Proposiciones

• Con punto de acuerdo, por el que se reconoce y respalda a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, en su enérgico llamado al gobierno de Estados Unidos de América para que detenga el tráfico ilícito de armas a nuestro país, suscrita por el diputado Jesús Valdés Peña y diversos diputados integrantes de Morena
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Lotería Nacional a emitir un billete de lotería conmemorativo con la leyenda “2025, Año de la Mujer Indígena”, a cargo del diputado Aciel Sibaja Mendoza, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, para exhortar al INE a promover la reinserción social y laboral de las mujeres privadas de su libertad a través del uso de materiales elaborados y destinados para propaganda política y electoral, a cargo de la diputada María Teresa Ealy Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, en materia de repatriación y deportación de nuestros connacionales, a cargo de la diputada María Damaris Silva Santiago, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa, en coordinación con su homóloga en el estado de Baja California, a realizar campañas integrales de prevención de enfermedades cardiovasculares, enfocándose en la promoción de hábitos de vida saludables conforme a la NOM-030-SSA2-2009, así como implementar estrategias con perspectiva de género con el fin de asegurar la detección oportuna, reducir la mortalidad por enfermedades del corazón y elevar la calidad de vida de las personas que brindan cuidados en el hogar, a cargo del diputado Fernando Jorge Castro Trenti, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la SE y a la Sader a proceder a la instalación e implementación de los trabajos de la Comisión Intersecretarial de Fomento a la Industria Vitivinícola, a cargo del diputado Fernando Jorge Castro Trenti, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sedatu, en el marco del diseño de las Reglas de Operación del Programa de Vivienda para el Bienestar de 2025 de la Comisión Nacional de Vivienda, a garantizar la construcción de viviendas en zonas que cuenten con alta población indígena, así como la asignación de las mismas a personas indígenas, a cargo del diputado Alfredo Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno del estado de Guanajuato a fortalecer las estrategias en materia de seguridad pública, a fin de salvaguardar la paz y tranquilidad de dicha entidad, a cargo de la diputada Lucero Higareda Segura, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Poder Ejecutivo federal, por conducto de las dependencias correspondientes y en coordinación con las autoridades locales y municipales, así como con organizaciones no gubernamentales, a fortalecer la atención integral y humanitaria a la niñez migrante, garantizando el respeto a sus derechos humanos, su protección frente a la violencia y explotación, el acceso a servicios básicos como salud, educación y alimentación, así como la implementación de medidas para erradicar el trabajo infantil y facilitar su integración en el sistema educativo, a cargo del diputado Fernando Jorge Castro Trenti, del Grupo Parlamentario de Morena

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Con punto de acuerdo, por el que se reconoce y respalda a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, en su enérgico llamado al gobierno de Estados Unidos de América para que detenga el tráfico ilícito de armas a nuestro país, suscrita por el diputado Jesús Valdés Peña y diversos diputados integrantes de Morena

Los suscritos, diputados federales en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados, integrantes del Grupo Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

- Contexto del tráfico ilegal de armas de fuego proveniente de los Estados Unidos a México

De acuerdo con la Small Arms Survey se calcula que en México existen más de 13 millones de armas de fuego sin registrar en posesión de civiles, haciendo que nuestro país se ubique en el quinto lugar de los países con más armas sin registrar en el mundo, solo por detrás de países como Pakistán, China, India y los Estados Unidos de América.1

Es de vital importancia enfatizar que en nuestro país contamos con un marco jurídico estricto en materia de armas de fuego y un diseño institucional robusto que hacen virtualmente imposible que las armas lleguen en grandes cantidades a los civiles, lo anterior, debido a que solo existe una tienda de venta de armas que es administrada por la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de su Dirección de Comercialización de Armamento y Municiones, la cual emite menos de 50 permisos cada año.

El incremento de armas de fuego en nuestro país es proporcional a la irresponsabilidad compartida de la industria armamentista de los Estados Unidos de América y de su propio gobierno, quienes por varias décadas han sido omisos en establecer medidas administrativas y legislativas que se traduzcan en controles más estrictos para prevenir el tráfico ilegal de sus armas con destino hacia México y demás países de América Latina y el Caribe.

Se calcula que la producción de armas de fuego supera ampliamente el crecimiento de la propia población estadounidense; toda vez que, entre los años 2000 y 2023 la cantidad de armas de fuego fabricadas por cada 100 mil personas aumentó un 113%, mientras que la población de los Estados Unidos creció solo un 19% durante este periodo de tiempo.

De acuerdo con un estudio de la Universidad de San Diego denominado The Way of the Gun: Estimating Firearms Traffic Across the U.S.-Mexico Border (El Camino de las armas: estimaciones del tráfico de armas en la frontera de los Estados Unidos con México) , se calcula que el tráfico ilegal de armas de fuego proveniente de los Estados Unidos a México oscila entre las 500 mil unidades cada año.2

De este acervo de armas de fuego que llegan al territorio nacional, entre el 70% y el 90% de las que son recuperadas en escenas del crimen y carpetas de investigación provienen ilícitamente de los Estados Unidos.3

Datos recientes de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, sigla en inglés) de los Estados Unidos de América arrojan que las armas de fuego recuperadas en México entre 2022 y 2023, que fueron rastreadas hasta un comprador estadounidense provienen principalmente de los Estados de Texas (43%), Arizona (22%) y California (9%).

Por el lugar de recuperación de las armas, se tiene que los dos principales carteles de México, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación representan el 40,7% y el 15,1% de los destinatarios de las armas de fuego rastreadas hasta un comprador estadounidense, respectivamente. En total, el 81,6% de las armas de fuego rastreadas se recuperaron en un estado mexicano con una presencia dominante de uno o ambos de estos cárteles.

Las principales armas que fueron recuperadas en delitos de acuerdo a su marca, calibre y tipo entre los años 2022 y 2023 fueron: [1] Pistola Glock 9 mm, [2] Rifle Century Arms 7.62 mm, [3] Pistola Taurus 9 mm, [4] Pistola Smith & Wesson 9 mm, [5] Pistola Beretta 9 mm, [6] Revolver Smith & Wesson .38, [7] Pistola Polymer 80 9 mm, [8] Rifle Romarm Cugir 7.62, [9] Rifle Smith & Wesson .223 y [10] Rifle Colt .223:

Por otro lado, el tráfico desmedido de armas de fuego a nuestro país, ha causado el incremento significativo al número de muertes y la incidencia delictiva sobre este tema. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de enero a diciembre de 2023, se registraron 31 mil 62 homicidios dolosos, de los cuales el 70% de fueron causados por armas de fuego (21 mil 743 homicidios).4

Conforme a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los delitos federales relacionados a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos ha mantenido una constante en los últimos 3 años, en el año de 2022 se contabilizaron 14,343 carpetas de investigación, en 2023 fueron 14,854, mientras que en 2024 fueron 13,589.5

Estas cifras sobre el número de armas de fuego que circulan en México son alarmantes y han hecho que los esfuerzos emprendidos por las autoridades nacionales para el aseguramiento de la paz, la disminución de la violencia y el combate a la seguridad se vean mermados, además de generar un incremento anual progresivo en cada presupuesto de egresos para atender estas tareas.

El flujo de armas a México y su consiguiente uso ilícito, es el resultado previsible de decisiones deliberadas y con conocimiento de causa de las empresas productoras y distribuidoras de armas, quienes diseñan, publicitan, distribuyen y venden sus armas en formas que saben, con virtual certeza, que suministrarán a los criminales en México.

- Primera demanda civil en contra de las empresas productoras y distribuidoras de armas de fuego de los Estados Unidos

En fecha 4 de agosto de 2021, el entonces Secretario de Relaciones Exteriores del Gobierno de México, Marcelo Ebrard Casaubon presentó ante una Corte Federal en Massachusetts, una demanda civil en contra de empresas productoras y distribuidoras de armas de fuego en los Estados Unidos de América, cuestionando sus prácticas negligentes e ilegales que han propiciado activamente el tráfico de sus armas a civiles, cárteles y delincuencia organizada en México.

La demanda civil por daños emprendida por la Cancillería mexicana es un acontecimiento histórico, ya que es la primera vez que un gobierno extranjero emprende un litigio estratégico en la cual se demanda a la industria de las armas de los Estados Unidos ante sus propios tribunales.

Las compañías a las que se dirige esta demanda producen más del 68% de las armas traficadas desde Estados Unidos, lo que significa que anualmente venden más de 340 mil armas que son fabricadas, distribuidas y vendidas en ese país para luego ser traficadas al sur de su frontera.

- Resolución aprobada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en sesión de fecha 21 de diciembre de 2021 aprobó una resolución propuesta por México en contra del tráfico ilícito de armas de fuego, misma que fue aprobada por 12 votos a favor y 3 abstenciones de sus miembros permanentes. Dicha resolución fue copatrocinada por otros 70 países miembros de las Naciones Unidas.6

La resolución aprobada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas establece los siguientes resolutivos y propuestas:

• El Consejo refrenda que las armas pequeñas y ligeras plantean amenazas para la paz y la seguridad internacional.

• Condena la distribución de armas que resultan en suministros a agentes no estatales.

• Convoca al pleno cumplimiento de las resoluciones (del Consejo) en la materia.

• Reconoce y fomenta actividades conjuntas en las fronteras y exige la cooperación regional por tierra, mar y aire.

• Contempla la necesidad de capacitación y formación de personal en aduanas y control de fronteras.

• Señala la necesidad de compartir información de presuntos traficantes y rutas de distribución de armas.

• Promoverá dar mayor seguimiento a flujos de capital derivados de esta actividad criminal.

• Reconoce que es muy importante la colaboración de las empresas privadas.

- Segunda demanda civil en contra de las empresas que venden armas de fuego en los Estados Unidos

El 10 de octubre de 2022, el Gobierno de México, presentó una segunda demanda ante la Corte Federal de Distrito de Tucson en contra de cinco tiendas que venden armas en Arizona.7

El Estado mexicano alega que dichos vendedores, de manera rutinaria y sistemática, participan en el tráfico ilícito de armas, incluidas las de tipo militar, para organizaciones criminales en México, a través de ventas a prestanombres y ventas que están dirigidas a traficantes de armas.

Este litigio también forma parte de la estrategia multifacética del Gobierno de México para detener la avalancha de armas, particularmente de asalto, procedentes de Estados Unidos que empoderan a grupos delictivos, provocan el derramamiento de sangre en México y contribuyen al tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

- Solicitud de Opinión Consultiva ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos

El 11 de noviembre de 2022, México presentó a través de su Embajada en Costa Rica, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una solicitud de Opinión Consultiva para que dicho tribunal establezca el alcance interpretativo de cómo las actividades de empresas privadas de fabricadoras y productoras de armas generan una afectación a los derechos a la vida, integridad personal y protección judicial contemplados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.8

A dicha solicitud de Opinión Consultiva presentada por México se le sumaron los escritos de apoyo de países del bloque interamericano como Bolivia, Colombia y Costa Rica, así como más de cincuenta amicus curiae de organismos internacionales, órganos gubernamentales, asociaciones civiles y organizaciones protectoras de derechos humanos nacionales e internacionales, quienes manifestaron su beneplácito sobre la viabilidad de que la Corte Interamericana resuelva sobre las cuestiones planteadas por el Estado solicitante.

Sin embargo, sorprende el hecho de que, en fecha 21 de agosto de 2023, el Gobierno de los Estados Unidos presentó ante la propia Corte Interamericana un escrito en el cual sostiene que dicho órgano jurisdiccional debe negarse a darle trámite a la solicitud de Opinión Consultiva presentada por México, bajo la excusa de que los Estados Unidos está realizando amplios esfuerzos para combatir el tráfico de armas de fuego a través de múltiples iniciativas nacionales e internacionales.9

-Llamado de la presidenta de México al Gobierno de los Estados Unidos para que detengan el tráfico ilícito de armas

En Conferencia de Prensa Matutina de fecha 9 de enero de 2025, el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero destacó que en la Parte VII del informe denominado Evaluación Nacional del Comercio y Tráfico de Armas de Fuego (NFCTA): Protección de Estados Unidos contra el tráfico de armas de fuego - Volumen cuatro , de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que fue publicado el 8 de enero de 2025 en su página oficial, se reconoció que el 74% de las armas de alto calibre incautadas en México entre 2017 y 2021 provienen de territorio estadounidense[10], y que estas son clave en la letalidad de los estragos causados por el crimen organizado.

Además de lo anterior, el pasado 21 de enero del año en curso, el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, aprobó un punto de acuerdo, para solicitar un informe al Gobierno de los Estados Unidos de América, sobre las medidas, acciones e indicadores de rendición de cuentas, elaborados por sus agencias, para detectar, reducir y prevenir el tráfico de armas, municiones y explosivos, hacía nuestro país.

Por su parte la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo destacó que el tema del tráfico ilícito de armas debe abordarse en los foros de alto nivel entre los gobiernos de México y Estados Unidos, además de hacer un llamado al gobierno estadounidense para que se atienda esta problemática.

Las acciones emprendidas contra el tráfico ilícito de armas por el Gobierno de México desde la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora con la Doctora Claudia Sheinbaum han causado un resonar en la comunidad internacional, además han sentado un precedente importante en los distintos espacios deliberativos, tanto regionales como globales para la generación de sinergias que contribuyan al aseguramiento de la paz.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta soberanía, de urgente y obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, reconoce y respalda a la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, en su enérgico llamado al Gobierno de los Estados Unidos de América, para que detenga el tráfico ilícito de armas de fuego a nuestro país.

Notas:

1. SRE. (2022). México tiene una pandemia de armas: Ebrard. México, disponible en:
https://www.gob.mx/sre/articulos/mexico-tiene-una-pandemia-de-armas-ebrard-318764#:~:text=M%C3%A9xico%
20es%20el%20quinto%20pa%C3%ADs,academia%20y%20medios%20de%20comunicaci%C3%B3n

2. UCSD. (2013). The Way of the Gun: Estimating Firearms Traffic Across the U.S.-Mexico Border. Estados Unidos de América, disponible en: https://catcher.sandiego.edu/items/peacestudies/way_of_the_gun.pdf

3. SRE. (2021). Nota informativa RELACIONES EXTERIORES N° 16. México, disponible en:
https://www.gob.mx/sre/documentos/nota-informativa-relaciones-exteriores-no-16

4. INEGI. (2024). Defunciones por homicidio. Enero a diciembre de 2023 (preliminar). Comunicado de prensa núm. 460/24. México, disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2024/DH/DH20 23_Ene-dic.pdf

5. SESNSP. (2024). Incidencia delictiva del Fuero Federal. México, disponible en: https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-del -fuero-federal?idiom=es

6. SRE. (2021). El Consejo de Seguridad de la @ONU_es aprueba histórica resolución presentada por México contra el tráfico de armas. México, disponible en: https://x.com/SRE_mx/status/1473761207333048320?ref_src=twsrc%
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7. SRE. (2022). Gobierno de México presenta segunda demanda para combatir el tráfico ilícito de armas. México, disponible en: https://www.gob.mx/sre/prensa/gobierno-de-mexico-presenta-una-segunda-d emanda-para-combatir-el-trafico-ilicito-de-armas

8. Corte IDH. (2022). Solicitud de Opinión Consultiva presentada por los Estados Unidos Mexicanos. Costa Rica, disponible en: https://www.corteidh.or.cr/observaciones_oc_new.cfm?nId_oc=2629

9. Corte IDH. (2023). Comentarios escritos presentados por los Estados miembro de la OEA – Estados Unidos de América. Costa Rica, disponible en: https://www.corteidh.or.cr/sitios/observaciones/OC-30/4_estadosunidos.p df

10. U.S. DJ. (2025). Justice Department Announces ATF’s Publication of Final Volume of National Firearms Commerce and Trafficking Assessment. Estados Unidos de América, disponible en: https://www.atf.gov/firearms/national-firearms-commerce-and-trafficking -assessment-nfcta-firearms-trafficking-volume-four

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2025.

Diputadas y diputados: Alma Rosa de la Vega Vargas, Tatiana Tonantzin P. Ángeles Moreno, Francisco Javier Estrada Domínguez, Jesús Valdés Peña, Carlos Ventura Palacios Rodríguez, Sebastián Ebrard Lestrade, Carol Antonio Altamirano, Gricelda Valencia de la Mora, María del Carmen Bautista Peláez, Claudia Selena Ávila Flores, Favio Castellanos Polanco, Mayra Dolores Palomar González, Enrique Vázquez Navarro, Juana Acosta Trujillo, Lucero Higareda Segura, Luz María Rodríguez Pérez (rúbricas)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Lotería Nacional a emitir un billete de lotería conmemorativo con la leyenda “2025, Año de la Mujer Indígena”, a cargo del diputado Aciel Sibaja Mendoza, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputado Aciel Sibaja Mendoza, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1 fracción II del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este honorable pleno proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

Las mujeres juegan un papel fundamental en todas las sociedades del mundo, desde tiempos remotos, su participación ha contribuido a la configuración y desarrollo de la humanidad, al respecto, nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, ha manifestado en múltiples ocasiones, el valor y reconocimiento que debemos dar a las mujeres de nuestros pueblos originarios, ya que son ellas piezas clave de nuestra historia.

Cabe señalar que la presidenta anunció en su conferencia de prensa matutina del 23 de diciembre del 2024, que uno de sus propósitos sería dar el reconocimiento que se merecen nuestras mujeres indígenas, mencionando que sería el 2025, Año de la Mujer Indígena , proponiendo la creación de un emblema con el cual se representaría a las mujeres de nuestras culturas, resaltando a las mexicas, mayas, mixtecas y toltecas, y que ésta leyenda se ocuparía en toda la documentación oficial de la federación, ello como un acto para honrar y resaltar su legado.

La titular del Gobierno federal ha expresado en varias ocasiones razones de gran valor, que nos motivan a reconocer a los distintos grupos de comunidades de mujeres indígenas de las diferentes regiones de nuestro país, quienes han estado presentes en el desarrollo y lucha de sus comunidades y pueblos, aportando de gran manera en la configuración de nuestra identidad como nación.

Con estas acciones se confirma el respaldo hacia las mujeres, en el marco de la igualdad, revalorando y honrando a las mujeres indígenas que han luchado a lo largo de la historia por los derechos de los pueblos indígenas.

Es de resaltarse que la titular del Gobierno federal, envió el 8 de enero de este año a la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados, una iniciativa para declarar el 2025, como año de la mujer indígena en nuestro país, describiendo las múltiples actividades de las mujeres de nuestros pueblos originarios.

En este documento se resalta el papel de nuestras mujeres indígenas como madres, educadoras, médicas, sacerdotisas, costureras, personas con alto sentido del arte y la cultura, de gran sabiduría, pero también como protectoras quienes han asumido históricamente responsabilidades muy importantes de liderazgo y gobernanza, además de las ligadas a la agricultura y al nacimiento del maíz, elemento base de nuestra alimentación, como se cita a continuación:

“A finales del siglo pasado, luego de varios milenios de una visión patriarcal de la historia, se reconoció el papel relevante de las mujeres. Fueron ellas quienes, a efecto de proteger a sus familias, fundaron asentamientos humanos, domesticaron plantas y animales, de sus manos pacientes nació el maíz, conocedoras de la herbolaria cuidaban de la salud, organizaron la familia y la vida comunitaria y, sobre todo, desarrollaron el linaje y los vínculos familiares”.1

Sin duda, el Gobierno de México está llevando a cabo acciones importantes para responder a su compromiso con todos los sectores de nuestro país, en este caso, el fin es reconocer a nuestras mujeres indígenas, como un acto de respeto y justicia.

La iniciativa busca atender una deuda histórica con las mujeres indígenas de nuestros pueblos originarios, ello da muestra de un gobierno incluyente, humanista, ético y comprometido con México, el cual pretende atinadamente hacer mayormente visible el valor y la importancia de este sector fundamental de nuestra sociedad.

Esta propuesta se centra como se ha señalado, en declarar al 2025, Año de la Mujer Indígena, ocupándose esta leyenda en toda la documentación de la federación, invitándose a las entidades federativas, municipios y demarcaciones del territorio nacional, a adherirse a este propósito tan merecido para ese sector indígena.

Es de resaltarse que la propuesta presidencial incluye, como se ha dicho, un emblema el cual es la representación de nuestras culturas y contiene la imagen de cuatro mujeres:

“De cada una de las culturas Maya, Mexica, Mixteca y Tolteca se ha elegido a una mujer como identidad gráfica del “Año de la Mujer Indígena”, de quienes se cuenta con elementos que acreditan su quehacer y su existencia”2 siendo las siguientes:

1. Maya: Tz’ak-bu Ajaw (Señora de la Sucesión)

En diversos registros históricos y fuentes documentales, es representada como una mujer madura, con poder, llevando un tocado ceremonial que corresponde a su estirpe y una recreación del quexquemetl enjoyado con el que fue enterrada.

Se cree que nació en Ux’ Te K’uh en las llanuras de Tabasco y que se casó con Pakal el Grande, Señor de Palenque, en el año 626; la Señora de la Sucesión, además de otorgar linaje sucesorio a su esposo, supo involucrarse en las tareas de gobierno y las diversas disciplinas artísticas y científicas de una de las metrópolis más relevantes de la civilización maya.

2. Mexica: Tecuichpo-Ixcaxochitzin (Flor Blanca-Flor del Señor-Moctezuma)

Nació entre 1509 y 1510, hija del Tlatoani Moctezuma Xocoyotzin y de Tayhualcan, princesa de Tlacopan (Tacuba), por su importancia como portadora del linaje se casó con los señores mexicas Cuitláhuac y Cuauhtémoc, a cuyas muertes enviudó. Tecuichpo es representada como la joven esposa de Cuauhtémoc, porta la xiuhuitzolli (diadema) y un pectoral característico de la cultura mexica.

3. Mixteca: Señora 6 Mono (Señora mixteca de Huachino)

Esta gobernanta y guerrera mixteca es representada con el tocado tradicional de dicha cultura y un sencillo colgante inspirado en el estilo propio de esa región de Oaxaca. Su tez refleja las horas que pasó en el sol librando batallas como guerrera y defensora de su pueblo.

Llamada así por la fecha de su nacimiento, empuñó las armas y ostentaba sus proezas militares con un segundo nombre: Quexquemetl de Guerra.

4. Tolteca: Xiuhtzatzin, la Gobernanta Tolteca (Flor de la tierrita tolteca)

Tlahtoque (Gobernanta) de Tollan (Tula) de 976-980 d.C. Xiuhtlaltzin rompió los paradigmas del México prehispánico, pues fue la única señora tolteca.

Asumió la conducción de su pueblo a la muerte de su esposo Mitl, fue aclamada por los pobladores de Tula; la pareja era reconocida como padre y madre, ya que ambos velaban por el bienestar de sus gobernados. Sobrevivió a su marido cuatro años, fue enterrada junto a él. De diversos relatos se desprende que Xiuhtzatzin era reconocida como “madre” de su pueblo, siempre austera y al servicio de sus semejantes

Por la importancia de nuestras mujeres indígenas en la historia, por y para su reconocimiento, con el propósito de honrarlas, resaltando y promoviendo su legado, además de su extensa contribución para nuestra cultura e identidad, como nación, el día primero de febrero de este año, después de haberse cumplido el proceso legislativo de esta iniciativa la cual fue dictaminada por la Comisión de Gobernación y Población, en el contexto de la apertura del segundo periodo de sesiones del primer año de la LXVI legislatura, se aprobó “en el pleno de la Cámara de Diputados con 418 votos a favor, el proyecto de decreto por el que se declaró el “2025, Año de la Mujer Indígena”3 a fin de resaltar la importancia de las mujeres en la sociedad mexicana”, lo cual, da cuenta de la unidad legislativa en torno a este reconocimiento.

Buscando que este hecho sea de mayor trascendencia y para colaborar en el reconocimiento a nuestras mujeres indígenas, quienes por años han tenido que enfrentar adversidades relacionadas con el racismo, la esclavitud, el colonialismo y la opresión, y como un acto para saldar una deuda histórica con nuestras mujeres indígenas, se exhorta respetuosamente a la Lotería Nacional, empresa mexicana de sorteos y juegos de azar de gran importancia y arraigo popular, a emitir un billete conmemorativo el cual contenga la frase: “2025, año de la mujer indígena”, lo cual contribuiría a difundir la declaración de este año en favor de este tan importante sector de nuestra sociedad, resaltando su valiosa historia, legado y participación, en la configuración de nuestra identidad y cultura como nación.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Lotería Nacional, para que, en el ámbito de sus competencias y atribuciones, considere emitir un billete conmemorativo para dar reconocimiento a las mujeres indígenas, con la leyenda: 2025, año de la mujer indígena.

Fuentes

• Iniciativa de la titular del Ejecutivo Federal, con proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el “2025, año de la Mujer Indígena”, (en línea), Consultado el 30 de enero de 2025. Disponible en: http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2025/01/asun_4827305_ 20250108_1736353574.pdf

• Declara la Cámara de Diputados “2025, Año de la Mujer Indígena”, Boletín No. 0796, 1 de febrero de 2025, (en línea), Consultado el: 30 de enero de 2025. Disponible en: https://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/declara -la-camara-de-diputados-2025-a-o-de-la-mujer-indigena-#:~:text=El%20Ple no%20de%20la%20C%C3%A1mara,mujeres%20en%20la%20sociedad%20mexicana

Notas

1 http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2025/01/asun_4827305_ 20250108_1736353574.pdf

2 http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2025/01/asun_4827305_ 20250108_1736353574.pdf

3 https://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/declara -la-camara-de-diputados-2025-a-o-de-la-mujer-indigena-#:~:text=El%20Ple no%20de%20la%20C%C3%A1mara,mujeres%20en%20la%20sociedad%20mexicana.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2025.

Diputado Aciel Sibaja Mendoza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al INE a promover la reinserción social y laboral de las mujeres privadas de su libertad a través del uso de materiales elaborados y destinados para propaganda política y electoral, a cargo de la diputada María Teresa Ealy Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, María Teresa Ealy Díaz, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. En la Ciudad de México cientos de mujeres cumplen condenas en centros penitenciarios, enfrentando no sólo la pérdida de su libertad, sino también un estigma que las persigue constantemente después de haber saldado su deuda con la sociedad. La reinserción laboral y social de estas mujeres es un tema de gran importancia, ya que su acceso a oportunidades dignas no sólo impacta su vida personal, sino también a sus familias y a la comunidad en general.

El sistema penitenciario, en teoría, tiene un objetivo de rehabilitación, pero en la práctica, muchas mujeres salen de prisión con escasas herramientas para reinsertarse. La falta de empleo, el rechazo social y la ausencia de redes de apoyo las colocan en situaciones de vulnerabilidad que pueden llevarlas de vuelta a entornos de riesgo o incluso al delito.

Por ello, es fundamental fortalecer programas de capacitación laboral, educación y acompañamiento psicológico que les permitan reconstruir su vida de manera digna y autónoma.

Además, muchas de estas mujeres son madres y sostén de sus hogares. Si no tienen acceso a empleo o a medios de subsistencia, sus hijos también quedan expuestos a precariedad y marginación, perpetuando un ciclo de desigualdad. Apoyar su reinserción no sólo beneficia a ellas, sino que contribuye a la estabilidad y seguridad de toda la sociedad.

Es crucial que tanto el sector público como el privado participen en esta tarea, promoviendo políticas de inclusión laboral y sensibilizando a la sociedad sobre la importancia de dar segundas oportunidades. La estigmatización y la discriminación sólo perpetúan el problema; en cambio, abrir espacios de oportunidad generan cambios reales y sostenibles.

Garantizar la reinserción laboral y social de las mujeres que han estado privadas de su libertad no es sólo un acto de justicia social, sino una inversión en una sociedad más equitativa, segura y con mejores oportunidades para todas y todos. Aportar con los medios de producción, insumos y materiales, podría ser un gran apoyo a su reinserción en la sociedad.

En la Ciudad de México, cerca de 2 mil mujeres cumplen condenas en centros penitenciarios, y muchas de ellas enfrentan barreras significativas para su reinserción social. La falta de educación y experiencia laboral limita sus oportunidades al salir en libertad, lo que agrava su situación de vulnerabilidad.

Los datos reflejan una realidad preocupante: la mayoría de estas mujeres sólo han cursado educación básica, y muchas de ellas eran el principal sostén económico de sus familias antes de su detención. Además, un alto porcentaje trabajaba en actividades como el comercio informal, oficios artesanales o fábricas, sectores que suelen ofrecer pocas garantías laborales.

Ante este panorama, se vuelve fundamental impulsar programas que les permitan adquirir nuevas habilidades, acceder a oportunidades de empleo y reconstruir sus proyectos de vida. La reinserción no sólo beneficia a estas mujeres y sus familias, sino que también contribuye a una sociedad más equitativa y con mayores posibilidades de desarrollo.

Segunda. PIRSAE (Proyecto Integral de Reinserción Social) tiene como objetivo fortalecer valores, fomentar hábitos positivos y desarrollar habilidades en personas liberadas del Sistema de Justicia Penal de la Ciudad de México. A partir del análisis de realidades estructurales y la observación de la convivencia social, familiar y afectiva, el proyecto impulsa la participación en actividades multidisciplinarias que promuevan la orientación, el apoyo y el desarrollo en ámbitos personal, laboral, cultural, educativo, social y de capacitación.1

En concordancia con el artículo 207 de la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP), PIRSAE busca que las personas liberadas construyan un proyecto de vida que favorezca una relación sana consigo mismas y con la sociedad. Además, se encarga de sistematizar información que permita diseñar y ejecutar estrategias efectivas para una verdadera reinserción social.

Tercera. Violeta: busca incorporar la perspectiva de género en los procesos de reinserción social de mujeres y hombres que acceden al Instituto de Reinserción Social de la Ciudad de México, con el fin de crear las condiciones necesarias para avanzar en la igualdad de género.

Las actividades incluyen cine-debate, pláticas informativas, campañas y talleres centrados en temáticas relacionadas con el género, tales como: feminismo, empoderamiento, nuevas masculinidades, diversidades sexuales, familia, tipos de violencia, crianza, sexualidad, relación de pareja, derechos humanos, entre otros.

Cuarta. Las campañas electorales en México representan una inversión millonaria, donde los candidatos destinan grandes sumas de dinero a la promoción de su imagen y propuestas. En las elecciones de 2024, los principales contendientes han canalizado sus recursos en distintos tipos de propaganda, reflejando sus estrategias de comunicación y alcance.

A continuación, se presenta un desglose de los gastos reportados por los candidatos presidenciales, destacando en qué rubros han enfocado su inversión y la diferencia en sus presupuestos de campaña.

Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, es la que más ha gastado en su campaña, con 251 millones 675 mil 989 pesos, lo que representa 34 por ciento más que Jorge Álvarez Máynez y 20 por ciento más que Claudia Sheinbaum. La mayor parte de su gasto, 75 millones 750 mil 851 pesos, se destinó a propaganda utilitaria.

En segundo lugar, Claudia Sheinbaum Pardo, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, ha gastado 199 millones 833,412 pesos. La mayoría de este monto se ha invertido en propaganda general (88 millones 664 mil 219 pesos) y propaganda en vía pública (71 millones 225 mil 814 pesos).

Por su parte, Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, ha reportado 165 millones 724 mil 984 pesos. De esta cantidad, 65 millones 582 mil 839 pesos se destinaron a propaganda general y 38 millones 806 mil 137 pesos a propaganda en vía pública.2

Quinta. Destinar parte de los gastos de campaña para que el material publicitario sea elaborado por mujeres privadas de su libertad en las penitenciarías puede tener un impacto significativo en varios niveles, tanto para las internas como para el entorno penitenciario en general.

1. Mejora de la calidad de vida de las mujeres internas: al capacitarlas para crear material publicitario, se les proporciona una habilidad práctica que puede ser útil para su reinserción social una vez que obtengan su libertad. Este tipo de formación también aumenta su autoestima y empoderamiento, al permitirles participar activamente en un proceso productivo y creativo que está vinculado a proyectos reales fuera de la cárcel.

2. Reinserción laboral: al adquirir habilidades en la elaboración de material publicitario, estas mujeres pueden acceder a oportunidades laborales una vez liberadas. Esto puede ayudar a disminuir el riesgo de reincidencia, ya que contar con una ocupación digna les da un propósito y la posibilidad de mantener un sustento propio.

Podemos encontrar su fundamento constitucional en el artículo 18, segundo párrafo, que a la letra dice: El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto.3

3. Mejora de las condiciones dentro de las penitenciarías: al destinar parte de los fondos de la campaña a estos proyectos, se fomenta la creación de espacios de capacitación dentro de las cárceles, lo que contribuye a un ambiente más saludable y enriquecedor para las internas. Además, el dinero destinado a mejorar las condiciones dentro de las penitenciarías puede utilizarse para dotar de recursos necesarios, como mejor infraestructura, atención médica y programas educativos, lo que impacta directamente en la calidad de vida de las personas privadas de libertad.

4. Generación de un círculo virtuoso: este enfoque no sólo beneficia a las mujeres que participan directamente en la creación del material publicitario, sino que también puede tener un efecto positivo en las demás internas. Ver que sus compañeras tienen la oportunidad de aprender y mejorar puede motivar a otras a aprovechar estos programas de capacitación. Además, este tipo de proyectos puede contribuir a la construcción de un ambiente de respeto y apoyo mutuo dentro del penal.

En resumen, al involucrar a mujeres privadas de su libertad en la creación de material publicitario para las campañas políticas, se les ofrece una oportunidad para mejorar su bienestar dentro del sistema penitenciario y prepararse para su reintegración a la sociedad, al mismo tiempo que se utilizan los recursos para mejorar las condiciones de vida dentro de las cárceles. Este modelo tiene el potencial de generar beneficios tanto a nivel individual como colectivo.

Por todo lo anteriormente expuesto se procede a emitir el presente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional Electoral para promover la reinserción social y laboral de las mujeres privadas de su libertad a través del uso de materiales elaborados y destinados para propaganda política y electoral.

Notas

1 https://reinsercionsocial.cdmx.gob.mx/servicios/servicio/PIRSAE

2 https://www.eleconomista.com.mx/politica/Presidenciables-han-gastado-mas-de-600-millones
-de-pesos-en-campanas-INE-20240507-0094.html

3 México, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Párrafo reformado DOF 10-06-2011.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2025.

Diputada María Teresa Ealy Díaz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, en materia de repatriación y deportación de nuestros connacionales, a cargo de la diputada María Damaris Silva Santiago, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputada María Damaris Silva Santiago, del Grupo Parlamentario Morena en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo, en materia de repatriación y deportación de nuestros connacionales, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La migración es un fenómeno muy presente en la sociedad mexicana, no sólo como un elemento cultural e histórico, sino que sigue formando parte de la realidad de millones de familias, cuando uno o todos sus integrantes se embarcan en una larga travesía en busca de mejores oportunidades.

En este sentido, las representaciones consulares de México juegan un papel importante en la protección de los derechos de las y los connacionales en el exterior, en donde se ofrecen servicios generalmente administrativos como lo son la expedición de documentos migratorios, asistencia jurídica o en situaciones de emergencias.

En los últimos dos años, se han atendido a casi 7,500 compatriotas, a quienes se les ha proporcionado orientación legal sobre estancia legal o alguna consulta migratoria, asimismo, se ha auxiliado en la repatriación de casi 30 mil menores por estancia o ingresar a un país de manera ilegal.1

Sin embargo, la comunidad migrante en diversas partes del mundo ha manifestado su descontento ante la calidad del servicio y el trato brindado en algunas sedes consulares, así como la poca eficiencia cuando hay jornadas electorales para elegir representantes en México.

Asimismo, no es de extrañarse que Estados Unidos sea el país que tiene más oficinas diplomáticas a lo largo de su territorio, pues se estima que hay casi 40 millones de personas con raíces mexicanas.2

No obstante, a raíz de la pandemia se ha hecho visible una realidad que viven muchos connacionales, y es la falta de citas para trámites migratorios, a pesar de que en 2022 se reemplazó a “Mexitel”, por el sistema “Mi Consulado”, el problema persiste.

A más de dos años, desde que se dio a conocer que había venta de citas para acudir a estas sedes (las cuales saturaban casi toda la agenda), sigue siendo una realidad muy presente, y los precios van desde los $100 dólares hasta los $140, por cada ida, aun cuando este tipo de trámites son gratuitos.3

A ello se le suma la poca empatía, los gestos o el mal trato que da el personal para con los mexicanos, y los requisitos que lejos de ayudar, constituyen un obstáculo más al momento de querer tramitar una identificación oficial o una matrícula consular.4

En este aspecto, el gobierno mexicano en un intento por atender una de las tantas demandas de su diáspora en Estados Unidos, implementó el programa “Consulado sobre Ruedas”, el cual se encargar de llevar los servicios consulares a diferentes partes del territorio norteamericano, con la finalidad de agilizar la obtención de documentos.5

Este tipo de medidas resultan especialmente útiles en áreas con alta concentración de compatriotas, como lo es Los Ángeles, que se posiciona como la segunda ciudad con la mayor población de mexicanas y mexicanos a nivel mundial. 6

Por tanto, es indispensable que ante el panorama crítico que parece ensombrecer el futuro de miles de connacionales, es crucial que se destinen más recursos a este programa, pues son sumamente valiosas para quienes, por razones geográficas, económicas o laborales, no pueden acudir fácilmente a un consulado.

Al efecto, este punto de acuerdo se presenta no solo como una oportunidad de alentar a las sedes diplomáticas para que optimicen los servicios ofrecidos en ellas, sino que, busca también, hacer un llamado a que las oficinas en el exterior y con especial énfasis en Los Ángeles, ante las deportaciones masivas que se han presentado desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.

Pues, con las declaraciones realizadas desde su campaña a la presidencia y con las recientes acciones presentadas ya en su gobierno, se encuentra la orden de aumentar las detenciones diarias de personas extranjeras sin papeles de residencia, por el motivo de tener un número bajo de detenciones a migrantes ilegales, además de tratar a las personas de manera inhumana, con agresiones y malos tratos al ser deportados, se está corriendo el riesgo de que a los connacionales no se les está respetando sus derechos humanos.7

Aunado a eso, alrededor de noviembre del año pasado las autoridades del estado de Texas, ofrecieron un terreno de más de 500 hectáreas para construir centros de detención de migrantes para llevar a cabo deportaciones a gran escala,8 el destino de aproximadamente 4 millones de connacionales parece estar en vilo.9

Es por ello por lo que, ante los sucesos que estamos presentado resulta imprescindible reafirmar el compromiso de México con la protección y el bienestar de su diáspora, fortaleciendo las capacidades de los consulados y garantizando un trato digno, respetuoso y empático hacia las hermanas y hermanos migrantes, con especial atención a niñas, niños, adolescentes, mujeres y personas adultas mayores.

Por lo antes fundamentado, se somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, materia de repatriación y deportación de nuestros connacionales, para quedar de la siguiente manera:

Primero. – Se solicita respetuosamente a los Consulados de México en el exterior a que optimicen los procesos en los trámites regulatorios, y brinden información clara y oportuna, así como una correcta orientación legal.

Segundo. – Se solicita respetuosamente al cónsul general de Los Ángeles a que establezca medidas concretas tendentes a fortalecer los procesos internos para evitar y corregir prácticas inadecuadas, así como asegurar un trato basado en el respeto, la empatía y la dignidad humana.

Notas

1 Datos Abiertos. Migratorio - Casos de protección y/o asistencia consular atendidos por la RDCM en el mundo. SRE. Recuperado en: https://datos.gob.mx/busca/dataset/migratorio—casos-de-proteccion-y-o-a sistencia-consular-atendidos-por-la-rdcm-en-el-mundo

2 Batalova J. (2024, 8 de octubre). Inmigrantes mexicanos en Estados Unidos. Migration Policy Institute. Recuperado en:
https://www.migrationpolicy.org/article/inmigrantes-mexicanos-en-estados-unidos#:~:text=La%20di%C3%
A1spora%20mexicana%20est%C3%A1%20compuesta,UU.

3 Solís V. (2023, 3 de marzo). “Nunca hay citas. No es justo”: Video muestra cómo venden en $100 citas para trámites en el Consulado de México. Univisión. Recuperado en: https://www.univision.com/amp/local/san-francisco-kdtv/video-venta-cita s-consulado-mexico-san-francisco-san-jose

4 Hernández D & Ponce J. (2021, 11 de enero). Maltrato y servicios deficientes: constante en consulados de México en USA. Poblanerías. Recuperado en: https://www.poblanerias.com/2021/01/maltrato-consulados-de-mexico-en-us a/amp/

5 Charalla K. (2024, 3 de octubre). Consulado sobre ruedas de México en Los Ángeles: Aquí lista de lugares dónde estará el programa desde octubre. La República. Recuperado en: https://larepublica.pe/estados-unidos/2024/10/01/
consulado-sobre-ruedas-de-mexico-en-los-angeles-2024-aqui-lista-de-lugares-donde-estara-el-programa
-desde-octubre-en-estados-unidos-lrtmus-67228

6 Velasco A. R. (s.f.). México y California: ejemplo de la estrecha relación México-EU. Excelsior. Recuperado en:
https://www.excelsior.com.mx/opinion/roberto-velasco-alvarez/mexico-y-california-ejemplo-de-la-estrecha
-relacion-mexico-eu

7 Latinus (s. f.). EU pone cuotas a la deportación: cada oficina del ICE debe arrestar a 75 migrantes diarios. LatinUS.
https://latinus.us/eu/2025/1/26/eu-pone-cuotas-la-deportacion-cada-oficina-del-ice-debe-arrestar-75-migrantes
-diarios-133515.html

8 Press E. (2024, 20 de noviembre). Texas ofrece a Trump terreno para construir centros de deportación de migrantes. El Economista. Recuperado en: https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/
texas-ofrece-trump-terreno-construir-centros-deportacion-migrantes-20241120-735082.html

9 México | Perfil de las y los migrantes mexicanos en Estados Unidos. (2024, 29 de agosto). BBVA. Recuperado en:
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/mexico-perfil-de-las-y-los-migrantes-mexicanos-en-estados-unidos/
#:~:text=Hay%2012.0%20millones%20de%20migrantes,son%20hombres%20y%2047.4%25%20mujeres.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, honorable Congreso de la Unión, a 11 de febrero de 2025.

Diputada María Damaris Silva Santiago (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa, en coordinación con su homóloga en el estado de Baja California, a realizar campañas integrales de prevención de enfermedades cardiovasculares, enfocándose en la promoción de hábitos de vida saludables conforme a la NOM-030-SSA2-2009, así como implementar estrategias con perspectiva de género con el fin de asegurar la detección oportuna, reducir la mortalidad por enfermedades del corazón y elevar la calidad de vida de las personas que brindan cuidados en el hogar, a cargo del diputado Fernando Jorge Castro Trenti, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Fernando Jorge Castro Trenti, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Salud federal, en coordinación con su homóloga en el estado de Baja California, a realizar campañas integrales de prevención de enfermedades cardiovasculares, enfocándose en la promoción de hábitos de vida saludables conforme a la NOM-030-SSA2-2009, así como implementar estrategias con perspectiva de género con el fin de asegurar la detección oportuna, reducir la mortalidad por enfermedades del corazón y elevar la calidad de vida de las personas que brindan cuidados del hogar, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4o., establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Este principio otorga al Estado la responsabilidad de garantizar el acceso a servicios de salud de calidad, lo que incluye la prevención de enfermedades crónicas, como cardiovasculares.

II. En este contexto, la Norma Oficial Mexicana NOM-030-SSA2-2009, relativa a la prevención, diagnóstico, tratamiento y control de la hipertensión arterial, establece lineamientos para la detección y manejo de esta condición en la población. La norma destaca la importancia de la vigilancia clínica periódica y la promoción de hábitos de vida saludable, en concordancia con la Ley General de Salud, para implementar acciones que reduzcan la prevalencia de enfermedades cardiovasculares y permitan un tratamiento adecuado. Dispone que los servicios de salud deben medir la presión arterial de manera rutinaria en personas mayores de 20 años durante cada consulta médica, con el objetivo de detectar la hipertensión en fases tempranas. La norma detalla criterios para el diagnóstico y exige un tratamiento integral que incluya cambios en el estilo de vida, además del uso de medicamentos antihipertensivos cuando sea necesario. Se enfatiza que los pacientes deben ser monitoreados con mediciones periódicas para prevenir complicaciones como infartos o accidentes cerebrovasculares. Esta norma establece una base normativa para garantizar un enfoque uniforme y eficiente en el control de la hipertensión arterial en todo el sistema de salud mexicano, tanto en el sector público como privado.

III. El síndrome metabólico es un conjunto de afecciones que incrementan el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2. En México, su prevalencia representa un grave problema de salud pública debido al aumento de factores como la obesidad, diabetes y enfermedades del corazón. Aproximadamente 12 millones de personas en el país viven con diabetes, y una gran parte de estos casos están relacionados con el síndrome metabólico. Se estima que, por cada persona diagnosticada, existe otra que desconoce que padece esta condición.

IV. En México la prevalencia de hipertensión arterial se encuentra en un punto medio entre países con ingresos medios bajos e ingresos altos, al tener un alto porcentaje de adultos no diagnosticados ubicaría al país como uno de los que tiene mayor prevalencia en América teniendo un porcentaje de 43 por ciento, en comparación de Estados Unidos con 19.6 por ciento, Canadá con 22.2 por ciento y Costa Rica con 23 por ciento.1

V. Con datos del INEGI durante el primer semestre de 2024 se registró que las enfermedades del corazón son una de las primeras causas de muerte a nivel nacional, afectando principalmente a grupos de personas de más de 65 años, siendo registradas 39, 608 muertes durante este periodo.

VI. La falta de acceso a información sobre prevención, junto con factores como el sedentarismo, malos hábitos alimenticios y la ausencia de actividad física, contribuyen de manera significativa a esta problemática, Las enfermedades crónicas, incluidas las cardiovasculares también reducen la capacidad productiva de la población. Fortalecer los programas de prevención incrementa la productividad y reduciría el ausentismo laboral asociado con estas afecciones.2

VII. Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut), al menos un tercio de la población mexicana adulta cuenta padece de hipertensión arterial, un 40 por ciento de ellos desconoce el diagnóstico, 51 por ciento de personas adultas no realizan ninguna medida para controlar la presión arterial elevada 69 por ciento de las personas media su presión arterial al menos una vez al mes y un 81.4 por ciento toma regularmente su medicamento,3 En los últimos 23 años el mayor incremento de obesidad se presentó en hombres adultos, con un aumento del 78 por ciento.4 Estas condiciones elevan el riesgo de enfermedades cardiovasculares, especialmente en personas de bajos ingresos y comunidades rurales quienes tienen menor acceso a información y servicios de salud. Focalizar campañas preventivas en estas áreas contribuiría a reducir la brecha de acceso a la atención sanitaria.

VIII. Las enfermedades cardiovasculares toman al año 17.9 millones de vidas, una tercera parte de los decesos son de personas menores a 70 años, entre estos se encuentran diferentes tipos de complicaciones, como accidentes cerebrovasculares, cardiopatía coronaria y cardiopatía reumáticas.

IX. La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que el 31 por ciento de las muertes en el mundo se deben a enfermedades cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares, siendo el 80 por ciento prevenibles, pues tan sólo 2021 se registraron más de 20 millones de muertes, un aumento significativo en comparación con años anteriores. Este incremento se atribuye a varios factores incluyendo el envejecimiento de la población y un estilo de vida cada vez más sedentario y estima que en el año 2030 morirán cerca de 23.6 millones de personas por este padecimiento.5

X. La prevención y el diagnóstico temprano es una parte fundamental para combatir la Hipertensión, en México mayormente en varones se presenta una pérdida de atención al diagnóstico, caso contrario en mujeres, quienes dan continuidad al diagnosticó, es importante destacar que el uso de fármacos proporciona un mayor control de la enfermedad, aunque algunas poblaciones rurales pueden carecer de acceso al medicamento.6

XI. En Baja California, las enfermedades cardiacas se mantienen como la principal causa de muerte. Durante 2023, un total de 4,726 personas fallecieron por estos padecimientos, de las cuales 65.8 por ciento correspondieron a enfermedades isquémicas del corazón y 18.4 por ciento a hipertensivas. Esta problemática afectó principalmente a hombres, representando el 62.7 por ciento de los fallecidos, mientras que el 62.7 por ciento tenía 65 años o más.

XII. Las enfermedades del corazón fueron responsables del 21 por ciento de todas las muertes registradas en el Estado durante ese año.

XIII. Una de las principales causas de este alarmante número de muertes es la prevalencia del síndrome metabólico, un conjunto de condiciones que incluyen hipertensión, obesidad abdominal, obesidad, resistencia a la insulina y niveles anormales de colesterol. Afectaciones que no sólo aumentan el riesgo de desarrollar enfermedades cardiacas.

XIV. El síndrome metabólico tiene un impacto significativo en el sistema de salud y la economía del país, debido a los altos costos de atención médica y pérdida de productividad.7 El gasto para tratar enfermedades relacionadas con el síndrome metabólico como la diabetes y problemas cardíacos, se estima en cerca de 7 mil millones de dólares al año.8 Según el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), se pierden más de 400 millones de horas laborales al año debido a enfermedades asociadas con el síndrome metabólico.9

XV. Es fundamental fortalecer las campañas de prevención, enfocándose en sensibilizar a la población mediante la promoción de estilos de vida saludables y mejorando el acceso a diagnósticos preventivos. También es crucial incrementar políticas que incentiven la actividad física, tanto en espacios públicos como privados para garantizar que la información llegue a todos los sectores. Además, es clave iniciar la educación desde la infancia, para que niños y jóvenes adopten prácticas de ejercicio y alimentación que los acompañen toda su vida, reduciendo así el riesgo de enfermedades cardiovasculares en el futuro.

XVI. La creación de espacios públicos que promuevan la actividad física, como parques y ciclovías es una medida de salud pública alineada con la protección ambiental, incentivar su uso mediante medios de transporte sostenibles puede contribuir a mejorar la salud cardiovascular.

XVII. La prevención de enfermedades cardiovasculares es fundamental para asegurar un futuro más saludable para la población mexicana. Implementar estrategias efectivas de prevención, no solo mejorará la salud pública del país, sino también reducirá significativamente la mortalidad por enfermedades del corazón, contribuyendo a elevar la calidad de vida de los ciudadanos y a disminuir la carga económica sobre el sistema de salud.

XVIII. Según la American Heart Association (Asociación Americana del Corazón), cada vez más investigaciones demuestran que las personas que actúan como cuidadores no remunerados no siempre reciben el cuidado necesario para llevar una vida más larga y saludable.10 Además, se ha identificado un perfil de riesgo cardiovascular en estos cuidadores, que requiere ser atendido y respaldado por el sistema de salud formal.11

XIX. De acuerdo con la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (Enasic) 2022, el 75 por ciento de las personas que brindan cuidados en el hogar en México son mujeres.12 En este contexto, es importante subrayar que, además del perfil de riesgo de los cuidadores, las enfermedades cardiovasculares en mujeres, especialmente después de la menopausia, deben ser detectadas y tratadas a tiempo. Para lograrlo, es necesario aumentar la educación y la sensibilización tanto entre las mujeres como en los equipos de salud, considerando las diferencias en la presentación clínica, la fisiopatología y el pronóstico de estas enfermedades en comparación con los hombres.13

XX. Estudios realizados por la UNAM, indican que las enfermedades cardiovasculares tienen mayor impacto en las mujeres, además de que, los cambios hormonales ocurridos durante el envejecimiento favorecen el desarrollo de estrés, una mujer posmenopáusica tiene más probabilidades de morir por un ataque al corazón.

Aunque los hombres son más propensos a morir por enfermedades cardíacas, las mujeres suelen presentar síntomas menos conocidos, lo que conduce a diagnósticos tardíos. Promover campañas específicas de sensibilización para mujeres puede ayudar a reducir la mortalidad femenina por este padecimiento. Las campañas de prevención deben considerar la división de roles en el cuidado de la salud, ya que las mujeres suelen ser las principales cuidadoras en el hogar, lo que implica que también son una población clave para programas preventivos en temas de salud familiar.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados solicita respetuosamente a la Secretaría de Salud federal, para que en coordinación con su homóloga en el estado de Baja California, se implementen y fortalezcan las campañas de prevención de enfermedades cardiovasculares con especial atención en los grupos vulnerables y con menor acceso a la información, en donde se incluyan estrategias específicas para la promoción de hábitos de vida saludable conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-030-SSA2-2009, mediante programas de educación sobre la prevención de hipertensión arterial, la promoción de actividad física y la alimentación balanceada, además de facilitar el acceso a diagnósticos preventivos con el fin de reducir las enfermedades cardiovasculares y promover el acceso a diagnósticos y tratamientos de forma oportuna.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados solicita respetuosamente a la Secretaría de Salud federal, para que, en coordinación con su homóloga en el estado de Baja California, se considere la creación de campañas con perspectiva de género, enfocadas en la sensibilización y detección oportuna de enfermedades cardiacas en mujeres, quienes presentan una sintomatología distinta y un perfil de riesgo diferenciado como personas cuidadoras en el hogar.

Notas

1 file:///C:/Users/Usuario/Downloads/15867-Texto%20del%20art%C3%ADculo-82 507-6-10-20240827%20(1).pdf

2 ISSSTE (2019). Sedentarismo afecta al 58.3% por ciento de los mexicanos mayores de 18 años. Disponible en: https://www.gob.mx/issste/prensa/sedentarismo-afecta-al-58-3-por-ciento -de-los-mexicanos-mayores-de-18-anos?idiom=es

3 https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanutcontinua2023/doctos/analiticos/15867-Texto%20del%20art%C3%ADculo
-82507-4-10-20240822.pdf

4 Instituto Nacional de Salud Pública (2024). Resultados de la Ensanut 2020-2023. Disponible en:
https://www.insp.mx/avisos/presentan-resultados-de-la-ensanut-2020-2023

5 OMS (2012). Día Mundial del Corazón: Enfermedades cardiovasculares causan 1,9 millones de muertes al año en las Américas. Disponible en: https://www.paho.org/es/noticias/28-9-2012-dia-mundial-corazon-enfermedades-cardiovasculares
-causan-19-millones-muertes-al#:~:text=en%20las%20Am%C3%A9ricas-,D%C3%ADa%20Mundial%20del%20
Coraz%C3%B3n%3A%20Enfermedades%20cardiovasculares%20causan%201%2C9%20millones,al%20a%C3%B1o%20
en%20las%20Am%C3%A9ricas&text=Las%20enfermedades%20cardiovasculares%20son%20la,
millones%20de%20muertes%20al%20a%C3%B1o.

6 https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanutcontinua2023/doctos/analiticos/15867-Texto%20del%20art%C3%ADculo
-82507-4-10-20240822.pdf

7 Instituto Nacional de Salud Pública. La obesidad en México. Estado de la política pública y recomendaciones para su prevención y control, Rivera, (2018), Disponible en:chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/
https://www.insp.mx/images/stories/2019/Docs/190213_LaObesidadenMexico.pdf

8 Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social. Estimación del impacto económico por complicaciones cardiovasculares y de diabetes mellitus 2019-2028, (2022), Disponible en:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10629407/

9 Medix (2022). Disponible en: https://medix.com.mx/derivado-del-sobrepeso-y-obesidad-se-pierden-horas -laborales/

10 American Heart Association (2024). Tenga corazón: los cuidadores también necesitan de cuidados. Disponible en: https://newsroom.heart.org/news/tenga-corazon-los-cuidadores-tambien-ne cesitan-de-cuidados

11 Revista Iberoamericana de Educación e Investigación en Enfermería (2016). Perfil de riesgo cardiovascular en cuidadores/as informales. Disponible en: https://www.enfermeria21.com/revistas/aladefe/articulo/203/

12 INEGI (2022). Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (Enasic) 2022. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2023/ENASIC/ ENASIC_23.pdf

13 Revista Médica Clínica Las Condes (2015). Enfermedad cardiovascular en la mujer: fisiopatología, presentación clínica, factores de riesgo, terapia hormonal y pruebas diagnósticas. Disponible en: https://www.elsevier.es/es-revista-revista-medica-clinica-las-condes-20 2-articulo-enfermedad-cardiovascular-en-la-mujer-S0716864015000334

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2025.

Diputado Fernando Jorge Castro Trenti (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SE y a la Sader a proceder a la instalación e implementación de los trabajos de la Comisión Intersecretarial de Fomento a la Industria Vitivinícola, a cargo del diputado Fernando Jorge Castro Trenti, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Fernando Jorge Castro Trenti, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Economía y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para que, en el ámbito de sus facultades, procedan a la instalación e implementación de los trabajos de la Comisión Intersecretarial de Fomento a la Industria Vitivinícola, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Vino proviene del latín vinium, es una bebida hecha a base de uva y a partir de la fermentación de su mosto o zumo; en el suroeste de España la palabra mosto hace referencia a un vino joven.

La fermentación es producida mediante la acción metabólica de levaduras, que convierten los azúcares naturales del fruto en etanol y gas en forma de dióxido de carbono. El azúcar y los ácidos que posee la vitis vinífera son suficientes para comenzar con el proceso de fermentación, sin embargo, para su obtención en necesario de la suma de factores como los son el clima, latitud, altitud, horas de luz y temperatura. Actualmente el 71 por ciento de la producción mundial de uva se utiliza para el vino, el 27 por ciento como fruta fresca y el 2 por ciento como fruta seca.1

El vino es una de las bebidas que ha acompañado al ser humano casi desde los inicios de su historia. De acuerdo a diversos testimonios arqueológicos, la historia del vino data del año 6000 aC, donde, en la actual Armenia, se encontró una bodega para almacenar esta bebida. Sin embargo, la documentación sobre el cuidado de la vid, cosecha y prensado de las uvas viene desde los griegos en el siglo VII aC.2 Para el caso de México, las tradiciones vitivinícolas comenzaron en 1574, cuando los conquistadores y sacerdotes salieron de Zacatecas (hoy Coahuila y Durango) en busca de oro, encontrando en el camino un manantial de agua fresca, que a la postre sería lo que hoy conocemos como Valle de Parras, Coahuila.3

El cultivo del vino en México se remonta a la época de la Conquista, cuando los españoles introdujeron las primeras vides al territorio. Estas fueron inicialmente sembradas en el centro del país y posteriormente distribuidas hacia el norte, donde encontraron un clima óptimo para su desarrollo, en regiones como Querétaro y Guanajuato. Sin embargo, en los estados del norte, especialmente Baja California y Sonora, ofrecieron las mejores condiciones climáticas y de suelo, lo que permitió alcanzar un mayor desarrollo y un notable potencial vinícola. Gracias a estas condiciones favorables, se logró una calidad superior en la producción, incluyendo la introducción de variedades francesas de vid.

A partir del cultivo de la vid en México, se diversificaron los tipos de uva para diferentes usos, destacando la industria vinícola. Las variedades cultivadas en el país incluyen Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Claret, Grenache, Merlot, Misión, Nebbiolo, Petit Sirah, Ruby Cabernet, Tempranillo y Zinfandel. Estas uvas han contribuido al desarrollo de una industria que combina tradición y calidad, posicionando al vino mexicano en el ámbito nacional e internacional.

Hoy en día, la producción de vino en México se registra en 14 estados: Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas, donde se cultivan 18 variedades de uva.4 La geografía de cada región enmarca la cultura de la producción ya que entrelaza la historia, la gastronomía y otras características vinculadas a la forma e instrumentos utilizados para la producción.

Desde 2016, México forma parte de la Organización Internacional de la Viña y el Vino, la cual se ocupa de los aspectos técnicos y científicos de la viticultura y la vinificación, incluida la producción de uva en todos sus aspectos, no solo del vino, sino también a la uva de mesa y la producción de pasas. Actualmente 46 países conforman dicha asociación, quienes en conjunto buscan el crecimiento sustentable de la industria a nivel mundial.

De acuerdo con el Consejo Mexicano Vitivinícola, Baja California es el principal productor concentrando el 70 por ciento de la producción de vino nacional; no obstante, el 80.40 por ciento de la producción de vid se produce en el estado de Sonora de acuerdo con datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) del Sistema de Información Agroalimentaria de Consulta de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SIAP-SIACON, SADER, 2019).

En México, tres de los principales productores de vid son Zacatecas, Baja California y Aguascalientes, estados que concentran gran parte de su producción en la cosecha de vid destinada a la elaboración de vino. Durante 2023, Zacatecas aportó el 38.2 por ciento de la producción nacional, seguido de Baja California con el 31.41 por ciento y Aguascalientes con el 9.4 por ciento.

Gracias a la diversidad de uvas cultivadas en el país, se producen diferentes tipos de vino, predominando el vino tinto, seguido del vino blanco. Desde 2020, la producción nacional de vino ha mantenido un rango estable, con un promedio anual de 873 litros entre 2020 y el primer trimestre de 2023, como se muestra a continuación:

Este comportamiento refleja la consolidación de la industria vinícola nacional y su capacidad para satisfacer la creciente demanda en el mercado interno e internacional.

En el 2018, la producción de uva industrial se concentró en 10 entidades del país que en conjunto sumaron una producción de 56 mil toneladas. La producción estuvo liderada por Zacatecas con aproximadamente 23 mil toneladas de uva, que representaron el 41 por ciento del total de la producción nacional. En segundo lugar, se ubicó Baja California con 15.3 mil toneladas de uva; le siguió Sonora con una producción cercana a las 6 mil toneladas.5

A continuación, se presenta una tabla con la producción de uva industrial a nivel estatal en México, 2018.

El estado de Baja California, específicamente en El Valle de Guadalupe, al noreste de México, se consolida como el líder de la producción nacional del vino, el cual aporta el 98 por ciento de la producción total en Baja California, y a nivel nacional con un 31.1 por ciento produciendo así 23,911.7 toneladas de uva.6 Gracias a su ubicación geográfica y a un clima propicio para la viticultura, la región ofrece condiciones ideales para el cultivo de vid y, al mismo tiempo, sea ha convertido en un atractivo destino turístico. Los visitantes tienen la oportunidad de recorrer la zona y participar en catas de los diferentes tipos de vino producidos localmente. Además, la región destaca por un precio rural promedio de $25,285.67 pesos mexicanos por tonelada de uva, posicionándose como el principal productor con el mayor valor en la venta de este cultivo.

El desarrollo de la industria vinícola en Baja California ha impulsado a municipios como Ensenada a convertirse en referentes nacionales. El municipio es reconocido como la “Capital del Vino Mexicano”, alberga la emblemática Ruta del Vino, un circuito que promueve la industria local y atrae turismo nacional y extranjero, consolidándose como principal punto turístico en el Estado.

La industria vinícola genera un impacto positivo en diversos sectores, desencadenando actividades que benefician a agricultores, productores, comerciantes y comunidades locales. Además, fomenta el desarrollo industrial, agrícola y turístico, contribuyendo significativamente al crecimiento económico y social de las zonas productoras. Por ello, esta actividad se ha convertido en un pilar estratégico para los estados dedicados a la producción de vino en México.

Por consiguiente, la Secretaría de Economía implementó la política de fomento industrial. Esta política tomó como bases la productividad de la economía mexicana, a través de 4 ejes transversales:7

- Innovación y tendencias tecnológicas-científicas.

- Formación de capital humano para las nuevas tendencias.

- Promoción de contenido regional.

- Industrias sostenibles y sustentables.

Debido a la gran demanda y el aumento de competitividad en la producción del vino en México, el honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, tuvo a bien aprobar en el año 2018, la Ley de Fomento a la Industria Vitivinícola, la cual, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de mayo de 2018.

Lo anterior obedeció a la necesidad de establecer en una legislación nacional, un conjunto de normas jurídicas que ordenaran de forma sistemática a las personas físicas o morales de carácter nacional, cuyo objeto comercial sea la actividad vitivinícola. Lo que permitió obtener los siguientes datos en materia de producción nacional de uva, ya que en 2022 se reportó la producción de más de 477 mil toneladas,8 divididas en:

Uva fruta, 380 mil toneladas.

Uva industrial, 78 mil toneladas.

Uva pasa, 18 mil toneladas.

México es considerado como uno de los productores de vino más antiguo de Latinoamérica y ocupa el lugar 33 a nivel mundial, registrando en 2022 una superficie sembrada de 36 mil hectáreas.9

Según datos de la Secretaría de Agricultura, actualmente la industria vitivinícola nacional, genera más de 500 mil empleos tan solo en la actividad primaria de la vid, y mil 200 empleos directos y más de 10 mil empleos indirectos.10

De igual forma, la producción nacional de vino representa el 34 por ciento del total consumido en el país,11 y se estima que el consumo per cápita en la población mayor de edad es de 1.2 litros, con un crecimiento en la preferencia del vino mexicano por su alta calidad y relación positiva costo-beneficio.

Lo anterior, es prueba de que México cuenta con un enorme potencial para la producción de uva de gran calidad, al disponer de las condiciones climáticas idóneas para el cultivo en diferentes regiones de nuestro país, por lo que existe la posibilidad real de aumentar la siembra, la producción y las exportaciones.

El vino es de las bebidas alcohólicas más consumidas en el mundo, por lo que esta situación representa una oportunidad para fomentar el consumo del producto nacional y posicionarlo en el mercado exterior.

Como consecuencia del impacto de la industria vitivinícola nacional, el 10 de enero de 2023, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se declaró el día 7 de octubre de cada año como “Día del Vino Mexicano”.

En los últimos años, la vinicultura mexicana ha ganado terreno a nivel mundial, muestra de ello son los reconocimientos y medallas que han obtenido: en los últimos 4 años, se han obtenido un promedio de 500 medallas por año.12

Asimismo, destaca el turismo enológico reconocido en el marco de la Feria Internacional del Turismo 2021, que se llevó a cabo con expertos del sector vitivinícola del mundo, lo que trajo como consecuencia que México confirmara su participación en la Feria Internacional de Turismo 2025 y asegurara su presencia como país socio en 2026.13 De igual forma, el Festival del Vino Mexicano (Fevino) celebra anualmente en nuestro país su evento, siendo su última edición los días 28 y 29 de septiembre de 2024.

Con todo lo anterior, se aprecia de gran importancia el dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 9, 10, 11 y 14 de la Ley de Fomento a la Industria Vitivinícola que a la letra establecen:

Artículo 9. Se crea la Comisión Intersecretarial de Fomento a la Industria Vitivinícola , como órgano de consulta y coordinación de la Administración Pública Federal, de conformidad con lo establecido en esta ley y demás disposiciones aplicables.

...

Artículo 10. La Comisión tiene como objeto orientar, promover, apoyar y proponer políticas públicas para el fomento de la industria vitivinícola nacional.

Artículo 11. Corresponde la Presidencia de la Comisión a la Secretaría de Economía y la Secretaría Ejecutiva a la Secretaría, y sus representantes fungirán como coordinadores de los trabajos y el funcionamiento en general de la Comisión.

Artículo 14. La Comisión celebrará sesiones ordinarias por lo menos cuatro veces al año y las extraordinarias que convoque su presidente y secretario ejecutivo o por acuerdo de la mayoría de sus miembros.

Proceder con la instalación de la Comisión Intersecretarial que se menciona con antelación, abriría la oportunidad de fomentar la industria del vino mexicano en nuestro país y en el extranjero, asimismo, impulsará una política de Estado de apoyo al sector.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de este pleno, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.- La honorable Cámara de Diputados solicita respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para que en el ámbito de sus facultades, procedan a la instalación e implementación de los trabajos de la Comisión Intersecretarial de Fomento a la Industria Vitivinícola, conforme a lo establecido en los artículos 9, 10, 11 y 14 de la Ley de Fomento a la Industria Vitivinícola.

Notas

1 Fertiglobal https://www.fertiglobal.com/es/programas-de-gestion-de-cultivos/programa-de-la-vid-de-uva/

2 El comercio de las especies orientales desde la antigüedad a las cruzadas
https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/665834/rohe1de1.pdf

3 Gutiérrez, Fernanda. México y sus Vinos, “Capítulo 1, Haciendo Historia. Retrospectiva de la Producción Vinícola en México”. Página 40. Aguascalientes, México, 2019.

4 La Industria Vitivinícola Mexicana en el Siglo XXI: Retos Económicos, Ambientales y Sociales.

5 Ídem.

6 https://www.gob.mx/siap/es/articulos/rutas-del-vino-en-mexico?idiom=es

7 Secretaría de Economía. https://www.gob.mx/se/articulos/secretaria-de-economia-presenta-la-estrategia-rumbo-a-una-politica-industrial-314996?idiom=es

8 Qué hay detrás de la producción de uva. https://www.gob.mx/agricultura/articulos/que-hay-detras-de-la-produccio n-de-uva

9 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. https://www.gob.mx/agricultura/prensa/contribuye-sector-vitivinicola-al -crecimiento-productivo-y-economico-en-el-sector-primario-del-pais-agri cultura#:

10 Ídem.

11 Ídem.

12 Consejo Mexicano Vitivinícola.

13 https://www.gob.mx/sectur/prensa/mexico-confirma-participacion-en-la-feria-internacional-de-turismo-2025-fitur
-y-asegura-presencia-como-pais-socio-en-2026

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2025.

Diputado Fernando Jorge Castro Trenti (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sedatu, en el marco del diseño de las Reglas de Operación del Programa de Vivienda para el Bienestar de 2025 de la Comisión Nacional de Vivienda, a garantizar la construcción de viviendas en zonas que cuenten con alta población indígena, así como la asignación de las mismas a personas indígenas, a cargo del diputado Alfredo Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Alfredo Vázquez Vázquez diputado en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y demás relativos, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para que, en el marco del diseño de las Reglas de operación del Programa de Vivienda para el Bienestar del año 2025 de la Comisión Nacional de Vivienda, garantice la construcción de viviendas en zonas que cuenten con alta población indígena, así como la asignación de las mismas a personas indígenas, lo anterior al tenor de las siguientes

Consideraciones

La exclusión social y la segregación en contra de los pueblos indígenas respecto de las políticas de vivienda, son manifestaciones de la discriminación racial con raíces estructurales persistentes en nuestro país.

En este contexto, los estudios económicos han demostrado que la desigualdad impacta negativamente en el crecimiento y desarrollo económico y social, particularmente en aquellos sectores históricamente discriminados.

De igual manera, se ha señalado que el acceso a una vivienda adecuada es un factor clave para la inclusión e integración de grupos en situación de vulnerabilidad, ya que un hogar digno y estable facilita el acceso a servicios sociales que mejoran la calidad de vida y reducen la vulnerabilidad.

Esta problemática tiene una incidencia profunda en los pueblos y comunidades indígenas, los cuáles son el sustento de la nación mexicana, de conformidad con el artículo 2o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

“La Nación tiene una composición pluricultural y multiétnica sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellas colectividades con una continuidad histórica de las sociedades precoloniales establecidas en el territorio nacional; y que conservan, desarrollan y transmiten sus instituciones sociales, normativas, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas ”.

Asimismo, el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado el 5 de septiembre de 1990 por el Estado Mexicano, aplica para:

“Los pueblos en países independientes, considerados indígena por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas .”

Dicho instrumento internacional, en su artículo 2 inciso c), vincula a los gobiernos de los Estados a hacer cuanto esté en su poder por evitar cualquier discriminación entre los trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados y los demás trabajadores, especialmente en lo relativo a:

“Asistencia médica y social, seguridad e higiene en el trabajo, todas las prestaciones de seguridad social y demás prestaciones derivadas del empleo, así como la vivienda ;”.

En lo referente a este rubro, el último informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) sobre la “Medición de la pobreza en los municipios de México ”, del año 20201 , revela los siguientes datos:

• En 9 de cada 10 municipios indígenas, más de 60% de la población se encontraba en situación de pobreza en 2020.

• Los 15 municipios con mayor porcentaje de población en situación de pobreza extrema se localizan en las entidades de Oaxaca (12), Chiapas (2) y Guerrero (1). Todos son municipios indígenas y en su mayoría se localizan en zonas de compleja orografía.

• Los cinco municipios que se han mantenido en el grupo de los de mayor porcentaje de población en situación de pobreza en la década 2010-2020 fueron: Aldama, Chanal, Chalchihuitán y San Juan Cancuc en Chiapas; así como San Simón Zahuatlán en Oaxaca; los cuales son municipios indígenas y su población en situación de pobreza ha representado porcentajes superiores al 98%.

• En el período de 2010 a 2020, la distribución territorial del porcentaje de población en situación de pobreza extrema muestra una tendencia a concentrarse en las regiones altas y de accesibilidad baja, estas son coincidentes en su mayoría, con las regiones indígenas del país.

Por su parte, el reporte “Pobreza por grupos poblacionales a nivel municipal, México Población indígena ”, del mismo organismo, concluye que:

• En 2020, en 148 municipios, al menos la mitad de la población indígena tuvo carencia por calidad y espacios de la vivienda.

• En 257 municipios, 90% o más de la población indígena reportó tener la carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda.

• El aislamiento de la población indígena en comunidades principalmente rurales y en las sierras del país, generan condiciones en las que el acceso a servicios básicos en la vivienda como el drenaje, luz eléctrica, combustible para cocinar y el agua potable son limitados, lo cual puede agravar la incidencia de pobreza en este grupo de población, estos se localizan principalmente en las regiones indígenas como la Tarahumara, Gran Nayar, Huasteca, así como en los estados del sur y parte de la península de Yucatán.

En este orden de ideas, y sin demérito de los grandes avances que el Gobierno de México ha tenido para con los pueblos y comunidades indígenas, siendo el mayor de ellos su reconocimiento ya no como “entidades de interés público ”, sino como sujetos de derecho público, contenidos en el Decreto que reforma el artículo segundo Constitucional publicado el 30 de septiembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación; así como los realizados por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y urbano (Sedatu), a través de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), en la construcción de casas que consideren la arquitectura tradicional y el uso de materiales locales, respetando el entorno natural y las costumbres de cada comunidad, que las viviendas sean culturalmente apropiadas, promoviendo al mismo tiempo la autosuficiencia y el empoderamiento de los pueblos indígenas2 ; los resultados estadísticos reflejan que aún existe un largo camino por recorrer para el mejoramiento de la precariedad histórica en la que vivimos las personas pertenecientes a los pueblos y comunidades originarios.

Así también lo precisa la Suprema Corte de Justicia de la Nación3 , al presentar los indicadores de desigualdad estructural de las poblaciones indígenas:

• En México, el 69.5% de las personas indígenas se encuentran en dicha situación de pobreza, es decir, no cuenta con ingresos económicos suficientes para satisfacer necesidades alimentarias y no alimentarias, y presentan al menos una carencia social.

• La pobreza incrementa para el caso de las personas indígenas que viven en localidades rurales con menos de 2,500 habitantes, alcanzando al 78.7% de esa población.

• En cuanto a los ingresos económicos de las personas indígenas, el 71.9% perciben un ingreso inferior a la línea de pobreza.

Destacando la falta de acceso a una vivienda adecuada como un obstáculo para el ejercicio de los derechos de pueblos y comunidades indígenas:

• El 28.5% de la población indígena no cuenta con vivienda de calidad

• El 18.2% vive en condiciones de hacinamiento.

• El 14.4% de las personas indígenas no cuenta con agua entubada.

Para contrarrestar la falta de acceso a la vivienda y el rezago habitacional en el que se encuentra la población de bajos ingresos, de manera general, el Gobierno de México implementa el Programa de Vivienda para el Bienestar (antes Programa de Vivienda Social), mismo que ofrece subsidios a la población para acceder a una vivienda adecuada.

Si bien, es conveniente puntualizar que la SEDATU ha presentado avances en el Programa de Vivienda para el Bienestar, el cual tiene por objeto construir 500 mil de viviendas nuevas4 , mejorar o ampliar más de 450 mil hogares y otorgar un millón de escrituras durante la presente administración, no puede soslayarse la imperante necesidad de implementar acciones afirmativas particulares dirigidas al mejoramiento de las condiciones de vida de los pueblos y comunidades indígenas, reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como una población en situación de vulnerabilidad5 , quienes de acuerdo con el artículo 21 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas “tienen derecho, sin discriminación, al mejoramiento de sus condiciones económicas y sociales, entre otras esferas , en la educación, el empleo, la capacitación y el readiestramiento profesionales, la vivienda , el saneamiento, la salud y la seguridad social ”.

En consecuencia, es necesario que en el diseño de las Reglas de Operación para el año 2025, del citado programa, se otorgue prioridad para la construcción de viviendas en zonas que cuenten con alta población indígena, así como para la asignación de las mismas a personas indígenas, dada su situación de vulnerabilidad por razones de autoadscripción, y por el alto porcentaje de marginalidad y pobreza extrema en que se encuentran la mayoría de estas comunidades.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados solicita respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para que, en el marco del diseño de las reglas de operación del Programa de Vivienda para el Bienestar del año 2025 de la Comisión Nacional de Vivienda, garantice la construcción de viviendas en zonas que cuenten con alta población indígena, así como la asignación de las mismas a personas indígenas.

Notas:

1. CONEVAL. (2021). Medición de la pobreza en los municipios de México, 2020. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

2. Monroy, E.; Sánchez, L.; Palacios, A.; Salazar, D. (2024). Aspectos de la atención a la población indígena Conavi 2019 – 2024. SEDATU y CONAVI.

3. SCJN. (2022). Protocolo para juzgar con perspectiva intercultural: personas, pueblos y comunidades indígenas. Suprema Corte de Justicia de la Nación

4. Presidencia de la República. (2025). “Anuncia Presidenta inicio de construcción de viviendas en febrero como parte del Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar”. Disponible en: https://www.gob.mx/presidencia/prensa/
anuncia-presidenta-inicio-de-construccion-de-viviendas-en-febrero-como-parte-del-programa-nacional-de-vivienda-para-el-bienestar

5. ONU. (s.f.). Poblaciones Vulnerables. Disponible en: https://www.un.org/es/fight-racism/vulnerable-groups, de Organización de las Naciones Unidas.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 11 febrero de 2025.

Diputado Alfredo Vázquez Vázquez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno del estado de Guanajuato a fortalecer las estrategias en materia de seguridad pública, a fin de salvaguardar la paz y tranquilidad de dicha entidad, a cargo de la diputada Lucero Higareda Segura, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada Lucero Higareda Segura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable soberanía proposición con punto de acuerdo mediante la cual se exhorta al Gobierno del Estado de Guanajuato, para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, fortalezcan las estrategias en materia de seguridad pública, a fin de salvaguardar la paz y tranquilidad de dicha entidad, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con el artículo 21, párrafo noveno, de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que:

“ La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4o. de esta Constitución que garantiza los deberes reforzados de protección del Estado con las mujeres, adolescentes, niñas y niños; así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y honradez, así como por la perspectiva de género y el respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución . “

La seguridad pública es un pilar fundamental para la estabilidad y el desarrollo de cualquier entidad. En el caso del estado de Guanajuato, esta función esencial se encuentra gravemente comprometida debido al incremento de la violencia y la criminalidad que afectan tanto a zonas urbanas como rurales, impactando directamente la vida de las y los guanajuatenses.

En los últimos años, Guanajuato se ha posicionado de manera alarmante como una de las entidades con mayor incidencia delictiva en el país, en especial por los homicidios dolosos. Según datos recientes, el estado sigue siendo un foco rojo en materia de inseguridad. Tan solo durante el segundo fin de semana de enero de 2025, se registraron 208 homicidios a nivel nacional, de los cuales un número significativo ocurrió en Guanajuato. Esta cifra es un claro reflejo de la incapacidad de las autoridades estatales para contener la violencia.

Por ejemplo, en Guanajuato capital, los residentes han reportado un aumento en los asaltos y robos, particularmente en zonas céntricas y residenciales. Tal es el caso de la comunidad de Mexiamora, donde los vecinos han denunciado la falta de patrullajes efectivos y la creciente inseguridad. Esta problemática se agrava con el reciente inicio del ciclo escolar, ya que muchos estudiantes de la Universidad de Guanajuato residen en esta área y se ven expuestos a situaciones de riesgo que vulneran su derecho a la educación en un entorno seguro.

A nivel estatal, la inoperancia de las estrategias de seguridad ha permitido que la delincuencia organizada y el crimen común se extiendan sin control. Los ataques directos, las ejecuciones en plena vía pública, los secuestros y los enfrentamientos armados son eventos cada vez más frecuentes que generan un clima de miedo e incertidumbre. Esta situación no solo afecta la integridad de la población, sino que también repercute en el tejido social, el comercio local, el turismo y la inversión económica en el estado.

Es imperativo que el gobierno estatal asuma su responsabilidad y actúe con urgencia para garantizar la paz y la seguridad en todo el estado. Las estrategias actuales han demostrado ser insuficientes e ineficaces, por lo que es necesario replantearlas con base en los principios de legalidad, eficiencia y respeto a los derechos humanos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato a fortalecer de manera inmediata las estrategias de seguridad pública en todo el Estado, con especial énfasis en la prevención y atención de delitos de alto impacto como los homicidios dolosos, los robos y los asaltos, priorizando zonas urbanas y residenciales donde la población ha denunciado mayor vulnerabilidad.

Segundo.- La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato a reforzar la vigilancia y los patrullajes en áreas críticas, incluyendo zonas de alta concentración estudiantil, como las cercanías de la Universidad de Guanajuato, con el objetivo de garantizar un entorno seguro para la comunidad académica.

Referencias bibliográficas:

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 21, párrafo noveno. México. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Recuperado de: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

2. Periódico Correo (2025). Habitantes de Mexiamora en Guanajuato capital denuncian asaltos y piden seguridad. Consultado el 22 de enero de 2025. Recuperado de https://periodicocorreo.com.mx/guanajuato/habitantes-de-mexiamora-en-gu anajuato-capital-denuncian-asaltos-y-piden-seguridad-20250122-119359.ht ml

3. Excélsior (2025). Reportan 208 homicidios el segundo fin de semana de 2025. Consultado el 22 de enero de 2025. Recuperado de https://www.excelsior.com.mx/nacional/reportan-208-homicidios-segundo-f in-de-semana-2025/1694003

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, 11 de febrero de 2025.

Diputada Lucero Higareda Segura (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Poder Ejecutivo federal, por conducto de las dependencias correspondientes y en coordinación con las autoridades locales y municipales, así como con organizaciones no gubernamentales, a fortalecer la atención integral y humanitaria a la niñez migrante, garantizando el respeto a sus derechos humanos, su protección frente a la violencia y explotación, el acceso a servicios básicos como salud, educación y alimentación, así como la implementación de medidas para erradicar el trabajo infantil y facilitar su integración en el sistema educativo, a cargo del diputado Fernando Jorge Castro Trenti, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Fernando Jorge Castro Trenti, diputado Integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 6 numeral I, fracción I; y 79 numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Poder Ejecutivo federal, por conducto de las dependencias correspondientes y en coordinación con las autoridades locales y municipales, así como con organizaciones no gubernamentales a fortalecer la atención integral y humanitaria a la niñez migrante, garantizando el respeto a sus derechos humanos, su protección frente a la violencia y explotación, el acceso a servicios básicos como salud, educación y alimentación, así como la implementación de medidas para erradicar el trabajo infantil y facilitar su integración en el sistema educativo, de acuerdo con la siguiente

Exposición de Motivos

La migración se refiere al desplazamiento de personas o grupos de un lugar a otro, cruzando fronteras geográficas o administrativas. La migración puede clasificarse en dos grandes categorías: internacional e interna. La migración internacional se refiere al desplazamiento de personas entre diferentes países, mientras que la migración interna ocurre dentro de un mismo país, cruzando divisiones administrativas como zonas rurales a urbanas. Ambas formas de migración tienen factores comunes, pero la migración internacional implica generalmente mayores riesgos debido a las barreras fronterizas, especialmente para los migrantes más vulnerables como los menores de edad.1

Este movimiento puede ser voluntario, en busca de mejores oportunidades económicas, o forzado, debido a conflictos armados, persecución, desastres naturales o pobreza extrema. Las causas de la migración abarcan factores económicos, sociales, políticos y ambientales, reflejando cambios significativos tanto en México como a nivel global. Entre estos factores destacan la demanda de empleo, políticas migratorias, crisis humanitarias y fenómenos naturales.

En 2024, el número de migrantes internacionales alcanzó los 281 millones representando el 3.6% de la población mundial, según el Informe sobre las Migraciones en el Mundo de la OIM. Además, más de 117 millones de personas fueron desplazadas por conflictos y violencia.2

A nivel internacional, mientras algunas regiones han registrado una disminución en los flujos migratorios irregulares, otras siguen enfrentando desafíos significativos, especialmente en la protección de los derechos humanos de las personas migrantes.

En los primeros ocho meses de 2024, se documentó el ingreso irregular de 266,846 migrantes venezolanos a México, muchos de ellos atravesando rutas altamente peligrosas como el Tapón del Darién.3

Este fenómeno responde a múltiples factores, entre ellos, las crisis en los países de origen, la falta de vías legales de migración, el uso de rutas de alto riesgo y las políticas migratorias cada vez más restrictivas en México.

Un dato alarmante es el aumento en la migración infantil. En 2023, más de 60,000 niños y niñas cruzaron la selva del Darién, la mitad de ellos menores de cinco años, estableciendo un record histórico de cruces de menores en esta ruta.4

Además, en los últimos seis años, los principales países expulsores de menores han cambiado. Mientras que en 2018 la mayoría provenía del Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador), en 2024 los principales países de origen son Venezuela, Ecuador y Honduras.

El caso de Venezuela es particularmente notable: cuatro de cada diez niños migrantes detenidos en México provienen de este país. En los primeros ocho meses de 2023, se detectaron 46,384 niñas, niños y adolescentes venezolanos en territorio mexicano, lo que representa un aumento del 125 mil por ciento en comparación con los 37 menores registrados en 2018.

Asimismo, la diversidad de nacionalidades entre los menores migrantes ha aumentado. Hace seis años no se reportaban niños no acompañados provenientes de países como Panamá, Argentina y Chile, sin embargo, en 2014 ya figuran en las estadísticas del Instituto Nacional de Migración.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y con base en el Censo de Población y Vivienda 2020, en México residían 1,212,252 personas nacidas en otro país.5

En cuanto a la migración infantil, el número de menores venezolanos viajando solos por México ha aumentado considerablemente. En 2018, solo se detectaron cinco casos, mientras que en 2024 la cifra ya asciende a 132.6

Por otro lado, entre enero y abril de 2024, un total de 2,065 menores de entre 0 y 17 años fueron repatriados desde México, de los cuales el 92.8 % provenía de países de América Central, principalmente Guatemala, Honduras y El Salvador.7

Este panorama migratorio evidencia la complejidad y variabilidad de los flujos migratorios. Mientras algunos grupos enfrentan desplazamientos masivos debido a crisis en sus países de origen, otros, como los menores de edad, han visto un incremento significativo en su participación dentro de estos movimientos, lo que plantea retos específicos en términos de protección y derechos humanos.

El aumento de la migración infantil en México está estrechamente ligado a la violencia y la pobreza en Centroamérica. La mayoría de estos menores viajan en caravanas, enfrentando múltiples riesgos, como la inseguridad, la explotación y la trata de personas. La insuficiente protección y su detención en estaciones migratorias los expone a abusos y afecta su bienestar emocional. Además, pueden sufrir trauma, separación familiar y dificultades para acceder a educación y atención médica, lo que impacta su desarrollo a largo plazo.

En los primeros nueve meses de 2023, México superó el medio millón de detenciones de personas migrantes, con un promedio de 1,850 detenciones diarias8 , reflejando la magnitud del fenómeno migratorio en el país.

El número de menores migrantes ha aumentado drásticamente, con un incremento del 514% en las detenciones de niños migrantes entre 2018 y 2024. Esta cifra refleja una tendencia alarmante de mayor vulnerabilidad en este grupo.

Según cifras de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, en el mismo periodo de 2018 se registraron apenas 17,647 niños, niñas y adolescentes migrantes menores de 18 años. El incremento es aún más pronunciado en el grupo de menores de 0 a 11 años, cuya cifra aumentó un 837 %, pasando de 8,368 en 2018 a 78,431 en 2024.

Por otro lado, la proporción de menores que migran sin acompañamiento de un adulto ha disminuido un 28 % en el último sexenio, lo que sugiere un cambio en las dinámicas de movilidad infantil.9

Entre enero y mayo de 2024, las autoridades migratorias reportaron 70,818 casos de menores en situación migratoria irregular en México. Esta cifra representa un aumento significativo respecto a años anteriores.

El incremento de la migración infantil plantea desafíos importantes en términos de protección de derechos, acceso a servicios básicos y seguridad. Es fundamental que las políticas migratorias aborden las necesidades específicas de los menores y garanticen su bienestar a lo largo de todo el proceso migratorio.

Ante el creciente número de niñas, niños y adolescentes migrantes en México, especialmente aquellos no acompañados, UNICEF ha emitido una serie de recomendaciones para mejorar la protección y el bienestar de los menores migrantes, especialmente aquellos que viajan sin acompañamiento. Entre sus propuestas destacan modelos de cuidado alternativo, la garantía de acceso a la educación y la atención psicosocial para prevenir el daño emocional a largo plazo.

UNICEF sugiere reemplazar la detención de menores migrantes no acompañados por modelos de cuidado alternativo. Esto incluye la creación de albergues de puertas abiertas, donde los menores puedan moverse libremente, así como programas de acogimiento familiar temporal con familias capacitadas y espacios específicos para adolescentes. El objetivo es garantizar que los menores se encuentren en entornos seguros que favorezcan su bienestar, siempre respetando su interés superior.

Aunque la educación es un derecho garantizado por la Constitución mexicana, muchos menores migrantes enfrentan barreras administrativas que dificultan su inscripción en las escuelas. UNICEF recomienda capacitar a directores y maestros para que comprendan que los menores migrantes tienen derecho a ser inscritos, sin importar su situación migratoria. Además, propone ofrecer materiales educativos gratuitos en los albergues, asegurando que los menores no se rezaguen en su desarrollo académico.

Dado que el viaje migratorio puede ser traumático, UNICEF sugiere implementar talleres psicosociales en los albergues para atender las necesidades emocionales de los menores. También recomienda la organización de actividades recreativas y deportivas que fortalezcan su bienestar emocional y la capacitación del personal para identificar problemas psicológicos. Estas acciones buscan prevenir daños emocionales a largo plazo y facilitar la reintegración social de los menores migrantes.

Finalmente, UNICEF apoya la implementación de un enfoque coordinado entre las autoridades de salud, educación, migración y protección infantil, con el objetivo de garantizar que los menores migrantes reciban una atención integral sin ser detenidos. La detención de menores por razones migratorias es perjudicial para su bienestar, por lo que es fundamental adoptar políticas que los protejan y les proporcionen un entorno seguro.10

De acuerdo con el Informe Infancias en Movilidad y Barreras para su Educación, realizado por UNICEF en 2023, se destaca que un 63 % del personal educativo no está al tanto de las normativas relevantes en cuanto a la atención de menores migrantes.11

Durante el primer semestre de 2024, ingresaron a México casi 85,000 niños en situación migratoria irregular, lo que representa un incremento significativo respecto al año anterior. La falta de acceso formal a la educación sigue siendo uno de los principales desafíos para estos niños y sus familias.12

El Informe sobre Protección y Atención a Niños Migrantes, presentado en el Senado, evalúa las políticas y prácticas del Estado mexicano en la protección de menores en movilidad en la frontera con Estados Unidos, abarcando el periodo de 2011 a 2022. Este informe resalta la necesidad urgente de supervisar y mejorar las instituciones y albergues que atienden a los menores migrantes, así como de establecer acuerdos internacionales para garantizar una migración segura.13

En México, la supervisión de las estaciones migratorias y la prohibición de la detención de menores en estas instalaciones están reguladas por un marco legal específico: el Mecanismo de Supervisión de Estaciones Migratorias.

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), adscrito a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), es responsable de supervisar las estaciones migratorias y las estancias provisionales para prevenir actos de tortura, así como otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Para cumplir con esta misión, el MNPT realiza visitas periódicas de supervisión y emite informes detallados sobre las condiciones en estos centros. Un ejemplo de ello es el Informe de Supervisión 01/2023, en el que se evaluaron diversas instalaciones y se identificaron áreas de mejora para asegurar el pleno respeto de los derechos humanos de las personas migrantes.14

Un aspecto fundamental en este contexto es la coordinación interinstitucional. La Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Migración (INM) tienen la facultad de establecer convenios con entidades públicas, organizaciones de la sociedad civil y particulares para proteger y asistir a las personas migrantes, especialmente a los menores no acompañados.

En cuanto al compromiso con los derechos humanos, el INM ha desarrollado políticas, guías y normativas en colaboración con UNICEF, con el objetivo de garantizar un trato digno y humanitario hacia los menores migrantes. Estas iniciativas buscan promover su protección y salvaguardar sus derechos en situaciones de alta vulnerabilidad.

México ha implementado diversas medidas federales en los últimos años para proteger a los menores migrantes, especialmente aquellos que viajan sin acompañamiento. Estas acciones se enfocan en la protección de sus derechos y en la colaboración interinstitucional para garantizar su bienestar. A continuación, se presentan algunas de las principales iniciativas y protocolos adoptados recientemente.

En cuanto a la protección de menores migrantes no acompañados, México ha reforzado los mecanismos de localización, canalizando a los menores a instituciones especializadas. Estos mecanismos incluyen organismos internacionales, refugios locales y la protección consultar, implementados desde 2020 para asegurar su bienestar y reducir los riesgos de explotación y abuso.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha evaluado la colaboración entre diversas instituciones para la protección de la niñez migrante, emitiendo informes clave, como el Informe Especial sobre la Situación de los Niños, Niñas y Adolescentes Migrantes en México (2021). Este informe revela cifras alarmantes sobre las condiciones que enfrentan estos menores en su tránsito por el país.

En 2020, más de 15,000 menores de edad fueron detenidos por el Instituto Nacional de Migración (INM), lo que subraya la magnitud del fenómeno migratorio que afecta a la niñez en situación de movilidad. Entre estos, se destacó la cifra de aproximadamente 3,000 niños y adolescentes no acompañados, quienes, debido a su vulnerabilidad, se encuentran expuestos a graves riesgos, tales como explotación laboral, tráfico de personas y diversas formas de violencia.

Además, el informe señala que más de 1,000 niños y adolescentes migrantes presentaron solicitudes de refugio en México, lo que evidencia la urgente necesidad de ofrecerles un entorno seguro y protección frente a las circunstancias que los obligan a abandonar sus países de origen. Estos datos reflejan la grave situación que enfrenta la niñez migrante en México y resaltan la importancia de adoptar medidas de protección y asistencia que garanticen sus derechos humanos y bienestar.15

El Informe sobre la Implementación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (2022), destaca avances importantes, pero también subraya desafíos significativos en su cumplimiento. En primer lugar, se reconoce que el 90% de los estados han logrado implementar políticas públicas orientadas a la protección de los derechos de la infancia, lo que refleja un compromiso a nivel federal y estatal con los principios establecidos por la ley. Sin embargo, la implementación en los municipios muestra una realidad diferente, ya que solo el 70% de los municipios reportan acciones concretas en favor de la niñez, aunque estas medidas todavía presentan deficiencias, especialmente en términos de recursos y de coordinación entre las distintas instancias de gobierno.16

A pesar de los avances, es fundamental que las autoridades continúen mejorando la coordinación interinstitucional y asignen más recursos para garantizar que los menores migrantes reciban la protección y el apoyo que necesitan para reconstruir sus vidas en un entorno seguro.

Ambos informes coinciden en la importancia de la cooperación entre el Sistema DIF, el Instituto Nacional de Migración (INM) y las entidades estatales para proteger los derechos de los menores migrantes. En este contexto, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece los principios para la protección integral de los menores sin importar su estatus migratorio.

El Sistema de Información de Niñas, Niños y Adolescentes (SINI) del Sistema DIF, creado en 2020, facilita el registro confiable de menores migrantes, permitiendo un seguimiento adecuado y garantizando su acceso a servicios esenciales. Además, el Registro de Menores Migrantes No Acompañados y la Base de Datos de Menores en Contexto de Movilidad Humana, establecidos en 2021, permiten un control más eficaz de la situación de los menores en tránsito y aseguran su protección.17

México ha implementado diversos protocolos para prevenir y atender casos de trata y abuso sexual en menores migrantes. El Protocolo de Atención y Protección a Menores Migrantes No Acompañados (2020) establece medidas claras para protegerlos durante su tránsito. Asimismo, el Protocolo de Investigación de Delitos Sexuales Cometidos contra Menores (2021) y el Protocolo de Prevención y Atención de Trata de Personas (2022) se enfocan en la investigación y atención de estos delitos, asegurando que los responsables sean procesados adecuadamente. Estos protocolos también incluyen medidas preventivas y de atención para proteger a los menores de la explotación sexual y otros riesgos durante su migración.

En otro orden de ideas, nuestro país reconoce el interés superior del menor como un principio fundamental tanto del derecho internacional como del nacional, cuyo objetivo es garantizar el bienestar y el desarrollo integral de los niños en todas las decisiones que los afecten. Este principio orienta las decisiones judiciales y administrativas en temas como custodia, adopción, migración, educación, salud y protección contra el abuso, siempre priorizando el bienestar del niño.

El principio del interés superior del menor debe ser un referente central en la protección de los derechos de los menores migrantes. Así como se da prioridad a su bienestar en las decisiones judiciales y administrativas dentro del país, es esencial aplicar este principio en el ámbito migratorio, reconociendo que los menores no deben ser tratados como criminales. Es crucial asegurar su acceso a servicios básicos como refugio, salud, educación y asistencia social. Esto implica evitar su detención, fortalecer los centros de acogida y capacitar a las autoridades para que aborden su situación desde una perspectiva humanitaria, en conformidad con la Convención sobre los Derechos del Niño y el Pacto Mundial para la Migración.

En virtud de lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), el artículo 1o reconoce y promueve la protección más amplia de los derechos humanos, incluyéndose el principio del interés superior de la niñez. De igual manera, obliga a todas las autoridades a respetar, proteger y garantizar estos derechos, prohibiendo toda forma de discriminación. Por su parte, el artículo 4º garantiza derechos fundamentales como la alimentación, la salud, la vivienda, el agua, la identidad y el registro de nacimiento, siempre priorizando el interés superior del niño. Este artículo también respalda las facilidades para cumplir con los derechos de los menores y refuerza su derecho a vivir en un entorno libre de violencia.18

Uno de los principales instrumentos en materia de Migración Infantil es la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), cuyo objetivo es garantizar los derechos humanos de la infancia y promover su desarrollo integral. Su Artículo 3o establece que en todas las decisiones que afecten a los menores, tanto por parte de instituciones públicas como privadas, el interés superior del niño debe ser la consideración primordial. Este principio es fundamental en el diseño e implementación de políticas migratorias, ya que exige que cualquier acción relacionada con niños migrantes priorice su bienestar y seguridad.19

Otros tratados complementan este marco de protección. La Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias tiene como fin garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias entre los países miembros, asegurando que los niños reciban el sustento necesario sin importar su nacionalidad o lugar de residencia.20

Asimismo, la Convención de La Haya sobre Protección de Menores y Cooperación en Materia de Adopción Internacional establece un marco para que las adopciones transnacionales se realicen de manera ética y segura, protegiendo a los niños contra la trata y el tráfico ilícito.21

En el ámbito migratorio, el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular traza directriz para gestionar la migración de manera humanitaria y basada en derechos. México fue uno de los países que respaldó este acuerdo e incorporó sus principios en su legislación migratoria. Sin embargo, enfrenta desafíos significativos, como la crisis humanitaria en la frontera sur y la saturación de estaciones migratorias.22

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha jugado un papel clave en la protección de la niñez migrante en México. Su jurisprudencia ha influido en la reforma de la Ley de Migración de 2020, especialmente en lo que respecta a la prohibición de la detención de niños migrantes en estaciones migratorias. Esta reforma se refleja en dos artículos clave: el artículo 112, párrafo tercero, prohíbe que niñas, niños y adolescentes migrantes sean alojados en estaciones migratorias o estancias provisionales, y establece que deben ser canalizados al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) o a instituciones especializadas en la protección infantil. Por su parte, el artículo 29, fracción IX, obliga al Instituto Nacional de Migración (INM) a coordinarse con las autoridades competentes para garantizar el resguardo de los menores en instalaciones adecuadas, evitando su detención en centros destinados a adultos.23

Estas disposiciones tienen como objetivo garantizar el bienestar de los menores migrantes y evitar que sean tratados como infractores de la ley migratoria. Para lograrlo, es fundamental la colaboración entre las autoridades migratorias y las instituciones encargadas de la protección infantil, asegurando condiciones dignas para los niños en movimiento. En este contexto, el DIF y sus contrapartes en los estados tienen la responsabilidad de acoger a estos menores mientras se resuelve su situación migratoria o se encuentran soluciones de integración o reunificación familiar.

En cuanto a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), esta es la principal normativa que regula las acciones del DIF en la protección y restitución de los derechos de los menores. El artículo 2 y 6 establecen el interés superior de la niñez como el principio rector para la interpretación, aplicación e implementación de todas las normas y políticas dirigidas a este sector. El artículo 50 reconoce el derecho a la salud, atención médica gratuita y acceso a servicios especializados, mientras que el artículo 57 garantiza el acceso a una educación de calidad, gratuita y obligatoria. El artículo 111 prohíbe la detención de niños migrantes en estaciones migratorias y asegura su derecho a protección y asistencia. El artículo 119 establece la difusión de derechos, la atención de denuncias y medidas de protección a la Procuraduría local de Protección, además de fomentar la coordinación interinstitucional, el registro y seguimiento, así como la participación infantil y su representación.24

Ahora bien, cabe mencionar que la Ley Federal del Trabajo, en su Artículo 22, permite que los mayores de 16 años trabajen sin autorización, garantizando su derecho al empleo. Sin embargo, mantiene restricciones en actividades peligrosas (Art. 175) para proteger su desarrollo. Esto equilibra su derecho al trabajo con su seguridad y bienestar.25

Es necesario considerar que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF establece que diversas Secretarías tienen atribuciones para garantizar los derechos de la niñez. La Secretaría de Gobernación (Segob), a tenor del artículo 27, atiende a la población en contexto de movilidad; la Secretaría de Bienestar, conforme al artículo 32, impulsa políticas de inclusión y protección infantil; y la Secretaría de Educación Pública (SEP), bajo el artículo 38, garantiza el acceso a la educación.26

El DIF, por su parte, trabaja de manera conjunta con el Instituto Nacional de Migración (INM) para garantizar que las niñas, niños y adolescentes migrantes no sean detenidos, y se les brinde alojamiento y atención adecuada en las instalaciones del sistema.

Recientemente, el Sistema Nacional DIF impulsó el Programa Nacional de Familias de Acogida (Pronfac) en 2021, un programa con presupuesto estatal destinado a ofrecer un cuidado temporal especializado a menores que carecen de cuidados parentales. Este programa tiene como objetivo proporcionar un entorno familiar temporal, en lugar de recurrir a centros de acogida masivos, garantizando así el bienestar y el desarrollo integral de los menores.

En el marco del respeto y protección de los derechos de la niñez migrante no acompañada, es fundamental reconocer las recomendaciones presentadas por el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) en el contexto de la iniciativa “México te abraza”. Estas recomendaciones subrayan la importancia de garantizar procedimientos administrativos y judiciales que prioricen el interés superior de la niñez, el acceso a mecanismos de protección, asistencia humanitaria y la no detención por motivos migratorios.

Ante la creciente vulnerabilidad de menores migrantes no acompañados, resulta imperativo que el Estado refuerce la articulación interinstitucional para brindar atención especializada, acceso a albergues adecuados y protección legal. La implementación efectiva de estas medidas, alineadas con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, contribuirá a reducir los riesgos de violencia, trata y explotación a los que se enfrentan estos menores en su tránsito por el territorio nacional.27

Para garantizar los derechos de la niñez migrante, es fundamental aplicar el principio del interés superior del menor en todas las políticas migratorias. Se deben promover centros de acogida adecuados en lugar de estaciones migratorias y fortalecer la cooperación internacional para combatir la trata de personas. Además, mecanismos como la Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias facilitan la regularización y el acceso a derechos. Un enfoque integral es esencial para proteger a los menores en contexto de movilidad.28

La migración infantil en México requiere un enfoque integral que ponga el interés superior del menor en el centro de todas las políticas migratorias. Es fundamental sustituir la detención en estaciones migratorias por centros de acogida adecuados, fortalecer la cooperación internacional y garantizar el acceso a educación, salud y protección contra la violencia y la explotación. La aplicación efectiva de los marcos normativos nacionales e internacionales es clave para salvaguardar los derechos de estos menores y evitar que su situación migratoria los condene a la exclusión.

Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración de esta H. asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero.- Se solicita respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal para que por conducto de las dependencias correspondientes y en coordinación con las autoridades locales y municipales competentes, así como con organizaciones no gubernamentales, fortalezca la atención integral y humanitaria a la niñez migrante, garantizando el respeto a sus derechos humanos, la protección frente a la violencia y explotación, así como el acceso a derechos como la salud, la educación y la alimentación durante su tránsito por el país.

Segundo.- Se solicita a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a continuar la implementación de medidas y mecanismos eficaces para combatir la explotación laboral infantil en el contexto migratorio, mediante el fortalecimiento de políticas públicas de inspección, prevención y sanción, garantizando que ningún niño o niña sea víctima de trabajo infantil.

Tercero.- Se solicita a la Secretaria de Educación Pública a garantizar el acceso inmediato a la educación para menores migrantes no acompañados, eliminando barreras administrativas y asegurando su integración en el Sistema Educativo mediante programas inclusivos y de apoyo.

Cuarto.- Se solicita al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, a reforzar la protección de menores migrantes no acompañados mediante la implementación efectiva del interés superior de la niñez, la mejora en la identificación y atención especializada, y la capacitación de autoridades para prevenir la revictimización, en coordinación con las instancias competentes.

Notas:

1. CEPAL (s.f.) Migración. CEPAL. https://www.cepal.org/es/subtemas/migracion

2. OIM. (s. f) OIM ONU MIGRACIÓN. https://worldmigrationreport.iom.int/msite/wmr-2024-interactive/?lang=E S

3. Hernández E. L. (09 de enero de 2025) EL PAIS. En avión o por el Darién: los venezolanos que llegan a México huyendo de las políticas de Maduro. México. https://elpais.com/mexico/2025-01-10/en-avion-o-por-el-darien-los-venez olanos-que-llegan-a-mexico-huyendo-de-las-politicas-de-maduro.html?utm_ source

4. UNICEF (07de septiembre de 2023) El número de niños, niñas y adolescentes en movimiento en América Latina y el Caribe alcanza nuevo récord, en medio de la violencia, inestabilidad y cambio climático.
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/numero-ninos-ninas-adolescentes-movimiento-america-latina-alcanza-nuevo-record?utm_source

5. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2020). Migración. INEGI. https://www.inegi.org.mx/temas/migracion/

6. Jiménez, X. (30 de diciembre de 2024) Aumenta 514% cifra de menores migrantes detenidos en seis años. Milenio. Ciudad de México. https://www.milenio.com/politica/ninez-migrante-aumenta-514-en-seis-ano s

7. REDIM BLOG. (11 de junio de 2024) Niñas, niños y adolescentes migrantes en México a abril de 2024.
https://blog.derechosinfancia.org.mx/2024/06/11/ninas-ninos-y-adolescentes-migrantes-en-mexico-a-abril-de-2024/?utm_source

8. Ortiz, A. (7 de noviembre de 2023) La Lista. México supera el medio millón de detenciones de personas migrantes en tiempo record. México. https://la-lista.com/mexico/migrantes-en-mexico-2023-medio-millon-de-de tenciones

9. Ibídem 6

10. UNICEF México (s.f) Migración de niñas, niños y adolescentes. https://www.unicef.org/mexico/migraci%C3%B3n-de-ni%C3%B1as-ni%C3%B1os-y -adolescentes?utm_source

11. UNICEF México. (2023). Diagnostico participativo sobre las barreras para la inclusión educativa.
https://www.unicef.org/mexico/media/7451/file/Diagn%C3%B3stico%20participativo%20sobre%20las%20barreras%
20para%20la%20inclusi%C3%B3n%20educativa.pdf

12. López M. A. (20 de enero de 2025) EL PAIS. La educación a los niños migrantes en México se abre en la teoría, pero se cierra en la práctica. Ciudad Juárez. https://elpais.com/mexico/2025-01-21/la-educacion-a-los-ninos-migrantes -en-mexico-se-abre-en-la-teoria-pero-se-cierra-en-la-practica.html?utm_ source

13. CONEME (2023). Informe en el Senado sobre niños migrantes en frontera. https://coneme.com.mx/2023/11/informe-en-el-senado-sobre-ninos-migrante s-en-frontera/?utm_source

14. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. (2023). Informe de Supervisión 01/2023 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. CNDH. https://www.cndh.org.mx/

15. Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). (2021). Informe especial sobre la situación de los niños, niñas y adolescentes migrantes en México. CNDH. https://www.cndh.org.mx/

16. Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). (2022). Informe sobre la Implementación de la Ley general de los Derechos de Niñas, niños y Adolescentes. https://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=50071

17. Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). (2020). Sistema de Información de Niñas, Niños y Adolescentes (SINI) y Registro de Menores Migrantes No Acompañados. DIF. https://www.dif.gob.mx/

18. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) Artículos 1 y 4. Promulgada el 5 de febrero de 1917. México.

19. Organización de las Naciones Unidas. (20 de noviembre de 1989). Convención sobre los Derechos del Niño. Artículo 3.

20. Organización de los Estados Americanos. (15 de julio de 1989). Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias.

21. Conferencia de la Haya de Derecho Internacional privado. (29 de mayo de 1993). Convención relativa a la protección del Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional.

22. Organización de las Naciones Unidas. (19 de diciembre de 2018). Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular.

23. Ley de Migración (25 de mayo 2011). Artículos 112 y 29.

24. Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. (4 de diciembre de 2014). Artículos 2, 6, 50, 57, 111 y 119.

25. Ley Federal del Trabajo (1 de abril de 1970) Artículos 22 y 175.

26. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (29 de diciembre de 1976) Artículos 27,32 y 38.

27. Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (26 de enero de 2025) Gobierno de México. SIPINNA se suma a México te abraza y presenta recomendaciones a personas migrantes para proteger a la niñez y adolescencia migrante.
https://www.gob.mx/sipinna/articulos/sipinna-se-suma-a-mexico-te-abraza-y-presenta-recomendaciones-a-personas
-migrantes-para-proteger-a-la-ninez-y-adolescencia-migrante-388902?idiom=es

28. Consejo Nacional de Población. (2018) Gobierno de México. Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular. https://www.gob.mx/conapo/articulos/pacto-mundial-para-una-migracion-se gura-ordenada-y-regular

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2025.

Diputado Fernando Jorge Castro Trenti (rúbrica)