Proposiciones

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a informar el motivo por el cual no se han publicado las reglas de operación para el PRONI, suscrita por la diputada Amparo Lilia Olivares Castañeda, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Amparo Lilia Olivares Castañeda, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Dirección General de Gestión Escolar y Enfoque Territorial, la Secretaría de Hacienda y Crédito y a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, a fin de que informen el motivo por el cual no se han publicado las Reglas de Operación para el Programa Nacional de Inglés (Proni), al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Para la UNESCO, la educación y el aprendizaje de otra lengua fomenta la educación de calidad inclusiva y equitativa, el aprendizaje de una lengua adicional a la materna permite desarrollar diversas capacidades como liderazgo, creatividad entre otras1 .

En México, la enseñanza del idioma inglés ha sido obligatoria de manera gradual. A nivel secundaria su obligatoriedad fue a partir del año 1926, después de 1992, las autoridades educativas estatales comenzaron a diseñar e implementar sus propios programas de inglés dirigidos a educación básica, impulsados por las diferentes necesidades regionales, como en los estados fronterizos. Posteriormente en 2009 se estableció el Programa Nacional de Inglés en preescolar y primaria, a través de una prueba piloto en las 32 entidades federativas, con el objetivo de impulsar y fomentar la enseñanza del idioma inglés en educación básica (Secretaría de Educación Pública, 2021).

En dicho año nace Proni como una fase piloto en las 32 entidades federativas desde 3o. de preescolar a 6o. de primaria; posteriormente en 2011 inicia con la etapa de prueba de primero, segundo y tercer grado de secundaria y fue hasta 2015 con la fase de expansión de 3o. de preescolar hasta 3o. de secundaria, año en el que se generaliza este último nivel.

El Programa Nacional de Inglés es un programa federal que pertenece a la Secretaría de Educación Pública y es coordinado en los estados por la Coordinación de Programas de Fortalecimiento Educativo. Su principal objetivo es contribuir a que las escuelas públicas de educación básica de los niveles de preescolar, primarias regulares, secundarias generales y técnicas, focalizadas por las autoridades educativas locales (AEL), para la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés, con el fin de que la población en México acceda a una educación de excelencia, pertinente y relevante2 .

Dicho Programa se sustenta en la propuesta curricular diseñada por la Dirección General de Desarrollo Curricular, la cual integra contenidos que se vinculan con la Fase 6 (Secundaria) del programa Sintético 2022, manteniendo los principios que enmarcan la nueva escuela mexicana y la flexibilidad para integrarse al resto de las asignaturas del campo formativo: Lenguajes.

A partir el ejercicio fiscal de 2016 este programa se incluyó en el Presupuesto de Egresos de la Federación, con la finalidad de distribuir material educativo para docentes y educandos y con ello fortalecer al personal docente en la enseñanza de esta lengua; asimismo contó con el respaldo de una política pública que ayudó a concretar metas nacionales y objetivos sectoriales que sustentan su aplicación.

Este programa ha sido avalado por la Universidad de Cambridge, institución líder a nivel mundial en la enseñanza y evaluación del idioma inglés y establece un perfil de egreso para los educandos, el cual espera que al concluir la secundaria se haya alcanzado un nivel B1 del MCER3 , lo que les permitirá comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar; producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares; describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar brevemente sus opiniones o explicar sus planes.

De igual manera, el Proni ayuda al desarrollo personal y social a través de la certificación internacional docentes, asesores/as externos/as especializados/as en el conocimiento del idioma inglés y en las habilidades didácticas para enseñarlo; de esta manera la certificación se convierte un documento que da constancia y cumplimento a dos propósitos importantes, el primero es que los/as asesores/as externos/as especializados/as cuenten con estrategias, métodos de enseñanza y conocimiento del idioma inglés, lo cual permite lograr un aprendizaje más significativo en los educandos y formar niños, niñas, adolescentes y jóvenes más seguros de sí mismos, que tengan la oportunidad de desarrollar sus talentos y capacidades.

Saber el idioma inglés es fundamental, ya que al ser el idioma global por excelencia se ha convertido en una herramienta fundamental en el mundo. Su importancia ha alcanzado todos los ámbitos de la vida, desde el profesional hasta el académico y el social, por lo que su dominio significa una habilidad muy importante para las personas en la actualidad, por lo que impulsar a los estudiantes en México para que lo aprendan significa el inicio a nuevas oportunidades.

El párrafo primero y cuarto del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho a la educación. El Estado –federación, estados, Ciudad de México y municipios– impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia.

El Proni se alinea a lo establecido en dicho artículo, al igual que al Plan Nacional de Desarrollo, ya que su finalidad es garantizar a todos los jóvenes el derecho a una educación de excelencia, pertinente y relevante en los diferentes tipos y modalidades, asimismo a garantizar que los planes de estudio sean pertinentes a los desafíos actuales y permitan a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes a adquirir habilidades y conocimientos para su desarrollo integral a través de métodos pedagógicos innovadores e inclusivos que fortalezcan los procesos de enseñanza y aprendizaje orientaos a mejorar la calidad de la educación que reciben las niñas, niños, adolescentes y jóvenes4 .

Este programa se vincula al objetivo de educación de calidad de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, en donde se establecen como metas que para 2030 se debe de velar para que todas las niñas y niños terminen los ciclos de la enseñanza primaria y secundaria con resultados eficaces, la cual deberá de ser gratuita, equitativa y de calidad y de igual manera se pretende que para ese mismo año se deberá aumentar sustancialmente la oferta de maestros calificados.

Actualmente se encuentra considerado dentro del Anexo 13 “Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres” del Presupuesto de Egresos de la Federación, lo que representa un gran avance para orientar los recursos públicos. De conformidad con lo establecido en el artículo 179 del RLFPRH se verificó que este programa no se contrapone ni presenta duplicidades con otros programas y acciones del gobierno federal.

Según lo expuesto en el Presupuesto de Egresos de la Federación a través del ramo de Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos, en el actual gobierno se pretende propiciar una mejora continua del proceso enseñanza-aprendizaje en todos los niveles de educación básica y normal, profesionalizando al magisterio en todos los procesos que garanticen el aprendizaje significativo en los educandos.

De igual manera se establece que en cumplimiento con el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para garantizar que la educación pública en nuestro país sea obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica, en todos los niveles escolares, la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) mantendrá las directrices plasmadas en el Acuerdo Educativo Nacional dando continuidad a la nueva escuela mexicana.

Las modificaciones realizadas a la Ley General de Educación (LGE) han establecido que se pondrán los esfuerzos para que, en la educación básica las niñas, niños, adolescentes y jóvenes se encuentren en el centro de la acción educativa. El tránsito hacia esta nueva escuela abierta a la sociedad privilegia, el cambio a partir del aprendizaje comunitario y la impartición de una nueva pedagogía, considerando los principios de universalidad, integralidad, equidad y excelencia, como postulados básicos de la educación pública impartida por el Estado.

Asimismo en el documento “100 Compromisos para el segundo piso de la cuarta transformación”, el actual gobierno establece que buscará garantizar los artículos 8 y 9 de la LGE, donde el Estado está obligado a prestar servicios educativos con equidad y excelencia, disponiendo de manera prioritaria medidas dirigidas a quienes pertenezcan a grupos y regiones con mayor rezago educativo, dispersos o que enfrentan situaciones de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, físico, mental, de identidad cultural, origen étnico; así como, establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación. Donde la nueva escuela mexicana (NEM), buscará la equidad, la excelencia y la mejora continua en la educación, para lo cual colocará al centro de la acción pública el máximo logro de aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

En base a ello mencionan que se requieren espacios educativos dignos, equipamiento suficiente y de calidad, que garanticen una extensión de horarios en sus primarias, priorizando la prevención de la salud; con la finalidad, de que el Plan de Estudio para la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria, por lo que hace a la educación básica. En materia de educación normal se requieren espacios que garantice la innovación y el desenvolvimiento de los programas educativos de las escuelas normales de la Ciudad de México. Lo anterior, garantiza la continuidad de la transformación de nuestro Sistema Educativo.

Aparentemente en este segundo piso de la cuarta transformación educativa, se mantendrá la cobertura educativa en todos los niveles educativos que fueron conferidos a este Órgano Administrativo Desconcentrado, de tal forma que ninguna persona que desee estudiar se vea impedida de hacerlo por falta de recursos económicos o restricciones de cupo en los espacios educativos donde se practica la enseñanza.

De igual manera hacen referencia que se seguirá impulsando a la educación como un eje de la transformación del país, donde se requiere del involucramiento de las autoridades, docentes, directivos, estudiantes, padres de familia y comunidades bajo la continuidad del modelo de una NEM, que ha fortalecido a la educación con mayor calidad y valores humanistas y solidarios. Es por ello, que la AEFCM como un Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública , atenderá y desarrollará a partir de los programas presupuestarios bajo su responsabilidad, los preceptos y pautas establecidas por el documento denominado 100 Compromisos para el Segundo Piso de la Cuarta Transformación. Bajo el mismo tenor han mencionado que continuarán con una trayectoria educativa que vele por los intereses de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Apoyando la lucha contra la corrupción, como una vía de construcción de la paz y seguridad escolar.

Asimismo se hace mención que a través del Programa Nacional de Inglés se fortalecerán a las escuelas públicas de nivel primaria y secundaria; focalizadas y/o seleccionadas por la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, para impartir una lengua extranjera (inglés), mediante el establecimiento de condiciones técnicas y pedagógicas. Dentro de sus objetivos específicos se encuentran:

a) Apoyar mediante la certificación nacional o internacional en el dominio del idioma inglés, de educandos de sexto grado de primaria y tercer grado de secundaria, el logro del perfil de egreso en la educación básica.

b) Apoyar el fortalecimiento académico y/o en su caso la certificación académica nacional o internacional de las/os docentes y asesoras/es externas/os especializadas/os en el dominio de una lengua extranjera (Inglés); así como, la certificación nacional o internacional de sus competencias didácticas en la enseñanza en las escuelas públicas de educación básica participantes en el Proni.

c) Elaborar recursos didácticos para fortalecer el desarrollo de competencias en la enseñanza/aprendizaje del idioma inglés en los docentes, asesoras (es) externas (os) especializadas (os) y educandos en las escuelas públicas de educación básica.

d) Promover e incentivar el uso de la plataforma tecnológica en las escuelas de nivel preescolar y primaria para ampliar la cobertura de la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés; así como, apoyar a las escuelas atendidas por el Proni con calidad y equidad, considerando este recurso como una acción prioritaria ante contingencias que afecten o pongan el riesgo el servicio educativo en las escuelas y con los educandos.

Problemática

Las Reglas de Operación son disposiciones normativas a las cuales se sujetan algunos programas y fondos federales las cuales precisan la forma de operar un programa, con la finalidad de otorgar transparencia y asegurar la aplicación eficiente, eficaz, oportuna y equitativa de los recursos públicos asignados a los mismos.

Actualmente la incertidumbre en la que se encuentra la publicación de las reglas de operación del Programa Nacional de Inglés tiene en riesgo la permanencia de este programa en el primer bimestre de 2025, ya que al no haberse emitido dichas reglas por parte del gobierno federal, como lo establece el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, donde todas las Reglas de Operación deben estar publicadas a fin de año, el 31 de diciembre a más tardar, no existen disposiciones específicas para la continuidad del mismo y la contratación de los docentes. Lamentablemente por este grave retraso, la materia de inglés proporcionada a través de este Programa se encuentra suspendida en muchas escuelas a nivel nacional.

Cabe mencionar que los profesores del Programa de Inglés son profesionistas egresados de instituciones como la Escuela de Lenguas, con certificaciones a nivel internacional que avalan sus conocimientos y la capacidad para la docencia; pero con condiciones laborales complejas desde hace muchos años. Por lo que es urgente que se analice este tema y se resuelva esta situación que están enfrentando diversos docentes que imparten esta materia, ya que a pesar de que existe un subsidio por parte de la federación asignado a este programa, a la fecha no se conoce la manera como será ejercido.

Desde noviembre de 2023 diversos docentes de inglés adscritos a la SEP en escuelas de educación básica han solicitado acuerdos que contribuyan a mejorar las condiciones laborales de los docentes del Programa Nacional de Inglés. Por lo que es necesario que la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México y dependencias involucradas, implementen las acciones necesarias para eliminar diversas irregularidades que viven los docentes de este programa, ya que con ello se afectan sus derechos laborales. Asimismo es fundamental que este gremio de inglés a nivel Preescolar y Primaria cuente con un Programa de Inglés definido en la nueva escuela mexicana, ya que la ausencia de lo anterior, ocasiona diversos problemas en el adecuado desarrollo de la asignatura en esos niveles tan importantes para la educación de los niños y niñas.

Es preocupante ver el poco interés que existente en el desarrollo de esta asignatura tan importante para la interculturalidad crítica que tanto se menciona en la nueva escuela mexicana. En este sentido es urgente que las autoridades involucradas en esta materia abran la oportunidad al diálogo con los maestros del Proni y con ello poder dar continuidad a los trabajos establecidos y mejorar este programa a nivel nacional.

A pesar de que ya existe un calendario de ejercicio presupuestal 2025 para la SEP, mientras no se publiquen las reglas de operación del Proni este programa legalmente no existe. Actualmente los estados que ya iniciaron clases aún no tienen conocimiento de la manera como se les va a pagar a los maestros, ya que el recurso no se ha liberado.

Si bien para este gobierno uno de sus principales objetivos es fortalecer la educación, es fundamental considerar que es insuficiente el número de maestros y maestras que existen actualmente para este programa, por lo que es importante que se les reconozca el trabajo que desempeñan, ya que es indispensable preparar a los y las estudiantes para que puedan acceder a empleos mejor remunerados.

Urge fortalecer la enseñanza, porque es prioritaria para competir en el mercado laboral y más en la situación que se encuentra nuestro país en 2025.

A la fecha no han publicado las Reglas de Operación, tampoco las cartas de compromiso, que es donde los estados aceptan participar en el Programa Nacional de Inglés, lo cual atrasa todas las gestiones y el recurso que normalmente llega en los meses de marzo-abril, ahora no se sabe cuándo llegará, por lo que a muchos maestros no los estarán contratando hasta esas fechas y los niños continuarán sin sus clases de inglés, lo que violando lo establecido en el artículo 3o. constitucional y por lo tanto los derechos de los niños.

Por lo expuesto, solicito su respaldo y someto a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Educación Pública, la Dirección General de Gestión Escolar y Enfoque Territoritorial, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria a fin de que informen el motivo por el cual no se han publicado las Reglas de Operación para el Programa Nacional de Inglés.

Notas

1 https://educacionbasica.sep.gob.mx/reglas-de-operacion/#flipbook-df_445 54/7/

2 https://educacionbasica.sep.gob.mx/programa-nacional-de-ingles-proni/

3 https://educacionbasica.sep.gob.mx/wp-content/uploads/2023/01/ROP-PRONI -2023__SEP-301222.pdf

4 https://educacionbasica.sep.gob.mx/reglas-de-operacion/#flipbook-df_445 54/7/

Dado en la sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 29 de enero de 2025.

Diputada Amparo Lilia Olivares Castañeda (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a garantizar la protección de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la privacidad de los ciudadanos mexicanos en el contexto de la suscripción de la Convención de la ONU sobre ciberdelincuencia, a cargo de la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, diputada Laura Cristina Márquez Alcalá, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con puntos de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

En un mundo cada vez más interconectado, las tecnologías de la información y comunicación han transformado profundamente la manera en que las personas interactúan, trabajan y acceden a información. Sin embargo, este desarrollo tecnológico ha traído consigo desafíos significativos, como el aumento de delitos cibernéticos que afectan a individuos, empresas y gobiernos por igual. Ante esta problemática global, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha promovido la adopción de una Convención Internacional contra la Ciberdelincuencia , cuyo objetivo es establecer un marco normativo común para prevenir y combatir estos delitos.1

A pesar de su intención de enfrentar la ciberdelincuencia, este tratado ha generado un debate intenso entre gobiernos, organizaciones de derechos humanos, empresas tecnológicas y otros actores de la sociedad civil. En particular, existen preocupaciones sobre las posibles implicaciones de este instrumento para los derechos humanos, la privacidad y las libertades fundamentales, dado el amplio alcance de sus disposiciones en materia de vigilancia, recopilación de datos y cooperación internacional.2

Para México, la decisión de firmar y ratificar este tratado implica una evaluación cuidadosa de los compromisos internacionales, el impacto en el marco jurídico nacional y las repercusiones prácticas para su población. Este instrumento legislativo busca no solo identificar los beneficios potenciales del tratado, sino también las áreas de riesgo que podrían comprometer los principios fundamentales del estado de derecho y los derechos humanos consagrados en la Constitución mexicana y tratados internacionales.3

La Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia tiene como objetivos primordiales prevenir y combatir los delitos cometidos mediante tecnologías de la información, promover la cooperación internacional y fortalecer la capacidad de los Estados parte para abordar estas amenazas. Sin embargo, el análisis normativo y práctico de este tratado revela implicaciones que merecen atención específica para México.4

En este contexto, en estas consideraciones se presenta un estudio exhaustivo que aborda el contenido del tratado, sus implicaciones normativas y prácticas, así como las recomendaciones necesarias para que México asuma una posición responsable que priorice la protección de las libertades fundamentales en un entorno digital cada vez más complejo.

I. Contexto normativo y principios relevantes

1. Derechos humanos en el entorno digital. La Resolución A/HRC/20/8 del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) establece que los derechos humanos, como la libertad de expresión, asociación y privacidad, deben ser protegidos tanto en entornos físicos como digitales.5 Cualquier tratado internacional debe alinearse con este principio, garantizando un equilibrio entre la seguridad y el respeto a las libertades individuales.

2. Soberanía nacional y estándares internacionales. La Constitución mexicana, en sus artículos 6o. y 7o., protege la libertad de expresión y el acceso a la información. Además, el artículo 16 consagra el derecho a la privacidad y regula el uso de tecnologías para la vigilancia estatal, imponiendo estrictos requisitos legales. México, como Estado parte de tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, está obligado a garantizar estas protecciones.6

II. Análisis del tratado

1. Aspectos positivos del tratado

1. Cooperación internacional estructurada :

• Promueve la colaboración global para la investigación, enjuiciamiento y recolección de pruebas electrónicas, lo que puede facilitar el combate efectivo de delitos transnacionales como la explotación infantil y el fraude cibernético.

• Introduce mecanismos claros para extradición y transferencia de datos personales entre países, fortaleciendo la armonización legislativa.

2. Enfoque en la protección de víctimas :

• El tratado incluye medidas específicas para proteger a las víctimas de delitos cibernéticos (artículo 34), incluyendo la posibilidad de indemnización y asistencia para su recuperación física y psicológica.7

3. Actualización normativa :

• Obliga a los Estados parte a tipificar delitos como el acceso ilícito, la interferencia con sistemas y datos, la difusión de material sexual no consentido y el uso indebido de dispositivos tecnológicos (artículos 7-16).8

III. Preocupaciones críticas del tratado

1. Ambigüedad y términos amplios :

• Definiciones como “intencionalmente” o “sin autorización” son imprecisas y podrían dar lugar a interpretaciones arbitrarias, afectando la seguridad jurídica (artículo 7).

• La amplitud del catálogo de delitos (artículo 3) incluye conductas que no son estrictamente ciberdependientes, lo que podría criminalizar actividades legítimas como el periodismo o la defensa de derechos humanos.

2. Vigilancia estatal ampliada :

• El tratado otorga facultades procesales extensas, como la interceptación de datos en tiempo real (artículo 30) y la conservación acelerada de datos (artículos 25-28). Sin salvaguardas claras, estas medidas podrían ser utilizadas para justificar vigilancia masiva.

3. Protección insuficiente de datos personales :

• Aunque aborda la protección de datos (artículo 36), la transmisión internacional de información carece de garantías robustas, dejando la protección a discreción de los Estados parte.

4. Falta de perspectiva de género robusta :

• Si bien menciona la necesidad de un enfoque de género (preámbulo y artículo 34), no establece medidas concretas para abordar la violencia digital contra mujeres.

5. Impacto desproporcionado en grupos vulnerables :

• Las disposiciones sobre la criminalización de ciertos actos pueden afectar a defensores de derechos humanos, periodistas y alertadores, quienes ya enfrentan riesgos significativos.

IV. Implicaciones específicas para México

1. Riesgos a los derechos fundamentales :

• La incorporación de medidas de vigilancia podría vulnerar derechos constitucionales como el derecho a la privacidad (artículo 16 de la Constitución) y la libertad de expresión (artículo 6).9

2. Ajustes legales y operativos costosos :

• México necesitaría reformar su marco normativo, incluyendo el Código Penal Federal y la Ley de Protección de Datos, lo que implica recursos significativos.

3. Desafíos para el sector privado :

• Las obligaciones para proveedores de servicios (artículo 27) podrían incrementar costos operativos y afectar la competitividad en el sector tecnológico.

4. Brecha digital y desigualdad :

• Las medidas propuestas podrían profundizar la exclusión digital, afectando principalmente a comunidades marginadas que ya enfrentan barreras para el acceso a la tecnología.

V. Problemáticas identificadas en el tratado

1. Ambigüedad en la redacción y potencial para abusos La inclusión de términos vagos como “intencionalmente” o “sin autorización” podría criminalizar conductas legítimas, como el periodismo de investigación, la denuncia de alertadores o la defensa de derechos humanos. Esto contraviene el principio de legalidad penal, que exige claridad y precisión para evitar interpretaciones arbitrarias.10

2. Ampliación desproporcionada del catálogo de delitos La incorporación de delitos no estrictamente ciberdependientes amplía de manera innecesaria el alcance del tratado. Por ejemplo, conductas que involucran el uso de tecnologías de la información, pero que no constituyen delitos cibernéticos per se, podrían ser objeto de persecución penal, afectando la proporcionalidad y necesidad de las medidas adoptadas.

3. Facultades de vigilancia sin salvaguardas adecuadas El tratado propone medidas procesales que incluyen la vigilancia transfronteriza, el almacenamiento masivo de datos y el intercambio de información entre Estados. Sin controles efectivos, estas facultades podrían derivar en violaciones masivas al derecho a la privacidad, como el uso indebido de spyware, ya documentado en contextos de persecución política.11

4. Ausencia de perspectiva de género y protección de grupos vulnerables, Aunque menciona la asistencia a víctimas, el tratado no integra una perspectiva de género robusta ni aborda los riesgos específicos que enfrentan las mujeres en entornos digitales. Esto contradice los estándares internacionales que exigen enfoques diferenciados para garantizar la igualdad sustantiva.

VI. Implicaciones para México

1. Riesgo para las libertades fundamentales: Ratificar este tratado en los términos propuestos en el borrador de la ONU podría comprometer derechos protegidos constitucionalmente, como la libertad de expresión, el derecho a la privacidad y el acceso a la información. Además, las medidas de vigilancia propuestas podrían violar el principio de mínima intervención estatal en un Estado democrático de derecho.

2. Impacto en la sociedad civil y periodistas: La criminalización de actividades legítimas en el ámbito digital podría inhibir la labor de periodistas, defensores de derechos humanos y alertadores. Esto representaría un retroceso significativo para la protección de estas figuras en un contexto donde ya enfrentan riesgos graves.

3. Contradicciones con obligaciones internacionales: Al suscribir tratados internacionales, México está obligado a garantizar que sus compromisos no vulneren derechos reconocidos. La ratificación de la Convención podría contravenir los principios establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos12 y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.13

4. Modificación del marco jurídico interno: La ratificación obligaría a México a alinear su legislación con las disposiciones del tratado. Esto podría incluir la reforma de leyes como el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley de Protección de Datos Personales y la Ley Nacional de Seguridad.

5. Posible afectación al principio de proporcionalidad: Algunas disposiciones del tratado podrían derivar en normas internas que afecten la proporcionalidad entre la gravedad de un delito y las sanciones aplicadas, debilitando derechos constitucionales.

6. Compatibilidad con tratados internacionales: México deberá garantizar que este tratado no contradiga compromisos internacionales en derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

7. Aumento de la vigilancia estatal: La implementación del tratado permitiría ampliar prácticas de monitoreo digital, como la interceptación de comunicaciones y el acceso a datos personales, con riesgos de uso arbitrario.

8. Impacto en la justicia penal: Se requerirá fortalecer capacidades técnicas y operativas de las instituciones encargadas de la procuración de justicia, como la Fiscalía General de la República, lo que implica costos considerables en términos de recursos humanos, económicos y tecnológicos.

9. Efectos en el sector privado: Empresas tecnológicas y proveedores de servicios podrían enfrentarse a nuevas obligaciones, como la retención prolongada de datos o el intercambio de información con autoridades nacionales e internacionales.

VII. Recomendaciones

1. No ratificar el tratado en su forma actual México debe abstenerse de ratificar un instrumento que carece de salvaguardas claras para los derechos humanos y que pone en riesgo las libertades fundamentales.

2. Promover un enfoque centrado en derechos humanos México puede impulsar una revisión del tratado para garantizar que:

• Las definiciones sean claras y precisas, evitando términos ambiguos.

• Se incorporen salvaguardas específicas para proteger derechos fundamentales, incluyendo garantías efectivas de privacidad y libertad de expresión.

• Se integre una perspectiva de género adecuada.

3. Fortalecer el marco interno de protección digital Independientemente del tratado, México debe reforzar su legislación nacional para garantizar una regulación transparente y responsable de las tecnologías de vigilancia y los delitos cibernéticos.

VIII. Pros y contras de la ratificación

Pros

1. Fortalecimiento de la cooperación internacional

• La firma del tratado posicionaría a México como un actor global comprometido en la lucha contra el cibercrimen, facilitando el intercambio de información y asistencia técnica con otros países.

2. Actualización normativa

• México adoptaría un marco normativo que reconoce la creciente amenaza del cibercrimen, ayudando a combatir delitos como el fraude en línea, el acceso ilícito a sistemas y el abuso sexual infantil en entornos digitales.

3. Protección de sectores vulnerables

• Si se implementa adecuadamente, el tratado podría ser una herramienta para combatir delitos graves en entornos digitales que afectan desproporcionadamente a mujeres y niñas.

Contras

1. Riesgo de abusos estatales

• Las disposiciones ambiguas del tratado podrían ser utilizadas para justificar prácticas arbitrarias, como la vigilancia masiva y la persecución de opositores políticos, periodistas y defensores de derechos humanos.

2. Impacto negativo en derechos fundamentales

• La ambigüedad de términos y la falta de salvaguardas efectivas podrían poner en riesgo derechos como la privacidad, la libertad de expresión y el acceso a la información.

3. Costo y complejidad de implementación

• Adecuar el sistema jurídico y operativo de México a los estándares del tratado podría requerir inversiones significativas y generar conflictos con las capacidades actuales del sistema de justicia.

IX. Efectos en la población desde una visión normativa y práctica

Impactos en la cotidianidad

1. Mayor vigilancia digital

• La población podría enfrentarse a un entorno de vigilancia constante, donde sus actividades en línea son monitoreadas, incluso sin vínculos directos con conductas delictivas.

• Ejemplo: El uso de aplicaciones de mensajería y redes sociales podría estar sujeto a revisiones arbitrarias bajo la justificación de prevenir cibercrímenes.

2. Restricciones a la libertad de expresión

• Las disposiciones del tratado podrían ser usadas para censurar contenidos o criminalizar a usuarios que participen en debates críticos hacia el gobierno o instituciones.

3. Reducción de confianza en la tecnología

• La percepción de un uso abusivo de herramientas digitales por parte de las autoridades podría disminuir la confianza de los ciudadanos en el entorno digital, afectando sectores como el comercio electrónico y la educación a distancia.

Impactos en grupos vulnerables

1. Mujeres

• Sin una perspectiva de género adecuada, el tratado podría no abordar el ciberacoso y la violencia digital de manera efectiva, perpetuando la desigualdad en la protección de las niñas y mujeres.

2. Periodistas y defensores de derechos humanos

• Las disposiciones podrían ser utilizadas para perseguir a quienes realizan denuncias de corrupción o violaciones de derechos, debilitando la rendición de cuentas y la democracia.

Impactos económicos

1. Costos para el sector privado

• Las empresas podrían enfrentar requisitos de infraestructura y tecnología más estrictos, encareciendo la prestación de servicios digitales. Esto podría trasladarse a los usuarios en forma de mayores costos.

2. Brecha digital

• El aumento de costos y restricciones podría agravar la desigualdad en el acceso a tecnologías de la información, especialmente entre las comunidades más vulnerables.

X. Recomendaciones específicas

1. Evitar la ratificación en su forma actual

• México debe insistir en revisiones al texto del tratado para incluir salvaguardas robustas de derechos humanos y eliminar disposiciones ambiguas.

2. Implementar medidas complementarias

• Antes de comprometerse con el tratado, México debe fortalecer su marco normativo interno, incorporando mecanismos de supervisión y control en el uso de tecnologías de vigilancia.

3. Promover un enfoque participativo

• Incluir a organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y expertos en derechos humanos en la discusión y eventual implementación de políticas relacionadas con el cibercrimen.

4. Educación y sensibilización ciudadana

• Impulsar campañas educativas para informar a la población sobre sus derechos digitales y fomentar una cultura de protección en el uso de tecnologías.

México como signatario de tratados internacionales en materia de derechos humanos, tiene la obligación de garantizar que cualquier instrumento normativo, nacional o internacional, sea compatible con los principios de proporcionalidad, legalidad y respeto a los derechos fundamentales.

La Convención de la ONU sobre Ciberdelitos, en su forma actual, representa tanto una oportunidad como un desafío para México. Si bien ofrece un marco para fortalecer la cooperación internacional y enfrentar el creciente problema del cibercrimen, también plantea riesgos significativos para los derechos humanos y las libertades fundamentales. Las disposiciones del tratado, tal como están redactadas, podrían dar lugar a interpretaciones arbitrarias, vulnerar la privacidad y restringir libertades esenciales como la expresión y el acceso a la información.

Dado el papel de México como actor relevante en el escenario internacional, es esencial que la decisión de firmar y ratificar este tratado se tome con cautela, asegurando que cualquier compromiso internacional respete los principios de proporcionalidad, necesidad y legalidad. México debe liderar esfuerzos para garantizar que el combate al cibercrimen se realice bajo un enfoque equilibrado, que priorice la protección de las libertades fundamentales y los derechos humanos, al tiempo que promueva soluciones eficaces y sostenibles para los desafíos del entorno digital.

Por lo expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la titular del Ejecutivo federal para que, se abstenga de firmar y ratificar la Convención de la Organización de las Naciones Unidas sobre Ciberdelincuencia en sus términos actuales, hasta que se realicen ajustes que garanticen salvaguardas específicas y efectivas para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a:

1. Promover, en los foros internacionales correspondientes, la revisión del texto de la convención, asegurando:

• La incorporación de definiciones claras y precisas que eliminen riesgos de interpretaciones arbitrarias.

• El fortalecimiento de las disposiciones relacionadas con la protección de datos personales, la privacidad y la libertad de expresión.

2. Impulsar mecanismos de supervisión y rendición de cuentas que prevengan el uso indebido de las facultades de vigilancia otorgadas por el tratado.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno a:

• Evaluar las posibles implicaciones técnicas, legales y operativas de la implementación del tratado en la protección de datos personales en México.

Cuarto. Se exhortan a las comisiones legislativas competentes del Congreso de la Unión a:

• Realizar foros de análisis y consulta pública con expertos, organizaciones de la sociedad civil y representantes del sector privado, con el propósito de evaluar los impactos del tratado y proponer medidas legislativas que garanticen la protección de los derechos digitales de la población mexicana.

Quinto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que, en coordinación con el titular de la Fiscalía General de la República, emitan un informe detallado a la opinión pública sobre:

• Las capacidades técnicas, legales y operativas del Estado mexicano para combatir el cibercrimen sin comprometer los derechos humanos.

• Recomendaciones específicas para garantizar un equilibrio adecuado entre la seguridad pública y la protección de los derechos fundamentales.

Notas

1 ONU, 2024, La Asamblea General de las Naciones Unidas adopta una convención histórica contra la ciberdelincuencia. Recuperado de: https://www.unodc.org/lpomex/es/noticias/diciembre-2024/la-asamblea-gen eral-de-las-naciones-unidas-adopta-una-convencion-historica-contra-la-c iberdelincuencia.html

2 Legal Today, 2024, Convención contra la ciberdelincuencia: ¿un esfuerzo global para mejorar la cooperación internacional o un paso más hacia el autoritarismo?. Recuperado de: https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-internacional/inte rnacional/convencion-contra-la-ciberdelincuencia-un-esfuerzo-global-par a-mejorar-la-cooperacion-internacional-o-un-paso-mas-hacia-el-autoritar ismo-2024-12-12/

3 Lente Cívica. (2024). La Convención de la ONU sobre Ciberdelincuencia, un nuevo tratado inquietante. Recuperado de: https://lens.civicus.org/la-convencion-de-la-onu-sobre-ciberdelincuenci a-un-nuevo-tratado-inquietante/

4 OpenGlobalRights . ( 2024). La Convención de las Naciones Unidas sobre la Ciberdelincuencia, en pausa por ahora, pero su amenaza para los derechos humanos persiste. Recuperado de: https://www.openglobalrights.org/un-cybercrime-convention-pause-threat- human-rights-remains/?lang=Spanish

5 Naciones Unidas,2013, A/HRC/RES/20/8 Asamblea General. Recuperado de:
https://digitallibrary.un.org/record/731540/files/A_HRC_RES_20_8-ES.pdf

6 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2025. Recuperado de:
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

7 ONU, 2024, Naciones Unidas A/AC.291/L.15 Asamblea General, Proyecto de convención de las Naciones Unidas contra la ciberdelincuencia. Recuperado de: https://documents.un.org/doc/undoc/ltd/v24/055/09/pdf/v2405509.pdf

8 Ídem

9 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2025. Recuperado de:
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

10 Editor E.D. (27 de septiembre de 2024). ¿Qué supone el primer tratado de la ONU contra la ciberdelincuencia?. Recuperado de: https://editored.org/2024/09/27/que-supone-el-primer-tratado-de-la-onu- contra-la-ciberdelincuencia/

11 Derechos Digitales. (12 de abril de 2024). Las ruedas que mueven al mundo: el futuro tratado de “ciberdelincuencia” de las Naciones Unidas . Recuperado de: https://www.derechosdigitales.org/18230/las-ruedas-que-mueven-al-mundo- el-futuro-tratado-de-ciberdelincuencia-de-las-naciones-unidas/

12 ONU, 1976, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Recuperado de: https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/internation al-covenant-civil-and-political-rights

13 Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 1981. Recuperado de: https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/
Programas/TrataPersonas/MarcoNormativoTrata/InsInternacionales/Regionales/Convencion_ADH.pdf

Dado en la sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 29 de enero de 2025.

Diputada Laura Cristina Márquez Alcalá (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a garantizar la reubicación inmediata, el respeto a los derechos laborales y el pago de salarios pendientes a las trabajadoras de la extinta Conavim y del Inmujeres, a cargo de la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, diputada Laura Cristina Márquez Alcalá, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a lo siguiente:

Consideraciones

La desaparición de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) fue producto de las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) aprobadas por el Congreso de la Unión a finales de 2024.1 Estas reformas incluyeron la creación de la Secretaría de las Mujeres como una nueva dependencia federal encargada de integrar las funciones previamente asignadas a estos organismos desconcentrados.2

Iniciativa y proceso Legislativo

1. Presentación de la iniciativa:

• En septiembre de 2024, el Poder Ejecutivo presentó una iniciativa de reforma a la LOAPF con el argumento de fortalecer las políticas de género mediante la centralización de funciones en una sola dependencia: la Secretaría de las Mujeres.3

• En su exposición de motivos, el Ejecutivo aseguró que esta medida permitiría una mayor coordinación interinstitucional y optimizaría el uso de recursos financieros y humanos.4

2. Aprobación legislativa:

• La iniciativa fue discutida y aprobada en el Congreso de la Unión en noviembre de 2024, con respaldo mayoritario de la bancada oficialista. Las voces de oposición, entre ellas el PAN, advirtieron sobre las consecuencias negativas de concentrar funciones sin una planeación adecuada, especialmente en términos laborales y operativos.

3. Publicación en el DOF:

• El decreto de reforma fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2024, estableciendo un periodo transitorio para la transferencia de funciones, recursos y personal a la nueva Secretaría de las Mujeres, con fecha límite al 31 de diciembre de 2024.5

Objetivos declarados

La iniciativa de reforma tenía como objetivos declarados:

• Fortalecer la política de género: Centralizar las funciones para mejorar la coordinación entre dependencias.

• Optimizar recursos: Reducir la duplicidad de funciones y hacer un uso más eficiente del presupuesto.

• Mejorar la atención a las mujeres: Garantizar que las políticas públicas lleguen de manera más directa a las beneficiarias.

Críticas y Advertencias

Diversos sectores, entre ellos organizaciones civiles, académicas y partidos de oposición, señalamos los riesgos asociados a la desaparición de Conavim e Inmujeres:

• Vulneración de derechos laborales: Las reestructuraciones implicarían incertidumbre para las trabajadoras, particularmente aquellas bajo el esquema de Servicio Profesional de Carrera.

• Centralización excesiva: La concentración de funciones podría reducir la efectividad de las políticas públicas al eliminar la especialización y la experiencia acumulada en los organismos desaparecidos.

• Impacto en la lucha contra la violencia de género: La desaparición de Conavim generaría un vacío institucional en un contexto de crisis de violencia contra las mujeres en el país.

Decisiones políticas relevantes

1. Extinción de Conavim e Inmujeres

• Ambas instituciones fueron eliminadas mediante la abrogación de los decretos que las habían creado. Esto dejó en incertidumbre no solo a las trabajadoras, sino también a las beneficiarias de los programas y acciones que coordinaban.

2. Creación de la Secretaría de las Mujeres

• La Secretaría asumió de forma parcial las funciones de Conavim e Inmujeres, aunque no se incluyó un esquema claro para la reubicación de las trabajadoras ni la continuidad de los programas prioritarios.

3. Omisión de un plan de transición laboral

• A pesar de que la Ley del Servicio Profesional de Carrera establece la obligación de reubicar a los trabajadores en caso de reestructuraciones, las trabajadoras de Conavim no fueron incorporadas de inmediato a la nueva dependencia.

Impacto en la operación de Conavim e Inmujeres

• Desde su creación en 2009, Conavim coordinaba programas clave como la implementación de las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) y estrategias para la atención integral de víctimas. Su desaparición ha generado vacíos en la continuidad de estas políticas públicas.

• Inmujeres, por su parte, era el principal órgano rector en la elaboración de políticas nacionales de igualdad de género. Su eliminación diluyó su enfoque estratégico y su capacidad de incidencia.

La falta de previsión y planificación en la desaparición de estos organismos ha tenido consecuencias graves, tanto en términos laborales como en la capacidad del gobierno para atender a las mujeres en un contexto de violencia creciente. Este contexto fundamenta la necesidad de un exhorto legislativo para exigir soluciones inmediatas.

La paradoja del abandono a las mujeres bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum asumió la presidencia con un discurso ambicioso que prometía un gobierno centrado en la protección y el empoderamiento de las mujeres. Según su narrativa, su administración representaría un parteaguas en las políticas de género, garantizando más derechos, más igualdad y un entorno seguro para todas las mujeres en México. Sin embargo, los hechos recientes han demostrado una profunda contradicción entre su discurso y la realidad.6

La desaparición de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) y del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) no sólo simboliza un retroceso institucional, sino que pone de manifiesto el abandono de miles de mujeres, tanto trabajadoras como beneficiarias , en un momento donde la violencia de género continúa cobrando vidas diariamente. Esta medida, lejos de fortalecer la lucha contra la violencia hacia las mujeres, ha generado un vacío operativo y jurídico que atenta contra los derechos de las propias servidoras públicas y de las mujeres que dependían de estas instituciones.

Un gobierno que prometió proteger, pero abandonó

El lema implícito de la administración Sheinbaum ha sido “con Claudia, llegan todas”.7 Sin embargo, lo que en realidad “ha llegado” es una crisis laboral y social para las mujeres. Mientras se hablaba de crear una Secretaría de las Mujeres para optimizar recursos y fortalecer las políticas públicas, la transición se ha traducido en:

1. El limbo laboral de las trabajadoras de Conavim : Mujeres que dedicaron años a combatir la violencia de género han quedado sin empleo, sin salario y sin respuestas claras. En lugar de ser reconocidas como piezas fundamentales en esta lucha, han sido ignoradas y marginadas.

2. El debilitamiento de los programas clave : Al desaparecer organismos especializados como Conavim, que implementaba las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), se debilita la capacidad del Estado para prevenir y atender la violencia feminicida.

3. La precarización laboral como norma : La falta de respeto a los derechos de las trabajadoras, especialmente aquellas protegidas por la Ley del Servicio Profesional de Carrera, evidencia una gestión administrativa negligente y contraria a los principios de igualdad que este gobierno asegura defender.

La paradoja del discurso y los hechos

La gran ironía de este gobierno es que, mientras presume un liderazgo femenino que prioriza a las mujeres, la realidad muestra lo contrario: un abandono sistemático que afecta directamente a aquellas que han sido las primeras líneas de defensa contra la violencia de género . La desaparición de Conavim e Inmujeres es un retroceso histórico que contradice los principios fundamentales de equidad, derechos laborales y justicia social.

En lugar de garantizar estabilidad y avances, este gobierno ha puesto a las mujeres en una posición de mayor vulnerabilidad, tanto dentro de las instituciones como en la sociedad. Las promesas de protección se han convertido en realidades de desamparo.

Una oportunidad desperdiciada

La creación de la Secretaría de las Mujeres pudo haber sido una oportunidad para avanzar en la agenda de género. Sin embargo, la falta de planeación, transparencia y respeto por las trabajadoras y las beneficiarias ha transformado este proyecto en un símbolo de improvisación y abandono .

Prometer que “llegaban todas” no significa nada si el destino es el limbo, la precariedad laboral y el retroceso en los derechos de las mujeres. Con Claudia Sheinbaum, lejos de avanzar, las mujeres enfrentan un panorama de incertidumbre y desprotección. La paradoja de este gobierno no solo hiere las promesas de igualdad, sino también la confianza de las mujeres que creyeron en ellas.

Por lo que con la extinción el 1 de enero de 2025 de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), se transfirieron sus funciones a la recién creada Secretaría de las Mujeres. Esta reestructuración afectó a más de cien servidoras públicas de Conavim, quienes fueron informadas sobre la solicitud de su renuncia.8

La desaparición de Conavim dejó a aproximadamente 50 trabajadoras del Servicio Profesional de Carrera en una situación de incertidumbre laboral. A pesar de presentarse a laborar, no realizan actividades debido a la inexistencia legal de su empleador, y no han recibido ofertas de reubicación ni notificaciones de despido.9

Las trabajadoras afectadas continúan asistiendo a las oficinas sin tareas asignadas, temiendo ser acusadas de abandono de empleo. Además, no han recibido su salario correspondiente desde la extinción de Conavim. La Secretaría de las Mujeres, encabezada por Citlalli Hernández, ha manifestado que la reubicación del personal es responsabilidad de la Secretaría de Gobernación.10

Esta situación vulnera los derechos laborales de las trabajadoras, quienes, según la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, tienen garantizada la estabilidad y permanencia en el servicio público.11 La falta de claridad en su estatus laboral y la ausencia de remuneración afectan su bienestar económico y emocional.

La incertidumbre laboral de las trabajadoras impacta negativamente en la implementación de políticas públicas destinadas a prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.12 La reducción de personal especializado puede disminuir la eficacia de los programas y servicios dirigidos a atender esta problemática social.

Propuestas de soluciones

1. Reubicación inmediata: Las autoridades competentes deben asignar de manera urgente a las trabajadoras afectadas a puestos acordes con su perfil y experiencia, respetando sus derechos laborales y antigüedad.

2. Pago de salarios adeudados: Se debe garantizar el pago inmediato de los salarios pendientes desde la extinción de Conavim e Inmujeres, evitando así mayores afectaciones económicas a las trabajadoras.

3. Transparencia en el proceso de transición: Es fundamental que las autoridades involucradas proporcionen información clara y oportuna sobre los procedimientos de reestructuración y el futuro laboral del personal afectado.

Este exhorto busca asegurar el respeto a los derechos laborales de las trabajadoras y garantizar la continuidad y eficacia de las políticas públicas destinadas a prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en México.

Por lo expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las titulares de las Secretarías de Gobernación, y de las Mujeres, así como a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y del Trabajo y Previsión Social para que instrumenten las acciones necesarias a efecto de:

1 . Garantizar la reubicación inmediata de las trabajadoras de la extinta Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y del extinto Instituto Nacional de las Mujeres, en puestos que correspondan a su perfil y experiencia, respetando sus derechos laborales y antigüedad.

2. Efectuar el pago inmediato de los salarios adeudados al personal afectado desde la fecha de extinción de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, y del Instituto Nacional de las Mujeres.

3. Proporcionar información transparente y oportuna sobre el proceso de transición y las medidas adoptadas para salvaguardar los derechos laborales de las trabajadoras.

4. Rendir un informe a la opinión pública, respecto al estado que guarda esta problemática y las acciones que se han llevado acabo para darle atención.

Notas

1 Diario Oficial de la federación, 2024, decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Recuperado de: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5744005&fecha=28/11/ 2024#gsc.tab=0

2 Diario Oficial de la federación, 2025, decreto por el que se expide el Reglamento Interior de la Secretaría de las Mujeres. Recuperado de: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5746949&fecha=10/01/2025 #gsc.tab=0

3 Reporte Índigo, 2024, Sheinbaum envía a diputados iniciativa para crear la Secretaría de la Mujer y otras dependencias federales. Recuperado de:

https://www.reporteindigo.com/reporte/sheinbaum-envia-a-diputados-inici ativa-para-crear-la-secretaria-de-la-mujer-y-otras-dependencias-federal es/

4 Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados,2024, Dictamen De la Comisión de Gobernación y Población, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Recuperado de: https://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/66/2024/nov/20241112-VI.pdf

5 Diario Oficial de la federación, 2024, decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Recuperado de:

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5744005&fecha=28/11/2024#gsc.tab=0

6 Comunicación social Cámara de Diputados, 2024, Llegamos todas: Claudia Sheinbaum. Recuperado de: https://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/revista/index.php/desde-el- pleno/llegamos-todas-claudia-sheinbaum

7 Gobierno de México, 2024, Hoy llegamos las mujeres a conducir los destinos de nuestra hermosa nación: presidenta Claudia Sheinbaum. Recuperado de: https://www.gob.mx/presidencia/prensa/hoy-llegamos-las-mujeres-a-conduc ir-los-destinos-de-nuestra-hermosa-nacion-presidenta-claudia-sheinbaum

8 Animal Político, 2025, Extinguen Comisión para Prevenir Violencia contra Mujeres, y dejan a sus trabajadoras en limbo laboral. Recuperado de: https://www.animalpolitico.com/politica/secretaria-mujeres-conavim-trab ajadoras

9 Cimac noticias, 2025, Denuncian despido masivo en Conavim contra 100 trabajadoras. Exigen respuestas a Citlalli Hernández. Recuperado de: https://cimacnoticias.com.mx/2025/01/06/https-cimacnoticias-com-mx-2024 -12-20-denuncian-despido-masivo-en-conavim-contra-100-trabajadoras-exig en-respuestas-a-citlalli-hernandez/

10 Animal Político, 2025, Extinguen Comisión para Prevenir Violencia contra Mujeres, y dejan a sus trabajadoras en limbo laboral. Recuperado de: https://www.animalpolitico.com/politica/secretaria-mujeres-conavim-trab ajadoras

11 Cámara de Diputados, 2025, Ley Del Servicio Profesional De Carrera En La Administración Pública Federal. Recuperado de: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/260.pdf

12 Elefante Blanco, 2024, Servidoras públicas de Inmujeres y Conavim, instituciones que pasarán a formar parte de la nueva Secretaría de Mujeres, tuvieron que elegir entre firmar su liquidación o continuar en una nueva plaza con menor salario y perder su antigüedad. Recuperado de: https://elefanteblanco.mx/2024/12/19/crean-secretaria-de-las-mujeres-go bierno-despide-a-trabajadoras/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 29 de enero de 2025.

Diputada Laura Cristina Márquez Alcalá (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a realizar una auditoría exhaustiva, implementar medidas de reestructuración estratégica y garantizar el uso eficiente de los recursos públicos destinados a Mexicana de Aviación, a fin de evaluar su viabilidad operativa y financiera, a cargo de la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, diputada Laura Cristina Márquez Alcalá, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con puntos de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

Mexicana de Aviación fue una de las aerolíneas más emblemáticas de México antes de su quiebra en 2010. En 2023, el gobierno federal, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), anunció su relanzamiento con la compra de la marca por 816 millones de pesos, la asignación de 4 mil 200 millones para el inicio de operaciones y una inversión adicional de 20 mil 871 millones para la adquisición de aviones Embraer.

El proyecto fue presentado como parte de una política pública para mejorar la conectividad aérea del país, promover el desarrollo regional y generar empleos. Sin embargo, su gestión y viabilidad económica han generado cuestionamientos, especialmente al considerar la alta inversión inicial y su bajo rendimiento económico durante su primer año de operación.

En efecto, Mexicana de Aviación, tras su quiebra en 2010, fue relanzada en 2023 como una aerolínea estatal bajo la gestión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Este proyecto implicó una inversión inicial superior a 19 mil millones de pesos, incluyendo la compra de la marca y aeronaves. La administración actual presentó este relanzamiento como un esfuerzo para fortalecer la conectividad nacional y la capacidad del Estado en el sector aeronáutico. Sin embargo, en su primer año de operaciones, los resultados han sido ampliamente cuestionados debido a la ineficiencia operativa y financiera.

La nueva aerolínea del Estado mexicano, que operara bajo el nombre de Mexicana de Aviación, le fue designado un presupuesto de 8 mil 340 millones de pesos para 2024, según el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.1

En su primer año de operaciones, Mexicana de Aviación transportó a 382 mil 11 pasajeros, lo que representa aproximadamente 13 por ciento de su meta de 3 millones anuales planteada para 2027.2

Según datos de la Agencia Federal de Aviación Civil, Mexicana de Aviación transportó 299 mil 566 pasajeros de enero a octubre de 2024, representando 0.59 por ciento del mercado nacional.3

En enero de 2025, Mexicana anunció la suspensión de ocho de sus 17 rutas, lo que afectó a destinos clave como Acapulco, Guadalajara y Villahermosa. Además, la aerolínea enfrenta un panorama adverso caracterizado por pérdidas acumuladas, cancelación de rutas y reducción presupuestaria para el ejercicio fiscal de 2025.4

Mexicana de Aviación, relanzada en 2023 como aerolínea estatal bajo la gestión de la Secretaría de la Defensa Nacional, ha enfrentado múltiples desafíos financieros y operativos que han generado cuestionamientos sobre su viabilidad. Con pérdidas acumuladas significativas, una baja ocupación en sus rutas, y la reciente cancelación de más de la mitad de sus operaciones, es necesario garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos asignados al proyecto. Por ello, resulta fundamental llevar a cabo una auditoría integral que permita evaluar el desempeño de la aerolínea y tomar decisiones informadas para proteger los intereses de la población y del erario público.

Estado actual

1. Finanzas

• Ingresos reportados: 328 millones de pesos (382 mil pasajeros con un costo promedio de boleto de 860 pesos).

• Inversión total asignada: más de 35 mil millones de pesos.

• Reducción presupuestaria para 2025: de 8 mil 340 millones a mil 140 millones de pesos.

• La aerolínea opera con números rojos y acumuló pérdidas superiores a 932 millones de pesos en su primer año. Los ingresos generados no compensan la inversión inicial ni los costos de operación.

2. Operación

• Baja ocupación en sus rutas actuales, dificultando cubrir costos operativos.

• Enfoque limitado al aeropuerto internacional Felipe Ángeles (AIFA) y rutas principales.

• Actualmente mantiene nueve rutas activas y opera con dos aviones, evidenciando una reducción significativa respecto a las expectativas iniciales.5

3. Planeación

• Adquisición de 20 aeronaves adicionales, pese a la incapacidad de llenar las actuales.

• El presupuesto asignado para 2025 fue reducido drásticamente, de 8 mil 340 millones a mil 140 millones de pesos, reflejando una falta de confianza en la viabilidad del proyecto.

4. Competencia y entorno

• Operación en un mercado dominado por aerolíneas privadas con estrategias bien consolidadas.

• Incremento de slots en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México (AICM), favoreciendo a competidores.

• Su modelo de negocio enfrenta competencia directa de aerolíneas privadas y limitaciones logísticas, especialmente en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Riesgos y contras

1. Financieros

• Sostenibilidad inviable: alta dependencia de recursos públicos y baja generación de ingresos.

• Mayor desgaste del erario por compras de aeronaves innecesarias y ampliación de operaciones.

• Al cierre del tercer trimestre de 2024, Mexicana de Aviación registró pérdidas acumuladas de 906 millones de pesos, con ingresos por servicios de 243 millones de pesos y gastos de operación de mil 149 millones de pesos.6

• Las pérdidas acumuladas y la baja ocupación en sus rutas amenazan con una quiebra inminente en 2025, lo que implicaría un gasto fiscal adicional.

2. Impacto en el sector público

• Desvío de recursos que podrían emplearse en sectores prioritarios como salud, educación o infraestructura.

• Potencial descrédito para la Sedena en su rol como operador no especializado.

• La inversión estatal en Mexicana podría percibirse como un despilfarro, afectando otros sectores prioritarios como salud o infraestructura.

3. Competitividad

• Enfoque ineficiente en rutas y mercados donde ya existen opciones más consolidadas.

• Débil impacto en la conectividad regional, objetivo original del proyecto.

• La cancelación de rutas afecta la conectividad regional y genera descontento en los usuarios.

4. Credibilidad institucional :

• Percepción negativa del gobierno al financiar un proyecto que no cumple con sus metas económicas ni sociales.

• El fracaso del proyecto podría ser utilizado como argumento contra la capacidad de gestión del gobierno en iniciativas empresariales.7

• Falta de viabilidad económica y operativa desde su lanzamiento.

• Modelo centralizado en rutas de baja demanda, contrario a la tendencia del mercado.

• Escasa planificación estratégica y poca flexibilidad para adaptarse al entorno competitivo.

• Utilización de recursos públicos en un proyecto que beneficia a un número limitado de usuarios.

Oportunidades

1. Reestructuración estratégica

• Migrar a un modelo regional enfocado en conectar destinos secundarios, como Palenque, Puerto Escondido o Nayarit, con aeronaves más pequeñas y rutas mejor planeadas.

• Establecer alianzas con aerolíneas privadas para compartir rutas y reducir costos.

• Generación de políticas públicas, la experiencia podría servir para diseñar mejores lineamientos regulatorios en el sector aeronáutico.

2. Optimización operativa

• Reducir gastos operativos innecesarios, como la adquisición de aviones adicionales, hasta que se logre una ocupación sostenible.

• Mejorar la gestión financiera con enfoque en la rentabilidad.

• Fortalecimiento del AIFA, redefinir la operación de Mexicana como parte de una estrategia integral para consolidar este aeropuerto.

3. Posicionamiento regional

• Concentrar esfuerzos en aeropuertos alternativos al AICM y AIFA, para captar mercados no saturados.

• Enfocarse en rutas regionales con alta demanda y aviones de menor capacidad podría mejorar su sostenibilidad.

4. Diversificación de ingresos

• Incorporar servicios complementarios como carga aérea o contratos de transporte con instituciones gubernamentales.

Afectaciones a la población

1. Impactos negativos :

• Pérdida de recursos públicos que podrían destinarse a necesidades sociales.

• Limitada conectividad efectiva, afectando a comunidades que requieren transporte aéreo asequible y frecuente.

• Directas: Cancelaciones de vuelos y rutas, afectando a usuarios que confiaron en la conectividad ofrecida por la aerolínea.8

• Económicas: La utilización de recursos fiscales en un proyecto deficitario implica menos presupuesto para servicios públicos esenciales.

• Reputacionales: La percepción de ineficiencia del Estado puede mermar la confianza ciudadana en proyectos futuros.

2. Potenciales beneficios si se optimiza el modelo :

• Generación de empleos en regiones específicas mediante la operación de rutas regionales.

• Mejora en la conectividad de regiones marginadas si se ejecuta un enfoque local.

Mexicana de Aviación enfrenta un panorama financiero y operativo insostenible que pone en riesgo su continuidad para 2025, debido a la baja rentabilidad, inversiones excesivas y una débil planeación estratégica.9 Desde una perspectiva legislativa y económica, es imprescindible llevar a cabo una auditoría exhaustiva para transparentar el uso de los recursos públicos y considerar una reestructuración enfocada en un modelo regional eficiente que garantice un impacto positivo en la conectividad y la economía del país. Si estas medidas no resultan viables, debe contemplarse su liquidación para evitar mayores pérdidas al erario público. Esta experiencia debe servir como una lección para diseñar políticas públicas más sólidas y evitar errores similares en el futuro.

En ese sentido y considerando que:

1. Que Mexicana de Aviación fue relanzada en 2023 como una aerolínea estatal bajo la gestión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con una inversión pública inicial superior a 19 mil millones de pesos, con el objetivo de mejorar la conectividad nacional y fortalecer la capacidad del Estado en el sector aeronáutico.

2. Que, de acuerdo con informes oficiales y análisis especializados, la aerolínea enfrenta un panorama financiero y operativo insostenible, acumulando pérdidas superiores a 932 millones de pesos en su primer año de operaciones, una ocupación baja en sus rutas, y con ingresos que no compensan los altos costos de operación.

3. Que el presupuesto asignado a Mexicana de Aviación para el ejercicio fiscal de 2025 fue reducido de 8 mil 340 millones de pesos a mil 140 millones, lo que refleja un reconocimiento tácito de la falta de viabilidad del modelo actual de la aerolínea.

4. Que, en enero de 2025, la aerolínea suspendió ocho de sus 17 rutas, afectando la conectividad de destinos importantes como Acapulco, Guadalajara y Villahermosa, lo que genera incertidumbre entre los usuarios y una afectación directa al desarrollo regional.

5. Que la continuidad de un proyecto financieramente inviable no solo afecta al erario público, sino también la confianza ciudadana en las políticas públicas y la credibilidad del gobierno en la gestión de recursos.

6. Que la situación actual de Mexicana de Aviación debe ser abordada con un enfoque transparente y eficiente, promoviendo la rendición de cuentas y la reestructuración de su modelo de negocio para garantizar resultados tangibles y minimizar el impacto negativo en la población.

Por lo expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la titular del Poder Ejecutivo federal y al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional para que instrumenten las acciones necesarias a efecto de realizar una auditoría exhaustiva y transparente sobre el manejo de los recursos públicos asignados a Mexicana de Aviación desde su relanzamiento, incluyendo la adquisición de aeronaves, operación de rutas y resultados financieros.

Segundo . La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para que, en coordinación con el titilar de la Agencia Federal de Aviación Civil, realicen un análisis técnico y financiero detallado que evalúe la viabilidad del modelo actual de Mexicana de Aviación y las alternativas para su reestructuración, priorizando un enfoque regional que optimice rutas y reduzca costos operativos, y que los resultados los hagan del conocimiento de la opinión publica en un plazo no mayor a 60 días naturales después de que hayan sido obtenidos.

Tercero . La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, informe a la opinión publica en un plazo no mayor a 60 días naturales sobre las proyecciones presupuestarias de Mexicana de Aviación y las implicaciones para las finanzas públicas en caso de su continuidad o liquidación.

Cuarto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Auditoría Superior de la Federación para que, realice una auditoría integral sobre el manejo de los recursos públicos asignados a Mexicana de Aviación desde su relanzamiento en 2023, incluyendo la adquisición de la marca, compra de aeronaves, operación de rutas y resultados financieros, así como la planeación estratégica empleada. La auditoría debe evaluar la eficiencia, eficacia y viabilidad financiera y operativa del proyecto, considerando su impacto económico en el erario público. Los resultados de esta auditoría deberán ser presentados al Congreso de la Unión en un plazo no mayor a 90 días naturales, a fin de determinar las medidas correctivas o legislativas necesarias para garantizar la transparencia y el uso eficiente de los recursos públicos.

Quinto . La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, con base en los resultados de la auditoría practicada por la Auditoría Superior de la Federación a Mexicana de Aviación, en caso de determinarse la inviabilidad del proyecto, implementen las medidas necesarias para su liquidación ordenada, garantizando la protección de los recursos públicos y los derechos de los usuarios afectados.

Sexto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la titular del Poder Ejecutivo para que presente un informe detallado a la opinión pública sobre las acciones realizadas y los planes futuros respecto a Mexicana de Aviación, en un plazo no mayor a 60 días naturales.

Notas

1 Expansión , 2023, Mexicana de Aviación operará con un presupuesto de 8,340 millones de pesos. Recuperado de:

https://expansion.mx/empresas/2023/09/08/presupuesto-mexicana-aviacion- 2024-paquete-economico

2 Informador mx, 2024, Mexicana de Aviación cumple un año de operaciones; reportan estas cifras. Recuperado de: https://www.informador.mx/mexico/Mexicana-de-Aviacion-cumple-un-ano-de- operaciones-reportan-estas-cifras-20241226-0039.html

3 Soy Nomada mx, 2025, Mexicana de aviación apenas representa .059 por ciento del mercado nacional. Recuperado de: https://www.soynomada.news/noticias/Mexicana-de-Aviacion-apenas-represe nta-el-0.59-del-mercado-nacional-20250104-0007.html

4 El País, 2025, La aerolínea estatal Mexicana de Aviación cierra 8 de sus 17 rutas. Recuperado de: https://elpais.com/mexico/2025-01-06/la-aerolinea-estatal-mexicana-de-a viacion-cierra-ocho-de-sus-17-rutas.html

5 El Financiero, 2025, Sheinbaum explica por qué Mexicana cerró 8 rutas: ‘Se está haciendo una revisión. Recuperado de: https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2025/01/06/por-que-mexicana-de -aviacion-cerro-8-rutas-claudia-sheinbaum-explica-motivos/

6 SoyNomada, 2025, Mexicana de aviación planea ampliar su flota con 20 aeronaves nuevas pese a pérdidas financieras. Recuperado de: https://www.soynomada.news/noticias/Mexicana-de-Aviacion-planea-ampliar -su-flota-con-20-nuevas-aeronaves-pese-a-perdidas-financieras-20250104- 0008.html

7 El Economista, 2024, Se dispara mil por ciento subsidio que recibirá Mexicana de Aviación en 2024. Recuperado de: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Se-dispara-1000-subsidio-que-r ecibira-Mexicana-de-Aviacion-en-el-2024-20240501-0105.html

8 Proceso, 2023, Mexicana de Aviación aún no inicia vuelos y ya canceló 11 de las 20 rutas previstas. Recuperado de: https://www.proceso.com.mx/nacional/2023/11/16/mexicana-de-aviacion-aun -no-inicia-vuelos-ya-cancelo-11-de-las-20-rutas-previstas-318647.html

9 Aristegui noticias , 2024, Mexicana de Aviación opera en números rojos y quebrará en 2025: Casas Lías. Recuperado de: https://aristeguinoticias.com/2712/mexico/mexicana-de-aviacion-opera-en -numeros-rojos-y-quebrara-en-2025-casas-lias/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 29 de enero de 2025.

Diputada Laura Cristina Márquez Alcalá (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP a realizar las acciones prioritarias a efecto de diseñar e implementar un programa nacional de salud mental en el sistema educativo para hacer frente a la crisis que acontece en esta materia, a cargo de la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, diputada Laura Cristina Márquez Alcalá, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables, somete a esta honorable asamblea la siguiente proposición con puntos de acuerdo, conforme a lo siguiente

Consideraciones

La salud mental de los estudiantes en México se ha convertido en un tema prioritario dentro de la agenda educativa y de salud pública, debido a su impacto directo en el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. En un contexto donde los trastornos psicológicos y emocionales se han incrementado de manera alarmante, especialmente después de la pandemia de covid-19, las escuelas emergen como un espacio clave para detectar, prevenir y atender problemáticas relacionadas con la salud mental.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud mental no solo implica la ausencia de trastornos, sino también el bienestar emocional y psicológico necesario para enfrentar los retos cotidianos, relacionarse con otros y contribuir activamente a la sociedad. Sin embargo, en México, el acceso a servicios de salud mental es limitado y el tema ha sido históricamente relegado en los entornos educativos. Según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut), la prevalencia de trastornos mentales como la depresión y la ansiedad ha aumentado significativamente entre los menores de edad, afectando su rendimiento académico, sus relaciones interpersonales y, en los casos más graves, poniendo en riesgo sus vidas.

El Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) destaca la importancia de la salud mental en la niñez y adolescencia, señalando que la pandemia por covid-19 agravó situaciones de depresión, ansiedad y estrés en este grupo poblacional. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) Continua 2022 es una fuente clave de datos en este ámbito.1

El sistema educativo mexicano enfrenta múltiples retos en este ámbito. Por un lado, el estigma social alrededor de los problemas de salud mental limita la identificación y atención temprana. Por otro, la falta de recursos especializados y de personal capacitado en las escuelas agrava la situación. A esto se suma la disparidad en la distribución de servicios entre zonas urbanas y rurales, dejando a millones de estudiantes sin acceso a apoyo psicológico adecuado.

La pandemia de covid-19 exacerbó estas problemáticas, generando una crisis sin precedentes en la salud mental de los estudiantes. Durante el confinamiento, el aislamiento social, la incertidumbre y las pérdidas emocionales aumentaron los niveles de ansiedad y depresión, particularmente entre los adolescentes. El regreso a las aulas reveló un panorama crítico: los maestros y directivos se encontraron frente a estudiantes con mayores dificultades para adaptarse, socializar y alcanzar sus objetivos académicos.

El Plan Sectorial de Salud Mental y Adicciones 2023-2024 , presentado por la Secretaría de Salud, constituye un esfuerzo relevante por abordar una problemática que afecta gravemente al bienestar emocional de la población mexicana, particularmente de los estudiantes. Este plan reconoce el incremento global de 25 por ciento en trastornos de ansiedad y depresión durante el primer año de la pandemia, una cifra respaldada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Además, destaca cómo los servicios de salud mental enfrentaron desafíos importantes, incluyendo la sobrecarga de atención, el cierre temporal de instalaciones y la falta de personal especializado.

Elementos positivos del plan

• Reconocimiento del problema : El plan marcó un hito al posicionar la salud mental como una prioridad sectorial, algo que históricamente había recibido poca atención en México.

• Enfoque en integración : Busca articular la atención a la salud mental con los servicios de salud general y de adicciones, fomentando un enfoque integral.

• Prevención como eje central : Plantea estrategias preventivas para identificar y tratar problemas de salud mental desde etapas tempranas, especialmente en población vulnerable.

Limitaciones e Insuficiencias

Sin embargo, a pesar de estas iniciativas, el plan no ha logrado cumplir con las expectativas necesarias para abordar la magnitud del problema, particularmente en el ámbito educativo. Las siguientes limitaciones evidencian su alcance insuficiente:

1. Subfinanciamiento persistente : A pesar del reconocimiento de la importancia de la salud mental, los recursos destinados a su implementación siguen siendo limitados. Según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), en 2024, el presupuesto en salud mental representa apenas 1.3 por ciento del gasto total en salud, muy por debajo de 5 por ciento recomendado por la OMS.

2. Presupuesto para salud mental en México : El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) señala que, para 2024, se proyecta una inversión en salud mental equivalente a 1.3 por ciento del presupuesto total para salud, cifra inferior a 5 por ciento recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para países de ingresos medios.3

3. Falta de cobertura escolar : Aunque el plan reconoce la necesidad de atender a poblaciones vulnerables, no detalla estrategias específicas para integrar servicios de salud mental en las escuelas, donde los problemas emocionales y psicológicos tienen un impacto directo en el desempeño académico y la socialización.

4. Ausencia de personal especializado en las escuelas : El plan no aborda la necesidad de aumentar la cantidad de psicólogos y trabajadores sociales en las instituciones educativas, lo que limita la capacidad de detección e intervención temprana en niños y adolescentes.

5. Enfoque urbano centralizado : La implementación de servicios sigue siendo predominantemente urbana, dejando a comunidades rurales y marginadas con un acceso insuficiente o inexistente a apoyo psicológico y emocional.

6. Falta de mecanismos de seguimiento y evaluación : Aunque el plan propone acciones específicas, no establece indicadores claros para medir su impacto ni asegura su sostenibilidad a largo plazo.

7. Encuesta Nacional de Salud Mental y Adicciones 2023 : La Secretaría de Salud informa sobre el avance de esta encuesta, que tiene como objetivo actualizar los datos sobre la situación nacional en consumo de sustancias psicoactivas y condiciones de salud mental de la población.3

Impacto en el Contexto Educativo

En las escuelas, los efectos de estas limitaciones son evidentes. Durante y después de la pandemia, los estudiantes experimentaron niveles críticos de ansiedad, estrés y depresión, exacerbados por la falta de atención adecuada. Esto se tradujo en:

• Aumento de la deserción escolar : Los problemas emocionales no atendidos han contribuido al abandono escolar, un fenómeno que afecta no solo al desarrollo personal de los estudiantes, sino también al progreso del país.

• Ambientes escolares deteriorados : La falta de herramientas y recursos en las escuelas para manejar problemas de salud mental ha llevado a la escalada de conflictos, bullying y violencia escolar.

Aunque el Plan Sectorial de Salud Mental y Adicciones 2023-2024 representa un avance importante en el reconocimiento del problema, su implementación ha sido insuficiente para atender las necesidades específicas de la población estudiantil. Esto pone de relieve la urgencia de desarrollar políticas más integrales y específicas que incluyan a las escuelas como entornos estratégicos para la promoción, prevención y atención de la salud mental. Además, se requiere un compromiso financiero y estructural más sólido para garantizar que estas iniciativas tengan un impacto significativo y sostenible en la vida de los estudiantes mexicanos.4

A pesar de estos desafíos, también existen grandes oportunidades. Las escuelas no solo son un espacio propicio para el aprendizaje académico, sino que tienen el potencial de ser entornos seguros donde se promueva el bienestar emocional y psicológico. La implementación de programas de educación socioemocional, la capacitación de docentes y la integración de servicios de salud mental en los planteles son medidas que pueden transformar el sistema educativo y contribuir a la formación de generaciones más resilientes.

Es imperativo, por tanto, que las autoridades educativas y de salud trabajen de manera conjunta para garantizar que la salud mental de los estudiantes sea una prioridad nacional. Este compromiso no sólo implica aumentar la inversión en programas específicos, sino también desarrollar políticas públicas que aborden de manera integral los factores que afectan el bienestar de los estudiantes. Al actuar de manera decidida, no solo se mejorará la calidad de vida de los alumnos, sino que se contribuirá a construir una sociedad más equitativa, saludable y productiva.

La atención integral a la salud mental en las escuelas mexicanas representa un reto de gran envergadura, pero también una oportunidad invaluable para generar un cambio sistémico en el país. El bienestar emocional no debe ser considerado un lujo, sino un derecho esencial para el desarrollo pleno de cada estudiante. Las escuelas, como epicentro de formación y convivencia, deben asumir este reto como una responsabilidad ineludible, apoyadas por un marco normativo sólido y un financiamiento adecuado.

La salud mental en las escuelas de México es un tema de creciente relevancia, especialmente tras los desafíos impuestos por la pandemia de covid-19. A continuación, se presenta un análisis detallado que abarca antecedentes, retos, oportunidades, riesgos, propuestas y consecuencias, respaldado por datos y fuentes oficiales.

El artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho de toda persona a recibir educación, entendida como un proceso integral que debe fomentar el desarrollo armónico de todas las facultades del ser humano, incluidas su salud física, emocional y mental.5

La salud mental es fundamental para el desarrollo integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y su descuido puede tener graves consecuencias en su rendimiento académico, socialización y bienestar general.

Diversos estudios han señalado un incremento significativo en los problemas de salud mental entre los estudiantes mexicanos, particularmente en ansiedad, depresión, estrés y trastornos de conducta. Según datos recientes, estos problemas se han agudizado tras la pandemia de covid-19.

El presupuesto destinado a salud mental en México ha sido históricamente insuficiente, representando apenas 2.1 por ciento del gasto total en salud entre 2013 y 2021, según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), aunado a que el Presupuesto de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones para 2025 reporta una reducción de 15.2 por ciento en el presupuesto asignado para 2025, pasando de 2 mil 466.5 millones de pesos en 2024 a 2 mil 146.1 millones de pesos, lo que genera preocupación ante el aumento en la demanda de atención en salud mental.6

Existen importantes áreas de oportunidad para implementar programas educativos que integren el bienestar emocional como parte de la formación académica, capacitar al personal docente para identificar problemas de salud mental y generar una cultura escolar que erradique el estigma sobre esta problemática.

Pese a los avances normativos, los esfuerzos en materia de salud mental en el sistema educativo nacional aún son insuficientes para atender la magnitud del problema y garantizar el bienestar integral de los estudiantes.

Antecedentes

Históricamente, la salud mental en México ha recibido una atención limitada en comparación con otros aspectos de la salud pública. Según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), entre 2013 y 2021, en promedio, sólo 2.1 por ciento del presupuesto total de salud se destinó a salud mental, lo que ha limitado la disponibilidad y calidad de los servicios en esta área.7

En el ámbito escolar, la salud mental de los estudiantes ha sido un tema ausente en la política educativa. La falta de programas específicos y recursos destinados a abordar problemas emocionales y psicológicos en las escuelas ha dejado a muchos estudiantes sin el apoyo necesario.8

La salud mental, entendida como un estado de bienestar emocional, psicológico y social, ha sido un tema subestimado en México, especialmente en el contexto educativo. Durante décadas, las políticas públicas en educación se enfocaron principalmente en aspectos académicos, dejando de lado la dimensión emocional y psicológica del aprendizaje. Sin embargo, los problemas de salud mental entre niños, niñas, adolescentes y jóvenes han ido aumentando de manera constante, lo que ha generado una crisis que exige atención inmediata y prioritaria.

El desarrollo histórico de la salud mental en México

Desde mediados del siglo XX, la salud mental en México comenzó a incorporarse en la agenda de salud pública, pero con un enfoque limitado. La creación de instituciones como el Instituto Nacional de Psiquiatría en 1979 marcó un hito, pero los servicios siguieron siendo centralizados y dirigidos principalmente a adultos. En el ámbito educativo, la atención a la salud mental ha sido casi inexistente, limitada a esfuerzos aislados en escuelas particulares o zonas urbanas de mayor ingreso.

La transición hacia un enfoque más integral de salud mental comenzó a cobrar relevancia con la promulgación de la Ley General de Salud en 1984, que reconoció la importancia de atender los trastornos mentales. No obstante, la asignación presupuestaria en este rubro ha sido históricamente insuficiente. Según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), entre 2013 y 2021, en promedio, sólo 2.1 por ciento del presupuesto total de salud en México se destinó a salud mental, cifra muy por debajo de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que sugiere un mínimo de 5 por ciento.

El contexto educativo: un vacío histórico

En el ámbito educativo, la salud mental rara vez se consideró un tema de interés central. Hasta principios del siglo XXI, la atención psicológica en las escuelas estaba limitada a algunas instituciones privadas o programas experimentales en zonas urbanas. Esto dejó a millones de estudiantes de escuelas públicas sin acceso a apoyo psicológico formal. Además, la falta de un marco normativo específico para abordar la salud mental en las escuelas perpetuó la idea de que estos problemas eran responsabilidad exclusiva de las familias o del sector salud.

El impacto de la pandemia de covid-19

La llegada de la pandemia de covid-19 en 2020 marcó un punto de inflexión en la percepción y atención de la salud mental, especialmente entre los jóvenes. El cierre de escuelas, el confinamiento prolongado, la incertidumbre económica y la pérdida de seres queridos generaron un aumento significativo en los casos de ansiedad, depresión y estrés entre los estudiantes. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), más de 33 millones de estudiantes en México enfrentaron interrupciones en su educación, lo que amplificó los desafíos emocionales y psicológicos.

Un estudio del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en 2021 reveló que 1 de cada 3 adolescentes en México experimentó ansiedad o depresión durante la pandemia. Además, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) encontró que 28.6 por ciento de los adolescentes reportaron síntomas de ansiedad, mientras que 23.3 por ciento presentaron síntomas de depresión. Estos datos evidenciaron la magnitud del problema y la necesidad urgente de intervenir.

El contexto social y cultural: el estigma persistente

A pesar de los avances en la comprensión de la salud mental, el estigma social sigue siendo un obstáculo importante. En muchas comunidades, especialmente en zonas rurales y marginadas, los problemas de salud mental se perciben como debilidades personales o problemas que deben manejarse en privado. Esta percepción ha limitado la búsqueda de ayuda, tanto por parte de los estudiantes como de sus familias, y ha perpetuado el aislamiento de quienes sufren trastornos emocionales.

La respuesta gubernamental y los retos pendientes

En los últimos años, han surgido esfuerzos para abordar la salud mental en el sistema educativo mexicano. Por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública (SEP) estableció el programa “Aprende en Casa” durante la pandemia, el cual incluyó algunos contenidos relacionados con la salud socioemocional. Sin embargo, estos esfuerzos fueron insuficientes para atender la creciente demanda de apoyo psicológico. La falta de capacitación de los docentes, la escasez de recursos y la ausencia de una estrategia integral limitaron el alcance de estas iniciativas.

En 2022, el gobierno federal lanzó la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones (ENPA), que incluyó la promoción de la salud mental en jóvenes. Aunque esta estrategia representa un avance, su enfoque principal sigue siendo la prevención de adicciones, dejando un vacío en la atención a otros problemas de salud mental.

El papel de las escuelas como entornos protectores

A pesar de los desafíos, las escuelas tienen el potencial de ser entornos protectores para la salud mental. La evidencia científica ha demostrado que la promoción de habilidades socioemocionales desde una edad temprana puede reducir significativamente el riesgo de desarrollar trastornos mentales en el futuro. Sin embargo, para aprovechar este potencial, es necesario implementar cambios estructurales en el sistema educativo, incluyendo la capacitación de docentes, la integración de servicios psicológicos en las escuelas y la promoción de una cultura de bienestar emocional.

En resumen, los antecedentes de la salud mental en las escuelas mexicanas muestran una historia de atención limitada, recursos insuficientes y retos estructurales que han impedido un abordaje integral del problema. Sin embargo, la creciente conciencia sobre la importancia de este tema, impulsada por los efectos de la pandemia y el aumento de casos de trastornos emocionales entre los jóvenes, presenta una oportunidad única para transformar la manera en que se aborda la salud mental en el ámbito educativo.

Retos en materia de salud mental en las escuelas de México

El contexto educativo en México enfrenta múltiples retos relacionados con la salud mental de sus estudiantes. Estos desafíos son el resultado de problemas estructurales, falta de políticas públicas integrales, insuficiencia de recursos y estigmas culturales profundamente arraigados. A continuación, se detallan los principales retos que enfrenta el sistema educativo mexicano en esta materia:

1. Acceso limitado a servicios de salud mental

Uno de los principales retos es la falta de acceso equitativo a servicios de salud mental para estudiantes. La centralización de los recursos en áreas urbanas ha dejado a miles de niños y adolescentes de comunidades rurales y marginadas sin apoyo psicológico. Según el Instituto Nacional de Psiquiatría, en México hay menos de 5 psicólogos por cada 100 mil habitantes, una cifra insuficiente para cubrir las necesidades de la población estudiantil.

Además, muchas escuelas carecen de personal especializado, como psicólogos o trabajadores sociales, lo que impide la detección temprana de problemas emocionales y la implementación de intervenciones oportunas. Las brechas en infraestructura y recursos limitan la posibilidad de brindar atención directa a los estudiantes.9

2. Insuficiente capacitación docente

Los docentes son los primeros en identificar cambios en el comportamiento de los estudiantes, pero la mayoría no cuenta con la formación necesaria para abordar problemas de salud mental. Según un informe de la SEP, más del 70 por ciento de los maestros en México no han recibido capacitación sobre cómo manejar situaciones relacionadas con la salud emocional de los alumnos. Esto no solo dificulta la detección temprana, sino que también genera estrés adicional para los maestros, quienes se enfrentan a estos desafíos sin las herramientas adecuadas.10

3. Estigmatización y prejuicios culturales

En muchas comunidades mexicanas, los problemas de salud mental siguen siendo vistos como un tema tabú, lo que perpetúa el estigma y desalienta la búsqueda de ayuda. La falta de información y educación sobre salud mental contribuye a la discriminación hacia aquellos que enfrentan problemas emocionales o psicológicos, tanto en las escuelas como en sus entornos familiares. Este estigma también afecta a los docentes y padres, quienes pueden minimizar la importancia de estos problemas o evitar tratarlos por miedo al juicio social.11

4. Aumento en los problemas de salud mental tras la pandemia

La pandemia de covid-19 exacerbó los problemas de salud mental en los estudiantes. El confinamiento prolongado, la pérdida de seres queridos, la incertidumbre económica y la interrupción de las clases presenciales generaron un aumento en los niveles de ansiedad, depresión y estrés entre los niños y adolescentes. Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2022, más de 28 por ciento de los adolescentes reportaron síntomas de ansiedad y 23 por ciento presentaron síntomas de depresión tras el confinamiento. Este incremento ha sobrecargado aún más los sistemas escolares y ha expuesto la insuficiencia de los recursos existentes.

5. Deserción escolar vinculada a problemas de salud mental

Los problemas de salud mental no atendidos son una de las principales causas de deserción escolar en México. La ansiedad, depresión y otros trastornos pueden dificultar la concentración, el rendimiento académico y la socialización, lo que lleva a muchos estudiantes a abandonar la escuela. Según datos de la Cámara de Diputados, los estudiantes con problemas de salud mental tienen hasta tres veces más probabilidades de dejar la escuela en comparación con aquellos que no enfrentan estas dificultades.12

6. Subfinanciamiento del sector salud mental

El presupuesto asignado a la salud mental en México es notoriamente bajo. Según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), sólo 2.1 por ciento del presupuesto total de salud se destinó a este rubro entre 2013 y 2021, cifra muy inferior al 5 por ciento recomendado por la OMS. Esta falta de financiamiento se traduce en la ausencia de programas específicos en las escuelas, la falta de contratación de personal especializado y la carencia de infraestructura adecuada para atender a los estudiantes.

7. Falta de coordinación interinstitucional

La salud mental en las escuelas requiere la colaboración de múltiples actores, incluidos los sectores de salud, educación y desarrollo social. Sin embargo, en México, la falta de coordinación entre estas instituciones ha limitado la implementación de políticas integrales. La desconexión entre los programas educativos y los servicios de salud pública impide una atención adecuada y oportuna.

8. Ausencia de un marco normativo integral

Aunque la Ley General de Salud reconoce la importancia de la salud mental, no existe una normativa específica que obligue a las escuelas a incluir programas de bienestar emocional en sus planes de trabajo. Esta falta de regulación ha generado disparidades en la implementación de iniciativas, dejando a muchas escuelas públicas sin recursos ni lineamientos claros.

9. Escasez de datos y diagnósticos actualizados

Un reto adicional es la falta de estadísticas confiables y actualizadas sobre la salud mental en el ámbito educativo. La mayoría de los estudios disponibles provienen de organizaciones internacionales o investigaciones académicas independientes, lo que dificulta la planificación e implementación de políticas públicas basadas en evidencia.

10. Impacto de la violencia y el entorno socioeconómico

El entorno social de los estudiantes también juega un papel crucial en su salud mental. La violencia doméstica, la inseguridad y la pobreza son factores que agravan los problemas emocionales y psicológicos en los niños y adolescentes. Según UNICEF, 63 por ciento de los estudiantes mexicanos reporta haber sufrido algún tipo de violencia en su entorno escolar, lo que afecta su bienestar emocional y desempeño académico.

Oportunidades

1. Integración de programas de educación emocional : Implementar programas que enseñen a los estudiantes a gestionar sus emociones y desarrollar resiliencia puede mejorar su bienestar general.13

2. Capacitación docente : Formar a los maestros para identificar y manejar problemas de salud mental en el aula puede facilitar intervenciones tempranas.14

3. Uso de tecnologías : Las plataformas digitales pueden ofrecer apoyo psicológico y recursos educativos sobre salud mental, ampliando el alcance de las intervenciones.15

Riesgos

1. Subfinanciamiento : Sin una inversión adecuada, las iniciativas en salud mental pueden ser insuficientes o insostenibles.16

2. Falta de coordinación interinstitucional : La ausencia de colaboración entre sectores de salud y educación puede limitar la efectividad de los programas implementados.17

3. Resistencia cultural : Las percepciones negativas sobre la salud mental pueden obstaculizar la participación de estudiantes y padres en las iniciativas propuestas.

Propuestas

1. Aumento del presupuesto en salud mental : Incrementar la inversión para alcanzar al menos 5 por ciento del gasto público en salud, como recomienda la OMS, permitiría desarrollar programas más robustos.

2. Descentralización de servicios : Establecer centros de atención en salud mental en diversas regiones garantizaría el acceso equitativo para todos los estudiantes.

3. Campañas de sensibilización : Promover la comprensión y aceptación de la salud mental en comunidades escolares reduciría el estigma asociado.

4. Integración curricular : Incluir temas de salud mental y bienestar emocional en los planes de estudio fomentaría una cultura de autocuidado desde temprana edad.

Consecuencias

• Positivas : La aplicación efectiva de estas propuestas puede conducir a una reducción en las tasas de deserción escolar, mejora en el rendimiento académico y un aumento en el bienestar general de los estudiantes.18

• Negativas : La inacción o implementación deficiente podría resultar en un aumento de trastornos mentales no tratados, mayor deserción escolar y perpetuación del estigma, afectando el desarrollo integral de los jóvenes.19

Cifras y Datos Oficiales Actuales sobre la Salud Mental en las Escuelas de México

La salud mental de niñas, niños y adolescentes en México es una preocupación creciente, respaldada por diversas encuestas y estudios recientes que reflejan la magnitud del problema. A continuación, se presentan las cifras y datos más relevantes:

1. Prevalencia de trastornos mentales en adolescentes

• Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) Continua 2022 : Este instrumento estadístico, elaborado por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), proporciona datos detallados sobre la salud mental de la niñez y adolescencia en México. La Ensanut Continua 2022 reporta que una proporción significativa de adolescentes presenta síntomas depresivos, como tristeza, ansiedad y trastornos del sueño, que afectan su vida diaria y la de sus familias.20

• Informe sobre la Situación de la Salud Mental y el Consumo de Sustancias Psicoactivas en México 2021 : Este informe destaca que las condiciones más prevalentes atendidas en el sistema de salud son la ansiedad (52.8 por ciento) y la depresión (25.1 por ciento), afectando a una proporción considerable de la población juvenil.21

2. Impacto de la pandemia de covid-19 en la Salud Mental Estudiantil

• Estudio sobre Niveles de Ansiedad en Estudiantes Escolares Mexicanos : Una investigación reciente encontró que, debido a la modalidad de aprendizaje híbrido implementada durante la pandemia, 53 por ciento de los niños evaluados presentaron niveles de ansiedad, reflejando el impacto significativo de la crisis sanitaria en la salud mental infantil.22

• Encuesta sobre estudiantes universitarios : Resultados preliminares de una encuesta aplicada a cerca de 50 mil estudiantes de nuevo ingreso en 2021 indican que los estudiantes universitarios están experimentando un aumento en problemas de salud mental, incluyendo agotamiento emocional y estrés, exacerbados por la pandemia.23

3. Estadísticas generales sobre salud mental en México

• Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) : El Inegi proporciona información sobre la condición de salud emocional y sentimientos depresivos en la población mexicana. Aunque no se especifica exclusivamente para estudiantes, estos datos ofrecen una visión general de la prevalencia de trastornos mentales y del comportamiento en el país.24

• Informe del Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones 2024 : Este informe señala que, en el sistema de salud, se atendieron a 303 mil 356 personas por distintas condiciones de salud mental, siendo la ansiedad y la depresión las más prevalentes. Aunque no se desglosa por grupos de edad, es indicativo de la carga que representan estos trastornos en la población general.25

Conclusión

Las cifras y datos oficiales actuales evidencian una creciente preocupación por la salud mental de los estudiantes en México. La alta prevalencia de síntomas de ansiedad y depresión, exacerbada por la pandemia de covid-19, subraya la necesidad urgente de implementar políticas y programas efectivos que aborden estos desafíos en el entorno escolar. Las iniciativas gubernamentales recientes deben representar un paso en la dirección correcta, pero es fundamental continuar recopilando datos precisos y actualizados para diseñar intervenciones basadas en evidencia que promuevan el bienestar mental de la niñez y adolescencia mexicana.

Abordar la salud mental en las escuelas de México es esencial para garantizar el desarrollo pleno de los estudiantes. Esto requiere un compromiso conjunto de autoridades, educadores, familias y la sociedad en general para crear entornos educativos que promuevan el bienestar emocional y psicológico.

Por lo expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al titular de la Secretaría de Educación Pública para que instrumente las acciones necesarias a efecto de diseñar e implementar un Programa Nacional de Salud Mental en el Sistema Educativo Nacional que contemple acciones prioritarias como:

1. La incorporación de contenidos de educación emocional en los planes y programas de estudio de todos los niveles educativos.

2. La capacitación del personal docente y administrativo para la detección temprana de problemas de salud mental en los estudiantes.

3. La generación de alianzas con la Secretaría de Salud para garantizar el acceso a servicios de atención psicológica y psiquiátrica en las instituciones educativas.

4. La promoción de campañas de sensibilización para combatir el estigma asociado a los trastornos mentales.

5 . La evaluación periódica del impacto de estas acciones para ajustar las políticas y garantizar su efectividad.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Educación Pública para que, incremente la inversión en programas de bienestar emocional y lleve a cabo las gestiones necesarias para obtener recursos adicionales destinados a garantizar la implementación de dichas acciones en todas las entidades federativas.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación Pública para que, remita un informe detallado a la opinión pública, en un plazo no mayor a 90 días naturales, sobre las acciones realizadas y los resultados obtenidos en el fortalecimiento de la atención a la salud mental en el Sistema Educativo Nacional.

Notas

1 Gobierno de México, 2024, Estadísticas aportan información para tratar la salud mental de niñas, niños y adolescentes. Recuperado de: https://www.gob.mx/sipinna/articulos/estadisticas-aportan-informacion-p ara-tratar-la-salud-mental-de-ninas-ninos-y-adolescentes

2 Judith Senyacen Méndez Méndez, 2023, CIEP, Presupuesto para salud mental: Un derecho humano universal. Recuperado de: https://ciep.mx/presupuesto-para-salud-mental-un-derecho-humano-univers al/

3 Gobierno de México, 2023, Avanza Encuesta Nacional de Salud Mental y Adicciones 2023. Recuperado de: https://www.gob.mx/salud/prensa/avanza-encuesta-nacional-de-salud-menta l-y-adicciones-2023

4 Gobierno de México, 2023, Autoridades presentan Plan Sectorial de Salud Mental y Adicciones 2023–2024. Recuperado de: https://www.gob.mx/salud/prensa/autoridades-presentan-plan-sectorial-de -salud-mental-y-adicciones-2023-2024

5 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Recuperado de:
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

6 El Economista, 2024, Baja 13 por ciento presupuesto para 2025 de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones; demanda de atención aumenta. Recuperado de: https://www.eleconomista.com.mx/politica/baja-13-presupuesto-2025-comis ion-nacional-salud-mental-adicciones-demanda-atencion-aumenta-20241215- 738399.html

7 Universidad Iberoamericana, 2023, Retos de la salud mental en México: Desesperanza, pobreza y violencia. Recuperado de: https://ibero.mx/prensa/retos-de-la-salud-mental-en-mexico-desesperanza -pobreza-y-violencia

8 Faro educativo, 2023, La salud mental de las y los estudiantes: un tema ausente en la política educativa de México. Recuperado de: https://faroeducativo.ibero.mx/wp-content/uploads/2021/05/Apuntes-de-po litica-28-3.pdf

9 Bajo Lupa, 2023, Los retos y desafíos de la salud mental en México. Recuperado de: https://documenta.org.mx/blog-documenta/2018/11/14/los-retos-y-desafios -de-la-salud-mental-en-mexico/

10 Trans Digital, 2024, Percepción de habilidades socioemocionales en docentes de educación primaria en México durante la pandemia por covid-19: Hacia la consciencia en la integralidad. Recuperado de: https://revista-transdigital.org/index.php/transdigital/article/view/31 7

11 Bajo Lupa, 2023, Los retos y desafíos de la salud mental en México. Recuperado de: https://documenta.org.mx/blog-documenta/2018/11/14/los-retos-y-desafios -de-la-salud-mental-en-mexico/

12 La silla rota, 2022, Salud mental y deserción: los retos del sistema educativo tras pandemia. Recuperado de: https://lasillarota.com/nacion/2022/7/23/salud-mental-desercion-los-ret os-del-sistema-educativo-tras-pandemia-385492.html

13 TN University, 2024, El bienestar emocional de los estudiantes: reto prioritario en el entorno educativo. Recuperado de: https://www.tnuniversity.edu.mx/editorial/articulo/el-bienestar-emocion al-de-los-estudiantes-reto-prioritario-en-el-entorno-educativo

14 Revista UNAM, 2023, Pedagogía y salud mental: un encuentro necesario. Recuperado de:
https://www.revista.unam.mx/wp-content/uploads/v24_n6_a8.pdf

15 Codice, 2023, salud mental: retos y oportunidades. Recuperado de: https://codicemx.org/blog-interior/salud-mental-retos-y-oportunidades

16 Universidad Iberoamericana, 2023, Retos de la salud mental en México: Desesperanza, pobreza y violencia. Recuperado de: https://ibero.mx/prensa/retos-de-la-salud-mental-en-mexico-desesperanza -pobreza-y-violencia

17 Doctor Benigno Romano Romano, 2022, Retos para el personal de salud mental y educativo en México. Recuperado de:
https://cultura.buap.mx/observatoriocultural/sites/default/files/Revistas/
Revista%201%20-%20Nueva%20%C3%A9poca/Beny.pdf

18 TN University, 2024, El bienestar emocional de los estudiantes: reto prioritario en el entorno educativo. Recuperado de: https://www.tnuniversity.edu.mx/editorial/articulo/el-bienestar-emocion al-de-los-estudiantes-reto-prioritario-en-el-entorno-educativo

19 La silla rota, 2022, La Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) alerta por falta de evaluaciones claras y con muestras confiables. Recuperado de: https://lasillarota.com/nacion/2022/7/23/salud-mental-desercion-los-ret os-del-sistema-educativo-tras-pandemia-385492.html

20 Resultados de la ENSANUT 2020-2023. Recuperado de: https://www.insp.mx/avisos/presentan-resultados-de-la-ensanut-2020-2023

21 Gobierno de México, 2022, Informe sobre la Situación de la Salud Mental y el Consumo de Sustancias Psicoactivas en México 2021. Recuperado de: https://www.gob.mx/conasama/es/documentos/informe-sobre-la-situacion-de -la-salud-mental-y-el-consumo-de-sustancias-psicoactivas-en-mexico-2021 -378881

22 Niveles de ansiedad en estudiantes escolares mexicanos participantes de la modalidad blended learning durante la pandemia por covid-19. Recuperado de: https://www.medigraphic.com/pdfs/sinergia/rms-2023/rms2311b.pdf

23 Instituto para el Futuro de la Educación, 2022, Los estudiantes universitarios están exhaustos emocionalmente y necesitan ayuda. Recuperado de: https://observatorio.tec.mx/edu-news/estudiantes-universitarios-salud-m ental-encuesta/

24 Inegi, 2023, Salud mental. Recuperado de: https://www.inegi.org.mx/temas/salud/

25 Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones, 2024, Una mirada a la atención en salud mental en México: principales condiciones atendidas en el Sistema de Salud. Recuperado de:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/949747/04_DATOS_SM_2024.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 29 de enero de 2025.

Diputada Laura Cristina Márquez Alcalá (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la presidenta de la República y a la SRE a garantizar los derechos de los mexicanos en Estados Unidos, promoviendo acciones diplomáticas y jurídicas frente a las medidas anunciadas por el presidente Donald Trump y asegurar que los consulados y embajada en dicho país brinden apoyo legal inmediato, efectivo y permanente, suscrita por el diputado Diego Ángel Rodríguez Barroso, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Diego Ángel Rodríguez Barroso, y las y los diputados federales de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta, respetuosamente, a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, a asumir una postura firme y decidida en defensa de los derechos de los mexicanos en el exterior, promoviendo acciones diplomáticas y jurídicas para garantizar su protección frente a las medidas anunciadas por el presidente Donald Trump. Asimismo, se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a reforzar su atención y asistencia a los mexicanos, asegurando que los consulados y embajadas brinden apoyo legal inmediato, efectivo y permanente, día y noche, promoviendo la protección de sus derechos humanos, y a preparar los recursos necesarios para una defensa legal adecuada en caso de eventual deportación, asegurando que se respeten los derechos de los connacionales y se adopten las medidas pertinentes para su regularización o repatriación conforme a la ley, al tenor de las siguientes,

Consideraciones

El 20 de enero de 2025, Donald John Trump asumió nuevamente la presidencia de los Estados Unidos de América y, durante su toma de protesta, presentó una serie de medidas que han causado gran preocupación en la sociedad mexicana y en la comunidad internacional, especialmente por su impacto en los derechos humanos de los migrantes. Entre las medidas anunciadas, destacan la reactivación de la controvertida política de “Quédate en México”, la militarización de la frontera sur de Estados Unidos, las deportaciones masivas de migrantes y la suspensión temporal del reasentamiento de refugiados. Estas políticas afectan directamente a millones de migrantes mexicanos que residen en ese país, muchos de los cuales se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.

En primer término, es fundamental que el gobierno mexicano asuma una postura firme en defensa de los derechos humanos de sus ciudadanos en el exterior, para garantizar la protección integral de los connacionales. Los migrantes mexicanos no solo son trabajadores, estudiantes, padres de familia y personas que han contribuido de manera significativa a la sociedad estadounidense, sino que representan una parte esencial de la economía de ese país. Los mexicanos desempeñan un papel crucial en sectores clave como la agricultura, la construcción y la manufactura, y su labor ha sido fundamental para el crecimiento económico y la fortaleza de las redes culturales, sociales y familiares entre ambas naciones.

Por ello, el gobierno mexicano debe asegurarse de que la Secretaría de Relaciones Exteriores no solo mantenga informados a los connacionales, sino que les otorgue el apoyo necesario en situaciones de emergencia o vulnerabilidad, como detenciones arbitrarias o violaciones a sus derechos humanos. Los consulados y embajadas deben estar en trabajo permanente, día y noche, para ofrecer asistencia legal y gestionar la protección de los derechos de los mexicanos, proporcionando desde asesoría jurídica hasta representación legal en tribunales cuando sea necesario. Es esencial que los consulados y embajadas, especialmente en los Estados Unidos, estén disponibles de manera continua, ya que en muchas ocasiones los mexicanos enfrentan dificultades para comunicarse vía telefónica, dado que al llamar se les remite a grabaciones automáticas o contestadoras, lo cual dificulta la atención inmediata a casos urgentes.

La reactivación de la política de “Quédate en México”, que obliga a los migrantes a esperar en territorio mexicano mientras se resuelven sus solicitudes de asilo, tiene implicaciones graves para la seguridad y el bienestar de los mexicanos. Implementada durante el gobierno anterior de Trump, esta política fue condenada por organizaciones de derechos humanos debido a las condiciones de hacinamiento, violencia y falta de acceso a servicios básicos a las que fueron sometidos los migrantes. Reactivar esta medida plantea una amenaza directa para los connacionales que buscan una vida mejor, pues se ven forzados a vivir en condiciones de extrema vulnerabilidad.

Asimismo, la militarización de la frontera sur podría exacerbar las tensiones en una zona ya marcada por el control y la vigilancia intensiva. Esta estrategia no solo incrementa el riesgo de violaciones a los derechos humanos de los migrantes, sino que también fomenta la discriminación hacia aquellos que buscan refugio o una oportunidad de trabajo en Estados Unidos. Organizaciones defensoras de los derechos humanos han criticado previamente el uso excesivo de la fuerza y la falta de un enfoque humanitario en la gestión de la migración.

Respecto a las deportaciones masivas, aunque no se han especificado los plazos ni los detalles exactos de cómo se implementarán, la promesa de devolver a “millones y millones” de migrantes a sus países de origen genera un panorama incierto y angustiante, especialmente para los mexicanos que se encuentran en situación irregular o que, a pesar de contar con un estatus migratorio legal, pudieran verse afectados por políticas restrictivas. Ante esta eventualidad, es crucial que el gobierno mexicano prepare los recursos necesarios para una defensa legal efectiva de sus ciudadanos y brinde un apoyo decidido en caso de deportación, garantizando que sus derechos sean protegidos en todo momento.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, ponemos a consideración del pleno de la Comisión Permanente el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero . La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, para que asuma una postura firme y decidida en defensa de los derechos de los mexicanos en el exterior, promoviendo acciones diplomáticas y jurídicas para garantizar su protección frente a las medidas anunciadas por el presidente Donald Trump.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a reforzar su atención y asistencia a los mexicanos, asegurando que los consulados y embajadas en Estados Unidos brinden apoyo legal inmediato, efectivo y permanente, día y noche, garantizando la protección de sus derechos humanos y atención legal.

Sede de la Comisión Permanente, a los 29 días del mes de enero del 2025.

Diputado Diego Ángel Rodríguez Barroso (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a desarrollar y, en su caso, reforzar los programas de inteligencia criminal para combatir los delitos que se cometen en las carreteras del país, suscrita por el diputado José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado José Guillermo Anaya Llamas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguiente:

Consideraciones

Garantizar seguridad en carreteras de México debe mantenerse como uno de los principales puntos en la agenda pública.

De acuerdo con la ENVIPE, se estima que en 2022 ocurrieron 201,197 delitos en las carreteras del país. Por su parte, la ENVE reporta que las empresas fueron victimas de un total de 98,725 delitos en 2021. En cambio, la incidencia delictiva sólo reportó 8,836 robos a transportistas en 2023.

La delincuencia en carreteras es un grave lastre para la seguridad y la economía del país. Para el sector privado, provoca pérdidas de mercancía, afectaciones en las cadenas de suministro, incremento en los costos por medidas adicionales de seguridad, y la pérdida de confianza de clientes. Para la población, afecta el derecho al libre tránsito, la seguridad personal, patrimonial, y el libre esparcimiento; además contribuye al alza de precios de bienes y servicios.

Según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2023, 70? por ciento de la población se encontró satisfecha con las autopistas de cuota y 33?por ciento, con las carreteras sin cuota. De las características exploradas, la seguridad fue el rubro con la calificación más baja para ambos tipos de carreteras. Destaca que la percepción de seguridad en carreteras presenta una disminución entre 2015 y 2023, especialmente para las autopistas con casetas de cuota.

Según dato de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) del Inegi muestra que una de cada dos empresas percibió inseguridad al transportar productos por carretera. Por sector económico, la percepción de inseguridad fue más alta para las empresas del sector comercial (52? por ciento), seguida por el sector servicios (48?por ciento ) y el industrial (45? por ciento).

Debemos de puntualizar que los delitos se deben de desagregar por entidad federativa, se observa que las percepciones de inseguridad más altas se encuentran en las regiones centro, occidente y sureste.

Los datos que arroja la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE), indica que sólo uno de cada diez delitos se reporta, subestimando el tamaño real del problema.

También indica que el lugar de ocurrencia del delito puede diferir del lugar donde se encontró el vehículo o la mercancía robada, complicando el proceso de denuncia y conteo de delitos.

La falta de precisión y sistematización sobre el tipo de lugar de ocurrencia del delito, no permite que se haga un seguimiento correcto del hecho.

De acuerdo con la ENVIPE, se estima que en 2022 ocurrieron 201,197 delitos en las carreteras del país. Por su parte, la ENVE reporta que las empresas sufrieron un total de 98,725 delitos en 2021. En cambio, la incidencia delictiva sólo reportó 8,836 robos a transportistas en 2023.

Según datos reflejados en la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE), indica que los delitos contra unidades económicas que trasladan mercancías por carretera han aumentado, los grupos del crimen organizado han comenzado a centrar su atención en el robo de mercancía, misma que después se revende en mercados legales o ilegales.

Aunque el robo a transportistas ha acaparado la atención de medios y autoridades, no es el único tipo de delito que ocurre en carreteras. Según la ENVIPE, los principales delitos ocurridos en carretera durante 2022 fueron robo o asalto (35.2? por ciento) y extorsión (19.8? por ciento). Adicionalmente, 93.7? por ciento de estos delitos se cometieron con armas de fuego, y 85? por ciento involucró a dos o más personas. Estos datos muestran que la actividad delictiva en carreteras tiende a ser grupal y violenta.

Los Censos Nacionales de Seguridad Pública Federal y Estatal (CNSPF-E), elaborados por el Inegi, indican diferencias entre los objetivos y formas de comisión de estos delitos. Mientras que la Guardia Nacional reporta un mayor número de probables robos o asaltos contra camiones de carga en carreteras federales, las instituciones de seguridad pública locales registran un número más alto de probables robos o asaltos contra vehículos particulares en carreteras estatales.

Además, entre 2020 y 2022, aumentó la cantidad de robos o asaltos contra autobuses que transitan por carreteras estatales, al pasar de 169 en 2020, a 270 en 2022. Por último, las cifras también muestran una alta presencia de armas de fuego durante la comisión de estos robos, especialmente contra camiones de carga en carreteras federales.

Con respecto a la distribución geográfica del problema, los datos de percepción de inseguridad en carreteras adelantan que se trata de un problema regional. Sin embargo, los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública SESNSP muestran que el 50.4?por ciento de los robos contra transportistas denunciados entre 2015 y 2023 se concentraron en 24 municipios.

Los cuales son municipios colindantes entre el estado de México, Ciudad de México, Puebla y Tlaxcala conforman la agrupación más extensa. Una segunda agrupación se encuentra en Morelia y Uruapan, Michoacán. Otras concentraciones están en las zonas metropolitanas de Guadalajara y Monterrey, y en San Luis Potosí.

Es por lo anterior que hoy presento este punto de acuerdo ya que la inseguridad en carreteras tiene repercusiones económicas y sociales, para todos los mexicanos.

Debemos de entender que este problema los debemos afrontar y confrontar ya que se cuenta con la información públicas.

Las percepciones de inseguridad son más notorias en carreteras sin cuota, aumentando en las carreteras de cuota en los últimos años.

Los registros de seguridad pública federal y estatales evidencian diferencias según la jurisdicción y el blanco del delito, destacando los robos o asaltos contra camiones de carga en autopistas federales.

Los robos a transportistas se concentran en municipios específicos; no son un fenómeno generalizado. Al tratarse de un delito que atañe a diversas jurisdicciones y administraciones, su prevención e investigación requieren coordinación, patrullaje, vigilancia y mejor información para focalizar los esfuerzos en los tramos de mayor incidencia.

Es por lo anterior, es que los sistemas de información e inteligencia policial son una herramienta fundamental para los datos criminalisticos, porque pueden ayudar a recopilar, almacenar, analizar y compartir información sobre el modo de operación del crimen organizado, es así que las autoridades deben desarrollar y mantener sistemas de información e inteligencia policial sólidos, que sean eficientes y eficaces, y que protejan la privacidad de los ciudadanos; asimismo, estas fuerzas también deben desarrollar políticas y procedimientos para prevenir el uso indebido de estos sistemas.

La inteligencia criminal es una actividad que principalmente le corresponde a la autoridad policial que consiste en recopilar, procesar y analizar información sobre el crimen organizado y sus estrategias o modus operandi.

Es así, que la inteligencia criminal también es una herramienta importante para la prevención de los delitos cometidos por el crimen organizado, debido a que puede ayudar a las autoridades a identificar patrones de comportamiento criminal, lo que puede ayudar a tomar medidas para prevenir que se produzcan delitos, y asi realizar politicas públicas tendientes a garantizar la paz social que tanta falta hace en nuestro país.

Es por lo anterior y en un ánimo de cumplirle a cada uno de los ciudadanos de este país es que vengo a presentar este punto de acuerdo:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Ejecutivo federal para que, a través de las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana; de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; y de la Guardia Nacional, se desarrollen y, en su caso, se refuercen los programas de inteligencia criminal para combatir los delitos que se cometen en las carreteras del país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 enero de 2025

Diputado José Guillermo Anaya Llamas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a que reconsideren y reviertan el incremento de las tarifas de peaje anunciadas a partir de 2025, con el objetivo de favorecer a los usuarios de las autopistas, al sector productivo nacional y al turismo, suscrita por el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Héctor Saúl Téllez Hernández, diputado federal a la LXVI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de conformidad con lo establecido en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Comisión Permanente la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), para que reconsideren y reviertan el incremento de las tarifas de peaje anunciadas a partir de 2025, con el objetivo de favorecer a los usuarios de las autopistas, al sector productivo nacional y al turismo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe)1 es el organismo del gobierno federal encargado de operar la mayoría de las autopistas y puentes federales en el país, que es quien administra y cobra el peaje para entregarlo a la hacienda pública.

Actualmente la red que maneja Capufe, de acuerdo a datos del mismo organismo, registra un total de 39 caminos, de los cuales 2 pertenecen a la red propia y 37 a la Red del Fondo Nacional de Infraestructura (FNI). En su extensión, la red propia de CAPUFE comprende 76.710 kilómetros y la red del FNI cuenta con 3,592.055 kilómetros. En referencia a los puentes, Capufe posee en su red propia 28, de los cuales 16 son nacionales y 12 internacionales, mientras que de la red del FNI opera 1 puente nacional.2

Por su relevancia las autopistas representan la columna vertebral de la infraestructura de transporte terrestre en México. Estas vías conectan regiones estratégicas del país, permitiendo el traslado eficiente de personas y mercancías. De acuerdo a cifras emitidas por Capufe, en 2024 estas autopistas registraron un aforo promedio diario de más de 4 millones de vehículos. Esto incluye tanto el transporte privado como el transporte de carga, que desempeña un papel crucial en la economía nacional.

No podemos dejar de señalar que el 56 por ciento de las mercancías transportadas en México utiliza la red de autopistas como su principal medio de transporte, según cifras de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Estas vías son esenciales para la distribución de bienes en sectores como la agricultura, la industria manufacturera y el comercio. Además, el movimiento de personas a través de estas autopistas contribuye al turismo, ya que destinos como Acapulco y Cancún dependen en gran medida del turismo carretero.

De acuerdo a cifras del Instituto Mexicano del Transporte que es un organismo desconcentrado de la SICT, el transporte de carga por carretera en 2023 transportó 260 mil millones de toneladas-kilómetro al año, dentro de las cuales predominan los productos industriales (46.7 por ciento) y los agrícolas (18 por ciento). Por la extensión del país, las distancias de recorrido por viaje son generalmente grandes teniendo un valor promedio de 550 kilómetros. El 93 por ciento de las toneladas-kilómetro son recorridas por carreteras federales libres y sólo el 7 por ciento restante por autopistas de cuota.3

Sin embargo, a partir del 10 de enero de 2025 Capufe anunció que las autopistas incrementarían las tarifas de peaje en diversas autopistas de México, el incremento oscila entre el 5 y 9 por ciento para algunas autopistas. Este ajuste, que varía según la ubicación y las características de cada tramo carretero y que de acuerdo al organismo operador el aumento tiene por objetivo garantizar el mantenimiento y la mejora de la infraestructura vial en el país. Sin embargo, representa un importante impacto económico negativo a los usuarios y también para los transportistas en un momento en el que el país se encuentra en un escenario de desaceleración económica.4

De acuerdo a Capufe estas son las nuevas tarifas y el aumento en pesos para automóviles:

• México-Cuernavaca: $149 (anteriormente $136), con incremento de 13 pesos.

• Cuernavaca-Acapulco: $640 (anteriormente $603), con un incremento de 37 pesos.

• México-Puebla: $216 (anteriormente $204), con un incremento de 12 pesos.

• México-Querétaro: $216 (anteriormente $204), con un incremento de 12 pesos.

• Durango-Mazatlán: $765 (anteriormente $743), con un incremento de 22 pesos.

• Tijuana-Ensenada: $145 (anteriormente $138), con un incremento de 7 pesos.

• La Rumorosa-Tecate: $103 (anteriormente $97, con un incremento de 6 pesos.

• Córdova- Veracruz: $270 (anteriormente $255), con un incremento de 15 pesos.

• La Tinaja-Cosoleacaque: $535 (anteriormente $506), con un incremento de 29 pesos.

• Estación Don-Nogales: $518 (anteriormente $490), con un incremento de 28 pesos.

• Salina Cruz-La Ventosa: $1425 (anteriormente $133), con un incremento de 9 pesos.6

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público junto con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y Caminos y Puentes Federales de Servicios Conexos de forma periódica han incrementado las tarifas de peaje, situación que afectará el bolsillo de los usuarios lo que los orillará a utilizar las carreteras libres de peaje.

No perdamos de vista que en 2022 Capufe aplicó un incremento en 7.36 en promedio siendo notable que el corredor México-Acapulco experimentó un aumento superior al promedio, alcanzando el 10 por ciento. En 2023, se registraron dos aumentos en promedio: uno del 7.82 por ciento en febrero y otro del 3 por ciento en el mes de noviembre. Los ingresos obtenidos en la red de autopistas operadas por Capufe tanto propia como del FNI, en 2023 registraron un total de 39 mil 678.2 millones de pesos, que representaron un aumento de 2 mil 273.9 millones de pesos con respecto a 2022.

Ahora a partir del pasado 10 de enero se anuncia un incremento entre el 5 a 9 por ciento a las tarifas de peaje por arriba de la inflación, un aumento que es inoportuno, en un momento en el que también se ven incrementados el precio de la gasolina y diésel para los usuarios y transportistas.

El incremento en los peajes y de las gasolinas y diésel afectan directamente el bolsillo de millones de usuarios que dependen de estas vías para transporte diario, turismo o comercio. En un país donde gran parte de las mercancías (56 por ciento) se trasladan por carretera, los costos adicionales son absorbidos por las empresas, lo que eventualmente se traduce en un incremento en los precios de bienes y servicios básicos. Esto, en un contexto de creciente inflación, representa una presión adicional para las familias mexicanas.

Por otro lado, las zonas turísticas como Acapulco, Zihuatanejo, Playas de Veracruz, Jalisco y Cancún, que dependen en gran medida del turismo carretero, podrían experimentar una disminución en el flujo de visitantes. Esto afecta a las economías locales, que ya enfrentan desafíos significativos tras eventos como la pandemia de covid-19 y fenómenos climáticos recientes como lo fueron los Huracanes que dañaron severamente los destinos turísticos.

Uno de los puntos más criticados es la falta de claridad sobre cómo se utilizan los recursos provenientes de los incrementos. Aunque Capufe asegura que los ingresos por peajes se destinan al mantenimiento y modernización de la red carretera, los usuarios continúan reportando deficiencias en tramos clave, como baches, señalización deficiente y demoras en reparaciones que afectan el tránsito diario por las autopistas. Esto genera una percepción de negligencia en la labor de conservación y mantenimiento, ya que el pago adicional no siempre se traduce en mejoras visibles o tangibles en la infraestructura carretera.

El aumento de tarifas también perpetúa desigualdades regionales. En zonas donde las autopistas son la única opción viable debido a la falta de carreteras alternativas o carreteras tomadas por la delincuencia organizada, los usuarios no tienen otra opción que pagar los peajes más altos. Esto contrasta con regiones que cuentan con redes más amplias de caminos libres de cuota, más seguros y con más vigilancia, lo que evidencia disparidades en la accesibilidad a la infraestructura pública.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único . La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Poder Ejecutivo federal a través de las Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), para que reconsideren y reviertan el incremento de las tarifas de peaje anunciadas a partir de 2025, con el objetivo de favorecer a los usuarios de las autopistas, al sector productivo nacional y al turismo.

Notas:

1 Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal, sectorizado a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio. ESTATUTO Orgánico de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos.

2 https://pot.capufe.mx/gobmx/Transparencia/Doc/TransparenciaF/img/RED-OP ERADA-CAPUFE.jpg

3 https://imt.mx/resumen-boletines.html?IdArticulo=160&IdBoletin=53

4 https://www.eluniversal.com.mx/cartera/mexico-mantendra-desaceleracion- del-pib-en-2025-crecimiento-bajara-a-13-onu/

5 https://pot.capufe.mx/gobmx/transparencia/Doc/TransparenciaF/Tarifas/Vi gentes/2024/Tarifas-Vigentes-2024.pdf

6 https://pot.capufe.mx/gobmx/Transparencia/Doc/TransparenciaF/Tarifas/Vi gentes/2025/Tarifas-Vigentes-2025.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de enero de 2025.

Diputado Héctor Saúl Téllez Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal, a través de la SEP, a presentar un informe integral a esta soberanía de las condiciones físicas y operativas en que se encuentran cada uno de los planteles que integran a las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, suscrita por el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Héctor Saúl Téllez Hernández, diputado federal a la LXVI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de conformidad con lo establecido en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Comisión Permanente la proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJ) surgieron como una iniciativa del gobierno federal para garantizar la educación superior gratuita y de calidad en comunidades marginadas y zonas rurales del país. Si bien la intención era loable, el reto principal radicaba en garantizar que estas universidades se convirtieran en una opción factible de una educación de calidad y que sus egresados tengan oportunidades reales de inserción laboral.

Hay que tomar en cuenta que el objetivo de las UBBJ es democratizar el acceso a la educación superior, especialmente para jóvenes de comunidades marginadas que históricamente han estado excluidos del sistema educativo. También vincular la educación con el desarrollo comunitario y regional mediante carreras que respondan a las necesidades locales.

Las UBBJ se crearon oficialmente en 2019 como parte del plan educativo del gobierno de López Obrador, bajo la coordinación del Programa de las Becas Benito Juárez. Desde su inicio, la creación de los planteles fue rápida, lo que generó cuestionamientos sobre su planeación y sostenibilidad al ser un proyecto al vapor y sin un análisis integral de las prioridades y necesidades educativas a nivel nacional.

El establecimiento acelerado de estas universidades provocó que muchos planteles no contaran con instalaciones adecuadas, equipos, y personal altamente capacitado desde su apertura. Además, la falta de planeación detallada y la desconexión en algunos casos entre las carreras ofrecidas y las demandas del mercado laboral, ha generado inconsistencias en su desarrollo que ha sido cuestionada por la misma población.

De acuerdo al Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García en su Programa de Avance y Resultados 2024 se menciona que esta institución tiene una matrícula de 85 mil estudiantes en el ciclo 2024-2, en el que han egresado 4,091 estudiantes y se han titulado 2,040 estudiantes1 y cuenta con 202 planteles2 .

Sin embargo, en la página electrónica de la universidad no se dan a conocer las listas de los alumnos matriculados, ni de los estudiantes que han egresado, así como de su planta docente y de sus condiciones laborales, aunado a que no se informa de las condiciones físicas y estructurales de los planteles, además, es de destacar, que algunos planteles no cuentan con un espacio físico o se encuentran en condiciones deplorables en inmuebles prestados, no dignas de los universitarios, que buscan oportunidades de estudiar para realizar un proyecto de vida.

Las Universidades para el Bienestar son un proyecto educativo fallido del gobierno de la 4T. En medios de comunicación han sido objeto de controversia y acusaciones de fraude, toda vez que la ciudadanía las ha señalado de las condiciones lamentables en las que se encuentran los planteles.

Cobra relevancia que estas universidades presentan un panorama desolador para la población, debido a que algunas al ser visitadas no se encuentran en la dirección que se señala en la página electrónica y destacar que la mayoría funcionan en condiciones irregulares.

Tal es el caso del plantel Magdalena Contreras en la Ciudad de México, que debería albergar 101 alumnos y cuatro docentes y resultó ser un terreno cubierto de árboles sin ninguna infraestructura educativa.

El plantel Cuauhtémoc en la Ciudad de México, la sede se encuentra abandonada y los vendedores locales confirman que nunca han visto a estudiantes o profesores salir del predio.

El plantel Milpa Alta en la Ciudad de México que funciona en un edificio prestado que se encuentra en condiciones inaceptables para operar como una verdadera universidad. Este proyecto es un total engaño para el pueblo de México.3

Cobra relevancia que de 2019 a 2025 se les han destinado a través del presupuesto de egresos de la federación 9,105.7 millones de pesos4 , recursos que no se ven reflejados en la funcionalidad de las universidades. Por lo tanto, podemos aseverar que las universidades para el Bienestar representan más un mecanismo político electorero para obtener votos y desviar recursos para los fines de la 4T que una verdadera universidad que esté a la altura de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana o el Instituto Politécnico Nacional.

Con el monto de recursos que se han ejercido en la Universidad para el Bienestar, muy bien se hubieran financiado más de 2 mil sesiones de quimioterapias o más de 2 millones de sesiones de hemodiálisis para pacientes que buscan una oportunidad de vivir, que invertir en un proyecto que no es factible para la población.

De acuerdo a expertos las instalaciones de estas universidades no son las adecuadas para impartir educación superior, al considerar que estas escuelas en realidad están en “teoría o en el papel” con un “presupuesto enorme” que no llegó a la infraestructura, ni para la generación de programas académicos sólidos, ni para tener una plantilla docente altamente calificada.5

Entre los diversos problemas que se detectan se encuentran: Infraestructura deficiente con planteles que operan en edificios improvisados o en malas condiciones o simplemente no existen en la dirección establecida; severos problemas laborales debido a que los profesores y el personal administrativo enfrentan contratos precarios, pagos atrasados y despidos injustificados y, que además, están carentes de personal; no poseen un modelo educativo, tienen poco rigor metodológico y pedagógico que sólo se basan en la ideología de la 4T, aspectos que demeritan los perfiles de los egresados para insertarse en el mercado laboral.

Las Universidades del Bienestar parecen ser más un intento político-electorero que una verdadera solución educativa. La falta de infraestructura adecuada y la ausencia de estudiantes y profesores evidencian un sistema que necesita una revisión exhaustiva.

Ante este contexto, se solicitará a la Auditoría Superior de la Federación como una institución con poder fiscalizador, que posee la facultad y responsabilidad de realizar auditorías para detectar y documentar irregularidades en el uso de recursos públicos, para que ejerza sus atribuciones conferidas en el marco jurídico y fiscalice exhaustivamente a las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Poder Ejecutivo federal, a través de las Secretaría de Educación Pública, para que presente un informe integral a esta soberanía de las condiciones físicas, operativas y financieras en que se encuentran cada uno de los planteles que integran a las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García.

Segundo . La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Auditoría Superior de la Federación para que realice a la brevedad auditorías de cumplimiento y de desempeño para conocer la situación en la que se encuentran y funcionan las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García en el manejo de los recursos públicos.

Notas:

1 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/949096/11_PI_OCUBBJG_AyR 2324.pdf

2 https://ubbj.gob.mx/Sedes

3 https://www.adn40.mx/mexico/2025-01-23/fraude-universidades-bienestar-i rregularidades-4-mil-millones

4 https://www.pef.hacienda.gob.mx/

5 https://www.puntoporpunto.com/reportajes-2/reportajes-en-punto/universi dades-para-el-bienestar-tienen-un-deficiente-desempeno-y-no-logran-cump lir-objetivos/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de enero de 2025.

Diputado Héctor Saúl Téllez Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP a incluir de manera explícita una sección denominada “República de y para niñas, niños y adolescentes” en el documento del Plan Nacional de Desarrollo 2024-2030, suscrita por la diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, y las diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario Acción Nacional en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Comisión Permanente el siguiente punto de acuerdo con base en las siguientes :

Consideraciones

Las niñas, niños y adolescentes son un grupo vulnerable y fundamental en el desarrollo de nuestra sociedad, son el futuro de nuestro país.

Su bienestar es la clave para la construcción de un México más próspero, justo y libre. En nuestro país los derechos de las niñas, niños y adolescentes parecieran no ser tomados en cuenta, sin embargo debemos promover y respetar sus derechos reconocidos en nuestra Constitución y en la Ley General de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

El Plan Nacional de desarrollo es el documento base en donde el gobierno federal entrante establece las metas y prioridades a alcanzar en un sexenio, en este caso del 2024 al 2030, dentro de este plan se encuentran los ejes más importantes para el desarrollo de nuestro país, así como las políticas públicas, programas sociales y mecanismos para cumplir con las metas de este plan.

El Plan Nacional de desarrollo debe, buscar mejorar las condiciones de vida de la población así como el desarrollo de nuestro país, por lo que no es imaginable este plan sin tomar en cuenta a niñas, niños y adolescentes, escuchar sus preocupaciones, sus necesidades, sus ideas, escucharlos.

Como diputada federal por mayoría es mi obligación escuchar a diversas asociaciones, expertos y organizaciones como el Pacto Por la Primera infancia, expertos en derechos de niñas, niños y adolescentes con quienes en conjunto presento este punto de acuerdo.

La situación crítica que atraviesan las niñas, niños y adolescentes en México, de acuerdo con datos oficiales que reflejan múltiples retos que requieren atención urgente y un enfoque integral para garantizar el bienestar y ejercicio pleno de sus derechos.

En México, las personas de 0 a 17 años representan el 28.1 por ciento de la población total del país, es decir, 36.3 millones de niñas, niños y adolescentes (ENASIC,2022). Sin embargo, enfrentan problemáticas severas que afectan su desarrollo y bienestar, como la violencia homicida (SESNSP, 2015-2023), la desaparición forzada (SEGOB, RNPDNO, 2024), la violencia sexual (Salud, Registro de lesiones 2015-2022), la falta de acceso a servicios de salud y educación (Coneval, 2016 - 2022), así como altos niveles de pobreza (Inegi, 2020). A lo largo de los últimos años, hemos sido testigos de un aumento en la vulnerabilidad de este sector de la población, lo que nos obliga a actuar con urgencia para garantizar el mejor inicio posible desde la cuna.

En particular, la situación de las niñas y niños en primera infancia (menores de 6 años) es alarmante, con una alta tasa de desnutrición crónica y anemia (Ensanut, 2022). Solo 3 de cada 10 bebés menores de 6 meses reciben lactancia materna exclusiva (Ensanut 2021-2022). Además, existe un acceso limitado a servicios esenciales en materia de salud y educación: 5 de cada 10 no son derechohabientes de alguna instancia de salud (Coneval 2022); 6 de cada 10 menores de un año no cuentan con un esquema completo de vacunación (Ensanut 2022); 97 de cada 100 menores de 3 años no asisten a ningún programa de educación inicial y aproximadamente 3 de cada 10 no asisten a preescolar (SEP 2022-2023). Es esencial que este sector prioritario de la población reciba una atención integral que permita sentar las bases para alcanzar su pleno desarrollo.

Por otro lado, las cifras que evidencian la situación de los niños y adolescentes en etapas más avanzadas (6 a 17 años) también son preocupantes, con una tasa alarmante de migración irregular (REDIM, 2024), suicidio (Inegi, 2023), y embarazo adolescente (CONAPO, 2022), lo que refleja una grave falta de oportunidades y protección.

La firma del Pacto por la Primera Infancia, suscrito por la doctora Claudia Sheinbaum el 22 de abril de 2024, ha sido un paso significativo en el reconocimiento de la responsabilidad del Estado mexicano en la garantía de los derechos desde la primera infancia. El pacto establece 12 metas clave que deben ser alcanzadas para asegurar el bienestar de este sector de la población y fomentar su desarrollo integral.

Ante la urgencia de los retos mencionados, es imperativo que el Estado mexicano adopte un enfoque integral en su Plan Nacional de Desarrollo 2024-2030 para asegurar que todas las políticas públicas se alineen con las necesidades de las niñas, niños y adolescentes, garantizando que los recursos y programas sean efectivamente dirigidos a este sector.

Por lo anterior, proponemos la República de y para las niñas, niños y adolescentes que puede ser la respuesta del Estado mexicano a sus obligaciones en materia de infancia y adolescencia. Esta tiene como propósito fundamental garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes con un enfoque de ciclo de vida e igualdad sustantiva, definiendo para cada grupo de edad una Ruta Integral de Atenciones, compuesta por una serie de apoyos, bienes y servicios específicos, concretos, integrales e integrados a los que cada individuo y familia debe tener acceso para garantizar su bienestar y desarrollo integral. Además de servicios universales, se contará con Rutas diferenciadas para niñas, niños y adolescentes que así lo requieran por su situación de riesgo o vulnerabilidad.

Empieza por la política nacional de primera infancia, Raíces del Bienestar , destinada a garantizar a las niñas y niños más pequeños y sus familias todo aquello que necesitan para construir unos cimientos firmes para el resto de la vida desde la planeación del embarazo hasta los 5 años 11 meses. Le sigue Creciendo en Bienestar , política que se enfoca en niñas y niños de 6 a 11 años. Garantiza su acceso a educación de calidad, nutrición adecuada y entornos protectores, fomentando su desarrollo integral y reduciendo desigualdades. A través de políticas inclusivas y coordinadas con el sistema educativo y de salud, busca fortalecer las bases para una infancia plena en igualdad de condiciones y derechos. Concluye con Creando en Bienestar , política para adolescentes de 12 a 17 años, que fomenta su autonomía progresiva y apoya la construcción de proyectos de vida en entornos seguros e inclusivos. En concordancia con los principios del Plan Nacional de Desarrollo, prioriza la educación, la salud mental y la participación ciudadana. Además, asegura herramientas para una transición efectiva hacia la adultez, promoviendo el desarrollo humano integral y fortaleciendo las capacidades individuales y colectivas.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de este honorable Congreso, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la persona titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que incluya una sección denominada “República de y para niñas, niños y adolescentes” dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2024-2030.

Comisión Permanente, a 29 de enero de 2025.

Diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la FGR a investigar y esclarecer los hechos de tráfico de influencias y abuso de autoridad por parte de la gobernadora del estado de Colima, por los hechos relacionados con el padre de la alcaldesa de Manzanillo, quien fuera detenido en posesión de armas de fuego y drogas, suscrita por las y los legisladores del Grupo Parlamentario del PAN

Quienes suscriben, legisladoras y legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 23 de enero, medios locales del estado de Colima dieron a conocer información sobre actos en los que estaría involucrado el padre de la alcaldesa de Manzanillo, Rosa María “Rosi” Bayardo Cabrera.

Elementos de la Policía estatal detuvieron una Chevrolet Suburban blanca en la que viajaban cuatro personas por la carretera de la localidad de Tecolapa, perteneciente al municipio de Tecomán, Colima. El vehículo era propiedad del Ayuntamiento de Manzanillo y al realizar la revisión de rutina, descubrieron que el interior estaba lleno de armas y varios envoltorios con droga.

El conductor del vehículo era Miguel Bayardo, padre de la alcaldesa de Manzanillo, Rosi Bayardo, quien exigió a los elementos de la Policía estatal que los dejaran continuar su camino y se retiraran del lugar, amenazándolos con llamar a su hija diciendo (según se lee en las notas): “los voy a poner de patitas en la calle, cabrones”.

Ante tales amenazas, los elementos de la policía estatal dieron parte al C5 para solicitar apoyo. Al lugar arribaron cinco patrullas de la policía municipal quienes, en lugar de apoyar a los elementos estatales, encañonaron a los agentes de la policía estatal, exigiendo que dejaran ir al padre de la alcaldesa de Manzanillo.

Durante los minutos siguientes, se acercaron tres patrullas de la Guardia Nacional y dos camionetas de la Marina, para poner a salvo al detenido y a sus acompañantes, entre los cuales se encontraban dos jóvenes menores de edad.

Ante las llamadas de apoyo de los policías del estado, el secretario de Seguridad Pública, Héctor Castillo Báez, dio la instrucción de trasladar a la ciudad de Colima la Suburban y a los cuatro ocupantes que en ella viajaban, entre ellos el padre de la alcaldesa de Manzanillo.

A pesar de la resistencia, fueron trasladaron puestos a disposición del Ministerio Público por portación de armas de uso exclusivo del ejército y por delitos contra la salud por los envoltorios con drogas que se encontraron en el vehículo.

Según relatan las notas periodísticas, horas después, la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, quien se encontraba en la Ciudad de México, se trasladó en un vuelo privado a su estado y acto seguido dio la orden de cesar al secretario de Seguridad Pública, Héctor Castillo Báez, por no encubrir al padre de la alcaldesa de Manzanillo.

La destitución del secretario de Seguridad Pública respondió al tráfico de influencias del conductor del vehículo y padre de la alcaldesa de Manzanillo, en complicidad con la gobernadora. Cesaron al secretario de Seguridad Pública simplemente por hacer su trabajo.

Cabe señalar que existe un vínculo muy estrecho entre la gobernadora de Colima y la alcaldesa de Manzanillo. Esta última se desempeñó como diputada federal en la LXIV Legislatura en suplencia de Vizcaíno, quien dejaría la diputación para contender por la gubernatura de su estado. Es decir, en la pasada legislatura, ellas eran compañeras de fórmula por Morena representando al distrito 2 de Colima.

El padre de la alcaldesa, Miguel, a quien apodan “loco” Bayardo, es un empresario de Colima quien ha estado en el ojo del huracán por tráfico de influencias. En 2019, se informó que la entonces diputada federal Rosi Bayardo solicitó al alcalde de Tecomán, Elías Lozano Ochoa, la concesión para que la empresa familiar Grúas Manzanillo, propiedad de su padre, prestara servicios de grúas, arrastre y corralón en la región. Este hecho generó controversia en el estado debido a posibles conflictos de interés por las concesiones otorgadas.

Otro dato que hay que destacar es que Manzanillo es uno de los principales puertos identificados por la entrada de precursores de fentanilo a territorio nacional, así como del procesamiento de opioides. Tal es la importancia de este puerto para el crimen organizado que las autoridades federales han identificado que son tres los grupos del narco los que están en conflicto por hacerse del territorio.

Sobre el caso que involucra al padre de la alcaldesa de Manzanillo quedan muchas interrogantes que deberían investigar y responder las autoridades estatales y federales. Señalamos el ámbito de competencia federal por la portación y el traslado de armas en un vehículo a cargo del municipio de Manzanillo, por la presunción de delincuencia organizada, por la portación y posible tráfico de estupefacientes y por abuso de autoridad.

En lo estatal es necesario que la gobernadora responda el por qué se dejó en libertad al padre de la alcaldesa de Manzanillo, cuáles son sus vínculos y el posible tráfico de influencias. Es también necesario, que la gobernadora de Colima ofrezca una explicación ante la opinión pública sobre las cusas que motivaron la destitución del ex secretario de Seguridad Pública, contralmirante Héctor Castillo Báez, quien fue cesado por favores entre Vizcaíno y la familia Bayardo.

De lo que se puede inferir de estos actos es que el influyentismo y el abuso de poder son las cartas credenciales de la gobernadora de Colima y de la alcaldesa de Manzanillo. Este caso pone en evidencia la corrupción que se vive en Colima, la colusión de las autoridades con la delincuencia y el uso de recursos públicos de manera ilícita.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a su consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero.- La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Fiscalía General de la República a que investigue y esclarezca los presuntos actos delictivos en los que participó el ciudadano Miguel Bayardo, padre de la alcaldesa de Manzanillo, Colima, a quien se le encontró en posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y estupefacientes en un vehículo propiedad del municipio de Manzanillo.

Segundo.- La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Fiscalía General del estado de Colima que lleve a cabo una investigación sobre el abuso de poder y tráfico de influencias de la gobernadora Indira Vizcaíno Silva y la alcaldesa del municipio de Manzanillo, Rosa María Bayardo Cabrera, así como el probable encubrimiento del padre de la alcaldesa.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, a 29 de enero de 2025.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al INCMNSZ a realizar las acciones necesarias para esclarecer los hechos denunciados, sancionar a quienes resulten responsables y garantizar que no se repitan actos que vulneren los derechos humanos de los pacientes, suscrita por la senadora Lilly Téllez, del Grupo Parlamentario del PAN

Quién suscribe, Lilly Téllez, senadora de la República por el estado de Sonora en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, párrafo 1, fracción II, del Reglamento del Senado de la República y demás disposiciones jurídicas aplicables, me permito someter a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución por el que se exhorta al director general del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, José Sifuentes Osornio, a realizar las acciones necesarias para esclarecer los hechos denunciados en el presente documento, sancionar a quienes resulten responsables y garantizar que no se repitan actos que vulneren los derechos humanos de los pacientes. Asimismo, se solicita revisar la capacitación del personal en cuanto al trato digno y ético hacia los usuarios y sus familiares, asegurando el cumplimiento de los más altos estándares de profesionalismo en los servicios de salud, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

1. El derecho a la salud, reconocido en nuestra Constitución federal y en diversos instrumentos internacionales, constituye uno de los más importantes derechos humanos, al igual que el de la dignidad humana. Este derecho no solo implica el acceso a servicios médicos, sino también un trato respetuoso, ético y digno para todos los pacientes, hospitalizados o no, especialmente aquellos en condiciones de vulnerabilidad.

2. Las autoridades encargadas del sistema de salud pública tienen la obligación de respetar, proteger y garantizar estos derechos en términos de los artículos 1° y 4° constitucionales, promoviendo estándares de calidad y profesionalismo que fortalezcan la confianza de la población en las instituciones.

3. En este contexto, resulta inadmisible cualquier acción u omisión que atente contra los derechos fundamentales de los pacientes, así como cualquier conducta que menoscabe la dignidad de los mismos o de sus familiares.

4. Las autoridades competentes deben actuar con diligencia para investigar, sancionar y prevenir irregularidades que comprometan el bienestar de los usuarios del sistema de salud pública, reafirmando el compromiso con los valores de humanidad, ética y justicia.

5. Hago del conocimiento a esta soberanía la siguiente información que se le presentó por escrito al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, el pasado 17 de enero:

“Por medio de la presente, me permito expresar mi más enérgica inconformidad respecto a una serie de hechos que vulneran los derechos de los pacientes y afectan gravemente el prestigio de tan reconocido instituto.

El día 15 de enero del presente año, mi paciente hospitalizada en la cama 14 del área de observación, de nombre Martha Susana García Arrevillaga, con número de registro 234937, fue despojada de su teléfono celular por parte del personal, bajo el argumento de que este sería puesto en resguardo. Sin embargo, posteriormente nadie asumió responsabilidad por dicho objeto, generando incertidumbre y descontento.

Además, el día 16 de enero, al buscar aclarar esta situación, la jefa de enfermería, de nombre Leonor, se negó a proporcionar su nombre completo y agredió verbalmente al familiar de la paciente cuando este solicitó información sobre el personal a cargo el día previo. La respuesta de la jefa de enfermería fue de carácter altisonante y hostil, lo cual considero inaceptable e indigno del nivel de profesionalismo que debería prevalecer en una institución de esta categoría.

Estos hechos son altamente preocupantes, ya que vulneran los derechos fundamentales de los pacientes en estado convaleciente y vulnerable. Esta situación no solo afecta la confianza en el instituto, sino que también pone en entredicho los estándares éticos y de calidad que se esperan de un organismo de salud de su prestigio.

La información requerida respecto al personal involucrado es esencial para emitir una queja formal ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Adicionalmente, informo que ya se trabaja en el Ministerio Público con la denuncia correspondiente bajo el folio 59d82ebd-ce36-4cf3-8346-c5cfab1cd255.

Solicito atentamente una pronta investigación de los hechos, así como las sanciones pertinentes para el personal involucrado y la revisión de las cámaras de seguridad, con el objetivo de garantizar que situaciones como esta no vuelvan a repetirse y de proteger los derechos de los pacientes hospitalizados”.

6. Ante estos hechos, resulta indispensable que el director del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, José Sifuentes Osornio, tome acciones inmediatas y contundentes. Por ello, se propone a esta soberanía que se le formule un exhorto para que lleve a cabo una investigación exhaustiva de los sucesos antes descritos, identificando a todo el personal involucrado y revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad para esclarecer los hechos.

7. Asimismo, se deben aplicar las sanciones correspondientes a quienes resulten responsables, ya que la falta de profesionalismo y el trato indigno hacia los pacientes y sus familias no pueden ser tolerados en una institución de tal prestigio.

8. De igual forma, es urgente implementar medidas preventivas, como capacitaciones al personal en materia de derechos humanos y ética médica, para evitar que situaciones como esta se repitan. El Instituto tiene la obligación de garantizar que los derechos a la salud y a la dignidad humana sean respetados en todo momento, y cualquier falla en este sentido debe ser corregida de manera inmediata y ejemplar.

9. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con carácter de urgente resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.- La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al director general del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, José Sifuentes Osornio, a realizar las acciones necesarias para esclarecer los hechos denunciados en el presente documento, sancionar a quienes resulten responsables y garantizar que no se repitan actos que vulneren los derechos humanos de los pacientes. Asimismo, se solicita revisar la capacitación del personal en cuanto al trato digno y ético hacia los usuarios y sus familiares, asegurando el cumplimiento de los más altos estándares de profesionalismo en los servicios de salud.

Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, Ciudad de México, a 29 de enero de 2025.

Senadora Lilly Téllez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la FGJ de la Ciudad de México a garantizar el pleno respeto a las libertades de expresión y de prensa del periodista Carlos Jiménez. Asimismo, se solicita no hacer uso de denuncias, apercibimientos o procedimientos legales como mecanismos de intimidación bajo el pretexto de una presunta comisión de delitos en contra de la Fiscal de Delitos Sexuales, suscrita por la senadora Lilly Téllez, del Grupo Parlamentario del PAN

Quién suscribe, Lilly Téllez, senadora de la República por el estado de Sonora en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, párrafo 1, fracción II, del Reglamento del Senado de la República y demás disposiciones jurídicas aplicables, me permito someter a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución por el que se exhorta a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a garantizar el pleno respeto a las libertades de expresión y de prensa del periodista Carlos Jiménez, quien ejerce lícitamente su actividad profesional. Asimismo, se solicita no hacer uso de denuncias, apercibimientos o procedimientos legales como mecanismos de intimidación bajo el pretexto de una presunta comisión de delitos en contra de la Fiscal de Delitos Sexuales, con el propósito de censurar, silenciar o menoscabar su trabajo periodístico. Finalmente, se hace un llamado a proteger y garantizar el pleno respeto de los derechos humanos del periodista, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

1. La libertad de expresión es un pilar fundamental de todo sistema democrático, entendida como el derecho humano que tienen todas las personas de “buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, ya sea oralmente, por escrito, o a través de las nuevas tecnologías de la información, el cual no puede estar sujeto a censura previa sino a responsabilidades ulteriores expresamente fijadas por la ley”.1

2. Al respecto, el artículo 6º, párrafos primero y segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señalan lo siguiente:

“La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”.2

3. Por su parte, el artículo 7º constitucional señala que “es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones.

Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6o. de esta Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento del delito”.3

4. La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 18, señala que “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia”.4

5. Debemos resaltar que la libertad de prensa, como parte del ejercicio de la libertad de expresión, es el derecho que ejercen los medios de comunicación y los periodistas al realizar su actividad laboral cuya función esencial es la de investigar y expresarse libremente por cualquier medio para informar a la sociedad, sin que puedan ser censurados previamente por sus opiniones y sin que se les ataque por brindar la información producto de su trabajo.

6. Sobre el particular, la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1983, proclamó el 3 de mayo de cada año como el Día Mundial de la Libertad de Prensa, en cumplimiento de una recomendación aprobada en la 26ª reunión de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 1991 y como un reconocimiento a su importancia en el mundo.

7. Esa fecha “brinda la oportunidad de evaluar la libertad de prensa a nivel mundial, de defender los medios de comunicación de los ataques sobre su independencia, así como de rendir homenaje a los periodistas que han perdido sus vidas en el desempeño de su profesión”.5

8. Tanto la libertad de expresión como la libertad de prensa, “constituyen el núcleo del mandato de la UNESCO y considera que estas libertades permiten el entendimiento mutuo para construir una paz sostenible”.6

9. Un elemento propio de toda democracia es el disenso. La pluralidad de opiniones en una sociedad es necesaria al igual que la crítica y, además, permite que los gobernantes conozcan lo que la ciudadanía piensa sobre determinados temas que, inclusive, puede ayudarlos para la toma de decisiones o para que modifiquen o fortalezcan las políticas públicas.

10. Los gobernantes, los servidores públicos de las instituciones y en general, las autoridades de todas las esferas de gobierno deben de contribuir al respeto y a la protección del ejercicio de la libertad de expresión, de la libertad de prensa y del derecho de acceso a la información; derechos que se encuentran reconocidos en los artículos 6º y 7º constitucionales.

11. Lamentablemente en nuestro país, el derecho de la libertad de prensa se ha convertido en un riesgo para quienes desean ejercerla porque los periodistas no solamente se deben de cuidar de la posibilidad de sufrir algún atentado en el que se ponga en peligro su integridad física o su propia vida, sino que también y de forma constante son objetos de una serie de ataques, denostaciones o expresiones que atentan contra su actividad periodística por parte de distintos servidores públicos que les ocasiona, en principio, un daño moral y un afectación a su dignidad.

12. En el presente caso, los ataques ahora provienen del órgano de procuración de justicia de la Ciudad de México: la Fiscalía General de Justicia (FGJCDMX) y que, además de que debiese conducirse con apego a la Constitución federal y las leyes que de ella emanan, así como a la Constitución Política de la Ciudad de México y a la legislación local, tendría que garantizar la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones y que de ninguna manera se utilice para fines personales, ni venganzas, ni cualquier intento de intimidación en contra de los gobernados, ni de los periodistas cuya labor es brindar información a toda la sociedad.

13. Resulta inconcebible que, desde la FGJCDMX, se busque censurar, silenciar o menoscabar las actividades del periodista Carlos Jiménez como el mismo lo expresó en su cuenta de la red social X, el pasado 8 de enero de 2025:

“La fiscal busca censurarnos Aprovechándose d las Leyes q protegen a las mujeres, la Fiscal d Delitos Sexuales en @GobCDMX, Ana Casillas, me denunció. Dice q señalar su abandono y maltrato hacia las víctimas -algunas asesinadas por eso- “denota un riesgo inminente para ella”.7

14. Lo anterior, cobra una mayor relevancia con el mensaje que el periodista Carlos Jiménez publicó en la misma red social X, el 22 de enero de 2025:

“Pide la @FiscaliaCDMX que me arresten... para callarme con el argumento de q estoy provocando agravio Vs una servidora pública, por revelar q me denunció, la Fiscalía pidió a un juez del @PJCDMX q ordene encerrarme 36 horas. Según ellos, pongo en riesgo a esa servidora”.8

15. En dicho mensaje, el señor Jiménez también acompañó las siguientes imágenes que refieren a la solicitud para que se haga efectiva la medida de apremio consistente en un arresto de 36 horas, así como reforzamiento de las medidas de protección en la carpeta judicial 010/1711/2024:

16. Es inadmisible que desde la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se pretenda arrestar al periodista Carlos Jiménez como una forma de intimidarlo y/o censurarlo o silenciarlo por ejercer lícitamente sus libertades de expresión y de profesión cuando lo único que ha hecho es difundir y opinar sobre el actuar de los servidores públicos de la FGJCDMX.

17. Las libertades de expresión y de prensa, así como el derecho a la información cuentan con protección constitucional y convencional, por ello es importante que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México las respete y garantice en favor de los medios de comunicación, de los periodistas y de todas las personas.

18. El Estado, las autoridades y los servidores públicos tienen la obligación de ser imparciales frente a todo tipo de opiniones y no debe de ejercer una censura previa, ni posterior; a menos que se actualicen los supuestos del primer párrafo del artículo 6º constitucional mencionado en el numeral 2 del presente apartado de consideraciones.

19. Los legisladores federales debemos de promover que en nuestro país exista una prensa libre e independiente que represente todas las opiniones y pensamientos de la sociedad mexicana y que fomente la discusión de los temas de interés público y del actuar de los servidores públicos, como parte de una auténtica República democrática e informada y que, de ninguna manera, se utilicen a las instituciones como actualmente está ocurriendo en la FGJCDMX en contra del periodista Carlos Jiménez.

20. La Fiscalía de la Ciudad de México y sus servidores públicos tienen que cumplir con sus funciones constitucionales y legales; y en caso de que incumplan sus obligaciones o quebranten los principios que rigen su actuar, deben ser sometidos a procedimientos de responsabilidad e imponerse las sanciones que correspondan. El Estado constitucional y de derecho deben de hacerse valer y en todo momento, se tiene que combatir la corrupción, la impunidad y el abuso de autoridad.

21. Desde el Poder Legislativo federal estamos en contra del abuso del poder y de que se utilicen a las instituciones para fines distintos de sus objetivos. Debemos de fomentar y de garantizar que la democracia constitucional mexicana en que vivimos sea una realidad.

22. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con carácter de urgente resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.- La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a garantizar el pleno respeto a las libertades de expresión y de prensa del periodista Carlos Jiménez, quien ejerce lícitamente su actividad profesional. Asimismo, se solicita no hacer uso de denuncias, apercibimientos o procedimientos legales como mecanismos de intimidación bajo el pretexto de una presunta comisión de delitos en contra de la Fiscal de Delitos Sexuales, con el propósito de censurar, silenciar o menoscabar su trabajo periodístico. Finalmente, se hace un llamado a proteger y garantizar el pleno respeto de los derechos humanos del periodista.

Notas:

1 Libertad de expresión, Comisión Nacional de los Derechos Humanos: https://www.cndh.org.mx/derechos-humanos/libertad-de-expresion

2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3 Ídem.

4 La Declaración Universal de Derechos Humanos: https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights

5 Día Mundial de la Libertad de Prensa, UNESCO: https://es.unesco.org/commemorations/worldpressfreedomday

6 Ídem.

7 https://x.com/c4jimenez/status/1877010632031015035

8 https://x.com/c4jimenez/status/1882199640944300210

Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, Ciudad de México, a 29 de enero de 2025.

Senadora Lilly Téllez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la titular del Ejecutivo federal a incluir en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, como prioridad nacional, el tema de la crisis por escasez de agua a nivel nacional, y se implemente un plan de acción integral que permita atender la contingencia mediante una inversión histórica en infraestructura y diversas acciones de manejo adecuado del agua, a cargo del senador Ricardo Anaya Cortés, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Ricardo Anaya Cortés, senador de la República en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II; y 276, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a la titular del Ejecutivo federal a efecto de que incluya en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, como prioridad nacional, el tema de la crisis por escasez de agua a nivel nacional, y se implemente un plan de acción integral que permita atender la contingencia, mediante una inversión histórica en infraestructura y diversas acciones de manejo adecuado del agua. lo anterior, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En los últimos años México ha padecido crisis constantes de sequía, lo que ha generado dos preocupaciones importantes entre la población:

a) La creciente escasez de agua

b) La amenaza latente de incendios como consecuencia de la sequía.

Las cifras son alarmantes y muestran que la crisis es nacional, no local. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en 2024 el 85 por ciento del territorio mexicano sufrió sequía en diferentes intensidades, siendo el noreste y norte del país los más afectados por este fenómeno recurrente y cada vez más agresivo; asimismo, las presas alcanzaron sus niveles más bajos.

Lo anterior no significa que en el 85 por ciento del territorio nacional exista sequía severa o falta total del agua, sino que en esa extensión territorial existe algún tipo de sequía, en cada una de sus distintas modalidades, por lo que se requiere atención y acciones específicas para superar la situación actual y prevenir crisis futuras.

La sequía es un fenómeno que siempre ha existido; sin embargo, las acciones del hombre, como el cambio del uso del suelo y la deforestación, han dejado como consecuencia la disminución en la infiltración del agua, lo que acarrea graves problemas en el ecosistema, sobre todo la pérdida de biodiversidad y el incremento de incendios forestales. El cambio climático es sin duda una realidad a nivel mundial, y ha generado enormes cambios en los recursos naturales, las condiciones de lluvia y el acceso al agua.

México es un país privilegiado por la variedad de recursos naturales que posee; sin embargo, gran parte de esta riqueza se concentra fuera de los centros de desarrollo poblacional y económico más importantes.

El acervo de agua natural en México es un claro ejemplo de esta situación, ya que las zonas norte, centro y noroeste del país poseen un porcentaje de disponibilidad del 32 por ciento, pero en ellas se asienta el 77 por ciento de la población y se genera el 85 por ciento del PIB. Por el contrario, la zona sur-sureste es la menos habitada y la que menos actividad económica presenta, pero tiene una disponibilidad de agua 7 veces mayor que el resto del país.

Las condiciones en cada zona del país son distintas y requieren atención particular. Por citar algunos ejemplos podemos señalar los siguientes:

• La región hidráulica número XIII,1 que comprende la Ciudad de México y su área metropolitana (con más de 20 millones de habitantes), utiliza el 120 por ciento del agua de la que dispone, es decir, consume a un ritmo tan acelerado que el agua natural proveniente de escurrimientos y mantos subterráneos no alcanza a regenerarse. Este déficit consumo/disponibilidad, que se conoce como grado de presión, genera problemas serios de abasto del vital líquido, sin mencionar el descontento social que provoca.

• El grado de presión también es muy alto en la región norte, donde se consume el 60 por ciento del agua disponible. Cabe mencionar que en esta región existen polos industriales estratégicos (como Monterrey), por lo que de continuar creciendo la población y la actividad económica, esta zona podría tener problemas de gran escala en los próximos años, mayores a los que se han presentado en los últimos años.

Si la disponibilidad de agua natural se explica como el agua renovable, es decir, aquella proveniente de escurrimientos y de acuíferos, el foco de atención debería centrarse en gran medida en la capacidad de recarga de los mantos subterráneos.

• Como ejemplo adicional, en la región de la Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico, que comprende estados como Querétaro y Jalisco (de gran actividad económica), existe una creciente preocupación por el abasto de agua. En este sentido, la sobreexplotación de los mantos subterráneos es parte fundamental del problema, pues se estima que 30 de los 129 acuíferos en la zona presentan un déficit en sus ritmos de recarga. Aunque el número parece ser mínimo, estos 30 acuíferos abastecen de agua a zonas industriales y poblacionales de gran importancia.

La sobreexplotación de mantos freáticos (superficie que toma los puntos donde la presión del agua y la presión atmosférica son iguales), agota las reservas disponibles de agua, lo cual ha llevado a muchas comunidades a optar por la perforación profunda de pozos, incrementando las posibilidades de que el agua contenga arsénico.

Por otra parte, el tratamiento de aguas residuales se mantiene debajo del 50 por ciento a nivel nacional, siendo las industrias las que menos lo implementan (menos del 35 por ciento), lo cual contribuye a una mayor demanda del agua.

Ahora bien, al hablar de consumo de agua es común el desconocimiento de los usos que se dan a este recurso natural en nuestro país. De acuerdo con la Estadística del Agua en México 2023, emitido por la Comisión Nacional del Agua, el 76.3 por ciento del agua disponible es destinada al uso agrícola, 14.8 por ciento para abastecimiento público (consumo humano), industria autoabastecida 4.8 por ciento y energía eléctrica, excluyendo hidroelectricidad, 4.1 por ciento.

Es por lo anterior que una solución para el manejo adecuado del agua requiere de un plan de acción integral, que atienda la problemática de manera transversal y prevea todas sus aristas y usos.

El problema de falta de agua en varios estados fue muy notorio en el año 2024, el caso de Monterrey y la zona metropolitana de Nuevo León ha visibilizado el tema a nivel nacional. Otras zonas han tenido, lamentablemente, el mismo problema de falta extrema de agua potable en el pasado reciente. Tal es el caso de Hermosillo, Sonora, donde por años se ha tenido que implementar, unos años sí y otros no, un programa de tandeos de agua, es decir, tener disponibilidad de agua solo por unas horas para consumo doméstico.

Por lo anterior, resulta una prioridad nacional atender el tema, y el gobierno federal tendría que implementar un Plan de Acción Integral Nacional que incluya un presupuesto histórico para este efecto, así como un programa de acciones de mejora de infraestructura para la captura, tratamiento y distribución del agua; además de acciones de manejo, consumo y distribución adecuadas del vital líquido, entre las cuales se incluyan, al menos, las siguientes:

• Infraestructura para la captación de agua, mantenimiento y construcción de presas e infraestructura pluvial, para aprovechar al máximo el recurso natural disponible.

• Infraestructura para tratamiento de aguas residuales.

• Un programa en el sector agrícola que incluya reconversión de cultivos en zonas con sequía, alejándose del uso excesivo de agua; tecnificación y mejoras en sistemas de riego; y revestimiento de canales de conducción, entre otras acciones.

• Un programa de concientización ciudadana para un consumo adecuado del agua.

• Un programa de manejo adecuado del agua por parte de los organismos operadores a nivel local, que incluya inversión en mantenimiento, rehabilitación y ampliación de red de distribución local para evitar desperdicios por fugas, así como medición y cobro adecuado, ya que actualmente un alto porcentaje del agua disponible se desperdicia por fugas en la red de distribución (hasta 40 por ciento), y no tiene correcta medición y cobro.

Es importante pasar del discurso al hecho, es evidente que el tema NO ha sido una prioridad para los gobiernos recientes. Estamos a tiempo de implementar un Plan de Acción Integral Nacional, que incluya un presupuesto histórico para acciones de infraestructura para la captura, tratamiento y distribución del agua, así como acciones de manejo, consumo y distribución adecuadas del vital líquido.

El problema del agua es un problema mundial, ante el cual diversos países están actuando. Por citar un ejemplo, Estados Unidos lanzó en junio de 2022 un plan nacional para la seguridad hídrica, que incluyó un billón de dólares para diversas acciones destinadas a garantizar el acceso al agua.

México no puede quedarse de brazos cruzados, porque sin agua simplemente no hay vida.

Por las razones expuestas, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de Urgente y Obvia Resolución:

Punto de Acuerdo

Único.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la titular del Ejecutivo federal a efecto de que incluya en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, como prioridad nacional, el tema de la crisis por escasez de agua a nivel nacional, y se implemente con carácter urgente un plan de acción integral nacional, que incluya un presupuesto histórico destinado a un programa de mejora de la infraestructura para la captura, tratamiento y distribución del agua, así como acciones efectivas para el manejo, consumo y distribución adecuada del vital líquido.

Notas:

1. Las Regiones Administrativas Hidráulicas son divisiones geográficas establecidas por la Comisión Nacional del Agua, para administrar de manera más focalizada y efectiva los recursos hidráulicos en México.

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 27 de enero de 2025.

Senador Ricardo Anaya Cortés (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la titular del Ejecutivo federal a efecto de que incluya en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, como prioridad nacional, el tema de infraestructura educativa en escuelas públicas, implementando un Programa Integral de Infraestructura para hacer las escuelas más seguras y óptimas para el aprendizaje, a cargo del senador Ricardo Anaya Cortés, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Ricardo Anaya Cortés, senador de la República en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II y 276, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a la titular del Ejecutivo federal a efecto de que incluya en el plan nacional de desarrollo 2025-2030, como prioridad nacional, el tema de infraestructura educativa en escuelas públicas, implementando un programa integral de infraestructura para hacer las escuelas más seguras y óptimas para el aprendizaje. lo anterior, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La infraestructura educativa es uno de los pilares fundamentales para garantizar una educación de calidad en cualquier país. En México, este problema ha sido motivo de preocupación desde hace décadas, debido a las múltiples carencias que enfrentan las escuelas, particularmente en zonas rurales y marginadas. Aunque se han implementado programas gubernamentales para mejorar las condiciones de las instituciones educativas, persisten desafíos que afectan el aprendizaje, la equidad y el desarrollo de los estudiantes.

En México, la infraestructura educativa enfrenta un rezago significativo. Según el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED) y la organización México Evalúa, más del 40 por ciento de las escuelas del país presentan carencias graves, como techos deteriorados, aulas sin ventilación adecuada, falta de agua potable y servicios sanitarios en condiciones deplorables. Además, una gran cantidad de planteles carecen de acceso a tecnologías básicas como computadoras, internet o equipos audiovisuales.

El problema es más grave en comunidades rurales e indígenas, donde las escuelas suelen estar construidas con materiales precarios y carecen de espacios adecuados para el aprendizaje. En contraste, las instituciones educativas en zonas urbanas suelen estar mejor equipadas, lo que genera una profunda desigualdad en las oportunidades educativas entre los estudiantes.

Factores que inciden en la falta de infraestructura adecuada

1. Falta de inversión pública

Uno de los principales factores que agrava el problema de infraestructura educativa es la insuficiente inversión pública. Aunque el presupuesto destinado a educación representa una parte importante del gasto público en México, una proporción limitada se destina específicamente a mejorar y mantener la infraestructura. Esto se traduce en escuelas con condiciones físicas inadecuadas y un entorno poco propicio para el aprendizaje.

2. Corrupción y mala administración

La corrupción y la mala gestión de los recursos destinados a la educación han dificultado la implementación de programas de mejora de infraestructura. Muchas veces, los recursos no llegan a las comunidades que más los necesitan, lo que perpetúa el rezago en las zonas más marginadas.

3. Crecimiento poblacional y demanda educativa

El aumento de la población escolar en las últimas décadas ha puesto una presión adicional sobre la infraestructura existente. Muchas escuelas están sobrepobladas y no cuentan con suficientes aulas, lo que afecta directamente la calidad del aprendizaje.

4. Desigualdad regional

Las desigualdades regionales también son un factor clave. Mientras que algunas zonas urbanas cuentan con planteles modernos y bien equipados, las comunidades rurales enfrentan condiciones extremas que limitan el acceso a una educación de calidad.

Impacto de las deficiencias en infraestructura educativa

El impacto de las deficiencias en infraestructura educativa se refleja en diversos aspectos del sistema educativo y el desarrollo social:

A) Bajo rendimiento académico

La falta de condiciones óptimas en las escuelas, como iluminación, mobiliario adecuado o acceso a tecnología, dificulta el aprendizaje de los estudiantes y contribuye al bajo rendimiento académico.

B) Deserción escolar

La precariedad de las instalaciones escolares puede desmotivar a los estudiantes y a sus familias, lo que aumenta las tasas de deserción, especialmente en comunidades marginadas.

C) Brecha de desigualdad

Las disparidades en la infraestructura educativa refuerzan las desigualdades sociales y económicas. Los estudiantes que asisten a escuelas con mejores condiciones tienen mayores oportunidades de éxito, en comparación con aquellos que asisten a planteles en malas condiciones.

D) Impacto en la salud y la seguridad

La infraestructura educativa en México se enfrenta a una crisis que afecta la calidad de la educación y perpetúa la desigualdad social. A pesar de los esfuerzos realizados por diferentes gobiernos, las carencias en las escuelas son alarmantes y afectan a millones de estudiantes.

En resumen, el problema de infraestructura educativa en México es un desafío complejo que requiere acciones coordinadas, inversión sostenida y voluntad política para ser solucionado. La mejora de las condiciones físicas de las escuelas no solo impacta directamente en la calidad del aprendizaje, sino que también es clave para reducir las desigualdades sociales y garantizar el desarrollo integral de las futuras generaciones. Invertir en infraestructura educativa es, sin duda, una inversión en el futuro del país.

Además, la educación es un derecho humano fundamental y debe ser tratada como una prioridad nacional. Solo a través del compromiso conjunto entre gobierno, sociedad civil y comunidad educativa se podrá construir un sistema educativo más justo e inclusivo para todos los mexicanos.

Por las razones expuestas, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de Urgente y Obvia Resolución:

Punto de Acuerdo

Único. - La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la titular del Ejecutivo federal a efecto de que incluya en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, como prioridad nacional, el tema de infraestructura educativa en escuelas públicas, implementando un programa integral de infraestructura para hacer las escuelas más seguras y óptimas para el aprendizaje.

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 29 de enero de 2025.

Senador Ricardo Anaya Cortés (rúbrica)