Gaceta Parlamentaria, año XXVIII, número 6724-III-1, miércoles 19 de febrero de 2025
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal, a través de las vías diplomáticas correspondientes, a remitir una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos, a fin de que ratifique los acuerdos de la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados (CIFTA), a cargo del diputado Jesús Emiliano Álvarez López, del Grupo Parlamentario de Morena
El que suscribe, Emiliano Álvarez López, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El tráfico ilícito y el comercio de armas son hoy un grave problema que exige respuestas urgentes para México, se calcula que desde Estados Unidos de América (EUA) más de 230 mil armas ingresan al año a nuestro país, si bien no es un tema nuevo, lo son por su dimensión y la urgencia de enfrentarlo, pues es uno de los mercados ilícitos que genera muchas ganancias y también un fenómeno que provoca expresiones delictivas y de violencia.
Esta problemática ya tiene varias décadas. En la décima Cumbre del Grupo de Río, celebrada en Cochabamba, en septiembre de 1996, el representante de México, propuso la iniciativa de acordar controles efectivos al tráfico ilegal de armas en América Latina y el Caribe.
Los mandatarios asistentes coincidieron en la necesidad de trabajar en esta iniciativa y encargaron a sus ministros la negociación de un acuerdo que diera concreción a la propuesta, mismo que el Grupo de Río decidió someter a la consideración de la Organización de Estados Americanos (OEA), con el propósito de que su alcance incluyera a todos los países del hemisferio.
El 21 de marzo de 1979, el Consejo Permanente de la OEA dio entrada al proyecto de convención, y convocó a la realización de una reunión con la finalidad de discutir y elaborar un primer instrumento internacional, que abordara el tema del tráfico ilícito de armas, se le llamó: Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados (Cifta).
México se destacó como el principal impulsor de la Cifta y empezó a jugar un papel clave para su implementación, previo a su promulgación, se realizaron reuniones de expertos, en Cancún, con la finalidad de darle forma al proyecto. Posteriormente, el Consejo Permanente de la OEA estableció un grupo de trabajo para que, en conjunto, se trabajara y concluyera con esta iniciativa, la cual fue firmada por los estados miembros de la OEA, incluido EUA, esto fue durante el vigésimo cuarto periodo extraordinario de sesiones de la asamblea general del organismo, celebrado los días 13 y 14 de noviembre de 1997, en Washington D.C.
Se realizó una ceremonia solemne que contó con la asistencia de los presidentes de EUA y México. 29 estados del hemisferio, a través de altos representantes gubernamentales, suscribieron la Convención, misma que entró en vigencia internacional el 1 de julio de 1998.
La Convención fue, en la época en que se adoptó, una iniciativa jurídica sin precedente en el concierto internacional. En efecto, se trató de una propuesta pionera, que puso a nuestra región a la vanguardia de la lucha contra el tráfico de armas. Nuestro continente aprobaba una reglamentación multilateral inédita en este campo.
Cabe destacar que todos los países que integran la OEA se comprometieron con su firma, un total de 34; no obstante, el mismo documento establece que durante determinado tiempo requiere de su ratificación. Hasta la actualidad sólo 31 gobiernos han realizado dicha ratificación, faltan Canadá, Jamaica y EUA. Cabe hacer mención, y tener presente, que la Cifta es hoy, por tanto, el único instrumento jurídico en esta materia firmado por el gobierno de EUA, lo que le compromete a cumplir con el espíritu y propósito de la Convención.
La Cifta se compone de 30 artículos en donde se manifiestan una serie de disposiciones que tienen la finalidad de prevenir y combatir el tráfico ilícito de armas y de municiones; de igual manera para fomentar y facilitar la cooperación y el intercambio de información y experiencias entre los estados parte.
Entre las disposiciones de la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados (Cifta).1 destacan las siguientes:
Los estados firmantes están:
Conscientes de la necesidad urgente de impedir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados, debido a los efectos nocivos de estas actividades para la seguridad de cada estado y de la región en su conjunto, que ponen en riesgo el bienestar de los pueblos, su desarrollo social y económico y su derecho a vivir en paz;
Preocupados por el incremento, a nivel internacional, de la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados y por la gravedad de los problemas que éstos ocasionan;
Ante esta realidad:
Reafirman la prioridad para los estados parte de impedir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados, dada su vinculación con el narcotráfico, el terrorismo, la delincuencia transnacional organizada, las actividades mercenarias y otras conductas criminales;
Consideran la urgencia de que todos los estados, en especial aquellos que producen, exportan e importan armas, tomen las medidas necesarias para impedir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados;
Declaran que están:
Convencidos de que la lucha contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados requiere la cooperación internacional, el intercambio de información y otras medidas apropiadas a nivel nacional, regional e internacional y deseando sentar un precedente en la materia para la comunidad internacional;
Teniendo presentes las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones Unidas relativas a las medidas para erradicar las transferencias ilícitas de armas convencionales y la necesidad de todos los estados de garantizar su seguridad, así como los trabajos desarrollados en el marco de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (Cicad);
Reconocen la importancia de fortalecer los mecanismos internacionales existentes de apoyo a la aplicación de la ley, tales como el Sistema Internacional de Rastreo de Armas y Explosivos de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), para impedir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados;
De igual manera , que el comercio internacional de armas de fuego es particularmente vulnerable a abusos por elementos criminales y que una política de “conozca a su cliente” para quienes producen, comercian, exportan o importan armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados es crucial para combatir este flagelo;
El propósito de la Convención es: impedir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados; promover y facilitar entre los estados parte la cooperación y el intercambio de información y de experiencias para impedir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros2 materiales relacionados.
Dicho documento también destaca lo siguiente:
1. Los estados parte cumplirán las obligaciones que se derivan de la presente Convención de conformidad con los principios de igualdad soberana e integridad territorial de los estados y de no intervención en los asuntos internos de otros estados.
2. Un estado parte no ejercerá en el territorio de otro estado parte jurisdicción ni funciones reservadas exclusivamente a las autoridades de ese otro estado parte por su derecho interno.
3. Fortalecimiento de los controles en los puntos de exportación, cada estado parte adoptará las medidas que puedan ser necesarias para detectar e impedir el tráfico ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados entre su territorio y el de otros estados parte, mediante el fortalecimiento de los controles en los puntos de exportación.
4. Los estados parte cooperarán en el rastreo de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados que pudieran haber sido fabricados o traficados ilícitamente. Dicha cooperación incluirá dar respuesta pronta y precisa a las solicitudes de rastreo.
La Cifta es el principal instrumento jurídico de la región de América Latina y el Caribe que promueve la cooperación para prevenir y contrarrestar la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego. Debido a su importancia, se estableció el 5 de abril como el Día Interamericano para Contrarrestar la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego.
Durante 2023, México presidió la Secretaría Pro Tempore del Comité Consultivo de la Cifta, que está integrado por los estados parte de la Convención y que es el órgano encargado de dar seguimiento a la implementación de ésta, así como de promover la capacitación, el intercambio de información y la asistencia técnica entre los estados parte. El pasado mayo de 2024 se realizó la vigésima cuarta Reunión Cifta/Conferencia de estados parte de la Cifta en la sede de la OEA.
Durante su gestión, México, resaltó que la prevención y el combate a la fabricación y al tráfico ilícitos de armas de fuego constituyen una prioridad de la política exterior del país, que tiene como objetivo primordial poner fin a la pérdida de vidas humanas y a la degradación de las condiciones de paz y de bienestar en el continente americano.
Además, se hizo un exhorto a los estados parte de la Cifta para que fortalezcan el intercambio de información; el marcaje y el rastreo de armas; la supervisión y el mejor control del comercio internacional de armas; la implementación de medidas de seguridad para su manejo; así como la recolección de datos precisos sobre las dinámicas, tendencias y retos principales del tráfico ilícito de armas de fuego.3
Asimismo, por medio de cartas dirigidas a los representantes permanentes ante la OEA, el 20 de marzo de 2023, la Secretaría Pro Tempore realizó gestiones a fin de instar a los estados signatarios que aún no han ratificado la Convención –Canadá, EUA y Jamaica– a que consideren, a la brevedad posible, su ratificación. De igual manera, se les invitó a informar sobre las acciones que sus gobiernos hayan realizado en ese sentido.
Desde esa Secretaría Pro Témpore del Comité Consultivo, como órgano de gobierno de la Convención, se puede avanzar y continuar con las recomendaciones correspondientes a la ratificación de los tres países de la OEA faltantes, al tiempo de alentar mejores medidas de rendición de cuentas de los estados parte en cuanto a su nivel de implementación nacional.
Ante esta nueva realidad, se hace necesario de una cooperación efectiva para prevenir, combatir y erradicar esta amenaza y reafirmar la importancia de la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados (Cifta) y su legislación como base para dicha cooperación. Se hace urgente continuar, como se dijo en la declaración de Puerto España en 2009, “en el combate la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados mediante, entre otras acciones, el marcaje y rastreo de armas de fuego, la destrucción de los excedentes de armas de fuego determinados por cada estado, asegurando y administrando los arsenales y regulando la intermediación de armas de fuego, incluidas sanciones a la intermediación ilícita con el objetivo de evitar su desvió a los canales ilícitos y su proliferación”.
Durante las últimas tres décadas, gobiernos demócratas y republicanos han reconocido la responsabilidad estadounidense por la fabricación y venta de armas a carteles mexicanos; además de comprometerse a colaborar para impedir el tráfico de armas hacia territorio nacional, sin que esto se refleje en acciones concretas y una reducción significativa de esa problemática.
El problema del tráfico ilícito de armas de fuego ha adquirido dimensiones que es imposible tratar de manera unilateral. “México no puede por sí mismo combatir este fenómeno que tiene ramificaciones y consecuencias de alcance mundial. La cooperación y el intercambio de información internacional son necesarios para el combate estratégico y transversal de este problema, y así intentar atajarlo”.
Estamos convencidos de que la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados son una amenaza a la seguridad, engendran violencia, exacerban los conflictos y afectan negativamente el estado de derecho.
De ahí también la finalidad de este punto de acuerdo para que nuestro gobierno, a través de las instancias diplomáticas y los instrumentos internacionales correspondientes, haga un respetuoso llamado al gobierno de EUA a ratificar dicha Convención, que sin duda será de gran beneficio para ambos países.
Por lo expuesto, se somete a consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados solicita respetuosamente, al Gobierno federal, para que, a través de las vías diplomáticas correspondientes, y de acuerdo a la normatividad, remita una nota diplomática al gobierno de los Estados Unidos de América, a fin de que ratifique la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados (Cifta).
Notas
1 https://www.oas.org/ext/es/seguridad/cift
2 Ibid.
3 https://www.oas.org/ext/es/principal/calendario/evento/id/77
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de febrero de 2025.
Diputado Emiliano Álvarez López (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se condena enérgicamente el cobarde asesinato del médico veterinario zootecnista Héctor Hernández Cañas, ocurrido el 7 de febrero de 2025, en Tultepec, Estado de México; asimismo, se expresa nuestro más sentido pésame y solidaridad a sus familiares, amistades y al gremio de médicas y médicos veterinarios zootecnistas del país, a cargo de la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, Dionicia Vázquez García, diputada a la LXVI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se condena enérgicamente el cobarde asesinato del médico veterinario zootecnista Héctor Hernández Cañas, ocurrido el 7 de febrero de 2025 en Tultepec, Estado de México, y expresa su más sentido pésame y solidaridad a sus familiares, amistades y al gremio de médicas y médicos veterinarios zootecnistas del país, bajo las siguientes
Consideraciones
El reciente y lamentable asesinato del médico veterinario Héctor Hernández Cañas, en Tultepec, Estado de México, afecta no sólo a la comunidad veterinaria, sino también a la sociedad en su conjunto. Hechos lamentables como este subrayan la necesidad urgente de abordar la violencia contra las y los veterinarios en México, así como de promover una cultura de respeto hacia su labor y garantizar su seguridad en el ejercicio profesional.
El médico veterinario Héctor Hernández Cañas, un profesional con 17 años de trayectoria, dedicados al cuidado animal, fue presuntamente agredido por los dueños de Mía, una perrita yorkshire que perdió la vida tras una intervención quirúrgica para extraer un hueso alojado en su esófago.1
Este hecho trágico, precedido por amenazas y actos de extorsión en contra del veterinario, pone en evidencia la vulnerabilidad de los profesionales veterinarios y la necesidad de fortalecer las medidas que garanticen su seguridad en el ejercicio de su labor.
En esta tesitura, este suceso nos obliga a reflexionar sobre la importancia de fomentar una cultura de respeto, responsabilidad y conciencia en la tenencia de mascotas. Ante esta realidad, y con el propósito de honrar la memoria del médico veterinario Héctor Hernández Cañas y proteger a quienes dedican su vida al bienestar animal, se somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo.
Por lo anteriormente expuesto, se ha generado indignación y preocupación en la comunidad veterinaria y en la sociedad en general,2 poniendo de manifiesto la vulnerabilidad de los profesionales médicos veterinarios zootecnistas del país.
Lo anterior no es un caso aislado, al respecto, por parte del Colegio de Médicos Veterinarios Zootecnistas de México (Convemex), a través de su presidenta, la doctora Aída Álvarez, se indicó que “se han registrado ataques similares contra veterinarios en distintos estados del país”.
Por su parte, la Asociación Mexicana de Hospitales Veterinarios (AMHVET) condenaron el hecho e hicieron un llamado para que el ejercicio profesional de la medicina veterinaria se realice en un entorno de respeto y seguridad, y advierten: “la desinformación y la difamación en redes sociales han escalado hasta poner en riesgo la vida de quienes dedican su vocación al cuidado de los animales. No podemos permitir que el linchamiento digital se traduzca en violencia real”. Asimismo, exigen a las autoridades una investigación a fondo y la implementación de medidas para garantizar la seguridad de todos los profesionales veterinarios en México.3
Relacionado con lo anterior, veterinarios de todo el país se han pronunciado por un paro nacional de actividades, así como marchas en diversas entidades federativas del país, para el martes 18 de febrero, tras el asesinato de su colega, para exigir la dignificación de su labor.4
El asesinato del médico veterinario Héctor Hernández Cañas es un llamado urgente a reconocer y abordar las problemáticas sistémicas que enfrenta el gremio veterinario, así como a promover una cultura de respeto y responsabilidad hacia los profesionales que cuidan de nuestros animales.
Desde el Grupo Parlamentario de Morena expresamos nuestra más enérgica condena ante el cobarde y lamentable asesinato del médico veterinario zootecnista Héctor Hernández Cañas. Este hecho no sólo representa una pérdida irreparable para su familia y la comunidad veterinaria, sino que también es un reflejo de una problemática social que exige atención inmediata: la violencia contra profesionales que ejercen su labor con dedicación y ética, así como la necesidad de fomentar una cultura de respeto y responsabilidad en la tenencia de mascotas.
Como legisladoras y legisladores, no podemos permanecer indiferentes ante actos de violencia que atentan contra la integridad y la vida de quienes, como el médico veterinario Héctor Hernández Cañas, contribuyen al bienestar de nuestra sociedad.
Este crimen nos obliga a reflexionar sobre la urgencia de fortalecer los mecanismos de protección para los profesionales veterinarios, quienes, en el ejercicio de su labor, se enfrentan a riesgos que no pueden ser ignorados.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión condena enérgicamente el cobarde asesinato del médico veterinario zootecnista Héctor Hernández Cañas, ocurrido el 7 de febrero de 2025 en Tultepec, Estado de México, y expresa su más sentido pésame y solidaridad a sus familiares, amistades y al gremio de médicas y médicos veterinarios zootecnistas del país.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, solicita respetuosamente a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México a que, en el ámbito de su competencia, se continúe la investigación de manera diligente, exhaustiva e imparcial, respetando el debido proceso, a fin de sancionar a los autores intelectuales y materiales del delito.
Notas
1 Policía, Milenio. «Esto sabemos del asesinato de un veterinario en Edomex extorsionado». Grupo Milenio, 2 de diciembre de 2025, https://www.milenio.com/policia/caso-asesinato-de-veterinario-en-edomex -amenazado-tras-muerte-de-perro.
2 Miranda, Fanny. «Azcarm se une a marcha por asesinato de veterinario en Edomex». Grupo Milenio, 14 de febrero de 2025, https://www.milenio.com/policia/azcarm-se-une-a-marcha-por-asesinato-de -veterinario-en-edomex.
3 Asociación Mexicana de Hospitales Veterinarios AMHVet. (10/02/2025). Desde la Asociación Mexicana de Hospitales Veterinarios (AMHVET) condenamos enérgicamente cualquier acto de violencia contra los médicos veterinarios y lamentamos profundamente la irreparable pérdida del MVZ Héctor Hernández Canas.Facebook. https://www.facebook.com/AMHVETMX/posts/pfbid0y5u9rp5ykMsou7Ry3oonBdc4y Cdr6ZyZ8gk7XVcicRHMkRcvZjB5TvyNfgGoBjhBl?locale=es_LA
4 «Veterinarios alistan paro nacional el próximo martes». La Jornada Estado de México, https://lajornadaestadodemexico.com/veterinarios-alistan-paro-nacional- el-proximo-martes/. Accedido 17 de febrero de 2025.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de febrero de 2025.
Diputada Dionicia Vázquez García (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la STPS y a la SEP a establecer mecanismos de coordinación con el sector patronal para que se otorguen los permisos laborales sin que esto afecte en sus percepciones diarias, que permitan a los padres y tutores de hijos menores de edad, la recepción de las becas de estudio para educación básica “Rita Cetina” y media superior “Benito Juárez”, a cargo de la diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, del Grupo Parlamentario de Morena
Quien suscribe, Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La educación es un pilar fundamental para el desarrollo de cualquier sociedad. En México, el derecho a la educación está consagrado en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la obligatoriedad y gratuidad de la educación básica. A pesar de los esfuerzos gubernamentales, diversos factores socioeconómicos continúan obstaculizando el acceso y la permanencia de niñas, niños y adolescentes en el sistema educativo.
La deserción escolar en México ha sido una problemática persistente que afecta significativamente el desarrollo educativo y social del país. Este fenómeno se manifiesta de manera diversa en los distintos niveles educativos, especialmente en la educación básica y media superior.
La educación básica en México comprende los niveles de primaria y secundaria. Históricamente, la tasa de abandono escolar en primaria ha sido relativamente baja. Según datos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), durante el ciclo escolar 2022-2023, la tasa de abandono en primaria fue de 0.3 por ciento, lo que indica una ligera disminución respecto a 0.7 por ciento registrado en el ciclo 2019-2020.
En el nivel de secundaria, la situación es más preocupante. Durante el ciclo escolar 2022-2023, la tasa de abandono escolar en secundaria se situó en 2.7 por ciento, mostrando una disminución en comparación con 4.2 por ciento registrado en el ciclo 2019-2020.
Para mitigar estas barreras, el Gobierno de México ha implementado programas de apoyo económico, siendo uno de los más recientes la Beca Universal para Educación Básica “Rita Cetina”, es una iniciativa del Gobierno federal que busca fortalecer y garantizar el derecho a la educación para todas las niñas, niños y adolescentes inscritos en instituciones públicas de educación básica.
Este programa tiene como objetivo principal apoyar económicamente a las familias para fomentar la permanencia escolar y asegurar que ningún estudiante abandone sus estudios por falta de recursos económicos. Durante 2025, todas y todos los estudiantes inscritos en el ciclo escolar 2024-2025 en una secundaria pública serán beneficiarios de esta beca. El monto otorgado es de mil 900 pesos bimestrales por familia, más 700 pesos por cada estudiante de secundaria que la integre.
Según las Reglas de Operación del programa para el ejercicio fiscal 2025, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 2025, la entrega de los apoyos a los beneficiarios se realiza de la siguiente manera:
1. Registro de beneficiarios: la madre, padre, tutora o tutor del estudiante debe realizar un registro en línea a través del sitio oficial becaritacetina.gob.mx. Este proceso estuvo disponible del 11 de noviembre al 18 de diciembre de 2024. Durante el registro, se solicitó la siguiente documentación en formato PDF o imagen:
• Del tutor:
• Clave Única de Registro de Población (CURP)
• Identificación oficial vigente (credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, entre otros)
• Comprobante de domicilio vigente
• Del estudiante:
• CURP
• Comprobante de estudios que acredite su inscripción en una escuela pública de educación básica.
2. Entrega de tarjetas bancarias: a partir del 5 de febrero de 2025, personal de la Secretaría de Educación Pública (SEP) inició visitas a las 35 mil secundarias públicas del país para entregar a las madres, padres o tutores las tarjetas del Banco del Bienestar. Estas tarjetas son el medio a través del cual se depositan los apoyos económicos de la beca.
3. Dispersión de los apoyos: los montos asignados se depositan de manera bimestral en las tarjetas del Banco del Bienestar entregadas a las familias beneficiarias. El apoyo consiste en mil 900 pesos bimestrales por familia con al menos un estudiante inscrito en secundaria pública, más 700 pesos adicionales por cada estudiante adicional de secundaria en la misma familia.
Dado que en México, la Ley de Instituciones de Crédito establece que los menores de edad no pueden ser titulares de cuentas bancarias sin la autorización de un representante legal, lo que representa un impedimento para la entrega directa de tarjetas bancarias y recursos a beneficiarios menores de edad.
Esta disposición responde a la necesidad de proteger los intereses de los menores y garantizar un manejo responsable de los recursos financieros; sin embargo, en programas sociales como la Beca Universal para Educación Básica “Rita Cetina”, esta restricción ha generado complicaciones operativas, ya que los beneficiarios son estudiantes de educación básica que requieren del acompañamiento de un tutor para recibir y hacer uso del apoyo económico.
La falta de acompañamiento de los padres o tutores en la recepción de las becas puede traducirse en una disminución en la permanencia de los estudiantes en las aulas. Estudios han demostrado que el apoyo económico, como las becas, tiene un impacto positivo en la retención escolar. Por ejemplo, se ha encontrado que entre los jóvenes de hogares con más carencias socioeconómicas, la ausencia de beca aumenta el riesgo de abandono escolar en 2.6 veces.
La educación no sólo se entiende como un proceso de formación académica, sino como un mecanismo para garantizar la igualdad de derechos y oportunidades para todos los ciudadanos, sin distinción de género, origen étnico, condición social, discapacidad, o cualquier otro factor que pueda generar una barrera para el acceso y permanencia en las aulas.
En este sentido, la Cuarta Transformación ha logrado avances significativos en la inclusión y la equidad educativa, haciendo énfasis en la necesidad de fortalecer la educación pública y en garantizar que la educación básica llegue a cada rincón del país. A través de diversas reformas y políticas públicas, se ha buscado mejorar la calidad educativa, la cobertura, y especialmente, reducir las desigualdades que históricamente han afectado a los sectores más vulnerables, incluidos niñas, niños y adolescentes en contextos de pobreza o exclusión social.
La protección de los derechos educativos de la niñez no sólo involucra la cobertura de los servicios educativos, sino también garantizar que la educación sea de calidad, inclusiva y que fomente la igualdad de género, el respeto a la diversidad cultural y la no discriminación. Esto se logra a través de programas y políticas públicas que buscan eliminar las barreras que impiden que los menores puedan acceder o permanecer en las aulas, como el trabajo infantil, la violencia escolar, los problemas de salud, y las situaciones de pobreza extrema.
Por lo tanto, el respeto al derecho de la niñez a la educación es esencial no sólo para su desarrollo personal, sino también para el fortalecimiento de la democracia, el desarrollo económico, y la cohesión social en México. La educación es la herramienta principal para construir una sociedad más justa, igualitaria y solidaria, y es por ello que, en el marco de la Cuarta Transformación, el Gobierno federal ha puesto especial énfasis en erradicar las causas que impiden el acceso de los niños y niñas a una educación digna.
El cumplimiento efectivo del derecho a la educación, consagrado en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, requiere de un esfuerzo conjunto entre el Estado, la sociedad y el sector empresarial. La colaboración entre las autoridades gubernamentales y el sector productivo es clave para generar condiciones que garanticen que ninguna niña, niño o adolescente se quede fuera de las aulas por razones económicas, laborales o de cualquier otra índole.
Esto implica la implementación de políticas que permitan a madres, padres y tutores acompañar a sus hijos en procesos administrativos esenciales, como la entrega de becas o inscripciones escolares, sin que ello afecte sus condiciones laborales.
Asimismo, el sector empresarial puede contribuir promoviendo esquemas de flexibilidad laboral y sensibilización sobre la importancia de la educación como motor de desarrollo social. Sólo a través de un trabajo coordinado y solidario entre todos los sectores de la sociedad será posible consolidar una educación universal, equitativa y de calidad, asegurando que las futuras generaciones cuenten con las herramientas necesarias para construir un mejor país.
Es imperativo que las autoridades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y de la Secretaría de Educación Pública establezcan mecanismos de coordinación con el sector patronal para que se otorguen los permisos necesarios a los padres y tutores, permitiéndoles acompañar a sus hijos en la recepción de la beca sin que esto afecte sus jornadas laborales ni sus ingresos.
Esta colaboración interinstitucional y con el sector empresarial es esencial para garantizar que los beneficios de la Beca Universal para Educación Básica “Rita Cetina” lleguen a todos los estudiantes, contribuyendo así a la reducción de la deserción escolar y al fortalecimiento del sistema educativo nacional.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados solicita respetuosamente a las autoridades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que, de acuerdo a sus atribuciones y competencias, se establezcan mecanismos de coordinación con el sector patronal para que se otorguen los permisos laborales, sin que esto afecte en sus percepciones diarias, que permitan a los padres y tutores la recepción de la Beca Universal para Educación Básica Rita Cetina.
Segundo. La Cámara de Diputados solicita respetuosamente a las autoridades de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno federal, para que de acuerdo a sus atribuciones y competencias, trabajen en coordinación para que logren acciones ágiles que faciliten en futuras entregas, el acceso de este derecho universal de las becas de estudios del nivel básico Rita Cetina y del nivel medio superior Benito Juárez y cumplir con el derecho a la educación establecido en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de febrero de 2025.
Diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al TSA a reconsiderar dejar sin efecto alguno el acuerdo 5/2025 emitido por este Tribunal, a fin de garantizar la permanencia del Tribunal Unitario Agrario 34A con sede en la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, a cargo de la diputada Elda Esther del Carmen Castillo Quintana, del Grupo Parlamentario de Morena
Quien suscribe, Elda Esther del Carmen Castillo Quintana, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguientes
Consideraciones
El derecho agrario, como ciencia jurídica, regula las relaciones derivadas de la actividad agraria para asegurar una explotación eficiente de la tierra, una mayor producción y una justa distribución de la riqueza en beneficio de quienes la trabajan y de la comunidad nacional.1
El 23 de enero del presente año, fue publicado dentro del Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo General 5/2025 del honorable pleno del Tribunal Superior Agrario,2 que modifica la competencia territorial de los Tribunales Unitarios Agrarios de los Distritos 29, 34 y 44, y que ordena el cierre de la sede alterna Distrito 34a con sede en la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, este acuerdo no sólo afecta los derechos de los ejidatarios, sino que impacta el estatus económico de la comunidad al dificultar el acceso a la justicia agraria, tal situación puede ocasionar daños ambientales irreversibles por los retrasos en la atención de los asuntos de naturaleza agraria que tiene a bien atender el Tribunal Unitario Agrario en esta sede dentro de la región de Campeche.
Otras de las afectaciones, atañen a otros sujetos del derecho como litigantes, peritos, funcionarios de la Procuraduría Agraria y representantes de las comunidades, quienes en su mayoría realizan sus actividades en la capital del estado y ahora deberán trasladarse a otra entidad federativa, lo que implica un impacto económico para los ejidatarios.
Si bien el Acuerdo General 5/2025 busca reducir las distancias recorridas para acceder a los tribunales, esto no garantiza el cumplimiento del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo párrafo segundo establece dentro de sus enunciados que:
“Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial”.
Considerando esto, se puede decir que esto generaría una dificultad de acceso a la justicia, porque si bien el Acuerdo General 5/2025 busca acercar los tribunales a los ciudadanos, la simple reducción de distancias no garantiza por sí sola el acceso efectivo a la justicia, esto se relaciona también con el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al dificultar el acceso a la resolución de conflictos para los campesinos.3 También se deben considerar otros factores como la disponibilidad de transporte, las condiciones de los caminos, los costos de traslado y la situación económica de las comunidades agrarias. La agricultura y la ganadería representan 10 por ciento del producto interno bruto (PIB) estatal (Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi, 2022),4 en estricto sentido el cierre del Tribunal Unitario Agrario podría afectar negativamente la economía local, la seguridad alimentaria y el desarrollo de las comunidades agrarias. La población campesina se encuentra dispersa en su mayoría en diversas comunidades rurales, la mayoría de ellas ubicadas a gran distancia de la capital del estado.
El cierre del Tribunal Unitario Agrario en Campeche podría generar una incertidumbre jurídica sobre la tenencia de la tierra y obstaculizar la defensa de los derechos de propiedad de los campesinos, lo que contraviene lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además esto podría afectar de manera diferenciada a las comunidades indígenas de la región, quienes tienen formas específicas de tenencia de la tierra y de resolución de conflictos, lo que podría vulnerar sus derechos reconocidos dentro del artículo 2o. de la Carta Magna así como en los artículos 26, 27, 32 y 34 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.5
Acciones como estas podrían interpretarse también como un retroceso en el acceso a la justicia agraria, lo que contraviene el principio de progresividad de los derechos humanos establecido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su párrafo tercero donde hace mención de la siguiente manera:
“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”.
Este principio implica que los derechos humanos no pueden ser disminuidos o restringidos, sino que deben ser ampliados y fortalecidos de manera gradual y progresiva. En otras palabras, una vez que se ha alcanzado un cierto nivel de protección de un derecho, no se puede retroceder en esa protección, salvo en casos excepcionales y debidamente justificados.
En relación del Acuerdo 5/2025 la modificación de la competencia territorial de los Tribunales Unitarios Agrarios dificulta y limita el acceso para los campesinos de la región. El principio de progresividad no sólo se refiere a la ampliación de los derechos, sino también a la no regresión de estos. Es decir, una vez que se ha logrado un avance en la protección de un derecho, no se puede dar marcha atrás.
En este sentido, cualquier medida que implique una restricción o limitación de un derecho humano debe ser analizada cuidadosamente para determinar si cumple con los requisitos de proporcionalidad y razonabilidad, y si no contraviene el principio de progresividad.
Es importante mencionar también que antes de la publicación de dicho acuerdo no se generó un análisis sobre si la modificación de la competencia territorial de los tribunales generaría obstáculos adicionales para el acceso a la justicia de diversos grupos vulnerables, como mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad o comunidades indígenas, quienes enfrentan mayores dificultades para trasladarse o comunicarse. Antes de implementar cualquier cambio en la organización de los tribunales, sería recomendable realizar un análisis de impacto que evalúe las posibles consecuencias de la medida en el acceso a la justicia y en la protección de los derechos de las comunidades agrarias.
La calidad en la impartición de la justicia debe ser señalada también, ya que no basta con acercar los tribunales, sino que también es fundamental garantizar que la justicia que se imparte sea de calidad, es decir, que los tribunales cuenten con personal capacitado, infraestructura adecuada y recursos suficientes para resolver los conflictos de manera pronta, completa e imparcial, como lo establece el artículo 17 constitucional, no dejando de lado un tema de vital importancia como lo es la participación ciudadana, ya que es derecho de toda persona el participar en la administración de justicia.
En este sentido, sería conveniente que la modificación de la competencia territorial de los tribunales se realizara previa consulta a las comunidades agrarias y otras partes interesadas, para garantizar que la decisión responda a sus necesidades y expectativas.
La reconfiguración de la jurisdicción territorial de los Tribunales Unitarios Agrarios impactará significativamente la carga laboral de diversas sedes. Un análisis revela que el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 34, ubicado en Mérida, Yucatán, que actualmente abarca 106 municipios, 11 en Quintana Roo y 17 en Tabasco, experimentará un incremento en su jurisdicción. Ocho municipios del estado de Campeche serán transferidos a su competencia. De manera similar, la sede en Villahermosa, Tabasco, sumará tres municipios a su área de influencia, mientras que la sede en Chetumal, Quintana Roo, incorporará dos municipios, también procedentes de Campeche. Tan sólo en Campeche existen mil 452 ejidos y 18 comunidades agrarias, donde aproximadamente 80 mil campesinos dependen de la tierra para su subsistencia.6
La redistribución de casos derivada de la supresión del Tribunal Unitario Agrario en Campeche plantea serias interrogantes sobre la capacidad de respuesta de los tribunales receptores. El acuerdo general que formaliza esta modificación no contempla la asignación de recursos adicionales, ni humanos ni financieros, a las sedes que asumirán la carga de trabajo previamente gestionada por el tribunal de Campeche, tal situación plantea el desafío de procesar un volumen significativamente mayor de asuntos con la misma estructura de personal y recursos disponibles.
La falta de previsión para el incremento en la carga laboral y la responsabilidad de cumplir con los plazos procesales en los diversos asuntos agrarios genera preocupación, ya que en ausencia de ajustes presupuestarios para abordar esta problemática hace prever un aumento en los gastos asociados a la dilación y prolongación de los juicios agrarios, lo que sin duda impactará negativamente el acceso efectivo a la justicia agraria y la posibilidad de contar con una representación legal oportuna.
La supresión del Tribunal Unitario Agrario 34a y la redistribución de sus casos hacia otras sedes, generará una mayor incertidumbre jurídica, principalmente en la radicación de juicios agrarios en trámite desde la sede origen y hacia los tribunales competentes, lo que podría ocasionar retrasos en los procesos judiciales.
Dicha situación no sólo afecta la seguridad jurídica de los involucrados, sino que también podría derivar en errores administrativos debido al incremento laboral que implica el traspaso de expedientes, incluyendo la posibilidad de pérdida de estos y una gran incertidumbre que se agudizará para los ejidatarios, quienes verán impactada su economía, ya que la lentitud con la que se brindarán las resoluciones de conflictos serán un obstáculo en la productividad del sector, impidiendo que muchas tierras en disputa sean trabajadas hasta que se resuelvan los litigios.
Por todo lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las y los magistrados integrantes del Tribunal Superior Agrario dejar sin efecto el Acuerdo 5/2025, emitido por este tribunal a fin de garantizar la permanencia del Tribunal Unitario Agrario 34a, con sede en la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, cuya única finalidad es salvaguardar los derechos de las y los campesinos de la región.
Notas
1 Carrera, C. (2015). Derecho Agrario. México: Editorial Porrúa
2 Tribunal Superior Agrario. (2025). Acuerdo General número 5/2025 por el que se modifica la competencia territorial de los Tribunales Unitarios Agrarios de los Distritos 29, 34 y 44; así como el Término en sus funciones de la sede alterna Distrito 34-A con sede en Campeche, Estado de Campeche por Redistritación de competencia. Diario Oficial de la Federación. 23 de enero de 2025. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5747638&fecha=23/01/ 2025
3 Organización de los Estados Americanos. (1969). Convención Americana sobre Derechos Humanos. https://www.oas.org/es/tratados_firmados.asp
4 INEGI. (2022). Producto Interno Bruto por Entidad Federativa. Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
5 Organización de las Naciones Unidas. (2007). Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. [https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/declaration
6 RAN. (2023). Estadística de ejidos y comunidades agrarias. Registro Agrario Nacional.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de febrero de 2025.
Diputada Elda Esther del Carmen Castillo Quintana (rúbrica)