Proposiciones

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a reforzar la Campaña Nacional de Vacunación contra la Influenza Estacional y la Covid-19, garantizar el abasto de las vacunas para la población de todas las edades y a mejorar la accesibilidad de las mismas, suscrita por el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea, proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La temporada invernal se caracteriza por el descenso de las temperaturas lo que favorece la propagación de enfermedades virales como la gripe, influenza o incluso Covid-19 mismas que tienden a propagarse con mayor facilidad durante esta temporada generando un gran número de contagios entre las personas y particularmente entre niñas, niños y adolescentes.

Cada año las autoridades sanitarias realizan la Campaña Nacional de Vacunación. La correspondiente a 2024-2025 se está llevando a cabo del 15 de octubre del 2024 y terminará el próximo 25 de marzo de 2025, la cual esta dirigida principalmente a las poblaciones con mayor riesgo de complicaciones, hospitalización y mortalidad por influenza y covid-19.

A nivel global la influenza tiene una tasa de ataque estimada de 5 a 10 por ciento en adultos y del 30 a 30 por ciento en niñas y niños, de conformidad con la Organización Mundial de la Salud, anualmente se presentan a nivel global mil millones de caso de influenza estacional, de las cuales 3 a 5 millones son graves, causando entre 290 mil y 650 mil defunciones anuales. En México la influenza mantiene los mismos patrones a nivel global, por lo que su incidencia aumenta en el mes de octubre y se prolonga en meses de invierno.1

De conformidad con la Secretaría de Salud, los casos de influencia y defunciones de 2018 a 2024 presentan los siguientes datos:

Por su parte el Informe Semanal de la covid 19, influenza y otros virus respiratorios de la semana 50 (18 de diciembre 2024) advierte que de acuerdo con los datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Respiratoria Viral (Sisver) en 2023 se notificaron 20 mil 264 casos confirmados a la covid-19 por RT-PCR en las Unidades Monitoras de Enfermedades Respiratorias (Usmer). En lo que va de 2024 se han reportado 169 mil 78 casos sospechosos de los cuales 14,071 casos (8.3 por ciento) se han confirmado a la covid-19.2

En 2024 se han detectado 14 mil 71 casos de covid 19 y se han registrado 690 defunciones.

Los grupos de edad más afectados son el de 90 a 94 años, seguido del de mayores de 95 años, 85 a 89 años, 80 a 84 años y 75 a 79 años. La mediana de edad es 43 años. La distribución por sexo muestra 59.5 por ciento de predominio en mujeres.

En 2024 se han notificado 169 mil 78 casos de enfermedad tipo influenza (ETI) e infección respiratoria aguda grave (IRAG) en las Usmer, de los cuales se han confirmado 14 mil 71 casos positivos a la covid-19 (8.3 por ciento), 690 de funciones por la misma enfermedad, presentando 4.9 por ciento de letalidad.

Las entidades de residencia con mayor número de casos de covid-19 son Ciudad de México (23.6 por ciento), Querétaro (8.6 por ciento), estado de México (8.2 por ciento), Nuevo León (8.1 por ciento) y Puebla (4.1 por ciento).

En el acumulado de la temporada de influenza estacional se han confirmado 1,339 casos positivos a influenza por laboratorio. El 70.8 por ciento son debido a influenza A (H3N2), 14.5 por ciento por influenza A (H1N1), 8.7 por ciento por influenza B y 6 por ciento por influenza A no subtipificable. Por lo que respecta a los grupos de edad se han reportado de 25 a 29 años (12.5 por ciento); mayores de 65 años (12.1 por ciento); de 30 a 34 años (9 por ciento), de 20 a 24 años (8.6 por ciento) y de 5 a 9 años (8.3 por ciento).

Los datos anteriores muestran que la influenza estacional y la Covid 19 se encuentran presenten con mayor intensidad en la época invernal, por ello, es necesario que el Estado tenga una estrategia de vacunación sólida que garantice a la población las vacunas para enfrentar esta temporada.

En octubre del 2024, Larry Rubín, presidente de la Asociación Mexicana de Industrias de Innovación Farmacéutica (AMIIF), alertó que la autorización de registros de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) para la entrada de vacunas covid actualizadas y dengue, y las compras de vacunas contra la influenza estacional tenían un retraso de casi cuatro meses, lo que pone en riesgo el abasto de dosis necesarias para enfrentar la temporada invernal 2024, además de impulsar el mercado de productos apócrifos vendidos y aplicados de forma ilegal.3

De conformidad con la nota del Financiero, el experto explico que “la autorización de las vacunas por parte de la Cofepris debió darse desde junio pasado para que el gobierno iniciara la compra de las inyecciones en el mes de julio y así garantizar el abasto de las inoculaciones de última generación enfocadas en combatir la cepa de Covid-19 JN1, que es la que actualmente afecta a la población en México”. Y agrego que “Esta falta de proporcionar registros a las empresas nos preocupa muchísimo porque México sólo tiene vacunas Sputnik y Abdala (inyecciones rusas y cubanas), pero esas vacunas son de primera generación y ya no sirven, son obsoletas contra el nuevo virus de la covid-19,”4 Lo anterior, abriría la puerta a que en México haya un resurgimiento masivo del virus de Covid-19 como consecuencia de no haber otorgado los registros en tiempo y forma a las vacunas de Pfizer y Moderna, lo que provocaría una crisis en el sector salud.

Adicionalmente, Juan Villafranca, presidente de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf) alertó sobre la preocupación por el repunte del mercado negro de vacunas contra Covid-19. Según datos de la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias (Unefarm), para el cierre de 2024 se espera que el mercado de fármacos clonados alcance ganancias por 32 mil 500 millones de pesos, aproximadamente 11 por ciento de las ganancias de la industria farmacéutica formal, que para este año se estiman en 280 mil millones de pesos.5

De conformidad con la Secretaría de Salud la campaña de vacunación para la temporada invernal deberá tener un avance igual o mayor a 70 por ciento en la cobertura a nivel nacional al 27 de diciembre de 2024 y de 100 por ciento a la fecha de término de la campaña en marzo de 2025. Sin embargo, la conclusión de la misma estará sujeta al abasto oportuno de la vacuna.

En el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional estamos convencidos que las campañas de vacunación deben tener inversión y políticas públicas eficaces para su atención. Por ello nos corresponde exigir certeza respecto del abasto de las vacunas a efecto de que no se arriesgue la salud de los mexicanos y se brinde a la niñez, adolescencia y adultez las vacunas que requieren para conservar su salud.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único . La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud para que refuerce la Campaña Nacional de Vacunación contra la influenza estacional y la covid 19, se garantice el abasto de las vacunas para la población de todas las edades y se mejore la accesibilidad de las mismas, así como, se realicen las acciones tendientes a prevenir y atender los casos en las entidades federativas que presenten mayor número de casos.

Notas

1 LINEAMIENTOS_CAMP_VAC_INVERNAL_24-25_.pdf

2 Informes Semanales para la Vigilancia Epidemiológica de Influenza, COVID-19 y otros virus respiratorios 2024 | Secretaría de Salud | Gobierno | gob.mx

3 Gobierno retrasa vacunas COVID y de influenza en México de cara a la temporada invernal – El Financiero

4 “Gobierno retrasa vacunas covid y de influenza en México de cara a la temporada invernal”. El Financiero.

5 Ibídem.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, el 15 de enero de 2025.

Diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno del estado de Nuevo León a promover estrategias y acciones para disminuir las tarifas de transporte público, con el propósito de mejorar el bienestar y calidad de vida de la población, suscrita por la diputada Ana Isabel González González, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Ana Isabel González González integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXVI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el 25 de septiembre de 2015, constituyó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, como un plan de acción a favor de mejorar el bienestar y la prosperidad de las personas, contribuyendo a fortalecer la paz y el acceso a la justicia1 .

Los países miembros de la ONU aprobaron esta resolución, para que las naciones que formen parte de este organismo promuevan acciones afirmativas y contributivas para lograr un desarrollo sostenible, eficiente, eficaz y efectivo.

La Agenda 2030 plantea 17 propósitos con 169 metas integrales que abordan temas económicos, sociales, políticos y, sobre todo, ambientales.

En este mismo orden de ideas, la ONU-Habitat plantea que, en 2022 la población mundial fue de 8000 millones de personas, de las cuales, más de la mitad viven en zonas urbanas y se prevé que, para 2050 aumente a un 70 por ciento2 . Ante dicho desafío, se requieren acciones que contribuyan a mejorar el medio ambiente y los servicios de movilidad de las ciudades.

Para el caso de México, el transporte público en las zonas metropolitanas, requieren soluciones urgentes, como la creación de estrategias de planeación y de políticas públicas que contribuyan a que los servicios de movilidad sean eficientes, eficaces y sostenibles.

Por ello, la investigación, titulada Ranking de transporte público para ciudades mexicanas 2024, evaluó y presentó los resultados sobre los índices de accesibilidad; eficiencia; digitalización; institucionalidad y gestión; seguridad y experiencia de viaje; equidad; y sostenibilidad3 .

Cabe destacar que, el Ranking de transporte público para ciudades mexicanas 2024 , constituye un análisis y presentación de resultados de 32 ciudades, una por cada entidad federativa, dicha evaluación es a través de dos factores las cuales son: niveles de avance en la profesionalización del transporte y ciudades con visión de profesionalización del transporte público 4.

De manera particular, en el segundo factor de: ciudades con visión de profesionalización del transporte público se encuentran: Acapulco, Aguascalientes, Cancún, Chihuahua, Ciudad de México, Cuernavaca, Culiacán, Guadalajara, Hermosillo, La Laguna, León, Mérida, Monterrey, Morelia, Pachuca, Puebla- Tlaxcala, Querétaro, San Luis Potosí?, Tampico, Tijuana y Toluca.

Para el caso de Monterrey, Nuevo León, obtuvo los siguientes resultados:

• Monterrey ocupa el segundo lugar con el peor transporte público, en todo México.

• En materia de accesibilidad obtuvo un puntaje de 6.46 de 100, es decir, el acceso a los servicios de transporte para realizar sus viajes fue ineficiente y de mala calidad.

• En materia de equidad, obtuvo 21.33 de 100, lo que se traduce que, los servicios de transporte son injustas y sin el acceso igualitario a todos los grupos sociales, con independencia de ubicación, género, ingresos o capacidades.

• En materia de eficiencia en el transporte público, obtuvo un puntaje de 27.76 de 100, es decir, que el servicio no cumple con las necesidades de los usuarios.

• En suma, el Sistema de transporte de Monterrey reprobó en todos los aspectos como: Accesibilidad, gestión, seguridad, experiencia de viaje, digitalización, eficiencia, institucionalidad, equidad, seguridad y sustentabilidad5 .

A pesar de los resultados negativos de servicios, en semanas pasadas el actual gobernador de Nuevo León anunció el aumento de nuevas tarifas para el transporte público, a pesar de tener un transporte poco eficiente y de mala calidad.

Para evidenciar dicha problemática, fue que el pasado 19 de agosto de 2024 en que, diversos medios periodísticos mencionaron que la crisis de transporte urbano en la zona metropolitana de Monterrey se agravó después de que transportistas redujeran el número de camiones en circulación. Esto por el incumplimiento del actual gobernador sobre el pago a los trabajadores. La espera para abordar un camión fue de más de 4 horas, situación que afectó gravemente a los usuarios6 .

Lo que debería es crear nuevas estrategias para disminuir las tarifas de transporte público, y crear esa sensibilidad con las necesidades de los nuevoleoneses y apostar en mejorar la movilidad sostenible y eficiente.

En este contexto, rechazamos el incremento a las nuevas tarifas de transporte público, busquemos soluciones inmediatas para mejorar el servicio y la atención de millones de usuarios.

Es imperativo, solicitar al gobernador del estado de Nuevo León para que, de manera urgente, y en el ámbito de sus competencias, tome las acciones necesarias para que se ponga a consideración de la Junta de Gobierno del Instituto de Movilidad y Accesibilidad (IMA) de Nuevo León el dejar sin efecto las tarifas al transporte público, publicadas en el Periódico Oficial del Estado el pasado 5 de enero de 2025, y tener la posibilidad de dar reversa al tarifazo.

El gobierno estatal deberá de contribuir con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, para cumplir con la meta 11.2: Para proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, accesibles y sostenibles para todos, mediante la ampliación del transporte público, con especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad7 .

Por lo antes fundado y motivado, me permito someter a la elevada consideración del pleno, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobernador del estado de Nuevo León para que, de manera urgente, y en el ámbito de sus competencias, tome las acciones necesarias para que se ponga a consideración de la Junta de Gobierno del Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León el dejar sin efecto las tarifas al transporte público, publicadas en el Periódico Oficial del Estado, el pasado 5 de enero de 2025, y tener la posibilidad de dar reversa al tarifazo que tanto va a afectar la economía familiar de los ciudadanos de Nuevo León.

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al gobernador del estado de Nuevo León para que, en el ámbito de sus atribuciones, garantice que los servicios de transporte público sean de calidad, eficiente, eficaz, sustentable y con costos accesibles para todos los ciudadanos de Nuevo León.

Notas

1 Organización de las Naciones Unidas (ONU). Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Consultado en el siguiente link: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-so stenible/

2 Organización de las Naciones Unidas (ONU Habitat). El futuro de la humanidad será urbano. Consultado en el siguiente link: https://onu-habitat.org/index.php/el-futuro-de-la-humanidad-sera-urbano

3 En esta sección se presentan las variables sobre la calidad del transporte público:

Accesibilidad: Identifica a las personas usuarias para que puedan acceder a los servicios de transporte.

Eficiencia: Evalúa el aprovechamiento eficiente de los recursos para ofrecer un servicio que cumpla con las necesidades de los usuarios.

Digitalización: Mide el grado de adopción de tecnologías digitales para mejorar el servicio.

Institucionalidad y gestión: Identifica el avance en regulaciones, gobernanza y administración de los sistemas de transporte para el buen funcionamiento.

Equidad: Mide cómo los servicios de transporte garantizan el acceso igualitario a todos los grupos sociales.

Seguridad y experiencia de viaje: Identifica a las personas usuarias su la confiabilidad de los servicios de transporte y seguridad.

Sostenibilidad: Evalúa el impacto de los servicios de transporte en el medio ambiente y disminuir la contaminación.

4 Centro Mario Molina y el Apoyo de la Cooperación Técnica Alemana (2024). Ranking de Transporte Público para Ciudades Mexicanas 2024. Consultado en el siguiente link: https://ranking-transporte-publico.info

5 Centro Mario Molina y el Apoyo de la Cooperación Técnica Alemana (2024). Reporte: Ranking de Transporte Público para Ciudades Mexicanas 2024. Consultado en el siguiente link: https://ranking-transporte-publico.info/uploads/documents/RTPCM%2016102 024.pdf

6 Milenio (2024). Transporte en Monterrey en crisis: Reducción de unidades provoca filas de hasta 4 horas. Consultado en el siguiente link: https://lasillarota.com/estados/2024/8/19/transporte-en-monterrey-en-cr isis-reduccion-de-unidades-provoca-filas-de-hasta-horas-497758.html

7 Organización de las Naciones Unidas (ONU). Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. Consultado en el siguiente link: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/

Dado en la sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 15 de enero de 2025.

Diputada Ana Isabel González González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal y al Tribunal Superior Agrario a preservar la operación del Tribunal Unitario Agrario distrito 27A y no verse afectados por el recorte presupuestal para dichos tribunales, suscrita por el diputado Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Mario Zamora Gastélum, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la titular del Ejecutivo federal y a la magistrada presidenta del Tribunal Superior Agrario, a preservar la operación del Tribunal Unitario Agrario Distrito 27A y no verse afectados por el recorte presupuestal para los Tribunales Agrarios, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Primera. En la sesión del miércoles 11 de diciembre de 2024, la honorable Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2025, originalmente propuesto por el Ejecutivo federal en el proyecto del PEF de 2025, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el martes 24 de diciembre de 2024.1

Se contempla en este Presupuesto una reducción al Ramo 31 “Tribunales Agrarios” de 10.84 por ciento en términos reales, es decir, 67.15 millones de pesos menos con respecto al PEF 2024.

Segunda. Los Tribunales Agrarios son órganos federales dotados de plena jurisdicción y autonomía para dictar sus fallos; dentro de ellos, los Tribunales Unitarios son los encargados de tramitar y desahogar juicios que versan sobre la aplicación de la Ley Agraria, relacionados con la tenencia de la tierra ejidal, comunal y de la pequeña propiedad.2

Tercera. Hace poco más de dos años, el honorable pleno del Tribunal Superior Agrario acordó el cierre total del entonces Tribunal Unitario Agrario Distrito 26, con sede en Culiacán, Sinaloa; situación que se logró revertir con el apoyo del gobernador constitucional del estado de Sinaloa.

No obstante, el lunes 15 de mayo de 2023, el honorable pleno del Tribunal Superior Agrario emitió el acuerdo mediante el cual el Tribunal Unitario Agrario con sede en Culiacán, Sinaloa, se convierte en sede alterna del Tribunal Unitario Agrario Distrito 27, en Guasave, Sinaloa.3 Desde entonces, se redujo a la mitad la plantilla del personal tanto jurisdiccional como de apoyo, quedando al mes de enero 2025 únicamente 7 servidores de nivel operativo y 3 de mando medio.

Cuarta. El pasado 9 de enero de 2025, el Tribunal Superior Agrario determinó el cierre de seis Tribunales Unitarios, entre los que se encuentra el Distrito 27A en Culiacán, Sinaloa; con respecto a los motivos de la desaparición de estos Tribunales, la Unidad General Administrativa de dicha dependencia informó que serán expuestos en el acuerdo oficial que será publicado próximamente.4

Quinta. El cierre del Tribunal Unitario Agrario 27A implica más de 600 juicios que quedarán sin resolución, mismos que involucran tierras de más de 200 ejidos de siete municipios de Sinaloa.5

Las familias, campesinos y grupos ejidatarios ahora deberán trasladarse a otras ciudades, principalmente a Guasave, Sinaloa, para buscar atender sus controversias, lo que encarecerá en gran medida el derecho a la justicia de entre 200 y 350 mil personas.

Cabe mencionar que, de trasladarse los expedientes pendientes al Tribunal Unitario Agrario Distrito 27 en Guasave, este estará sobresaturado y su capacidad de respuesta muy probablemente se verá rebasada.

Por lo anterior, la desaparición de dicha institución es una decisión que afecta fuertemente tanto a ejidatarios como a otros sujetos del derecho agrario y resulta inviable para la eficaz resolución de sus respectivos procesos legales.

Sexta. El personal operativo del Tribunal Unitario Agrario Distrito 27A también ha expresado su preocupación ante la decisión de desaparecer esta sede alterna.

Quienes trabajan en dicho Tribunal tienen entre 20 y 30 años de servicio en Tribunales Agrarios, aún no cuentan con los años necesarios para alcanzar la jubilación, por lo que les inquieta la posibilidad de quedar sin empleo o de tener que relocalizarse a otras ciudades, puesto que sus salarios son insuficientes para afrontar los gastos extraordinarios de traslado a otras sedes.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno de la Comisión Permanente la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la persona titular del Ejecutivo federal y a la magistrada presidenta del Tribunal Superior Agrario para que, en el marco de sus atribuciones, se preserve la operación del Tribunal Unitario Agrario Distrito 27A, con sede en Culiacán, Sinaloa.

Notas

1 https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5746127&fecha=24/12/2024 #gsc.tab=0

2 https://www.tribunalesagrarios.gob.mx/ta/docs/pdf/cua.pdf

3 https://www.tribunalesagrarios.gob.mx/ta/docs/acdos/acdo_9_2023.pdf

4 https://lineadirectaportal.com/sinaloa/su-cierre-implicaba-un-eminente-retraso-alcaldesa-de-guasave
-aplaude-permanencia-del-tribunal-agrario-2025-01-10__1296813

5 https://www.pressreader.com/mexico/el-debate-de-guasave/20250113/281792 814677606

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de enero de 2025.

Diputado Mario Zamora Gastélum (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat a presentar una estrategia integral que contenga las acciones que implementará para garantizar el cuidado efectivo del ambiente, particularmente el manejo, vigilancia, protección y conservación de las áreas naturales protegidas frente al mayor recorte presupuestal aprobado para dicha dependencia para 2025, suscrita por el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea, proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2025 aprobado recientemente por la mayoría en la Cámara de Diputados se caracterizó por mantener recortes en sectores prioritarios a costa de garantizar derechos de las ciudadanas y los ciudadanos, por asfixiar a las entidades federativas, financiarse con deuda cuyo costo lo pagarán las futuras generaciones y en general por ser un presupuesto que generará un profundo retroceso en materia de derechos.

Uno de los principales recortes realizados fue a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales asignándosele 44 mil 370 millones contra los 70 mil 245 millones que tuvo el año pasado, es decir, presentó una disminución de 25.8 millones de pesos, la cual impactará directamente en los recursos naturales que México necesita preservar. La Coalición Noroeste Sociedad Civil para la Sustentabilidad Ambiental (Nossa), mediante un análisis realizado del PEF de 2025 denominado “Cuidar lo que importa” señala que en este presupuesto la Comisión de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) tendrá 1 mil 1 millones de pesos, en términos reales, para el manejo de 232 áreas naturales protegidas (ANP), como se advierte en el siguiente cuadro1 :

Es importante dimensionar que la administración pasada decreto 50 áreas protegidas que se suman a las 182 que ya existían, haciendo un total de 98 millones de hectáreas que se deben preservar, de conformidad con el análisis de la coalición Nossa, cada hectárea protegida tendrá para 2025 únicamente 10.2 pesos para su conservación.2 Este irresponsable recorte realizado a la Semarnat sin duda alguna es contradictorio a una política ambiental congruente con las exigencias derivadas del cambio climático y por los tratados internacionales de los que México forma parte con relación al medio ambiente. Es inconcebible decretar el aumento de áreas naturales protegidas y al mismo tiempo disminuir el presupuesto para su vigilancia y su conservación.

La investigación antes citada también refiere que en el sexenio 2018-2024, las tareas de inspección y vigilancia de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), cayeron la mitad con respecto de las realizadas entre 2012-2018, cuando se llevaron a cabo 13 mil 915 acciones de vigilancia y 7 mil 403 de inspección, y en el sexenio que acaba de concluir solamente fueron 4 mil 860 acciones de vigilancia y 3 mil 897 de inspección.3

Las áreas naturales protegidas son terrenos o ecosistemas protegidos por ley para preservar la biodiversidad y evitar la explotación humana en exceso. Su propósito es ofrecer refugio a las especies en peligro de extinción, proteger los ecosistemas únicos y garantizar que los procesos ecológicos puedan desarrollarse sin la intervención humana. Las reservas naturales tienen varias funciones importantes como4 :

• Conservación de la biodiversidad: Protegen tanto especies animales como vegetales que podrían desaparecer si se les deja fuera de estos entornos controlados.

• Investigación científica: Ofrecen lugares para estudiar los ecosistemas en su estado más natural, lo cual es esencial para comprender cómo interactúan las especies y cómo reaccionan ante los cambios ambientales.

• Educación ambiental: Son puntos clave para enseñar a la población sobre la importancia de la naturaleza y la conservación del medio ambiente.

• Recursos naturales sostenibles: Proveen recursos como agua y madera de forma controlada y sostenible, sin dañar el entorno.

Las áreas naturales protegidas están relacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), toda vez que estas contribuyen a la acción climática (ODS 13), la protección de la biodiversidad terrestre y marina (ODS 14 y 15), garantizan agua limpia (ODS 6), mejoran la salud y el bienestar (ODS 3), generan empleo sostenible (ODS 8) y fortalecen la resiliencia urbana (ODS 11). Las reservas naturales juegan un papel fundamental en la conservación de la biodiversidad, resguardan hábitats críticos, proteger especies en peligro y regular procesos ecológicos vitales por ello, estas son esenciales para alcanzar los ODS al equilibrar la conservación ambiental con el bienestar social y económico.

Además México a suscrito obligaciones internacionales como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), la Convención para la Diversidad Biológica (CDB), y el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, los cuales demandan a los Estados parte la implementación de acciones específicas y la inversión de presupuesto público para avanzar en la protección y conservación del ambiente.

Es importante destacar que en octubre de 2024, el gobierno federal anunció un nuevo financiamiento para las áreas naturales protegidas denominado proyecto Mex 30x30, el cual contará con financiamiento de Global Environment Facilitypretende, sin embargo, la sociedad civil ha externado su preocupación de que mediante este financiamiento el Estado pretende evadir sus compromisos para asignar presupuesto suficiente y progresivo para el cuidado del medio ambiente, pues estos fondos internacionales deberían ser asumidos como recursos adicionales y de ninguna manera deben sustituir la inversión que debe realizar el gobierno para la preservación de estas áreas naturales protegidas.5

Adicionalmente, al recorte antes señalado, el análisis Nossa advierte que de las 232 ANP, sólo 127, cuentan con un programa de manejo, que es el instrumento rector clave para su adecuado funcionamiento6 , por ello “...en 2016 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) calificó como una omisión no publicar o actualizar los programas de manejo de las ANP, hecho que también fue considerado como una violación a los derechos como a la seguridad jurídica, al medio ambiente sano y a la participación efectiva de pueblos y comunidades que habitan dentro de las áreas naturales protegidas o alrededor de ellas”.

De conformidad con la Recomendación General de la CNDH, la falta de Programas de Manejo ha propiciado cambios de uso de suelo, la expansión de la ganadería extensiva, la erosión de suelos, el desarrollo urbano, la extracción ilegal de especies y la contaminación de las aguas y suelos de las ANP, entre otras afectaciones.

El artículo 65 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y el artículo 3o., fracción XI, de su reglamento, establece que cada una de las áreas naturales protegidas de competencia federal debe contar con un programa de manejo, el cual constituye el “instrumento rector de planeación y regulación que establece las actividades, acciones y lineamientos básicos para el manejo y la administración del área natural protegida respectiva”; dado que incluye una descripción detallada del sitio y sus características, y especifica las políticas y estrategias de conservación y usos, a través del establecimiento de actividades permitidas, acciones y lineamientos básicos para el manejo y la administración de las áreas.

La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 4o. que el medio ambiente es un derecho humano fundamental y que es obligación del Estado, a través de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, respetar y proteger los derechos humanos de todas las personas, incluido el derecho a un medio ambiente sano, además no podemos olvidar los efectos del cambio climático que ponen en perspectiva la importancia de la conservación del medio ambiente.

La decisión que hoy ha tomado la presente administración respecto de no priorizar la inversión en el medio ambiente tendrá consecuencias significativas causando daños irreparables los cuales sufrirán las generaciones futuras. Por ello, en el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional consideramos necesario exhortar a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para que presente a esta soberanía, un informe pormenorizado sobre el plan a desarrollar para la conservación de las áreas naturales protegidas para 2025 ante el mayor recorte presupuestal que se ha visto en los últimos años, además de exhortar a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a emitir los programas de manejo de las ANP que aún están pendientes a fin de brindar certeza jurídica a las autoridades encargadas de su implementación, así como, a los propietarios, usuarios, vecinos y pueblos indígenas que, según sea el caso, residan o lleven a cabo sus actividades en el territorio de las áreas naturales protegidas.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero . La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a presentar a esta soberanía una estrategia integral pormenorizada que contenga las acciones que implementará para garantizar el cumplimiento de sus funciones frente al mayor recorte presupuestal aprobado para dicha dependencia para 2025, la cual deberá incluir acciones específicas respecto de cómo realizará las tareas para el cuidado efectivo del ambiente, particularmente el manejo, vigilancia, protección y conservación de las áreas naturales protegidas.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a llevar a cabo las acciones necesarias para emitir los programas de manejo de las áreas naturales protegidas que aún no lo tienen, de conformidad con lo previsto en el artículo 65 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y con ello brindar certeza jurídica a las autoridades encargadas de su implementación, así como, a los propietarios, usuarios, vecinos y pueblos indígenas que, según sea el caso, residan o lleven a cabo sus actividades en el territorio de las áreas naturales protegidas.

Notas

1 NOSSA_CLQI2025_101224_FIN_lt.pdf

2 Animal Político. (2023). “Presupuesto 2024: Recortan más recursos para conservar áreas naturales protegidas”. Recuperado de https://animalpolitico.com/politica/presupuesto-recorte-area-natural-pr otegida-conservacion

3 Reporte Índigo. (2023). Áreas naturales en alerta por recorte presupuestal. Recuperado de https://www.reporteindigo.com/reporte/areas-naturales-en-alerta-por-rec orte-presupuestal/

4 eStudyando. (s.f.). La importancia de las reservas naturales en la conservación global. Recuperado de https://estudyando.com/la-importancia-de-las-reservas-naturales-en-la-c onservacion-global/

5 Nossa México. (2024). Calidad de vida: Informe 2025 . Recuperado de https://nossamexico.com/wp-content/uploads/2024/12/NOSSA_CLQI2025_10122 4_FIN_lt.pdf

6 Ibídem.

Dado en la Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, el 15 de enero de 2025.

Diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al honorable ayuntamiento de Tultitlán de Mariano Escobedo, en el Estado de México, a reconsiderar regresar el nombre que tenían las calles de su demarcación y eliminar los nombres que hacen referencias a frases del gobierno federal, a cargo del senador Manuel Añorve Baños y suscrita por la senadora Cristina Ruiz Sandoval, del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, Manuel Añorve Baños y Cristina Ruiz Sandoval, senadores de la LXVI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 276 del Reglamento del Senado de la República y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al honorable ayuntamiento de Tultitlán de Mariano Escobedo en el estado de México, para que reconsidere regresar el nombre que tenían las calles de su demarcación y eliminar los nombres que hacen referencia a frases del gobierno federal, considerando los siguientes:

Antecedentes

Recientemente se dio a conocer que el honorable ayuntamiento de Tultitlán de Mariano Escobedo, estado de México, tomó la decisión de renombrar algunas vialidades del municipio, haciendo alusión a elementos y figuras preponderantes de la autodenominada 4T o Cuarta Transformación1 .

Sin embargo, es importante considerar, que el nombre de una calle es más que un simple identificador; es una pieza clave en la vida cotidiana de las personas y en el tejido organizativo de una comunidad.

Cambiar el nombre de las calles de un municipio de forma abrupta y sin considerar los diversos factores involucrados, puede parecer una decisión administrativa menor, pero sus implicaciones son profundas y multifacéticas.

Los nombres de las calles son una brújula que guía a las y los habitantes, visitantes y servicios esenciales como ambulancias, policías y bomberos. Además, que son referencias históricas de referencias de la ciudadanía y que seguramente renacen muchos recuerdos de la gente que la habita o que las conoce.

Un cambio repentino genera confusión, desorientación y, en el peor de los casos, puede comprometer la atención de emergencias. Sin omitir que afecta la experiencia de los visitantes quienes dependen de mapas y referencias claras para desplazarse.

En esta era tecnológica, servicios como aplicaciones de navegación, entrega de productos y transporte privado dependen de sistemas de geolocalización. Cambiar los nombres de las calles implica retrasos en la actualización de estas plataformas, provocando fallas en servicios esenciales y dificultando el día a día de las personas.

También, uno de los mayores impactos recae en los trámites legales. La modificación de nombres complica la verificación de domicilios en documentos oficiales como identificaciones, comprobantes de residencia y escrituras.

Esto puede llevar a la imposibilidad de realizar trámites bancarios, notariales o, incluso, de gobierno, afectando directamente a la ciudadanía y empresas.

Como se ha mencionado, actualizar el nombre de las calles no es solo una decisión administrativa; también tiene costos elevados. Se deben cambiar letreros, mapas oficiales, bases de datos y sistemas de registro.

Además, implica campañas de comunicación para informar a la población, lo que consume tiempo y recursos que podrían destinarse a otros proyectos más importantes como la mejora y reparación de vialidades, inversión en la calidad de los servicios públicos, entre otros.

Cabe destacar también que, los nombres de las calles muchas veces reflejan la historia y la cultura de una comunidad. Cambiarlos sin un proceso participativo puede significar una falta de respeto al legado colectivo, generando descontento y una desconexión entre la comunidad.

De hecho, en el municipio, diversos habitantes ya han mostrado su inconformidad con esta decisión por las consecuencias que les está trayendo, mismas que ya se han planteado líneas atrás2 .

Como se ha mencionado, el cambio abrupto de los nombres de las calles puede parecer un detalle menor, pero las repercusiones afectan tanto a la vida diaria de las personas como al funcionamiento integral del municipio.

Antes de tomar una decisión de esta naturaleza, es crucial considerar sus implicaciones y buscar soluciones que respeten la identidad comunitaria, minimicen las molestias para la población y aseguren una transición ordenada y bien planeada.

Priorizando el diálogo y la planificación, es posible evitar problemas innecesarios y fortalecer el sentido de pertenencia de la ciudadanía.

Por lo expuesto, solicito:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al honorable ayuntamiento de Tultitlán de Mariano Escobedo, estado de México, para que regrese el nombre de original de las calles de su demarcación que fueron modificadas por nombres que hacen referencia al gobierno federal y para evitar más conflictos con los pobladores y así, mantener la paz y el orden en su demarcación.

Notas

1 https://oem.com.mx/elsoldemexico/metropoli/una-colonia-en-tultitlan-ahora-tiene-calles-con
-nombres-alusivos-a-la-cuarta-transformacion-20823221

2 https://www.elfinanciero.com.mx/edomex/2024/12/20/no-pensaba-que-fuera-aqui-vecinos-de-tultitlan
-rechazan-nuevos-nombres-de-colonia-cuarta-transformacion/

Dado en la sede de la Comisión Permanente, a 15 de enero de 2025.

Senadores: Cristina Ruiz Sandoval (rúbrica) y Manuel Añorve Baños.

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SSPC a reportar los datos de homicidios dolosos provenientes de fuentes abiertas en sus reportes diarios de seguridad y al CNSP a auditar los datos de incidencia delictiva reportados por las entidades federativas, suscrita por el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Rubén Ignacio Moreira Valdez, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás disposiciones aplicables, somete a la consideración de esta Comisión Permanente, proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El Sistema Nacional de Seguridad Pública es una instancia conformada por todas las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno del país que tiene por objetivo plantear las bases de coordinación y distribución de competencias en materia de seguridad. Su principal función es la formulación de políticas públicas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables que permitan un combate efectivo a la inseguridad.

Esta institución cuenta con un órgano superior denominado Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) el cual se encuentra integrado por el presidente de la República, el secretario de Gobernación, el secretario de la Defensa Nacional, el secretario de Marina, el Secretario de Seguridad Pública y el Fiscal General.

Adicionalmente, existe un Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) que se encarga de coordinar las reuniones del Consejo, rendir los informes de seguridad y dar seguimiento a los acuerdos del Sistema.

Entre las funciones del SESNSP se encuentra la de recabar información de incidencia delictiva y elaborar informes estadísticos de las 32 entidades federativas a efecto de poder conocer la situación del país y observar cómo opera la estrategia nacional. Los datos abiertos que son recabados se publican mensualmente en la página del SESNSP. Estos estadísticos son muy importantes porque permiten medir la situación delictiva del país.

Si bien es cierto que el SESNSP es la instancia que reporta las cifras consideradas oficiales, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana en un ejercicio de transparencia pone a disposición de la sociedad una página de internet (http://www.informeseguridad.cns.gob.mx) que diariamente reporta los homicidios dolosos cometidos en el país, así como el robo de autos.

Como lo refiere la propia Secretaría actualmente se presentan los siguientes reportes:

1. Reporte diario de homicidios dolosos generados por un grupo interdisciplinario constituido por la SSCP, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y la Fiscalía General de la República (FGR).

2. Reporte diario de robo de autos reportados por “Plataforma México”.

Para recabar la información de los homicidios dolosos diarios el documento: “Metodologías para el procesamiento de información para el gabinete de Seguridad” refiere que el Centro de Planeación, Análisis e Información para el combate de la Delincuencia (Cenapi) dependiente de la FGR hace un acopio de la información que las fiscalías y las procuradurías envían mediante formatos prestablecidos, misma que se encuentra validada por cada uno de los enlaces de las instituciones locales.1

Además, los reportes se confrontan con los informes que tienen los enlaces federales del Gabinete de Seguridad. Así se establecen datos generales preliminares que son indicativos de la situación diaria del país.

Si bien es claro que la información de la autoridad es valiosa, se ha detectado que desde el dos de octubre de 2024, la página referida a sufrido modificaciones en detrimento de la transparencia, pues en un primero término se dejó de reportar el delito de huachicol, así como lo relativo al número de homicidios dolosos proveniente de fuentes abiertas aún cuando se consideraba la columna respectiva pero sin incorporar los datos y, recientemente, al iniciar el año 2025 se eliminó en definitivo la columna en donde aparecían los reportes de incidencia delictiva proveniente de fuentes abiertas, tal y como se puede constatar en las siguientes dos imágenes:

La columna de fuentes abiertas sobre homicidios dolosos que fue eliminada era importante porque permitía confrontar la información oficial con los reportes diarios que realizan distintas instancias ciudadanas. Estos datos nos permitan advertir que no siempre se contaba con la misma información y que, incluso algunas fiscalías y procuradurías estatales no estaban reportando todos los homicidios dolosos, de tal forma que, con la eliminación de los datos de fuentes abiertas se pierde un referente que es necesario para conocer la situación del país, generando opacidad y poca claridad en la situación real, así como sesgos estadísticos.

La importancia de los datos abiertos y la necesidad de su confrontación con las cifras oficiales está en que, metodológicamente, la primera contabiliza los cuerpos, es decir el número de personas halladas asesinadas, mientras que el segundo contabiliza denuncias: número de reportes diarios de homicidios. En este sentido, puede encontrarse cuerpos sin que exista un reporte de homicidio. Tal es el caso de las fosas clandestinas, en las cuales se llegan encontrar cementerios de personas sin identificación que no son reportadas.

A manera de ejemplo y tan sólo de un caso en particular, en el estado de Campeche no fue reportado el caso de una jóven estudiante que el 8 de diciembre de 2024 fue hallada muerta. En este caso la fiscalía, por medio de la denuncia reportó a nivel federal la desaparición, pero como la carpeta fue registrada por ese delito, cuando la joven fue hallada muerta y se hizo la reclasificación, esto ya no se reportó a nivel nacional, pese a que existió un comunicado oficial y se anunció la integración de la carpeta de investigación.2

Es precisamente por tales situaciones que los datos de homicidios dolosos no son del todo fidedignos y es también por lo anterior que resulta necesario que en los reportes diarios de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana se vuelva a reportar el registro diario de la información proveniente de las fuentes abiertas, sólo así se minimizarán los sesgos, pues, como ya se ha advertido con el ejemplo expuesto y que es sólo un hecho, las cifras no coinciden.

De esta forma, se considera un grave error que la Secretaría de Seguridad Pública haya eliminado desde el 2 de octubre de 2024 los datos recabados de las fuentes abiertas porque ello no permite conocer la situación real del país y genera una percepción errónea de la situación alterando las estadísticas y generando problemáticas en el diseño y actualización de la política criminal.

Es importante tomar en cuenta que, si bien es cierto que los reportes diarios de la Secretaría son diarios y por tanto preliminares, también es una realidad que la falta de actualización en la información genera datos erróneos en las cifras oficiales, concretamente en las que reporta el SESNSP, pues la instancia mensualmente únicamente verifica y actualiza la información que diariamente presentan las entidades federativas. De ahí que podamos afirmar que en la actualidad no sabemos realmente cuántos homicidios dolosos existen en el país, ni de manera diaria, ni mensual, ni anual.

Por ello, los reportes comparativos que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana eliminó deben ser nuevamente publicados a finde poder confrontar la información y poder contar con mayor transparencia. Minimizando así la cifra negra3 o mejor dicho oculta que no se está reportando.

Por todo lo anterior, el presente punto de acuerdo busca instar a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana reporte nuevamente los datos referidos de las fuentes abiertas en la página de internet http://www.informeseguridad.cns.gob.mx.

Adicionalmente también se pretende instar al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a auditar a las entidades federativas a fin de que los datos diarios y mensuales de homicidios dolosos y feminicidios sean ajustados de acuerdo con las reclasificaciones delictivas. Todo ello permitirá contar con una información más fidedigna de la situación de delitos de alto impacto.

Por lo expuesto se presenta la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión respetuosamente exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana a reportar los datos de homicidio dolosos provenientes de fuentes abiertas en sus reportes diarios que se publican en la página de internet http://www.informeseguridad.cns.gob.mx.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión respetuosamente exhorta al Consejo Nacional de Seguridad Pública para que, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema, se establezca una metodología que permita auditar los reportes de homicidios dolosos y feminicidios de los Estados y Municipios a fin de contar con estadísticas de incidencia delictiva fidedigna.

Notas

1 “Metodologías para el procesamiento de información para el gabinete de Seguridad”.

2 https://mexico.quadratin.com.mx/hallan-muerta-a-nancy-chi-joven-desapar ecida-en-campeche-un-detenido/

3 La cifra negra se refiere a aquellos delitos que no son hechos del conocimiento de la autoridad. En el caso del homicidio no debe existir cifra negra porque existe en la medida en que hay un cuerpo; pero el sesgo está en que los datos no se basan en la aparición del cuerpo sino en la denuncia, de ahí que no se reportan todos los homicidios en el país.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, el 15 de enero de 2025.

Diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (rúbrica

Con punto de acuerdo, para exhortar al IMSS a remitir a esta soberanía un informe detallado del estado operativo y financiero de las guarderías subrogadas y se adopten medidas financieras y administrativas que permitan su sostenibilidad de estas guarderías, a fin de salvaguardar la permanencia y continuidad de este servicio en beneficio de las familias trabajadoras mexicanas, a cargo de la senadora Anabell Ávalos Zempoalteca, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, senadora Anabell Ávalos Zempoalteca, en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Instituto Mexicano del Seguro Social para que remita a esta soberanía un informe detallado del estado operativo y financiero de las guarderías subrogadas y se adopten medidas financieras y administrativas que permitan la sostenibilidad de estas guarderías a fin de salvaguardar la permanencia y continuidad este servicio en beneficio de las familias trabajadoras mexicanas, particularmente de las mujeres, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Cada día más mujeres que son madres participan en el mercado laboral, por lo que debemos garantizar los derechos de sus hijos, y facilitar que padres y madres puedan ejercer una actividad económica que permita llevar el sustento a sus hogares, teniendo la certeza de que sus hijas e hijos estarán adecuadamente atendidos en una guardería.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se creó para garantizar las prestaciones de seguridad social de las y los trabajadores, entre los que se encuentra, el cuidado de los hijas e hijos de los trabajadores, como sería el servicio de guarderías.

El IMSS presta este servicio a través de terceros (subrogación), bajo un esquema donde particulares con participación social que involucra a las madres y padres trabajadores, estas guarderías también se denominan como guarderías de prestación indirecta. De acuerdo al Sistema de Información y Administración de Guarderías Web del IMSS, al cierre de junio de 2024, registró mil 263 guarderías activas, de las cuales 130 corresponden a guarderías IMSS y mil 133 a guarderías de prestación indirecta (subrogadas), conforme al Informe de Labores 2023-2024.1

De acuerdo al citado informe del IMSS, se atendió a más de 201 mil niñas y niños con inscripción en las mil 271 guarderías del IMSS, incluyendo a 11 mil 490 hijas e hijos de personas trabajadoras del hogar y a 21 mil 937 de personas trabajadoras independientes.

A fin de dimensionar la importancia de los servicios de las guarderías del IMSS se exponen las siguientes gráficas:

Las guarderías subrogadas IMSS son esenciales para las familias trabajadoras afiliadas, este servicio no solo facilita la inclusión laboral de madres y padres, sino que también garantiza el bienestar y desarrollo de la infancia en entornos seguros y adecuados, se garantiza la educación inicial, la salud y socialización de los infantes que acuden a ellas.

Como cualquier servicio de seguridad social, uno de los retos es el financiamiento de este servicio, si el mismo no se fondea adecuadamente, difícilmente se garantizará su operación.

Con motivo de lo anterior, el servicio de guarderías subrogadas ha enfrentado desafíos financieros significativos, pese a que aumenta la demanda y el costo de los servicios, el IMSS no ha actualizado los montos que deben recibir estas guarderías.

Entre 2017 y 2024, el salario mínimo general en México ha experimentado aumentos notables: un 468.38 por ciento en la zona libre de la frontera norte y 311 por ciento en el resto del país, sin embargo, lo que aporta el IMSS es insuficiente, tal discrepancia ha generado una presión financiera considerable, que tiene efectos perniciosos que van desde una reducción en la calidad del servicio hasta el cierre de las mismas por la incosteabilidad que representa.

Entre los principales costos que enfrentan las guarderías subrogadas son los insumos de operación, la renta de espacios, tan sólo el costo de personal puede llegar a representar hasta 75 por ciento de los ingresos de estas guardería, por lo que una baja oferta salarial no permite contratar al personal adecuado y capacitado para la atención de los niños.

Un aspecto adicional que hay que considerar es los relativo a que el IMSS prevé aumentar la capacidad de operación de estas guarderías2 , por lo que se requiere que se garanticen los recursos para su operación.

En ese tenor es importante que el IMSS revise y ajuste las cuotas unitarias mensuales por niño que aporta a las guarderías subrogadas en función de las condiciones económicas del país, en razón de los costos reales de operar una guardería han aumentado.

Las guarderías del IMSS atienden a más de 200 mil niñas y niños en todo el país. Estas guarderías benefician directamente a madres y padres trabajadores, asegurando que puedan desempeñar sus labores con la tranquilidad de que sus hijos están en un ambiente seguro y adecuado para su desarrollo integral.

Si estas guarderías cierran o baja la calidad de atención, estaríamos afectando a más de 200 mil infantes , lo que tendría efectos devastadores a nivel social y económico, que se expresan a continuación:

1. Impacto en las familias trabajadoras: o Las madres trabajadoras serían las más afectadas, enfrentando mayores dificultades para continuar en el mercado laboral. Esto podría llevar a un incremento en el desempleo femenino y afectar los ingresos familiares. o Los padres y tutores se verían obligados a buscar alternativas privadas más costosas, lo que representaría una carga económica adicional insostenible para muchas familias.

2. Afectación al desarrollo infantil: El cierre de guarderías significaría la pérdida de acceso a espacios que promueven el desarrollo temprano de habilidades cognitivas, sociales y emocionales en los niños, afectando su bienestar futuro.

3. Repercusión en la productividad nacional: Al perder opciones accesibles de cuidado infantil, miles de trabajadores podrían ausentarse de sus empleos o incluso abandonar el mercado laboral, afectando la productividad de diversas industrias, servicios, comercio formal y, por ende, la economía nacional.

4. Desigualdad social: El cierre de guarderías profundizaría la brecha de desigualdad al dejar a las familias de bajos ingresos sin opciones de cuidado infantil accesible y de calidad.

Con motivo de lo anterior, es que se propone que el IMSS presente ante el Congreso un informe pormenorizado sobre el estado operativo y financiero de las guarderías subrogadas, además en dicho informe se deberán contemplar propuestas para mejorar la sostenibilidad financiera de las guarderías y mejorar la prestación del servicio.

Asimismo, se propone exhortar a que el IMSS para que de inmediato adopte medidas financieras y administrativas que permitan la sostenibilidad de las guarderías subrogadas a fin de salvaguardar este servicio en beneficio de las familias de México.

En mérito de lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para que remita a esta soberanía un informe detallado del estado operativo y financiero de las guarderías subrogadas del IMSS, que contemple propuestas que mejoren su viabilidad y operación.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Mexicano del Seguro Social para que adopte medidas financieras y administrativas que permitan la sostenibilidad de las guarderías subrogadas a fin de salvaguardar la permanencia y continuidad este servicio en beneficio de las familias trabajadoras mexicanas, particularmente de las mujeres.

Notas

1 https://www.imss.gob.mx/conoce-al-imss/informes-estadisticas

2 En el informe de labores del IMSS 2023-2024, se refiere:

Proyecto de expansión del servicio de guardería y nuevos modelos. En mayo de 2023 se dieron a conocer a los OOAD los Lineamientos para la Ampliación de Capacidad Instalada en Guarderías de Prestación Indirecta del IMSS, los cuales contienen el proceso y los requisitos para que puedan ampliar el número de lugares por ofrecer. Como parte de la estrategia de expansión del servicio de Guardería, se promueve la ampliación de la capacidad instalada a nivel nacional. De julio a diciembre de 2023 se ampliaron 795 lugares en 31 guarderías. Para junio de 2024 se cuenta con 1 guardería que inició operación con 40 nuevos lugares de la ampliación de capacidad instalada; y con 1 más con 16 nuevos lugares. Asimismo, se han recibido 52 proyectos por hasta 1,348 lugares, de los cuales 41 resultaron viables (1,072 lugares) en el proceso de revisión presupuestal; mientras que, en la revisión arquitectónica, 13 fueron proyectos inviables, 13 se encuentran en proceso de envío y 9 en evaluación, así como 6 que ya cuentan con viabilidad.

Dada en la sede de la Comisión Permanente, a 15 de enero de 2025.

Senadora Anabell Ávalos Zempoalteca (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal, a través de Capufe, a reconsiderar los recientes aumentos en las tarifas de peaje, tomando en cuenta las afectaciones económicas, sociales y turísticas que esta medida genera y analice la posibilidad de implementar alternativas más equitativas y sostenibles, suscrita por senadores integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Quienes suscriben, senadoras y senadores Cristina Ruíz Sandoval, Mely Romero Celis, Paloma Sánchez Ramos, Claudia Edith Anaya Mota, Ángel García Yáñez y Manuel Añorve Baños y Miguel Ángel Riquelme Solís integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

A partir del 10 de enero de 2025, Caminos y Puentes Federales (Capufe) implementó un aumento en las tarifas de peaje en diversas autopistas del país, justificando esta medida como necesaria para el mantenimiento y mejora de la infraestructura vial. Sin embargo, este ajuste tarifario ha generado controversia debido a las implicaciones económicas y sociales que conlleva, en un contexto en el que las economías familiares enfrentan ya una carga significativa por la inflación y la cuesta de enero. Este punto de acuerdo tiene como objetivo exhortar al Ejecutivo Federal a reconsiderar estos incrementos, con base en un análisis detallado de las consecuencias de esta medida.

Las autopistas sujetas a los aumentos, como la México-Cuernavaca, México-Puebla, México-Querétaro y Cuernavaca-Acapulco, son rutas clave que conectan centros económicos, turísticos y comerciales. Estas vías no solo facilitan la movilidad de mercancías, sino que también son fundamentales para el turismo nacional e internacional. Un incremento en las tarifas de peaje encarece los costos logísticos, afectando directamente la competitividad de sectores como el comercio, la agricultura y la industria manufacturera, que dependen de estas rutas para transportar sus productos.

En el caso específico de Guerrero, la autopista Cuernavaca-Acapulco es un corredor estratégico para el turismo, que representa una de las principales fuentes de ingresos del estado. Este aumento puede desincentivar el turismo hacia Acapulco y otros destinos de la región, con un impacto negativo en la economía local.

El aumento en las tarifas de peaje tiene un efecto dominó sobre los costos de bienes y servicios. Según estimaciones preliminares, los incrementos de entre 5 por ciento y el 9 % en las tarifas de peaje podrían traducirse en un alza en los costos de transporte de hasta un 10 por ciento. Esto afecta principalmente a los productos de la canasta básica y otros bienes de consumo generalizado, agravando el problema de la inflación.

A nivel macroeconómico, el encarecimiento de las autopistas podría disminuir la competitividad de las empresas mexicanas, tanto en el mercado interno como en el internacional. La conectividad vial es un elemento crucial para el comercio exterior, y cualquier obstáculo que incremente los costos de exportación puede repercutir en una disminución de la actividad económica y el empleo.

Desde una perspectiva social, el aumento en las tarifas afecta de manera desproporcionada a las familias de menores ingresos, para quienes el transporte por carretera representa una necesidad básica. Además, los transportistas independientes, quienes son esenciales para la distribución de bienes en todo el país, se ven obligados a absorber o trasladar estos costos, enfrentando una mayor precarización laboral.

En términos de seguridad, la medida podría incentivar el uso de rutas alternas, muchas de las cuales son menos seguras y carecen de infraestructura adecuada. Esto aumenta los riesgos de accidentes y actos delictivos, afectando la seguridad de los usuarios.

Adicionalmente, el turismo es una de las industrias más afectadas por esta medida. Las familias mexicanas y los turistas internacionales que optan por viajar en auto podrían reconsiderar sus planes debido a los mayores costos asociados con los peajes. Esto tiene un impacto directo en destinos turísticos que dependen en gran medida del turismo carretero, como Acapulco, Huatulco, y otras ciudades del centro y sur del país.

Para ello, proponemos a Capufe una serie de alternativas y medidas como las siguientes:

1. Proponer que los aumentos sean escalonados y diferenciados según el tipo de usuario (por ejemplo, tarifas preferenciales para transportistas y vehículos de uso particular).

2. Exigir a Capufe un informe detallado sobre el destino de los recursos generados por las tarifas de peaje, asegurando que se utilicen exclusivamente para el mantenimiento y mejora de la infraestructura vial.

3. Promover esquemas de coinversión que permitan financiar proyectos de mantenimiento y ampliación de la red carretera sin recurrir a incrementos significativos en las tarifas.

El incremento en las tarifas de peaje, aunque justificado por la necesidad de mantener la infraestructura vial, tiene implicaciones negativas significativas para la economía, el turismo y el bienestar social. Por ello, resulta imperativo que el Ejecutivo federal y Capufe reconsideren esta medida, implementando alternativas que permitan garantizar el mantenimiento de las autopistas sin afectar de manera desproporcionada a los ciudadanos y sectores económicos.

Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración de esta asamblea, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que, a través de Caminos y Puentes Federales, reconsidere los recientes aumentos en las tarifas de peaje, tomando en cuenta las afectaciones económicas, sociales y turísticas que esta medida genera, y analice la posibilidad de implementar alternativas más equitativas y sostenibles como:

A) Aumentos sean escalonados y diferenciados según el tipo de usuario;

B) Informes detallado sobre el destino de los recursos generados por las tarifas de peaje, asegurando que se utilicen exclusivamente para el mantenimiento y mejora de la infraestructura vial.

C) Promover esquemas de coinversión que permitan financiar proyectos de mantenimiento y ampliación de la red carretera sin recurrir a incrementos significativos en las tarifas.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 15 de enero de 2025.

Senadores: Cristina Ruíz Sandoval, Mely Romero Celis, Claudia Edith Anaya Mota, Paloma Sánchez Ramos, Ángel García Yáñez, Manuel Añorve Baños y Miguel Ángel Riquelme Solís. (rúbrica.)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SE y a la SHCP, en coordinación con las asociaciones del sector minero, a realizar un análisis integral de las políticas fiscales y regulatorias aplicables a la minería en México, y formulen las propuestas necesarias para reactivar el crecimiento de la industria minera en el país, suscrita por senadores integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Quienes suscriben, senadoras y senadores Cristina Ruíz Sandoval, Mely Romero Celis, Paloma Sánchez Ramos, Claudia Edith Anaya Mota, Ángel García Yáñez, Manuel Añorve Baños y Miguel Ángel Riquelme Solís integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La minería en México ha sido, a lo largo de la historia, una actividad económica estratégica, no sólo por su contribución al producto interno bruto, sino también por su impacto en el desarrollo de infraestructura, creación de empleos y atracción de inversión extranjera. Sin embargo, en los últimos años, esta industria enfrenta retos significativos derivados de políticas fiscales y regulatorias que han comprometido su competitividad en el ámbito global.

Ante este escenario, es fundamental desarrollar un marco de acción integral que garantice la sostenibilidad del sector, balanceando las necesidades fiscales del Estado con la promoción de un entorno atractivo para la inversión y el crecimiento económico. Este documento expone, de manera ampliada, los antecedentes, los desafíos actuales y las soluciones propuestas para fortalecer la industria minera y asegurar su contribución al desarrollo de México.

La minería aporta entre 2 y 3 por ciento del producto interno bruto (PIB) nacional, con un impacto significativo en la balanza comercial gracias a la exportación de metales y minerales como oro, plata, cobre y zinc. México es líder mundial en la producción de plata, ocupando el primer lugar a nivel global, y se encuentra entre los principales productores de oro, cobre y otros metales preciosos.

Genera más de 420 mil empleos directos y 2.6 millones de empleos indirectos, principalmente en regiones que suelen presentar altos índices de marginación. La minería representa una fuente de ingresos estable en comunidades rurales y contribuye al desarrollo de capacidades técnicas y profesionales en estas áreas.

Las operaciones mineras suelen ir acompañadas de inversiones en infraestructura, como carreteras, electricidad y servicios, que benefician no solo a las empresas, sino también a las comunidades cercanas. Al ser una actividad económica de largo plazo, la minería tiene el potencial de transformar las condiciones de vida en regiones históricamente marginadas.

Desde 2014, la carga tributaria total para el sector minero se ha incrementado significativamente, alcanzando niveles que superan en más de 7 puntos porcentuales el promedio internacional. Esta situación ha desincentivado la inversión, llevando a una disminución del número de nuevos proyectos mineros, así como a la pérdida de competitividad frente a países como Canadá, Chile y Australia.

Las reformas recientes a la Ley Minera restringen la exploración al Servicio Geológico Mexicano, una instancia que, aunque fundamental, carece de los recursos técnicos y financieros necesarios para cubrir la totalidad del territorio nacional. La exploración es una etapa crítica en la minería, pues de ella depende el descubrimiento de nuevos yacimientos, asegurando la viabilidad del sector a largo plazo.

La reducción del tiempo de concesiones de 50 a 40 años representa un obstáculo para un sector que requiere plazos largos debido a las grandes inversiones iniciales y el tiempo necesario para obtener retornos. Las reformas percibidas como discrecionales o ideológicas han generado incertidumbre jurídica, desalentando a los inversionistas.

Aunque la minería es una actividad clave, su desarrollo debe ir acompañado de medidas estrictas para mitigar el impacto ambiental y asegurar que los beneficios lleguen a las comunidades.

Entre las principales propuestas para el fortalecimiento del sector minero en México, proponemos:

- Reducir la tasa de impuestos sobre las ganancias mineras a 7.5 por ciento, nivel previo a los incrementos recientes, y establecer un esquema escalonado basado en la rentabilidad de las empresas.

- Exentar temporalmente del pago de derechos a las empresas que inviertan en tecnología limpia o en proyectos de exploración en regiones con potencial minero no desarrollado.

- Promover asociaciones público-privadas para que empresas privadas colaboren con el Servicio Geológico Mexicano en la exploración.

- Destinar un porcentaje de los ingresos fiscales derivados de la minería al fortalecimiento técnico y financiero del Servicio Geológico Mexicano.

- Restaurar la duración de las concesiones mineras a un mínimo de 50 años, con posibilidad de extensión en caso de cumplimiento de las normativas ambientales y sociales.

- Establecer mecanismos claros y transparentes para la obtención, renovación y cancelación de concesiones.

- Crear incentivos fiscales para proyectos de minería sustentable y tecnologías de bajo impacto ambiental.

- Desarrollar un programa nacional de financiamiento para pequeñas y medianas empresas mineras, asegurando su acceso a capital.

- Implementar un sistema de auditorías ambientales y sociales periódicas para garantizar que las empresas cumplan con estándares internacionales.

- Establecer un fondo de beneficio social para las comunidades mineras, financiado parcialmente por los ingresos del sector.

- Crear un organismo especializado que centralice los trámites necesarios para la operación minera, reduciendo los tiempos y costos asociados.

Con ello México se posicionará nuevamente como un destino atractivo para la inversión minera, captando recursos que hoy se destinan a otros países. Un sector minero fortalecido generará empleo, incrementará la recaudación fiscal y contribuirá al crecimiento del PIB.

Las comunidades mineras se beneficiarán de mayores inversiones en infraestructura, programas de desarrollo social y mejores condiciones laborales. Las políticas de sustentabilidad garantizarán que el desarrollo minero se realice de manera responsable, reduciendo los riesgos para el medio ambiente.

La minería es una actividad económica clave que puede ser un motor del desarrollo sostenible en México. Sin embargo, para lograr su pleno potencial, es necesario implementar un marco normativo que fomente la inversión, garantice la sustentabilidad y promueva la responsabilidad social. El fortalecimiento de la industria minera no solo beneficiará al sector privado, sino también al país en su conjunto, asegurando un futuro próspero para México y sus regiones mineras.

Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración de esta asamblea, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a que en coordinación con las asociaciones del sector minero, realicen un análisis integral de las políticas fiscales y regulatorias aplicables a la minería en México, y formulen las propuestas necesarias para:

1. Revisar la carga fiscal sobre la industria minera, con el objetivo de establecer un marco competitivo a nivel internacional que fomente la inversión y el desarrollo sostenible del sector.

2. Garantizar la certidumbre jurídica mediante ajustes en la Ley Minera que otorguen mayor seguridad y estabilidad a las concesiones, promoviendo la exploración responsable y la planeación a largo plazo.

3. Impulsar medidas para fortalecer las capacidades técnicas y financieras del Servicio Geológico Mexicano, permitiendo su colaboración efectiva con el sector privado.

4. Promover prácticas de minería sustentable, con mecanismos claros para mitigar el impacto ambiental y garantizar beneficios directos a las comunidades afectadas.

Lo anterior, con la finalidad de reactivar el crecimiento de la industria minera en México, asegurar su competitividad internacional y contribuir al desarrollo económico y social del país de manera responsable y sostenible.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 15 de enero de 2025.

Senadores: Cristina Ruíz Sandoval, Mely Romero Celis, Claudia Edith Anaya Mota, Paloma Sánchez Ramos, Ángel García Yáñez, Manuel Añorve Baños y Miguel Ángel Riquelme Solís. (rúbrica.)