado Castro.

Votación del acta

De la Comisión de Seguridad Social

Diputadas y diputados

A favor: Adasa Saray Vázquez, Amarante Gonzalo Gómez Alarcón, Arturo Olivares Cerda, Blanca Araceli Narro Panameño, Celia Esther Fonseca Galicia, Claudia Quiñones Garrido, Ector Jaime Ramírez Barba, Fernando Mendoza Arce, Germán Martínez Cázares, Gibrán Ramírez Reyes, Gilberto Daniel Castillo García, Hilda Magdalena Licerio Valdes, Jesús Emiliano Álvarez López, Karina Isabel Martínez Montaño, Luis Gerardo Sánchez Sánchez, María Magdalena Rosales Cruz, Mariana Guadalupe Jiménez Zamora, Mayra Espino Suárez, Merary Villegas Sánchez, Mirna María de la Luz Rubio Sánchez, Mónica Fernández Cesar, Olegaria Carrazco Macías, Pedro Mario Zenteno Santaella, Sandra Beatriz González Pérez y Sonia Rincón Chanona.

Ausentes: Alejandro Carvajal Hidalgo, Cindy Winkler Trujillo y Patricia Mercado Castro.


Informes

De la diputada Margarita García García, referente a la reunión ordinaria de la Comisión de Salud del Parlamento Lattinoamericano y Caribeño, llevada a cabo del miércoles 14 al viernes 16 de mayo de 2025 en Ciudad de Panamá, República de Panamá

1. Introducción

El Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), se creó el 7 de diciembre de 1964 con el objetivo de ser un organismo regional, permanente y unicameral, integrado por los parlamentos nacionales de los países soberanos e independientes de América Latina y el Caribe, elegidos democráticamente mediante sufragio popular, cuyos países suscribieron el correspondiente Tratado de Institucionalización el 16 de noviembre de 1987, en Lima, Perú. Su sede permanente se encuentra en Panamá. Está integrado por 13 comisiones permanentes responsables del análisis, estudio e investigación.

México es parte del Parlatino desde su fundación y tiene un papel preponderante dentro de las Comisiones y los órganos directivos, siendo promotor de distintas Leyes Modelo.

El Congreso mexicano ha presidido el Parlatino en tres ocasiones: del 25 de abril de 1977 al 16 de julio de 1979, con el diputado Augusto Gómez Villanueva y sustituido por el exdiputado Víctor Manzanilla Schaffer; del 18 de marzo de 2000 al 8 de noviembre de 2002, con la Senadora Beatriz Paredes Rangel; y del 2015 al 2017 con la entonces Senadora, y actual diputada, Blanca Alcalá Ruiz (2015-2017).

En el caso de la Secretaría General se ha presidido en dos periodos consecutivos del 2011 al 2012 y del 2012 al 2015, así como la Secretaría de Comisiones a través de la exsenadora María de los Ángeles Moreno Uriegas del 2006 al 2010. De manera reciente, ocupó la Secretaría de Relaciones Interparlamentarias con la entonces Senadora María del Rocío Pineda Gochi (noviembre de 2017-agosto de 2018).

Con fundamento en los artículos 277 y 278 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se establecen los criterios para formar y designar las delegaciones permanentes que representarán a esta soberanía ante organismos permanentes; organismos parlamentarios multilaterales mundiales, regionales, temáticos y bilaterales; asambleas parlamentarias internacionales; y reuniones interparlamentarias bilaterales y de invitación especial de carácter parlamentario de la LXVI Legislatura, se presenta el correspondiente informe de actividades y asistencia.

2. Objetivos generales

Las Leyes Modelo son una de las aportaciones más importantes del Parlatino. A través de sus Comisiones, y con el apoyo de los organismos internacionales con los que tiene acuerdos de cooperación interinstitucional, se diseñan leyes que tienen como objetivo atender los principales temas regionales, y sirven para lograr la armonización legislativa, pertinente para un mejor tratamiento de las problemáticas de forma integral y fomentan la integración regional.

Hasta el mes de marzo del 2024 se han aprobado más de 100 leyes modelo en diferentes.

En la reunión ordinaria de la comisión de salud, versa sobre todo lo relativo a la promoción, prevención y recuperación de la salud de los habitantes en América Latina y el Caribe. Abarca lo referente a la salud pública y saneamiento ambiental y los aspectos de investigación y desarrollo. Con base a estadísticas de enfermedades, epidemias y morbilidad, propondrá soluciones, reformas a los sistemas de salud y mejoramiento de la calidad de vida; se pronunciará sobre la situación alimentaria de la región y analizará en reuniones, talleres, foros y seminarios la realidad de la salud en América Latina y el Caribe y las medidas que han de adoptarse para mejorarla.

3. Objetivos Específicos

• Presentar un documento de apoyo sobre discapacidad para análisis y discusión.

• Reforzar la colaboración regional en el uso de tecnologías, atención al envejecimiento y protección de derechos de personas con discapacidad.

• Reconocer los desafíos demográficos como urgentes y de tratamiento multidisciplinario.

4. Contenido del Documento

4.1. Antecedentes

Reunión de la Comisión de Salud, celebrada el 2 y 3 de diciembre de 2024 en Panamá:

Los temas tratados durante la reunión fueron los siguientes:

1. Resolución sobre discapacidad:

• Se discutió una propuesta centrada en personas mayores con discapacidad.

• Los diputados de Uruguay solicitaron ampliar el enfoque para incluir otras edades.

• Acuerdo: aprobación de la resolución, enfocada en adultos mayores con discapacidad.

2. Envejecimiento poblacional y cambios demográficos:

• Se destacó el envejecimiento creciente de la población en países como Cuba y Uruguay.

• Se señaló la baja natalidad y el impacto en los sistemas de salud.

• Acuerdo: realizar reuniones conjuntas con otras comisiones (Educación, Cultura, etc.) para abordar el envejecimiento de manera integral.

3. Enfermedades crónicas no transmisibles:

• Se compartió un estudio que revela que el 43% de la población mundial padece condiciones neurológicas.

• Se vinculó el cambio climático con el aumento de enfermedades.

• Propuesta: desarrollar una ley modelo sobre envejecimiento y enfermedades crónicas.

4. Declaración de Oslo:

• Documento internacional centrado en derechos humanos, en especial de mujeres y niñas.

• Sugerencia: traducir y difundir la declaración ampliamente, incluyendo en inglés y mediante sistemas de infocomunicación.

5. Agenda 2025:

1. Arbovirosis y enfermedades infecciosas.

2. Revisión del impacto de la resolución sobre discapacidad.

3. Cambio climático y salud humana.

4. Estrategia “Una Salud” para el desarrollo sostenible.

5. Rol de los parlamentos frente al envejecimiento poblacional.

6. Integración intersectorial para enfrentar crisis múltiples.

Acuerdos finales:

1. Modificar resolución de discapacidad enfocándola en adultos mayores.

2. Ampliar la discusión del envejecimiento a otras Comisiones.

3. Fortalecer la comunicación para difundir decisiones del Parlatino.

4. Solicitar una reunión con enfoque en la convergencia de crisis globales.

Reunión de la Comisión de Salud, celebrada en Panamá, los días 7 y 8 de marzo de 2024.

Los temas abordados durante la reunión fueron los siguientes:

1. Inteligencia Artificial (IA) y revolución industrial en salud:

• Se discutió el uso de IA en el sector salud en América Latina y el Caribe.

• Se destacó la falta de datos regionales adecuados para el desarrollo de tecnologías y diagnósticos adaptados.

• Se enfatizó la necesidad de datos abiertos y protegidos éticamente para aprovechar la IA.

2. Discapacidad en América Latina y el Caribe:

• Se reconoció el concepto ampliado de discapacidad, incluyendo condiciones mentales y neurodegenerativas.

• Se mencionó el impacto post-COVID-19 en el avance de estas enfermedades.

• Se propuso desarrollar una resolución o ley modelo no vinculante para proteger los derechos de las personas con discapacidad.

• Se acordó avanzar hacia la redacción de un documento para circular entre los parlamentos de la región.

3. Envejecimiento poblacional:

• Se debatió sobre el cómo el envejecimiento afecta la economía, los sistemas de salud y la sociedad en general.

• Se destacó la importancia de políticas públicas para lograr una longevidad saludable.

• Se compartieron experiencias nacionales como el sistema de médicos de familia en Cuba y el aumento de la edad de jubilación en Curazao.

4. Baja natalidad:

• Se evidenció la tendencia regional hacia una disminución en la tasa de natalidad, con implicaciones sociales y económicas.

• Cuba mencionó políticas para estimular la reproducción, incluyendo programas de fertilidad.

4.2. Actividades preparatorias

Previo a las actividades para el desarrollo de la Reunión de la Comisión de Salud del Parlatino, se recibió oficio de convocatoria el 15 de abril del presente año.

Desde ese día, la Unidad de Asuntos Internacionales se puso en contacto con mi equipo de trabajo, para brindarme toda la información referente a la agenda del evento, trámites administrativos, temas a desarrollar y si era necesario realizar alguna reunión presencial o semipresencial, con el fin de aclarar cualquier duda que tuviese.

4.3. Desarrollo del programa

El programa del Evento fue el siguiente:

14 de mayo

9:00. Instalación conjunta con la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación

9:30. Tema I

Salud en América Latina y el Caribe. Enfoques actuales Informe por país.

10:30. Tema II

Envejecimiento poblacional y cambios demográficos Informe por país

11:30. Tema III

Las arbovirosis y otras enfermedades infecciosas, así como la situación epidemiológica de la muerte precoz por afecciones crónicas no transmisibles.

Informe por país

12:30. Tema IV

Revisión del Impacto de la resolución sobre discapacidad en la región de las Américas

https://parlatino.org/wp-content/uploads/2017/09/resolucion- discapacidad.pdf

13:00. Almuerzo

14:30. Continuación del tema IV

15:30. Tema V

El tema de “Una Salud” y la estrategia sanitaria para el desarrollo sostenible

16:30. Tema VI

El papel de los parlamentos en la estimulación del desarrollo de políticas sociales para atenuar este efecto del envejecimiento sobre la región

17:30. Tema VII

Los parlamentarios y su rol para lograr una mayor integración, intersectorialidad y transdiciplinariedad en la región para enfrentar los desafíos

Tema VIII

Seguimientos al Pacto para el Futuro (Acciones: 15, así como: 1, 2, 6, 12, 13, 16, 17, 18, 27, 38, 45-46, 54-55)

https://www.un.org/es/summit-of-the-future

El Pacto para el Futuro es un acuerdo global de las Naciones Unidas que busca construir un futuro más justo, inclusivo, y sostenible. Se adoptó en septiembre de 2024, tras la Cumbre del Futuro.

Objetivos del Pacto para el Futuro:

• Transformar la gobernanza mundial

• Promover el desarrollo sostenible

• Garantizar la paz y la seguridad internacionales

• Fomentar la cooperación digital

• Impulsar el comercio y el desarrollo equitativos

• Fortalecer el sistema multilateral

• Cuidar los derechos humanos

• Abordar la crisis climática

• Protegerse de las amenazas de la inteligencia artificial

Jueves 15 y viernes 16 de mayo

9:00. Continuación de los trabajos

Reunión conjunta con la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación

Todo el día.

VI Congreso Internacional de la Red Latinoamericana y del Caribe por el Derecho a la Educación de Niños, Niñas y Jóvenes Hospitalizados o en Tratamiento (REDLACEH). Pedagogía Hospitalaria: ”Desarrollo y desafíos de la Pedagogía Hospitalaria como modalidad educativa para América Latina y El Caribe.”

4.5. Conclusiones y resultados

Sugerencias para avanzar en diseño de agendas para el segundo semestre de 2025:

- ¿Cómo alcanzar la cobertura sanitaria universal y cómo lograr sistemas sanitarios resilientes?

- ¿Qué hacemos para asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva?

5. Recomendaciones administrativas

Destacar que todas y cada una de las áreas que nos acompañaron desde que fuimos considerados para formar parte de esta delegación, realizó una gran labor para aclarar todas y cada una de nuestras dudas, así como apoyarnos dentro de la sede del evento.

6. Evaluación personal de los resultados

El proyecto de la Red de Escuelas Creativas, avances sobre la actualización del Plan de Educación para el Desarrollo y la Integración de América Latina y el Caribe, el envejecimiento poblacional y los cambios demográficos y el rol de los parlamentos de integración, fueron los temas abordados por las comisiones de Educación y Salud del Parlatino reunidas en Panamá.

El secretario Alterno de Comisiones del organismo, diputado Didiano Pinilla Ríos, destacó que los puntos analizados por los parlamentarios de América Latina y el Caribe son consensuados con “total transparencia” en cada una de las comisiones en mención.

El parlamentario hizo énfasis en la discusión y análisis del Pacto del Futuro que se adoptó en septiembre de 2024, tras la cumbre realizada. En el Parlatino estamos comprometidos con cada una de las comisiones que lo integran con el Pacto del Futuro.

Cabe destacar que las comisiones de Educación y Salud al iniciar los trabajos guardaron un minuto de silencio por el fallecimiento del expresidente del Uruguay y exparlamentario, José Pepe Mujica.

Durante la sesión de la Comisión de Salud, presidida por el congresista Elías Varas Meléndez, secretario de esa unidad parlamentaria y en representación del presidente, el diputado Luis Velázquez, los asistentes compartieron la situación de salud de los países que representan, entre ellos, Uruguay, Aruba, Perú, México, Paraguay y San Martin, entre otros.

El envejecimiento poblacional y los cambios demográficos y el rol de los parlamentarios en la integración, intersectorialidad y la transdisciplinariedad en la región fueron expuestos en la mesa de trabajo que también incluye para ambas comisiones, la participación en el VI Congreso Internacional de la Red Latinoamericana y del Caribe por el Derecho a la Educación de Niños, Niñas y Jóvenes Hospitalizados o en Tratamiento (REDLACEH) que abordará la pedagogía hospitalaria como modalidad educativa en la región.

Atentamente

Diputada Margarita García García (rúbrica)


Convocatorias

De la Comisión de Pesca

A la octava reunión de junta directiva, que de manera semipresencial tendrá lugar el martes 10 de junio, a las 16:00 horas, en el salón E del edificio G.

Orden del Día

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta correspondiente la reunión anterior.

4. Revisión de opiniones reglamentarias.

5. Asuntos generales.

6. Clausura.

Atentamente

Diputada Azucena Arreola Trinidad

Presidenta

De la Comisión de Pesca

A la octava reunión ordinaria, que se celebrará el martes 10 de junio –en modo semipresencial–, a las 16:30 horas, en el salón E del edificio G.

Orden del Día

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta referente a la reunión anterior.

4. Revisión de opiniones reglamentarias.

5. Asuntos generales.

6. Clausura.

Atentamente

Diputada Azucena Arreola Trinidad

Presidenta

De la Comisión de Seguridad Ciudadana

A la segunda reunión de junta directiva, que se efectuará el martes 10 de junio, a las 17:00 horas, en el salón B del edificio G, en modalidad semipresencial.

Orden del Día

I. Registro de asistencia y declaración de quórum.

II. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día de la reunión de junta directiva.

III. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día de la reunión ordinaria, con los siguientes asuntos:

A. Registro de asistencia y declaración de quórum.

B. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.

C. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de las actas de reuniones anteriores:

l. 19 de marzo de 2025.

2. 1 de abril de 2025.

D. Asuntos generales.

E. Clausura.

IV. Asuntos generales.

V. Clausura.

Atentamente

Diputada Jessica Saiden Quiroz

Presidenta

De la Comisión de Seguridad Ciudadana

A la segunda reunión ordinaria, que se llevará a cabo el martes 10 de junio, a las 17:30 horas, en el salón B del edificio G, en modalidad semipresencial.

Orden del Día

I. Registro de asistencia y declaración de quórum.

II. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.

III. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de las actas de reuniones anteriores:

a) 19 de marzo de 2025.

b) 1 de abril de 2025.

IV. Asuntos generales.

V. Clausura.

Atentamente

Diputada Jessica Saiden Quiroz

Presidenta

De la Comisión de Defensa Nacional

A la séptima reunión ordinaria, que en modalidad semipresencial tendrá verificativo el miércoles 11 de junio, a las 9:00 horas, en el salón B del edificio G.

Orden del Día

l. Registro de asistencia y declaratoria de quórum.

2. Lectura y aprobación del orden del día.

3. Lectura y aprobación del acta correspondiente a la sexta reunión ordinaria, celebrada el miércoles 28 de mayo de 2025.

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 84 Bis de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

5. Asuntos generales.

6. Clausura.

Atentamente

Diputado Luis Arturo Oliver Cen

Presidente

De la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública

A la octava reunión plenaria semipresencial, por celebrarse el miércoles 11 de junio, a las 11:00 horas, en el salón de protocolo del edificio C.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la séptima reunión plenaria.

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de dictámenes relativos a las iniciativas con proyecto de decreto:

4.1. Por el que se reforma el artículo 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por la diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;

4.2. Por el que se adiciona el artículo 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por la diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario de Morena;

4.3. Por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes General de Desarrollo Social, Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y General de Contabilidad Gubernamental, presentada por la doctora. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos.

5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de las opiniones relativas a las Iniciativas con Proyecto de Decreto que se enlistan a continuación:

5.1. Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las Leyes Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, General de Desarrollo Social, y Orgánica del Banco de Bienestar, suscrita por el diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;

5.2. Por el que se expide la Ley Nacional de Protección y Bienestar Animal, suscrita por el diputado Manuel de Jesús Espino Barrientos, del Grupo Parlamentario de Morena;

5.3. Por el que se expide la Ley Federal para el Desarrollo Ético, Soberano e Inclusivo de la Inteligencia Artificial, suscrita por la diputada Gabriela Georgina Jiménez e Integrantes del Grupo Parlamentario de Morena;

5.4. Por el que se expide la Ley General de Igualdad Salarial entre Mujeres y Hombres, suscrita por la diputada Julia Arcelia Olguín Serna, del Grupo Parlamentario de Morena;

5.5. Por el que se expide la Ley Nacional de Prevención de Emergencias Ambientales, suscrita por el diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;

5.6. Por el que se expide la Ley General de Protocolo para la Gestión de Crisis y Desastres Ambientales, suscrita por el diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;

5.7. Por el que se expide la Ley General de Consulta Previa, Libre e Informada para los Pueblos y Comunidades Indígenas en materia de Justicia Climática, suscrita por el diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;

5.8. Por el que se expide la Ley para la Gestión Sustentable del Agua en Zonas Áridas y Semiáridas, suscrita por el diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;

5.9. Por el que se expide la Ley General de los Derechos de los Animales, suscrita por el diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;

5.10. Por el que se expide la Ley Nacional contra el Desperdicio de Alimentos, suscrita por el diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; y

5.11. Por el que se expide la Ley General de Protección, Cuidado y Bienestar Animal, suscrita por los diputados Fernando Jorge Castro Trenti y Rocío Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario Morena.

6. Asuntos generales.

7. Clausura.

Atentamente

Diputada Merilyn Gómez Pozos

Presidenta

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias

A la octava reunión de junta directiva, que tendrá lugar el jueves 12 de junio –en modalidad semipresencial–, a las 10:00 horas, en la zona C del edificio G.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.

3. Informe de asuntos turnados por la Mesa Directiva.

4. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día correspondiente a la cuarta reunión ordinaria de la Comisión.

5. Asuntos generales.

6. Clausura de la reunión.

Atentamente

Diputado Luis Agustín Rodríguez Torres

Presidente

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias

A la cuarta reunión ordinaria, que se llevará a cabo en modalidad semipresencial el jueves 12 de junio, a las 10:30 horas, en la zona C del edificio G.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.

3. Informe de asuntos turnados por la Mesa Directiva.

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta referente a la segunda reunión ordinaria de la Comisión.

5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la tercera reunión ordinaria de la Comisión.

6. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta relativa a la primera reunión extraordinaria de la Comisión.

7. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta concerniente a la segunda reunión extraordinaria de la Comisión.

8. Lectura, discusión y, en su caso, votación del predictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se adicionan dos incisos al artículo 113 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de facultades y estructura de la Contraloría Interna del Senado de la República.

9. Lectura, discusión y, en su caso, votación del primer informe semestral de actividades, correspondiente al periodo noviembre de 2024-marzo de 2025.

10. Asuntos generales.

11. Clausura y cita para la próxima reunión.

Atentamente

Diputado Luis Agustín Rodríguez Torres

Presidente

De la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento

A la sexta reunión de junta directiva, que se realizará el lunes 16 de junio, a las 11:30 horas, en el vestíbulo del edificio E, planta baja, de manera semipresencial.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaratoria de quórum.

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.

3. Logística del orden del día de la sexta reunión ordinaria de la comisión.

4. Asuntos generales.

5. Clausura.

Atentamente

Diputada Elizabeth Cervantes de la Cruz

Presidenta

De la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento

A la sexta reunión ordinaria, que tendrá lugar el lunes 16 de junio, a las 12:00 horas, en el vestíbulo del edificio E, planta baja de manera semipresencial.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaratoria de quórum.

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la quinta reunión ordinaria de la comisión.

4. Exposición del estado actual y retos del recurso hídrico en México. El papel de las Instituciones de Educación Superior.

5. Asuntos generales.

6. Clausura.

Atentamente

Diputada Elizabeth Cervantes de la Cruz

Presidenta

De la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad

A la séptima reunión de junta directiva, que de manera semipresencial se llevará a cabo el miércoles 18 de junio, a las 11:30 horas, en el salón E del edificio G.

Orden del Día

1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum.

2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.

3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta relativa a la sexta reunión ordinaria.

4. Asuntos generales.

5. Clausura.

Atentamente

Diputada Alejandra Chedraui Peralta

Presidenta

De la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad

A la séptima reunión ordinaria, que tendrá verificativo en modo semipresencial el miércoles 18 de junio, a las 12:00 horas, en el salón E del edificio G.

Orden del Día

1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum.

2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.

3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la sexta reunión ordinaria.

4. Asuntos generales.

5. Clausura.

Atentamente

Diputada Alejandra Chedraui Peralta

Presidenta


Invitaciones

De la Comisión de Asuntos Migratorios

Al foro Legislación y migración: Abriendo vías para la integración de personas migrantes en México, que tendrá lugar el martes 17 de junio, a las 9:00 horas, en el salón Legisladores de la República, situado en el segundo piso del edificio A.

Programa

8:30 – 9:00. Registro

9:00 – 9:30. Inauguración y bienvenida

9:30 – 9:45. Foto oficial

9:45 – 10:45. Conversatorio 1. Perspectivas parlamentarias: Experiencias desde el terreno

• Participación de personas legisladoras de la visita a Tapachula, Chiapas.

10:45 – 11:00. Coffee break

11:00 – 12:00. Conversatorio 2. Enfoque y acciones para la ampliación de vías regulares y la integración laboral de personas migrantes en México

12:00 – 13:30. Panel 1. Propuestas legislativas para la integración laboral de las personas migrantes

13:30 – 14:00. Refrigerio

14:00 – 15:30. Panel 2. Oportunidades legislativas para la ampliación de vías regulares para la migración

15:30 – 16:00. Conclusiones y cierre.

Atentamente

Diputada Marcela Guerra Castillo

Presidenta

De la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad

Al foro Mujeres en acción frente a la crisis climática: hacia la construcción de una agenda legislativa, que tendrá lugar el miércoles 18 de junio, a las 9.00 horas, en el salón Legisladores de la República, situado en el edificio A, segundo piso.

Programa

8:45. Registro

9:00 - 9:10. Inauguración y bienvenida

• Diputada Alejandra Chedraui Peralta

9:10 - 9:16. Saúl Pereyra García, gerente de Acción Climática de WRI México

Contextualización del foro dentro del marco del proyecto

9:16- 9:22. Patricia Arendar Lerner, directora de Proyectos Especiales en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático

9:22-9:28. Alhely Rubio Arronis, titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México

9:28 - 9:34. Yolanda Alicia López Martínez, secretaria de Ecología y Medio Ambiente en PVEM-Ciudad de México

9:34 - 9:40. Palmira Camargo, vicepresidenta de Comunicación Corporativa para Bienes de Consumo en América del Essity

9:40- 9:50. Beatriz Olivera Villa, directora ejecutiva de Engenera, AC

Situación de las mujeres rurales, frente a la crisis climática

9:50-10:40. Voces de las mujeres desde los territorios

9:50 - 10:00 - Diana Cruz Garduño, Palizada, estado de México

10:00 - 10:10 - Yolotzin Zamora Méndez, Puebla

10:10 - 10:20 - Rosario del Carmen Gutiérrez Estrada, Chiapas

10:20 -10:30 - Arnulfa Tomás Martínez, San Luis Potosí

10:30 -10:40 - Reyna Domínguez Yescas, Oaxaca

10:40-10:55. Preguntas y respuestas

10:55-11:00. Clausura a cargo de la diputada Alejandra Chedraui Peralta

Atentamente

Diputada Alejandra Chedraui Peralta

Presidenta