Proposiciones

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a reforzar la campaña nacional de vacunación contra la influenza estacional y la Covid-19 y garantizar el abasto de las vacunas para la población de todas las edades y se mejore la accesibilidad de las mismas, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXVI Legislatura del honorble Congreso de la Unión y con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La temporada invernal se caracteriza por el descenso de las temperaturas lo que favorece la propagación de enfermedades virales como la gripe, influenza o incluso covid-19 que tienden a propagarse con mayor facilidad durante esta temporada generando un gran número de contagios entre las personas y particularmente entre niñas, niños y adolescentes.

Cada año las autoridades sanitarias realizan la campaña nacional de vacunación. La correspondiente a 2024-2025 se está llevando a cabo del 15 de octubre de 2024 y terminará el próximo 25 de marzo de 2025, la cual esta dirigida principalmente a las poblaciones con mayor riesgo de complicaciones, hospitalización y mortalidad por influenza y covid-19.

A nivel global la influenza tiene una tasa de ataque estimada de 5 a 10 por ciento en adultos y del 30 a 30 por ciento en niñas y niños, de conformidad con la Organización Mundial de la Salud, anualmente se presentan a nivel global mil millones de caso de influenza estacional, de las cuales 3 a 5 millones son graves, causando entre 290 mil y 650 mil defunciones anuales. En México la influenza mantiene los mismos patrones a nivel global, por lo que su incidencia aumenta en el mes de octubre y se prolonga en meses de invierno.1

De conformidad con la Secretaría de Salud, los casos de influencia y defunciones de 2018 a 2024 presentan los siguientes datos:

Por su parte el Informe Semanal de la covid 19, Influenza y Otros virus respiratorios de la semana 50 (18 de diciembre 2024) advierte que de acuerdo con los datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Respiratoria Viral (Sisver) en 2023 se notificaron 20 mil 264 casos confirmados a la covid-19 por RT-PCR en las Unidades monitoras de enfermedad respiratoria (Usmer). En lo que va de 2024 se han reportado 169 mil 78 casos sospechosos de los cuales 14 mil 71 casos (8.3 por ciento) se han confirmado a la covid-19.2

En 2024 se han detectado 14 mil 71 casos de covid 19 y se han registrado 690 defunciones.

Los grupos de edad más afectados son el de 90 a 94 años, seguido por el de mayores de 95 años, 85 a 89 años, 80 a 84 años y 75 a 79 años. La mediana de edad es 43 años. La distribución por sexo muestra 59.5 por ciento de predominio en mujeres.

En 2024 se han notificado 169 mil 78 casos de enfermedad tipo influenza (ETI) e infección respiratoria aguda grave (IRAG) en las Usmer, de los cuales se han confirmado 14 mil 71 casos positivos a la covid-19 (8.3 por ciento), 690 defunciones por la misma enfermedad, presentando 4.9 por ciento de letalidad.

Las entidades de residencia con mayor número de casos de covid-19 son Ciudad de México (23.6 por ciento), Querétaro (8.6 por ciento), estado de México (8.2 por ciento), Nuevo León (8.1 por ciento) y Puebla (4.1 por ciento).

En el acumulado de la temporada de influenza estacional se han confirmado mil 339 casos positivos a influenza por laboratorio. El 70.8 por ciento son debido a influenza A (H3N2), el 14.5 por ciento por influenza A (H1N1), 8.7 por ciento por influenza B y el 6 por ciento por influenza A no subtipificable. Por lo que respecta a los grupos de edad se han reportado de 25 a 29 años (12.5 por ciento); mayores de 65 años (12.1 por ciento); de 30 a 34 años (9 por ciento), de 20 a 24 años (8.6 por ciento) y de 5 a 9 años (8.3 por ciento).

Los datos anteriores muestran que la influenza estacional y la covid 19 se encuentran presenten con mayor intensidad en la época invernal, por ello, es necesario que el Estado tenga una estrategia de vacunación sólida que garantice a la población las vacunas para enfrentar esta temporada.

En octubre de 2024, Larry Rubín, presidente de la Asociación Mexicana de Industrias de Innovación Farmacéutica, alertó que la autorización de registros de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) para la entrada de vacunas covid actualizadas y dengue, y las compras de vacunas contra la influenza estacional tenían un retraso de casi cuatro meses, lo que pone en riesgo el abasto de dosis necesarias para enfrentar la temporada invernal 2024, además de impulsar el mercado de productos apócrifos vendidos y aplicados de forma ilegal.3

De conformidad con la nota de El Financiero, el experto explico que “la autorización de las vacunas por parte de la Cofepris debió darse desde junio pasado para que el gobierno iniciara la compra de las inyecciones en el mes de julio y así garantizar el abasto de las inoculaciones de última generación enfocadas en combatir la cepa de covid-19 JN1, que es la que actualmente afecta a la población en México”. Y agrego que “Esta falta de proporcionar registros a las empresas nos preocupa muchísimo porque México sólo tiene vacunas Sputnik y Abdala (inyecciones rusas y cubanas), pero esas vacunas son de primera generación y ya no sirven, son obsoletas contra el nuevo virus del covid-19,”4 Lo anterior, abriría la puerta a que en México haya un resurgimiento masivo del virus de covid-19 como consecuencia de no haber otorgado los registros en tiempo y forma a las vacunas de Pfizer y Moderna, lo que provocaría una crisis en el sector salud.

Adicionalmente, Juan Villafranca, presidente de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos alertó sobre la preocupación por el repunte del mercado negro de vacunas contra covid-19. Según datos de la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias (Unefarm), para el cierre de 2024 se espera que el mercado de fármacos clonados alcance ganancias por 32 mil 500 millones de pesos, aproximadamente 11 por ciento de las ganancias de la industria farmacéutica formal, que para este año se estiman en 280 mil millones de pesos.5

De conformidad con la Secretaría de Salud la campaña de vacunación para la temporada invernal deberá tener un avance igual o mayor a 70 por ciento en la cobertura a nivel nacional al 27 de diciembre de 2024 y de 100 por ciento a la fecha de término de la campaña en marzo del 2025. Sin embargo, la conclusión de la misma estará sujeta al abasto oportuno de la vacuna.

En el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional estamos convencidos que las campañas de vacunación deben tener inversión y políticas públicas eficaces para su atención. Por ello nos corresponde exigir certeza respecto del abasto de las vacunas a efecto de que no se arriesgue la salud de los mexicanos y se brinde a la niñez, adolescencia y adultez las vacunas que requieren para conservar su salud.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud para que, refuerce la Campaña Nacional de Vacunación contra la influenza estacional y la covid 19, se garantice el abasto de las vacunas para la población de todas las edades y se mejore la accesibilidad de las mismas, así como, se realicen las acciones tendientes a prevenir y atender los casos en las entidades federativas que presenten mayor número de casos.

Notas

1 LINEAMIENTOS_CAMP_VAC_INVERNAL_24-25_.pdf

2 Informes Semanales para la Vigilancia Epidemiológica de Influenza, covid-19 y otros virus respiratorios 2024 | Secretaría de Salud | Gobierno | gob.mx

3 Gobierno retrasa vacunas covid y de influenza en México de cara a la temporada invernal El Financiero

4 Gobierno retrasa vacunas covid y de influenza en México de cara a la temporada invernal El Financiero

5 Ibídem

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo, el 5 de febrero de 2025.

Diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat a presentar una estrategia integral que contenga las acciones que implementará para garantizar el cuidado efectivo del ambiente, particularmente el manejo, vigilancia, protección y conservación de las áreas naturales protegidas frente al mayor recorte presupuestal aprobado para dicha dependencia para el presente año, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal (PEF) de 2025 aprobado recientemente por la mayoría en la Cámara de Diputados se caracterizó por mantener recortes en sectores prioritarios a costa de garantizar derechos de las y los ciudadanos, por asfixiar a las entidades federativas, financiarse con deuda cuyo costo lo pagarán las futuras generaciones y en general por ser un presupuesto que generará un profundo retroceso en materia de derechos.

Uno de los principales recortes realizados fue a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales asignándosele 44 mil 370 millones contra los 70 mil 245 millones que tuvo el año pasado, es decir, presentó una disminución de 25.8 millones de pesos, la cual impactará directamente en los recursos naturales que México necesita preservar. La Coalición Noroeste Sociedad Civil para la Sustentabilidad Ambiental (Nossa), mediante un análisis realizado del PEF de 2025 denominado “Cuidar lo que Importa” señala que en este presupuesto la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) tendrá 1 mil 1 millones de pesos, en términos reales, para el manejo de 232 áreas naturales protegidas (ANP), como se advierte en el siguiente cuadro:1

Es importante dimensionar que la administración pasada decreto 50 áreas protegidas que se suman a las 182 que ya existían, haciendo un total de 98 millones de hectáreas que se deben preservar, de conformidad con el análisis de la coalición Nossa, cada hectárea protegida tendrá para el 2025 únicamente 10.2 pesos para su conservación.2 Este irresponsable recorte realizado a la Semarnat sin duda alguna es contradictorio a una política ambiental congruente con las exigencias derivadas del cambio climático y por los tratados internacionales de los que México forma parte con relación al medio ambiente. Es inconcebible decretar el aumento de áreas naturales protegidas y al mismo tiempo disminuir el presupuesto para su vigilancia y su conservación.

La investigación antes citada también refiere que en el sexenio 2018-2024, las tareas de inspección y vigilancia de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), cayeron la mitad con respecto de las realizadas entre 2012-2018, cuando se llevaron a cabo 13 mil 915 acciones de vigilancia y 7 mil 403 de inspección, y en el sexenio que acaba de concluir solamente fueron 4 mil 860 acciones de vigilancia y 3 mil 897 de inspección.3

Las áreas naturales protegidas son terrenos o ecosistemas protegidos por ley para preservar la biodiversidad y evitar la explotación humana en exceso. Su propósito es ofrecer refugio a las especies en peligro de extinción, proteger los ecosistemas únicos y garantizar que los procesos ecológicos puedan desarrollarse sin la intervención humana. Las reservas naturales tienen varias funciones importantes como4 :

• Conservación de la biodiversidad: Protegen tanto especies animales como vegetales que podrían desaparecer si se les deja fuera de estos entornos controlados.

• Investigación científica: Ofrecen lugares para estudiar los ecosistemas en su estado más natural, lo cual es esencial para comprender cómo interactúan las especies y cómo reaccionan ante los cambios ambientales.

• Educación ambiental: Son puntos clave para enseñar a la población sobre la importancia de la naturaleza y la conservación del medio ambiente.

• Recursos naturales sostenibles: Proveen recursos como agua y madera de forma controlada y sostenible, sin dañar el entorno.

Las áreas naturales protegidas están relacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), toda vez que estas contribuyen a la acción climática (ODS 13), la protección de la biodiversidad terrestre y marina (ODS 14 y 15), garantizan agua limpia (ODS 6), mejoran la salud y el bienestar (ODS 3), generan empleo sostenible (ODS 8) y fortalecen la resiliencia urbana (ODS 11). Las reservas naturales juegan un papel fundamental en la conservación de la biodiversidad, resguardan hábitats críticos, proteger especies en peligro y regular procesos ecológicos vitales por ello, estas son esenciales para alcanzar los ODS al equilibrar la conservación ambiental con el bienestar social y económico.

Además México a suscrito obligaciones internacionales como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la Convención para la Diversidad Biológica (CDB), y el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, los cuales demandan a los Estados parte la implementación de acciones específicas y la inversión de presupuesto público para avanzar en la protección y conservación del ambiente.

Es importante destacar que en octubre de 2024, el gobierno federal anunció un nuevo financiamiento para las áreas naturales protegidas denominado proyecto Mex30x30, el cual contará con financiamiento de Global Environment Facilitypretende, sin embargo, la sociedad civil ha externado su preocupación de que mediante este financiamiento el Estado pretende evadir sus compromisos para asignar presupuesto suficiente y progresivo para el cuidado del medio ambiente, pues estos fondos internacionales deberían ser asumidos como recursos adicionales y de ninguna manera deben sustituir la inversión que debe realizar el gobierno para la preservación de estas áreas naturales protegidas.5

Adicionalmente, al recorte antes señalado, el análisis Nossa advierte que de las 232 ANP, sólo 127, cuentan con un programa de manejo, que es el instrumento rector clave para su adecuado funcionamiento6 , por ello “...en 2016 la Comisión Nacional de Derechos Humanos calificó como una omisión no publicar o actualizar los programas de manejo de las ANP, hecho que también fue considerado como una violación a los derechos como a la seguridad jurídica, al medio ambiente sano y a la participación efectiva de pueblos y comunidades que habitan dentro de las Áreas Naturales Protegidas o alrededor de ellas”.

De conformidad con la Recomendación General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la falta de Programas de Manejo ha propiciado cambios de uso de suelo, la expansión de la ganadería extensiva, la erosión de suelos, el desarrollo urbano, la extracción ilegal de especies y la contaminación de las aguas y suelos de las ANP, entre otras afectaciones.

El artículo 65 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y el artículo 3, fracción XI, de su Reglamento, establece que cada una de las áreas naturales protegidas de competencia federal debe contar con un programa de manejo, el cual constituye el “instrumento rector de planeación y regulación que establece las actividades, acciones y lineamientos básicos para el manejo y la administración del área natural protegida respectiva”; dado que incluye una descripción detallada del sitio y sus características, y especifica las políticas y estrategias de conservación y usos, a través del establecimiento de actividades permitidas, acciones y lineamientos básicos para el manejo y la administración de las áreas.

La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 4o. que el medio ambiente es un derecho humano fundamental y que es obligación del Estado, a través de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, respetar y proteger los derechos humanos de todas las personas, incluido el derecho a un medio ambiente sano, además no podemos olvidar los efectos del cambio climático que ponen en perspectiva la importancia de la conservación del medio ambiente.

La decisión que hoy ha tomado la presente administración respecto de no priorizar la inversión en el medio ambiente tendrá consecuencias significativas causando daños irreparables los cuales sufrirán las generaciones futuras. Por ello, en el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional consideramos necesario exhortar a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para que presente a esta soberanía un informe pormenorizado sobre el plan a desarrollar para la conservación de las áreas naturales protegidas para 2025 ante el mayor recorte presupuestal que se ha visto en los últimos años, además de exhortar a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a emitir los programas de manejo de las ANP que aún están pendientes a fin de brindar certeza jurídica a las autoridades encargadas de su implementación, así como, a los propietarios, usuarios, vecinos y pueblos indígenas que, según sea el caso, residan o lleven a cabo sus actividades en el territorio de las áreas naturales protegidas.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a presentar a esta soberanía una estrategia integral pormenorizada que contenga las acciones que implementará para garantizar el cumplimiento de sus funciones frente al mayor recorte presupuestal aprobado para dicha dependencia para el 2025, la cual deberá incluir acciones específicas respecto de cómo realizará las tareas para el cuidado efectivo del ambiente, particularmente el manejo, vigilancia, protección y conservación de las áreas naturales protegidas.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a llevar a cabo las acciones necesarias para emitir los programas de manejo de las áreas naturales protegidas que aún no lo tienen, de conformidad con lo previsto en el artículo 65 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y con ello brindar certeza jurídica a las autoridades encargadas de su implementación, así como, a los propietarios, usuarios, vecinos y pueblos indígenas que, según sea el caso, residan o lleven a cabo sus actividades en el territorio de las áreas naturales protegidas.

Notas

1 NOSSA_CLQI2025_101224_FIN_lt.pdf

2 Animal Político. ( 2023). Presupuesto 2024: Recortan más recursos para conservar áreas naturales protegidas. Recuperado de https://animalpolitico.com/politica/presupuesto-recorte-area-natural-pr otegida-conservacion

3 Reporte Índigo. (2023). Áreas naturales en alerta por recorte presupuestal. Recuperado de https://www.reporteindigo.com/reporte/areas-naturales-en-alerta-por-rec orte-presupuestal/

4 eStudyando. (s.f.). La importancia de las reservas naturales en la conservación global. Recuperado de https://estudyando.com/la-importancia-de-las-reservas-naturales-en-la-c onservacion-global/

5 Nossa México. (2024). Calidad de vida: Informe 2025 . Recuperado de https://nossamexico.com/wp-content/uploads/2024/12/NOSSA_CLQI2025_10122 4_FIN_lt.pdf

6 Ibídem

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo, el 5 de febrero de 2025.

Diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SSPC a dar a conocer los datos de homicidio dolosos provenientes de fuentes abiertas en sus reportes diarios de seguridad, asimismo, al CNSP a auditar los datos de incidencia delictiva reportados por las entidades federativas, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Rubén Ignacio Moreira Valdez, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, y con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Consideraciones

El Sistema Nacional de Seguridad Pública es una instancia conformada por todas las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno del país que tiene por objetivo plantear las bases de coordinación y distribución de competencias en materia de seguridad. Su principal función es la formulación de políticas públicas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables que permitan un combate efectivo a la inseguridad.

Esta institución cuenta con un órgano superior denominado Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) el cual se encuentra integrado por el presidente de la República, el secretario de Gobernación, el secretario de la Defensa Nacional, el secretario de Marina, el Secretario de Seguridad Pública y el Fiscal General.

Adicionalmente, existe un Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) que se encarga de coordinar las reuniones del Consejo, rendir los informes de Seguridad y dar seguimiento a los acuerdos del Sistema.

Entre las funciones del SESNSP se encuentra la de recabar información de incidencia delictiva y elaborar informes estadísticos de las 32 entidades federativas a efecto de poder conocer la situación del país y observar cómo opera la estrategia nacional. Los datos abiertos que son recabados se publican mensualmente en la página del SESNSP. Estos estadísticos son muy importantes porque permiten medir la situación delictiva del país.

Si bien es cierto que el SESNSP es la instancia que reporta las cifras consideradas oficiales, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana en un ejercicio de transparencia pone a disposición de la sociedad una página de internet (http://www.informeseguridad.cns.gob.mx) que diariamente reporta los homicidios dolosos cometidos en el país, así como el robo de autos.

Como lo refiere la propia Secretaría actualmente se presentan los siguientes reportes:

1. Reporte diario de homicidios dolosos generados por un grupo interdisciplinario constituido por la SSCP, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y la Fiscalía General de la República.

2. Reporte diario de robo de autos reportados por “Plataforma México”.

Para recabar la información de los homicidios dolosos diarios el documento: “Metodologías para el procesamiento de información para el gabinete de Seguridad” refiere que el Centro de Planeación, Análisis e Información para el Combate de la Delincuencia (Cenapi) dependiente de la Fiscalía General de la República (FGR) hace un acopio de la información que las fiscalías y las procuradurías envían mediante formatos prestablecidos, misma que se encuentra validada por cada uno de los enlaces de las instituciones locales.1

Además, los reportes se confrontan con los informes que tienen los enlaces federales del gabinete de seguridad. Así se establecen datos generales preliminares que son indicativos de la situación diaria del país.

Si bien es claro que la información de la autoridad es valiosa, se ha detectado que desde el dos de octubre de 2024, la página referida a sufrido modificaciones en detrimento de la transparencia, pues en un primero término se dejó de reportar el delito de huachicol, así como lo relativo al número de homicidios dolosos proveniente de fuentes abiertas aún cuando se consideraba la columna respectiva pero sin incorporar los datos y, recientemente, al iniciar 2025 se eliminó en definitivo la columna en donde aparecían los reportes de incidencia delictiva proveniente de fuentes abiertas, tal y como se puede constatar en las siguientes dos imágenes:

La columna de fuentes abiertas sobre homicidios dolosos que fue eliminada era importante porque permitía confrontar la información oficial con los reportes diarios que realizan distintas instancias ciudadanas. Estos datos nos permitan advertir que no siempre se contaba con la misma información y que, incluso algunas fiscalías y procuradurías estatales no estaban reportando todos los homicidios dolosos, de tal forma que, con la eliminación de los datos de fuentes abiertas se pierde un referente que es necesario para conocer la situación del país, generando opacidad y poca claridad en la situación real, así como sesgos estadísticos.

La importancia de los datos abiertos y la necesidad de su confrontación con las cifras oficiales está en que, metodológicamente, la primera contabiliza los cuerpos, es decir el número de personas halladas asesinadas, mientras que el segundo contabiliza denuncias: número de reportes diarios de homicidios. En este sentido, puede encontrarse cuerpos sin que exista un reporte de homicidio. Tal es el caso de las fosas clandestinas, en las cuales se llegan encontrar cementerios de personas sin identificación que no son reportadas.

A manera de ejemplo y tan sólo de un caso en particular, en el estado de Campeche no fue reportado el caso de una jóven estudiante que el 8 de diciembre de 2024 fue hallada muerta. En este caso la fiscalía, por medio de la denuncia reportó a nivel federal la desaparición, pero como la carpeta fue registrada por ese delito, cuando la joven fue hallada muerta y se hizo la reclasificación, esto ya no se reportó a nivel nacional, pese a que existió un comunicado oficial y se anunció la integración de la carpeta de investigación.2

Es precisamente por tales situaciones que los datos de homicidios dolosos no son del todo fidedignos y es también por lo anterior que resulta necesario que en los reportes diarios de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana se vuelva a reportar el registro diario de la información proveniente de las fuentes abiertas, sólo así se minimizarán los sesgos, pues, como ya se ha advertido con el ejemplo expuesto y que es sólo un hecho, las cifras no coinciden.

De esta forma, se considera un grave error que la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana haya eliminado desde el 2 de octubre de 2024 los datos recabados de las fuentes abiertas porque ello no permite conocer la situación real del país y genera una percepción errónea de la situación alterando las estadísticas y generando problemáticas en el diseño y actualización de la política criminal.

Es importante tomar en cuenta que, si bien es cierto que los reportes diarios de la Secretaría son diarios y por tanto preliminares, también es una realidad que la falta de actualización en la información genera datos erróneos en las cifras oficiales, concretamente en las que reporta el SESNSP, pues la instancia mensualmente únicamente verifica y actualiza la información que diariamente presentan las entidades federativas. De ahí que podamos afirmar que en la actualidad no sabemos realmente cuántos homicidios dolosos existen en el país, ni de manera diaria, ni mensual, ni anual.

Por ello, los reportes comparativos que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, deben ser nuevamente publicados a fin de poder confrontar la información y poder contar con mayor transparencia. Minimizando así la cifra negra,3 o mejor dicho oculta que no se está reportando.

Por lo anterior el presente punto de acuerdo busca instar a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana reporte nuevamente los datos referidos de las fuentes abiertas en la página de internet http://www.informeseguridad.cns.gob.mx.

Adicionalmente también se pretende instar al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a auditar a las entidades federativas a fin de que los datos diarios y mensuales de homicidios dolosos y feminicidios sean ajustados de acuerdo con las reclasificaciones delictivas. Todo ello permitirá contar con una información más fidedigna de la situación de delitos de alto impacto.

Por lo expuesto se presenta la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión respetuosamente exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a reportar los datos de homicidio dolosos provenientes de fuentes abiertas en sus reportes diarios que se publican en la página de internet http://www.informeseguridad.cns.gob.mx

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión respetuosamente exhorta al Consejo Nacional de Seguridad Pública para que, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se establezca una metodología que permita auditar los reportes de homicidios dolosos y feminicidios de los Estados y Municipios a fin de contar con estadísticas de incidencia delictiva fidedigna.

Notas

1 “Metodologías para el procesamiento de información para el gabinete de Seguridad...

2 https://mexico.quadratin.com.mx/hallan-muerta-a-nancy-chi-joven-desapar ecida-en-campeche-un-detenido/

3 La cifra negra se refiere a aquellos delitos que no son hechos del conocimiento de la autoridad. En el caso del homicidio no debe existir cifra negra porque existe en la medida en que hay un cuerpo; pero el sesgo está en que los datos no se basan en la aparición del cuerpo sino en la denuncia, de ahí que no se reportan todos los homicidios en el país.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, el 5 de febrero de 2025.

Diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (rúbrica)

Diputados: Rubén Ignacio Moreira Valdez (rúbrica), Yericó Abramo Masso (rúbrica), Erubiel Lorenzo Alonso Que (rúbrica), Miguel Alejandro Alonso Reyes, Humberto Ambriz Delgadillo (rúbrica), Abigaíl Arredondo Ramos (rúbrica), Leticia Maldonado Barrera (rúbrica), Israel Betanzos Cortés (rúbrica), Mario Calzada Mercado, Andrés Mauricio Cantú Ramírez (rúbrica),Christian Mishel Castro Bello (rúbrica), Xitlalic Ceja García (rúbrica), Noel Chávez Velázquez (rúbrica), César Alejandro Domínguez Domínguez (rúbrica), Paloma Ugarte Domínguez, Juan Francisco Espinoza Eguia (rúbrica), Ana Isabel González González (rúbrica), Marcela Guerra Castillo (rúbrica), Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel (rúbrica), Hugo Eduardo Gutiérrez Arroyo (rúbrica), Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla (rúbrica), Ofelia Socorro Jasso Nieto (rúbrica), Emilio Lara Calderón (rúbrica), Verónica Martínez García, Juan Antonio Meléndez Ortega, Juan Moreno de Haro (rúbrica), Nadia Navarro Acevedo, Graciela Ortiz González (rúbrica), Víctor Samuel Palma César (rúbrica), Lorena Piñón Rivera, Ariana del Rocío Rejón Lara (rúbrica), Laura Ivonne Ruiz Moreno (rúbrica), Luis Gerardo Sánchez Sánchez (rúbrica), Mónica Elizabeth Sandoval Hernández (rúbrica), Emilio Suárez Licona (rúbrica), Arturo Yáñez Cuéllar (rúbrica) y Mario Zamora Gastélum (rúbrica).

Con punto de acuerdo, para exhortar al Tribunal Superior Agrario, a dejar sin efecto el acuerdo 2/2025 que emitió el pleno de ese tribunal y a mantener la permanencia en funciones el Tribunal Unitario Agrario 34A con sede en Campeche, Campeche, suscrita por los diputados Rubén Ignacio Moreira Valdez y Christian Mishel Castro Bello, del Grupo Parlamentario del PRI

Quienes suscriben, Rubén Ignacio Moreira Valdez y Christian Mishel Castro Bello diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Consideraciones

Los tribunales agrarios son instituciones fundamentales para garantizar los derechos de los campesinos y otros actores involucrados en el ámbito agrario. Su principal función es resolver conflictos relacionados con la tenencia de la tierra, la propiedad, el uso y el aprovechamiento de recursos rurales, asegurando justicia y promoviendo el desarrollo sostenible en el campo. En sociedades donde la tierra es un recurso vital para la subsistencia y el bienestar de comunidades enteras, estos tribunales representan un espacio de acceso a la justicia, especialmente para los sectores más vulnerables.

La importancia de los tribunales agrarios radica en su capacidad para proteger los derechos de los campesinos frente a abusos, despojos o irregularidades legales. Actúan como un contrapeso a las desigualdades históricas en el acceso a la tierra, promoviendo equidad y seguridad jurídica en las zonas rurales. Además, fomenta la resolución pacífica de conflictos, evitando confrontaciones que puedan derivar en violencia o desestabilización social.

En cuanto a la ubicación estratégica de los tribunales agrarios en los estados, esto es crucial para garantizar su eficacia. Estos espacios deben estar cerca de las comunidades rurales, facilitando el acceso de los campesinos a la justicia sin tener que recorrer grandes distancias, lo que podría implicar costos y barreras adicionales. La proximidad geográfica y cultural contribuye a que los tribunales comprendan mejor las particularidades locales y ofrezcan soluciones adaptadas a las realidades del campo.

El Tribunal Agrario de Campeche desempeña un papel crucial en la resolución de disputas relacionadas con la tenencia de la tierra y los derechos de los campesinos en la región. En 2022, el Tribunal Superior Agrario recibió 990 asuntos y resolvió 968, mientras que los Tribunales Unitarios Agrarios atendieron 53 mil 761 asuntos, de los cuales 51 mil 822 fueron admitidos y 52 mil 451 concluidos1 . Este volumen de trabajo subraya la importancia del tribunal en la administración de justicia agraria en la región.

Además, el Tribunal Agrario de Campeche ha sido un punto de referencia para los campesinos que buscan resolver conflictos relacionados con sus tierras. Sin embargo, recientemente se anunció que la sede en Campeche cerrará, lo que obligará a los habitantes de los 13 municipios de la región a trasladarse a Mérida, Villahermosa o Chetumal para resolver sus disputas2 .

Esta medida ha generado preocupación entre los campesinos, ya que aumentará los costos y tiempos de traslado, afectando negativamente su acceso a la justicia. La atención será en otras entidades lo que significa un desconocimiento del contexto de los asuntos atendidos, muchos de los juicios agrarios en proceso serán detenidos ante el cambio de sede y en otros casos significará cambios de abogados generando más costos para los campesinos.

A pasar de lo anterior y con base al proyecto acuerdo general 5/2025 emitido por el pleno del Tribunal Superior Agrario, se modificó la competencia territorial de los tribunales unitarios agrarios de los distritos 29, 34 y 44, así como, el término en sus funciones de la sede alterna distrito 34A, situación que afecta a los casos que en dicha materia se litigan en Campeche.

Según el documento del Tribunal Superior Agrario, en aras de que la labor de los Tribunales Unitarios Agrarios (TUA) se refleje en una apropiada, expedita y eficiente atención de los asuntos sometidos a su ámbito territorial y con la finalidad de beneficiar a las personas campesinas de ejidos y comunidades agrarias, así como las poblaciones indígenas y sus integrantes para que puedan tener el acceso a la justicia pronta y expedita; y para efecto de una mejor distribución de carga de trabajo, tomando como base los volúmenes de demandas recibidas, se concluye modificar la competencia territorial de Tribunal Unitario Agrario Distrito 29, con sede en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, 34 con sede en la ciudad de Mérida, Yucatán y 44 con sede en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo.

Sin embargo, la medida que adopta consistente en desaparecerle el Tribunal Agrario Unitario 34A lejos de propiciar el debido acceso a la justicia a campesinos del estado de Campeche generará graves afectaciones, toda vez que, las personas integrantes de este sector tendrán que desplazarse a ciudades de otros estados:

Redistritación propuesta es el acuerdo 2/2025

TUA 29, con sede en Villahermosa, Tabasco:

• Candelaria, Campeche.

• Carmen, Campeche.

• Palizada, Campeche.

TUA 34, con sede en Mérida, Yucatán:

• Calkiní, Campeche.

• Campeche, Campeche.

• Champotón, Campeche.

• Dzitbalché, Campeche.

• Hecelchakán, Campeche.

• Hopelchén, Campeche.

• Seybaplaya, Campeche.

• Tenabo, Campeche.

TUA 44, con sede en Chetumal, Quintana Roo:

• Calakmul, Campeche.

• Escárcega, Campeche.

Este hecho generará costos mayores a quienes tengan la necesidad de llevar un juicio agrario, toda vez que, no sólo tendrán que ir a Campeche a tramitar documentación en el Registro Agrario Nacional o en su caso ante la Procuraduría Agraria, situados en la ciudad de Campeche, sino con posterioridad tendrán que dirigirse a otra ciudad, lo cual les ocasionará un doble gasto. Sumado a lo anterior, los campesinos enfrentaran al desconocimiento de instituciones de la defensoría publica que en la mayoría de los casos es el órgano que los auxilia y apoya en la tramitación de los casos, y quien tienen el apoyo técnico de un abogado particular, tendrán que cubrir no solamente los costos de honorarios, sino también, tendrán a su cargo los gastos de viáticos para transporte y alimentación que afectará su economía.

El cierre del Tribunal Unitario Agrario 34A con sede en Campeche, sin duda ocasionará retraso y rezago en la resolución de los más de 600 juicios que hoy tiene a su cargo, así como, seguramente el despido de personal que labora en dicho tribunal.

Sabedores de los alcance de esta resolución y de las afectaciones que representará para ellos, campesino de los 13 municipios de Campeche se han movilizado en protesta contra el próximo cambio de operaciones del Tribunal Unitario Agrario.

Los manifestantes expresan su preocupación por las dificultades que este cambio implicará, especialmente en término de desplazamiento y acceso a la justicia agraria. Argumentan que la centralización de los casos en otras ciudades aumentará los costos y tiempos de traslado, afectando negativamente a los campesinos que depende de estos servicios para resolver disputas y asuntos legalmente relacionados con su tierra.

De instrumentarse el acuerdo en sus términos el Tribunal Unitario Agrario 34A con sede en Campeche cerrará sus actividades a partir de 31 de enero del presente, por lo que consideramos de urgente y obvia resolución exhorta al Tribunal Superior Agrario para que en el ámbito de sus atribuciones deje sin efecto el Acuerdo 2/2025.

Por lo expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al Tribunal Superior Agrario para que en el ámbito de sus atribuciones deje sin efecto el Acuerdo 2/2025 que emitió el pleno de ese tribunal y a mantener la permanencia en funciones el Tribunal Unitario Agrario 34A con sede en la Ciudad de Campeche, Campeche; lo anterior, con la finalidad de garantizar el debido acceso a la justicia agraria a las campesinas y los campesinos de Campeche.

Notas

1 Campesinos de Campeche se manifiestan contra el cambio de operaciones del Tribunal Unitario Agrario. https://www.poresto.net/campeche/2025/1/17/campesinos-de-campeche-se-ma nifiestan-contra-el-cambio-de-operaciones-del-tribunal-unitario-agrario .html?form=MG0AV3

2 Tribunal Agrario cerrará su sede en Campeche https://tribunacampeche.com/15/tribunal-agrario-cerrara-su-sede-en-camp eche/703882/?form=MG0AV3

Salón de sesiones del Palacio Legislativo, a 5 de febrero de 2025.

Diputados: Rubén Ignacio Moreira Valdez y Christian Mishel Castro Bello (rúbricas).

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP a modificar las reglas de operación del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro, suscrita por los diputados Christian Mishel Castro Bello y Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quienes suscriben, diputados Christian Castro Bello y Rúben Ignacio Moreira Váldes, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXVI Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Para el ciclo escolar 2023-2024 la matrícula de licenciatura (incluidos técnico superior, licenciatura en educación normal y licenciatura universitaria y tecnológica) fue de 5 millones 393 mil 387 estudiantes, de los cuales 3 millones 329 mil 499 estuvieron inscritos en instituciones públicas de educación superior mientras que en instituciones privadas del mismo nivel educativo, la matricula fue de 2 millones 63 mil 888 estudiantes lo que representa un porcentaje cercano a 38.3 por ciento de alumnos inscritos en instituciones privadas respecto de la matrícula total a nivel nacional.

En el último Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) se indica que en México la población de 18 a 22 años fue de 10 millones 668 mil 312 jóvenes. Si complementamos ambos datos encontramos que apenas la mitad de la población total de jóvenes en nuestro país tuvieron acceso a la educación superior pero sólo 31.2 por ciento del total de jóvenes en el país tuvieron acceso a alguna institución pública de educación superior.

Con los datos a expuestos, se comprueba que el Estado se ha visto rebasado para poder cumplir con la obligación expresa dispuesta en el artículo 3o. constitucional que a la letra dice:

Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado –federación, estados, Ciudad de México y municipios– impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia.

...

X. La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado.

Las autoridades federal y locales establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad, en términos que la ley señale.

Asimismo, proporcionarán medios de acceso a este tipo educativo para las personas que cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas.

El acceso de alumnos a las instituciones públicas de educación superior se ve afectado por diversas limitantes como lo son las distancias, los procesos de admisión o simplemente el cupo que cada casa de estudios tiene.

Las instituciones públicas de educación superior más grandes del país han incrementado sus matrículas, pero eso no ha sido suficiente para garantizar el acceso a las juventudes a dichos espacios, para ejemplo tenemos a la Universidad Nacional Autónoma de México que para el ciclo escolar 2023-2024 tuvo un total de 380 mil estudiantes y ésta es, la casa de estudios con mayor matrícula que existe en el país, seguida del Instituto Politécnico Nacional que para el mismo ciclo escolar tuvo una matrícula de 216 mil estudiantes, ambas operan a su máxima capacidad y atienden apenas a 5.6 por ciento del total de la población joven que existe en México y 11 por ciento del total de alumnos matriculados en alguna institución pública de educación superior.

Este rebase del Estado mexicano para garantizar el acceso a la educación pública a nivel superior nos obliga a la reflexión, sobre si realmente en las instituciones de educación superior de régimen privado únicamente se matriculan estudiantes que tienen los recursos suficientes para solventar sus estudios o llegan también quienes no tienen otra opción y tienen que esforzarse de manera extraordinaria para poder cursar una carrera por esta insuficiencia educativa arriba expuesta, o, en sentido contrario, si en las instituciones de educación superior del orden público se inscriben exclusivamente alumnos que no tienen el recurso económico necesario para cursar sus estudios en otra institución o también se matriculan estudiantes que bien podrían cursar sus estudios en instituciones privadas sin complicación alguna.

La respuesta a la reflexión planteada es muy sencilla, ni a las instituciones privadas llegan quienes más recursos tienen ni a las instituciones públicas llegan quienes menos tienen, por ende, es un despropósito la discriminación que se hace al alumnado de las instituciones privadas de educación superior para acceder a las becas “Jóvenes Escribiendo el Futuro” cuando también podemos estar refiriéndonos a tos jóvenes más desfavorecidos del país a los que el Estado mexicano afecta de dos maneras:

I. No se les garantiza el acceso a una institución pública de educación superior; y

II. Se les excluye de un programa social creado con la finalidad de que los jóvenes cursen la educación superior.

Si el noble propósito del programa “Jóvenes Escribiendo el Futuro” es brindarle las herramientas necesarias a los jóvenes para poder escribir su futuro, se debe retirar de las Reglas de Operación de este, la exclusión de jóvenes que estudian en las instituciones privadas de educación superior, y tomar en consideración como criterio de asignación del apoyo, el estado socioeconómico de los jóvenes.

Por lo expuesto y debidamente fundado y considerando la petición e inquietud de jóvenes de las 32 entidades federativas, integrantes de la organización Red Júvenil por México, cuyo dirigente es el joven Luis Eduardo Vega Dulac es que sometemos a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública para que, en beneficio de las juventudes mexicanas, se modifiquen las Reglas de Operación del programa “Jóvenes Escribiendo el Futuro”, de tal manera que la unica causa de exclusión al programa sea el estado socioeconómico de las y los jóvenes, y no el caractér de las instituciones educativas (públicas o privadas) en las que realicen sus estudios.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero de 2025.

Diputados: Christian Castro Bello y Rubén Ignacio Moreira Valdez (rúbricas)

Con punto de acuerdo, para exhortar a los tribunales superiores de justicia de las entidades federativas, a acatar plenamente los criterios vinculantes emitidos por la SCJN, en materia de perspectiva de género, garantizando su aplicación en la impartición de justicia, a cargo de la diputada Ofelia Socorro Jasso Nieto, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputada Ofelia Socorro Jasso Nieto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en su artículo 1, el principio de igualdad y no discriminación, así como la obligación de todas las autoridades, incluidas las judiciales, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, en concordancia con los tratados internacionales suscritos por nuestro país.

En este marco, instrumentos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros, obligan al Estado mexicano a garantizar la igualdad sustantiva y la eliminación de patrones de discriminación estructural hacia las mujeres.

En el ámbito nacional, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres refuerzan estas obligaciones, estableciendo un mandato claro para que las instituciones públicas, incluidas las jurisdiccionales, adopten medidas que promuevan la perspectiva de género en el diseño e implementación de sus decisiones.

Segunda. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha desarrollado un cuerpo robusto de criterios jurisprudenciales que establecen la obligatoriedad de aplicar la perspectiva de género en todos los niveles del Poder Judicial, algunos de los principios fundamentales de estos criterios son:

I. Reconocimiento de contextos de desigualdad estructural: Las y los juzgadores deben identificar circunstancias de vulnerabilidad y discriminación histórica que afectan a las partes en un litigio, particularmente cuando se trate de mujeres;

II. Eliminación de estereotipos de género: Es imperativo evitar prejuicios o valoraciones discriminatorias en el análisis de los hechos, la valoración de pruebas y la resolución de los casos; y,

III. Reparación integral: Las decisiones judiciales deben garantizar medidas que reparen adecuadamente las violaciones a los derechos humanos desde un enfoque de género.

La SCJN ha reiterado que estos principios son vinculantes para todos los órganos jurisdiccionales del país, incluyendo los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas, sin embargo, se ha observado que su implementación es desigual y, en algunos casos, inexistente.

Tercera. Es urgente que los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas asuman su responsabilidad de implementar cabalmente los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de perspectiva de género, este esfuerzo no sólo garantiza el acceso efectivo a la justicia para las mujeres, sino que también fortalece el estado de derecho y la confianza ciudadana en las instituciones judiciales.

El exhorto busca incidir directamente en la capacitación, sensibilización y supervisión de las y los juzgadores, promoviendo un sistema judicial más equitativo y comprometido con la protección de los derechos humanos.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas para que acaten plenamente los criterios vinculantes emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, garantizando la aplicación de la perspectiva de género en la impartición de justicia, conforme a lo establecido en la Constitución y los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano.

Segundo. Se solicita a los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas que, en coordinación con las instancias correspondientes, implementen programas de capacitación y sensibilización dirigidos a las y los juzgadores en materia de perspectiva de género, asegurando su formación constante y efectiva.

Tercero. Se hace un llamado a los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas para que, en sus informes anuales, incluyan datos sobre la implementación de la perspectiva de género en sus resoluciones, a fin de garantizar transparencia y rendición de cuentas en el cumplimiento de este mandato.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero de 2025.

Diputada Ofelia Socorro Jasso Nieto (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal, a través de la Ssa a brindar información transparente y garantizar el abasto oportuno de medicamentos e insumos médicos en el sistema de salud, a cargo del diputado César Alejandro Domínguez Domínguez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputado César Alejandro Domínguez Domínguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En México, el derecho a la salud está establecido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este artículo establece que:

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud.”

Es uno de los pilares fundamentales de los derechos humanos. Este derecho implica que todas las personas, sin importar su condición social, económica, étnica o de género, deben tener acceso a servicios de salud adecuados, oportunos, asequibles y de calidad. No es solo un derecho individual, sino también un componente esencial para el bienestar colectivo de la sociedad.

Está íntimamente relacionado con el respeto a la dignidad humana. Tener acceso a servicios médicos permite a las personas disfrutar de una vida plena, prevenir enfermedades y tratar afecciones que podrían afectar su calidad de vida o incluso poner en peligro su existencia. Esto incluye el acceso a alimentación adecuada, medicamentos esenciales, y una atención médica accesible y de calidad.

La consagración del derecho a la salud en la Constitución obliga al Estado a crear e implementar políticas públicas y asignar recursos para garantizar su cumplimiento. Esto incluye invertir en infraestructura hospitalaria, capacitar personal médico, ampliar la cobertura de los servicios de salud, y garantizar la disponibilidad de medicamentos y tecnología médica oportunamente.

Problemática del desabasto de medicamentos

A pesar de su importancia, garantizar de manera integral el derecho a la salud se ha vuelto una problemática notoria y que no ha tenido solución, específicamente, con la falta de medicamentos, tratamientos e insumos médicos que se ha reportado a lo largo del país en los últimos años.

Este problema tiene raíces multifactoriales y ha sido exacerbado por cambios administrativos, fallas en la logística de distribución y factores externos. Un ejemplo de esto, son los cambios en los modelos de adquisición; como la eliminación de los intermediarios privados y la centralización de las compras mediante el INSABI, generando rupturas en la cadena de suministro, debido a la falta de planeación para implementar este cambio.

De igual manera, la firma de un convenio con la UNOPS en 2020 para gestionar las compras internacionales de medicamentos fue una estrategia que enfrentó retrasos significativos por problemas logísticos y de descoordinación entre las partes involucradas.1

La transición al nuevo modelo no consideró las particularidades del sistema de salud mexicano, afectando la entrega de medicamentos en tiempo y forma. Estados y hospitales enfrentaron dificultades para adaptarse, lo que agravó la crisis.

No se pueden dejar fuera las consecuencias que trajo consigo la crisis sanitaria de 2020. La pandemia redujo la producción global de medicamentos y alteró las cadenas de suministro, lo que agravó la escasez en México. Durante la crisis sanitaria, se priorizó la adquisición de insumos médicos relacionados con el manejo del Covid-19, como ventiladores y oxígeno, afectando el abasto de otros medicamentos esenciales.

Uno de los proyectos más populares que se implementó para combatir esta problemática, es la famosa Megafarmacia del Bienestar; lamentablemente un proyecto fallido más. La Megafarmacia fue concebida con el propósito de garantizar el acceso universal y gratuito a medicamentos y tratamientos médicos eficaces, incluyendo aquellos de alto costo, según lo declarado por el Secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela.2

Sin embargo, según el Sexto Informe de Gobierno 2023-2024 del Presidente Andrés Manuel López Obrador, desde su inauguración hasta junio de 2024, la Megafarmacia solo logró surtir 1,155 recetas médicas, lo que equivale a un promedio de apenas seis recetas diarias. Durante el mismo periodo, se registraron 126,115 llamadas telefónicas, de las cuales únicamente 13,509 derivaron en la emisión de un folio de atención.3

Numeralia de desabasto en México y Chihuahua

Según un informe presentado por el colectivo “Cero Desabasto” en el año 2022,4 existe un desabasto de medicinas en varios estados de la república, incluyendo Chihuahua, el cual se ubica con el cuarto estado con mayor carencia de medicamentos, insumos médicos y vacunas.

En un informe de investigación de nombre “Radiografía del Desabasto en México” realizado en desde año 2017 al 2021, se indica que al 31 de diciembre del 2021 no se surtieron efectivamente un poco más de 24 millones de recetas en las principales instituciones de seguridad social – IMSS, ISSSTE, Pemex, Sedena, Semar.

Este documento menciona que en Chihuahua las personas que presentaron el mayor número de reportes sobre falta de medicamentos o tratamientos disponibles, fueron quienes padecían cáncer, diabetes y post trasplantados e hipertensión. Las claves más reportadas por pacientes trasplantados son por los medicamentos tacrolimus, ácido micofenólico y sirolimus.

Se vuelve preocupante y no podemos dejar pasar desapercibido que para el estado de Chihuahua la falta de medicamentos para pacientes psiquiátricos, ya que, desde la pandemia por el Covid-19 en nuestro país, aumentaron los casos de padecimientos de esta naturaleza, por lo que desde 2022 a la fecha se ha vuelto muy complejo que los pacientes puedan surtir sus recetas completas, sobre todo en tratamientos para el combate de la depresión y ansiedad, así como trastorno por déficit de atención e hiperactividad, trastorno bipolar y esquizofrenia.

De acuerdo con otra fuente del medio de comunicación “Política Expansión”5 se han podido identificar los 20 medicamentos con mayor desabasto en el año 2023 en el sistema de salud, señalando que estas medicinas son para enfermedades psiquiátricas, ginecológicas, oncológicas, diabetes e hipertensión.

Siendo la lista de los 20 medicamentos con más peticiones por desabasto los siguientes:

1. Dieta polimérica

2. Liraglutida (diabetes mellitus)

3. Insulina (diabetes)

4. Amlodipino (hipertensión)

5. Atorvastatina (control de colesterol, prevención de infartos).

6. Dapagliflozina (diabetes mellitus)

7. Paracetamol

8. Celecoxib (reumatológico)

9. Desmopresina

10. Calcio comprimido efervescente

11. Fluticasona

12. Ceftriaxona

13. Cabergolina

14. Alprazolam (salud mental)

15. Rivaroxaban

16. Levetiracetam (neurológico).

17. Pregabalina

18. Ezetimiba

19. Vitamina D3

20. Hidroxicarbamida C

Y las entidades federativas con mayor número de reportes en el 20236 fueron:

1. Ciudad de México (454)

2. Jalisco (184)

3. Estado de México (118)

4. Puebla (61)

5. Chihuahua (60).

Estando Chihuahua en los primeros lugares de desabasto desde 20217 de acuerdo a diversos reportes e investigaciones, así como las publicaciones de distintos medios respecto de demandas ciudadanas.

Para abril del 2024, El IMSS había dejado de surtir en el estado de Chihuahua 104 mil 827 recetas de medicamentos y solo había surtido de manera parcial casi nueve mil, de más de 1.6 millones que habían sido emitidas, poniendo en evidencia la situación precaria en cuestión de medicinas que han adolecido las familias chihuahuenses.8

Los últimos reportes de falta de medicamentos que se han dado a conocer gracias a las manifestaciones de pacientes afectados, se dieron a principios de este año.

Padres de familia denunciaron la falta de tres medicamentos esenciales en el Hospital para el Niño Poblano (HNP): Galsulfasa, Imiglucerasa y Elosulfasa, indispensables para el tratamiento de ciertos padecimientos como el síndrome de Maroteaux-Lamy (MPS VI), la enfermedad de Gaucher y mucopolisacaridosis tipo IVA (síndrome de Morquio A), una enfermedad que afecta el crecimiento óseo y causa problemas articulares, respiratorios y de movilidad. Según los afectados, esta escasez, que se arrastra desde octubre de 2024, ha afectado la atención de los menores y pone en riesgo su salud al interrumpir sus tratamientos.9

Asimismo, personas adultas mayores y pensionados del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM) han denunciado la falta de medicamentos en las farmacias de las clínicas y hospitales de esta institución. Según su testimonio, de cada cinco medicamentos recetados, solo reciben uno, o en su lugar, vales que no son surtidos dentro del plazo de 15 días establecido.10

Acciones de la administración en turno

El gobierno de Claudia Sheinbaum ha lanzado una nueva licitación de compra consolidada de medicamentos para los próximos dos años, con la cual se estima un ahorro de 30 mil millones de pesos. Este modelo, similar al implementado en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, busca que todas las instituciones de salud realicen sus adquisiciones en un solo proceso, permitiendo al gobierno obtener mejores precios gracias al alto volumen de compra. Sheinbaum presentó esta estrategia como una actualización del esquema utilizado por administraciones anteriores.11

La compra consolidada pretende garantizar el abastecimiento de medicamentos para hospitales del IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, Institutos Nacionales de Salud, Hospitales Nacionales de referencia, la Secretaría de Marina y los Servicios de Salud de Pemex, al igual que en gobiernos previos.

En esta ocasión, el proceso está a cargo de Birmex, bajo la coordinación de la Secretaría de Salud, mientras que en administraciones anteriores era gestionado por el IMSS.

Durante la conferencia presidencial del pasado 15 de enero, el subsecretario de Integración y Desarrollo del sector Salud, Alejandro Clark, informó que la demanda total de medicamentos y equipo médico para todas las instituciones ascendió a 4 mil 982 millones de piezas. En la licitación, se adjudicaron contratos a proveedores para 3 mil 649 millones de piezas, lo que representa el 73 por ciento del total requerido. Además, existen ofertas para mil 218 millones de piezas adicionales (24.4 por ciento del total), de parte de proveedores con capacidad de suministro, pero que no completaron algunos requisitos documentales o técnicos en el proceso de licitación, según explicó Clark.

Aun con los esfuerzos de parte de la presidenta, la incertidumbre sobre el abasto total de medicamentos en el sistema de salud mexicano persiste. Aunque el gobierno de Claudia Sheinbaum ha implementado una nueva compra consolidada con la promesa de optimizar costos y mejorar la distribución, los datos presentados muestran que aún no se ha garantizado el 100 por ciento del suministro.

Actualmente, solo se han adjudicado contratos para el 73 por ciento de los medicamentos requeridos y, aunque existe oferta para un 24.4 por ciento adicional, estos proveedores aún deben cumplir con requisitos técnicos o documentales. Esto deja un margen de incertidumbre sobre si se logrará surtir completamente la demanda de medicamentos en tiempo y forma.

Además, los antecedentes de problemas en la distribución, logística y entrega de medicinas en años anteriores generan dudas sobre la efectividad del nuevo modelo. Hasta que el abasto sea completamente garantizado y comprobado en la práctica, la incertidumbre seguirá presente en el sistema de salud mexicano.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Salud a que brinde un informe público y detallado sobre el estado actual del abasto de medicamentos e insumos médicos en el país, especificando las cantidades adjudicadas, los tiempos estimados de distribución, y las estrategias para cubrir el porcentaje faltante; a transparentar el proceso de adquisición y distribución, asegurando que los medicamentos lleguen oportunamente a las instituciones de salud y a los pacientes que los requieren; a establecer un mecanismo de monitoreo y rendición de cuentas para permitir a la ciudadanía e instituciones conocer en tiempo real el avance de la entrega; y a garantizar medidas concretas para evitar retrasos en la entrega, incluyendo estrategias de emergencia ante incumplimientos de los proveedores.

Notas

1 Cruz Vargas, Juan Carlos – Tourliere, Mathieu; Las costosas novatadas del Insabi y la UNOPS; Proceso; 5 de diciembre de 2021. Recuperado desde: https://www.proceso.com.mx/reportajes/2021/12/5/las-costosas-novatadas- del-insabi-la-unops-276967.html

2 Secretaría de Salud; Megafarmacia del Bienestar inicia operaciones; Gobierno de México; 29 de diciembre de 2023. Recuperado de: https://www.gob.mx/salud/prensa/458-megafarmacia-del-bienestar-inicia-o peraciones

3 6to Informe 2023 – 2024. Gobierno Federal. Recuperado de: https://www.gob.mx/sextoinforme

4 Cero Desabasto; Radiografía del desabasto: Informe de transparencia en Salud 2017 – 2021; 2022. Recuperado de: https://cdn-yeeko.s3.amazonaws.com/assets/Radiografia+desabasto+2017-20 21.pdf

5 Soto, Dulce; Los 20 medicamentos con más desabasto en 2023 en el Sistema Público de Salud; Expansión Política; 22 de mayo de 2024. Recuperado de: https://politica.expansion.mx/mexico/2024/05/22/los-20-medicamentos-con -mas-desabasto-en-2023-en-el-sistema-publico-de-salud

6 Contreras, Jorge; ¿Cuáles son los medicamentos con más quejas por desabasto en el IMSS?; Infobae; 12 de julio de 2024. Recuperado de: https://www.infobae.com/mexico/2024/07/12/cuales-son-los-medicamentos-c on-mas-quejas-por-desabasto-en-el-imss/

7 González, Velvet; Chihuahua, cuarta entidad con mayor desabasto de medicamento; El Sol de Parral; 4 de marzo de 2022. Recuperado de: https://oem.com.mx/elsoldeparral/local/chihuahua-cuarta-entidad-con-may or-desabasto-de-medicamento-20370127

8 Juárez, Pavel; “Federación nos dejó solos en Salud”; El Diario Mx; 12 de abril de 2024. Recuperado de: https://diario.mx/estado/2024/apr/12/federacion-nos-dejo-solos-en-salud -1003441.html

9 Camacho, Nancy; Familiares de menores reportan desabasto de medicamentos en el Hospital para el Niño Poblano; Milenio; 9 de enero de 2025. Recuperado de: https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/reportan-desabasto-medicamentos -hospital-nino-poblano

10 Miranda, Rodrigo; Reportan desabasto de medicinas en el ISSEMyM; El Sol de Toluca; 14 de enero de 2025. Recuperado desde: https://oem.com.mx/elsoldetoluca/local/reportan-desabasto-de-medicinas- en-el-issemym-21118203

11 Roldán, Nayeli; Sheinbaum regresa al modelo de compras de medicinas que AMLO eliminó, tras desabasto; Animal Político; 15 de enero de 2025. Recuperado de: https://animalpolitico.com/salud/modelo-compra-medicinas-sheinbaum-amlo ?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR3oeUOyRknH-syhRAc0kLet5df9PXImWuh86ifs1HPCb NGgM9viICY9Tho_aem_-1c1xZCOmOQMxAt_8Y4TlA&sfnsn=scwspwa

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero de 2025.

Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez (rúbrica)