Gaceta Parlamentaria, año XXVIII, número 6729-III-5, miércoles 26 de febrero de 2025
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Cofepris, a la Semarnat, a la Sader y al Senasica a realizar las medidas necesarias para prohibir el uso de fipronil en México, por demostrar ser altamente tóxico para la biodiversidad de la región, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI
Quien suscribe, Rubén Ignacio Moreira Valdez, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El uso de plaguicidas en la agricultura mundial ha experimentado un notable incremento en las últimas décadas. En 2021, el uso total de plaguicidas alcanzó aproximadamente 3.5 millones de toneladas de principios activos. Este aumento representa 4 por ciento más en comparación con 2020 y 11 por ciento más en la última década. Desde 1990, el uso de plaguicidas se ha duplicado, reflejando la creciente dependencia de estos productos para proteger los cultivos de plagas y enfermedades1 .
La distribución del uso de plaguicidas varía significativamente entre las regiones del mundo: Asia es la región con el mayor uso, representando 38 por ciento del total mundial; En las Américas, el uso de plaguicidas es también elevado, con un promedio de 3.01 kg/ha; Europa, por otro lado, tiene el menor uso relativo de plaguicidas, con sólo 13 por ciento del total mundial; Oceanía ha visto el mayor aumento porcentual en el uso de plaguicidas desde 1990, con un incremento de 206 por ciento, aunque su uso por hectárea sigue siendo bajo en comparación con otras regiones2 .
El impacto económico del comercio de plaguicidas es significativo. En 2021, el valor total de las exportaciones de plaguicidas fue de 43.2 mil millones de dólares. Asia lidera en exportaciones con 3.6 millones de toneladas, valoradas en 17.3 mil millones de dólares. Las Américas también son grandes importadoras de plaguicidas, con 1.2 millones de toneladas importadas por un valor de 7.6 mil millones de dólares.
Históricamente, el uso de plaguicidas ha mostrado una tendencia al alza. En 2019, el uso global alcanzó los 4.2 millones de toneladas, con un aumento significativo entre 2000 y 2012. Este incremento ha sido impulsado principalmente por Asia, seguida de América, Europa, África y Oceanía3 .
A pesar de los beneficios que los plaguicidas pueden ofrecer en términos de protección de cultivos y aumento de la productividad agrícola, también presentan riesgos significativos para la salud humana y el medio ambiente. Los plaguicidas pueden contaminar el suelo y el agua, y reducir la biodiversidad. Además, la exposición a plaguicidas puede tener efectos negativos en la salud humana, incluyendo intoxicaciones agudas y efectos crónicos como el cáncer y problemas reproductivos4 .
El uso de plaguicidas en la agricultura ha tenido un impacto significativo en las poblaciones de insectos polinizadores, como las abejas, mariposas y otros insectos beneficiosos. Estos polinizadores son esenciales para la reproducción de muchas plantas y la producción de alimentos, pero su número ha disminuido drásticamente en las últimas décadas debido a varios factores, entre los cuales el uso de plaguicidas juega un papel crucial.
Los plaguicidas pueden afectar a los polinizadores de varias maneras. En primer lugar, pueden causar la mortalidad directa de los insectos cuando entran en contacto con ellos. Esto ocurre cuando los polinizadores visitan flores tratadas con plaguicidas o cuando estos productos se aplican en áreas cercanas a sus hábitats. Por ejemplo, se ha observado que el uso de neonicotinoides, un tipo común de plaguicida, está asociado con la disminución de las poblaciones de abejas. Estudios han demostrado que estos químicos pueden reducir la capacidad de las abejas para encontrar su colmena, afectando su navegación y comportamiento5 .
Además de la mortalidad directa, los plaguicidas también pueden tener efectos subletales en los polinizadores. Estos efectos no matan a los insectos inmediatamente, pero pueden afectar su salud y comportamiento a largo plazo. Por ejemplo, algunos plaguicidas pueden interferir con el sistema nervioso de las abejas, afectando su capacidad para comunicarse y orientarse. Esto puede resultar en una disminución de su eficacia como polinizadores, lo que a su vez afecta la producción de cultivos y la diversidad de plantas.
El impacto económico de la disminución de polinizadores es significativo. Se estima que los polinizadores contribuyen con más de 235 mil millones de dólares anuales a la economía global a través de la polinización de cultivos. La pérdida de estos insectos podría llevar a una reducción en la producción de alimentos y un aumento en los precios de los productos agrícolas.
Para mitigar los efectos negativos de los plaguicidas en los polinizadores, es crucial adoptar prácticas agrícolas más sostenibles. Esto incluye el uso de plaguicidas menos tóxicos o alternativas biológicas, así como la creación de hábitats seguros para los polinizadores, como áreas de flores silvestres y corredores ecológicos. Además, es importante regular y monitorear el uso de plaguicidas para minimizar su impacto en el medio ambiente y la biodiversidad.
El uso de plaguicidas en México es un tema de gran importancia debido a su impacto en la agricultura, la salud pública y el medio ambiente. En México, se utilizan aproximadamente 32 mil toneladas de plaguicidas al año1. Estos productos se dividen principalmente en insecticidas, herbicidas y fungicidas. Los insecticidas representan el 40 por ciento del uso total, seguido por los herbicidas con 35 por ciento y los fungicidas con un 25 por ciento6 .
La distribución del uso de plaguicidas varía significativamente entre las diferentes regiones del país. Los estados con mayor uso de plaguicidas son Sinaloa, Sonora y Veracruz, debido a su alta actividad agrícola. En estas regiones, el uso de plaguicidas puede superar los 5 kg/ha. Esta alta concentración se debe a la necesidad de proteger cultivos de alto valor comercial como el tomate, el chile y el maíz.
El impacto económico del uso de plaguicidas en México es considerable. En 2021, el valor de las importaciones de plaguicidas fue de 1.2 mil millones de dólares. Este mercado está dominado por grandes empresas multinacionales que suministran la mayoría de los productos utilizados en el país. La dependencia de estos productos químicos es evidente en la agricultura intensiva, donde se busca maximizar la producción y minimizar las pérdidas por plagas.
Sin embargo, el uso de plaguicidas también tiene consecuencias negativas significativas. En términos de salud pública, se estima que cada año ocurren más de 10 mil casos de intoxicación por plaguicidas en México7 . Los síntomas de estas intoxicaciones pueden variar desde leves, como dolores de cabeza y náuseas, hasta graves, como convulsiones y muerte. Además, los plaguicidas pueden tener efectos crónicos, incluyendo cáncer y problemas reproductivos.
El impacto ambiental del uso de plaguicidas es igualmente preocupante. La contaminación del suelo y el agua es un problema común en las áreas agrícolas intensivas. Los plaguicidas pueden persistir en el medio ambiente, afectando a la fauna y flora local. Un ejemplo notable es la disminución de las poblaciones de insectos polinizadores, como las abejas, que son esenciales para la producción de muchos cultivos.
La muerte de abejas en México debido al uso de plaguicidas es un problema alarmante que ha tenido consecuencias significativas tanto para la biodiversidad como para la agricultura. En los últimos años, se ha registrado una disminución considerable en las poblaciones de abejas, un fenómeno que se atribuye en gran medida al uso intensivo de plaguicidas y agroquímicos altamente tóxicos.
En 2017, un estudio de la Sociedad Latinoamericana de Investigación en Abejas reveló que México perdió 17 por ciento de todas sus colmenas debido al uso desmedido de plaguicidas8 . Este uso excesivo de productos químicos no solo mata a las abejas directamente, sino que también afecta su capacidad para reproducirse y sobrevivir a largo plazo. Los plaguicidas, especialmente los neonicotinoides, han sido identificados como uno de los principales culpables.
El impacto económico de la pérdida de abejas es significativo. En 2023, se reportó que el uso de plaguicidas afectó a 3 mil 365 colmenas, resultando en la pérdida de 13 mil 200 días de empleo rural y causando pérdidas económicas por 12.99 millones de pesos9 . Las abejas son esenciales para la polinización de muchos cultivos, y su desaparición podría llevar a una disminución en la producción de alimentos y un aumento en los precios de los productos agrícolas.
Además de los efectos directos, los plaguicidas también tienen efectos subletales en las abejas. Estos efectos incluyen la reducción de la capacidad de las abejas para resistir enfermedades y parásitos, como el ácaro Varroa destructor, que se alimenta de las abejas y les transmite varios virus10 . La combinación de plaguicidas y otros factores de estrés ha llevado a una situación crítica para las poblaciones de abejas en México.
El caso de la muerte masiva de abejas en Campeche ha sido un tema de gran preocupación para los apicultores y las autoridades locales. En enero de 2024, se reportó una mortandad significativa de abejas en las comunidades mayas de San Francisco Suc Tuc y Crucero Oxá, ubicadas en los municipios de Hopelchén y Campeche, respectivamente. Esta tragedia afectó a por lo menos 800 colmenas, lo que representó una pérdida económica considerable para los productores apícolas11 .
La causa principal de esta mortandad fue la intoxicación por agroquímicos utilizados en los campos de cultivo cercanos, especialmente aquellos manejados por las poblaciones menonitas12 . Los apicultores denunciaron que la fumigación aérea de estos cultivos liberó plaguicidas que resultaron letales para las abejas. A pesar de que se demostró que los agroquímicos fueron los responsables, no se indemnizó a los apicultores ni se sancionó a los responsables.
En marzo de 2023, se había presentado una situación similar que provocó la muerte de cientos de miles de abejas en 4 mil 800 colmenas, con pérdidas superiores a 15 millones de pesos. Los apicultores afectados exigieron una investigación seria y sanciones para los responsables, pero las respuestas de las autoridades fueron insuficientes. En algunos casos, se culpó a los apicultores por colocar sus colmenas cerca de los campos de cultivo donde se realizan fumigaciones.
El uso de plaguicidas como el fipronil ha sido identificado como uno de los principales culpables de estas intoxicaciones13 . Este plaguicida de amplio espectro se utiliza en plantíos de algodón, caña y otros cultivos, y es altamente tóxico para las abejas. En 2023, la muerte de 3 mil 365 colmenas debido al fipronil resultó en pérdidas económicas de 12.9 millones de pesos y la pérdida de 36 años de empleo rural.
A pesar de las demandas colectivas y las pruebas toxicológicas que confirmaron la presencia de fipronil, los apicultores aún no han recibido compensación ni se han implementado medidas efectivas para prevenir futuras intoxicaciones. La falta de acción por parte de las autoridades ha generado frustración y desconfianza entre los productores de miel, quienes dependen de las abejas para su sustento.
Dicho lo anterior, la muerte de abejas en México debido al uso de plaguicidas es un problema multifacético que afecta tanto a la biodiversidad como a la economía agrícola. Es crucial adoptar medidas para reducir el uso de plaguicidas y promover prácticas agrícolas más sostenibles para proteger a estos importantes polinizadores y garantizar la seguridad alimentaria a largo plazo.
Por su parte, la regulación del uso de plaguicidas en México es un proceso complejo que involucra varias autoridades y un marco legal robusto. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) son las principales entidades responsables de la regulación y vigilancia de los plaguicidas en el país14 .
El marco legal para el control de plaguicidas en México ha evolucionado significativamente desde la primera Ley de Plagas en 1924. Actualmente, la regulación se basa en la Ley General de Salud y el Reglamento en Materia de Registros, Autorizaciones de Importación y Exportación de Plaguicidas, Nutrientes Vegetales y Sustancias y Materiales Tóxicos o Peligrosos15 . Este reglamento establece los requisitos para el registro, renovación y comercialización de plaguicidas, asegurando que estos productos sean seguros y eficaces.
En 2014, se publicó una reforma importante al reglamento de plaguicidas y fertilizantes, que incluyó disposiciones para mejorar la seguridad y calidad de estos productos. La reforma también buscó alinear los requisitos y procedimientos sanitarios con las mejores prácticas internacionales, fomentando así la competitividad de la industria agroquímica mexicana. Además, se establecieron mecanismos para la renovación de registros y la clasificación de productos, lo que ha permitido una mejor gestión y control de los plaguicidas en el mercado.
A pesar de estos avances, la implementación y cumplimiento de las regulaciones sigue siendo un desafío. Las normas oficiales del trabajo sobre el uso de plaguicidas, como la NOM-003-STPS-1999, que establece condiciones de seguridad e higiene en actividades agrícolas, aún enfrentan dificultades para su aplicación efectiva en muchas zonas agrícolas16 . Esto es crucial para proteger a los trabajadores agrícolas y minimizar los riesgos asociados con el uso de plaguicidas.
La regulación del uso de plaguicidas en México ha avanzado considerablemente, con un marco legal que busca garantizar la seguridad y eficacia de estos productos. Sin embargo, la implementación efectiva de estas regulaciones sigue siendo un desafío, especialmente en áreas rurales y agrícolas.
Prohibir ciertos plaguicidas en México es crucial para la conservación de las abejas, ya que estos insectos son esenciales para la polinización de numerosos cultivos y plantas silvestres, lo que a su vez sostiene la biodiversidad y la producción agrícola. Plaguicidas como el fipronil han demostrado ser altamente tóxicos para las abejas, causando mortalidad directa y efectos subletales que afectan su capacidad de navegación, reproducción y resistencia a enfermedades. Al prohibir estos productos, se puede reducir significativamente la mortalidad de las abejas, proteger los ecosistemas y asegurar la sostenibilidad de la agricultura, garantizando así la seguridad alimentaria y el bienestar económico de los apicultores y agricultores.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente Proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria para que, en el ámbito de su competencia, realice las medidas necesarias para prohibir el uso de fipronil en México, por demostrar ser altamente tóxicos para la biodiversidad de la región.
Notas
1 Mundo Agropecuario https://mundoagropecuario.com/analisis-historico-del-comercio-y-uso-de- plaguicidas-en-el-mundo-desde-1990-2021/#google_vignette
2 Íbid
3 Agrolink -Leonardo Gottems https://www.agrocarelatinoamerica.org/wp-content/uploads/2021/12/El-uso -de-plaguicidas-aumento-en-un-36-en-20-anos.pdf
4 Residuos de plaguicidas en los alimentos https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/pesticide-residues- in-food
5 Pesticidas y polinización: ¿Cómo afectan a las
poblaciones de abejas y otros polinizadores?
https://www.diariodelagro.cl/pesticidas-y-polinizacion-como-afectan-a-las-poblaciones-de-abejas-y-otros-polinizadores/
6 Plaguicidas en México: usos, riesgos y marco regulatorio https://link.springer.com/article/10.7603/s40682-014-0003-9
7 Plaguicidas en México: usos, riesgos y marco regulatorio. https://link.springer.com/content/pdf/10.7603/s40682-014-0003-9.pdf
8 México ha perdido 1,600 millones de abeja https://www.bing.com/
search?q=muerte+de+abejas+por+uso+de+plaguicidas+en+mexico&FORM=bngcht&toWww=1&redig
=F05715E4D9F34A5B90C0D38ED0F83351
9 Analizan impacto por uso de plaguicidas en abejas y
alternativas para evitar su uso. https://www.gob.mx/semarnat/prensa/
analizan-impacto-por-uso-de-plaguicidas-en-abejas-y-alternativas-para-evitar-su-uso?state=published
10 La combinación mortal que está matando a las abejas en todo el mundo https://www.bbc.com/mundo/noticias-58101576
11 Moreira, Ignacio. Fipronil y Bayer: Apicidioen Campeche, El Expreso de Campeche.
12 Nueva muerte masiva de abejas en Campeche por uso
de insecticidas. https://www.jornada.com.mx/
noticia/2024/01/28/estados/nueva-muerte-masiva-de-abejas-en-campeche-por-uso-de-insecticidas-2384
13 Intoxicación masiva de abejas en Campeche causa la
pérdida de más de 40 años de trabajo.
https://www.elsoldemexico.com.mx/doble-via/ecologia/tragedia-ambiental-intoxicacion-masiva-de-abejas-en-campeche
-causa-perdida-de-mas-de-40-anos-de-trabajo-11922158.html
14 OECD i Library https://www.oecd-ilibrary.org/sites/b4805eb5-es/index.html?itemId=/cont ent/publication/b4805eb5-es
15 Reforma al reglamento de plaguicidas y fertilizantes. https://www.gob.mx/salud/prensa/se-publica-reforma-al-reglamento-de-pla guicidas-y-fertilizantes
16 Evolución del marco legal para el control de los
plaguicidas en México https://ecologica.jornada.com.mx/
2019/04/24/evolucion-del-marco-legal-para-el-control-de-los-plaguicidas-en-mexico-4491.html/
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de febrero de 2025.
Diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a diversos congresos estatales a realizar y concluir la armonización de sus legislaciones, en materia desarrollo urbano, conforme a las disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a cargo de la diputada Abigail Arredondo Ramos, del Grupo Parlamentario del PRI
Quién suscribe, diputada Abigail Arredondo Ramos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II; numeral 2, fracciones I y II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
La regulación del territorio, los usos a los que está destinado y la organización de los asentamientos humanos, son cuestiones de interés fundamental, pues permiten la sana convivencia y el equilibrio de los factores de producción al interior de la sociedad.
La Organización de las Naciones Unidas fijó, como parte de las Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, el Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, previendo para ello una serie de acciones que los miembros de la comunidad internacional deben adoptar en sus respectivos territorios, a saber:
Asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales.
Proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos.
Aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países.
Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo.
Reducir de forma significativa el número de muertes y las pérdidas económicas ocasionadas por desastres.
Reducir el impacto ambiental negativo de las ciudades.
Proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles.
En ese contexto, el 20 de octubre de 2016, se celebró en la Ciudad de Quito, Ecuador, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III), que tuvo como resultado la emisión de un documento de gran importancia: la Nueva Agenda Urbana.1
En el caso de México, los compromisos asumidos se materializaron a través de la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2016, como un instrumento innovador que pretende dar un enfoque diferente a la organización del territorio nacional y la forma de hacer ciudad, atendiendo sobre todo a los principios de: equidad, inclusión, propiedad urbana, coherencia, racionalidad, participación democrática, transparencia, productividad, eficiencia, protección y progresividad del espacio público, resiliencia, seguridad urbana, sustentabilidad, accesibilidad universal, movilidad y, sobre todo, sostenibilidad; entendido como la capacidad de atender las necesidades presentes sin comprometer las del futuro, implicando un equilibrio y regeneración precisa entre factores que permita conservar y hacer viables los elementos del entorno.
El Estado mexicano ha implementado un sistema concurrente, partiendo de la premisa de que el territorio pertenece originalmente a la Nación, y que ésta constituye la propiedad privada, la que, si bien es un derecho humano reconocido a nivel internacional, no es ilimitado o absoluto, pues está encaminado a una función social.
En este contexto, el artículo 27 constitucional prevé lo relativo a la regulación de la propiedad inmobiliaria y la utilización del territorio, señalando que ésta se encuentra sujeta a las modalidades que el Estado le pueda imponer, atendiendo a su finalidad social. Por lo que las autoridades están facultadas para reglamentar el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con el objetivo de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana.
Si bien el artículo 73 fracción XXIX-C, de la Constitución General de la República, establece la facultad del Congreso de la Unión para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de las entidades federativas, de los municipios y, en su caso, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de asentamientos humanos, para que ello se haga realidad es necesario que las entidades federativas armonicen sus marcos regulatorios.
Conforme al artículo Tercero Transitorio de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en un plazo máximo de un año, contado a partir de la entrada en vigor, las autoridades de los tres órdenes de gobierno debían crear o adecuar sus disposiciones legales y reglamentarias a ese ordenamiento, plazo que venció el 30 de noviembre de 2017.
De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, mediante oficio no. DGPTM.0001.2025 de fecha 31 de enero de este año, suscrito por el Titular de la Dirección General de Obras Comunitarias y Encargado de despacho de la Dirección General de Política Territorial y Movilidad; existen sólo 5 legislaciones locales armonizadas, correspondientes a los Estados de: Durango, Nuevo León, Puebla, Sonora y Tabasco, 25 han armonizado parcialmente y 2 que no han armonizado sus legislaciones, correspondientes a los estados de Campeche y Ciudad de México. Tal y como se advierte de la siguiente tabla:
En virtud de lo anterior, es importante y necesario que este Congreso federal se pronuncie en torno a la armonización de los marcos jurídicos estatales a las leyes nacionales, en este caso, a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, pues la dinámica jurídica requiere, para ser eficiente, tener congruencia y estar homologada en un solo sentido y propósito.
Instrumentos como la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial requieren, para ser efectivos, de la integración con los demás niveles de planeación urbana, lo que solo se puede lograr mediante la unificación de la normatividad en los tres niveles de gobierno.
Asimismo, una visión integral y unificada de la materia urbana permitirá aplicar de mejor manera los principios y directrices del desarrollo nacional en la conformación y desarrollo de los asentamientos humanos.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a los congresos locales de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luís Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, para que, en el ámbito de su competencia, realicen las acciones necesarias para armonizar sus legislaciones locales en materia desarrollo urbano, acorde a las disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a fin de aplicar de mejor manera los principios y directrices del desarrollo nacional en la conformación y desarrollo de los asentamientos humanos del país.
Nota
1 Consultable en: ONU-Habitat-La Nueva Agenda Urbana en español, 19 de febrero de 2025 13:40 horas.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 26 de febrero de 2025.
Diputada Abigail Arredondo Ramos (rúbrica)