Proposiciones

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa y a la SHCP a modificar el “acuerdo por el cual se determina el tabulador de becas para los internos de pregrado y pasantes que se indican”, a efecto de que dicho recurso sea equivalente a la misma cantidad de la beca del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Los médicos internistas en México son esenciales para el tratamiento de enfermedades crónicas y el diagnóstico de patologías complejas. Sin embargo, sus salarios no reflejan la importancia de su labor. A pesar de su alto nivel de especialización, los internistas enfrentan problemas como sobrecarga de trabajo, falta de acceso a infraestructura médica adecuada y ausencia de incentivos económicos para continuar su formación.

Los médicos en etapa de pregrado (estudiantes de medicina en sus últimos años de formación) realizan internados y servicio social en hospitales públicos. En muchas ocasiones, trabajan jornadas de más de 36 horas continuas, sin recibir un salario digno.

Actualmente, los médicos internos de pregrado reciben una beca que ronda los $600 a $3,900 pesos mensuales, lo que es insuficiente para cubrir sus necesidades básicas. Muchos de ellos laboran en hospitales con deficiencias de equipo, materiales médicos insuficientes y un alto nivel de estrés, lo que impacta su desarrollo profesional y bienestar emocional.

Algunos de los problemas que enfrentan estos profesionales de la salud son:

• Bajos salarios y falta de incentivos económicos

• Exceso de trabajo y condiciones laborales difíciles

• Falta de seguridad en hospitales y clínicas rurales

• Escasez de programas de apoyo para especialización y desarrollo profesional

Para mejorar las condiciones de los médicos internistas y de pregrado en México, es necesario implementar un conjunto de medidas urgentes que garanticen su bienestar y profesionalización.

1. Aumento de salarios y becas

• Elevar el salario de los médicos internistas en hospitales públicos, garantizando un sueldo base competitivo y con aumentos progresivos según experiencia y formación.

• Incrementar la beca de los médicos internos de pregrado a un mínimo de $10,000 pesos mensuales, para que puedan solventar sus gastos básicos durante su formación.

2. Creación de un programa de incentivos

• Implementar un programa de incentivos económicos para médicos en formación que trabajen en hospitales con alta demanda o en zonas rurales.

• Ofrecer subsidios para transporte, vivienda y alimentación a médicos internos y residentes en hospitales públicos.

3. Mejora en condiciones laborales y reducción de sobrecarga

• Establecer límites de horas laborales para médicos internos, evitando turnos excesivos que afecten su salud y desempeño.

• Garantizar espacios adecuados de descanso dentro de los hospitales para los médicos en formación.

4. Apoyo para especialización y educación continua

• Crear becas y financiamiento para que los médicos internistas puedan acceder a programas de especialización sin endeudarse.

• Implementar convenios con universidades extranjeras para facilitar intercambios académicos y capacitación avanzada.

5. Seguridad en hospitales y clínicas rurales

• Garantizar protección y seguridad a los médicos en zonas con alto índice de violencia.

• Implementar protocolos de emergencia para médicos que trabajan en hospitales con riesgo de agresiones.

Por lo que respecta al apoyo que se otorga por parte del gobierno, existe el “Acuerdo por el cual se determina el tabulador de becas para los internos de pregrado y pasantes que se indican”.

Dicho acuerdo se crea para efecto de atender las prioridades de salud, y fortalecer el SNS dignificando la percepción económica de los recursos humanos en formación, en las diversas disciplinas de la salud, especialmente jóvenes del área médica, de enfermería y odontología que prestan sus servicios en unidades ubicadas en zonas de alta y muy alta marginación.

Sin embargo, la cantidad que destina para estos profesionales de la salud resulta completamente desproporcional, en comparación con el apoyo público que se destina para el Programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”.

A continuación presentamos unos cuadros comparativos respecto a la cantidad que implica el gasto a un estudiante de medicina, con las jornadas de servicio que presta sin dejar de estudiar:

Carga laboral y académica

Gastos de estudio

Con base en este análisis, las y los diputados del Grupo Parlamentario del PRI, proponemos que los recursos públicos destinados en el “acuerdo por el cual se determina el tabulador de becas para los internos de pregrado y pasantes que se indican” sean equivalente a la cantidad de la beca del Programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”.

Cabe señalara además que el apoyo y/o beca que hoy reciben los internos de pregrado y pasantes de medicina no corresponden ni siquiera al 50 por ciento de un salario mínimo mensual vigente que para este año 2025 es de aproximadamente $8,364 (Ocho mil Trescientos Sesenta y Cuatro Pesos) y al monto de la Beca “Jóvenes Construyendo el Futuro” que es de $8,480 (Ocho mil cuatrocientos ochenta pesos) mensuales.

Estamos a favor de las becas que se otorgan a la juventud mexicana, es así que en las y los diputados que integramos el Grupo Parlamentario del PRI votamos a favor la reforma constitucional que otorga este recurso a las y los jóvenes mexicanos,1 como lo demuestra la votación de dicho Dictamen:

Como demostramos, el PRI está a favor de los programas sociales que sirvan de apoyo a las y los jóvenes que no tienen oportunidad de estudiar ni tienen un espacio laboral, pero es justo reconocer también el esfuerzo de quienes se preparan para cuidar de la salud y la vida.

Apoyar a los médicos internistas y de pregrado en México no solo es un acto de justicia, sino una inversión en el futuro del sistema de salud.

Un médico bien remunerado, con acceso a programas de apoyo y con condiciones laborales dignas, ofrecerá una mejor atención a los pacientes y contribuirá al fortalecimiento del sector salud.

Es momento de que el gobierno implemente políticas públicas realmente eficaces que dignifiquen la labor médica, asegurando salarios justos, programas de incentivo y mejores condiciones de trabajo. Solo así podremos construir un sistema de salud sólido, eficiente y capaz de responder a las necesidades de la población.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Salud a modificar el “acuerdo por el cual se determina el tabulador de becas para los internos de pregrado y pasantes que se indican” a efecto de que el apoyo que se otorgue, sea equivalente a la cantidad de la beca del Programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a considerar que con cargos a los recursos provenientes del Banco de México de este año 2025, se destinen recursos a la Secretaría de Salud con la finalidad de que el monto de las becas establecidas en el “acuerdo por el cual se determina el tabulador de becas para los internos de pregrado y pasantes que se indican”, sean equivalentes a la cantidad de la beca del Programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”.

Notas:

1 https://gaceta.diputados.gob.mx/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de febrero del 2025.

Diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal, a través de diversas dependencias, a generar un plan de acción para controlar el ingreso a México de camarón proveniente de Ecuador y, al mismo tiempo, se establezcan estrategias para prevenir y sancionar el tráfico ilegal del mismo, a cargo del diputado Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Mario Zamora Gastélum, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que exhorta, respetuosamente, a la titular del Ejecutivo federal para que, a través de las Secretarías de Gobernación, de Agricultura y Desarrollo Rural y de Economía, así como a la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura y al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, se genere un plan de acción para controlar el ingreso a méxico de camarón proveniente de Ecuador y al mismo tiempo se establezcan estrategias para prevenir y sancionar el tráfico ilegal del mismo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Primera. Uno de los productos del mar más representativos en México, especialmente en Sinaloa, es el camarón. Sin embargo, su producción se ha visto seriamente amenazada por la captura ilegal y la importación de camarón proveniente de otros países.

La problemática de la producción de camarón en Sinaloa no es nueva y se remonta a varios años, afectando gravemente la economía local. En la temporada 2021-2022, la producción total lograda fue de 27 mil toneladas de camarón de altamar, similar a la del ciclo anterior, pero los productores desde entonces ya estimaban que las cifras de 2023 serían significativamente más bajas debido a la crisis económica, la pesca ilegal y la competencia desleal.1

Además, desde años atrás la falta de apoyo gubernamental, como programas de apoyo insuficientes y un bajo presupuesto, ya comenzaba a poner en riesgo la estabilidad de los pescadores ribereños, enfrentando la imposibilidad de pagar sus créditos, con el 70 por ciento de ellos incapaces de hacerlo.

Segunda. En el ciclo 2022-2023, efectivamente se reportó que la temporada de pesca fue de regular a mala, tanto en alta mar como en los sistemas lagunarios del sur de Sinaloa, lo que afectó a los pescadores ribereños. La escasez de camarón se reflejó en la reducción de las capturas, que pasaron de 10 toneladas en dos meses a solo 3 toneladas. Debido a la falta de incentivos y la baja rentabilidad, muchos pescadores abandonaron sus actividades para dedicarse a otras ocupaciones.

El presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras Guerreros del Sur de Sinaloa, Francisco Figueroa Plancarte, indicó entonces que el desánimo entre los pescadores había alcanzado niveles alarmantes. Por su parte, Jesús Omar Lizárraga Manjarrez, presidente de la Unión de Armadores del Litoral del Pacífico, señaló que las altas temperaturas y la falta de capturas, junto con la pesca ilegal, habían agravado la situación, especialmente en Mazatlán, donde se tuvo que recortar a la mitad los pescadores, y las plantas congeladoras se vieron en la necesidad de cerrar por la falta de producto, lo que comenzó a generar un desempleo masivo de hasta 3 mil personas.

Tercera. En consecuencia, los productores de Sinaloa comenzaron a denunciar la presencia de camarón ecuatoriano en el mercado local, agravando la competencia desleal. Este camarón se comenzó a introducir de manera ilegal, a pesar de que el presidente de la Junta Local de Sanidad Acuícola, Jaime Sánchez, había informado que no se permitiría la inclusión de este producto en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Ecuador.

La circulación de este producto en el mercado mexicano no solo viola las regulaciones, sino que distorsiona los precios, lo que ha provocado un desplome del precio del camarón mexicano. La sobreoferta de camarón ecuatoriano, especialmente en la época de veda, ha llevado a que la producción nacional sea cada vez menos rentable. Los productores locales enfrentan una dura competencia que pone en riesgo su sustento y ha dejado grandes inventarios de camarón en espera de comercialización una vez que inicie la veda.

Cuarta. En relación con el ingreso ilegal de camarón ecuatoriano, Carlos Urías Espinoza, presidente de la Confederación de Asociaciones Acuícolas del Estado de Sinaloa, ha denunciado que los contrabandistas logran introducir el camarón a México mediante el pago de cuotas de entre 12 mil y 15 mil dólares por camión.2

Este contrabando está perjudicando gravemente a los productores nacionales, tanto de granja como ribereños. Urías Espinoza ha solicitado con urgencia que las autoridades hagan cumplir la ley y tomen las medidas necesarias para frenar el ingreso ilegal del camarón ecuatoriano, ya que su presencia en el mercado mexicano genera una competencia desleal que afecta la estabilidad y viabilidad del sector acuícola en Sinaloa y el resto del país.3

Quinta. La industria acuícola en México, particularmente en Sinaloa, hoy enfrenta una crisis sin precedentes debido a la importación masiva de camarón ecuatoriano, que ha generado competencia desleal y ha puesto en riesgo la viabilidad económica de los productores nacionales.

Desde mayo de 2024, líderes pesqueros han alertado con especial preocupación, sobre la caída de precios y la dificultad de comercializar la producción local debido a la presencia del camarón importado. Han señalado que esta situación afecta tanto a la pesca ribereña como a los productores de granjas camaroneras, quienes han sido los más perjudicados.4

Advirtieron desde entonces que, si el ingreso de camarón de Ecuador continuaba, las granjas nacionales no podrían exportar su propia producción, lo que agravaría aún más la crisis.

Sexta. En agosto de 2024, la Confederación de Asociaciones Acuícolas del Estado de Sinaloa informó que la quiebra del sector acuícola ha llevado a los productores a sembrar solo el 50 por ciento de las 70 mil hectáreas destinadas al cultivo de camarón.5

Esta situación ha provocado la pérdida de miles de empleos en zonas marginadas. Además, se reportó que los productores enfrentan dificultades para adquirir insumos básicos como larvas, alimento y diésel, debido a la falta de crédito y financiamiento. Se estima que, en Sinaloa, de los 8 mil empleos generados por la acuicultura, al menos la mitad se ha perdido.6

Séptima. En noviembre de 2024, el presidente del Comité Estatal de Sanidad Acuícola de Sinaloa, César Abraham Cuadras López, advirtió sobre los efectos devastadores que la importación descontrolada de camarón ecuatoriano ha causado en los productores locales, llevándolos a la quiebra o forzándolos a vender sus granjas.7

Destacó la urgencia de que instituciones como Conapesca y Senasica reforzaran la inspección y regulación del sector para evitar una mayor crisis. Señaló que 2024 fue uno de los años más complicados para la industria, con numerosos productores endeudados y operando por debajo de los costos.

Asimismo, las decisiones del gobierno federal han debilitado deliberadamente al sector pesquero y acuícola nacional. Se eliminó desde el sexenio pasado, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, el apoyo a la producción pesquera, dejando solo el programa Bienpesca, que es insuficiente para cubrir las necesidades de los productores. Esta estrategia ha propiciado que el mercado mexicano dependa de importaciones de camarón más baratas provenientes principalmente de Ecuador, afectando gravemente la industria nacional?.

Octava. En enero de 2025, se previó que las capturas de camarón en México no mejorarán hasta 2027. Emilio Valenzuela López, presidente de la cooperativa Las Abejas en Guasave, Sinaloa, hizo un llamado urgente a las autoridades para fortalecer el programa de Inspección y Vigilancia, debido a que los últimos tres años han sido los peores en la historia en cuanto a producción?.8

El pasado 3 de febrero, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció la imposición de un arancel del 27 por ciento a productos mexicanos hasta que se formalice un Tratado de Libre Comercio entre ambos países.9 Esta medida representa una oportunidad para que México exija regulaciones en el comercio bilateral y aborde el problema del contrabando de camarón ecuatoriano.

El sector acuícola de Sinaloa considera que estos conflictos comerciales pueden, en cierto nivel, beneficiar a los productores locales; aunque enfatizan que el mayor problema no es solo la importación legal de camarón ecuatoriano, sino el contrabando de este producto, lo que genera una competencia desleal aún mayor. Los acuicultores han exigido que el gobierno federal tome medidas inmediatas para frenar el ingreso ilegal de camarón y proteger a la industria nacional?.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, a la persona titular del Ejecutivo federal para que, en el marco de sus atribuciones y a través de la Secretaría de Gobernación, de Agricultura y Desarrollo Rural, y de Economía, genere un plan de acción ante las consecuencias que la importación de camarón ecuatoriano ha conllevado, y que contemple la imposición de aranceles a las importaciones de camarón ecuatoriano; la mejora de los mecanismos de inspección y vigilancia para detectar y frenar el contrabando del mismo; y el fortalecimiento del sector acuícola mexicano con incentivos para los productores nacionales.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Economía, a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) y al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), para que establezcan estrategias que garanticen condiciones equitativas en el mercado, protejan a los productores nacionales y combatan la competencia desleal generada por el contrabando de camarón; al mismo tiempo que diseñen e implementen nuevas medidas para la prevención y sanción del tráfico ilegal de camarón.

Notas:

1 https://www.elsoldemazatlan.com.mx/local/de-500-barcos-solo-60-quedan-en-altamar-en-esta-temporada-de
-pesca-9574193.html

2 https://lineadirectaportal.com/sinaloa/ecuatorianos-hacen-lo-que-les-da-la-gana-en-aduanas-pagan-para
-que-entre-camaron-ilegal-a-mexico-coades-2024-05-06__1115013

3 Ídem

4 https://www.meganoticias.mx/los-mochis/noticia/importacion-de-camaron-extranjero-acaba-con-la-acuacultura
-en-sinaloa/519353

5 https://losnoticieristas.com/post/654616/estiman-la-perdida-de-4-mil-empleos-en-sinaloa-por-reduccion-del
-50-de-produccion-en-granjas-de-camaron/

6 Ídem

7 https://www.sectorprimario.mx/2024/11/28/acuicultura-en-sinaloa-en-crisis-por-competencia-desleal-de-camaron
-ecuatoriano/

8 https://www.debate.com.mx/sinaloa/guasave/Preven-que-produccion-de-camaron-en-Guasave-mejorara-hasta-la
-temporada-2027-20250120-0005.html

9 https://www.debate.com.mx/sinaloa/guasave/Preven-que-produccion-de-camaron-en-Guasave-mejorara-hasta-la
-temporada-2027-20250120-0005.html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 5 días del mes de febrero de 2025.

Diputado Mario Zamora Gastélum (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP, a garantizar los derechos y prestaciones laborales de los servidores públicos de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, y a la SEP a considerar las funciones que estaban a cargo de este organismo como parte integral de las políticas públicas en materia de educación, a cargo de la diputada Ofelia Socorro Jasso Nieto, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputada Ofelia Socorro Jasso Nieto, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción 1; y 79, numeral 1 fracción II y 2, así como las demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Considerandos

La educación como derecho humano, es un elemento fundamental para el desarrollo y el progreso de las naciones. Un país educado, es un país capaz de resolver carencias y mitigar desigualdades. Lamentablemente en nuestro país, subsisten grandes problemáticas históricas que han dificultado el cumplimiento del derecho a la educación y el deber del Estado de garantizarlo.

Probablemente una de las problemáticas más acuciosas en nuestro sistema educativo, de acuerdo con el Centro de Investigación en Política Pública del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) en nuestro país existen 34. 8 millones de niñas, niños y adolescentes de entre tres y 18 años que deben de asistir a una educación obligatoria. De ellos, 6.4 millones no asisten a la escuela (18 por ciento). La mitad que no logra acceder a la educación formal pertenecen a algún grupo desfavorecido, tales como las comunidades indígenas, personas con discapacidad, población rural y afrodescendiente.1 Eso último se debe a que las escuelas no tienen las condiciones suficientes para garantizar el derecho, ya sea por falta de maestros o infraestructura.

Adicionalmente, se observó que existen grandes diferencias en la calidad educativa de los distintos centros del país, siendo las zonas rurales las más afectadas. Por ello, uno de los objetivos de la reforma educativa del 2013, fue disminuir las desigualdades y promover una política pública educativa que permitiera mejorar el sistema. Así en la fracción IX del artículo 3 constitucional estableció la necesidad de garantizar servicios educativos que permitieran mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en el Sistema Nacional de Evaluación Educativa. Para ello planteó la creación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) como un órgano autónomo constitucional que tenía las siguientes funciones:

a) Diseñar y realizar las mediciones que correspondan a componentes, procesos o resultados del sistema;

b) Expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federal y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden, y

c) Generar y difundir información y, con base en ésta, emitir directrices que sean relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad, como factor esencial en la búsqueda de la igualad.2

Como órgano autónomo constitucional tuvo la finalidad de realizar diagnósticos objetivos sobre la situación educativa del país y promover políticas públicas orientadas a mejorar la educación. Su misión fue evaluar la educación obligatoria y coordinarse con el Sistema Nacional de Evaluación Educativa a fin de poder establecer directrices que permitieran incrementar el nivel de las y los estudiantes. En ese, entonces, el INEE permitió evaluar a los profesores a fin de observar si estos contaban con el conocimiento suficiente para impartir clases.

Esto último generó polémica y por ello, en 2019, se promovió una nueva reforma educativa que modificó nuevamente la fracción IX del artículo 3 para eliminar el órgano autónomo constitucional y crear una Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) como un organismo público descentralizado encargado de vigilar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Con esta nueva reforma Mejoredu tuvo los objetivos de:

a) Realizar estudios, investigaciones especializadas y evaluaciones diagnósticas, formativas e integrales del Sistema Educativo Nacional;

b) Determinar indicadores de resultados de la mejora continua de la educación;

c) Establecer los criterios que deben cumplir las instancias evaluadoras para los procesos valorativos, cualitativos, contínuos y formativos de la mejora continua de la educación;

d) Emitir lineamientos relacionados con el desarrollo del magisterio, el desempeño escolar, los resultados de aprendizaje; así como de la mejora de las escuelas, organización y profesionalización de la gestión escolar;

e) Proponer mecanismos de coordinación entre las autoridades educativas federal y de las entidades federativas para la atención de las necesidades de las personas en la materia;

f) Sugerir elementos que contribuyan a la mejora de los objetivos de la educación inicial, de los planes y programas de estudio de educación básica y media superior, así como para la educación inclusiva y de adultos, y

g) Generar y difundir información que contribuya a la mejora continua del Sistema Educativo Nacional.3

Con la creación de Mejoredu, en 2022 se emitieron los lineamientos de la política educativa de la nueva Escuela Mexicana. De acuerdo con el documento “La Comisión se orienta desde un enfoque de derechos humanos en la educación. Ello supone que el Estado debe garantizar a las personas el conocimiento de sus derechos, pero también que éstos se respeten en las prácticas y los espacios educativos.”4

De acuerdo con el documento de Mejoredu tenía la encomienda de mejorar el Sistema, y para ello resultaba necesario hacer estudios, diagnósticos y evaluaciones que permitieran atender el problema educativo desde un enfoque de derechos humanos.5

La institución que se creó con la reforma educativa de Andrés Manuel López

Obrador, únicamente funcionó de manera efectiva durante cuatro años (2021-2024).6 Esto es porque el 5 de febrero del 2024 el propio Andrés Manuel López Obrador, envió una reforma de simplificación orgánica que previó la desaparición de Mejoredu, erogando de esta forma la fracción IX del artículo 3 de la Constitución y dejando al Sistema Educativo Nacional sin medios para conformar políticas públicas orientadas en mejorar las desigualdades educativas del país.

La iniciativa constitucional del expresidente López Obrador en materia de simplificación orgánica fue aprobada y por ende publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 20 de diciembre del mismo año.7

Si bien esta reforma deroga la existencia de Mejoredu a nivel constitucional, no existe claridad sobre como se asumirán las funciones que tenía su cargo este organismo. Esto es porque en la exposición de motivos sólo refiere que las funciones del mismo pasarán a formar parte de la SEP, y en los transitorios no se establece con precisión cómo es que se realizará dicha reestructuración, toda vez que sólo se señala:

Primero. En los artículos segundo y quinto transitorios, que el Congreso de la Unión cuenta con 90 días para adecuar las leyes que correspondan, y una vez que entren en vigor la legislación secundaria se entenderán extintos los entes públicos; y

Segundo. El artículo séptimo transitorio establece que los recursos humanos con que cuenten los entes públicos que se extinguen, entre ellos Mejoredu, pasarán a formar parte de aquellos que asuman sus atribuciones, siendo que los derechos laborales de las personas servidores públicas serán respetados en su totalidad.

En la parte presupuestal, para el ejercicio 2025 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público notificó a la Comisión que ésta solamente contaría con un presupuesto asignado de 399 millones 403 mil 14 pesos, o sea un recorte presupuestal de casi el 40 por ciento, lo que genera incertidumbre en torno al pago de las personas que forman parte de la institución.

De todo lo anterior se desprende que la institución se encuentra en una situación crítica que pone en riesgo a más de las 570 personas que trabajan en ésta, pues no hay certeza en el pago de la plantilla laboral y si bien se ha mencionado la intención de reubicar al personal, (ya sea en la propia SEP) o en otras dependencias de la Administración Pública Federal, no hay certeza sobre esto.

Todo esto propicia que, actualmente, Mejoredu no cuente con los elementos suficientes para ejercer sus funciones y tampoco se han establecido los criterios de transición por lo que la institución y sus trabajadores se encuentran en total incertidumbre.

Bajo este orden de ideas, proponemos exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que se garanticen los derechos laborales y el pago de las prestaciones que correspondan de las y los más de 570 servidores públicos que trabajan en la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).

Adicionalmente, es imperante exhortar a la Secretaría de Educación Pública para que las funciones que actualmente están a cargo de Mejoredu no desaparezcan, pues deben formar parte integral de las políticas públicas en materia de educación.

Por lo anterior, se propone la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Públicos a garantizar el respeto a los derechos laborales y el pago de la totalidad de las prestaciones que correspondan a las y los más de 570 servidores públicos que trabajan en la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), así como su re adscripción laboral conforme a lo previsto en la fracción I del artículo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2025.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que las funciones que actualmente están a cargo de Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) no desaparezcan sino que formen parte integral de las políticas públicas en materia de educación.

Notas:

1 https://imco.org.mx/desigualdades-educativa-en-mexico/

2 DECRETO por el que se reforman los artículos 3o. en sus fracciones III, VII y VIII; y 73, fracción XXV, y se adiciona un párrafo tercero, un inciso d) al párrafo segundo de la fracción II y una fracción IX al artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 26 de febrero del 2013 en https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_206_26feb13. pdf

3 DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 15 de mayo de 2019 en https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_237_15may19. pdf

4 MEJOREDUM. Principios, marco de referencia y ejes de actuación. México: 2022.
https://www.mejoredu.gob.mx/images/publicaciones/principios.pdf

5 Ibidem.

6 Si bien la reforma se aprobó en 2019, la institución no operó de manera inmediate, pues se tuvo que realizar una reestructuración orgánica. Así, el Programa de Trabajo se publicó en la Gaceta Oficial el 19 de junio del 2020 y comenzó a ser implementada en 2021. Además los primeros documentos en materia de resultados y política educativa aparecieron en 2022. https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5595269&fecha=19/06/2020 #gsc.tab=0

7 DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de simplificación orgánica. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre del 2024 en https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5745905&fecha=20/12/ 2024#gsc.tab=0

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día martes 11 de febrero del 2025.

Diputada Ofelia Socorro Jasso Nieto (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a atender las demandas que solicitan el personal médico, enfermeros, inhaloterapistas, técnicos radiólogos y de intendencia del Hospital Dr. Manuel Gea González, ante la falta de pago que desde hace un mes padecen en dicho nosocomio, y que afecta la prestación de los servicios y atención médica de la población, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La importancia de contar con pagos e insumos suficientes en el sector salud es crucial para garantizar una atención adecuada y oportuna a la población. Los trabajadores del sector salud, como médicos y enfermeras, necesitan estar bien remunerados para poder concentrarse en su trabajo y ofrecer la mejor atención posible a los pacientes. Sin pagos justos, se puede afectar su motivación y compromiso, lo que repercute directamente en la calidad del servicio que reciben las personas.

La falta de insumos y medicamentos puede llevar a retrasos en el tratamiento de pacientes y, en algunos casos, a la imposibilidad de brindar atención adecuada. Esto puede tener consecuencias graves para la salud de las personas, especialmente en situaciones de emergencia o en el manejo de enfermedades crónicas.

La disponibilidad de insumos es fundamental para el correcto funcionamiento de los hospitales y centros de salud.

Los trabajadores eventuales, como los que protestan en el Hospital General Doctor Manuel Gea González, necesitan estabilidad laboral para poder planificar su vida y asegurar su bienestar. La falta de contratos permanentes puede generar incertidumbre y estrés, lo que afecta tanto a los trabajadores como a sus familias. Además, la estabilidad laboral es un factor clave para retener talento y experiencia en el sector salud.

El conflicto en el Hospital General Doctor Manuel Gea González se debe principalmente a la falta de pago de salarios a los trabajadores eventuales. Estos trabajadores, que incluyen médicos, enfermeras, personal de camillería e inhaloterapia, han denunciado que no han recibido su salario desde hace un mes. Además, llevan cuatro años sin ser basificados, es decir, sin contar con un contrato laboral permanente.

Este 4 de febrero, cerca de 200 trabajadores bloquearon la Calzada de Tlalpan y la avenida San Fernando en Tlalpan, Ciudad de México, para exigir el pago inmediato de sus quincenas atrasadas y el derecho a la estabilidad laboral. Durante la protesta, liberaron las vialidades tras llegar a un acuerdo para instalar una mesa de trabajo con los directivos del hospital.

Los trabajadores también han señalado que, durante la pandemia, fueron considerados héroes, pero ahora sienten que han sido olvidados. Exigen que se les pague puntualmente y que se les otorgue la basificación de sus puestos.

Una atención de calidad y oportuna es esencial para la salud y el bienestar de la población. Si los trabajadores del sector salud no tienen las condiciones adecuadas para trabajar, esto puede afectar negativamente a la comunidad en general. La confianza de la población en el sistema de salud depende en gran medida de la percepción de que se cuenta con los recursos y el personal necesario para atender sus necesidades.

Para que el sistema de salud funcione de manera eficiente y sostenible, es necesario contar con recursos suficientes y una gestión adecuada de estos recursos. Esto incluye tanto el financiamiento como la adquisición de insumos y medicamentos. La inversión en el sector salud es una prioridad para garantizar que se pueda brindar atención de calidad a toda la población.

En el PRI exhortamos a la Secretaría de Salud para que atienda las demandas que exigen las y los trabajadores de este nosocomio que sin duda ha sido una injusticia que se ha prolongado en estos últimos años y que debe de atenderse con urgencia y solución inmediata.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Salud a atender las demandas del personal médico, enfermeros, inhaloterapistas, técnicos radiólogos y de intendencia del Hospital Doctor Manuel Gea González, y al pago inmediato de las prestaciones laborales que se les adeudan, para que los servicios y atención médica no se vean interrumpidos y afecten a la población que los requieran.

Segundo.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a transferir de forma oportuna los recursos presupuestales que se previeron en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2025 a favor de la Secretaría de Salud federal y del Hospital General “Doctor Manuel Gea González” a efecto de que en pleno respeto a sus derechos laborales se les paguen de forma inmediata las prestaciones que se adeuda al personal de ese nosocomio, y se les paguen de forma oportuna las subsecuentes, para que los servicios y atención médica no se vean interrumpidos y afecten a la población que los requieran.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de febrero del 2025.

Diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP a efectuar campañas de información y prevención sobre los peligros en las redes sociales, suscrita por las diputadas Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel y Laura Ivonne Ruíz Moreno, del Grupo Parlamentario del PRI

Quienes suscriben, Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, Laura Ivonne Ruiz Moreno, diputadas federales del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Vivimos en una era digital en la cual las redes sociales se han convertido en una parte integral de la vida cotidiana, especialmente entre niños, niñas y adolescentes.

Si bien estas plataformas ofrecen oportunidades para la comunicación y el aprendizaje, también presentan riesgos significativos que no podemos ignorar.

Uso de redes sociales entre menores en México

Según datos de 2023, el 62.3 por ciento de las personas de 6 a 17 años en México utilizan redes sociales, lo que equivale a aproximadamente 16.6 millones de niñas, niños y adolescentes.1

Este porcentaje ha aumentado considerablemente en los últimos años, pasando del 44.5 por ciento en 2016 al 62.3 por ciento en 2023. Es relevante destacar que, entre los adolescentes de 12 a 17 años, el uso de redes sociales alcanza el 86.4 por ciento.2

Efectos negativos de los peligros en estudiantes

El uso de las redes sociales puede desencadenar efectos adversos graves en las y los estudiantes, impactando en su desarrollo emocional, psicológico, social y académico. Algunos de los más relevantes son:

1. Impacto en la salud mental

• Ansiedad y depresión: La exposición constante a contenido que promueve estándares de vida, belleza o éxito inalcanzables genera comparaciones negativas y una baja autoestima. De hecho, un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública reveló que el 35 por ciento de los adolescentes que pasan más de 4 horas al día en redes sociales presentan síntomas relacionados con la depresión.

• Aislamiento social: Aunque las redes sociales prometen conexión, un uso excesivo puede llevar a que los estudiantes se sientan aislados, prefiriendo las interacciones virtuales a las relaciones en persona.

2. Ciberacoso

El 25.7 por ciento de los adolescentes en México ha sido víctima de ciberacoso, con un mayor impacto en mujeres adolescentes (29.5 por ciento). Este tipo de violencia digital genera estrés crónico, problemas de autoestima y, en casos extremos, pensamientos suicidas.

Las víctimas suelen enfrentar dificultades para concentrarse en la escuela y disminuir su rendimiento académico.

3. Acceso a contenido inapropiado

La falta de supervisión expone a los estudiantes a material no apto para su edad, como contenido sexual, violento o relacionado con conductas de riesgo.

Este tipo de información puede influir negativamente en su comportamiento y en la construcción de sus valores.

4. Grooming y explotación

El contacto con desconocidos a través de redes sociales es un peligro real. Estudios de la Red por los Derechos de la Infancia en México destacan que el grooming afecta principalmente a menores de entre 10 y 14 años.

Estas prácticas representan un grave riesgo para su seguridad física y emocional.

5. Adicción a las redes sociales

El uso compulsivo de las plataformas afecta las rutinas de sueño, la concentración en las clases y el tiempo dedicado a actividades recreativas o familiares.

La adicción digital puede generar problemas de rendimiento escolar y afectar las relaciones interpersonales.

Prevalencia del ciberacoso

El incremento en el uso de redes sociales ha venido acompañado de un aumento en casos de ciberacoso. En 2023, el 25.7 por ciento de los adolescentes de 12 a 17 años que utilizan internet en México reportaron haber sido víctimas de ciberacoso, lo que representa a 3.3 millones de jóvenes.3

Las mujeres adolescentes son particularmente vulnerables, con un 29.5 por ciento reportando experiencias de ciberacoso, en comparación con el 22.2 por ciento de los hombres.4

Formas de ciberacoso y sus consecuencias

Las formas más comunes en las que se manifiesta el ciberacoso incluyen el envío de mensajes ofensivos, la recepción de contenido sexual no deseado y el contacto mediante identidades falsas.

Estas experiencias pueden tener consecuencias graves en la salud mental y emocional de los jóvenes, como ansiedad, depresión y disminución del rendimiento académico.

Necesidad de intervención educativa

Dado que una buena cantidad de niñas, niños y adolescentes en México son usuarios activos de internet y redes sociales, es imperativo que el sistema educativo aborde estos desafíos.

La Secretaría de Educación Pública debe implementar campañas informativas y preventivas que eduquen a estudiantes, docentes y familias sobre los riesgos asociados con el uso de redes sociales y las estrategias para mitigarlos.

Por ello la necesidad de que la SEP diseñe y ejecute campañas integrales en las escuelas públicas del país, enfocadas en la prevención del ciberacoso y la promoción del uso seguro y responsable de las redes sociales.

La prioridad es proteger el bienestar de nuestras niñas, niños y adolescentes, preparándolos para navegar de manera segura en el entorno digital contemporáneo.

La seguridad y el bienestar de nuestras niñas, niños y adolescentes, así como una educación de calidad que responda a las necesidades que exigen los retos digitales de nuestro tiempo.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que diseñe y efectúe campañas informativas y preventivas en las escuelas públicas sobre los peligros derivados del uso de las redes sociales.

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 10 de febrero del 2025.

Diputadas: Fuensanta Guadalupe Guerrero (rúbrica), Laura Ivonne Ruiz Moreno (rúbrica).

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Junta de Coordinación Política a crear una Comisión Especial de Investigación encargada de aclarar el posible daño causado al erario público entre los años 2019 y 2024, por el organismo descentralizado Segalmex, Diconsa, SA de CV, y Liconsa, SA de CV, a cargo de la diputada Mónica Elizabeth Sandoval Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Mónica Elizabeth Sandoval Hernández, diputada federal a la LXVI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II; numeral 2, fracciones I y II y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) es un organismo descentralizado, sectorizado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), que en el decreto de su creación indica que este organismo busca la autosuficiencia alimentaria en los cuatro granos básicos (maíz, trigo, arroz, frijol) y leche, así como fomentar el desarrollo económico y social del país.1

De acuerdo con la página oficial de Segalmex, esta tiene las siguientes facultades:

- Coordinar la adquisición de productos agroalimentarios a precios de garantía que favorecerán a los pequeños y medianos productores nacionales.

- Vender y distribuir fertilizantes, semillas mejoradas o cualquier otro producto que contribuya a elevar la productividad del campo mexicano.

- Promover tanto la industrialización de alimentos básicos, leche y sus derivados como la comercialización de los excedentes de la producción agroalimentaria dentro y fuera del país.

- Promover la creación de micro, pequeñas y medianas empresas privadas asociadas a la comercialización de productos alimenticios.

- Apoyar las tareas de investigación científica y desarrollo tecnológico que se encuentren vinculadas con su objeto y que sean promovidas por la Sader2

Durante los últimos años el organismo descentralizado dependiente de la Sader se ha visto envuelto en distintas polémicas producto de diversos informes y datos revelados, tanto por medios de comunicación como por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Investigaciones, como la de “Mexicanos contra la Corrupción”, han denunciado un desvío millonario de recursos públicos mediante empresas fachada para procesar leche. En sus dos primeros años, el gobierno de la 4T otorgó casi 800 millones de pesos en adjudicaciones directas a seis empresas cuyos socios han participado en irregularidades en el ISSSTE y Sedatu. El SAT ha identificado oficialmente a estos socios como simuladores de operaciones.3

De acuerdo con el órgano auditor de fiscalización, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) Segalmex durante su primer año de operación, causó un posible daño al erario de poco más de 3 mil 396 millones de pesos debido a deficiencias en la planeación y falta de procesos para la difusión de programas y manejo de centros de acopio y almacenamiento. Segalmex no acreditó contar con un padrón georreferenciado de los centros receptores y concentradores de maíz y frijol ni de sus beneficiarios, ni dispuso, en todos los casos, de información sobre el alimento básico que cada centro concentró.

En casos relacionados con otorgamientos de subsidios a productores de granos, se han reportado que el otorgamiento de subsidios, a productores de arroz y frijol no fue posible calcular con precisión la cobertura del programa y realizar un análisis comparativo con el padrón de beneficiarios, porque la información remitida no fue confiable, verificable y veraz, y no permitió comprobar si los productores que recibieron el apoyo se encontraron inscritos en el padrón de beneficiarios. Además, también se identificaron duplicidades con los productores beneficiados que están inscritos en el Padrón del Programa Producción para el Bienestar.4

Los reportes de 2019, La ASF reveló que, en la revisión de la Cuenta Pública de 2019, Segalmex no proporcionó los documentos que amparan la compra de trigo panificable por 516 millones de pesos y tampoco acreditó la existencia física de más de mil 496 millones de pesos que se presentan en los registros contables.

Los trabajos realizados por la empresa que integra a Diconsa y Liconsa, cuyo objeto corresponde al abasto social de productos de la canasta básica a precios subsidiados en comunidades rurales, tuvo en 2021 una operación plagada de irregularidades por al menos 9 mil 500 millones según datos revelados por la ASF. Dichos trabajos también revelaron en la Auditoría de Cumplimiento 329-DE realizada a Diconsa, SA de CV, se determinó que existían 1,413 millones de pesos por aclarar.5

Segalmex tampoco, hizo entrega de evidencia de más de 2 mil 854 millones correspondientes a la entrega de boletas de recepción y liquidación a productores de maíz y frijol que están en el Programa de Precios de Garantía, lo cual permite que se acredite la entrada de productos a los centros de acopio, hasta ahora no hay evidencia de las transferencias bancarias que acrediten dichos pagos.

Los montos para aclarar corresponden a diversas irregularidades que generaron recomendaciones por la auditoría en rubros como: el proceso de elaboración de manuales, políticas, la planeación que realizó en la adquisición de productos correspondientes a compras consolidadas; en las que, no se acreditó la justificación, ni se indicó el proceso de planeación llevado a cabo para realizar dichas compras consolidadas.

También se recomendó a Segalmex elaborar, aprobar, publicar y difundir el marco normativo de las áreas en las que intervienen en los diferentes procesos y actividades de la entidad alineados con la estructura orgánica autorizada, y proporcione un programa de trabajo para la elaboración y actualización de su marco normativo, con la finalidad de que los servidores públicos cuenten con certeza jurídica en el desempeño de sus funciones.

Las diversas inconsistencias mencionadas en párrafos anteriores reflejan la necesidad de revisar y construir mecanismos que permitan aclarar y deslindar responsabilidades derivadas de los datos arrojados por las auditorías, pues los recursos pendientes por aclarar corresponden a recursos públicos, es decir de la nación y esto representaría un acto de corrupción.

La fiscalización es crucial para la democracia y el régimen político de nuestro país. Es una obligación ética informar a la ciudadanía sobre el manejo de recursos públicos. Los informes de la ASF son un ejercicio de transparencia y control de la Cámara de Diputados sobre la ejecución de recursos. La ASF es objetiva, imparcial y técnicamente sólida, y sus informes son centrales para el control del Poder Legislativo.

Diversos reportajes e investigaciones revelan que el posible desvió de recursos de la empresa asciende a 12 mil millones de pesos.6 Y Si bien se han hecho públicas por parte del gobierno supuestas denuncias e investigaciones y detenciones de personas relacionadas con estos desfalcos, no existe claridad y certeza sobre los montos y consecuencias de dichas circunstancias. Esto sin lugar a duda representa una problemática que debe ser atendida con responsabilidad, pues los recursos involucrados son recursos de la ciudadanía.

Si bien la presentación de los informes y las recomendaciones, así como los procesos derivados de estas constituyen la continuidad en materia de lo que la ley dicta respecto a los resultados de auditorías, es necesario reconocer también que como Cámara de Diputados tenemos una responsabilidad mayúscula en la materia de esclarecer los todos los pendientes referentes a las irregularidades antes citadas, esto en el marco de las facultades que la propia constitución nos confiere.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de este honorable pleno la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. Se solicita, en términos del artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la creación de una comisión especial de investigación encargada de aclarar el posible daño causado al erario público entre los años 2019 a 2024. por el organismo descentralizada Segalmex, Diconsa, S.A. de C.V. y Liconsa, S.A. de C.V.

Segundo . El objeto de la comisión especial será el de aclarar las irregularidades, en contratos, adjudicaciones directas, inventarios, ingresos, pagos por adquisición de bienes y servicios, en el gasto de la empresa, así como en su registro contable y presupuestal de la entidad descentralizada Segalmex, Diconsa, S.A. de C.V. y Liconsa, S.A. de C.V., en el periodo 2019- 2024, para dar cumplimiento a ello, la comisión podrá allegarse de la información que considere pertinente, llamando a reunión, cuando lo considere necesario, a las autoridades competentes, de conformidad con el marco normativo aplicable.

Notas:

1. DOF: 18/01/2019. DECRETO por el que se crea el organismo Seguridad Alimentaria Mexicana, disponible en:https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5548402&fecha=18/01/2 019#gsc.tab=0

2.Gobierno de México, Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX), https://www.gob.mx/agricultura/nayarit/articulos/seguridad-alimentaria- mexicana-segalmex?idiom=es

3. Alamillo I, Barriguete A. 19 julio, 2021. SEGALMEX adjudicó $797 millones a red operada por ‘Facturero’. Mexicanos contra la Corrupción y la impunidad. Investigaciones, https://contralacorrupcion.mx/segalmex-adjudico-797-millones-a-red-oper ada-por-facturero/

4. Seguridad Alimentaria Mexicana Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos Auditoría de Desempeño: 2019-1-08JBP-07-0284-2020, Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2019b/Documentos/Auditorias/201 9_0284_a.pdf

5. Diconsa, S.A. de C.V. Gestión Financiera DICONSA Auditoría De Cumplimiento: 2020-2-08VSS-19-0329-2021 329-DE, https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2020c/Documentos/Auditorias/202 0_0329_a.pdf

6. Segalmex desvió más que [@SegalmexDesvio] 17 ene. 2023. https://x.com/SegalmexDesvio

Palacio Legislativo de San Lázaro a 11 de febrero de 2025.

Diputada Mónica Elizabeth Sandoval Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al PJF y a los poderes judiciales de los estados y entidades federativas, a que juzguen con perspectiva de género, evitando la revictimización y garantizando la atención adecuada a las víctimas, a cargo de la diputada Ofelia Socorro Jasso Nieto, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputada federal Ofelia Socorro Jasso Nieto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Exposición de Motivos

La persistencia de la violencia contra las mujeres en México es una problemática alarmante que requiere atención inmediata y acciones contundentes. A pesar de los esfuerzos realizados, las estadísticas indican que la violencia de género no ha disminuido de manera significativa, lo que evidencia la necesidad de fortalecer las estrategias existentes.

México es signatario de diversos tratados internacionales que obligan al Estado a proteger los derechos de las mujeres y a erradicar la violencia de género. Entre ellos destacan la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como la Convención de Belém do Pará. Estos instrumentos internacionales establecen la obligación de los estados de adoptar medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como de garantizar su derecho a una vida libre de violencia y discriminación.

A nivel nacional, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece las bases para la coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios en la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Esta ley subraya la importancia de que las autoridades competentes actúen con perspectiva de género y eviten la revictimización de las mujeres que han sufrido violencia.

Sin embargo, a pesar de este marco normativo, persisten desafíos significativos en su implementación. En ocasiones, los operadores del sistema de justicia, incluyendo a los Ministerios Públicos y los cuerpos de seguridad, quienes tienen la responsabilidad de proteger a las mujeres, carecen de la capacitación adecuada en perspectiva de género, lo que puede resultar en prácticas que re victimizan a las mujeres o no les brindan la protección necesaria. Esta situación es inaceptable, ya que estas instituciones tienen la responsabilidad de proteger a las mujeres y garantizar su acceso a la justicia.

Es imperativo que el Poder Judicial de la Federación, así como los poderes judiciales de los estados y entidades federativas, la Fiscalía General de la República, así como las Fiscalías Estatales y los Ministerios Públicos, integren de manera efectiva la perspectiva de género en sus procesos, desde la recepción de la denuncia hasta la judicialización del caso. Esto implica una comprensión profunda de las dinámicas de la violencia de género y la implementación de protocolos que eviten la revictimización de las mujeres.

Asimismo, las Secretarías de Seguridad estatales y municipales deben implementar programas de capacitación y profesionalización para su personal, especialmente para aquellos que operan en los Centros de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C4) y los Centros de Comando, Control, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5), así como para el personal que atiende denuncias de violencia contra mujeres y maltrato infantil. Una formación adecuada en perspectiva de género y derechos humanos es esencial para que estos funcionarios puedan brindar una atención efectiva y respetuosa, evitando la revictimización y garantizando la protección de las víctimas.

En ese sentido, es fundamental fortalecer las capacidades de los operadores del sistema de justicia y de los cuerpos de seguridad para garantizar que las mujeres puedan acceder a una vida libre de violencia, tal como lo establecen los tratados internacionales y las leyes nacionales vigentes. Solo a través de una actuación comprometida y con perspectiva de género por parte de estas instituciones, se podrá avanzar hacia la erradicación de la violencia contra las mujeres en México.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta:

Punto de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, al Poder Judicial de la Federación, así como a los poderes judiciales de las entidades federativas, para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, juzguen con perspectiva de género, evitando la revictimización y garantizando una atención adecuada a las víctimas de violencia.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta a las Secretarías de Seguridad Pública estatales y municipales a implementar programas de capacitación y profesionalización para su personal, con énfasis en aquellos que operan en los Centros de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C4) y los Centros de Comando, Control, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5), así como para el personal encargado de atender denuncias de violencia contra mujeres y maltrato infantil.

Tercero. La honorable Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, a Fiscalía General de la República, así como a las Fiscalías Generales de Justicia de las entidades federativas a que implementen programas de capacitación y profesionalización para los Ministerios Públicos, con énfasis en la atención de casos de violencia contra las mujeres y maltrato infantil, asegurando que actúen con perspectiva de género, eviten la revictimización y garanticen una atención adecuada a las víctimas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de febrero de 2025.

Diputada Ofelia Socorro Jasso Nieto (rúbrica)

Elija un elemento.

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas dependencias, a asegurar el respeto a los derechos humanos y brindar seguridad y atención médica a las personas migrantes connacionales que regresan de Estados Unidos, suscrita por las diputadas Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel y Laura Ivonne Ruiz Moreno, del Grupo Parlamentario del PRI

Quienes suscriben, diputada Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel y diputada Laura Ivonne Ruiz Moreno, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La migración entre México y Estados Unidos ha sido una constante histórica que ha moldeado las dinámicas sociales, económicas y culturales de ambos países.

Sin embargo, en los últimos años, las políticas migratorias más estrictas y las deportaciones masivas han incrementado el número de mexicanos repatriados, lo que subraya la necesidad imperante de garantizar el respeto a sus derechos humanos, así como su salud y seguridad durante el proceso de retorno.

Al respecto, se manifiestan diversas problemáticas que impactan en las relaciones entre México y el país del norte, así como en las personas connacionales que buscan mejores oportunidades en el extranjero.

• Volumen de Repatriaciones: Según datos de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, en 2024 se registraron 184,402 eventos de repatriación de mexicanos desde Estados Unidos. De estos, 171,852 correspondieron a adultos y 12,550 a menores de 18 años.1

Las políticas migratorias implementadas por la administración del presidente Donald Trump han intensificado las deportaciones de migrantes mexicanos desde Estados Unidos. Entre el 20 y el 26 de enero de 2025, México recibió un total de 5,282 personas repatriadas, de las cuales 4,083 eran mexicanas. Hasta el 29 de enero de 2025, la cifra total de migrantes deportados ascendió a 6,244, incluyendo 1,371 personas de otras nacionalidades.2

• Violaciones de Derechos Humanos: Aunque no se dispone de datos específicos sobre violaciones de derechos humanos en 2024, informes previos han documentado diversas vulneraciones en los procesos de detención y repatriación.

Estas incluyen la falta de información sobre el lugar y fecha de repatriación, ausencia de copias de la resolución migratoria y restricciones en el acceso a protección consular. Estas prácticas obstaculizan el debido proceso y dejan a las y los migrantes en situación de indefensión.3

Asimismo, organizaciones como Médicos Sin Fronteras han señalado que la violencia es un factor determinante en la afectación emocional de las y los migrantes, con un 51 por ciento de las consultas de salud mental relacionadas con experiencias violentas. Estas situaciones generan estrés agudo, depresión y ansiedad entre la población migrante.4

Es fundamental que las autoridades mexicanas y estadounidenses colaboren para garantizar el respeto a los derechos humanos de las y los migrantes repatriados, asegurando procesos transparentes y justos que protejan su dignidad e integridad.

Es axiomático que todo individuo tiene derecho a ser tratado con dignidad y respeto, independientemente de su estatus migratorio. Es imperativo garantizar el respeto a los derechos humanos de las y los migrantes repatriados; es una obligación ética y legal del Estado mexicano.

Una cantidad considerable de connacionales enfrentan desafíos significativos al reintegrarse en sus comunidades de origen, incluyendo estigmatización, desempleo y falta de acceso a servicios básicos. Por lo que se debe asegurar su salud y seguridad, facilita una reintegración más efectiva y contribuye al tejido social del país.

Asimismo, resulta necesario que los registros en torno a violaciones de los derechos humanos de connacionales sean constantemente actualizados, revisados y atendidos por las autoridades mexicanas. Pues con ello, se sientan precedentes que disuaden futuros abusos y promueven prácticas más humanas en los procesos de repatriación.

Es imperativo que el Estado mexicano fortalezca las medidas de protección para las y los migrantes repatriados, asegurando el respeto pleno de sus derechos humanos y brindando apoyo integral para su salud y seguridad. Esto no solo es una obligación legal y moral, sino también una inversión en la cohesión y bienestar de nuestra sociedad.

Si se quiere de verdad reconstruir el tejido social, es fundamental que nuestros connacionales reciban en todo momento atención y seguimiento a sus derechos humanos, a su salud, a su seguridad y su integridad. Pues no solamente se trata de una persona o dos, son miles y todos tienen familias que los acompañan o esperan en sus comunidades y sus casas.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero . La honorable Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que coordine con las instituciones competentes una estrategia a través de la cual se asegure el respeto a los derechos humanos y brinde seguridad y atención médica a las personas migrantes connacionales que regresan de Estados Unidos.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Salud para que asegure un esquema integral de atención médica a las personas migrantes connacionales que regresan de Estados Unidos.

Tercero. La honorable Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Instituto Nacional de Migración para que asegure el respeto a los derechos humanos y brinde seguridad y atención médica a las personas migrantes connacionales que regresan de Estados Unidos.

Cuarto. La honorable Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Guardia Nacional para que asegure el respeto a los derechos humanos y brinde seguridad a las personas migrantes connacionales que regresan de Estados Unidos. Así como a implementar protocolos de actuación y capacitación en materia de actuación y manejo de conflictos para los elementos de la corporación, con el fin de prepararlos para prevenir cualquier agresión así sea de sus elementos.

Quinto. La honorable Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que coordine con las instituciones competentes una estrategia a través de la cual se asegure el respeto a los derechos humanos a las personas migrantes connacionales que regresan de Estados Unidos.

Notas:

1 https://portales.segob.gob.mx/work/models/PoliticaMigratoria/CEM/Estadi sticas/Sintesis_Graficas/Sintesis_2024.pdf

2 https://oem.com.mx/elsoldemexico/mexico/mexico-ha-recibido-6-mil-244-mi grantes-deportados-por-trump-incluyendo-mil-371-de-otros-paises-2144758 1

3 https://corteidh.or.cr/tablas/29958.pdf

4 https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2024-06/REC_2024 _143.pdf

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 5 de febrero del 2025.

Diputadas: Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel (rúbrica), Laura Ivonne Ruiz Moreno (rúbrica).

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP a diseñar y efectuar campañas informativas que fomenten el cuidado del agua en educación básica, media y superior, suscrita por las diputadas Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel y Laura Ivonne Ruíz Moreno, del Grupo Parlamentario del PRI

Quienes suscriben, Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, Laura Ivonne Ruiz Moreno, diputadas federales del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El agua es un recurso esencial para la vida y el desarrollo humano, aunque tristemente enfrentamos una crisis global sin precedentes. Según el Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 2023, más de 2 mil millones de personas en el mundo carecen de acceso a agua potable segura.1

En México, el panorama no es menos preocupante. El Inegi reporta que, en 2020, el 23.4 por ciento de los hogares enfrentaron problemas de suministro de agua,2 mientras que la Conagua estima que el 33 por ciento de las cuencas del país están sobreexplotadas.3

Bajo este contexto, resulta de suma importancia abordar la problemática del agua desde una perspectiva educativa, formando a las nuevas generaciones valores y conocimientos que promuevan su cuidado y preservación.

La educación siempre tendrá el potencial para ser un motor de cambio social, y la Secretaría de Educación Pública juega un papel clave en esta gran tarea.

Diversos estudios han demostrado que la educación es un factor determinante para impulsar prácticas sostenibles en el uso de recursos naturales. En México, la población en edad escolar representa una oportunidad única: 26.4 millones de estudiantes se encuentran inscritos en la educación básica, mientras que otros 5 millones cursan el nivel medio superior y superior.4

Al integrar campañas educativas sobre el cuidado del agua en estos niveles, se puede alcanzar un impacto transformador en la forma en que las nuevas generaciones valoran y utilizan este recurso.

El diseño de campañas informativas dirigidas a las comunidades escolares puede incluir temas como:

1. La Huella Hídrica: Concientizar a las y los estudiantes sobre la cantidad de agua necesaria para producir bienes y servicios que consumimos diariamente. Por ejemplo, la producción de un kilogramo de carne de res requiere 15,400 litros de agua.

2. Reducción del Consumo: Proveer estrategias prácticas para el ahorro de agua. En México, el consumo promedio per cápita de agua es de 366 litros al día, más del doble del promedio global.

3. Preservación de Ecosistemas: Sensibilizar sobre la importancia de los ecosistemas acuáticos, que albergan el 10 por ciento de las especies conocidas en el planeta, pero que están desapareciendo tres veces más rápido que los bosques.

En el norte de México, los efectos de la sequía han provocado una disminución de hasta el 40 por ciento en la disponibilidad de agua en algunas presas clave. En tanto, en las zonas urbanas, el desperdicio de agua sigue siendo alarmante: el 36.4 por ciento del agua potable se pierde en fugas y redes ineficientes.5

Este panorama requiere de una respuesta contundente, y las campañas educativas sin duda son una estrategia de alto impacto a mediano y largo plazo.

Al incluir programas interactivos, como talleres, videos, juegos educativos y materiales gráficos, se puede motivar a los estudiantes no solo a ahorrar agua, sino también a ser promotores de estas prácticas en sus hogares y comunidades.

Fomentar una cultura de cuidado del agua desde edades tempranas tiene un efecto multiplicador; cada peso invertido en educación ambiental puede generar un retorno con beneficios naturales, económicos y sociales. Esto se traduce en una sociedad más informada, capaz de tomar decisiones conscientes y sostenibles respecto al uso de los recursos naturales.

Por ello, exhortamos a la Secretaría de Educación Pública a que diseñe y ejecute campañas informativas en todos los niveles educativos, considerando las características regionales y culturales de México. Estas campañas deben priorizar el uso responsable del agua, la preservación de las fuentes naturales y la reutilización en actividades cotidianas.

Con educación, podemos construir un México donde el acceso al agua esté garantizado para todas y todos, y donde la preservación de este recurso sea una prioridad compartida por las generaciones presentes y futuras.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que diseñe y efectúe campañas informativas y que fomenten el cuidado del agua en educación básica, media y superior.

Notas:

1 https://www.unesco.org/reports/wwdr/2023/es/download

2 https://www.inegi.org.mx/temas/agua/

3 https://files.conagua.gob.mx/conagua/publicaciones/Publicaciones/EAM%20 2021.pdf

4 https://www.inegi.org.mx/temas/agua/

5 https://www.inegi.org.mx/temas/agua/

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 10 de febrero del 2025.

Diputadas: Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel (rúbrica), Laura Ivonne Ruiz Moreno (rúbrica).

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a implementar acciones específicas para brindar el acceso gratuito a la insulina a niñas, niños y adolescentes con diabetes mellitus tipo 1, a cargo de la diputada Ana Isabel González González, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Ana Isabel González González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión y con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Consideraciones

La Pan American Health Organization (PAHO), señala que la diabetes es una enfermedad crónica, caracterizada por niveles elevados de glucosa en la sangre y que a largo plazo daña gravemente los vasos sanguíneos, riñones, corazón o imputaciones inferiores.1

Actualmente existe diferentes tipos de diabetes:

- Diabetes Mellitus tipo 1: -Es la menos común y no es prevenible. Es cuando no produce o produce poca insulina, es decir, cuando las células del páncreas que producen la insulina están dañadas por un proceso inmune y dejan de trabajar, y se presenta en niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

- Diabetes Mellitus tipo 2: Es la más común, y que se presenta en los adultos, ocurre cuando el cuerpo es resistente a la insulina o no se produce. Sin embargo, los índices han aumentado de manera sostenida durante los últimos 10 años y,

- Diabetes gestacional: Es el nivel alto de azúcar en la sangre y se presenta en cualquier momento durante el embarazo en una mujer que aún no presenta diabetes.2

En este mismo sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS), indica que el número de personas que viven con diabetes pasó de 200 millones en 1990 a 830 millones en 2022. En este último año, más de la mitad de las personas que viven con diabetes no tomaban ningún medicamento.3

De manera que, la Federación Internacional de Diabetes (FID), plantea que para 2045, 783 millones de personas adultas vivirán con diabetes, es decir, una de cada 8. Lo que representará un aumento sostenido del 46 por ciento.4

Las causas exactas de la diabetes de tipo 1 siguen siendo desconocidas. Sin embargo, las investigaciones muestran que la posibilidad de desarrollar la enfermedad aumenta ligeramente si un miembro de la familia la padece, según la OMS.

La OMS menciona que tal solo en 2017, había 9 millones de personas con diabetes de tipo 1, la mayoría de ellas en países de ingreso alto.5

Para el caso de México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública, a través de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, para el 2022 la prevalencia total de diabetes diagnosticada fue de 18.3 millones y no diagnosticada 14.6 millones de personas.6

Sin embargo, para el caso de la diabetes Mellitus tipo 1, actualmente no se cuenta con un registro oficial, de cuántas personas la padecen o son diagnosticados cada año, lo que constituye un gran reto para el Estado mexicano, instrumente acciones para el acceso a la insulina a niñas, niños y adolescentes.

Cabe destacar que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2025, se aprobó un total de $913 millones, para el Programa presupuestario: “Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes” y 100 millones para el Programa de “Protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.7

Ante el otorgamiento de recursos para dichos programas, se requiere priorización para este sector que son las niñas, niños y adolescentes con Diabetes Mellitus tipo 1, con el objetivo de brindar atención integral para su tratamiento, control y acceso gratuito a la insulina.

En suma, el Estado mexicano cuidará y mirará por el principio del interés superior de la niñez como lo menciona en el artículo 4, fracción XI; que a la letra dice:

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velara? y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.8

El acceso a la insulina gratuita para niñas, niños y adolescentes no es un privilegio, es un derecho humano que deberá ser otorgado en su máxima expresión. Asimismo, en la Ley General de Salud plantea en su artículo 159 Bis, lo siguiente:

Las autoridades sanitarias y las instituciones públicas de salud deben diferenciar el diagnóstico y la atención de los tipos de diabetes, considerando al menos, la siguiente clasificación:

I. Diabetes Tipo 1;

II. Diabetes Tipo 2, y

III. Diabetes Gestacional.9

En tal virtud, exhorto, respetuosamente, a la Secretaría de Salud para que implementen acciones específicas para el acceso gratuito a la insulina niñas, niños y adolescentes con diabetes mellitus tipo 1, el cual contribuirá en su crecimiento y pleno desarrollo.

Por lo antes fundado y motivado, me permito someter a la elevada consideración del pleno, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Salud para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, implementen acciones específicas para brindar el acceso gratuito a la insulina a niñas, niños y adolescentes con diabetes mellitus tipo 1.

Segundo. - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Salud para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, realice acciones gratuitas como la detección, diagnóstico, tratamiento y suministro de insulina para niñas, niños y adolescentes con diabetes mellitus tipo 1.

Notas:

1 Pan American Health Organization (PAHO). Diabetes. Consultadon el en siguiente link:
https://www.paho.org/es/temas/diabetes

2 Organización Mundial de la Salud (OMS) (2024). Diabetes. Consultado en el siguiente link: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/diabetes

3 Ibidem

4 Federación Internacional de Diabetes (FID) (2024). Datos y cifras sobre la Diabetes. Consultado en el siguiente link: https://idf.org/es/about-diabetes/diabetes-facts-figures/

5 Los países de ingreso alto son: Alemania, Andorra, Antigua y Barbuda, Arabia Saudita, Australia y Austria.

6 Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2022. Consultado en el siguiente link: https://www.insp.mx/avisos/prevalencia-de-prediabetes-y-diabetes-en-mex ico-ensanut-2022

7 Presupuesto de Egresos de la Federación 2025. Programas presupuestarios en clasificación económica (resumen). Consultado en el siguiente link: https://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/GOpef25P/PEF2025/Loungbqw/d ocs/12/r12_ppcer.pdf

8 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Consultado en el siguiente link:
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

9 Ley General de Salud plantea en su artículo 159 Bis. Consultado en el siguiente link:
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGS.pdf

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo, el 6 de febrero de 2025.

Diputada Ana Isabel González González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas dependencias de la Ssa y la SHCP a mantener la operatividad y servicios públicos de atención a la salud en los hospitales generales de Ensenada y Tijuana, ante la grave carencia de medicamentos e insumos en la que se encuentran ambos nosocomios, suscrita por los diputados Rubén Ignacio Moreira Valdez y Erubiel Lorenzo Alonso Que, del Grupo Parlamentario del PRI

Quienes suscribimos, diputados Rubén Ignacio Moreira Valdez y Erubiel Lorenzo Alonso Qué, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El Hospital General de Tijuana ha estado enfrentando una crisis significativa debido a la “escasez de medicamentos e insumos médicos”. Según los trabajadores del hospital, el déficit de estos recursos es del 74 por ciento, lo que significa que faltan esenciales como paracetamol, jeringas y soluciones intravenosas.1 Esta situación ha llevado a que los empleados tengan que pedir a los pacientes y sus familias que compren los medicamentos fuera del hospital.2

Además, el hospital también ha sido afectado por “recortes presupuestales”. El gobierno del Estado de Baja California ha aplicado un recorte del 3.2 por ciento en el gasto para el sector salud, lo que ha resultado en una reducción de 188.3 millones de pesos en comparación con el año anterior.3 Estos recortes han afectado tanto a los empleados como a la calidad de la atención médica que se brinda a los pacientes.4

Los trabajadores del hospital han salido a las calles para manifestarse y exigir soluciones, incluyendo el pago inmediato de salarios atrasados y la reposición de los medicamentos y equipos médicos esenciales. La situación ha generado un ambiente de tensión e incertidumbre dentro del hospital, y los empleados han señalado que la falta de recursos y pagos atrasados es una muestra de la falta de compromiso del gobierno hacia la salud pública.

De igual forma, el Hospital General de Ensenada ha estado enfrentando una crisis significativa debido a la falta de medicamentos y otros insumos esenciales. Esta situación ha llevado a la suspensión de consultas externas y traslados en ambulancia. Además, el hospital ha tenido problemas con la recolección de residuos peligrosos biológicos-infecciosos debido a la falta de materiales necesarios. El personal médico también ha protestado por la falta de pago de aguinaldos y la escasez de médicos y especialistas.

Lo anterior queda constatado, en la carta del 7 de febrero del presente, que envió el director del Hospital General de Ensenada al coordinador del IMSS-Bienestar en Baja California, informando la suspensión de la atención ciudadana y pacientes, a partir del día lunes 10 de febrero de 2025, por falta de medicamentos, así como por la falta de cumplimiento del pago a las empresas qué suministran los insumos.5

Lo antes señalado es sumamente grave para la población de esa entidad federativa, anterior, y es muestra del fracaso e incumplimiento de los compromisos contraídos en el Convenio de Coordinación que establece la forma de colaboración en materia de personal, infraestructura, equipamiento, medicamentos y demás insumos asociados para la prestación gratuita de servicios de salud, para las personas sin seguridad social en el estado de Baja California, que celebraron la Secretaría de Salud federal, Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar) y el estado de Baja California, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de septiembre de 2023, cuya modificación y ratificación fue publicada el 19 de marzo de 2024. A través de dichos instrumentos se transfieren al IMSS-Bienestar los recursos públicos, incluyendo la operación de la infraestructura hospitalaria, destinados a la atención médica con medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin afiliación a las instituciones de seguridad social en el estado de Baja California.6

Garantizar que los hospitales cuenten con los recursos necesarios para brindar atención médica adecuada es un derecho humano básico. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho a la protección de la salud, lo que implica que el gobierno debe asegurar que todas las personas tengan acceso a servicios de salud de calidad.

Asimismo, la asignación y aplicación oportuna del presupuesto por parte del gobierno para el suministro de medicamentos y los salarios de los médicos es un acto fundamental de justicia social y salubridad.

La Ley General de Salud establece que el gobierno debe definir las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecer un sistema de salud para el bienestar. Esto incluye la concurrencia de la Federación y las Entidades Federativas en materia de salubridad general. La asignación de presupuesto adecuado es crucial para mantener la infraestructura hospitalaria y garantizar que los profesionales de la salud reciban salarios justos, lo que a su vez fomenta la retención de talento y mejora la calidad de la atención médica.

La seguridad social también juega un papel importante en este contexto. El gobierno debe asegurar que las personas sin seguridad social tengan acceso a servicios de salud gratuitos. Esto se logra mediante la transferencia de recursos presupuestarios y la prestación de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados.

La inversión en salud pública es una prioridad que debe ser reflejada en el presupuesto anual del gobierno.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución:

Punto de Acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, la Secretaría de Salud federal, Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar) y al gobierno del estado de Baja California a realizar todas las acciones que sean necesarias para mantener la operatividad y servicios de atención a la salud en los hospitales generales de Ensenada y Tijuana, ante la grave carencia de medicamentos e insumos en la que se encuentran ambos nosocomios.

Segundo.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a transferir de forma oportuna los recursos presupuestales que se previeron en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2025 a favor de la Secretaría de Salud federal, Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS- Bienestar), a efecto de mantener la operatividad y servicios de atención a la salud en los hospitales generales de Ensenada y Tijuana, ante la grave carencia de medicamentos e insumos en la que se encuentran ambos nosocomios.

Tercero.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al gobierno del estado de Baja California, a realizar todas las acciones que sean necesarias para que la Secretaría de Salud federal, Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS- Bienestar) cumplan debidamente con lo pactado en los instrumentos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 5 de septiembre de 2023 y el 19 de marzo de 2024, para así mantener la operatividad y servicios de atención a la salud en los hospitales generales de Ensenada y Tijuana a favor de la población de esa entidad federativa.

Notas:

1 El Sol de Tijuana HGT enfrenta déficit del 74% en insumos y medicamentos, afirman trabajadores en protesta.
https://oem.com.mx/elsoldetijuana/local/hospital-general-de-tijuana-carece-del-74-de-insumos-y-medicamentos-trabajadores
-de-la-salud-21396189?form=MG0AV3

2 Trabajadores del Hospital General denuncian falta de pagos, medicamentos e insumos
https://www.telemundo20.com/noticias/mexico/trabajadores-hospital-falta-pagos-medicamentos-insumos/2436138/?form=MG0AV3

3 Gobierno de BC recorta 188 millones de pesos en sector salud
https://afntijuana.info/empresarial/159519_gobierno_de_bc_recorta_188_millones_de_pesos_en_sector_salud?form=MG0AV3

4 Crisis en el sector salud: trabajadores del Hospital General de Tijuana exigen soluciones https://www.msn.com/es-mx/noticias/other/crisis-en-el-sector-salud-trab ajadores-del-hospital-general-de-tijuana-exigen-soluciones/ar-AA1xXD5J? form=MG0AV3

5 Facebook https://www.facebook.com/100064377444431/posts/1049424380546800/?rdid=r zriImB7Lw8ry0Ap#

6 Convenio de Coordinación que establece la forma de colaboración en materia de personal, infraestructura, equipamiento, medicamentos y demás insumos asociados para la prestación gratuita de servicios de salud, para las personas sin seguridad social en el Estado de Baja California, que celebran la Secretaría de Salud, Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSSBIENESTAR) y el Estado de Baja California.
https://www.imssbienestar.gob.mx/assets/img/juridico/convenios/ConvenioBajaCalifornia.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de febrero de 2025.

Diputados: Rubén Ignacio Moreira Valdez (rúbrica), Erubiel Lorenzo Alonso Qué (rúbrica).

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal, a través de la SHCP, a convocar una Convención Nacional Hacendaria para analizar, evaluar y proponer soluciones estructurales a las problemáticas fiscales y hacendarias del país, fomentando un federalismo fiscal equitativo, eficiente y sostenible, a cargo del diputado César Alejandro Domínguez Domínguez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputado César Alejandro Domínguez Domínguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2025, junto con la Ley de Ingresos y la Ley Federal de Derechos, han generado diversas preocupaciones en torno a la sostenibilidad fiscal, la distribución de recursos y las implicaciones para distintos sectores económicos y sociales.

1. Endeudamiento y déficit fiscal

El PPEF 2025 proyecta ingresos totales por 9.3 billones de pesos, lo que representa una reducción de -3.3 por ciento en términos reales respecto a los recursos previstos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el cierre de este año. De este monto 1.25 billones de pesos corresponden a ingresos derivados de financiamiento; es decir, recursos provenientes principalmente de la contratación de deuda pública para cubrir las necesidades de gasto previstas en el PPEF.

El déficit fiscal estimado del 3.9 por ciento del PIB, aunque menor al proyectado para este año, sigue siendo elevado para las finanzas públicas del país. Este nivel de déficit implica una dependencia constante del endeudamiento público, lo que podría comprometer la sostenibilidad fiscal a largo plazo y afectar la calificación crediticia del país. Se estima que la deuda ampliada del sector público federal se situará al cierre de 2024 en 51.4 por ciento del PIB.

2. Reducción en inversión física

Se prevé una disminución del 12.7 por ciento en el gasto destinado a infraestructura, pasando de 932.4 mil millones de pesos en 2024 a 848.7 mil millones en 2025. Esta reducción podría afectar el desarrollo de proyectos clave para el crecimiento económico y la competitividad del país, limitando la capacidad de modernizar y expandir la infraestructura necesaria para el desarrollo sostenible.

3. Incrementos en derechos y cargas fiscales

La Ley Federal de Derechos 2025 propone aumentos en diversas cuotas:

• Sector minero: Incremento de la tasa del derecho especial sobre minería de 7.5 por ciento a 8.5 por ciento sobre los ingresos derivados de la enajenación de minerales, y del derecho extraordinario de 0.5 por ciento a 1.0 por ciento para metales preciosos como oro, plata y platino.

• Servicios migratorios: Aumento del 20 por ciento en la cuota por prestación de servicios migratorios en aeropuertos a pasajeros de vuelos internacionales.

• Áreas Naturales Protegidas: Incremento del 100 por ciento en las cuotas por el uso o aprovechamiento de estas zonas.

Estos incrementos podrían generar una mayor carga fiscal para las empresas y ciudadanos, afectando la competitividad y el costo de servicios esenciales.

4. Dependencia de ingresos petroleros

Aunque no se prevén nuevos impuestos ni incrementos en los existentes, el presupuesto continúa dependiendo en gran medida de los ingresos petroleros y de financiamientos. Esta dependencia expone a las finanzas públicas a la volatilidad de los precios internacionales del petróleo y a las condiciones del mercado financiero, lo que podría generar incertidumbre en la ejecución del gasto público.

5. Insuficiencia en la recaudación tributaria

La proyección de ingresos tributarios para 2025 se basa en estimaciones optimistas que no abordan las deficiencias estructurales del sistema fiscal mexicano. Sin una reforma fiscal integral que amplíe la base gravable y mejore la eficiencia recaudatoria, es probable que persistan brechas significativas entre los ingresos proyectados y los efectivamente recaudados, limitando la capacidad del Estado para financiar programas y servicios públicos esenciales.

6. Recortes en sectores clave

El PPEF 2025 contempla reducciones presupuestarias en áreas fundamentales:

• Seguridad: Disminución de -36.2 por ciento en el presupuesto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, lo que podría afectar las estrategias de seguridad pública en un contexto de creciente violencia.

• Salud: Recortes del -34.1 por ciento a la Secretaría de Salud lo que afectará programas sensibles como la vacunación entre otros, comprometiendo la calidad y cobertura de los servicios de salud para la población.

Estas reducciones generan preocupación sobre la capacidad del gobierno para atender adecuadamente las necesidades básicas de la ciudadanía.

Redefinición de responsabilidades fiscales

En resumen, el PPEF 2025, junto con la Ley de Ingresos y la Ley Federal de Derechos, presenta desafíos significativos en términos de sostenibilidad fiscal, distribución equitativa de recursos y atención a sectores prioritarios. Es por ello que una redefinición de la distribución de responsabilidades de gasto, facultades tributarias y fuentes de financiamiento entre los tres niveles de gobierno sigue siendo necesaria en México.

1. Dependencia financiera de los estados y municipios

La actual estructura fiscal mexicana mantiene una fuerte centralización de recursos, donde los estados y municipios dependen en gran medida de las transferencias federales (participaciones y aportaciones) para financiar sus operaciones. Esta dependencia limita la capacidad de los gobiernos locales para responder a las necesidades específicas de sus comunidades y ejercer autonomía en la planeación de su desarrollo. El PPEF 2025 refuerza esta tendencia al priorizar el gasto federalizado, pero no amplía significativamente las facultades recaudatorias locales.

2. Inequidad en la distribución de recursos

La distribución de participaciones y aportaciones entre las entidades federativas se basa en fórmulas que no siempre reflejan las necesidades actuales de cada región ni sus esfuerzos en generación de ingresos propios. Esto genera disparidades significativas en el acceso a recursos entre estados ricos y pobres. La falta de flexibilidad en el diseño actual dificulta la atención de problemas emergentes como la pobreza, la marginación o las demandas de infraestructura en zonas marginadas.

3. Limitaciones en las facultades tributarias locales

Los estados y municipios tienen facultades recaudatorias limitadas y dependen principalmente de impuestos como el predial y algunos derechos locales, que tienen bajos niveles de recaudación debido a problemas de administración, falta de actualización de catastros y resistencias políticas. Una reforma que amplíe sus facultades para crear o modificar impuestos locales podría reducir esta dependencia y aumentar su capacidad de inversión.

4. Retos en la rendición de cuentas y la eficiencia del gasto

El diseño actual dificulta la fiscalización y la transparencia en el uso de los recursos transferidos. Muchas veces, los recursos etiquetados tienen reglas de operación estrictas que no siempre se alinean con las prioridades locales, lo que genera ineficiencias. Esto se observa en los debates en torno al PPEF 2025, donde sectores como la salud y la seguridad han recibido recortes significativos, mientras se privilegian programas sociales directos con baja rendición de cuentas.

5. Nuevas demandas económicas y sociales

El contexto actual, marcado por la transición energética, los impactos del cambio climático y la necesidad de infraestructura moderna, requiere una mayor flexibilidad en la asignación de recursos. Esto implica que los gobiernos estatales y municipales deberían tener más autonomía para recaudar y decidir sobre el gasto que mejor responda a sus realidades locales.

Comisión Nacional Hacendaria

La Primera Convención Nacional Hacendaria de 2004 fue un foro histórico en México, convocado para analizar y reformar el sistema hacendario con el fin de fortalecer el federalismo fiscal como respuesta a la necesidad de redefinir la relación fiscal entre los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal.

Antecedentes

Los problemas estructurales del sistema fiscal mexicano, como la centralización de recursos, la baja recaudación tributaria, la dependencia de ingresos petroleros y la inequidad en la distribución de recursos, llevaron a la formulación de iniciativas previas como la Declaración de Mazatlán (2001) y la Declaración de Cuatro Ciénegas (2003). Estas buscaban promover un nuevo federalismo que descentralizara funciones y fortaleciera la autonomía de los estados y municipios.

Objetivos

La convocatoria de la Primera Convención Nacional Hacendaria respondió a la necesidad urgente de revisar la relación fiscal entre los tres órdenes de gobierno frente a problemas estructurales como la centralización excesiva de los recursos, la dependencia financiera de los gobiernos locales y las desigualdades en la distribución de ingresos.

Uno de los objetivos principales fue redefinir las responsabilidades de gasto entre los niveles de gobierno. En el modelo fiscal vigente, el gobierno federal concentra la mayor parte de los recursos, mientras que los estados y municipios dependen de transferencias federales para atender sus funciones. La Convención buscaba equilibrar esta relación, asignando competencias claras a cada nivel y asegurando que los recursos llegarán de manera equitativa a todas las regiones del país.

Asimismo, se planteó fortalecer la capacidad recaudatoria de los gobiernos locales. Esto implicaba ampliar las facultades tributarias de estados y municipios, promoviendo su autonomía financiera y reduciendo su dependencia de los recursos federales. En este sentido, se propuso optimizar la administración de impuestos locales, como el predial, y explorar nuevas fuentes de ingreso.

Otro aspecto fundamental fue la revisión de las fórmulas de distribución de recursos federales. La Convención buscó garantizar una asignación más justa que priorizará las necesidades sociales y económicas de las entidades más marginadas, reduciendo las brechas entre regiones ricas y pobres. A esto se sumó el compromiso de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, promoviendo un uso más eficiente de los recursos públicos y una mayor supervisión ciudadana.

Además, la Convención tuvo como meta modernizar el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, creado en 1980, para adaptarlo a las necesidades del país en el siglo XXI. Este sistema, que regula la recaudación y distribución de ingresos entre los niveles de gobierno, había mostrado signos de obsolescencia, limitando su eficacia y equidad. La actualización de este marco era indispensable para construir un federalismo fiscal funcional y sostenible.

En conjunto, los objetivos de la Primera Convención Nacional Hacendaria respondían a una visión integral que buscaba atender las desigualdades estructurales del sistema fiscal y adaptarlo a los desafíos contemporáneos. La Convención dejó un legado importante como ejercicio de análisis y debate sobre el federalismo fiscal en México. Su relevancia persiste como un recordatorio de que la transformación del sistema hacendario es esencial para lograr un desarrollo más equilibrado y justo en el país.

Ejercicios posteriores

En México, la Primera Convención Nacional Hacendaria de 2004 fue la única iniciativa de esta magnitud orientada específicamente a la reforma integral del sistema fiscal y hacendario en un contexto nacional y participativo. Sin embargo, ha habido otros intentos y espacios de discusión que, aunque no tuvieron el mismo alcance ni formalidad, buscaron abordar problemáticas relacionadas con la coordinación fiscal y la relación entre los niveles de gobierno:

Iniciativas fiscales de los sexenios posteriores:

• En los años posteriores a la Convención de 2004, algunos gobiernos han intentado implementar reformas fiscales parciales, enfocándose en aspectos específicos como la recaudación del IVA, el ISR o las contribuciones especiales. Sin embargo, ninguna de estas iniciativas retomó el enfoque integral y participativo de la Convención Hacendaria.

Esfuerzos de diálogo fiscal en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago):

• La Conago ha sido un espacio donde se han discutido temas relacionados con el federalismo fiscal, aunque con resultados limitados. A diferencia de la Convención de 2004, estas discusiones no han derivado en propuestas de reforma estructural.

Propuestas de reforma fiscal en los últimos años:

• Durante los sexenios recientes, se han presentado propuestas de reforma fiscal, pero éstas han sido limitadas en alcance y han enfrentado fuertes resistencias políticas. La ausencia de otra convención hacendaria refleja la dificultad de alcanzar consensos amplios sobre temas tan sensibles como la redistribución de recursos y las facultades tributarias.

La necesidad de una nueva Convención Nacional Hacendaria en México surge de los desafíos persistentes en el sistema fiscal y hacendario del país, los cuales no han sido resueltos de manera integral desde la convención de 2004. Estos problemas afectan la eficiencia, equidad y sostenibilidad del federalismo fiscal y la capacidad del gobierno para responder a las necesidades de la población.

Una nueva Convención Nacional Hacendaria es necesaria para abordar las deficiencias estructurales del sistema fiscal mexicano y adaptarlo a las demandas del contexto actual. La falta de equidad en la distribución de recursos, la limitada autonomía de los gobiernos locales y los desafíos sociales emergentes hacen urgente una reforma integral. Este esfuerzo debería centrarse en fortalecer el federalismo fiscal, garantizar una distribución justa de responsabilidades y recursos, y promover la transparencia y corresponsabilidad entre los diferentes niveles de gobierno. Sólo a través de un diálogo amplio y consensuado será posible avanzar hacia un sistema fiscal más eficiente, equitativo y sostenible.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único.– La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, al gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a convocar una Convención Nacional Hacendaria como un espacio de diálogo nacional, inclusivo y democrático, en el que participen representantes del gobierno federal, la Cámara de Diputados y el Senado de la República; los treinta y dos Congresos locales y los 32 representantes del Poder Ejecutivo de las entidades federativas; así como actores clave de la sociedad civil, el sector privado, la academia y especialistas en temas fiscales. Esto con el propósito de analizar, evaluar y proponer soluciones estructurales a las problemáticas fiscales y hacendarias del país, fomentando un federalismo fiscal equitativo, eficiente y sostenible.

Notas:

1 Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. (2004). PRIMERA CONVENCIÓN NACIONAL HACENDARIA. En Varios autores, Temas hacendarios. Coincidencias y convergencias. Hacia una política hacendaria de Estado. Agenda básica para la Convención Nacional Hacendaria (pp. 269 - 396). Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial.

2 Dictamen de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos. Recuperado de: https://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/66/2024/nov/20241126-IV.pdf

3 Dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2025. Recuperado de: https://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/66/2024/nov/20241126-V.pdf

4 Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2025. Recuperado de: https://www.ppef.hacienda.gob.mx/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2025.

Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Tribunal Superior Agrario, para que deje sin efecto el acuerdo 2/2025 que emitió el pleno de ese tribunal y a mantener la permanencia en funciones de los tribunales unitarios agrarios, subsede distrito 27a en Culiacán, Sinaloa; Distrito 46, Huajuapan de León, Oaxaca; Distrito 54, Puerto Escondido, Oaxaca; subsede distrito 1ª, Aguascalientes, Aguascalientes; Distrito 14, Huejutla de Reyes, Hidalgo; y subsede Distrito 34ª, Campeche, Campeche, para garantizar el acceso efectivo a la justicia agraria, suscrita por los diputados Leticia Barrera Maldonado y Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quienes suscriben, diputados Leticia Barrera Maldonado y Rubén Ignacio Moreira Valdez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXVI Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Tribunal Superior Agrario para que en el ámbito de sus atribuciones deje sin efecto el acuerdo 2/2025 que emitió el pleno de ese tribunal y a mantener la permanencia en funciones de los tribunales unitarios agrarios, Subsede Distrito 27a en Culiacán, Sinaloa, Distrito 46; Huajuapan de León, Oaxaca, Distrito 54; Puerto Escondido, Oaxaca, Subsede distrito 1ª; Aguascalientes, Aguascalientes, Distrito 14, Huejutla de Reyes, Hidalgo, y Subsede Distrito 34ª, Campeche, Campeche, para garantizar el acceso efectivo a la justicia agraria, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Los tribunales agrarios son instituciones fundamentales para garantizar los derechos de los campesinos y otros actores involucrados en el ámbito agrario.

Su principal función es resolver conflictos relacionados con la tenencia de la tierra, la propiedad, el uso y el aprovechamiento de recursos rurales, asegurando justicia y promoviendo el desarrollo sostenible en el campo.

En sociedades donde la tierra es un recurso vital para la subsistencia y el bienestar de comunidades enteras, estos tribunales representan un espacio de acceso a la justicia, especialmente para los sectores más vulnerables.

La importancia de los tribunales agrarios radica en su capacidad para proteger los derechos de los campesinos frente a abusos, despojos o irregularidades legales. Actúan como un contrapeso a las desigualdades históricas en el acceso a la tierra, promoviendo equidad y seguridad jurídica en las zonas rurales.

Además, fomenta la resolución pacífica de conflictos, evitando confrontaciones que puedan derivar en violencia o desestabilización social.

En torno a una notificación que Édgar Rodolfo Chavira Anaya, titular de la Unidad General Administrativa del Tribunal Superior Agrario, hizo al sindicato de trabajadores del tribunal donde anunció el cierre de los siguientes tribunales:

1. Subsede Distrito 27A en Culiacán, Sinaloa.

2. Distrito 46, Huajuapan de León, Oaxaca.

3. Distrito 54, Puerto Escondido, Oaxaca.

4. Subsede Distrito 1ª, Aguascalientes, Aguascalientes.

5. Distrito 14, Huejutla de Reyes, Hidalgo, y

6. Subsede Distrito 34ª, Campeche, Campeche.

Algunos ejemplos de la magnitud del daño que representaría a los productores, ejidatarios y campesinos, son por ejemplo el caso del Tribunal Unitario Agrario subsede del Distrito número 27A, con residencia en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Actualmente, tiene en trámite 614 juicios, que involucran tierras de 201 ejidos.

Este tribunal tiene jurisdicción en 456 ejidos, distribuidos en 7 municipios, Mocorito, Salvador Alvarado, Angostura, Badiraguato, Culiacán, Navolato y El Dorado. Afectaría a más de 150 mil campesinos sujetos de derecho agrario, entre ejidatarios, posesionarios de parcelas y solares urbanos, avecindados y potenciales sucesores.

Los campesinos que tengan necesidad de tramitar sus juicios en el Tribunal Unitario Agrario Distrito 39, de Mazatlán, tendrían que recorrer hasta 250 kilómetros para tener acceso a la justicia.

Lo mismo para los campesinos que tengan que tramitar sus juicios en el Tribunal Unitario Agrario Distrito 27, con sede en Guasave, Sinaloa, tendrían que recorrer más de 150 kilómetros, para tener acceso a la justicia agraria.

Otro de los casos es el de Campeche, en el Tribunal Unitario Agrario (TUA) 34-A, en donde se afectará a 200 mil ejidatarios y sus familias, que ahora tendrán que realizar sus trámites en Yucatán, Quintana Roo o incluso Tabasco.

Los inconformes dijeron que ya se presentaron cinco amparos en contra del acuerdo general 5/2025 publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 23 de enero, con efectividad al primer día de febrero. Según dicho acuerdo, emitido por el pleno del Tribunal Superior Agrario, “se modifica la competencia territorial de los Tribunales Unitarios Agrarios de los Distritos 29, 34 y 44; así como el término en sus funciones de la sede alterna distrito 34a con sede en Campeche”.

También es el caso de Guerrero, en donde se informa que los 25 municipios dentro de la jurisdicción del distrito 51 ubicado en Iguala 16 de la zona norte, 7 de tierra caliente y 2 de la región centro, serán asignados al distrito 12 con sede en Chilpancingo; en tanto Taxco, Buenavista de Cuéllar y Tetipac al distrito 18, con sede en Cuernavaca, Morelos; y Pilcaya al 49, con sede en Cuautla, Morelos.

Con lo anterior se violenta el derecho de los campesinos de tener un tribunal agrario cercano y de rápido acceso.

De manera que la impartición de justicia agraria se encarecería muy significativamente para los campesinos, ya que tendrían que gastar en los viajes, comidas y hasta hospedaje para acudir a atender sus controversias agrarias, afectando su ya difícil situación económica.

Culiacán sería la única capital de un estado del país que no contaría con un órgano de impartición de justicia en materia agraria.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

De urgente u obvia resolución

Único. Por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Tribunal Superior Agrario para que, en el ámbito de sus atribuciones, deje sin efecto el acuerdo 2/2025, que emitió el pleno de ese tribunal y a mantener la permanencia en funciones de los Tribunales Unitarios Agrarios, subsede Distrito 27a en Culiacán, Sinaloa; Distrito 46, Huajuapan de León, Oaxaca; Distrito 54, Puerto Escondido, Oaxaca; subsede Distrito 1ª, Aguascalientes, Aguascalientes; Distrito 14, Huejutla de Reyes, Hidalgo, y subsede Distrito 34ª, Campeche, Campeche, para garantizar el acceso efectivo a la justicia agraria.

Fuentes

- https://oem.com.mx/elsoldemexico/mexico/cierre-del-tribunal-agrario-en- campeche-afecta-a-200-mil-ejidatarios-21458174

- https://suracapulco.mx/demandaran-amparo-contra-el-cierre-del-tribunal- agrario-de-iguala-y-anuncian-movilizaciones/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2025.

Diputados: Leticia Barrera Maldonado, Rubén Ignacio Moreira Valdez (rúbricas).

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a atender las demandas del personal médico y familiares de pacientes del Instituto Nacional de Cancerología, con relación a la adquisición de medicamentos y la contratación personal para brindar los servicios de manera adecuada, suficiente y eficiente, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El 10 de febrero del 2025, médicos del Instituto Nacional de Cancerología (INCAN) y familiares de pacientes se manifestaron en contra del gobierno federal ante la falta de medicamentos y la poca eficiencia que existe en los tiempos para las consultas.

Esta situación devela la gravedad que existe en el Sistema de Salud toda vez que uno de los hospitales de especializades no se encuentra en condiciones de poder atender a los pacientes de manera idónea, pues el personal es insuficiente y tampoco hay insumos médicos requeridos para hacer frente a una de las enfermedades que más lastiman a la población mexicana.

De acuerdo con datos del Inegi en el 2022, se registraron 847 mil 716 defunciones en el país de las cuales el 10.6 por ciento, es decir 89 mil 574 se debió a tumores malignos. Así mismo en los últimos años la tasa de defunciones por tumores malignos se incrementó en un 8 por ciento de 2012 a 2022.1

Así mismo, es importante advertir que el cáncer es la tercera causa de muerte y se estima que cada año se diagnostican alrededor de 195 mil nuevos casos. Es precisamente y tomando en cuenta que la salud es un derecho humano que el Estado tiene la obligación de garantizar, es que resulta fundamental que los centros de especialidades como constituye el INCAN cuenten con todos los insumos suficientes para poder atender la problemática.

Así además de la imperante necesidad de mejorar los servicios y contar con un personal médico idóneo, es importante advertir que los medicamentos oncológicos son entre los más caros del mercado.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) si bien el costo del tratamiento del cáncer depende de su gravedad, se estima que en promedio un paciente gasta entre 145 mil 400 y 350 mil pesos anuales. Este costo prevé estudios y tratamiento. En las instituciones privadas, 20 sesiones de radioterapia pueden llegar hasta costar 30 mil pesos.

Por lo que se refiere a los medicamentos, esto pueden tener precios de 150 y hasta 5 mil pesos mensuales. En este sentido, el trastuzumab (utilizado para algunos tipos de cáncer de mama) tiene un costo de cerca de 50 mil pesos.

Los altos costos del tratamiento del cáncer hacen que los tratamientos médicos sean poco accesibles para las personas que no tienen seguro médico o que no cuentan con un servicio como el ISSSTE o el IMSS. Es precisamente por lo anterior que el INCAM resulta fundamental para poder brindar atención médica de calidad y con costos accesibles para la población.

Este hospital público se inauguró el 20 de noviembre de 1946 durante el gobierno del presidente Manuel Ávila Camacho y tuvo por objetivo establecer un centro de salud especializado en la investigación y atención del cáncer. Además, se estableció la posibilidad de tarifas preferenciales y asequibles para la población, buscando garantizar el servicio a la salud y atender a las personas que no cuentan con seguro médico.

Es así que el Instituto constituye un pilar central de la salud pública en México, pues atiende una de las enfermedades más lastimosas para el país. Hoy, sin embargo, ante la falta de medicamentos y el poco personal de salud, observamos que las y los pacientes, así como el personal médico se encuentran ante la difícil situación de no contar con los insumos suficientes para generar un tratamiento eficaz, lo cual puede derivar en un incremento en la tasa de mortalidad de esta compleja enfermedad.

Por todo lo anterior es fundamental, atender de manera prioritaria la situación del Instituto Nacional de Cancerología con la finalidad de que el Estado pueda garantizar el derecho a la salud.

Una atención de calidad y oportuna es esencial para la salud y el bienestar de la población. Si los trabajadores del sector salud no tienen las condiciones adecuadas para trabajar, esto puede afectar negativamente a la comunidad en general. La confianza de la población en el sistema de salud depende en gran medida de la percepción de que se cuenta con los recursos y el personal necesario para atender sus necesidades.

Para que el sistema de salud funcione de manera eficiente y sostenible, es necesario contar con recursos suficientes y una gestión adecuada. Esto incluye tanto el financiamiento como la adquisición de insumos y medicamentos. La inversión en el sector salud es una prioridad para garantizar que se pueda brindar atención de calidad a toda la población.

En el PRI exhortamos a la Secretaría de Salud para que atienda las demandas que exigen las y los trabajadores, así como los familiares de pacientes con cáncer a fin de que se dé solución inmediata.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

De urgente u obvia resolución

Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a atender las demandas del personal médico y familiares de pacientes del Instituto Nacional de Cancerología con relación a la adquisición de medicamentos y la contratación de suficiente personal para brindar los servicios de manera adecuada, suficiente y eficiente.

Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a transferir de forma oportuna los recursos presupuestales que se previeron en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2025 a favor de la Secretaría de Salud Federal y del Instituto Nacional de Cancerología a efecto de que se pueda contratar personal suficiente y se adquiera el medicamentos necesario para poder atender a los pacientes.

Nota:

1 Número de comunicado 78/24 2 de febrero de 2024.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2025.

Diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (rúbrica)