Proposiciones


Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP y al PJF a tomar acciones necesarias para garantizar los derechos laborales de las y los trabajadores del Poder Judicial Federal, a cargo del diputado Pablo Vázquez Ahued, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quien suscribe, diputado Pablo Vázquez Ahued, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXVI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Poder Judicial de la Federación, a que se tomen las acciones necesarias para garantizar los derechos laborales de las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación

Exposición de Motivos

I. El Poder Judicial de la Federación es una de las instituciones fundamentales para la vida democrática de nuestro país, su independencia y autonomía han sido pilares esenciales en la defensa del estado de derecho y en la garantía de los derechos humanos, como poder del Estado, su función es esencial para la resolución de conflictos, el equilibrio de poderes y la protección de las garantías constitucionales.

En el marco de la reforma al Poder Judicial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2024,1 se establecieron cambios estructurales profundos en su organización y funcionamiento.

Entre las modificaciones más relevantes, se encuentran la reducción del número de órganos jurisdiccionales, la desaparición de fideicomisos utilizados para financiar prestaciones laborales y la redistribución de competencias entre tribunales. Estas transformaciones han abierto la discusión sobre la viabilidad financiera de la institución y la posible afectación de derechos laborales adquiridos a lo largo de décadas.

Estas transformaciones han generado preocupación sobre la suficiencia presupuestaria para mantener los derechos laborales de las y los trabajadores.

Uno de los puntos más críticos ha sido la eliminación de fideicomisos destinados a cubrir prestaciones laborales y garantizar la estabilidad de jueces, magistrados y demás personal judicial.

La desaparición de estos fondos ha generado incertidumbre sobre el cumplimiento de derechos adquiridos como bonos, jubilaciones y compensaciones.

II. Durante la discusión de la reforma, la entonces presidenta electa y actual titular del Ejecutivo federal se comprometió públicamente a que no se afectarían los derechos laborales de las y los trabajadores del Poder Judicial.2

No obstante, en la práctica, las medidas adoptadas hasta ahora han generado dudas sobre el cumplimiento de este compromiso, ya que no se han presentado mecanismos claros que garanticen que la desaparición de los fideicomisos y los ajustes presupuestales no afectarán los salarios, prestaciones o estabilidad laboral.

El proceso de reestructuración del Poder Judicial ha estado acompañado de una reducción presupuestal, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2025, se determinó una disminución en los recursos asignados a este poder.

Sin un desglose detallado sobre cómo se garantizará el cumplimiento de las obligaciones laborales, no existe certeza sobre la suficiencia de los fondos para cubrir las necesidades presupuestarias en materia de salarios, prestaciones y operación.

III. En este contexto, resulta indispensable que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tome las medidas necesarias para garantizar que los recursos destinados a cubrir las condiciones laborales del Poder Judicial sean suficientes y oportunos. La reducción presupuestaria no debe traducirse en una afectación directa a los derechos laborales de quienes integran esta institución.

Asimismo, el Consejo de la Judicatura Federal en el ámbito de su competencia, debe actuar en defensa de los derechos laborales de las y los trabajadores del Poder Judicial, asegurando la continuidad de sus prestaciones, y protección ante cualquier afectación derivada de la reforma.

Garantizar la suficiencia de recursos para el cumplimiento de los derechos laborales de las y los trabajadores del Poder Judicial es un deber ineludible del Estado, pues la impartición de justicia no es sólo una función gubernamental, sino un derecho humano esencial.

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que se tomen las previsiones necesarias para la protección de los derechos laborales de las personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la titular del Consejo de la Judicatura Federal para que, en ejercicio de sus facultades, vele por la protección de los derechos laborales del personal del Poder Judicial de la Federación, asegurando condiciones laborales dignas, estabilidad en el empleo y el respeto a los derechos adquiridos, y prestaciones.

Notas

1 Gobernación, DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial, disponible en: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5738985&fecha=15/09/2024 #gsc.tab=0

2 Claudia Sheinbaum Pardo, “Un mensaje a las y los trabajadores del Poder Judicial, y para las y los empresarios nacionales y extranjeros”, disponible en: https://www.facebook.com/watch/?v=1224239331932176

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de febrero de 2025.

Diputado Pablo Vázquez Ahued (rúbrica)