Gaceta Parlamentaria, año XXVIII, número 6702-III-5, martes 21 de enero de 2025
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sader y a la Segalmex a reactivar el servicio de suministro y la calidad de los productos alimentarios que se deben entregar en las bodegas de las comunidades del estado Durango, suscrita por el diputado Arturo Yáñez Cuéllar, del Grupo Parlamentario del PRI
Quien suscribe, diputado Arturo Yáñez Cuéllar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea, proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
Durango, localizado en el norte de México, es una entidad federativa caracterizada por una vasta extensión territorial y una población predominantemente rural.
En este contexto, la agricultura y ganadería siguen siendo las principales fuentes de sustento para las comunidades locales.
Sin embargo, las comunidades rurales de Durango enfrentan múltiples desafíos que afectan su capacidad productiva, la eficiencia de sus mercados y el bienestar de sus habitantes. En este sentido, la intervención de Segalmex (Seguridad Alimentaria Mexicana) resulta crucial para garantizar la seguridad alimentaria, fortalecer la economía local y mejorar las condiciones de vida en las zonas rurales del estado .
Esta exposición de motivos tiene como objetivo, resaltar la necesidad urgente de que Segalmex opere de manera más funcional y eficiente en las comunidades del Estado de Durango, además de proponer la creación de un centro de acopio que impulse la producción agrícola y ganadera, optimice la distribución de alimentos y ofrezca un mercado justo para los productores locales.
Durango es uno de los estados con mayor producción agrícola de México , destacando en la producción de maíz, frijol, trigo, avena y una amplia variedad de productos de origen animal. Sin embargo, las comunidades rurales de la entidad enfrentan varias problemáticas que dificultan el aprovechamiento óptimo de sus recursos y su integración al mercado nacional.
Entre los principales problemas que aquejan a los productores de Durango se encuentran:
1. Desigualdad en el acceso a los recursos de apoyo estatal : Muchas comunidades rurales carecen de acceso oportuno a los programas de apoyo del gobierno federal, debido a la dispersión geográfica y la falta de infraestructura de comunicación y transporte.
2. Dificultad de acceso a mercados y precios justos : Los pequeños productores a menudo enfrentan intermediarios que desvirtúan los precios de sus productos, lo que afecta su rentabilidad y la estabilidad de sus economías familiares.
3. Inestabilidad climática y afectaciones a la producción : La sequía, las heladas y otros fenómenos climáticos afectan de manera recurrente la productividad agrícola en Durango, lo que pone en riesgo la seguridad alimentaria tanto a nivel estatal como nacional.
4. Falta de infraestructura adecuada : Las comunidades rurales carecen de centros de acopio eficientes que permitan almacenar, procesar y distribuir los productos de forma adecuada, lo que provoca pérdidas significativas.
Para abordar estas problemáticas, se propone que Segalmex, el organismo encargado de velar por la seguridad alimentaria en México, amplíe y optimice sus operaciones en Durango. Esto podría lograrse a través de los siguientes pasos:
1. Ampliación de la cobertura de Segalmex en las comunidades rurales : Es necesario que Segalmex fortalezca su presencia en las comunidades más alejadas y marginadas de Durango. Esto puede lograrse mediante la creación de centros de atención y apoyo a los productores, la implementación de programas de asesoría técnica agrícola y ganadera, así como el otorgamiento de subsidios y apoyos económicos que fomenten la producción.
2. Mejora en la infraestructura de transporte y distribución : A través de la colaboración con los gobiernos estatal y municipal, Segalmex podría invertir en la mejora de las rutas de acceso a las comunidades rurales y a los centros de acopio, asegurando una distribución eficiente y oportuna de los productos.
3. Promoción de la comercialización directa entre productores y consumidores : El centro de acopio podría actuar también como un espacio para la comercialización directa entre los productores y consumidores, eliminando intermediarios y asegurando precios más justos para ambas partes. Esto fomentaría la creación de mercados locales más justos y transparentes.
4. Fortalecimiento de programas de capacitación y asistencia técnica : SEGALMEX debe expandir sus programas de capacitación en prácticas agrícolas y ganaderas sostenibles, para asegurar que los productores de Durango puedan aumentar su productividad y mejorar la calidad de sus productos.
La operación eficiente de Segalmex y la creación de un centro de acopio en Durango traerían una serie de beneficios significativos para las comunidades rurales del estado, entre los cuales destacan:
1. Seguridad alimentaria : Al mejorar la producción y distribución de alimentos, se fortalecería la seguridad alimentaria en Durango, contribuyendo a reducir la dependencia de importaciones y fortaleciendo la autosuficiencia en la región.
2. Impulso económico : La optimización de la comercialización de los productos agrícolas y ganaderos locales tendría un impacto positivo en la economía rural, mejorando los ingresos de los pequeños productores y generando empleo en las comunidades.
3. Sostenibilidad ambiental : Al fomentar prácticas agrícolas más sostenibles y el uso de tecnologías adecuadas, Segalmex podría contribuir a la preservación de los recursos naturales de Durango, en particular el agua y el suelo.
4. Reducción de la pobreza rural : Mejorar el acceso de los productores a los mercados, obtener precios justos por sus productos y fortalecer la infraestructura rural contribuiría directamente a la reducción de la pobreza en las zonas rurales del estado.
5. Fortalecimiento del tejido social : La colaboración entre Segalmex, los productores y las autoridades locales favorecería el desarrollo de un sentido de comunidad y cooperación, lo cual es fundamental para el bienestar social y la cohesión en las zonas rurales.
La creación de un centro de acopio y la intervención efectiva de Segalmex en Durango son pasos fundamentales para enfrentar los desafíos que enfrentan las comunidades rurales del estado. Estos esfuerzos contribuirían a mejorar la productividad, la seguridad alimentaria, la estabilidad económica y el bienestar social en la región.
Es esencial que tanto las autoridades locales como las federales trabajen de manera conjunta para garantizar que estas medidas sean implantadas de manera eficiente, con el fin de lograr un desarrollo rural más justo y sostenible.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:
Puntos de Acuerdo
Primero . La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Social y, especialmente, a su organismo descentralizado Seguridad Alimentaria Mexicana, a reactivar el servicio de suministro y la calidad de los productos alimentarios que se deben entregar en las bodegas de las comunidades de Durango.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Social y, especialmente, a su organismo descentralizado Seguridad Alimentaria Mexicana, a poner en funciones óptimas el o los Centros de Acopio de productos alimentarios en las comunidades de Durango, en materia de suministro y entrega en beneficio de los productores de Durango.
Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Social y, especialmente, a su organismo descentralizado Seguridad Alimentaria Mexicana a regularizar de manera inmediata los pagos pendientes a los productores de frijol de las comunidades y ejidos de Durango, así como a mantener los recursos necesarios para evitar nuevos retrasos en perjuicio de éstos.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, el 21 de enero del 2025.
Diputado Arturo Yáñez Cuéllar (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a considerar un subsidio a la industria de la tortilla con la finalidad de estabilizar el precio del producto en el 2025, suscrita por senadoras y senadores integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Quienes suscriben, Anabell Ávalos Zempoalteca, Néstor Camarillo Medina, Cristina Ruíz Sandoval, Miguel Ángel Riquelme Solís, Alma Carolina Viggiano Austria y Manuel Añorve Baños, Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXVI Legislatura, con fundamento en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República someten a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por la que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno federal, a considerar un subsidio a la industria de la tortilla con la finalidad de estabilizar el precio del producto en 2025, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Primera. La tortilla de maíz es más que un alimento básico en la dieta mexicana; es un símbolo de la identidad y tradición. Su historia se remonta a las antiguas civilizaciones mesoamericanas, donde el maíz, base de la tortilla, era considerado sagrado y fundamental para la supervivencia, siendo uno de los alimentos más representativos en el mundo de la cocina mexicana.
De acuerdo con un artículo de la Gaceta de la Universidad Nacional Autónoma de México la tortilla constituye el complemento alimenticio de más de 90 por ciento de la población en México, país que también es el principal consumidor de tortilla en el mundo y se calcula que, en promedio, cada mexicano come 75 kilogramos al año. Además, de acuerdo con este medio, comer las tortillas aporta diversos elementos benéficos para la salud, como calcio, hierro y fósforo.1
Segunda. Comparando la evolución del precio de la tortilla, según cifras del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados, en diciembre de 2020, el precio promedio de un kilo de tortilla era de 15.54 pesos, el cual la Procuraduría Federal del Consumidor lo consideraba como un costo accesible y que permitía que la tortilla llegara a la mayoría de la población, generando así una amplia demanda.
Sin embargo, para diciembre de 2024, este precio subió a 23.17 pesos, lo que representa un incremento del 49.10 por ciento en cuatro años,2 así afectando la economía de las familias que la consumen.
Tercera. Además de que los consumidores mexicanos enfrentarán un incremento significativo en el precio de la tortilla durante 2025, con costos que podrían llegar hasta 32 pesos por kilo en algunas regiones del país. Según el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, este aumento se debe a una combinación de factores como la disputa comercial con Estados Unidos por el maíz transgénico, los efectos de la sequía en la producción nacional y el encarecimiento de los insumos de producción.3
Un factor más es el cambio climático el cual está transformando el panorama de la industria del maíz en México, con sequías persistentes y lluvias desiguales, lo que ha ocasionado una caída en la producción de maíz blanco, grano básico para la elaboración de la tortilla, uno de los alimentos más consumidos en el país.4
En este marco, Homero López, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, advirtió que, de continuar las condiciones actuales, el precio de la tortilla podría registrar un alza de hasta 40 por ciento. Esto sería consecuencia del incremento en los costos de producción, particularmente en el precio de la tonelada de maíz blanco, que podría pasar de 9 mil a 10 mil pesos.
La importación de maíz para este ciclo 2024/2025, se estima en 21 millones de toneladas, ya que factores como la sequía influirán en lo proyectado en Sinaloa, Sonora y Tamaulipas. Durante 2023, la importación de maíz amarillo fue de 18 millones de toneladas y 350 mil toneladas de maíz blanco lo que pone a México como el séptimo productor de este grano a nivel mundial, el cual representa 88 por ciento de nuestra producción nacional de granos.5
Cuarta. Si bien dentro del Paquete contra la Inflación y la Carestía se encuentran Maseca y Grupo Minsa, la Red de Maíz aseguró que las medidas tomadas no son suficientes, ya que la harinera que firmó sólo “aplicó el descuento en el producto de menos consumo y menos recomendado para las tortillerías”.6 Asimismo, el costo de producción de la tortilla depende de los precios de los insumos como el maíz , el gas y la electricidad que son factores ligados a la inflación y las fluctuaciones de los mercados internacionales.
En México existen alrededor de 130 mil tortillerías. Sin embargo, la industria harinera de maíz es controlada por un pequeño grupo de empresas, que son las que tiene el mayor impacto en el precio al consumidor. Lo que ha generado que este subsidio sea ya una demanda prioritaria de la industria de la tortilla, por ello es necesario que el gobierno federal considere proporcionar, un apoyo económico a las tortillerías populares del país, para poder estabilizar el precio de la tortilla y que no exista un alza significativa que afecte a las familias mexicanas tanto a nivel de alimentación como en su economía.
Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración de esta asamblea, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno federal a considerar un subsidio a la industria de la tortilla con la finalidad de estabilizar el precio del producto en 2025.
Notas
1 https://www.gaceta.unam.mx/la-nixtamalizacion-benefica-para-la-salud/
2 http://www.economiasniim.gob.mx/TortillaPorFecha.asp?Cons=D&dest=T&preEdo=Cd&dqDia=8&
dqMes=1&dqAnio=2024&aqDia=8&aqMes=1&aqAnio=2024&Formato=Nor&submit=Ver+Resultados
3 https://www.infobae.com/mexico/2024/12/28/precio-de-la-tortilla-subira- en-2025-esto-podria-costar/
4 https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2024/12/30/preven-que-se-dispa re-40-mas-el-precio-de-la-tortilla/
5 https://diariodechiapas.com/opinion/el-maiz-transgenico-en-mexico/
6 https://idconline.mx/finanzas/2022/10/18/tortillas-no-bajaran-de-precio -aun-con-implementacion-de-pacic
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de enero de 2025.
Senadores y senadoras: Anabell Ávalos Zempoalteca, Nestor Camarillo Medina, Cristina Ruiz Sandoval, Miguel Ángel Riquelme Solís, Alma Carolina Viggiano Austria y Manuel Añorve Baños. (Rúbrica.)
Con punto de acuerdo, para exhortar a ambas Cámaras del Congreso de la Unión a establecer los mecanismos de diálogo e intercambio con el congreso de Estados Unidos de América, a fin de llevar a cabo una reunión interparlamentaria, a cargo de los senadores Anabell Ávalos Zempoalteca, Néstor Camarillo Medina y Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos, senadores Anabell Ávalos Zempoalteca, Néstor Camarillo Medina y Manuel Añorve Baños integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXVI Legislatura, con fundamento en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República someten a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por la que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Senado de la República y a la Cámara de Diputados a que establezcan los mecanismos de dialogo e intercambio con el Congreso de Estados Unidos de América a fin de llevar a cabo una reunión interparlamentaria, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Primera. La diplomacia parlamentaria ofrece un canal alternativo a las relaciones exteriores conducidas por el Poder Ejecutivo para, a partir de la pluralidad, estrechar lazos, fomentar la confianza y promover la cooperación, tanto a nivel bilateral como multilateral.
La diplomacia parlamentaria proporciona a las y los legisladores perspectivas y oportunidades para influir en el modo en que las decisiones internacionales impactan en el bienestar de las y los ciudadanos. Asimismo, puede servir para salvaguardar el sistema de pesos y contrapesos, apoyando a los parlamentos nacionales en su labor de escrutinio y control político a la implementación y cumplimiento de los compromisos internacionales contraídos por el Poder Ejecutivo.
En México esta actividad no es nueva, pues se ha consolidado desde hace cinco décadas atrás. Uno de los primeros antecedentes de la diplomacia parlamentaria lo encontramos en las reuniones celebradas entre los poderes legislativos de México y Estados Unidos, los cuales datan de febrero de 1961. Unos años después, los mecanismos con los que el Congreso podría llevar a cabo este tipo de actividades fueron regulados de manera expresa por la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los reglamentos de ambas Cámaras Federales.1
Segunda. Las reuniones interparlamentarias son los grupos de trabajo que consolidan la expresión de la diplomacia realizada por el Poder Legislativo mexicano, de forma permanente y consuetudinaria. En este sentido: se entienden como grupos de trabajo parlamentario a través de los cuales se pretende generar un dialogo y discusión desde la perspectiva parlamentaria, en aquellos temas de política e interés común para los legisladores y sus respectivos gobiernos, pero, sobre todo, toma especial relevancia la posible coordinación de acciones comunes frente a conflictos o amenazas también comunes; así se emiten declaraciones conjuntas, protocolos, acuerdos, etcétera.
Las reuniones entre parlamentos nacionales y extranjeros fungen como un espacio de encuentro permanente en donde se dialoga, se interrelacionan y donde congenian las ideas y las visiones de los representantes populares. A través de las reuniones interparlamentarias, se atienden las problemáticas comunes de los Estados, se plantean alternativas y propuesta de solución.
Por la naturaleza de su vecindad, las reuniones interparlamentarias más frecuentes para nuestro país se llevan a cabo entre Estados Unidos y Canadá, ello como consecuencia de la cercanía geográfica y la concurrencia de problemáticas.
Con el fin de establecer protocolos para la celebración de estas reuniones, el artículo 30 del Reglamento de la Cámara de Diputados, exige que se realice un acuerdo firmado por la Junta de Coordinación Política, para poder efectuar en el salón de sesiones u otro espacio del recinto los trabajos interparlamentarios; lo cual abre la puerta para que puedan ser reuniones interparlamentarias de pleno o comisiones.
Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, al tener la representación protocolaria de la Cámara, deberá ser quien se encargue de dirigirlas en el pleno o en el extranjero; o bien delegar a algún senador de la Mesa Directiva dichas funciones.
Tercera. Las reuniones interparlamentarias México-Estados Unidos, tienen su origen y fundamento legal en la Ley Pública 86-420 de los Estados Unidos, este instrumento establece el carácter oficial de las reuniones y el pleno respeto de ambas naciones a la autodeterminación, régimen político y conducción de sus relaciones exteriores.
A lo largo de más de 50 reuniones interparlamentarias desde esa fecha, es usual que ambas delegaciones se integren por senadores y diputados del Poder Legislativo federal. Asimismo, ha sido practica recurrente que el temario de las reuniones debería ser fijado con prudente anterioridad y que la exposición de las ideas de cada uno de los legisladores o los puntos de vista de la Delegación Parlamentaria no es concluyente. En este sentido, a raíz de la pandemia por covid- 19, los congresos de ambos países no han realizado o programado reuniones interparlamentarias.
A lo largo de estas reuniones, temas como migración, comercio y tratados Comerciales, Integración y desarrollo regional seguridad, narcotráfico, tráfico de armas, intercambio cultural, turismo, democracia, medio ambiente, energéticos, y cambio climático han sido los más recurrentes en la agenda de ambas naciones.
Cuarta. La relación entre México y Estados Unidos, en 2025 estará marcada por el reto que presenta la llegada a la presidencia de aquel país de Donald Trump; por la configuración mayoritaria del Partido Republicano en ambas Cámaras del Congreso de Estados Unidos, así como por los tres temas que, a lo largo del proceso electoral de 2024 fueron prioritarios para el mandatario electo como son: seguridad, economía y migración.
En este sentido, la agenda de seguridad en la relación bilateral se ha caracterizado por una desconfianza creciente, que ha venido mermando los niveles de cooperación. Las prioridades gubernamentales en ambos lados de la frontera, así como las afinidades, las sensibilidades y las voluntades políticas han propiciado este distanciamiento.
A pesar de que la naturaleza del reto de seguridad es compleja y multifacética, incluyendo una variedad de temas como la regulación de armas, la justicia criminal, la cooperación entre sistemas de inteligencia, el fortalecimiento institucional, entre otros, la atención está altamente concentrada en la crisis del fentanilo debido a su importancia crítica para las políticas internas de Estados Unidos.
Respecto al tema económico, a pesar de las asimetrías históricas y los desafíos que persisten en la relación bilateral, el panorama internacional ofrece nuevos caminos para la integración. Particularmente, la competencia comercial entre China y Estados Unidos hace que la cooperación económica con México resulte estratégica y plantee oportunidades que deben ser aprovechadas. Sin embargo, un retorno al proteccionismo trumpista puede generar el escenario inverso, con el cual nuestro país debe establecer acciones firmes.
Por su parte, las prioridades en política migratoria de Estados Unidos, compartidas por demócratas y republicanos, hacen probable que escalen las presiones sobre el gobierno mexicano para que asuma el rol de tercer país seguro y para frenar las caravanas migrantes provenientes de la frontera sur de México, hacen necesarios mecanismos de entendimiento y cooperación, binacional e interinstitucional a nivel interno.
En suma, es fundamental enriquecer y diversificar los canales de diálogo e integración en un contexto político marcado por el arribo de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Por lo anterior, sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Senado de la República y a la Cámara de Diputados a que establezcan los mecanismos de dialogo e intercambio con el Congreso de Estados Unidos de América a fin de llevar a cabo una reunión interparlamentaria.
Nota
1 Camacho Vargas José Luis, Derecho parlamentario mexicano , México, Editorial Porrúa, Facultad de Derecho, UNAM, 2019, página 175.
Ciudad de México, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de enero de 2025.
Senadores y senadoras: Anabell Ávalos Zempoalteca, Nestor Camarillo Medina y Manuel Añorve Baños. (Rúbrica.)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Tribunal Superior Agrario a reconsiderar el acuerdo general 5/2025 a fin de que el estado de Campeche no se quede sin Tribunal Unitario Agrario, debido a la redistritación de competencia de la sede del distrito 34 A ubicado en dicha entidad, suscrita por la senadora Karla Guadalupe Toledo Zamora y a cargo del senador Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos senadores Karla Toledo Zamora y Manuel Añorve Baños, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXVI Legislatura, con fundamento en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8., numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República someten a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por la que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al pleno del Tribunal Superior Agrario para que reconsidere el acuerdo general 5/2025 a fin de que Campeche no se quede sin tribunal unitario agrario, debido a la redistritación de competencia de la sede del distrito 34A situado en Campeche, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Primera. La misión de los Tribunales Agrarios es impartir justicia agraria para garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y de la pequeña propiedad y los derechos de los campesinos a través de la emisión de sentencias.
En este sentido, el principio rector de los tribunales agrarios es impartir justicia pronta y expedita, dictando con toda oportunidad los fallos en los juicios agrarios, para garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, coadyuvar a la permanencia del estado de derecho, salvaguardar el respeto a la legalidad y contribuir a la paz social en el campo.
Para garantizar la impartición de justicia en todo el territorio nacional es fundamental que la resolución de los juicios se realice en forma local, para lo cual los tribunales agrarios deben contar con una estructura administrativa suficiente para atender a la población manteniendo la calidad del servicio. Estas instancias ejercen jurisdicción sobre una superficie de 99 millones 708 mil 672 hectáreas que corresponden a 51 por ciento del territorio nacional, en la que tienen derecho 5.5 millones de personas, superficie social en la que se concentra 81 por ciento de la biodiversidad y riqueza del país.
De acuerdo con el artículo 2 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, este se compone por:
I. El Tribunal Superior Agrario, y
II. Los tribunales unitarios agrarios.
Este mismo ordenamiento, en su artículo 18 señala que: “Los tribunales unitarios conocerán, por razón del territorio, de las controversias que se les planteen con relación a tierras ubicadas dentro de su jurisdicción, conforme a la competencia que les confiere este artículo.”
De lo anterior, se desprende la necesidad de que estas instancias formen parte del territorio que conforma su jurisdicción.
Segunda. El 7 de enero de 2025 el pleno del Tribunal Superior Agrario emitió el acuerdo general 5/2025 por el que se modifica la competencia territorial de los tribunales unitarios agrarios de los distritos 29, 34 y 44, así como el término de sus funciones de la sede alterna distrito 34A con sede en Campeche, Campeche por redistritación de competencia.1
El documento señala que, para una mejor distribución de cargas de trabajo y tomando como base los volúmenes de demandas recibidas, se concluye modificar la competencia territorial del Tribunal Unitario Agrario Distrito 29, con sede en Villahermosa, Tabasco; 34 de Mérida, Yucatán, y 44 de Chetumal, Quintana Roo, teniendo en su jurisdicción los municipios de los que actualmente conoce el Distrito 34A, y como consecuencia, la redistritación del Tribunal 34-A, con sede en Campeche, Campeche, para quedar de la siguiente manera:
• En el Tribunal Unitario Agrario 29 de Villahermosa, Tabasco se atenderán los asuntos referentes a los municipios de Candelaria, Carmen y Palizada.
• El 34 de Mérida, Yucatán se atenderán los asuntos referentes a los municipios de: Calkiní, San Francisco de Campeche, Champotón, Dzitbalché, Hecelchakán, Hopelchén, Seybaplaya y Tenabo.
• Y en el Tribunal Unitario Agrario 44 con sede en Chetumal, se atenderán los asuntos referentes a los municipios de Calakmul y Escárcega.
Por su parte, el Tribunal Superior Agrario en comunicado con fecha 14 de enero de 2025 señala que su decisión “obedece, principalmente, a la urgente necesidad de romper barreras geográficas y económicas que obstaculizan y retrasan el acceso efectivo a la justicia para las y los justiciables y a la prestación de un servicio público indispensable para el desarrollo de las comunidades.”
Expone que la “redistritacion tiene como fin, dar cumplimiento a los principios de concentración, inmediación y de justicia agraria ágil, eficiente y expedita, al ubicar de forma permanente la Magistratura Agraria en una sede única de Tribunal Unitario Agrario, lo que permitirá la pronta solución de las controversias que se susciten.”
Asimismo, plantea que, a fin de cumplir el mandato constitucional de justicia pronta, eficaz y expedita los Tribunales Agrarios cuentan con mecanismos, acciones y procedimientos para atender de manera oportuna los juicios agrarios, como lo son, la Justicia itinerante y la Justicia Agraria Digital, ambos regulados en su Reglamento Interior.2
Tercera. El término de funciones del Tribunal Superior Agrario del Distrito 34ª con sede en Campeche, Estado de Campeche por redistritación de competencia, si bien pudiera sustentarse en un argumento de carácter geográfico o de distancias, como se plantea en la consideración VIII del acuerdo general 5/2025, es necesario recordar que la jurisdicción se distribuye entre los tribunales de acuerdo a tres criterios: La función que desempeña cada tribunal, El objeto del proceso, El territorio que cubre el tribunal.
En este sentido, el objeto del proceso y el territorio son aspectos que van ligados ya que es necesario conocer la ubicación del objeto y su contexto para realizar un razonamiento por parte de las y los operadores jurídicos.
Asimismo, la Carta Magna en el artículo 17 establece que los tribunales estarán expeditos para administrar la justicia, lo cual significa que el poder público debe proveer a la instalación de los tribunales que la Constitución federal y las constituciones de los Estados instituyan, y dotarlos de los elementos necesarios que hagan posible su funcionamiento.
De esta forma, para el profesor Miguel Bonilla López “Entre los obstáculos que impiden o dificultan el acceso a los tribunales, sin duda está el de su fallida ubicación o delimitación geográfica. Un tribunal mal ubicado o que ejerce jurisdicción sobre un territorio no correctamente delimitado, ocasiona que los justiciables eroguen más gastos en la tramitación de sus asuntos, que los procesos sean más largos, que sus cargas de trabajo no sean proporcionales respecto a las de otros tribunales, que la comunidad se inconforme y que, incluso, los individuos opten por no acudir a él para resolver las controversias jurídicas. En estos casos, puede decirse, válidamente, que la justicia no es eficiente”3
Bajo este razonamiento, el arraigo de las y los justiciables por los tribunales ubicados en su territorio es un aspecto que puede influir en no cumplir el mandato constitucional de que las y los mexicanos, y en el particular que las y los campechanos, cuenten con un tribunal que los escuche e imparta justicia pronta y expedita.
Por lo expuesto y en virtud de velar por el acceso a la justicia agraria de las y los habitantes de Campeche, someto a consideración de la asamblea los siguientes:
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al pleno del Tribunal Superior Agrario para que reconsidere el acuerdo general 5/2025 a fin de que el estado de Campeche no se quede sin tribunal unitario agrario, debido a la redistritación de competencia de la sede del distrito 34A situado en Campeche.
Segundo. O en su caso, se considere abrir un modulo atencion permanete en el estado, para recepcion y seguimiento de los casos agrarios del estado de Campeche o brindar las facilidades logisticas y de movilidad para los ejidatarios que requieran ir a otro estado deribado de la redistritación.
Notas
1 https://www.tribunalesagrarios.gob.mx/ta/docs/acdos/acdo_5_2025.pdf
2 https://www.tribunalesagrarios.gob.mx/ta/?p=11255
3 Bonilla López Miguel, “Tribunales, Territorio y Acceso a la Justicia” en Valadés Diego, Gutiérrez Rivas Rodrigo (coords.) Justicia. Memoria del IV Congreso Nacional de Derecho Constitucional , México, IIJ, UNAM, 2001.
Ciudad de México, a 21 de enero de 2025.
Senadores: Karla Toledo Zamora y Manuel Añorve Baños. (Rúbrica.)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa, al IMSS, al ISSSTE y al IMSS Bienestar a realizar las acciones necesarias, encaminadas a garantizar el suministro de medicamentos y tratamientos médicos, así como proteger el derecho a la salud de la población, suscrita por la diputada Mónica Elizabeth Sandoval Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI
Quien suscribe, Mónica Elizabeth Sandoval Hernández, diputada a la LXVI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El derecho a la salud es considerado un derecho humano fundamental desde 1948 cuando la Organización de las Naciones Unidas así lo estableció. Este derecho está reconocido por diversos tratados regionales y constituciones nacionales. En México, fue incorporado a nuestra constitución en 1983 en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como “el Derecho a la Protección de la Salud”1 .
En la actualidad el artículo cuarto constitucional establece que “toda Persona tiene derecho a la protección de la salud, y que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, además de que la ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social”2 .
Sin embrago, en el arranque de esta nueva administración y como resultados de una serie de decisiones tomadas sin las consideraciones necesarias y producto de la indolencia y la ignorancia para la mayoría de los mexicanos ni las condiciones de salud optimas ni el acceso a los servicios es un derecho efectivo.
Así lo refleja la realidad que viven más de 64.7 millones de mexicanos que no cuentan con servicios de salud. Así lo revelan estudios publicados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), organismo que dio a conocer que el número de personas sin acceso a seguridad social rondan los 64.7 millones3 . Siendo los estados con mayores índices los siguientes: Chiapas con 66.1 por ciento de la población, así como el 65.5 en Oaxaca, mientras que en Guerrero es del orden de 65.7, Michoacán el 52.7 por ciento de la población carecen de servicios de salud4 .
El origen de estos datos y tan altos niveles de población con carencias de servicios de salud se originaron en una serie de decisiones y cambios en los mecanismos que permitían el acceso a la salud, así como a tratamientos y medicamentos de la población.
A partir de 2019, la Secretaría de Hacienda asumió la responsabilidad de las compras de medicamentos, sin contar con la experiencia ni la estructura necesaria, lo que resultó en un caos logístico y administrativo. El Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) examinó 156 mil procesos de compras de medicamentos realizados por la Administración Pública Federal entre 2018 y 2022 publicados en Compranet5 . Revelando que los cambios en el esquema de compras públicas de medicamentos causaron mayores costos para las instituciones de salud, es decir se compraron menos medicamentos y a un mayor costo.
Como una respuesta a las demandas y a las declaraciones referentes a la profundización del desabasto de medicamentos, el gobierno federal tomó la decisión de que las empresas proveedoras que más vendieron medicamentos al gobierno en 2018 en el marco de la ley no pudieran participar en nuevas licitaciones hasta que no se aclarara si no hubo influyentismo y corrupción en la venta de medicamentos6 . El veto presidencial en 2019 a las principales distribuidoras de medicamentos a las que compraba el gobierno, sin una estrategia clara para suplir su función, agravó el Gobierno de México no contempló la logística de distribución que tendría que implementar previo a publicar el veto, lo que también contribuyó al desabasto.
A manera de respuesta y como mecanismos de alineado convenientemente al discurso del Ejecutivo federal se decidió cerrar diversas plantas de empresas mexicanas justificándose en faltas administrativas. El cierre por parte del gobierno de siete plantas productoras de Laboratorios Pisa, encargada de la producción de medicamentos oncológicos en el país, obstaculizó gravemente el abastecimiento de los tratamientos de miles de pacientes con cáncer7 .
Como último recurso de la pasada administración y como pleno reflejo de lo que representó el sexenio terminado el pasado 1 de octubre de 2024. El gobierno federal implemento un proyecto más sin planeación ni proyecciones serias, lo que significó un rotundo fracaso, un proyecto que, lejos de ser una solución, demostró la falta de planificación y el derroche de recursos: le ha costado a la nación más de $3 mil millones de pesos y apenas lograr surtir 67 recetas diarias en promedio en las primeras dos semanas de funcionamiento8 , muy por debajo de las necesidades nacionales.
El resultado de todas las anteriores circunstancias descritas es representado por cientos de miles de denuncias penales, así como en medios de comunicación, solicitudes y quejas en diversas instancias del sistema de Salud tanto federal como estatales, que dejan como cifra no oficial más de 15 millones de recetas no surtidas así como diversos tratamientos.
De entre los tratamientos y medicamentos no abastecido por la pasada administración El cáncer infantil es la segunda causa de mortalidad en la población de 4 a 15 años. Para 2025 se esperan más de 20 millones de casos nuevos de cáncer en el mundo, y 80 por ciento9 de la carga corresponderá a países de ingresos bajos y medios, en nuestro país la tasa de supervivencia alcanza apenas 30 por ciento, esto por diversas condiciones en las que resaltan los diagnósticos a destiempo y la falta de medicamentos que genera un tratamiento no constante en su ciclo de recuperación contra el cáncer y en ocasiones la muerte10 .
Como consecuencia de lo anterior el gobierno de Claudia Sheinbaum heredo una crisis que no ha podido ocultar y frente a esta ha tomado la decisión de celebrar la compra de 97 por ciento de los medicamentos para 2025 y 2026. Esto como respuesta al desastre creado por las malas decisiones del propio gobierno que le antecede.
Por lo anterior y con base en los resultados de la pasada administración y la clara estrategia plateada por el actual gobierno que en sus propias palabras define como continuación del gobierno Federal apenas hace unos meses concluido. Y con la firma convicción de garantizar los derechos y la vida de las personas presento la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y al IMSS Bienestar para que en el ambito de sus atribuciones y facultades realicen las acciones necesarias, encaminadas garantizar el suministro de medicamentos y tramatientos medicos asi como proteger el derecho a la salud de la población.
Notas
1 López Arellano Olivia, López Moreno Sergio. Derecho a la Salud en México. Primera edición, 2015.Universidad Autónoma Metropolitana Prolongación Canal de Miramontes 3855 Colonia Ex-Hacienda San Juan de Dios 14387, México, Distrito Federal.
2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 4o. 5 de febrero de 1917 (México). Recuperado de: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdftas:
3 Coneval. Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2024. Resumen ejecutivo Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social Insurgentes Sur 810, colonia Del Valle, CP 03100, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. Disponible en: https://www.coneval.org.mx/EvaluacionDS/PP/CEIPP/Documents/Informes/IEP DS_2024_Resumen.pdf
4. Becerra Jessika. 11 de octubre de 2024. Sin acceso a salud, más de 50 por ciento de población en cinco estados: Coneval. La Jornada. Disponible en: https://www.jornada.com.mx/noticia/2024/10/11/economia/sin-acceso-a-sal ud-mas-de-50-de-poblacion-en-cinco-estados-coneval-1521
5 Imco 22 de octubre de 2023. Los cambios en el esquema de compras públicas de medicamentos causaron mayores costos para las instituciones de salud. Disponible en: https://imco.org.mx/los-cambios-en-el-esquema-de-compras-publicas-de-me dicamentos-causaron-mayores-costos-para-las-instituciones-de-salud/
6 Hernández Leopoldo. 09 de abril. Gobierno veta a principales proveedores de fármacos. El Economista . Disponible en: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Gobierno-veta-a-principales-pr oveedores-de-farmacos-20190409-0038.html
7 Ramirez C. Maribel, El caso de Pisa y la explicación a porqué no hay oncológicos. El Economista. Disponible en: https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-caso-de-Pisa-y-la-explicacio n-a-porque-no-hay-oncologicos-20210627-0070.html
8 Roldán N. y Lambarri A. 5 de marzo de 2024. No fuimos Dinamarca: gobierno de AMLO deja sin surtir 15 millones de recetas, cinco veces más que Peña Nieto. Animal Político. Disponible en: https://animalpolitico.com/salud/gobierno-amlo-deja-sin-surtir-15-millo nes-recetas-pena-nieto?rtbref=rtb_ta5a9ohjrp5vp9yt7rx_1713925150940
9 Rivera Luna, R., Olaya Vargas, A., Velazco-Hidalgo, L., Cárdenas Cardos, R., Galván Diaz, C., Ponce Cruz, J., Garcia-Vicera, J., & Melchor-Vidal, Y. (2024). El abrumador problema del cáncer infantil en México. Acta Pediátrica De México, 45(5), 503-510. https://doi.org/10.18233/apm.v45i5.2964
10 Melgoza Rocha Alejandro, Niños y niñas con cáncer, los más afectados por el desabasto en: Impunidad Cero y Justicia Justa en Operación desabasto así se detono la escacez de medicamentos https://www.impunidadcero.org/uploads/app/articulo/146/contenido/161766 2558N24.pdf.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de enero de 2025.
Diputada Mónica Elizabeth Sandoval Hernández (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Tribunal Superior Agrario a dejar sin efecto el acuerdo 2/2025 que emitió el pleno de ese tribunal y a mantener la permanencia en funciones el Tribunal Unitario Agrario 34 A con sede en la ciudad de Campeche, Campeche; lo anterior, con la finalidad de garantizar el acceso efectivo a la justicia agraria, suscrita por los diputados Rubén Ignacio Moreira Valdez y Christian Mishel Castro Bello, del Grupo Parlamentario del PRI
Quienes suscriben, Rubén Ignacio Moreira Valdez y Christian Mishel Castro Bello, diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y los demás que resulten aplicables, someten a consideración de esta honorable asamblea, la proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Los tribunales agrarios son instituciones fundamentales para garantizar los derechos de los campesinos y otros actores involucrados en el ámbito agrario. Su principal función es resolver conflictos relacionados con la tenencia de la tierra, la propiedad, el uso y el aprovechamiento de recursos rurales, asegurando justicia y promoviendo el desarrollo sostenible en el campo. En sociedades donde la tierra es un recurso vital para la subsistencia y el bienestar de comunidades enteras, estos tribunales representan un espacio de acceso a la justicia, especialmente para los sectores más vulnerables.
La importancia de los tribunales agrarios radica en su capacidad para proteger los derechos de los campesinos frente a abusos, despojos o irregularidades legales. Actúan como un contrapeso a las desigualdades históricas en el acceso a la tierra, promoviendo equidad y seguridad jurídica en las zonas rurales. Además, fomenta la resolución pacífica de conflictos, evitando confrontaciones que puedan derivar en violencia o desestabilización social.
En cuanto a la ubicación estratégica de los tribunales agrarios en los estados, esto es crucial para garantizar su eficacia. Estos espacios deben estar cerca de las comunidades rurales, facilitando el acceso de los campesinos a la justicia sin tener que recorrer grandes distancias, lo que podría implicar costos y barreras adicionales. La proximidad geográfica y cultural contribuye a que los tribunales comprendan mejor las particularidades locales y ofrezcan soluciones adaptadas a las realidades del campo.
El Tribunal Agrario de Campeche desempeña un papel crucial en la resolución de disputas relacionadas con la tenencia de la tierra y los derechos de los campesinos en la región. En 2022, el Tribunal Superior Agrario recibió 990 asuntos y resolvió 968, mientras que los Tribunales Unitarios Agrarios atendieron 53,761 asuntos, de los cuales 51,822 fueron admitidos y 52,451 concluidos.1 Este volumen de trabajo subraya la importancia del tribunal en la administración de justicia agraria en la región.
Además, el Tribunal Agrario de Campeche ha sido un punto de referencia para los campesinos que buscan resolver conflictos relacionados con sus tierras. Sin embargo, recientemente se anunció que la sede en Campeche cerrará, lo que obligará a los habitantes de los 13 municipios de la región a trasladarse a Mérida, Villahermosa o Chetumal para resolver sus disputas.2
Esta medida ha generado preocupación entre los campesinos, ya que aumentará los costos y tiempos de traslado, afectando negativamente su acceso a la justicia. La atención será en otras entidades lo que significa un desconocimiento del contexto de los asuntos atendidos, muchos de los juicios agrarios en proceso serán detenidos ante el cambio de sede y en otros casos significará cambios de abogados generando más costos para los campesinos.
A pasar de lo anterior y con base al proyecto Acuerdo General 5/2025 emitido por el Pleno del Tribunal Superior Agrario, se modificó la competencia territorial de los tribunales unitarios agrarios de los distritos 29, 34 y 44, así como, el término en sus funciones de la sede alterna distrito 34A, situación que afecta a los casos que en dicha materia se litigan en Campeche.
Según el documento del Tribunal Superior Agrario, en aras de que la labor de los Tribunales Unitarios Agrarios se refleje en una apropiada, expedita y eficiente atención de los asuntos sometidos a su ámbito territorial y con la finalidad de beneficiar a las personas campesinas de ejidos y comunidades agrarias, así como las poblaciones indígenas y sus integrantes para que puedan tener el acceso a la justicia pronta y expedita; y para efecto de una mejor distribución de carga de trabajo, tomando como base los volúmenes de demandas recibidas, se concluye modificar la competencia territorial de Tribunal Unitario Agrario Distrito 29, con sede en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, 34 con sede en ciudad de Mérida, estados de Yucatán y 44 con sede en la Ciudad de Chetumal, estado de Quintana Roo.
Sin embargo, la medida que adopta consistente en desaparecerle el Tribunal Agrario Unitario 34A lejos de propiciar el debido acceso a la justicia a campesinos del estado de Campeche generará graves afectaciones, toda vez que, las personas integrantes de este sector tendrán que desplazarse a ciudades de otros estados:
Redistritación propuesta es el acuerdo 2/2025
TUA 29, con sede en Villahermosa, Tabasco:
• Candelaria, Campeche.
• Carmen, Campeche.
• Palizada, Campeche.
TUA 34, con sede en Mérida, Yucatán:
• Calkiní, Campeche.
• Campeche, Campeche.
• Champotón, Campeche.
• Dzitbalché, Campeche.
• Hecelchakán, Campeche.
• Hopelchén, Campeche.
• Seybaplaya, Campeche.
• Tenabo, Campeche.
TUA 44, con sede en Chetumal, Quintana Roo:
• Calakmul, Campeche.
• Escárcega, Campeche.
Este hecho generará costos mayores a quienes tengan la necesidad de llevar un juicio agrario, toda vez que, no solo tendrán que ir a Campeche a tramitar documentación en el Registro Agrario Nacional o en su caso ante la Procuraduría Agraria, ubicados en la ciudad de Campeche, sino con posterioridad tendrán que dirigirse a otra ciudad, lo cual les ocasionará un doble gasto. Sumado a lo anterior, los campesinos enfrentaran al desconocimiento de instituciones de la defensoría publica que en la mayoría de los casos es el órgano que los auxilia y apoya en la tramitación de los casos, y quien tienen el apoyo técnico de un abogado particular, tendrán que cubrir no solamente los costos de honorarios, sino también, tendrán a su cargo los gastos de viáticos para transporte y alimentación que afectará su economía.
El cierre del Tribunal Unitario Agrario 34A con sede en Campeche, sin duda ocasionará retraso y rezago en la resolución de los más de 600 juicios que hoy tiene a su cargo, así como, seguramente el despido de personal que labora en dicho tribunal
Sabedores de los alcances de esta resolución y de las afectaciones que representará para ellos, campesino de los 13 municipios del estado de Campeche se han movilizado en protesta contra el próximo cambio de operaciones del Tribunal Unitario Agrario.
Los manifestantes expresan su preocupación por las dificultades que este cambio implicará, especialmente en término de desplazamiento y acceso a la justicia agraria. Argumenta que la centralización de los casos en otras ciudades aumentará los costos y tiempos de traslado, afectando negativamente a los campesinos que depende de estos servicios para resolver disputas y asuntos legalmente relacionados con su tierra.
De instrumentarse el acuerdo en sus términos el Tribunal Unitario Agrario 34A con sede en Campeche cerrará sus actividades a partir de 31 de enero del presente, por lo que consideramos de urgente y obvia resolución exhorta al Tribunal Superior Agrario para que en el ámbito de sus atribuciones deje sin efecto el Acuerdo 2/2025.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
De urgente u obvia resolución
Único . La Comisión Peramente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Tribunal Superior Agrario para que en el ámbito de sus atribuciones deje sin efecto el Acuerdo 2/2025 que emitió el pleno de ese tribunal y a mantener la permanencia en funciones el Tribunal Unitario Agrario 34A con sede en la ciudad de Campeche, Campeche; lo anterior, con la finalidad de garantizar el debido acceso a la justicia agraria a las y los campesinos del estado de Campeche.
Notas
1 Campesinos de Campeche se manifiestan contra el cambio de operaciones del Tribunal Unitario Agrario. https://www.poresto.net/campeche/2025/1/17/campesinos-de-campeche-se-ma nifiestan-contra-el-cambio-de-operaciones-del-tribunal-unitario-agrario .html?form=MG0AV3
2 Tribunal Agrario cerrará su sede en Campeche
https://tribunacampeche.com/15/tribunal-agrario-cerrara- su-sede-en-campeche/703882/?form=MG0AV3
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 21 de enero de 2025.
Diputados: Rubén Ignacio Moreira Valdez, Christian Mishel Castro Bello (rúbricas).