Proposiciones


Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar a realizar un ejercicio de parlamento abierto para analizar la minuta del Senado con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley Federal del Trabajo, en materia de vivienda con orientación social, suscrita por el diputado Luis Agustín Rodríguez Torres y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Luis Agustín Rodríguez Torres, así como las legisladoras y los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que la Comisión Permanente aprueba la realización de un ejercicio de Parlamento Abierto para analizar la minuta del senado con proyecto de decreto, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley del instituto del fondo nacional de la vivienda para los trabajadores y de la Ley Federal del Trabajo, en materia de vivienda con orientación social, publicada en el Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, el 14 de diciembre de 2024, conforme a los siguientes

Antecedentes

Primero. Con fecha 12 de diciembre de 2024, la titular del Ejecutivo federal, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presentó la iniciativa con proyecto de Decreto que propone la reforma, adición y derogación de diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley Federal del Trabajo, en materia de vivienda con orientación social. El mismo día, el presidente de la Mesa Directiva instruyó turnar la referida Iniciativa a las Comisiones Unidas de Reordenamiento Urbano y Vivienda: y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictaminación.

Segundo. Con fecha 13 de diciembre de 2024 fue aprobado en comisiones el proyecto de Dictamen de las Comisiones Unidas de Reordenamiento Urbano y Vivienda: y de Estudios Legislativos, a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley Federal del Trabajo. en materia de vivienda con orientación social, y remitido al pleno de la Cámara de Senadores para su análisis, discusión y votación.

Tercero. Con fecha 13 de diciembre de 2024 el pleno de la Cámara de Senadores aprobó, en lo general con 68 votos a favor y 29 en contra, y en lo particular con 67 votos a favor y 27 en contra, el dictamen de las Comisiones Unidas de Reordenamiento Urbano y Vivienda: y de Estudios Legislativos, a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley Federal del Trabajo, en materia de vivienda con orientación social, y una vez aprobado, fue remitido a la Cámara de Diputados para los efectos establecidos en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Cuarto. Con fecha 14 de diciembre de 2024 fue recibida en la Cámara de Diputados la minuta del Senado con proyecto de decreto, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley Federal del Trabajo, en materia de vivienda con orientación social, y se publicó en esa misma fecha en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados.

Consideraciones

Primera. Que desde la discusión del dictamen de las Comisiones Unidas de Reordenamiento Urbano y Vivienda: y de Estudios Legislativos, a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley Federal del Trabajo. en materia de vivienda con orientación social, primero en comisiones y luego en el Pleno del Senado, pero particularmente, con posterioridad a su aprobación, han surgido diversas voces que se han manifestado, a través de los medios de comunicación y de las redes sociales, en contra del contenido del dictamen referido. Tal fue el caso de organizaciones gremiales como el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos Siderúrgicos, dirigido por el ex senador Gómez Urrutia; la CROM, el Congreso del Trabajo, la CTM, la Confederación de Agrupaciones Sindicales Mexicanas (Conasim) y la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, entre muchas otras. Tales organizaciones han cuestionado que en esta reforma se establezca que sea el gobierno quien tenga supremacía en los comités del Infonavit, pues se vulneraría la representación tripartita y se pondría en riesgo los mecanismos de vigilancia y control de inversiones, además de que se debilitarían los consensos necesarios para la buena marcha e implementación de los programas.

Segunda. Además de la representación de los trabajadores, también ha habido voces de la representación patronal que se han manifestado en favor de realizar un análisis, con mayor tiempo y con mayor profundidad, acerca del contenido de la minuta de referencia. Es así que el 16 de diciembre de 2024, el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), Alejandro Malagón Barragán, informó a través de un comunicado que el presidente de la Cámara de diputados, Ricardo Monreal, había afirmado que se abriría un espacio de tiempo para estudiar y discutir la reforma, entre el sector empresarial, los trabajadores y la sociedad civil, por lo que la eventual votación sería en febrero de 2025, por lo que este tiempo adicional permitiría “continuar trabajando en la construcción de acuerdos y el fortalecimiento de las propuestas del sector industrial, para garantizar que las modificaciones a la ley respondan tanto a los intereses de los trabajadores como a las necesidades de las empresas”.

Tercera. Que ante la expectativa y preocupación que ha generado no solamente en entre los medios de comunicación, sino entre la población en general, los contenidos de la minuta que contiene el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley Federal del Trabajo. en materia de vivienda con orientación social, y sin prejuzgar acerca de tales contenidos, resulta necesario que la Cámara de Diputados, en su carácter de revisora, cuente con los elementos necesarios para el análisis de esta Minuta, a efecto de que su contenido de ninguna manera afecte a los trabajadores y, por el contrario sea en su beneficio. En virtud de ellos, resulta indispensable que se escuche, tanto a la representación de los trabajadores, como a la representación patronal y, desde luego, al gobierno federal, para llevar a cabo un ejercicio de parlamento abierto que permita contar con las opiniones de las tres partes que toman decisiones en la materia, con el objetivo de enriquecer la discusión y, en su caso, el contenido de la multirreferida minuta.

Por lo expuesto, sometemos de urgente u obvia resolución, a la consideración de esta Comisión Permanente la presente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, aprueba la realización de un ejercicio de parlamento abierto para analizar la minuta del Senado con proyecto de decreto, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley Federal del Trabajo, en materia de vivienda con orientación social, publicada en el Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados el 14 de diciembre de 2024.

Segundo. El ejercicio de Parlamento Abierto señalado en el párrafo anterior, será organizado y efectuado por la Primera Comisión de la Comisión Permanente, y en éste se realizarán, al menos, las siguientes actividades:

a) Una mesa de trabajo con el director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero Oropeza, así como con los demás servidores públicos del Ejecutivo Federal que la Presidencia de la República considere necesarios, a efecto de dar a conocer a las personas legisladoras los objetivos, las pretensiones y los alcances de la iniciativa materia de la Minuta que se analiza. Esta mesa se llevará a cabo el 15 de enero de 2025.

b) Una mesa de trabajo con representantes de las organizaciones nacionales de trabajadores, a que se refiere el artículo 7o. de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a efecto de que manifiesten sus opiniones acerca del contenido de la minuta que se analiza. Esta mesa se llevará a cabo el 22 de enero de 2025.

c) Una mesa de trabajo con representantes de las organizaciones nacionales patronales, a que se refiere el artículo 7o. de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a efecto de que manifiesten sus opiniones acerca del contenido de la Minuta que se analiza. Esta mesa se llevará a cabo el 29 de enero de 2025.

Tercero. Concluidas las actividades del Parlamento Abierto, la Primera Comisión de la Comisión Permanente elaborará un documento que recopile las posturas de las personas participantes en cada una de las mesas, así como un documento conclusivo que describa las fortalezas y debilidades del contenido de la Minuta que se analiza. Ambos documentos serán remitidos a la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para que, por su conducto, sean publicados en la Gaceta Parlamentaria y remitidos a cada una de las diputadas y diputados, a efecto de que sirvan como materiales de apoyo para el análisis y la discusión del dictamen que habrá de recaer a la multirreferida minuta.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 8 de enero de 2025.

Diputado Luis Agustín Rodríguez Torres (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sedena a informar sobre las causas de la cancelación de las rutas aéreas de Mexicana Aerolínea del Estado Mexicano, SA de CV, así como dar a conocer su plan de negocios y los estudios de factibilidad técnica y económica, donde se demuestre la rentabilidad de esa empresa pública y los beneficios que representará para las y los mexicanos, suscrita por legisladores del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, legisladoras y legisladores, integrantes del Partido Acción Nacional en la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno de esta asamblea, el siguiente punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente exhorta a la Secretaría de la Defensa Nacional a informar sobre las causas de la cancelación de las rutas aéreas de Mexicana, Aerolínea del Estado Mexicano, SA de CV, así como dar a conocer su plan negocios y los estudios de factibilidad técnica y económica, donde se demuestre la rentabilidad de esa empresa pública y los beneficios que representará para las y los mexicanos. Lo anterior, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En lo que representa la crónica de un fracaso esperado, el gobierno federal anunció que Mexicana, empresa del Estado mexicano administrada por la Sedena, dejará de operar casi el 50 por ciento de sus rutas al cumplirse apenas un año de su entrada en operación.

Con ello, Mexicana se viene a sumar a la lista de empresas públicas creadas por capricho del expresidente López Obrador que fracasan estrepitosamente, como fue el caso de Gas Bienestar, empresas que fueron creadas sin haber realizado un estudio realista sobre su viabilidad económica y que solo se sostienen gracias al erario.

Las rutas canceladas son Acapulco, Campeche, Guadalajara, Ixtapa, Nuevo Laredo, Puerto Vallarta, Uruapan y Villahermosa ante la baja demanda de pasajeros. Cabe señalar que la compañía aérea empezó sus operaciones con tres aviones Boeing propios y dos Embraer alquilados.1

De acuerdo con datos de la Agencia Federal de Aviación Civil de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, de enero a noviembre de 2024 Mexicana solo transportó a 256,091 pasajeros, lo que representa solo el 0.46% del total de pasajeros transportados a través de vuelos nacionales.

Desde un principio se señaló que no era necesario que el gobierno federal tuviera su propia aerolínea, considerando que actualmente las empresas privadas movilizan el 99.5 por ciento de los pasajeros para vuelos domésticos, esto es más de 60 millones de personas al año.

En 2023, la aerolínea estatal gastó 873.2 millones de pesos, destinados fundamentalmente para la compra de la marca de la aerolínea por 815 millones de pesos. Para 2024, el Presupuesto de Egresos de la Federación contempló 8,340.6 millones de pesos para Mexicana. En lugar de haber destinado esos recursos a una empresa fracasada, ese monto se pudo haber destinado a mejorar hospitales públicos, combatir el desabasto de medicamentos, más becas de educación superior o para combatir la inseguridad pública.

Una muestra más de los errores en Mexicana, producto de lanzarla de forma precipitada y sin la planeación debida, fue que el expresidente López Obrador admitió en abril pasado que fue estafado por Aero Holdings, empresa que incumplió un contrato de arrendamiento de 10 aeronaves, mantenimiento, aportación de tripulaciones y capacitación por 527 millones de dólares. Cabe señalar que dicha empresa demandó al gobierno mexicano ante un tribunal de Nueva York, en la que reclama un pago de 838.5 millones de dólares a la Sedena.2

Es importante señalar que desde un principio se señaló la falta de transparencia de la Sedena sobre los estudios socioeconómicos de mercado y factibilidad técnica, que soportarían la operación de la nueva aerolínea.

El desenlace de la aerolínea era lógico: Ante la falta de demanda, la empresa del Estado no fue autosustentable para cubrir sus gastos operativos, la nómina, el combustible, el alquiler de los aviones, etc. La aerolínea es un despilfarro de recursos, es un negocio fallido que, en lugar de dar ganancias, se ha convertido en una carga presupuestal en perjuicio de las y los mexicanos.

Por todo lo antes expuesto, las y los legisladores del Partido Acción Nacional, sometemos a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de la Defensa Nacional a informar sobre las causas de la cancelación de las rutas aéreas de Mexicana, Aerolínea del Estado Mexicano, SA de CV, así como dar a conocer su plan negocios y los estudios de factibilidad técnica y económica, donde se demuestre la rentabilidad de esa empresa pública y los beneficios que representará para las y los mexicanos.

Notas

1 https://elpais.com/mexico/2025-01-06/la-aerolinea-estatal-mexicana-de-aviacion-cierra-ocho-de-sus-17-rutas.html y
https://animalpolitico.com/politica/mexicana-aviacion-suspende-rutas

2 Reforma, 6 abril 2024. Mexicana ... 100 días sin pasaje y estafada.

Salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de enero de 2025.

Legisladoras y legisladores del Partido Acción Nacional

Con punto de acuerdo, para exhortar a la titular del Ejecutivo federal, a través de la SHCP, a revertir el gasolinazo del 1 de enero de 2025 dejando sin efectos el “acuerdo por el que se actualizan las cuotas que se especifican en materia del impuesto especial sobre producción y servicios para 2025”, publicado en el DOF el pasado 27 de diciembre de 2024, suscrita por senadores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Las y los suscritos, senadores de la República, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno de esta asamblea el siguiente punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente exhorta a la titular del Poder Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a revertir el gasolinazo del 1 de enero de 2025 dejando sin efectos el “acuerdo por el que se actualizan las cuotas que se especifican en materia del impuesto especial sobre producción y servicios para 2025”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 27 de diciembre de 2024. Lo anterior, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 1 de enero de 2025 el gobierno implementó un incremento en los precios de las gasolinas y el diésel. Este aumento infligido a través de un incremento en las cuotas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a las gasolinas, conocido popularmente como “gasolinazo”, no solo incumple promesas de campaña, sino que genera un importante impacto económico y social.

Durante el gobierno de Felipe Calderón, a efecto de hacer frente a la crisis económica global de 2008-2009, se implementó la política de deslizamiento de precios de la gasolina, a través de la cual se aplicaba un ajuste de aproximadamente 5 centavos mensuales. Estos ajustes fueron conocidos popularmente como “gasolinazos”. Su candelarización mensual empero, permitió llevar a cabo los ajustes sin sorpresas y sobresaltos para los agentes económicos.

Durante el gobierno de Peña Nieto la política de deslizamiento continuó, pero con la reforma energética de 2013, se adoptó un esquema de liberalización de los precios, permitiendo que estos reflejaran las condiciones del mercado internacional. Con el aumento de la competencia, se esperaba una reducción de los precios. Sin embargo, la liberalización también implicaba el riesgo de incrementos súbitos como en efecto ocurrió en 2017, mismo que generó un gran malestar social.

Fue entonces que Andrés Manuel López Obrador, en su calidad de precandidato a la presidencia, prometió que en su gobierno el precio de la gasolina bajaría a los 10 pesos por litro, y al arranque de su gobierno en diciembre de 2018 reiteró la promesa de bajar “muy pronto” los precios de la gasolina.

Lo cierto fue que si en ese momento el precio promedio de la gasolina magna era de 19.15 pesos, el de la premium 20.62 y el del diésel 19.87, hoy día los precios alcanzan los 24.19 la magna, 25.36 la premium, y 25.71 el diésel, lo que implica que la gasolina magna o regular ha aumentado un 25 por ciento de diciembre de 2018 a la fecha, para alcanzar su nivel más alto registrado. Incluso al día de hoy hay estaciones en las que la gasolina magna alcanza casi los 30 pesos por litro, ¡lo que casi triplica el precio prometido!

Existen razones tanto de orden internacional, como internas.

Las condiciones del mercado internacional tienen que ver con el precio del barril de petróleo Brent que superó los 100 dólares a finales de 2024 debido a conflictos geopolíticos y restricciones en la producción de la OPEP+, así como a la depreciación del peso frente al dólar que aumentó el costo de importación de combustibles.

En cuanto a las razones internas, hemos de destacar la presión fiscal generada por la disminución de los ingresos públicos por la caída de la producción petrolera de Pemex que ha limitado la capacidad del gobierno para mantener los subsidios, así como por el incrementó del 4.5 por ciento en el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) a combustibles, que busca recaudar mayores ingresos fiscales. Pero también, y, sobre todo, debe destacarse que existen motivos de orden político que incentivaron este despropósito, ya que durante el gobierno de López Obrador, por razones ideológicas y electorales, se cancelaron permisos y rondas, y se combatió la reforma energética de 2013, lo que desincentivó la competencia que la misma propiciaba.

A este respecto téngase en cuenta que el valor de la competencia se evidencia en el hecho de que hoy día las propias estaciones de Pemex en Houston venden la gasolina en 2.57 dólares el galón, es decir, 14.0 pesos el litro, cuando en México la venden en entre 24 y 25 pesos, y algunas estaciones incluso cerca de los 30 pesos.

El impacto económico y social del gasolinazo no se dejará esperar. Es previsible, primero, un impacto inflacionario que se traducirá en que el aumento en los precios de los combustibles generará un efecto de “segunda ronda” al incrementar los costos del transporte, la distribución y la producción de bienes y servicios. En este sentido, se estima que la inflación anualizada para 2025 podría superar el 7 por ciento.

Así mismo, es esperable un impacto en el precio del transporte. De hecho, el sector más afectado es precisamente el del transporte público y de carga, que repercutirá el efecto mediante alzas significativas en las tarifas.

También puede esperarse un impacto social importante, ya que esta decisión lastima en especial a los sectores más vulnerables y a las familias mexicanas que deberán destinar una mayor proporción de sus ingresos al pago del transporte y a otros bienes y servicios que elevarán sus precios como consecuencia del incremento en el precio de la gasolina.

Todo lo anterior resulta especialmente decepcionante en la medida que se generó la expectativa de que el precio de la gasolina rondaría los 10 pesos por litro como se prometió, expectativa que ha quedado totalmente despedazada por una realidad en la que hoy tenemos los precios más altos en la historia reciente, colocando a nuestro país entre los que cuentan con la gasolina más cara del mundo.

En suma, el “gasolinazo 2025” refleja una combinación de factores externos e internos que llevaron al gobierno a tomar una decisión inconsistente con sus promesas de campaña, ya que lejos de acercarse a los 10 pesos por litro que fueron prometidos, el precio de la gasolina magna alcanza casi los 30 pesos en algunas estaciones.

Las implicaciones económicas y sociales del “gasolinazo 2025” destacan la necesidad de una transición ordenada hacia un modelo energético sustentable que minimice la dependencia en combustibles fósiles.

En ese sentido, y a reserva de que en las próximas sesiones el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presente la iniciativa de reforma legal que proteja la economía de las familias, mediante un esquema fiscal más justo en materia de combustibles, estamos formulando hoy este exhorto.

Por todo lo antes expuesto, las y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional sometemos a consideración del pleno de la Comisión Permanente, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la titular del Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a revertir el gasolinazo del 1 de enero de 2025 dejando sin efectos el “acuerdo por el que se actualizan las cuotas que se especifican en materia del impuesto especial sobre producción y servicios para 2025”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 27 de diciembre de 2024.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 8 de enero de 2025.

Senadoras y senadores del GPPAN

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SE y al IMPI a reconsiderar el cierre de la oficina regional en el municipio de León, Guanajuato, o, en su caso, analizar alternativas para su permanencia en dicha entidad en virtud de su importancia para el desarrollo económico de la región, suscrita por el diputado Alan Sahir Márquez Becerra, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Alan Sahir Márquez Becerra, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXVI Legislatura, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea de la Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Consideraciones

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) es una entidad clave en el desarrollo de la innovación y la protección de los derechos de propiedad intelectual en México, su presencia en el estado de Guanajuato, específicamente en la ciudad de León, ha facilitado el acceso de empresas, emprendedores y creadores locales y foráneos a los servicios que ofrece este organismo, por lo que su presencia resulta de vital importancia para la protección de la propiedad industrial de la zona, así como para el para el desarrollo económico de la región.

Siendo así, el pasado 18 de diciembre de 2024, a través de un comunicado oficial, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), informó el cierre de su oficina regional del bajío instalada en la ciudad de León, Guanajuato, como una medida que responde a lo establecido por la Ley de Austeridad Republicana, ya que de los siete inmuebles instalados en el país en donde presta sus servicios, el de la ciudad de León era el único que no era propiedad del Instituto, implicando en consecuencia el pago de un contrato de arrendamiento.

Dicho comunicado establece que esta medida permitirá la continuidad y mejora en la atención a la ciudadanía, así como la oportunidad de crecimiento laboral para sus trabajadores, sin embargo, representa lo contrario, ya que, según testimonios de trabajadores recopilados por el Periódico a.m. , el personal ha manifestado que los cambios de adscripción representan un significativo impacto económico para ellos y sus familias,1 generando incertidumbre laboral y afectaciones directas a las y los ciudadanos que hacen uso de estas oficinas.

A propósito de las y los trabajadores afectados, el medio sdpnoticias 2 en su nota digital del 22 de diciembre de 2024, informó que el cierre de la oficina se presenta a la mitad del ciclo escolar de las y los hijos de los trabajadores y que dichas oficinas emplean mayormente a mujeres, al menos un 51 por ciento de trabajadoras que ante esta medida deberán elegir entre aceptar el desempleo con una liquidación, dejar a sus menores terminar el ciclo escolar y reubicarse con el alto costo familiar y económico que implica o, sacar a sus menores de la escuela y reubicarse con sus hijos o familia. Lo anterior sin tomar en consideración que las rentas de vivienda son mucho más caras en Querétaro y Ciudad de México de lo que cuestan en León, Guanajuato.

La presencia del IMPI en la ciudad de León facilita a los empresarios y emprendedores de la zona el acceso a estos servicios, promoviendo un ecosistema de innovación y crecimiento económico que ha caracterizado al estado de Guanajuato en los últimos años.

El cierre de la oficina regional bajío del IMPI, es contrario a los principios institucionales de dicha institución, cuya misión se define como: “Acercar y proteger eficientemente la propiedad industrial y promover su respeto para impulsar el desarrollo y bienestar en México” y su visión: “Ser una entidad pública de vanguardia, cercana a la gente , que aprovecha al máximo la tecnología, para promover y proteger la propiedad industrial con énfasis en los derechos colectivos, contribuyendo a la innovación y el emprendimiento, para el desarrollo del país con un mayor bienestar humano”.3

Retirar estas oficinas afectaría no solo la capacidad de las personas y empresas del estado para registrar y proteger sus invenciones, marcas y patentes de manera eficiente, sino también la competitividad y el crecimiento económico de la zona, en donde Guanajuato destaca por ser la quinta economía del país, con un Producto Interno Bruto (PIB) que superó los 64,900 millones de dólares en el 2022 y una contribución de 4.7 por ciento de la economía nacional.

Por ello, es fundamental que la Secretaría de Economía y la Dirección General del IMPI consideren el impacto negativo que tendría el desmantelamiento de estas oficinas en la economía de la región, así como el decremento en los derechos de las y los guanajuatenses a tener acceso a los servicios del IMPI, que desempeña un papel crucial al proteger las innovaciones y marcas que emergen de este entorno productivo, en el registro de marcas y patentes como una medida esencial para salvaguardar la propiedad intelectual de las empresas, fomentando la competencia leal y estimulando la inversión en investigación y desarrollo.

Por lo anteriormente expuesto, se estima imperativo solicitar a las dependencias ya señaladas para que reconsideren el cierre de estas oficinas regionales, o en su caso, analicen alternativas viables que garanticen la continuidad de la presencia del IMPI en el Estado de Guanajuato, en virtud de su relevancia para los emprendedores y empresas locales, así como su contribución al desarrollo económico regional, invitándolas a mantener un diálogo abierto con las autoridades locales, así como con el sector empresarial y emprendedor del estado de Guanajuato, a fin de evaluar las necesidades y expectativas de los usuarios del IMPI y buscar soluciones que beneficien a la región.

Por lo antes fundado y motivado, me permito someter a la elevada consideración del pleno, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía y al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para que reconsideren el cierre de la oficina regional del Instituto en el municipio de León, Guanajuato, o, en su caso, analicen alternativas para su permanencia en el estado en virtud de su importancia para el desarrollo económico de la región.

Notas

1 https://www.am.com.mx/leon/2024/12/19/confirman-cierre-del-impi-por-aus teridad-republicana-en-leon-eran-las-unicas-oficinas-arrendadas-727425. html

2 https://www.sdpnoticias.com/opinion/duro-golpe-a-la-industria-de-leon-g uanajuato-cierran-subitamente-oficinas-del-impi-trabajadores-deben-eleg ir-entre-liquidacion-o-reubicacion/

3 https://www.gob.mx/impi/acciones-y-programas/conoce-el-impi-que-es-el-impi#:~:text=Conoce
%20al%20IMPI&text=El%20Instituto%20Mexicano%20de%20la%20Propiedad%20
Industrial%20es%20un%20Organismo,propiedad%20industrial%20en%20nuestro%20pa%C3%ADs.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de enero de 2025.

Diputado Alan Sahir Márquez Becerra (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a las Ssa y a la SHCP a implementar acciones específicas para la atención integral de la Diabetes Mellitus tipo 1, suscrita por el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los que subscriben, Éctor Jaime Ramírez Barba, y diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del PAN en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

I. Aspectos generales de la diabetes y sus diferentes tipos

La Diabetes Mellitus (DM) es una afección en la que los niveles de glucosa en sangre (azúcar en la sangre) del cuerpo son más altos de lo normal (hiperglucemia) como resultado de la incapacidad del cuerpo para usar o almacenar glucosa en sangre para obtener energía. Existen tres principales tipos de diabetes que son:

• Diabetes Mellitus Tipo 1 (DM1):

- No es prevenible, caso contrario a la Tipo 2.

- El sistema inmunológico trata por error a las células beta del páncreas que producen insulina como invasoras extrañas y las destruye. Esto puede suceder en unas cuantas semanas, meses o años y cuando desaparecen suficientes células beta, el páncreas deja de producir insulina o produce tan poca insulina que es necesario administrar insulina para vivir.

- Tiene un impacto importante en la calidad y esperanza de vida de los pacientes.

- El páncreas prácticamente no produce insulina.

- Se presenta comúnmente en la edad infantil y juvenil, con posibilidad de presentarse en la etapa adulta.

• Diabetes Mellitus Tipo 2 (DM2):

- Es prevenible y los factores que contribuyen a su aparición son el sobrepeso, la obesidad, el sedentarismo y la predisposición genética.

- El páncreas no produce suficiente insulina o no puede usar la insulina que produce de manera efectiva.

- En un inicio las células beta producen insulina extra para compensar la función orgánica, no obstante posteriormente el páncreas no puede producir suficiente insulina para mantener la glucosa en sangre en niveles normales.1

- Más del 95 por ciento de las personas con DM tienen DM2.2

• Diabetes Gestacional (DG):

- Ocurre durante el embarazo y deja de presentarse en cuanto ocurre el parto.

- Se caracteriza por una hiperglucemia.

- Propicia la aparición de mayores riesgos de sufrir complicaciones durante el embarazo y el parto.

- La madre gestante y sus hijos son propensos a presentar DM2 en el futuro.

- No siempre existen síntomas.

- Puede ocasionar muerte fetal y de la madre gestante.

- En la mayoría de los casos los niveles de glucosa en sangre vuelven a la normalidad después del nacimiento del bebé.

La DM, en sus diferentes tipos, es una condición que puede generar daños en órganos como lo son el corazón, los ojos, los riñones y los nervios, además de generar afecciones de salud como la pérdida permanente de la visión, infartos al miocardio, derrames cerebrales, insuficiencia renal, problemas en los pies causando lesiones que incluso pueden llegar a la amputación de dichas extremidades.

Si bien los diferentes tipos de DM comparten algunas características en común, es una realidad que no se les puede dar la misma atención médica y clínica entre sí debido a cuatro grandes factores de la DM1 que son:

• NO es prevenible.

• El grupo poblacional en quien se presenta (niñez y adolescencia principalmente).

• La severidad de la sintomatología.

• Los alarmantes daños en el organismo, llegando incluso a consecuencias graves como la cetoacidosis y la muerte prematura.

II. Carga de la DM1 en México

En agosto de 2023 la Organización Panamericana de la Salud (OPS) publicó los perfiles estadísticos que ilustran la carga de la DM en los países de la Región de las Américas.5

Los perfiles de la OPS revelaron que durante los últimos 20 años la DM aumentó y México no fue la excepción. No obstante, el perfil de México corresponde a los casos de DM en general en la población de + 30 años y no precisa cuál es la carga de la DM1 en nuestro país, mucho menos los casos por grupos de edad. Sería deseable contar con información sobre DM1 desde la perspectiva internacional con el objetivo de alinear acciones OPS-México.

Por otra parte, la Secretaría de Salud federal a través del Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica (SUIVE)6 aportó información correspondiente a 2022 con respecto a la carga y a los nuevos casos de DM17 en nuestro país. La información aportada por el SUIVE (2022) indicó lo siguiente:

• Hubo una detección y diagnóstico de 4,440 nuevos casos.

• Los 4.440 nuevos casos detectados y diagnosticados (edad/personas) correspondieron a:

- ?1 año: 38 personas

- 1-4 años: 125 personas

- 5-9 años: 439 personas

- 10-14 años: 1051 personas

- 15-19 años: 1222 personas

- 20-24 años: 1277 personas

- 60-64 años: 1 persona

- 65 y + años: 2 personas

• Más del 56% de los casos detectados corresponden a los grupos poblacionales de 15-19 y 20-24.

• La tasa de incidencia fue de 8.14 por 100 mil habitantes.

• Las cifras presentadas por el SUIVE corresponden al cálculo sobre una tasa por 100 mil habitantes ?25 años.

Indudablemente la información presentada por el SUIVE nos obliga a reflexionar que las cifras son preocupantes pues se trata de casos que están estrechamente relacionados a aspectos mortalidad, discapacidad y mortandad prematura. Se trata de datos que son alarmantes pues es innegable la presencia de un detrimento en la calidad de vida de la población con DM1, principalmente en aquella que ha sido desprotegida ante la falta de recursos presupuestales específicos para la atención de este tipo de diabetes.

III. PEF 2025 para la atención de la DM1

A. Antecedentes

a. Antes y hasta el ejercicio fiscal 2021, el diagnóstico y tratamiento de la DM1 para menores de 0 a 5 años era considerado dentro del Programa Presupuestario (PP) “Seguro Médico Siglo XXI”, lo cual permitió hasta ese año contar con recursos presupuestales diferenciados para DM1.

b. Posteriormente el PP “Seguro Médico Siglo XXI” se integró al PP “Atención a la Salud” y dejó sin recursos específicos a miles de pacientes cuya salud y calidad de vida dependían precisamente del PP “Seguro Médico Siglo XXI”.

B. Estado actual de recursos presupuestales diferenciados

a. Durante el ejercicio fiscal 2024 se contempló el PP “Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes”, PP cuya cobertura resultó restrictiva pues sus indicadores se refieren únicamente a personas con DM mayores de 20 años y carece de una diferenciación de recursos para la atención de la DM1.

b. La situación antes referida ha generado un detrimento en la salud de quienes padecen DM1 así como afectaciones en las finanzas familiares de quienes tienen entre sus miembros pacientes con dicho padecimiento, pues gran parte de sus ingresos debe cubrir precisamente la atención integral que requiere al no contar con un PP específico para DM1 y menos aún con un PP que considere recursos presupuestales específicos para tal condición.

c. Siendo que en el Presupuesto de Egresos 2025 continúa siendo considerado, lo que representa una ventana de oportunidad para que dentro de este PP sean considerados recursos diferenciados para la atención de la DM1.

IV. Consideraciones que sustentan esta proposición con Punto de Acuerdo

La falta de recursos y acciones diferenciadas para la atención a la DM genera una profunda preocupación, pues en el caso de la población con DM1 ha quedado prácticamente invisibilizada para efectos presupuestarios y programáticos, situación que innegablemente vulnera el Derecho Humano a la Salud y el Derecho a la Protección de la Salud de quienes padecen este tipo de DM.

Por lo anterior, en este exhorto se está solicitando a las autoridades la atención integral de la DM1, lo cual implica acciones como:

La detección.

El diagnóstico.

El tratamiento y control.

La administración de insumos para la salud.

El acceso a dispositivos médicos y a las mejores tecnologías para la salud.

La educación diabetológica.

La realización de campañas específicas.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2025, se considera un total de $913,951,377.00 para el PP “Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes”.

Nosotros como legisladores y legisladoras estamos comprometidos en proteger la salud de miles de personas con DM1 y parte de nuestra misión es velar por sus derechos en búsqueda de una mejor y digna calidad de vida, pues la DM1 no es curable, por ello, los recursos presupuestarios asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2025, en el PP “Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes”, deben contemplar recursos y acciones específicas y suficientes para la atención integral de la DM1 .

Nuestra labor como legisladores y legisladoras debe estar alineada a la protección y garantía del Derecho Humano a la Salud en beneficio de quienes padecen DM1. Se trata de pacientes y de sus familias quienes tienen depositada su confianza en nosotros y en las instituciones de salud de este país. Se trata de reivindicar los derechos de quienes padecen DM1, pues hoy no reciben una atención adecuada y ven afectada su salud.

Este atento llamado que hago a ustedes tiene sustento en el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 1 y 4 constitucionales en materia de derechos humanos y al derecho a la protección de la salud y en tratados internacionales en dichas materias de los cuales México es Estado Parte; así como en el Artículo 159 Bis de la Ley General de Salud que establece que las autoridades sanitarias y las instituciones públicas de salud deben diferenciar el diagnóstico y la atención de los tipos de diabetes, considerando al menos la DM1, DM2 y DG. Esta adición de un artículo 159 Bis a la Ley General de Salud fue una propuesta que surgió de esta Cámara de Diputados, fue aprobada por unanimidad tanto aquí como en el Senado y fue un gran logro de diversas organizaciones médicas y de pacientes.

Por lo anteriormente expuesto, solicito su respaldo y someto a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Secretarías de Salud y de Hacienda y Crédito Público del gobierno federal a que, con base en lo dispuesto en el artículo 159 Bis de la Ley General de Salud, se realicen acciones específicas para la atención integral de la Diabetes Mellitus Tipo 1, incluyendo:

Detección y diagnóstico

Tratamiento y control

Suministro de insumos para la salud

Acceso a dispositivos médicos y tecnologías avanzadas

Educación diabetológica

Campañas específicas sobre esta condición

Notas

1 American Diabetes Association, About Diabetes Common Terms, ver en: https://diabetes.org/about-diabetes/common-terms

2 American Diabetes Association, La glucosa (azúcar) en sangre y la insulina en acción, ver en:
https://diabetes.org/espanol/la-glucosa-y-la-insulina-en-accion

3 American Diabetes Association, La glucosa (azúcar) en sangre y la insulina en acción, ver en:
https://diabetes.org/espanol/la-glucosa-y-la-insulina-en-accion

4 Organización Mundial de la Salud, Diabetes de tipo 2, ver en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/diabetes

5 Organización Panamericana de la Salud, Perfil de carga de enfermedad por diabetes 2023: México, ver en: https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/57848/OPSNMHNV230011_spa .pdf?sequence=1&isAllowed=y

6 La información de vigilancia epidemiológica en México se integra en el Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica (SUIVE), ver en: https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/sistema-nacional-de-vigil ancia-epidemiologica

7 Distribución de casos nuevos de enfermedad por grupos de edad - Estados Unidos Mexicanos 2022 - Población General, ver en: https://epidemiologia.salud.gob.mx/anuario/2022/morbilidad/enfermedad/
distribucion_casos_nuevos_enfermedad_grupo_edad.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 8 de enero de 2025.

Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la STPS, a la Ssa y al Conadis, así como a sus homólogos en las entidades federativas, a implementar programas de capacitación para la fabricación de sillas de ruedas, prótesis y bastones, con el objetivo de generar empleo y garantizar el acceso a estos apoyos funcionales a las personas que los requieran, suscrita por la diputada Elizabeth Martínez Álvarez, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, diputada Elizabeth Martínez Álvarez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa a las Secretarías del Trabajo y Previsión Social, a la Secretaría de Salud, y al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis), así como a sus homólogos en las entidades federativas, a implementar programas de capacitación para la fabricación de sillas de ruedas, prótesis y bastones, con el objetivo de generar empleo y garantizar el acceso a estos apoyos funcionales a las personas que los requieran, conforme a los siguientes

Considerandos

Primero. La discapacidad afecta aproximadamente al 16 por ciento de la población mundial, y constituye uno de los grupos con mayor grado de marginación, discriminación y exclusión, lo que implica que las oportunidades que tiene este grupo para desarrollarse en la sociedad son limitadas y, por ende, se vulneran sus derechos sociales y humanos.1

Es importante destacar que, de acuerdo con la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad: a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social le corresponde diseñar, ejecutar, evaluar y promover políticas públicas para la inclusión laboral de las personas con discapacidad.

A la Secretaría de Salud la ley le confiere la atribución de crear bancos de prótesis, órtesis, ayudas técnicas y medicinas de uso restringido, que sean accesibles a la población con discapacidad. Por su parte, a la Secretaría de Educación Pública le corresponde, entre otras acciones, incorporar en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología lineamientos que permitan la investigación y el desarrollo de bienes, servicios, equipo e instalaciones de diseño universal. El Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad debe celebrar acuerdos de colaboración con organismos públicos y privados, nacionales e internacionales, para el desarrollo de proyectos que beneficien a las personas con discapacidad.

Según el INEGI, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, del total de población en el país (126, 014, 024 personas), 5.7 por ciento (7,168, 178 personas) tiene discapacidad y/o algún problema o condición mental.

Las actividades con dificultad más reportadas entre las personas con discapacidad y/o condición mental son caminar, subir o bajar (41 por ciento), por lo que afirman que una de las principales barreras que enfrentan estas personas es la movilidad y, por ende, el acceso limitado a dispositivos de apoyo funcional, como sillas de ruedas, prótesis y bastones, que les permitan una mayor autonomía y calidad de vida.2

Los productos de apoyo varían desde los productos físicos, como las sillas de ruedas, las gafas, las extremidades protésicas, los bastones blancos y los auxiliares auditivos, hasta las soluciones digitales como los programas de reconocimiento de voz o de gestión del tiempo y la subtitulación de material audiovisual.

Segundo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que más de mil millones de personas en el mundo necesitan al menos un dispositivo de asistencia, pero sólo el 10% tiene acceso a ellos debido a su alto costo y la falta de disponibilidad en mercados locales.3

Tercero. En México, el acceso a sillas de ruedas, prótesis y bastones es limitado por los altos costos de fabricación y distribución, afectando principalmente a las personas de bajos recursos que no cuentan con recursos suficientes para adquirirlos, ni acceso a servicios especializados y programas de apoyo.4

Cuarto. La capacitación en la fabricación de sillas de ruedas, prótesis y bastones puede convertirse en una oportunidad económica para muchas personas, al promover el desarrollo de habilidades técnicas especializadas y la creación de pequeñas y medianas empresas en el sector.

Quinto . La fabricación de sillas de ruedas, prótesis y bastones a nivel local no sólo reduce costos, sino que también permite una mayor personalización de los dispositivos, adaptándolos a las necesidades específicas de los usuarios.

Desde el punto de vista de la ciencia y la tecnología, a la larga, no solo se deberá buscar que estas prótesis sean biónicas, sino que sean cibernéticas; es decir, que constituyan una tecnología en el cuerpo de la persona.5

Sexto. Países como Colombia e India han implementado programas de capacitación para la fabricación de dispositivos de asistencia funcional, logrando al mismo tiempo generar empleo, fortalecer cadenas productivas locales y aumentar el acceso a estos productos para las personas con discapacidad.6

Séptimo. La inclusión laboral de personas discapacitadas en la fabricación de sillas de ruedas, prótesis y bastones puede contribuir a reducir el desempleo en comunidades vulnerables, generando beneficios sociales y económicos a largo plazo.

Octavo. La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad7 y el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad8 establecen la obligación del Estado de garantizar el acceso a dispositivos de apoyo funcional, así como de promover la formación profesional en sectores clave para la inclusión.

Asimismo, el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad9 tiene como objetivo establecer la política pública para las personas con discapacidad, así como promover sus derechos humanos, su plena inclusión y participación en todos los ámbitos de la vida, para lo cual, puede desarrollar todas las acciones pertinentes en la materia, en coordinación con diversas instituciones del Gobierno Federal, así como como la organizaciones de y para las personas con discapacidad, expertos y académicos.

Lo que faculta a dicho Consejo a coordinar e impulsar acciones para asegurar el ejercicio y goce de los derechos de las personas con discapacidad, así como contribuir a su desarrollo integral e inclusión plena.

Noveno. La capacitación en la fabricación de dispositivos de apoyo funcional requiere la colaboración de instituciones públicas, privadas y educativas para garantizar la disponibilidad de recursos, infraestructura y conocimientos técnicos necesarios.10

Décimo. Es prioritario que las políticas públicas promuevan soluciones sostenibles e integrales que combinen el desarrollo de capacidades productivas con la satisfacción de necesidades sociales, como es el caso de la fabricación de sillas de ruedas, prótesis y bastones.

Décimo Primero . La promoción de estos programas responde al compromiso del Estado Mexicano con los Objetivos de Desarrollo Sostenible,11 en particular el ODS 8, que fomenta el trabajo decente y el crecimiento económico, y el ODS 10, enfocado en reducir desigualdades.

En virtud de los considerandos anteriores, la suscrita, Elizabeth Martínez Álvarez, someto a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a la Secretaría de Salud y al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis), así como a sus homólogos en las entidades federativas, para que elaboren e implementen programas que comprendan la inclusión laboral y la capacitación técnica para la fabricación de sillas de ruedas, prótesis y bastones, con el objetivo de generar empleo e incrementar la disponibilidad y accesibilidad a estas ayudas técnicas en favor de las personas con discapacidad que los requieran.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a la Secretaría de Educación Pública y al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para que instrumenten las acciones y estrategias necesarias a fin de promover alianzas entre universidades, centros de investigación, empresas y organizaciones de la sociedad civil con el objetivo de desarrollar e impartir programas de formación en tecnologías innovadoras y sostenibles para la fabricación de sillas de ruedas, prótesis y bastones a bajo costo.

Tercero . La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Educación Pública y al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad para que presenten un informe al Congreso de la Unión sobre las acciones, estrategias y programas realizadas para promover e impulsar la capacitación técnica, la inclusión laboral y la investigación dirigidas a la fabricación de sillas de ruedas, prótesis, bastones y toda ayuda técnica a bajo costo para las personas con discapacidad, incluyendo avances, resultados y áreas de oportunidad, en un plazo no mayor a seis meses contados a partir de que sea recibido el exhorto.

Notas

1 https://www.cefp.gob.mx/publicaciones/nota/2024/notacefp0762024.pdf

2 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/EAP_Pe rsDiscap21.pdf

3 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/assistive-technolog y

4 https://www.razon.com.mx/mexico/2023/02/04/sin-acceso-a-protesis-por-al tos-costos-2-millones-de-mexicanos/

5 https://www.razon.com.mx/mexico/2023/02/04/sin-acceso-a-protesis-por-al tos-costos-2-millones-de-mexicanos/

6 https://www.iadb.org/es/noticias/colombia-lanza-programa-de-empleo-incl usivo-para-facilitar-el-acceso-laboral

7 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPD.pdf

8 https://www.gob.mx/conadis/acciones-y-programas/programa-nacional-para- el-desarrollo-y-la-inclusion-de-las-personas-con-discapacidad-2014-2018 -5882

9 https://www.gob.mx/conadis

10 https://www.razon.com.mx/mexico/2023/02/04/sin-acceso-a-protesis-por-al tos-costos-2-millones-de-mexicanos/

11 https://fechac.org.mx/app_fechac/_files/_img/_documents/012821-160142_rf-1-03compromisode
fechacconlosodsrev1.pdf?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAx9q6BhCDARIsACwUxu654DKkuGpXu
79TcGkxzul38Het8dfIESFYtuWPXx5avIOp1UKCe_UaAr4sEALw_wcB

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de enero de 2025.

Diputada Elizabeth Martínez Álvarez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas dependencias de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la CDMX a difundir y promover la adopción de las medidas de seguridad necesarias para garantizar el derecho a la ciberseguridad de todas las niñas, niños y adolescentes, suscrita por la diputada Elizabeth Martínez Álvarez, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, diputada Elizabeth Martínez Álvarez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa a las Secretarías de Gobernación, de Educación, de Salud, de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, así como al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), al Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y a todas las autoridades homólogas de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, a difundir y promover la adopción de las medidas de seguridad necesarias para garantizar el derecho a la ciberseguridad de todas las niñas, niños y adolescentes, para que atiendan la problemática de este sector, conforme a los siguientes

Considerandos

Primero. - La normatividad establecida respecto de los derechos de la niñez y adolescencia, debe garantizar el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, y para ello es necesario conocer las necesidades y problemáticas que existen en cada parte del país y en las diferentes actividades en las que se encuentran inmersos. De acuerdo con el artículo 127 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, entre los integrantes del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes se encuentran las personas titulares de las Secretarías de Gobernación, de Educación Pública, de Salud, del Sistema Nacional DIF, las gobernadoras y los gobernadores de los estados, y la jefa o el jefe de gobierno de la Ciudad de México, entre otros.

El cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes es esencial para su desarrollo integral y para lograr una sociedad más pacífica, respetuosa y comprensiva.

Al respecto, el derecho humano a la ciencia es el derecho a participar en el progreso científico y a disfrutar de sus beneficios. Además, el acceso a la ciencia, la innovación y la tecnología puede favorecer el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes.

De donde deriva que niñas, niños y adolescentes tienen derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet, en términos de lo previsto en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.1

En tal sentido y en concordancia con el derecho a la educación, las autoridades competentes deberán establecer mecanismos para fomentar el uso responsable y seguro de las tecnologías de información y comunicación.

Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán las medidas necesarias para garantizar estos derechos a todas las niñas, niños y adolescentes sin discriminación de ningún tipo o condición.

Observando para ello, que como mexicanas y mexicanos, nos corresponde velar porque cada niña, cada niño y cada adolescente de nuestro país, pueda gozar de estos derechos en plenitud, sin que ello implique que las redes sociales y plataformas de contenido carezcan de reglas o medidas para proteger a niñas, niños y adolescente de los posibles riesgos que entraña el uso de internet (ciberseguridad).

Segundo. - El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en el Informe Especial Audiencias Infantiles 2023, comprende reportes individuales que analizan desde distintos enfoques y con diferentes metodologías las audiencias infantiles, su consumo de contenidos, la apropiación, así como la representación que de ellas y ellos se hace en la programación que transmiten los medios tradicionales y digitales.2

La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece en su artículo 15 que, el Instituto Federal de Telecomunicaciones debe supervisar que la programación dirigida a la población infantil respete los valores y principios a que se refiere el artículo 3o. de la Constitución, las normas en materia de salud y los lineamientos establecidos en la Ley que regulan la publicidad pautada en la programación destinada al público infantil, con base en las disposiciones reglamentarias emitidas por las autoridades competentes (fracción LX). Asimismo, en la fracción LXII, prevé que debe informar a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Gobernación, los resultados de las supervisiones realizadas en términos de la fracción LX, para que éstas ejerzan sus facultades de sanción. • Ciertamente es indispensable proteger a las y los menores de edad de cualquier abuso por medios digitales o ciber acoso; sin embargo, también es necesario garantizar el derecho que tiene toda persona al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. Este derecho se encuentra previsto en el artículo sexto constitucional, por lo que es recomendable valorar el tipo de medidas que se instrumentan para lograr una protección efectiva de los derechos de niñas, niños y adolescentes, sin que se les prohíba el acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el Internet.

Entre los estudios que comprende el informe citado, está el relativo a:

“Consumo de contenidos digitales por parte de las audiencias infantiles

Uso de Internet y redes sociales:”

• De acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales (ENCCA) edición 2022, el 82% de las niñas y niños entre 7 y 11 años declaró usar internet y el 69 por ciento mencionó usar alguna red social. Se puede apreciar que el uso de las redes sociales entre los menores de edad ha tenido un crecimiento considerable, pues se pasó de un 39 por ciento en 2017 a un 69 por ciento en 2022.

• En cuanto a las redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea más utilizadas por las niñas y niños se encuentran WhatsApp con 66 por ciento, YouTube con 55 por ciento, TikTok con 49 por ciento, Facebook con 34 por ciento y Zoom con 17 por ciento.

• Respecto del consumo de contenidos audiovisuales por internet, la ENCCA 2022 refiere que el 65 por ciento de las niñas y niños encuestados aseguró consumir contenidos en internet, siendo Youtube la plataforma preferida para realizar esta actividad. Además, el tiempo promedio de visionado de este tipo contenidos fue de 2.6 horas al día.

• De las y los niños encuestados que refirieron ver contenidos por internet, el 37 por ciento dijo que utiliza plataformas que requieren una suscripción, mientras que el 82 por ciento dijo ver contenidos en plataformas gratuitas o con publicidad.

• El tipo de contenido que más consume este grupo de la población en plataformas digitales corresponde a películas con 56 por ciento, series con 41 por ciento, caricaturas o programas infantiles con 28 por ciento y anime con 25 por ciento. Asimismo, los dispositivos más utilizados para consumir contenidos son el teléfono celular, seguido de las Smart TV y las tabletas.

• En cuanto a la oferta de contenido dirigido a niñas y niños en plataformas OTT, de acuerdo con información de BB Media, del catálogo de contenido de las 109 plataformas con presencia en México durante 2022 solo el 3.9 por ciento corresponde a títulos con clasificación para público infantil.

Sobre este Informe, el IFT comentó que los resultados observados, permiten reflexionar y dimensionar la importancia de conocer las necesidades actuales de las audiencias infantiles desde su propia voz; de la creación de sinergias entre los distintos actores y de la importancia de la realización de estos estudios e investigaciones para conocer las particularidades de las distintas realidades de nuestro país. “Así, el IFT continuará con la labor de generar y difundir la relación entre las infancias y su entorno mediático”.

Para la presentación del Informe se llevaron a cabo diversas conferencias y conversatorios, con el fin de privilegiar el interés superior de la niñez en la creación, producción y transmisión de contenidos audiovisuales dirigidos a las infancias en México.

Lo anterior, con la finalidad de hacer conciencia de los retos y expectativas de la producción y programación de contenidos, lo cual permitirá identificar la viabilidad de que existan en México mecanismos que impulsen la producción y programación de contenidos audiovisuales dirigidas a las audiencias infantiles, sin descuidar el aspecto relativo a la idoneidad de los contenidos y a la seguridad en el acceso a las apps correspondientes.

Los referidos Reportes, pueden consultarse en el micrositio Somos Audiencias:

https://somosaudiencias.ift.org.mx

Tercero.- En el Sondeo sobre el uso de dispositivos tecnológicos en niños de 3 a 12 años , realizado por la Dirección General de Estudios sobre Consumo de la Procuraduría Federal del Consumidor en el año 2018,3 se buscó identificar hábitos de uso de dispositivos tecnológicos (teléfono celular, tableta, laptop, consolas de videojuegos y relojes inteligentes) que niños de 3 a 12 años utilizan; el gasto familiar que su uso genera, así como el uso responsable y seguro de los dispositivos, entre personas de 18 años o más, residentes de Ciudad de México y con hijos de 3 a 12 años, con los siguientes resultados:

• Los dispositivos tecnológicos más usados por los niños de 3 a 12 años son los teléfonos celulares (81 por ciento), tabletas (57 por ciento) y/o consolas para videojuegos (40 por ciento). Los cuales en la mayoría de los casos son propiedad de los niños: 44 por ciento, 70 por ciento y 32 por ciento, respectivamente.

• 47 por ciento de los usuarios comenzó a usar un teléfono celular entre los 4 y 6 años, 46 por ciento en el caso de la tableta y 58 por ciento en el de consola para videojuegos.

• Más del 40 por ciento señaló que sus hijos utilizan entre 4 y 5 días de lunes a viernes el teléfono celular, la tableta y las consolas para videojuegos y más del 50 por ciento los utiliza tanto el sábado como el domingo. Más del 59 por ciento los usa entre 1 y 2 horas diarias.

• Ver videos es la actividad que más realizan tanto en el teléfono celular (37 por ciento) como en la tableta (32 por ciento); no así en la laptop que es más usada para realizar tareas escolares (54 por ciento).

• 94 por ciento de los entrevistados señaló que cuentan con internet fija (97 por ciento) y/o móvil (70 por ciento) para que sus hijos hagan uso de ella es algunos de los dispositivos que utilizan.

• 24 por ciento señaló que uno de los beneficios al usar teléfono celular, tableta y/o laptop es que incrementa el aprendizaje; 34 por ciento mencionó que ver contenido inapropiado es uno de los mayores riesgos al usarlos.

• 24 por ciento tiene descargado algún control parental en los dispositivos que usan sus hijos a fin de evitar acceso a contenidos peligrosos; de estos el 77 por ciento los ha descargado de manera gratuita.

• 80 por ciento señaló que en su casa se han fijado normas y restricciones de uso para estos dispositivos y que éstas se cumplen siempre. En el 30 por ciento de los casos, la restricción del tiempo de uso es la norma que más se aplica.

• 80 por ciento mencionó que siempre supervisa los sitios a los que entran sus hijos; 47 por ciento lo hace permitiendo a sus hijos utilizarlos sólo si un mayor los acompaña.

• 58 por ciento señaló que supervisa siempre las aplicaciones que descargan sus hijos; 23 por ciento lo hace revisando el historial de las aplicaciones que descarga.

• 79 por ciento ha hablado con sus hijos de 7 a 12 años sobre el ciberbullying o acoso escolar a través de Internet y las redes sociales

De los datos expuestos, pareciera que el uso de los dispositivos tecnológicos está bajo la debida supervisión y restricciones por parte de los adultos responsables, pero en la práctica, las niñas, niños y adolescentes, que son verdaderos nativos digitales, han encontrado múltiples formar para superar los obstáculos parentales que les han sido impuestos.

Cuarto.- - Con el fin de proteger a las niñas, niños y adolescentes, el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPiNNA) ha difundido el documento denominado Algunos riesgos en las redes sociales para niñas, niños y adolescentes ,4 en el que expone que para obtener los beneficios de la socialización y ganar amistades, las niñas, niños y adolescentes, con frecuencia, entregan información personal (nombre, escuela, dirección, intereses personales y familiares, más otros datos) que en la vida real les tomaría más tiempo compartir y confiar a alguien. Pero en las redes sociales está publicada y nunca regresa a la privacidad: no se sabe quién la ve y que puede hacer con ella.

Como desean ser populares, las niñas, niños y adolescentes buscan llamar la atención y aprobación de sus semejantes en edad, tienen a actualizar su perfil, narrar sus aventuras el fin de semana, hablar de sus conocidos y, en ocasiones, se usa el espacio digital para humillar a otras y otros con contenidos no apropiados. Por eso es vital enseñar a las hijas e hijos a usar las herramientas de privacidad, a que seleccionen a quién permiten ver sus datos y fotos, a conocer cuáles son los riesgos en el mundo digital.

Situación que los expone a recibir mensajes de un extraño malintencionado, encontrarse físicamente con un desconocido, ser acosados por sus semejantes o ser extorsionado con imágenes indebidas, entre otras acciones peligrosas, ya que no hay manera de verificar la edad de la persona con la que se comunican; además de tener acceso a videos o fotos provocativos que les causen daño emocional o psicológico, y a acceder a grupos no aptos para su edad y desarrollo, etcétera.

Por lo que sugiere que los padres, tutores y responsables de las personas menores de edad, pongan filtros de edades; usen programas para monitorear, en especial si sospecha que sus hijas e hijos peligran en la red; revisen el historial en internet; sean cuidadoso con los chats que usan, en especial en vivo; usen buscadores seguros y usen controles de padres en teléfonos y otros gadgets

Quinto. En ese sentido, la Secretaría de Gobernación ha elaborado la Guía Parental. ¿Cómo supervisar y acompañar a la niñez y a la adolescencia para una navegación segura en la era digital? 5 a fin de que se difunda su contenido y con ello, coadyuvar al cuidado de nuestras niñas, niños y adolescentes.

Sexto.-. A fin de conocer la experiencia en otros países, se puede mencionar que:

• El Reino Unido, en octubre de 2023 aprobó la Ley de seguridad online (Online Safety Act), que obliga a los proveedores de contenido, ya sea propio o generado por usuarios como en las redes sociales, a vigilar la legalidad o la idoneidad del material.

De acuerdo a esta normatividad, en el caso de que no baste con la identificación a través de un documento oficial expedido por el gobierno, la normativa establece que las plataformas deberán utilizar una tecnología para realizar una identificación o verificación biométrica a través de los rasgos faciales y de la edad del potencial usuario.

Sin embargo, los críticos de dicha normatividad consideran que este método puede encarecer el uso de las apps y no es especialmente seguro.

• En Australia, se acaba de aprobar una reforma legislativa que limita el uso de la web y en especial de las apps, a menores de 16 años, por considerar que el uso excesivo de las redes sociales supone un riesgo para la salud física y mental de los menores, en particular para las niñas, por las representaciones nocivas de la imagen corporal y los contenidos misóginos que se difunden. “Para demasiados jóvenes australianos, las redes sociales pueden ser perjudiciales.6 y 7

A tal efecto, la ministra de Comunicaciones de ese país, ha señalado que casi dos tercios de los australianos de entre 14 y 17 años han visto en Internet contenidos extremadamente nocivos, como consumo de drogas, suicidio o autolesiones”.

El gobierno australiano persigue que las plataformas digitales —Meta (Instagram y Facebook), Tiktok, X, Reddit y Snapchat— tomen “las medidas necesarias” para que los menores de 16 años no abran ni tengan una cuenta en esas redes sociales. De lo contrario, podrían afrontar multas “intencionalmente grandes” de hasta 30,6 millones de euros.

La ley busca proteger a los menores del acoso y de potenciales problemas de salud mental y para ello introduce una nueva categoría llamada “plataformas de medios sociales con restricciones de edad”, que prohíbe tanto la creación de nuevas cuentas como el mantenimiento de las antiguas a los menores de 16. La ley no impone sanciones para los usuarios o los progenitores de menores que la infrinjan. Se trata del límite de edad más alto planteado por un país hasta la fecha, y no existirá ninguna exención respecto al consentimiento.

Séptimo. - Cabe señalar que existen redes sociales y apps apropiadas para menores, por lo que será necesario establecer dos tipos de categoría; “plataformas de medios sociales sin restricciones de edad” y “plataformas de medios sociales con restricciones de edad”; por lo que plaraformas de bajo riesgo o de suso informativa para la escuela, podrían quedar en la primera categoría. Tal es el caso de Google Classroom o YouTube.

Octavo.- - Algunos prestadores de servicio en la web, o la red, como Elon Musk, han señalado que este tipo de propuestas “tendrá un impacto negativo en los derechos humanos de los niños y los jóvenes, incluyendo su derecho a la libertad de expresión y al acceso a la información”, sin embargo no han aportado algún solución relevante respecto al daño físico, intelectual y social, y a los abusos y peligros de toda índole que sufren las niñas, niños y adolescentes menores de 16 años, por el uso indiscriminado de las diversas apps.8

Noveno .- El uso de aplicaciones por menores de edad puede tener riesgos, pero también puede ser beneficioso para su desarrollo, pues el uso de las nuevas tecnologías puede ser una fuente de diversión, apoyo, comprensión y bienestar emocional. No obstante, cabe destacar que el uso globalizado de la Red implica una serie de riesgos que no se pueden obviar y que para gestionar el uso de aplicaciones por menores de edad, se pueden configurar controles parentales.

Algunas de las cosas que se pueden hacer para controlar el uso de aplicaciones por menores de edad son:

• Configurar controles parentales en Google Play

• Se pueden configurar controles parentales para restringir el contenido que se descarga o compra en Google Play.

• Bloquear aplicaciones en Google Play

• Se pueden bloquear aplicaciones de Google Play en todos los dispositivos Android o Chromebooks del menor.

• Evitar compras en App Store.

• Se pueden evitar compras en App Store, así como la instalación o eliminación de aplicaciones.

• Tener en cuenta la base legal

• Se debe contar con una base legal para el tratamiento de los datos, como el consentimiento de los padres o tutores legales.

• Algunas de las cosas que se deben tener en cuenta sobre el uso de aplicaciones por menores de edad son: Las aplicaciones pueden recopilar información de localización, identificador único o nombre de usuario.

• Los desarrolladores de aplicaciones deben implementar medidas de seguridad para proteger los datos personales de los niños.

Décimo.- Se estima insuficiente la regulación establecida en el Capítulo VI De la Neutralidad de las Redes, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión,9 pues aunque su finalidad es, entre otros objetivos, la plena inclusión, privacidad y transparencia del servicio a acceso a internet y por ende a las apps, no se establecen medidas de protección en favor de las niñas, niños y adolescentes, habida cuenta de su condición de vulnerabilidad ante diversos peligros por el suso indiscriminado de las mismas.

Decimo primero. - En virtud de lo expuesto, una de las principales problemáticas que enfrenta la presente situación, radica en la falta de difusión de las medidas de ciberseguridad en favor de niñas, niños y adolescentes, de medidas de protección y elementos eficaces para la verificación de la edad, ya que las empresas tecnológicas y prestadores de servicios han argumentado en los últimos años, que no resulta viable el desarrollo técnico de una herramienta que colisione con el derecho a la privacidad de los usuarios, y que resulta prácticamente imposible revisar documentos de carácter personal que hipotéticamente quedarían asociados al consumo de un determinado tipo de contenido.

Décimo segundo. - Analizados lo antes expuesto, se estima que lo más conveniente sería establecer un sistema de verificación de la edad que pueda incluir datos biométricos o de identificación oficial; en México, ese medio oficial podría ser el número del CURP, que resultaría un medio eficaz y fidedigno para determinar que el usuario es mayor de 16 años.

En virtud de los considerandos anteriores, la suscrita, Elizabeth Martínez Álvarez, someto a la consideración de esta Asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero . La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a las y los integrantes del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, al Instituto Federal de Telecomunicaciones, a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y a las procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes de cada entidad federativa para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, instrumenten las acciones necesarias para difundir y promover la adopción de las medidas de seguridad que garanticen el derecho a la ciberseguridad de todas las niñas, niños y adolescentes sin discriminación de ningún tipo o condición.

Segundo La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, al Instituto Federal de Telecomunicaciones y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que, con el fin de velar por el interés superior de la niñez y proteger a las niñas, niños y adolescentes menores de 16 años, de potenciales problemas de salud mental, del acoso de cualquier índole y de la exposición a grupos delictivos, analicen la viabilidad de establecer una nueva categoría llamada “plataformas de medios sociales con protecciones para menores de edad”, con el objetivo de mejorar y fortalecer las medidas de protección para las niñas, niños y adolescentes durante la utilización del Internet y/o las aplicaciones.

Notas

1 https://www.gob.mx/sipinna/articulos/derecho-de-ninas-ninos-y-adolescentes-al-acceso-a-las
-tecnologias-de-la-informacion-y-comunicacion?idiom=es#:~:text=Ni%C3%B1as%2C%20ni%C3%
B1os%20y%20adolescentes%20tienen,Federal%20de%20Telecomunicaciones%20y%20Radiodifusi%C3%B3n.

2 https://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/es/el-uso-de-las-redes-sociales
-entre-los-menores-de-edad-paso-de-39-en-2017-69-en-2022-revela-informe#:~:text=25%20de%20abril-,
El%20uso%20de%20las%20redes%20sociales%20entre%20los%20menores%20de,25%20de%20abril%20de%202023
.&text=El%20Instituto%20Federal%20de%20Telecomunicaciones,mensajes%2C%20contenidos%20musicales%20y%20culturales.

3 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/417504/Sondeo_sobre_el_uso_de_dispositivos
_tecnologicos_en_ninos_de_3_a_12_anos_.pdf

4 https://www.gob.mx/sipinna/es/articulos/algunos-riesgos-en-las-redes-so ciales-para-ninas-ninos-y-adolescentes?idiom=es

5 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/680717/Guii_a_Parental_D igital_511.pdf

6 https://elpais.com/sociedad/2024-11-28/claves-la-pionera-ley-australian a-que-veta-a-los-menores-de-16-el-acceso-a-redes-sociales.html

7 https://elpais.com/sociedad/2024-11-28/claves-la-pionera-ley-australian a-que-veta-a-los-menores-de-16-el-acceso-a-redes-sociales.html

8 https://elpais.com/sociedad/2024-11-28/claves-la-pionera-ley-australian a-que-veta-a-los-menores-de-16-el-acceso-a-redes-sociales.html

9 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFTR.pdf

Bibliografía consultada

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de enero de 2025.

Diputada Elizabeth Martínez Álvarez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría del Bienestar, a la SE y al INAES, así como a sus homólogos en las entidades federativas, a promover e implementar políticas públicas y programas para impulsar la economía social en México, suscrita por la diputada Elizabeth Martínez Álvarez, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, diputada Elizabeth Martínez Álvarez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría del Bienestar, a la Secretaría de Economía y al Instituto Nacional de Economía Social (INAES), así como a sus homólogos en las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, a promover e implementar políticas públicas y programas para impulsar la economía social en México, conforme a los siguientes

Considerandos

Primero. La economía social se refiere a un modelo económico basado en principios de solidaridad, cooperación y autogestión, priorizando el bienestar colectivo sobre el beneficio individual, a través de la organización de empresas sociales como cooperativas, asociaciones y otras formas de organización comunitaria.

La economía social busca generar relaciones de solidaridad y confianza, espíritu comunitario y participación en la sociedad, fortaleciendo procesos de integración productiva, de consumo, distribución y ahorro, y préstamo para satisfacer las necesidades de sus integrantes y comunidades donde se desarrollan.1

La economía social genera un modo solidario, justo y diferente de hacer economía, buscando una transformación social, y que puede ser aplicado a cualquier tipo de empresa o iniciativa.

Segundo. En México, la Ley de la Economía Social y Solidaria2 establece un marco normativo para fomentar este modelo económico, reconociendo su potencial para generar empleo, reducir desigualdades y fortalecer el tejido social, especialmente en comunidades vulnerables.

Tercero. Según el Instituto Nacional de Economía Social (INAES),3 en México existen más de 4 millones de personas que forman parte de organizaciones de la economía social, lo que evidencia su relevancia como motor de desarrollo local y su contribución a la economía nacional.

Para ello, el Programa de Fomento a la Economía Social es la herramienta del Gobierno Federal que da respuesta al mandato del Artículo 46 de la Ley de Economía Social y Solidaria,4 y los artículos 33 y 34 de la Ley General de Desarrollo Social,5 de atender iniciativas productivas del sector, mediante el apoyo a proyectos productivos, identificación de oportunidades de inversión, capacitación; asistencia técnica, organización y diseño de proyectos productivos.

Asimismo, el artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social establece entre los Programas prioritarios, los destinados a la generación y conservación del empleo, a las actividades productivas sociales, a las empresas del Sector Social de la Economía, así como a aquellos dirigidos a las personas en condición de pobreza, marginación o en situación de vulnerabilidad.6

Cuarto. La economía social representa una oportunidad para generar empleos dignos y sostenibles, promoviendo la inclusión económica de mujeres, jóvenes, personas con discapacidad y comunidades indígenas, quienes frecuentemente enfrentan barreras de acceso al mercado laboral formal.

Quinto. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha señalado que la economía social tiene el potencial de generar empleos de calidad y fortalecer la resiliencia de las comunidades frente a crisis económicas, al estar fundamentada en valores como la equidad y la sostenibilidad.7

Sexto . Experiencias exitosas en países como Canadá, España y Brasil demuestran que las políticas de apoyo a la economía social pueden contribuir significativamente al desarrollo económico y social, al facilitar el acceso a financiamiento, capacitación y la apertura de mercados.8, 9 y 10

Séptimo . La economía social está alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),11 particularmente el ODS 8, que promueve el trabajo decente y el crecimiento económico inclusivo, y el ODS 10, enfocado en la reducción de desigualdades.

Octavo. En México, los programas de apoyo a la economía social requieren mayor coordinación interinstitucional y una mejor focalización para garantizar que lleguen a las comunidades y grupos más necesitados.

Noveno. Es fundamental fortalecer los mecanismos de financiamiento para las organizaciones de la economía social, promoviendo la creación de fondos específicos, líneas de crédito y esquemas de apoyo técnico y administrativo que permitan su consolidación y crecimiento.

Décimo. La economía social puede desempeñar un papel clave en la reconstrucción económica postpandemia, al generar empleos sostenibles y fortalecer las cadenas productivas locales, promoviendo una recuperación económica más equitativa y resiliente.

Décimo Primero . La promoción de la economía social contribuye al desarrollo comunitario, fortaleciendo los valores de cooperación, solidaridad y responsabilidad social, elementos fundamentales para construir una sociedad más justa e incluyente.

En virtud de los considerandos anteriores, la suscrita, Elizabeth Martínez Álvarez, someto a la consideración de esta Asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría del Bienestar, a la Secretaría de Economía y al Instituto Nacional de Economía Social (INAES), así como a sus homólogos en las entidades federativas para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, promuevan e implementen políticas públicas y programas que impulsen la economía social, fortaleciendo la creación, consolidación y desarrollo de cooperativas y organizaciones de este sector.

Segundo. Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría del Bienestar, a la Secretaría de Economía y al Instituto Nacional de Economía Social, así como a sus homólogos en las entidades federativas para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, instrumenten las acciones necesarias para coordinarse con instituciones educativas, organizaciones civiles y empresas con el objetivo de fomentar la educación en economía social, la capacitación técnica y administrativa, así como la generación de redes de apoyo y comercialización para las organizaciones del sector.

Tercero . La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría del Bienestar, a la Secretaría de Economía y al Instituto Nacional de Economía Social para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, presenten al Congreso de la Unión un informe sobre las acciones realizadas y los avances logrados en la promoción y fortalecimiento de la economía social en el país, en un plazo no mayor a seis meses contados a partir de recibido el presente exhorto.

Notas

1 https://www.gob.mx/inaes/articulos/a-que-nos-referimos-cuando-hablamos-de-economia-social?idiom=es#
:~:text=La%20ESS%20busca%20generar%20relaciones,y%20comunidades%20donde%20se%20desarrollan.

2 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LESS.pdf

3 https://www.gsef-net.org/es/node/27846

4 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LESS.pdf

5 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDS.pdf

6 https://www.gob.mx/inaes/documentos/reglas-de-operacion-programa-de-fomento-a-la-economia-social#
:~:text=Consulta%20las%20Reglas%20de%20Operaci%C3%B3n%20vigentes%20del%20INAES&text=El%
20Programa%20de%20Fomento%20a,o%20en%20situaci%C3%B3n%20de%20vulnerabilidad.

7 https://www.ilo.org/es/resource/la-economia-social-y-solidaria

8 https://dhls.hegoa.ehu.eus/uploads/resources/5427/resource_files/ESS_y_ politicas_publicas_en_Brasil.pdf

9 https://santandertrade.com/es/portal/analizar-mercados/canada/politica-y-economia#:~:text=Los
%20%C3%BAltimos%20datos%20de%20Statistics,medianas%20empresas%20en%20todo%20Canad%C3%A1
.&text=Fuente:%20World%20Bank%2C%20Ultimos%20datos,nuestro%20servicio%20Informes%20de%20mercado.

10 https://www.mites.gob.es/EconomiaSocial/es/sobre-economia-social/es-esp ana/index.html

11 https://fechac.org.mx/app_fechac/_files/_img/_documents/012821-160142_rf-1-03compromisode
fechacconlosodsrev1.pdf?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAx9q6BhCDARIsACwUxu5AB7orTfS4
PH7HPiltTGSjINs0poU7FDW-xYadQpdaZ8L2n8h68mIaAguiEALw_wcB

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de enero de 2025.

Diputada Elizabeth Martínez Álvarez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP, al INM y a las autoridades homólogas de las entidades federativas a garantizar el derecho a la educación y velar por el interés superior de la niñez, asimismo, se permitan la incorporación de niñas, niños y adolescentes migrantes en el sistema educativo nacional, garantizando el acceso a materiales educativos y atención y/o apoyo psicológico, suscrita por la diputada Elizabeth Martínez Álvarez, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, diputada Elizabeth Martínez Álvarez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Educación Pública, al Instituto Nacional de Migración y a las autoridades homólogas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, a que, con el fin de garantizar el derecho a la educación y velar por el interés superior de la niñez, establezcan mecanismos flexibles que de forma permanente, permitan la incorporación de niñas, niños y adolescentes migrantes en el sistema educativo nacional, garantizando el acceso a materiales educativos y atención y/o apoyo psicológico enfocado a sus necesidades, conforme a los siguientes

Considerandos

Primero. - La normatividad establecida respecto de los derechos de la niñez y adolescencia, debe garantizar el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, y para ello es necesario conocer las necesidades y problemáticas que existen en cada parte del país, de las diferentes actividades en las que se encuentran inmersos y de las necesidades de los diferentes grupos humanos.

El cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes es esencial para su desarrollo integral y para lograr una sociedad más pacífica, respetuosa y solidaria.

Al respecto, la Ley General de Educación1 en el artículo 61 establece el derecho humano a la inclusión educativa, que reconoce la diversidad y busca eliminar las barreras que dificultan o imposibilitan el acceso, permanencia, participación y aprendizaje, adaptando el Sistema Educativo Nacional de manera equitativa a las características, necesidades, intereses, capacidades, habilidades, ritmos y estilos de aprendizaje de todos y cada uno de los educando, especialmente de los niños, niñas y adolescentes.2

Segundo. - En la anterior Ley General de Educación (abrogada el 30 de septiembre de 2019),3 el artículo 38, hacía referencia de manera específica, al derecho a los servicios educativos de personas migrantes, para lo cual establecía que debía adaptarse, en sus tres niveles de educación, a los grupos migratorios.4

En el mismo sentido, la fracción XI del artículo 9 de la Ley General de Educación vigente,5 establece que:

Artículo 9 . Las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias y con la finalidad de establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada persona, con equidad y excelencia, realizarán entre otras, las siguientes acciones:

I a X.-

XI. Promover medidas para facilitar y garantizar la incorporación y permanencia a los servicios educativos públicos a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que hayan sido repatriados a nuestro país, regresen voluntariamente o enfrenten situaciones de desplazamiento o migración interna;

...”

Asimismo, en la fracción VIII del artículo 56, señala que las autoridades educativas deberán:

VIII . Integrar y actualizar la información de la estadística educativa y el padrón de migración indígena, a fin de garantizar la pertinencia de la misma.”

En tal sentido y en concordancia con el Derecho a la Inclusión Educativa, las autoridades competentes deberán establecer mecanismos flexibles y temporales que permitan la incorporación de niñas, niños y adolescentes migrantes en escuelas, garantizando el acceso a materiales educativos y atención psicológica adaptada a sus necesidades.

Por tanto, las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán las medidas necesarias para garantizar estos derechos a todas las niñas, niños y adolescentes sin discriminación de ningún tipo o condición.

Observando para ello, que como mexicanas y mexicanos, nos corresponde velar porque cada niña, cada niño y cada adolescente de nuestro país, pueda gozar de estos derechos en plenitud, sin que ello implique que al ser parte de grupos migratorios no tengan la oportunidad de acceder a una educación que se adapte a sus necesidades.

Tercero. - De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia ( UNICEF), la infancia y adolescencia migrante constituye uno de los sectores más vulnerables de la población, a quienes comúnmente se les priva del acceso a la educación. Esto, a su vez, les impide contar con un entorno seguro y protector, donde puedan recibir herramientas y habilidades esenciales para su vida, así como oportunidades para mejorar su presente y futuro.6

Asistir a la escuela ayuda a las niñas, niños y adolescentes migrantes a recuperar sus rutinas y darles una sensación de estabilidad y “normalidad” que el desplazamiento mismo les arrebata.

Igualmente, la escuela les proporciona un espacio único donde se les puede dar acompañamiento psicoemocional, apoyo a través del juego y otras actividades como el deporte, la lectura y la escritura, donde se aprenden habilidades socioemocionales fundamentales para su desarrollo integral.

Cuarto. - En México, las niñas, niños y adolescentes en situación de migración, sufren diversas dificultades para acceder a una educación pública y gratuita, siendo los principales problemas “el tránsito migratorio, la falta de información sobre la oferta educativa, el desconocimiento sobre los requisitos de acceso, el miedo a la discriminación, la solicitud de cuotas y gastos vinculados a su educación, entre otras barreras que les impiden seguir estudiando”.7

Otra de las problemáticas que dificultan el acceso a la educación, es la exigencia de parte de muchas escuelas de exhibir documentos de identidad o de acreditación escolar. Sin embargo, la Constitución Política Mexicana en su artículo 3o. y la Normativa de Acceso y Control Escolar de la Secretaría de Educación Pública,8 garantizan el derecho a la educación para todos los niños, niñas y adolescentes, sin importar su condición migratoria, pues el acceso a la educación no debe estar condicionado.9

Por lo tanto, es esencial proporcionar información sobre el derecho la educación de niñas, niños y adolescentes en situación de migración, para que puedan conocer la oferta educativa, el acceso a los servicios y los requisitos, colaborando de manera intersectorial con los padres, madres y cuidadores, las autoridades educativas, las autoridades locales y las migratorias.

Quinto. - A pesar de que las condiciones de movilidad exigen un enfoque estandarizado para identificar las barreras que enfrentan los niños, niñas y adolescentes migrantes, así como sus familias, para acceder a la educación, en el país existen pocos estudios sobre el tema. Además, no hay datos estadísticos ni sistemas de información que sigan las solicitudes de acceso ni las trayectorias educativas de esta población, lo que dificulta la toma de decisiones para mejorar sus necesidades educativas.

Derivado de esa problemática, UNICEF y la Secretaría de Educación Pública, con el apoyo del Fondo Conjunto México-Alemania (FCMA), elaboraron el diagnóstico titulado “Infancias en movilidad y barreras para su educación”, que proporciona datos a nivel federal y en cuatro estados del país: Baja California, Chihuahua, Chiapas y Puebla.10

• El 86 por ciento del personal educativo considera que el presupuesto asignado a las escuelas es insuficiente para atender las necesidades educativas de niñas, niños y adolescentes migrantes.

• El 71 por ciento del personal educativo señala que conoce la Normativa de Acceso y Control Escolar de la SEP (las cuales establecen los requisitos para la inscripción en las escuelas), sin embargo, únicamente 2 de cada 10 personas encuestadas pudieron describir sus componentes.

• El 40 por ciento del personal educativo considera que niñas, niños y adolescentes migrantes sufren discriminación en la escuela.

En el estudio, algunas familias externaron sentir miedo por la inseguridad y los riesgos fuera de los albergues, por lo que consideran que salir a la escuela no es una opción, además de que priorizan necesidades como la falta de recursos económicos y la vivienda, dejando en último lugar la educación.

Atender el tema es de gran importancia, a fin de proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes, a través de una educación inclusiva que realmente se adapte a sus necesidades.

Sexto. - La atención psicológica que se les debe ofrecer a las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de migración, también forma parte importante, ya que, la escuela debe ser un espacio seguro para ellos y les da sentido de pertenencia y estabilidad; al recibir el apoyo psico-emocional pueden desarrollar habilidades socioemocionales que son esenciales en su presente y su futuro, haciéndolos sentir que son parte de un ambiente estudiantil incluyente y respetuoso.

Séptimo.-. En ese sentido, es fundamental reconocer la diversidad como una oportunidad en lugar de verla como un obstáculo, ya que esto es clave para transformar la visión uniforme de la enseñanza y el aprendizaje. La labor educativa debe enfocarse en promover la inclusión, lo que implica identificar las barreras de aprendizaje y participación que enfrentan los niños en el aula y en la escuela, comprender sus contextos y particularidades, así como ser conscientes de sus vulnerabilidades.

Además, supone aceptar y acoger a los estudiantes sin condiciones, reconociendo que todos pueden enriquecer sus aprendizajes gracias al bagaje y la diversidad cultural de los niños migrantes.

Desde este enfoque, los docentes pueden tomar decisiones pedagógicas que favorezcan los procesos de inclusión mediante:

• “Conocer a los estudiantes: ¿quiénes son? ¿de dónde vienen? ¿qué experiencias tienen? ¿cómo son sus días?

• Identificar posibles barreras para el aprendizaje y participación: diferencias de lengua, edad o condición social.

• Promover la participación de las niñas y niños migrantes para aprovechar sus saberes y experiencias.

• Sensibilizar a las y los estudiantes del grupo para respetar y acoger a nuevos integrantes en el aula.”11

Octavo . Es crucial crear espacios en la formación continua de los docentes, donde se cuestionen, analicen y reflexionen sobre las concepciones y prácticas utilizadas para atender a los niños y niñas en situación de migración, con el fin de avanzar hacia la creación de escuelas inclusivas y equitativas.

Noveno - En virtud de lo expuesto, una de las principales problemáticas que enfrenta la presente situación, es la falta de inclusión educativa para niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad, ya que al no adaptarse a sus necesidades se les vulnera impidiéndoles acceder a la educación.

Décimo. – El gobierno mexicano, consciente de la importancia de la protección de niñas, niños y adolescentes migrantes, a través del Instituto Nacional de Migración ha instituido la figura de Oficiales de Protección a la Infancia y Atención a Grupos Vulnerables,12 responsables de salvaguardar sus derechos humanos, en estricto apego a la normatividad vigente, entre los que destaca el derecho a la educación; por lo que deberán promover la inclusión de este sector de la población a las instituciones educativas en sus tres niveles, prestar orientación y apoyo en dichos trámites, y coordinarse con las autoridades educativas de carácter federal y de las 32 entidades federativas.

Décimo primero. - Analizado lo antes expuesto, resulta clara la necesidad de atender esta problemática de forma integral, a fin de eliminar las barreras que existen para lograr la plena inclusión educativa de las niñas, niños y adolescentes migrantes, a través de la difusión de información para inscripciones, modalidades de estudio, apoyo psicológico y emocional, acompañamiento en los procesos de trámite, inclusión y respeto de la diversidad.

En virtud de los considerandos anteriores, la suscrita, Elizabeth Martínez Álvarez, someto a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único . La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a las autoridades educativas federal y estatales, y al Instituto Nacional de Migración para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, con el fin de garantizar el derecho a la educación y velar por el interés superior de la niñez, instrumenten estrategias y mecanismos flexibles permanentes que permitan la incorporación de niñas, niños y adolescentes migrantes en el sistema educativo nacional, garantizando el acceso a materiales educativos, atención y/o apoyo psicológico enfocado a sus necesidades.

Notas

1 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGE.pdf

2 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGE.pdf

3 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/lge_1993.htm

4 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/lge_1993/Ley_General_de_E ducacion_1993-Abro.pdf

5 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGE.pdf

6 https://www.unicef.org/mexico/comunicados-prensa/la-educaci%C3%B3n-de-ni%C3%B1as-ni%C3%B1os-y
-adolescentes-migrantes-un-derecho-impostergable

7 https://www.unicef.org/mexico/inclusioneducativa

8 https://dgair.sep.gob.mx/storage/recursos/CE/normas_29042019.pdf

9 https://www.unicef.org/mexico/inclusioneducativa

10 https://www.unicef.org/mexico/comunicados-prensa/la-educaci%C3%B3n-de-ni%C3%B1as-ni%C3%B1os-y
-adolescentes-migrantes-un-derecho-impostergable

11 https://www.mejoredu.gob.mx/entre-docentes/voces-docentes/como-promover-la-inclusion-educativa
-de-la-ninez-migrante

12 https://www.gob.mx/inm/acciones-y-programas/oficiales-de-proteccion-a-l a-infancia-opi

Consultas adicionales

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños Y Adolescentes:
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de enero de 2025.

Diputada Elizabeth Martínez Álvarez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades en las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la CDMX a promover e implementar políticas y programas para impulsar la economía circular en México, suscrita por la diputada Elizabeth Martínez Álvarez, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, diputada Elizabeth Martínez Álvarez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a la Secretaría de Economía, a la Secretaría de Energía, al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), así como a sus homólogos en las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, a promover e implementar políticas y programas para impulsar la economía circular en México, conforme a los siguientes:

Considerandos

Primero. La economía circular es un modelo económico y ambiental basado en la reducción, reutilización y reciclaje de recursos, con el objetivo de minimizar el impacto ambiental, reducir el consumo de recursos naturales y maximizar el aprovechamiento de los materiales existentes.1

Constituye un modelo de producción y consumo que implica compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y productos existentes todas las veces que sea posible para crear un valor añadido. De esta forma, el ciclo de vida de los productos se extiende de manera mucho más amplia.2

Segundo . En México, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos3 establece el marco normativo para la adecuada gestión de residuos sólidos, sin embargo, es necesario reforzar su aplicación y promover la transición hacia un modelo de economía circular en todos los sectores productivos.

Tercero . La economía circular no sólo tiene beneficios ambientales, sino que también fomenta la innovación y la creación de empleos sostenibles al incentivar el desarrollo de tecnologías limpias, procesos eficientes y modelos de negocio sustentables.

Cuarto. Según el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE),4 México enfrenta importantes desafíos en el manejo de residuos, con una tasa de reciclaje de apenas 9.6 por ciento, lo que indica un área de oportunidad para implementar estrategias que impulsen la economía circular.

Quinto. El Foro Económico Mundial destaca que la economía circular podría generar un ahorro global de hasta un billón de dólares anuales, al reducir el uso de materias primas y fomentar prácticas más sostenibles en la producción y el consumo.5

Sexto. Países como los Países Bajos, Suecia y Japón, han implementado con éxito políticas de economía circular, logrando una mayor eficiencia en el uso de recursos y reduciendo significativamente la generación de residuos, lo que representa un ejemplo para México.6

Séptimo. La transición hacia la economía circular está alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), particularmente el ODS 12, que promueve modalidades de consumo y producción sostenibles, y el ODS 13, enfocado en la acción climática.

Octavo . La implementación de la economía circular en México requiere la colaboración de los sectores público, privado y social, así como la educación y concientización de la ciudadanía sobre los beneficios de este modelo.7

Noveno. Las entidades federativas, los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México tienen un papel fundamental en la gestión de residuos y el diseño de políticas locales para fomentar prácticas de economía circular, especialmente en zonas urbanas con alta generación de desechos.

Las zonas urbanas generan grandes cantidades de residuos sólidos urbanos (RSU). Esto se debe a la actividad diaria de las personas en sus hogares, empresas, oficinas y comercios.

La generación de RSU ha aumentado en los últimos años debido al crecimiento urbano, el desarrollo industrial, las modificaciones tecnológicas y el cambio en los patrones de consumo.

Los RSU están compuestos de diversos materiales, como vidrio, papel y cartón, restos orgánicos, plásticos, textiles, metales, madera y escombros.

Es importante tratar los RSU de manera adecuada para evitar que perjudiquen al medio ambiente.

Décimo. Es necesario impulsar incentivos fiscales y financieros para las empresas que adopten modelos de economía circular, así como fomentar la investigación y desarrollo de tecnologías que permitan mejorar la gestión de materiales y recursos.

Undécimo. La transición hacia un modelo de economía circular en México puede contribuir significativamente a mitigar los efectos del cambio climático, mejorar la calidad de vida de las comunidades y fortalecer la sostenibilidad económica del país.

En virtud de los considerandos anteriores, la suscrita, Elizabeth Martínez Álvarez, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Secretaría de Economía, a la Secretaría de Energía, al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), así como a las autoridades homólogas de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, promuevan e implementen políticas públicas y programas que impulsen la economía circular, priorizando la reducción, reutilización y reciclaje de recursos y materiales.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Secretaría de Economía, a la Secretaría de Energía, al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, así como a las autoridades homólogas de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, establezcan mecanismos de coordinación interinstitucional para fomentar la educación ambiental y la integración de la economía circular en las políticas y prácticas empresariales para lograr un desarrollo sostenible.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Secretaría de Economía, a la Secretaría de Energía, al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, así como a las autoridades homólogas de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, presenten un informe a esta asamblea sobre las acciones y avances logrados en la implementación de políticas de economía circular en sus respectivas competencias en un plazo no mayor a seis meses, contados a partir de que sea recibido el exhorto.

Notas

1 https://www.europarl.europa.eu/topics/es/article/20151201STO05603/economia-circular-definicion
-importancia-y-beneficios#:~:text=La%20econom%C3%ADa%20circular%20es%20un,
El%20modelo%20de%20econom%C3%ADa%20circular.

2 https://www.europarl.europa.eu/topics/es/article/20151201STO05603/economia-circular-definicion
-importancia-y-beneficios#:~:text=La%20econom%C3%ADa%20circular%20es%20un,
El%20modelo%20de%20econom%C3%ADa%20circular.

3 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPGIR.pdf

4 https://www.oecd.org/content/dam/oecd/es/publications/reports/2013/01/oecd-environmental
-performance-reviews-mexico-2013_g1g21170/9789264189188-es.pdf

5 https://foroalc2030.cepal.org/2021/sites/default/files/agenda_spa_regio nallaunch_0.pdf

6 http://data.sedema.cdmx.gob.mx:9000/circular/blog/post/estos-son-los-pa ises-que-mas-apuestan-por-la-economia-circular

7 https://amcham.org.mx/economia-circular-en-mexico-politica-practicas-y-progreso/
#:~:text=Colaboraci%C3%B3n%20P%C3%BAblico%2DPrivada%20y%20Rol,para%20alcanzar%
20objetivos%20ambientales%20comunes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de enero de 2025.

Diputada Elizabeth Martínez Álvarez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Conavim y a sus homólogas en las entidades federativas a diseñar y ejecutar estrategias específicas para las mujeres y niñas de comunidades indígenas y afromexicanas, con enfoque intercultural, que incluya refugios, líneas de atención en lenguas originarias y capacitación para autoridades, para que atiendan la problemática de este sector, suscrita por la diputada Elizabeth Martínez Álvarez, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, diputada Elizabeth Martínez Álvarez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y a sus homólogas en las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas, a diseñar y ejecutar estrategias específicas para las mujeres y niñas1 de comunidades indígenas y afromexicanas, con enfoque intercultural, que incluya refugios, líneas de atención en lenguas originarias y capacitación para autoridades, para que atiendan la problemática de este sector, conforme a los siguientes

Considerandos

Primero. La legislación establecida respecto de los derechos de las mujeres y niñas indígenas y afromexicanas, debe garantizar su plena protección y atención, para ello es necesario conocer las necesidades y problemáticas que existen en el país y en las diferentes actividades en las que se encuentran inmersas.

Nuestro país cuenta con una amplia diversidad cultural y es considerado multiétnico, en razón de los más de sesenta grupos que conforman los pueblos indígenas y afromexicanos.2

Sin embargo, estos grupos sociales no tienen la protección integral, plena y efectiva de sus derechos humanos, pese al reconocimiento jurídico establecido en el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,3 en el que se establecen los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, asegurando su autodeterminación, autonomía y acceso a recursos para su desarrollo. Además de incluir la obligación del Estado de proteger su identidad, cultura, lenguas, usos y costumbres. Por otro lado, cabe mencionar que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, por lo que es recomendable que el exhorto se dirija a dicha dependencia a través de la Comisión Nacional.

Al respecto, la Secretaría de Interculturalidad, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Estado de Oaxaca (SIPCIA), destacó que las mujeres y niñas indígenas y afromexicanas son quienes enfrentan las mayores desigualdades. Resaltó la conexión entre estas desigualdades, la violencia, la pobreza y la negación de acceso a los derechos humanos.4

Segundo. La Encuesta Nacional sobre Discriminación 20225 revela que las mujeres y niñas indígenas y afromexicanas están entre los grupos más afectados por actos de discriminación y racismo, especialmente en instituciones gubernamentales, de seguridad y de procuración de justicia.

Cabe destacar que de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi),6 en la Encuesta 2020, la población total en hogares indígenas era de 11 millones 800 mil 247 personas, lo que equivale a 9.4 por ciento de la población total del país; 51.1 por ciento de la población en hogares indígenas eran mujeres y 48.9 por ciento, hombres. La relación entre hombres y mujeres indicó que había más mujeres que hombres (96 hombres por cada 100 mujeres).

• En México (2023) se estimaron 3.1 millones de personas afrodescendientes por autorreconocimiento: 51.0 por ciento correspondió a mujeres y 49.0 por ciento, a hombres.

• Las entidades federativas con mayor porcentaje de población afrodescendiente fueron: Guerrero (9.5 por ciento), Morelos (4.9 por ciento), Colima (3.9 por ciento) y Quintana Roo (3.9 por ciento).

• 63 de cada 100 personas de 15 años y más, autorreconocidas como afrodescendientes, también se identificaron como indígenas.

• Más de la mitad de la población afrodescendiente (53.2 por ciento) se concentró en 6 entidades: Estado de México (19.2 por ciento), Guerrero (11.0 por ciento), Nuevo León (6.6 por ciento), Chiapas (5.8 por ciento), Jalisco (5.7 por ciento) y Oaxaca (4.9 por ciento).

• Las entidades federativas con mayor porcentaje de población afrodescendiente respecto al total de población por entidad fueron: Guerrero (9.5 por ciento), Morelos (4.9 por ciento), Colima (3.9 por ciento), Quintana Roo (3.9 por ciento) y Oaxaca (3.6 por ciento).

• Por tamaño de localidad, 76.1 por ciento de la población afrodescendiente residía en localidades urbanas y 23.9 por ciento, en rurales.

Tercero. De acuerdo con un informe emitido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la falta de efectividad de los derechos indígenas en México se debe a una combinación de factores históricos y situacionales que, sin una visión intercultural y basada en derechos humanos, alimentan tensiones sociales. La discriminación histórica hacia las personas indígenas y afromexicanas, sumada a las deficiencias estructurales en la administración pública, contribuye a la persistencia de violaciones a sus derechos humanos y colectivos, que se agrava respecto de las mujeres y niñas.7

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV)8 en su artículo 5o., fracción XVI, define la interculturalidad como:

“XIV. Interculturalidad: El enfoque intercultural parte del reconocimiento y respeto de las diferencias culturales existentes, bajo la concepción de que las culturas pueden ser diferentes entre sí pero igualmente válidas, no existiendo culturas superiores ni inferiores. Está orientado a abordar las particularidades de las mujeres de los pueblos indígenas, afrodescendientes y otros grupos étnicos diferenciados y su relación con la sociedad dominante, más allá de la coexistencia de culturas”.

Frecuentemente, las instituciones públicas carecen de herramientas adecuadas para responder a las necesidades de las comunidades indígenas y afromexicanas. Esto incluye la ausencia de intérpretes y defensores públicos familiarizados con sus contextos culturales, la falta de información y acompañamiento durante procesos legales.

En este sentido la LGAMVLV, en su artículo 52 establece que:

Artículo 52. Las víctimas de cualquier tipo de violencia tendrán los derechos siguientes:

Las mujeres y niñas indígenas serán asistidas gratuitamente en todo tiempo por intérpretes y personas defensoras de oficio que tengan conocimiento de su lengua y cultura”.

Además, en la misma ley, el artículo 59 Ter señala que:

“Los centros de justicia para las mujeres facilitarán el acceso a la justicia las 24 horas todos los días del año, y se deberá garantizar que en los servicios que se brinden se cuente con personas intérpretes de lenguas indígenas, así como condiciones de accesibilidad para mujeres con discapacidad, incluidas personas intérpretes de Lengua de Señas Mexicana y asistencia personal en caso de que se requiera”.

Por lo que el presente es un asunto que requiere atención urgente, para brindar el apoyo y la atención a estos grupos de mujeres y niñas a quienes están siendo vulnerados sus derechos.

Cuarto. La violencia contra las mujeres y niñas indígenas y afromexicanas representa un problema grave que afecta múltiples aspectos de la sociedad, como la salud, la vivienda, la educación y el empleo. Ellas enfrentan mayores dificultades debido a la falta de información y, en algunos casos, al desconocimiento, lo que les impide acceder a los recursos y apoyos necesarios para una vida digna dentro de sus comunidades.9

El conocimiento e identificación de los tipos de violencia estructural que sufren las mujeres y niñas indígenas y afromexicanas al estar expuestas a diversas formas de maltrato, como discriminación, abuso psicológico, laboral, familiar y educativo, debido a prejuicios de la sociedad mexicana, impacta de manera negativa y vulnera su seguridad, dignidad y patrimonio.

Las mujeres y niñas afromexicanas e indígenas viven graves desigualdades y obstáculos como el acceso a la educación, pocas oportunidades para acceder al mercado laboral, dificultades geográficas y económicas singulares para tener acceso a servicios de salud y educación, acceso limitado a programas y servicios sociales, tasas elevadas de analfabetismo, escasa participación en el proceso político y marginación social.10

Quinto. La exclusión política, social y económica de las mujeres y niñas contribuye a una situación permanente de discriminación estructural, y las vuelve susceptibles a actos de violencia como resultado del racismo estructural, institucional y sistémico.

Otro de los problemas que puede desarrollar este sector deriva en baja autoestima, insatisfacción personal y rechazo hacia sí mismas, debido a que en sus comunidades las costumbres limitan los derechos de las mujeres, impidiéndoles opinar o inclusive relegándolas al servicio del hogar y del esposo. Esto dificulta que muchas denuncien la violencia por temor a perder su familia, lo que a menudo las conduce a desarrollar trastornos psicológicos, emocionales e incluso conductuales.11

Es importante plantear el objetivo de reforzar las acciones y medidas que garantizan el pleno ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de las mujeres indígenas y afromexicanas, así como su participación plena y equitativa en la sociedad.

Sexto. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), un problema en particular para las mujeres afrodescendientes mexicanas es la invisibilización y falta de representación, además de los estereotipos creados en torno a lo “afro”.12

Estas problemáticas están ligadas a cuestiones estructurales como el racismo y otras formas de discriminación, incluyendo la falta de reconocimiento de la existencia y herencia de los pueblos afrodescendientes en el país.

Por lo que se debe dar reconocimiento basándose en la interculturalidad.

Séptimo. Es de gran relevancia que las mujeres conozcan sus derechos, sobre todo cuando están en condiciones de vulnerabilidad. Dicha importancia se contempla en la LGAMVLV13 en su artículo 41 en la fracción VI, en el que se indica que:

Artículo 41. Son facultades y obligaciones de la Federación:

VI. Asegurar la difusión y promoción de los derechos de las mujeres indígenas con base en el reconocimiento de la composición pluricultural de la nación”.

Para poder resolver el problema de violencia que enfrentan estas mujeres y niñas, deben tener el acceso a la información e identificar cuando se les estén violentando sus derechos, para ello deben poder acudir por apoyo y orientación a refugios, centros o líneas de ayuda, las cuales deben brindar ayuda de acuerdo a sus necesidades.

Octavo. Derivado de lo anterior, es necesaria la creación de estrategias para la erradicación de la violencia contra las mujeres indígenas y afromexicanas, como lo son la apertura de refugios, centros de ayuda y líneas de ayuda.

Estos deben ser de acuerdo al artículo 54 de la LGAMVLV en la fracción 54:

Artículo 54. Corresponde a los refugios, desde la perspectiva de género, interseccionalidad y enfoque diferenciado:

VI. Contar con el personal debidamente capacitado y especializado, en perspectiva de género, derechos humanos, con enfoque diferenciado, intercultural e interseccional”.

Estas instituciones deben adaptarse a las necesidades y ser accesibles, además de promocionar sus servicios de ayuda, apoyo y orientación entre todas las mujeres y niñas, especialmente las indígenas y afromexicanas.

Noveno. En virtud de lo expuesto, una de las principales problemáticas que enfrenta la presente situación, es la respuesta a la violencia que sufren las mujeres y niñas indígenas y afromexicanas en diferentes sectores, lo que les impide tener una vida libre de violencia. Por lo que es necesario que, con el propósito de resolver esta problemática, las mujeres y niñas tengan a dónde acudir, a la vez que las autoridades locales las capaciten para saber cómo actuar e identificar las situaciones de violencia. También se debe capacitar y concientizar a las personas que forman parte de su entorno, para no vulnerar los derechos de este sector de la población, reconocerlos y respetarlos.

Décimo. Analizado lo antes expuesto, sería conveniente atender esta grave omisión, con el objetivo de erradicar la violencia contra las mujeres, diseñando y ejecutando estrategias específicas para las mujeres y niñas de comunidades indígenas y afromexicanas, con enfoque intercultural, que incluya refugios, líneas de atención en lenguas originarias y capacitación para autoridades locales.

En virtud de los considerandos anteriores, la suscrita, Elizabeth Martínez Álvarez, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, a las autoridades competentes de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, diseñen e instrumenten estrategias para garantizar el derecho a una vida libre de violencia de las niñas, adolescentes y mujeres de comunidades indígenas y afromexicanas y, en su caso, el acceso a refugios para víctimas de violencia y a líneas de atención en lenguas originarias; y a cursos de capacitación en la materia para las autoridades locales.

Notas

1 El término “niña”, se utiliza de conformidad al artículo 1º. de la Convención de los Derechos del Niño y del artículo 5º.de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cualquier perdona menor de 18 años de edad.

2 https://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=60067#_ftn2

3 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

4 https://www.oaxaca.gob.mx/comunicacion/visibiliza-sipcia-las-violencias-multiples-que-viven
-mujeres-indigenas-y-afromexicanas/

5 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2023/ENADIS/ ENADIS_Nal22.pdf

6 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2024/EAP_Pe rAfro24.pdf

7 https://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=60067#_ftn2

8 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV.pdf

9 https://www.promocionpoliticadelamujer.mx/documentos/investigaciones/vi olencia-contra-las-mujeres-indigenas.pdf

10 https://www.promocionpoliticadelamujer.mx/documentos/investigaciones/vi olencia-contra-las-mujeres-indigenas.pdf

11 https://www.promocionpoliticadelamujer.mx/documentos/investigaciones/vi olencia-contra-las-mujeres-indigenas.pdf

12 https://mexico.unwomen.org/es/mujeres-afrodescendientes

13 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV.pdf

Consultas adicionales

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

2. Derechos de las Personas Afromexicanas.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/100160/001_afromexicanos.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de enero de 2025.

Diputada Elizabeth Martínez Álvarez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a difundir y promover la adopción de las medidas necesarias para garantizar el derecho a la vivienda digna de todos y todas las personas de la tercera edad, suscrita por la diputada Elizabeth Martínez Álvarez, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, diputada Elizabeth Martínez Álvarez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) y a todas las autoridades homólogas de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, a difundir y promover la adopción de las medidas necesarias para garantizar el derecho a la vivienda digna de todos y todas las personas de la tercera edad, para que atiendan la problemática de este sector, conforme a los siguientes

Considerandos

Primero. La normativa vigente en relación con los derechos de las personas adultas mayores debe asegurar, de manera integral, el acceso a una vivienda digna para este grupo etario. Para lograrlo, resulta imperativo llevar a cabo un profundo entendimiento de las diversas necesidades y problemáticas que atraviesan en las distintas regiones del país, así como en las múltiples actividades y contextos en los que se encuentran involucrados.

El respeto y la garantía de los derechos de las personas adultas mayores son fundamentales para su bienestar integral, pues les permite disfrutar de una vida plena y digna. Este compromiso no sólo favorece su desarrollo individual, sino que también contribuye a la construcción de una sociedad más justa, respetuosa y solidaria con quienes han contribuido a su formación.

Al respecto, el acceso a una vivienda estable para las personas adultas mayores constituye un pilar fundamental para su bienestar físico, emocional y social. Principalmente, la seguridad y estabilidad que proporciona un hogar adecuado no sólo satisface la necesidad básica de resguardo, sino que además favorece la autonomía, un aspecto crucial para esta etapa de la vida; vivir en un entorno fijo y seguro permite a los adultos mayores mantener un sentido de control sobre su rutina diaria, ya que reduce el riesgo de angustia y ansiedad derivado de la incertidumbre y la inestabilidad.

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2023) las viviendas amigables con las personas mayores fomentan el envejecimiento saludable,1 en las cuales se ajustan y optimizan las estructuras físicas y sociales de acuerdo con las necesidades y preferencias conforme se envejece.

El artículo 6 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores2 establece que el Estado debe garantizar las condiciones óptimas de salud, educación, nutrición, vivienda, desarrollo integral y seguridad social a las personas pertenecientes a este sector.

En tal sentido y en concordancia con el derecho a la vivienda digna, las autoridades competentes deberán establecer mecanismos para exhortar a las instituciones correspondientes a concretar créditos accesibles para que este sector poblacional tenga acceso a una vivienda propia.

Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán las medidas necesarias para garantizar estos derechos a todas y todos los adultos mayores sin discriminación de ningún tipo o condición.

Segundo. El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores sostiene que la promoción de viviendas especialmente diseñadas y adaptables para personas adultas mayores representa una inversión de gran relevancia en la construcción de una sociedad más inclusiva y equitativa con las necesidades de todas las generaciones.3

En este mismo artículo, sugiere un listado de características recomendadas para una vivienda de este tipo:

En el área de la cocina:

• Adquirir muebles a la altura de las personas adultas mayores para evitar el uso de banquitos o escaleras.

• Evitar que las asas de las ollas queden fuera de la estufa y se puedan tirar al pasar.

En el área del pasillo:

• Instalar pasamanos a 90 centímetros (cm) del piso redondos y de 5 cm de grosor.

• No extender la construcción con estructuras que impidan el libre desplazamiento.

• En caso de tener escaleras, contar con descansos y barandales de recorrido continuo por ambos lados; 90 cm del piso, redondos y de 5 cm de grosor.

En la recámara:

• Procurar que la altura de la cama sea de 47 a 50 cm.

• Revisar que la altura de los cajones sea adecuada para las personas adultas mayores.

En el baño:

• Instalar pisos antiderrapantes y sin desniveles.

• Instalar regadera con extensión de mano.

• Usar barras de sujeción.

• La altura del inodoro debe quedar entre 47 y 50 cm.

• Evitar superficies vidriadas.

Estas medidas buscan mejorar la accesibilidad y cotidianidad de las personas de la tercera edad, además de prevenir accidentes. Deben ajustarse a las necesidades de las personas que la habitan, independientemente de que tengan una discapacidad o dificultades de la funcionalidad.

Tercero. Según Mauricio Rodríguez, el estudio de los arreglos residenciales adquiere una relevancia sustancial al considerar la interacción compleja entre las estructuras habitacionales y los procesos sociales, demográficos y económicos que las configuran y condicionan.

Estos procesos, desde las dinámicas de desplazamiento poblacional hasta las transformaciones en las estructuras familiares y las condiciones económicas, tienen un impacto directo en la configuración y distribución de los espacios residenciales. Así, muestra la relación entre los cambios en las comunidades y las características de las viviendas en las que viven las personas.

En su texto Arreglos residenciales e ingresos de las personas mayores en México ,4 Mauricio Rodríguez, profesor de la Universidad de las Américas-Puebla, obtuvo los siguientes resultados.

• La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH 2020)5 identificó 35.7 millones de hogares, de los cuales poco más de una cuarta parte (25.3 por ciento) cuenta con la presencia de al menos una de las 11.8 millones de personas de 65 años y más.

• Entre los hogares que cuentan con la presencia de alguna persona mayor, la principal configuración corresponde a hogares en los que también hay presencia de personas de otros grupos de edad, pero también se observan hogares donde se encuentran de manera exclusiva personas mayores o personas que viven solas.

• Entre las personas mayores, la forma más común de residencia es en contextos multigeneracionales en los que habitan dos de cada tres personas de 65 años y más (62 por ciento).

• La segunda forma de residencia corresponde a personas mayores que viven solamente con su pareja también de 65 años y más (18 por ciento).

• El tercer tipo de residencia en importancia relativa corresponde a aquellas personas de 65 años y más que viven solas (13 por ciento).

De los datos expuestos, resalta que el porcentaje de adultos mayores de 65 años que viven solos es mucho menor al de aquellos que viven acompañados: “Destacan los bajos ingresos de las personas mayores que residen en hogares multigeneracionales y ampliados, reforzando la idea de los arreglos residenciales como estrategia para hacer frente a necesidades económicas [...] los hogares unipersonales dependen en gran manera de sus propios ingresos por jubilación o pensión, pero también en mayor medida de transferencias de otros hogares [...]”.

Cuarto. El Programa de Vivienda Social (PVS) constituye una iniciativa emblemática orientada a transformar la realidad habitacional de los sectores más vulnerables de la sociedad. A través de la entrega de subsidios con diseños especiales, busca atender de manera prioritaria a personas y familias que enfrentan condiciones de rezago habitacional, carecen de una vivienda digna y, además, no cuentan con los recursos económicos ni el acceso a mecanismos de financiamiento que les permitan mejorar su calidad de vida.

En este sentido, el PVS desempeña una labor clave como herramienta para garantizar el derecho fundamental a la vivienda, además de que promueve la equidad y el desarrollo integral en comunidades tradicionalmente desfavorecidas.

Según el portal de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), los apoyos económicos que otorga este programa, operan bajo tres esquemas6 :

• Subsidio Conavi cien por ciento. Son apoyos otorgados directamente a la persona beneficiaria, sin asociación a crédito y a subsidio de otra entidad, y serán utilizados –idealmente– para cubrir necesidades de vivienda y atender las condiciones de rezago habitacional de la población prioritaria.

Cofinanciamiento. Implica la combinación de aportaciones de distintas fuentes de recursos para la correcta ejecución de la intervención de vivienda.

Emergente de Vivienda. Contribuye a reactivar las economías locales y la generación de empleo en la industria de la construcción en materia de vivienda.

También, para lograr que todas las personas cuenten con una vivienda adecuada de forma efectiva y organizada, se siguen cinco estrategias:

1) Reducir la falta de vivienda adecuada en las personas más vulnerables, para contribuir a la equidad entre diferentes grupos poblacionales.

2) Ampliar las opciones para otorgar apoyos económicos que respondan a distintas necesidades habitacionales de quienes enfrentan situaciones de vulnerabilidad, ya sea por sus condiciones sociales, riesgos externos o precariedad en su vivienda, promoviendo su bienestar integral.

3) Fortalecer los programas de Producción Social de Vivienda Asistida como parte del desarrollo y consolidación de un sistema que garantice el acceso a una vivienda adecuada.

4) Garantizar la calidad y sustentabilidad de las viviendas, asegurando su funcionalidad, seguridad estructural, accesibilidad y respeto a las características culturales de cada comunidad.

5) Optimizar el uso de recursos y programas de los tres niveles de gobierno para garantizar que la población más desfavorecida obtenga el mayor beneficio posible.

De igual forma, el PVS opera a través de seis modalidades:

a) Adquisición de vivienda

b) Autoproducción

c) Reubicación de vivienda

d) Reconstrucción de vivienda

e) Mejoramiento integral sustentable

f) Mejoramiento de unidades habitacionales.

Este programa representa un pilar fundamental en la promoción de la equidad social al abordar una de las problemáticas más latentes de la sociedad mexicana: la carencia de vivienda adecuada. Al enfocarse en las personas y comunidades en condiciones de mayor vulnerabilidad, disminuye las desigualdades territoriales y poblacionales.

Además, mejora significativamente la calidad de vida de los beneficiarios al garantizar viviendas seguras, habitables y culturalmente adecuadas. Estas acciones impactan directamente en su bienestar físico y emocional, pues fomenta entornos saludables, seguros y propios para el desarrollo individual y familiar.

Quinto. El crédito otorgado por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), constituye un mecanismo de financiamiento dirigido a los trabajadores formales afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con el propósito de adquirir, construir, remodelar o liquidar obligaciones relacionadas con una vivienda. Su operación se respalda en el ahorro acumulado de la persona en la subcuenta de vivienda y las aportaciones realizadas conforme a lo establecido en la ley.

De acuerdo al portal de BBVA México,7 para acceder a este beneficio, el interesado debe cumplir con las siguientes condiciones:

• Estar registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y cotizar activamente.

• Alcanzar el puntaje mínimo requerido en el sistema de evaluación del Infonavit, que considera elementos como antigüedad laboral, nivel salarial, edad y saldo acumulado en la subcuenta de vivienda.

El monto disponible depende de la capacidad económica del solicitante, el saldo en la subcuenta de vivienda, el ingreso mensual y la edad de este. El Instituto también permite acceder a créditos conjuntos, en los cuales los ingresos de dos personas se suman para incrementar la capacidad de financiamiento.

Las amortizaciones del crédito se realizan a través de deducciones automáticas sobre el salario del trabajador, complementadas por las aportaciones patronales correspondientes a 5 por ciento del salario base de cotización. En situaciones de desempleo, el acreditado tiene la posibilidad de efectuar los pagos directamente al Instituto, con el fin de mantener la continuidad en el cumplimiento de sus compromisos financieros.

Desde noviembre de 2023, el Infonavit implementó un programa que permite disminuir la mensualidad de su crédito a personas en situación de jubilación. Este lleva por nombre Apoyo a Jubilados y, según Infobae,8 ha beneficiado a mil 237 personas; de modo que el pago sea el equivalente a 25 por ciento del monto de su pensión mensual, más los seguros y comisiones.

Los requisitos para acceder a este programa, son:

- Ser persona jubilada o pensionada por Cesantía en Edad Avanzada o vejez.

- No estar cotizando ante el IMSS.

- Haber pagado más de 120 mensualidades completas.

Este tercer requisito llama la atención particularmente, puesto que los adultos mayores no siempre gozan de salud financiera impecable; la incapacidad de estos para satisfacer puntualmente las mensualidades correspondientes a sus obligaciones crediticias puede deberse a una drástica reducción de ingresos que suelen experimentar tras su transición a la jubilación.

En virtud de los considerandos anteriores, la suscrita, Elizabeth Martínez Álvarez, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Comisión Nacional de Vivienda, al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple y a todas las autoridades homólogas de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, instrumenten las acciones y estrategias necesarias a efecto de diseñar e implementar un manual y las normas para la construcción y adaptación de viviendas para las personas adultas mayores, de acuerdo a los lineamientos sugeridos por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a que, con el fin de velar por el interés superior de las personas de la tercera edad y su derecho a una vivienda digna, se evalúe la modificación del programa de Infonavit de reducción de mensualidades destinado a los trabajadores jubilados. Esto, con el objeto de establecer criterios más flexibles respecto al requisito de haber cumplido con 120 aportaciones completas.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores para que analice la implementación de un esquema escalonado que permita determinar la reducción proporcional en los pagos mensuales, de acuerdo con el número de aportaciones realizadas, a fin de ampliar el alcance del programa Apoyo a Jubilados y atender, de manera más equitativa, las necesidades económicas de las personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad.

Notas

1 World Health Organization (2023). National programmes for age-friendly cities and communities: a guide. Geneva. Disponible en: https://apps.who.int/iris/handle/10665/366634.

2 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LDPAM.pdf

3 Recuperado de: https://www.gob.mx/inapam/articulos/viviendas-amigables-para-personas-adultas
-mayores?idiom=es#:~:text=Asegurar%20y%20adaptar%20viviendas%20amigables,la%20etapa%
20de%20la%20vejez.&text=El%20dise%C3%B1o%20y%20la%20adaptaci%C3%B3n,necesidades%
20de%20todas%20las%20generaciones.&text=International%20Organization%20For%20
Standaritation%20(2011,/handle/10665/43805.&text=World%20Health%20Organization%20(2023).,/handle/10665/366634.

4 www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/761149/LSDM2022-191-204.pdf

5 https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2020/

6 Recuperado de: https://www.gob.mx/conavi/acciones-y-programas/s177-programa-de-vivienda-social-pvs#
:~:text=Programa%20de%20Vivienda%20Social%20PVS%20S177&text=Programa%20de%20
Vivienda%20Social%20o,acceder%20a%20una%20vivienda%20adecuada

7 https://www.bbva.mx/educacion-financiera/banca-digital/portabilidad-cre dito-infonavit.html

8 https://www.infobae.com/mexico/2024/08/28/este-es-el-programa-que-ayuda -a-jubilados-a-disminuir-la-mensualidad-de-su-credito-infonavit/

Bibliografía y literatura consultada

1. BBVA. (n.d.). Portabilidad de crédito Infonavit. Recuperado de https://www.bbva.mx/educacion-financiera/banca-digital/portabilidad-cre dito-infonavit.html

2. Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI). (n.d.). Programa de Vivienda Social PVS. Recuperado de
https://www.gob.mx/conavi/acciones-y-programas/s177-programa-de-vivienda-social-pvs#:~:text=Programa%20de
%20Vivienda%20Social%20PVS%20S177&text=Programa%20de%20Vivienda%20Social%20o,
acceder%20a%20una%20vivienda%20adecuada

3. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

4. Gaceta UNAM. (2023, diciembre 12). La población anciana, cada vez más sola y sin apoyo económico. Recuperado de https://www.gaceta.unam.mx/la-poblacion-anciana-cada-vez-mas-sola-y-sin -apoyo-economico/

5. Infobae México. (2024, agosto 28). Este es el programa que ayuda a jubilados a disminuir la mensualidad de su crédito Infonavit. Recuperado de https://www.infobae.com/mexico/2024/08/28/este-es-el-programa-que-ayuda -a-jubilados-a-disminuir-la-mensualidad-de-su-credito-infonavit/

6. Infonavit. (n.d.). Infonavit para personas adultas mayores. Recuperado de https://aprenderaenvejecer.tv/legal/infonavit-para-personas-adultas-may ores/

7. Infonavit. (n.d.). Infonavit para personas adultas mayores. Recuperado de https://aprenderaenvejecer.tv/legal/infonavit-para-personas-adultas-may ores/

8. Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM). (n.d.). Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Recuperado de https://www.gob.mx/inapam/documentos/ley-de-los-derechos-de-las-persona s-adultas-mayores#:~:text=6.,Derecho%20a%20la%20asistencia%20social.&text=7.,y%20capacitación%20en%20su%20comunidad

9. Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM). (n.d.). Vivienda digna y sustentable para adultos mayores. Recuperado de https://www.gob.mx/inapam/prensa/vivienda-digna-y-sustentable-para-adul tos-mayores-conavi

10. Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM). (n.d.). Viviendas amigables para personas adultas mayores. Recuperado de https://www.gob.mx/inapam/articulos/viviendas-amigables-para-personas-adultas
-mayores?idiom=es#:~:text=Asegurar%20y%20adaptar%20viviendas%20amigables,la%20etapa
%20de%20la%20vejez.&text=El%20diseño%20y%20la%20adaptación,
necesidades%20de%20todas%20las%20generaciones.&text=International%20Organization%20For%20Standaritation%20

11. Congreso de la Ciudad de México. (2019, junio). MJN_6. Recuperado de https://genero.congresocdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2019/06/MJN_6.pdf

12. Secretaría de Desarrollo Social. (2022). Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Recuperado de https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/761149/LSDM2022-191-204. pdf

13. Créditoaria. (2021, octubre 12). Instituciones de vivienda en México: Cómo funcionan. Recuperado de https://www.blog.creditaria.com.mx/instituciones-de-vivienda-en-mexico- como-funcionan

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de enero de 2025.

Diputada Elizabeth Martínez Álvarez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a establecer los mecanismos de coordinación con las instituciones correspondientes para diagnosticar, prevenir, controlar y, en su caso, erradicar la plaga del GBG, suscrita por el diputado José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado José Guillermo Anaya Llamas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III; y en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

• El gusano barrenador es una infestación provocada por las larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax, que se alimentan del tejido vivo de los mamíferos, y en raras ocasiones de las aves. Las moscas depositan sus huevos en heridas superficiales, y las larvas eclosionan en un periodo de 12 a 24 horas.

• A raíz del reporte de presencia de gusano barrenador del ganado (GBG) Cochliomyia hominivorax en el sur de Nicaragua, a poco más de 700 kilómetros de la frontera de México con Centroamérica, y del incremento de casos en Panamá y Costa Rica, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) emitió medidas preventivas con el objetivo de proteger a la ganadería nacional de esta plaga, ausente en el país desde hace más de 30 años.

• Desde julio de 2023, cuando se presentaron los primeros casos de GBG en Costa Rica, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) reforzó la primera barrera de defensa sanitaria, que comprende la inspección zoosanitaria en 45 aeropuertos internacionales, 24 puertos marítimos y 28 fronteras, así como en 19 puntos de verificación e inspección federal (PVIF).

• Paralelamente, comunicó la alerta sanitaria a todos los eslabones de la cadena productiva y a través de su Dirección General de Salud Animal (DGSA) envió materiales de difusión a 24 mil 452 puntos de contacto, en las 32 entidades federales, que incluyen farmacias veterinarias, rastros, uniones ganaderas, centros de acopio de animales, mercados de animales, asociaciones ganaderas locales, empresas forrajeras y dependencias locales del sector, entre otros.

• Con esta acción de comunicación, el Senasica impulsa la concientización en productores y público en general sobre la importancia de notificar oportunamente cualquier tipo de herida agusanada que detecten en animales de consumo, silvestres, mascotas e incluso en personas.

• Se informó que hasta el momento Panamá ha reportado 11 mil 658 casos positivos de GBG, Costa Rica 300 y Nicaragua 13, de los cuales más de 82 por ciento corresponden a gusaneras en bovinos y 6 por ciento en caninos.

• El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, el 24 de noviembre de 2024, producto de las acciones de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para prevenir el ingreso del gusano barrenador del ganado (GBG) a México, personal interceptó en el Punto de Verificación e Inspección Federal ubicado en Catazajá, Chiapas, un animal que resultó positivo en un cargamento originado fuera del territorio nacional.

• Como medida precautoria, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América (USDA, por sus siglas en inglés) pausó temporalmente la internación de ganado mexicano a su país.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito presentar a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal para que establezca los mecanismos de coordinación con las demás dependencias y entidades de la administración pública federal, los gobiernos de los estados, el Consejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal, las Organizaciones de Productores, la Confederación Nacional Ganadera, Uniones y Asociaciones de Productores, Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios Zootecnistas y con las personas físicas y morales relacionadas con la actividad pecuaria, para que proporcionen a la Senasica todo el apoyo y colaboración técnica y administrativa, la información epizootiológica y productiva, y la información que requiera para diagnosticar, prevenir, controlar y, en su caso, erradicar la plaga del GBG, después de que el pasado 24 de noviembre de 2024 se interceptó en el Punto de Verificación e Inspección Federal ubicado en Catazajá, Chiapas, un animal que resultó positivo al estar infestado por el gusano barrenador del ganado.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal para que establezca los mecanismos de coordinación con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América, para que se quite la medida precautoria que puso temporalmente la internación de ganado mexicano a su país, con el objetivo de que las y los ganaderos mexicanos no sean afectados y pueda arreglarse con la intervención pronta y expedita del Gobierno de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de enero de 2025.

Diputado José Guillermo Anaya Llamas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal, en coordinación con la Ssa y la SEP, a realizar campañas de concientización de lo que es la salud mental y su importancia, con el propósito de diagnosticar, prevenir, e identificar en los niños, niñas y adolescentes, suscrita por el diputado José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado José Guillermo Anaya Llamas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

• La salud mental y el bienestar son imprescindibles para que todos llevemos una vida satisfactoria, alcancemos nuestro máximo potencial, participemos de forma constructiva en nuestras comunidades y superemos el estrés y las adversidades. Además, los servicios de salud mental son un componente esencial del sistema de salud y de la cobertura sanitaria universal.

• La salud mental como lo establece el artículo 72 de la Ley General de Salud, que a la letra dice:

Artículo 72. La salud mental y la prevención de las adicciones tendrán carácter prioritario dentro de las políticas de salud y deberán brindarse conforme a lo establecido en la Constitución y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. El Estado garantizará el acceso universal, igualitario y equitativo a la atención de la salud mental y de las adicciones a las personas en el territorio nacional.

...

Para los efectos de esta Ley, se entiende por salud mental un estado de bienestar físico, mental, emocional y social determinado por la interacción del individuo con la sociedad y vinculado al ejercicio pleno de los derechos humanos; y por adicción a la enfermedad física y psico-emocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación .

• Como lo maneja la Fundación Proyecto Maniapure. La salud mental es un componente fundamental de nuestro bienestar general que abarca nuestro estado emocional, psicológico y social. Se refiere a la manera en que pensamos, sentimos y nos comportamos en respuesta a las diferentes situaciones de la vida. En otras palabras, la salud mental afecta la forma en que manejamos el estrés, nos relacionamos con los demás, tomamos decisiones y enfrentamos los desafíos cotidianos.

Contrariamente a lo que algunas personas podrían creer, la salud mental no se limita a la ausencia de trastornos mentales. Si bien la ausencia de condiciones como la depresión, la ansiedad o la esquizofrenia es importante, la salud mental también implica tener habilidades de afrontamiento efectivas, relaciones interpersonales saludables y un sentido de bienestar emocional y psicológico.

• La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su Plan de Acción Integral sobre la Salud Mental 2013-2030, actualizado, que fue refrendado por la 74 Asamblea Mundial de la Salud en su decisión WHA74(14).

El plan sigue insistiendo en la necesidad de adoptar un enfoque que abarque toda la vida y en aplicar medidas para promover la salud mental y el bienestar de todos, prevenir los problemas de salud mental entre las personas de riesgo y garantizar la cobertura universal de la atención a la salud mental.

Es por lo anterior que la salud mental es fundamental para que nuestros niños y jóvenes tengan capacidad de pensar, sentir, aprender, trabajar, establecer relaciones significativas y contribuir al mundo, de forma natural y sana.

La salud mental significa algo más que la ausencia de trastornos mentales. Es una parte importante y la base de la salud y el bienestar general de todos, por lo que es muy importante que desde la infancia se trabaje en esta.

A lo largo de su vida, los niños, niñas, adolescentes y los jóvenes experimentan diferentes niveles de salud mental y bienestar positivos. 1 de cada 10 de ellos también experimentará un trastorno de salud mental. Lamentablemente, la mayoría nunca recibe la atención que necesita.

Los niños, niñas y adolescentes deben de ser una prioridad para todos los gobiernos sean del color que sean, debe de ser un tema prioritario de salud pública, de una manera integral. Es importante conocer y dar a conocer cuáles son sus derechos, como el de tener una salud mental y saber que es.

La salud mental está ligada al bienestar y desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, se erige como una preocupación de máxima relevancia que exige una atención sumamente cuidadosa y comprensiva.

Los cuidados básicos y servicios de salud deben de ser preventivos, teniendo todas las herramientas para la detección temprana de posibles problemas de salud, y salud mental con el objetivo de crear un futuro más pleno y equitativo para toda nuestra juventud. Al mismo tiempo, la atención a la salud mental desempeña un papel crucial para la prevención en las futuras generaciones en todo lo relacionado con las emociones y salud mental.

• En el decimotercer Programa General de Trabajo de la OMS se destaca la necesidad de intensificar las actividades de promoción de la salud mental, queda mucho por hacer para que todas las personas disfruten del mayor nivel posible de salud mental y de bienestar. Es preciso adoptar medidas para solventar décadas de desatención y desarrollo insuficiente de los servicios y sistemas de salud mental, de vulneración de los derechos humanos y de discriminación de las personas con trastornos mentales y discapacidades psicosociales.

Las futuras generaciones deben contar con las herramientas con el objetivo principal mitigar el impacto psicológico adverso de las emergencias y promover la resiliencia emocional en aquellos que están involucrados.

Esto se logra a través de una serie de medidas, que pueden incluir a nivel nacional:

Capacitación en primeros auxilios psicológicos: proporcionar habilidades básicas para brindar apoyo emocional inmediato a las personas afectadas por la emergencia, en todos los centros de salud y en las instituciones educativas de todos los niveles ya sean públicas o privadas.

Apoyo psicológico continuo: ofrecer asistencia emocional a largo plazo para aquellos que lo necesiten, ya sea a través de servicios de asesoramiento, grupos de apoyo o intervenciones psicológicas especializadas, en todos los centros de salud y en las instituciones educativas de todos los niveles ya sean públicas o privadas.

Monitoreo del bienestar emocional: establecer sistemas para identificar y abordar los signos de estrés, ansiedad o trauma en todos los centros de salud y en las instituciones educativas de todos los niveles ya sean públicas o privadas.

Autocuidado: promover la importancia del autocuidado entre los niños, niñas y adolescentes, brindándoles herramientas y recursos para manejar el estrés y prevenir el agotamiento emocional.

La protección y prevención de la salud mental son derechos de niñas, niños y adolescentes constituye la piedra angular para asegurar el interés superior de esta población vulnerable.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito presentar a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública, se realicen campañas de concientización de lo que es la salud mental y su importancia, con el propósito de diagnosticar, prevenir, e identificar en las niñas, niños y adolescentes posibles problemas de salud mental.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Ejecutivo federal para que, a través del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, implemente campañas dirigidas a los padres de familia y a todas las niñas, niños y adolescentes a efecto de proporcionarles la información suficiente para identificar y reaccionar ante situaciones de estrés y ansiedad, así como la localización de las instituciones de salud a las que pueden acudir para su atención.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Ejecutivo federal para que, en coordinación con los gobiernos estatales, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, destinen los recursos necesarios a efecto de instrumentar políticas públicas dirigidas a la prevención, atención y solución de los problemas de salud mental entre la población.

Palacio Legislativo de San Lázaro,a 8 de enero de 2025.

Diputado José Guillermo Anaya Llamas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP y a la Sectur a otorgar un estímulo fiscal del 100 por ciento a los pasajeros extranjeros que ingresen a territorio nacional vía marítima que deban cubrir el pago del derecho por la recepción, estudio de la solicitud y, en su caso, la expedición del documento migratorio que acredita la condición de estancia de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, suscrita por el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

Héctor Saúl Téllez Hernández, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta asamblea proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes

Consideraciones

El turismo es un sector relevante y preponderante para la economía de México. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), este sector aporta 8.6 por ciento al producto interno bruto (PIB) nacional, lo que representa un valor de 2.5 billones de pesos.1 En 2020, justo durante la etapa de pandemia, la aportación al PIB nacional era de 6.9 por ciento, lo que es indicativo de su paulatina recuperación y todo lo que implica esto en materia de generación de inversión, empleo y consumo interno.

Comparado con el año 2022, el sector ha crecido 4.4 por ciento, lo que significa que las actividades turísticas generaron 2.8 millones de puestos de trabajo ocupados remunerados (7.2 por ciento del total nacional). Para tener una referencia de lo que representa este crecimiento, el PIB nacional creció 3.2 por ciento.2

Inegi también señala que las principales actividades del PIB del turismo fueron: servicios de alojamiento para visitantes, transporte de pasajeros y servicio de los restaurantes, bares y centros nocturnos que aportaron ingresos por 538 mil millones de pesos (mdp), 490 mil mdp y 405 mil mdp respectivamente.

Cabe resaltar que otras áreas que aportaron a la consolidación del sector durante 2023 fueron el comercio turístico, así como los servicios deportivos y recreativos y las agencias de viaje.

De acuerdo con los motivos de viaje, el ingreso de turistas se distribuyó en viajes de negocios con 5.6 por ciento; vacaciones con 29.4 por ciento; otros motivos de viaje con 41.2 por ciento; excursionistas con 12.1 por ciento, y gastos previos con 11.7 por ciento.

Para el turismo procedente del resto del mundo, el gasto por vacaciones representó 78.3 por ciento, mientras que bajo el concepto de “otros motivos de viaje” contribuyó con 13.5 por ciento; excursionistas, con 5.5 por ciento, y motivos de negocios, con 2.7 por ciento.

Por su parte, la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación, al mes de septiembre de 2024, por condición de estancia migratoria, registró un total de 5.1 millones de personas visitantes extranjeros en crucero y 1.9 por tripulación marítima, es decir, 7 millones de extranjeros no residentes en México, visitaron el país y generaron una derrama económica por diversas actividades vinculadas al turismo.

Según Inegi de enero a octubre de 2024, el ingreso de divisas por turistas en crucero ascendió a 666.1 millones de dólares, un crecimiento a tasa anual de 11.4 por ciento. Esto representa 2.5 dólares de cada 100 del total de divisas turísticas captadas en ese lapso.3

A pesar de que los datos anteriores nos muestran un panorama general de la relevancia del sector, el pasado mes de diciembre, en el contexto de la entrega, análisis y revisión del Paquete Económico 2025, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sometió a la consideración del Congreso de la Unión, diversas modificaciones a la Ley Federal de Derechos que afectan la dinámica del turismo internacional que se desarrolla en el país.

Dos de ellas fueron las propuestas de reformar el artículo 8o., fracción I, para aumentar de 717 pesos a 860 pesos el cobro de derecho de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas y eliminar el supuesto de exención a que se refiere el inciso b), fracción II del artículo 11 sobre el pago del derecho por parte de los pasajeros o miembros de la tripulación a bordo de buques de crucero en travesía internacional, que desembarquen para visitar el país en los puertos mexicanos que formen parte de su travesía turística y embarquen en el mismo buque para continuar su viaje, siempre y cuando no excedan de veintiún días, contados a partir del primer arribo a territorio nacional con vigencia a partir del 1 de enero de 2025.

La propuesta fue avalada en la Cámara de Diputados por el grupo parlamentario de mayoría de Morena y sus aliados, así como de la propia Comisión de Hacienda y Crédito Público bajo el argumento de que su eliminación “optimizaría la captación de recursos para la mejora en la prestación de los servicios migratorios”. De igual forma, la Cámara de Senadores aprobó la reforma.

Entre los argumentos expuestos por el Gobierno federal para su eliminación, fue que se trata de “una modalidad de viajes que ha crecido al fervor del fenómeno turístico y que sólo se vincula a la experiencia de ocio a bordo del buque”. Pero nada más alejado de la realidad si tomamos en cuenta los datos expuestos recientemente por Inegi sobre la derrama económica que genera el sector turístico en el país, además de que en la propia exposición de motivos de la reforma a la LFD el gobierno se contradice al afirmar que con la llegada de turistas extranjeros mediante vía marítima a bordo de buques de crucero, existe la posibilidad de que éstos también realicen rutas de carácter histórico y lúdico en los lugares de mayor atractivo turístico en cada una de las escalas del trayecto que realizan.

Algunas proyecciones del impacto de esta reforma estiman que el cobro de derechos por el concepto ya expresado, representa un cargo adicional de 42 dólares (860 pesos mexicanos además de los otros impuestos y tarifas que los pasajeros ya deben pagar para visitar los puertos del país); esto significa un incremento de 213 por ciento el impuesto que pagan los turistas y que potencialmente deja a los puertos caribeños mexicanos, fuera de competencia con otros puertos de otras partes del mundo.

Algunos puertos afectados son Cozumel, Playa del Carmen, Cancún, la Costa Maya, Puerto Vallarta, Mazatlán y Cabo San Lucas.

La propuesta de reforma no ha pasado desapercibida por organismos como Concanaco-Servytur, advirtieron que el cobro podría desincentivar la llegada de cruceros, favoreciendo destinos alternativos en el Caribe y Centroamérica.

Asimismo, la Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe (FCCA por sus siglas en inglés) que agrupa a un total de 23 empresas y que además de expresar su decepción por las acciones tomadas por el Gobierno federal, también mostraron su preocupación por la falta de consulta del gobierno con la industria de cruceros, lo que los ha llevado a evaluar la posibilidad de cambiar los itinerarios de visita al país.

Desde el mes pasado, esta y otras asociaciones ya destacaban la necesidad de un diálogo y colaboración para mantener una asociación (Gobierno federal-empresas) que beneficiara a ambas partes y que promoviera el crecimiento compartido y los programas económicos sostenibles.

Sin embargo, justo durante el debate de la reforma, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, no respondió a los llamados de reunión de las empresas cruceristas que conformaron una delegación de cuatro de sus directores generales para entablar negociaciones con el Gobierno mexicano.

Su respuesta, en cambio, fue la indiferencia y la irresponsabilidad para frenar una propuesta de reforma a la LFD que de origen estuvo mal planteada: se priorizó la recaudación de impuestos antes que el beneficio del sector turístico y de mayores ingresos a las finanzas públicas por la promoción del turismo por otras vías que no fueran tan agresivas como la citada reforma.

Entre los efectos de la reforma, dicha asociación señala las siguientes:

• Un impacto en los bolsillos de más de 10 millones de pasajeros de cruceros que planean visitar México en 2025.

• Caída en la demanda de los consumidores por itinerarios más caros, lo que lleva a menos turistas de cruceros que gastan dólares durante sus vacaciones en el país.

• Un impacto económico del turismo de cruceros que representa aproximadamente mil millones de dólares (más de 20 mil millones de pesos mexicanos) en gasto directo, más de 20 mil empleos y más de 200 millones de dólares (más de 4 mil millones de pesos mexicanos) en salarios anualmente.

• Implicaciones directas en los ingresos de las personas, comunidades y empresas que se vinculan al sector y cuyo sustento dependen del turismo de crucero y

• La mayoría de los cruceros de 2025 ya están reservados y pagados, y las compañías de cruceros no están dispuestas a obligar a sus clientes a visitar destinos en los que inesperadamente tendrán que hacer frente a nuevas e importantes cargas fiscales decretadas abruptamente por el gobierno.

Reconociendo tardíamente las consecuencias de la tóxica reforma a la LFD y que daña al sector turístico y la presión que realizaron las citadas asociaciones, el pasado 31 de diciembre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que se indican en materia de derechos por servicios migratorios. Dicho de otra manera, se retrasa por seis meses (de enero a junio) la aplicación del citado impuesto (estímulo del 100 por ciento del pago de derecho) a los pasajeros de cruceros que arriben a los puertos mexicanos4 y que a partir del 1 de julio del año en curso, comience su vigencia.

Si bien esta respuesta es un avance en la protección del sector turístico, parece insuficiente de cara a la situación económica que priva en el país durante los últimos años, ya que el crecimiento económico por debajo de las metas establecidas, no han permitido generar ni la inversión ni los empleos suficientes para trasladar a un mejor estadio de vida a las y los mexicanos.

Por lo tanto, una manera de proteger de las consecuencias que traen consigo las malas decisiones de política económica y política pública aplicadas por el Gobierno federal, sería que este plazo de exención del pago del impuesto, sea por lo menos de un año, para que las empresas vinculadas al turismo de crucero, así como las comunidades y las personas que dependen de dicha actividad, tomen las previsiones que correspondan ante la eventual afectación que se prevé a partir del siguiente año, pues aunque la medida se aplaza, esto no significa que la reforma deje de tener el impacto previsto a partir del segundo semestre del año.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que durante todo el ejercicio fiscal 2025, se otorgue un estímulo fiscal del cien por ciento a los pasajeros extranjeros que ingresen a territorio nacional vía marítima a bordo de buques de crucero que deban cubrir el pago del derecho por la recepción, estudio de la solicitud y, en su caso, la expedición del documento migratorio que acredita la condición de estancia de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, a que hace referencia el artículo 8o., fracción I, de la Ley Federal de Derechos.

Notas

1 INEGI (18 de diciembre de 2024). Cuenta Satélite del Turismo en México (CSTM) 2023. Comunicado de presenta número 797/24. Para consulta amplia, en https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2024/CSTM/CS TM2023.pdf.

2 Ibídem.

3 Tomado de https://planoinformativo.com/1047470/frenan-por-6-meses-impuesto-a-cruc eros

4 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5746530&fecha=31/12/ 2024#gsc.tab=0

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de enero de 2025.

Diputado Héctor Saúl Téllez Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a entregar un informe a esta soberanía y comunicar a la opinión pública sobre la situación operativa, presupuestal y financiera de la aerolínea Mexicana de Aviación, así como el estado que guarda el pago de arrendamiento de aviones actuales que se encuentran en operación y la adquisición de 20 Aviones Embraer e195-e2, y la afectación de usuarios por la cancelación de rutas, suscrita por el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Héctor Saúl Téllez Hernández, diputado a la LXVI Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de conformidad con lo establecido en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo federal a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos, Olmeca-Maya-Mexica, SA de CV, para que entreguen un informe a esta soberanía y comuniquen a la opinión pública sobre la situación operativa, presupuestal y financiera de la Aerolínea Mexicana de Aviación, desde que dio inicio operaciones en 2023; así como el estado que guarda el pago de arrendamiento de aviones actuales que se encuentran en operación y la adquisición de 20 aviones Embraer E195-E2, con pagos escalonados hasta 2027 y la afectación de usuarios por la cancelación de rutas, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Mexicana de Aviación, una marca emblema de la aviación mexicana, fue adquirida por el Gobierno federal en 2023 como parte de un ambicioso proyecto para reactivar la industria aérea bajo control estatal. Una aerolínea que nació sin un plan de negocios y de la ocurrencia del titular del Ejecutivo federal del anterior gobierno, más con la idea de hacer viable el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) que presentaba severos cuestionamientos sobre su rentabilidad y operación.

La reactivación de Mexicana de Aviación ha requerido una inversión considerable del Gobierno federal. En agosto de 2023, se adquirió la marca por un monto de 815 millones de pesos, beneficiando a más de 7 mil 400 trabajadores y jubilados. Además, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) asignó 4 mil millones de pesos para el relanzamiento inicial, incluyendo gastos de arrendamiento de aviones, mantenimiento, combustible, y equipamiento.

En 2024, el presupuesto asignado ascendía a 8 mil 340 millones de pesos, destinado principalmente a gastos operativos y servicios personales. Para 2025, el presupuesto propuesto es de 19.7 millones de pesos, lo que representa una significativa disminución. Asimismo, se proyectó una inversión de 750 millones de dólares para la compra de 20 aviones Embraer E195-E2, con pagos escalonados hasta 2027.1

En resumen, el costo total de la aerolínea Mexicana de Aviación es:

• Compra de la marca: 815 millones de pesos.

• Inversión inicial (2023): 4 mil millones de pesos.

• Presupuesto asignado (2024): 8 mil 340 millones de pesos.2

• Presupuesto propuesto (2025): 19 millones 685 mil 179 pesos.

• Pagos por aviones en 2024: 80.25 millones de dólares (aproximadamente mil 653.15 millones de pesos, considerando un tipo de cambio de 20.6 pesos por dólar determinado por Banxico).3

• Pagos por aviones en 2025: 211.87 millones de dólares (aproximadamente 4 mil 364.5 millones de pesos, con un tipo de cambio de 20.6 determinado por Banxico).4

Sumando estos montos, la inversión total estimada en la reactivación y operación de Mexicana de Aviación asciende a aproximadamente 19 mil 192.3 millones de pesos considerando hasta 2025.

Es importante destacar que, a pesar de esta considerable inversión, la aerolínea ha enfrentado desafíos financieros significativos, reportando pérdidas acumuladas de más de 932 millones de pesos en los primeros nueve meses de operación. Cobra relevancia que los ingresos generados que recibe la aerolínea estatal sólo cubren 20 por ciento de sus costos operativos.5 Estas cifras reflejan una desconexión entre la magnitud de la inversión y los resultados obtenidos, poniendo en duda la viabilidad financiera del proyecto.

Un punto a destacar es que el Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos, Olmeca-Maya-Mexica, SA de CV, Empresa de Participación Estatal Mayoritaria perteneciente a la Sedena, que es quien opera a la aerolínea Mexicana de Aviación, a la que se le aprobaron en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2025, un total de 2 mil 275.5 millones de pesos, que no se desglosan a detalle, esto nos deja ver que en el caso de que la aerolínea estatal no pueda dar cumplimiento a sus obligaciones, derivado de las pérdidas operativas y financieras recurrentes, seguramente se fondeará con los recursos asignados a dicho grupo.6 No podemos dejar de mencionar que la opacidad y la falta de transparencia y de rendición de cuentas, es lo que etiqueta a la Sedena.

Operativamente en 2024, Mexicana realizó 7 mil 217 vuelos y transportó 382 mil pasajeros, representando solo 0.4 por ciento del mercado nacional, con una ocupación promedio de entre 55 y 60 por ciento, muy por debajo del estándar de la industria que fue de 75 a 85 por ciento.7 La limitada participación de mercado y la baja ocupación reflejan la incapacidad de la aerolínea para competir con empresas consolidadas como Volaris, Viva Aerobús y Aeroméxico, que cuentan con economías de escala, flotas modernas y bases de clientes leales.

La integración vertical de la aerolínea estatal Mexicana de Aviación y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ambos gestionados por la Sedena, también planteaba riesgos significativos. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), hoy extinta, en su momento advirtieron sobre el impacto de esta estructura en la libre competencia, señalando que el control estatal puede derivar en subsidios cruzados, manipular tarifas aeroportuarias y limitar la participación de competidores.8 Sin embargo, Mexicana de Aviación no ha generado certeza en los usuarios, dado que la aerolínea ha mostrado una baja participación de pasajeros transportados.

La delegación de la gestión a la Sedena también ha sido objeto de críticas. Aunque las fuerzas armadas tienen experiencia en logística, operar una aerolínea comercial requiere una alta especialización en negocios, sobre todo en áreas como optimización de rutas, marketing y gestión de ingresos. La falta de avances en estas áreas ha limitado el desempeño de Mexicana y se cuestiona la eficacia de este modelo de gestión estatal.

La falta de previsión financiera y operativa, sumada a una estrategia deficiente, ha resultado en costos elevados, bajas tasas de ocupación y una limitada participación de mercado. La compra de 20 aviones Embraer E2, por un monto de 750 millones de dólares, parece desproporcionada ante la escasa competitividad de la aerolínea ante los números rojos que presenta.

A partir del 6 de enero de 2025, Mexicana de Aviación anunció la suspensión de ocho de sus 17 rutas, afectando destinos como Acapulco, Campeche, Guadalajara, Ixtapa, Nuevo Laredo, Puerto Vallarta, Uruapan y Villahermosa. La aerolínea se comprometió a reembolsar a los pasajeros afectados o a ofrecer cambios de fecha y ruta.9

El anuncio de la suspensión de ocho de las 17 rutas en enero de 2025 expone otro desafío crítico: la baja ocupación y la falta de demanda en destinos clave están afectando la operación de la aerolínea. Esta decisión no sólo afecta la percepción pública de la aerolínea, sino también a miles de usuarios, quienes enfrentan cancelaciones y cambios en sus itinerarios.

Aunque se ha señalado que se ofrecerán reembolsos y alternativas, estos inconvenientes erosionan la confianza de los consumidores en una aerolínea que no ha podido consolidar su marca. Sin embargo, el Gobierno federal no ha dado los argumentos oficiales de la cancelación y el impacto económico de la medida, que sólo genera desconfianza en los ciudadanos por tal decisión. Sólo se ha mencionado por el Gobierno federal que presentarán un Plan Maestro para 2025 que de seguro será para salvar a la aerolínea estatal del alto costo que nos representa a los mexicanos.

Mexicana de Aviación enfrenta un futuro incierto. Aunque el respaldo financiero del gobierno ha permitido su reactivación, los resultados obtenidos hasta ahora reflejan un proyecto mal planificado, con problemas financieros significativos y una falta de dirección estratégica. Sin cambios profundos en su modelo de gestión y operación, la continuidad de la aerolínea podría estar en peligro, lo que representaría una carga fiscal adicional para el Gobierno federal y una pérdida para los contribuyentes mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo federal a través de las Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos, Olmeca-Maya-Mexica, SA de CV, para que entreguen un informe integral a esta soberanía y comuniquen a la opinión pública sobre la situación operativa, presupuestal y financiera de la Aerolínea Mexicana de Aviación, desde que dio inicio operaciones en 2023; así como el estado que guarda el pago de arrendamiento de aviones actuales que se encuentran en operación y la compra de 20 aviones Embraer E195-E2, con pagos escalonados hasta 2027.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo federal, a través de las Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos, Olmeca-Maya-Mexica, SA de CV, para que entreguen un informe detallado a esta soberanía y comuniquen a la opinión pública sobre los argumentos técnicos y estratégicos para suspender rutas, el número de pasajeros afectados, el monto económico de la afectación y el resarcimiento de los derechos de los pasajeros por eliminar operaciones en rutas canceladas.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo federal, a través de las Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos, Olmeca-Maya-Mexica, SA de CV, para que informen y envíen a la brevedad a esta soberanía el Plan Maestro de la Aerolínea Mexicana de Aviación anunciado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Notas

1 https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2024/6/7/
mexicana-de-aviacion-cuanto-costaran-los-nuevos-aviones-610502.html?

2 S.H.C.P.

3 https://www.informador.mx/economia/Mexicana-de-Aviacion-Inversion-de-nu evos-aviones-costara-750-mdd-20240607-0133.html

4 https://www.proceso.com.mx/nacional/2024/6/7/
mexicana-de-aviacion-compra-20-aeronaves-por-750-millones-de-dolares-330597.html

5 ttps://www.eluniversal.com.mx/nacion/mexicana-le-inyectan-6-mil-mdp-y-p ide-tres-veces-mas/?

6 https://www.ppef.hacienda.gob.mx/es/PPEF2025/ramo07-III

7 https://losreporteros.mx/mexicana-de-aviacion-cierra-2024-con-mas-de-382-mil-pasajeros
-transportados-y-ofreciendo-tarifas-20-mas-bajas-que-otras-aerolineas/

8 https://centrocompetencia.com/mexico-posible-integracion-vertical-merca do-aereo/

9 https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2025/01/06/por-que-mexicana-de -aviacion-cerro-8-rutas-claudia-sheinbaum-explica-motivos/?

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de enero de 2025.

Diputado Héctor Saúl Téllez Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a instrumentar en el marco del programa Héroes Paisano, las estrategias y acciones inmediatas y eficaces para garantizar la seguridad y dignidad de los migrantes que regresan a México, especialmente en esta temporada decembrina, a cargo del diputado Luis Enrique García López, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Luis Enrique García López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Gobernación y, a los titulares del Instituto Nacional de Migración, de la Guardia Nacional y a las autoridades competentes para que, en el marco del programa Héroes Paisano, instrumenten las estrategias y acciones inmediatas y eficaces para garantizar la seguridad y dignidad de los migrantes que regresan a México, especialmente en esta temporada de decembrina.

Consideraciones

La temporada decembrina representa un momento único para miles de mexicanos que residen en el extranjero, quienes regresan a México con la ilusión de reunirse con sus seres queridos. Sin embargo, este retorno, que debería ser motivo de alegría, frecuentemente se ve empañado por prácticas de abuso y corrupción, principalmente de las autoridades encargadas de garantizar su seguridad.

El programa Héroes Paisano busca mitigar estos riesgos, asegurando que los migrantes transiten de manera segura y respetando sus derechos humanos.1 Sin embargo, múltiples denuncias apuntan a que la vulnerabilidad de los paisanos se ha convertido en un terreno fértil para la extorsión.

En ciudades fronterizas como Reynosa y Matamoros, viajeros han reportado casos de agentes de la Guardia Nacional que exigen sobornos de hasta mil 100 dólares, incluso confiscando pertenencias legales bajo amenazas de decomiso. Así como Aguascalientes, en donde las autoridades también han sido señaladas por prácticas similares, obligando a los migrantes a pagar para evitar inspecciones arbitrarias o, peor aún, el decomiso de bienes y regalos destinados a sus familias.2

El impacto de estas malas prácticas trasciende lo moral y se extiende al ámbito económico. Las remesas enviadas por nuestros connacionales en 2023 superaron los 58 mil millones de dólares, consolidándose como una de las principales fuentes de ingreso para México y un pilar fundamental para millones de familias. En estados como Aguascalientes, donde las remesas representan un recurso crucial, estas aportaciones son esenciales para la sociedad y el desarrollo económico local.3

A pesar de su importancia, los migrantes no reciben la protección adecuada por parte del gobierno. En lugar de ser valorados y protegidos, enfrentan escenarios de inseguridad que los obligan a buscar alternativas más costosas, como el transporte aéreo, para evitar los riesgos inherentes al tránsito terrestre. Esta falta de atención no sólo vulnera sus derechos, sino que también impone cargas adicionales que dificultan su capacidad para reunirse con sus familias y contribuir al desarrollo de sus comunidades.

Además, la falta de transparencia en casos de extorsión es alarmante, donde las autoridades han negado el acceso a grabaciones de vigilancia bajo el argumento de seguridad nacional, dificultando la investigación y perpetuando la impunidad. Este tipo de respuestas subrayan la necesidad urgente de medidas más efectivas, como la instalación de cámaras públicas en puntos críticos y la creación de mecanismos de denuncia accesibles y confiables.4

Proteger a los migrantes y garantizar su seguridad no sólo es una obligación moral y legal, sino también una estrategia esencial para reconocer y valorar su contribución al desarrollo económico y social del país. Ignorar sus necesidades es darle la espalda a quienes, con su esfuerzo, sostienen el sustento de miles de familias mexicanas, pues, México debe estar a la altura de los retos que enfrentan sus comunidades migrantes, garantizando su seguridad y dignidad en cada paso de su camino.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Gobernación y a los titulares del Instituto Nacional de Migración, de la Guardia Nacional y a las autoridades competentes para que, en el marco del programa Héroes Paisano, instrumenten las estrategias y acciones inmediatas y eficaces para garantizar la seguridad y dignidad de los migrantes que regresan a México, especialmente en esta temporada decembrina.

Notas

1 Instituto Nacional de Migración. (s/f). Programa Héroes Paisanos. gob.mx. Recuperado el 7 de diciembre de 2024, de https://www.gob.mx/inm/acciones-y-programas/programa-heroes-paisanos

2 Reforma, A. (2023, julio 16). Denuncian paisanos extorsión de la Guardia Nacional. El Heraldo de Aguascalientes. https://www.heraldo.mx/denuncian-paisanos-extorsion-de-la-guardia-nacio nal/

3 Ruiz-Healy, E. (2024, diciembre 4). La baja en las remesas puede generar más problemas. El Economista. https://www.eleconomista.com.mx/opinion/baja-remesas-generar-problemas- 20241204-736845.html

4 Teresa. (2024, diciembre 4). Operativo Héroes Paisanos 2024, con más seguridad a visitantes. Express Zacatecas. https://www.expresszacatecas.com/seguridad/68676-operativo-heroes-paisa nos-2024-con-mas-seguridad-a-visitantes-dma

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de enero de 2025.

Diputado Luis Enrique García López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a realizar una auditoría técnica combinada de cumplimiento y desempeño e independiente, así como la separación del cargo de los servidores públicos que tuvieron competencia y decisión, tanto para la asignación de la concesión, como en la ejecución, supervisión y entrega del contrato de servicios a la empresa Productos Hospitalarios, SA de CV, filial de la empresa PiSA Farmacéutica, a cargo de la diputada Martha Amalia Moya Bastón, del Grupo Parlamentario del PAN

Martha Amalia Moya Bastón, diputada integrante de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59, 60 y demás relativos del Reglamento Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, presenta proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente

Exposición de Motivos

1. Klebsiella , Enterobacter y Serratia son bacterias ramnegativas estrechamente relacionadas entre sí, que en algunos casos provocan infecciones de las vías urinarias o el aparato respiratorio en pacientes que se encuentran en hospitales o en centros sanitarios de larga estancia.

Estas bacterias residen en el intestino de muchas personas sanas, causando raras veces infección. Las infecciones con dichas bacterias suelen adquirirse en hospitales y centros de atención de largo plazo. Por lo general se producen en personas cuya resistencia a la infección está debilitada y/o llevan un dispositivo médico (como catéteres, drenajes y tubos de las vías respiratorias) en su cuerpo.

Estas bacterias pueden infectar distintas zonas del cuerpo:

• Vías urinarias o respiratorias (causando neumonía, infecciones vesicales o infecciones renales) y

• Los catéteres introducidos en una vena (catéter intravenoso), que sirven para administrar medicamentos o sueros.1

Las infecciones por la bacteria Klebsiella son un problema de salud pública muy importante, principalmente en el ámbito hospitalario, debido a su frecuencia, gravedad y resistencia a los antibióticos como las penicilinas o cefalosporinas y para este caso también los aminoglucosas, lo que confiere un problema importante, porque los antibióticos usados en el tratamiento no tienen respuesta adecuada, situación que puede generar complicaciones como la sepsis, choque séptico e incluso la muerte.

2. La Organización Mundial de la Salud recomienda que para evitar o disminuir la bacteria Klebsiella Oxytoca, que son relacionadas con catéteres y vasculares, se debe de fortalecer la higiene, educación del tratamiento y manejo del personal de salud, en especial las manos, tanto antes y después de cualquier procedimiento relacionadas con dispositivos intravasculares, de igual forma, reducir el uso innecesario, manejo de catéteres.

3. En nuestro país, en especial en el Estado de México, desde el 22 de noviembre de 2024, se ha detectado un brote de la bacteria Klebsiella Oxytoca en cuatro unidades de atención a la salud pública, el cual está asociado a una posible contaminación de nutrición parental o de los insumos de la aplicación.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, hasta el 7 de diciembre se han identificado 20 casos. Lamentablemente se ha confirmado el fallecimiento de 13 pacientes. Por su parte, 7 pacientes continúan bajo la atención médica y sus cultivos son negativos, después del tratamiento.

De acuerdo a los análisis en curso, los cuales tienen como objetivo identificar la fuente del brote de la bacteria Klebsiella Oxytoca, se está llevando un monitoreo constante para descartar y evitar la aparición de brotes en otras regiones del Estado de México. De acuerdo con estos análisis, las soluciones producidas por la empresa Productos Hospitalarios SA de CV, que forma parte de la empresa farmacéutica PISA, quien se especializa en ofrecer servicios de farmacia hospitalaria, enfocándose en la producción de productos oncológicos, antibióticos y soluciones de nutrición. De acuerdo con las investigaciones hechas por la Secretaría de Salud, las soluciones producidas por esta empresa son señaladas, hasta ahora, como las posibles causantes de infección.

Tras las notificaciones del brote de la bacteria Klebsiella Oxytoca en el Estado de México, la Secretaría de Salud, activó el protocolo de atención inmediata a la población de esta región, liderado por el Comando de Gestión de Incidentes de Salud Pública a nivel federal y local, en donde un equipo multidisciplinario de especialistas está evaluando las condiciones de administración de las soluciones intravenosas y revisando los protocolos de seguridad, tanto en las unidades médicas afectadas, como en hospitales públicos y privados.

4. La problemática alrededor de las fatales consecuencias que se presentaron por el brote de las bacterias Klebsiella Oxytoca y Enterobacter Cloacae presenta dos vertientes:

• La primera , es la necesaria actuación de las Secretarías de Salud federal y del Estado de México, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos en los hospitales públicos y privados donde se haya presentado el brote de dichas bacterias.

• La segunda , es la realización de una auditoría combinada de cumplimiento y desempeño a los hospitales públicos en los que hubo niñas y niños fallecidos. En el caso de los hospitales públicos la competencia para practicar la correspondiente auditoría es la Auditoría Superior de la Federación.

5. Es el caso, que hasta hoy no se ha realizado una auditoría técnica combinada de cumplimiento y desempeño e independiente, del sistema de salud tanto público como privado, a efecto de poder deslindar responsabilidades, tanto administrativas como penales, del brote de la bacteria Klebsiella Oxytoca en el Estado de México, de igual forma, no se han tenido noticias del personal de salud responsable de este gran problema de salud, ni mucho menos, las personas que asignaron la concesión, así como en la ejecución, supervisión y entrega del contrato de servicios a la empresa Productos Hospitalarios SA de CV, filial de la empresa PISA Farmacéutica, por el brote de la enfermedad Klebsiella Oxytoca en el Estado de México, ocurrido el pasado 21 de noviembre de 2024, que hasta hoy ha causado la muerte de 13 personas y siete se encuentra hospitalizadas en estado de gravedad.

Con fundamento en los artículos 58, 59, 60 y demás relativos del Reglamento Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, solicito punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión , exhorte a la titular del Poder Ejecutivo federal, vía Secretaría de Salud y Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno; al Poder Legislativo vía Auditoría Superior de la Federación; al gobierno del Estado de México vía Secretaría de Salud local, a “ordenar la ejecución inmediata de una auditoría técnica e independiente, del sistema de salud tanto público como privado, así como la separación del cargo de los servidores públicos que tuvieron competencia y decisión, tanto para la asignación de la concesión, como en la ejecución, supervisión y entrega del contrato de servicios a la empresa Productos Hospitalarios SA de CV, filial de la empresa PISA Farmacéutica, por el brote de la enfermedad Klebsiella Oxytoca en el Estado de México, ocurrido el pasado 21 de noviembre.

Por lo antes expuesto, a usted presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, solicito, se tenga por presentado la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Legislativo vía la Auditoría Superior de la Federación para que practique una auditoría combinada de cumplimiento y desempeño a los hospitales públicos del Estado de México en los que se presentaron decesos de niñas y niños derivados del brote de las bacterias Klebsiella Oxytoca y Enterobacter Cloacae, particularmente en lo que se refiere al proceso de adquisición de los lotes contaminados de nutrición parenteral, suministrados por la empresa Productos Hospitalarios, SA de CV, filial de la farmacéutica PISA.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Ejecutivo federal vía Secretarías de Salud federal, a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos para que instrumenten las acciones necesarias a efecto de inmovilizar la fuente de contagio de las bacterias Klebsiella Oxytoca y Enterobacter Cloacae en los hospitales públicos y privados del Estado de México y, en su caso, aplicar las sanciones correspondientes con base en el marco legal aplicable.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Ejecutivo del Estado de México para que instrumenten las acciones necesarias a efecto de inmovilizar la fuente de contagio de las bacterias Klebsiella Oxytoca y Enterobacter Cloacae en los hospitales públicos y privados del Estado de México y, en su caso, aplicar las sanciones correspondientes con base en el marco legal aplicable.

Nota

1 Infecciones por Klebsiella, Enterobacter y Serratia - Infecciones - Manual MSD versión para público general

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de enero de 2025.

Diputada Martha Amalia Moya Bastón (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobernador del estado de Zacatecas a conducirse institucionalmente con los municipios de la entidad zacatecana y cumplir cabalmente con el mandato conferido, sin distinción política, partidaria o de ideología, atendiendo en todo momento los intereses de la ciudadanía y los trabajadores municipales, suscrita por la diputada Noemí Berenice Luna Ayala, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Noemí Berenice Luna Ayala, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor las siguientes

Consideraciones

La negativa del gobierno del estado de Zacatecas de otorgar a las autoridades municipales de la capital zacatecana un adelanto de participaciones por 32 millones de pesos para cumplir los compromisos de pago de nóminas, aguinaldos y prerrogativas laborales y demás gastos de fin de año, coloca al ayuntamiento en una situación complicada en materia económica.

Por ello, ante la actitud vengativa del gobernador David Monreal hacia el alcalde capitalino Miguel Varela, que a la buena ganó las elecciones del pasado 2 de junio, en mi calidad de representante popular por Zacatecas, me comprometí a presentar ante la Comisión Permanente de la honorable Cámara de Diputados un exhorto respetuoso con la finalidad de que, desde el Gobierno estatal, se conduzcan en igualdad de condiciones con todos y para todos los municipios, sin distinción de colores ni revanchismo político.

Desde Acción Nacional hacemos un extrañamiento hacia la actitud arbitraria y las lamentables decisiones del gobernador David Monreal, porque con su negativa de coadyuvar con el municipio capitalino y frenar los recursos solicitados por el alcalde Miguel Varela, aun cuando la Secretaría de Finanzas ya había dado el visto bueno, lo exhortamos a comprender que no sólo afecta al Partido Acción Nacional que, a la buena ganó, sino a toda la población zacatecana por quitarle la posibilidad de tener servicios públicos eficientes y efectivos; y a más de 1 mil trabajadores, porque puso en riesgo el pago de sus pensiones, prestaciones laborales y las dos quincenas decembrinas.

Sin duda, en Acción Nacional celebramos la proactividad del presidente municipal, que de inmediato ideó una estrategia para obtener los recursos necesarios y solicitó un crédito en la banca comercial, con lo que estaría garantizado el pago a proveedores, de los servicios públicos, el sueldo de las y los trabajadores municipales y sus respectivas prestaciones.

“Justo así trabajamos en los gobiernos panistas: con responsabilidad, a favor de las familias mexicanas y dando resultados positivos”.

Es difícil de entender el porqué el gobernador David Monreal negó al ayuntamiento capitalino el derecho al adelanto de participaciones, cuando las gestiones fueron realizadas en tiempo y forma; mientras, a los municipios gobernados por el oficialismo ya se les concedió. La única explicación es el revanchismo político, derivado del triunfo electoral de la coalición Fuerza y Corazón por Zacatecas en las principales ciudades: la capital, Fresnillo y Jerez.

Dichas decisiones gubernamentales pudieran suponer que son represalias a consecuencia de la negativa del edil Miguel Varela para que se realice la construcción del “segundo piso” en el boulevard López Mateos, por ser una obra innecesaria y que 89 por ciento de los zacatecanos están en contra.

Aun así, David Monreal la quiere hacer probablemente por algún negocio familiar o un compromiso adquirido previamente con alguna empresa, pues el proyecto costaría 3.6 mil millones de pesos para un pequeño tramo de 3.3 kilómetros; es decir con un sobrecosto tres veces más que en otras obras similares.

A lo anterior, se suman las denuncias de Miguel Varela por irregularidades cometidas en la aplicación de 120 millones de pesos en la administración municipal encabezada por Jorge Miranda, del Partido Verde Ecologista de México, y por lo que pidió que se realizara una investigación profunda.

Seguramente los acontecimientos mencionados no le gustaron al Ejecutivo estatal y por ello ahora quiere vengarse, bloquear a la oposición a su gobierno sin tomar en cuenta que la afectación directa sería para la población de la capital.

Estas acciones a pesar de que el municipio de Zacatecas recibirá aproximadamente 364.3 millones de pesos en participaciones federales, de recursos no etiquetados que los municipios pueden utilizar con flexibilidad para atender sus prioridades.

Por lo anterior y, en mi calidad de representante zacatecana, desde la Cámara de Diputados haremos las denuncias necesarias para visibilizar lo que sucede en la entidad.

Cabe mencionar que las participaciones municipales son recursos económicos transferidos por el Gobierno federal a los estados y, posteriormente, a los municipios.

Estos fondos provienen de la recaudación de impuestos y derechos a nivel nacional, como el Impuesto al Valor Agregado (IVA) o el Impuesto sobre la Renta (ISR), y su distribución se realiza con base en fórmulas establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal y las leyes locales.

Las participaciones son un derecho de los municipios en México, que se establece en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para ejercer su hacienda, en beneficio siempre de la gente y su funcionamiento institucional:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 115.

...

IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:

El propósito principal de las participaciones es fortalecer las finanzas municipales para que puedan cumplir con sus responsabilidades, como la prestación de servicios públicos, la inversión en infraestructura y el desarrollo local. Cabe destacar que estas transferencias no están etiquetadas, lo que significa que los municipios tienen libertad para decidir en qué gastarlas, según sus prioridades.

Como antecedentes podemos mencionar que el miércoles 18 de diciembre de 2024 el presidente municipal de Zacatecas, Miguel Ángel Varela Pinedo, denunció que el gobierno estatal negó un adelanto de participaciones para el municipio, el cual está planeado ser destinado para el pago de la última quincena del mes en curso y para servicios públicos básicos como el de limpia de la ciudad.

El presidente municipal señaló que desde el pasado 29 de noviembre se mantuvo comunicación con la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal, donde se manifestó la viabilidad de un adelanto de participaciones, esto para hacer frente a los gastos de la administración, posterior a los malos manejos por parte de la anterior administración.

En conferencia, Miguel Ángel Várela, exhortó al gobernador, David Monreal Ávila, para cambiar su decisión y no afectar a los más de mil trabajadores del municipio y menos en el marco de las fiestas navideñas y de año nuevo.

A pesar de la negativa al adelanto de participaciones, el presidente municipal se comprometió a cubrir la última quincena de las y los trabajadores, que era uno de los destinos del adelanto, y señaló que el aguinaldo, prima vacacional y primera quincena del mes ya estaban cubiertos.

A pesar de lo ya dicho, hay diversos municipios del estado de Zacatecas que han sido beneficiados con un adelanto de participaciones. Esta decisión unilateral del gobierno estatal pareciera ser una decisión política venida de la elección de junio.

El presidente municipal, dentro de la operatividad normativa, pidió este adelanto de participaciones para ser frente a la mala administración que heredó.

Para el caso de Zacatecas la Ley de Coordinación Hacendaria para el Estado de Zacatecas y sus Municipios es el cuerpo normativo que da los criterios de distribución de las participaciones e incentivos para los municipios señala:

Ley de Coordinación Hacendaria para el Estado de Zacatecas y sus Municipios

Artículo 1

La presente Ley regula las relaciones hacendarias del Estado con los Municipios y de éstos entre sí, su coordinación y colaboración administrativa en materia hacendaria, así como el establecimiento de criterios de distribución de las participaciones e incentivos, asimismo, un Sistema de Coordinación Hacendaria mediante la Constitución de organismos en dicha materia para el cumplimiento de sus objetivos y de los convenios de coordinación y colaboración que se celebren con apego a ella, y que busquen la optimización del propio sistema.

El Estado constituirá el Fondo Único de Participaciones con lo devenido por concepto de participaciones federales, y su distribución conforme al artículo 40 de la ley anteriormente citada y la entrega a los municipios, será a través de la Secretaría de Finanzas.

Ley de Coordinación Hacendaria para el Estado de Zacatecas y sus Municipios

Artículo 39

De las cantidades que perciba el Estado dentro del ejercicio de que se trate, por concepto de participaciones federales, se constituirá el “Fondo Único de Participaciones” ...

Artículo 42

La entrega de las participaciones a los Municipios a que se refieren los artículos anteriores, se hará por conducto de la Secretaría.

La Ley de Coordinación y Colaboración Financiera para el Estado de Zacatecas y sus Municipios, en su artículo 39, señala que los municipios podrán recibir anticipos de sus participaciones, con autorización de la Secretaría, cubriendo una tasa de interés.

Ley de Coordinación y Colaboración Financiera para el Estado de Zacatecas y sus Municipios

Artículo 39

Los Municipios podrán recibir anticipos a cuenta de sus participaciones, previa aprobación de la Secretaría, los cuales deberán ser liquidados a más tardar tres meses antes de que concluya el periodo de gobierno de la administración correspondiente, para estos efectos, los Municipios cubrirán a la Secretaría una tasa de interés equivalente a la que se establezca anualmente en la Ley de Ingresos del Estado para los casos de autorizaciones de pago a plazos de contribuciones.

El destinó de las participaciones negadas, se señaló que era para cubrir la nómina de las y los trabajadores del municipio, el cual, al no ser pagado, vulneraría la integridad y esfera de los Derechos de las personas.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley (CPEUM)

Declaración de los Derechos Humanos

Artículo 23

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.

En el Estado mexicano todas las autoridades tienen la obligación de promover y proteger los derechos humanos, esto como una cláusula del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 1

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Bajo la interdependencia de los derechos, al momento de verse vulnerado uno, se afectarán los demás por tener una relación entre ellos, conformando una cadena.

Es así que se advierte la necesidad de la colaboración mutua por parte del gobierno del estado y el municipio de Zacatecas, con la finalidad de cumplir con los requisitos formales y que sea posible un adelanto de las participaciones y no tener que recurrir a préstamos bancarios para el buen funcionamiento administrativo de los municipios y en beneficio de la ciudadanía.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador constitucional del estado de Zacatecas, a efecto de que se conduzca institucionalmente y privilegie la coordinación y colaboración en igualdad de condiciones con todos y cada uno de los municipios de la entidad zacatecana.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador constitucional del estado de Zacatecas para que cumpla con el mandato conferido, sin distinción política, partidaria o de ideología, atendiendo en todo momento las demandas y los intereses de la ciudadanía y los trabajadores municipales.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador constitucional del estado de Zacatecas, para que, en el ámbito de sus atribuciones, instruya a la Secretaría de Finanzas del Estado a efecto de que se otorgue el adelanto de las participaciones solicitadas por el municipio de Zacatecas para afrontar los compromisos correspondientes a sus actividades.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de enero de 2025.

Diputada Noemí Berenice Luna Ayala (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a instruir a la FGR a que atraiga el caso del robo de los contenedores con 200 toneladas de oro, plata, zinc y cobre que sucedió en la carretera Zacatecas-Saltillo y a diseñar una nueva estrategia de seguridad e inteligencia para el combate a los delitos de alto impacto en la entidad y los estados colindantes, suscrita por la diputada Noemí Berenice Luna Ayala, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Noemí Berenice Luna Ayala, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La inseguridad que vive nuestro país es inaudita, entre muertos, desaparecidos, desplazados, robos carreteros, secuestros y extorsiones a las y los ciudadanos, nos sentimos sumamente inseguros en los lugares en donde vivimos, ya no importa la ciudad, la comunidad, estado o municipio en el que radicamos, la delincuencia rebasa por mucho a las autoridades.

Y una muestra de ello es lo acontecido en días pasados en el estado de Zacatecas en donde se cometió el robo del siglo, sí, el robo del siglo, el robo de más de 200 toneladas de minerales en el municipio de Mazapil, Zacatecas, a la altura de la comunidad San Tiburcio.

Lamentablemente, el accionar del gobierno estatal zacatecano en contra del combate a la delincuencia organizada no existe, y lo que más sorprende es su incapacidad de salvaguardar la seguridad a pesar del apoyo que se le ha brindado por parte de los más de 1000 nuevos elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano que llegaron en mayo de este año, además de los elementos de la Marina Armada de México y la Guardia Nacional destacamentados en el estado y que no han dado resultados reales ante los hechos delictivos.

Sin lugar a duda, no han logrado establecer una estrategia eficaz que detenga a la delincuencia. Por ello, que es necesario cambiar el rumbo y la estrategia en materia de seguridad para lograr la paz y dar tranquilidad a las y los zacatecanos.

El estado de Zacatecas es minero por excelencia, líder mundial y primer lugar nacional en extracción de plata. Por ese motivo, este acontecimiento es un fuerte golpe a la economía no sólo de la empresa, también para el estado, porque la minería en Zacatecas genera 15 mil empleos directos y 75 mil indirectos aproximadamente, con una derrama económica de alrededor de 20 mil millones de pesos al año del producto interno bruto.

Sin embargo, este hecho no es el único, el 5 de octubre de 2023, un grupo de civiles armados irrumpió en las instalaciones de la mina “La Colorada”, propiedad de la empresa Pan American Silver Corporation, y sustrajo dos camiones cargados con concentrado de mineral.

Las carreteras en México y las colindantes con Zacatecas actualmente son de las más peligrosas e inseguras, siendo una de las exigencias más sentidas de la ciudadanía y necesita ser atendida de manera urgente, eficiente y oportuna por el Estado mexicano.

Aunado a lo anterior, periódico Excélsior publicó:

“Mazapil, Zacatecas. Un comando armado robó seis contenedores que transportaban oro, plata, zinc y cobre extraídos de un complejo minero perteneciente a la trasnacional Newmont, en el municipio de Mazapil, al norte del estado que colinda con Coahuila.

Dos tráileres que cargaban seis góndolas, en cuyo interior habías 200 toneladas de dichos metales y dos autos compactos salieron de Peñasquito, en el municipio de Mazapil, Zacatecas, y una hora después, a la altura de la carretera Zacatecas-Saltillo, a la altura de la comunidad de San Tiburcio, fueron asaltados.

Hombres armados lograron que se detuviera el convoy y sometieron a los choferes de los dos tráileres y de los dos autos compactos.

Los contenedores que transportaban el concentrado de minerales, superior a las 200 toneladas fueron enganchados a otros vehículos de carga para evitar que fueran ubicados a través de los sistemas de geolocalización.

Los conductores de los tractocamiones fueron abandonados en la carretera y luego ubicados por las autoridades sin que se reportaran lesionados.

Se pudieron recuperar los tractocamiones, con los operadores y los dos conductores que iban a bordo de dos vehículos compactos, que eran la seguridad privada de las góndolas, dijo Juan Manríquez, coordinador de la Guardia Nacional en Zacatecas.

Pero no pudimos recuperar las góndolas porque al parecer hubo otros tractocamiones que pudieron engancharlas y pudieron sustraerlas del área, dijo.

Ante ello se implementó un operativo. Se teme que los materiales hayan salido del país.”

Todo esto nos conduce a examinar detenidamente que los sistemas policiales que se están implementando en el actual gobierno no son eficientes ni mucho menos suficientes, poniendo énfasis a la seguridad que viven las ciudadanas y los ciudadanos, y esto no sólo ocurre en Zacatecas, esto lo está padeciendo todo el país.

Es en este contexto, el Estado debe brindar una seguridad pública efectiva, eficiente e integral, garantizado el bienestar para las ciudadanas y los ciudadanos, no se puede olvidar que la seguridad ciudadana es un bien público y conlleva a la defensa efectiva de los derechos humanos. No podemos caer en los mismos actos de inseguridad y el mal manejo de esta.

En 2022, las instituciones de seguridad pública estatal reportaron 280 tomas de casetas de peaje, mil 229 obstrucciones de carreteras y mil 885 probables robos y asaltos en carreteras y puentes de jurisdicción estatal. En contraste con 2021, la cantidad de probables robos y asaltos reportados aumentó 11.9 por ciento.

De acuerdo al periódico La Jornada

“El contenido de concentrados minerales de las seis góndolas que fueron robados el pasado jueves a la minera Peñasquito tendría un costo aproximado de 42 millones de pesos (7 millones de pesos por cada una), según el cálculo hecho dentro del corporativo.

La cifra fue dada a conocer a este diario por un empleado de la trasnacional estadunidense Newmont, quien solicitó el anonimato. La compañía hasta ayer no había fijado una postura oficial sobre el asalto al convoy de camiones de carga que trasportaban dichos materiales en la autopista Zacatecas-Saltillo, a la altura de la comunidad San Tiburcio.

Mientras, la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas, a cargo del general Arturo Medina Mayoral, no ha podido localizar los seis remolques que se llevaron presuntos integrantes de la delincuencia organizada.

Incluso, fuentes policiales consideran que, por el tiempo transcurrido, las concentraciones de oro, plata, plomo y zinc que fueron sustraídas hace seis días podrían ya no encontrarse en territorio estatal.

Al respecto, en entrevista con La Jornada, la diputada priista Guadalupe Isidora Santibáñez, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública de la 65 Legislatura local, señaló que, en octubre pasado, cuando el general Medina Mayoral compareció ante el pleno, uno de los principales cuestionamientos que le hice fue la inseguridad que tenemos en las carreteras.

Recalcó que precisamente el descuido en ellas permite este tipo de situaciones, porque (los delincuentes) tuvieron todavía el tiempo de desprender los remolques de los camiones, de cambiar todo, para que no los detectaran los chips de seguridad o de geolocalización, lo cual quiere decir que cometer este atraco llevó varias horas.”

La delincuencia en carreteras es un grave contrapeso para la seguridad y la economía del país, provocando pérdidas de mercancía, afectaciones en las cadenas de suministro, afecta el derecho al libre tránsito, la seguridad, y el libre esparcimiento.

Si bien es cierto, son diversos los actores que conforman los mandos de seguridad, pero se considera pertinente asumir acciones conjuntas y decisivas ante la visible falta de acción por parte del Estado. Es un hecho que la inseguridad en las carreteras se le atribuye al mal manejo del gobierno, pero sin duda, es de gran importancia exhortar a las diferentes instancias públicas para el actuar, es tan solo el comienzo de una nueva era que habremos de legislar en torno a los problemas que diariamente se presentan en el país en materia de seguridad y la salvaguarda de la ciudadanía.

Por lo expuesto, sometemos a consideración en esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. El pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular de la Fiscalía General de la República, para que lleve a cabo las acciones necesarias a efecto de atraer el caso del robo de los contenedores con 200 toneladas de oro, plata, zinc y cobre que sucedió en la carretera Zacatecas-Saltillo, a la altura de la comunidad de San Tiburcio.

Segundo. El pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Zacatecas para que, conjuntamente con la Secretaría de Seguridad Pública de esa entidad, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, diseñen una nueva estrategia de seguridad e inteligencia para el combate a los delitos de alto impacto en el estado de Zacatecas y los estados colindantes.

Dado en el Palacio Legislativo, el 8 de enero de 2025.

Diputada Noemí Berenice Luna Ayala (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a realizar un dictamen de factibilidad respecto de la construcción de un viaducto elevado en Zacatecas, suscrita por la diputada Noemí Berenice Luna Ayala, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Noemí Berenice Luna Ayala, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a las personas titulares de la Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, de Cultura y de Turismo para que para que realicen un dictamen de factibilidad respecto de la construcción de un viaducto elevado en Zacatecas, al tenor lo siguiente

Consideraciones

El gobernador constitucional de Zacatecas, David Monreal, presentó dentro de la propuesta económica y de obra del Plan Integral de Movilidad, el “Viaducto Elevado” un tramo de 3 kilómetros, del bulevar metropolitano que cruza de oriente a poniente la ciudad y municipios conurbados de Zacatecas y Guadalupe.

En febrero de 2024, el juez primero de distrito admitió a trámite una demanda de amparo que promovieron jubilados y pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac), quienes pidieron el pago de aguinaldos atrasados y solicitaron la suspensión del “viaducto elevado” al no ser una obra de primera necesidad, como lo es el pago de sus derechos. La acusación principal fue la vulneración al principio de vinculación del gasto público, el cual se refiere que este debe destinarse principalmente a necesidades básicas de la población, y en especial el pago de los pensionados que es una necesidad básica, y no a la construcción del viaducto elevado

Aunado a lo mencionado, el Centro de Patrimonio Mundial (UNESCO) tuvo conocimiento de la revisión técnica que Icomos internacional realizó sobre el proyecto de construcción del viaducto, donde consideró podría tener un impacto visual irreversible en el paisaje urbano de la ciudad y en el bien del Patrimonio Mundial, en particular y, recomendó una evaluación completa del impacto en el patrimonio, de acuerdo con la Guía y Conjunto de Herramientas para Evaluaciones de Impacto en el Contexto del Patrimonio Mundial, y que mientras tanto no se debe tomar ninguna decisión sobre la ejecución del viaducto elevado.

Posteriormente, en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en su publicación del 22 de agosto de 2024 el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) inició el proceso para declarar como Zona de Monumentos Históricos un polígono de 105 hectáreas, en el que prohíbe cualquier construcción permanente o provisional dentro de la zona, espacio donde se prevé pase esta obra de infraestructura.

Como respuesta, el gobierno del estado, mediante su secretario general del Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, señaló que en el decreto no se incluye el perímetro donde será construido el viaducto elevado, y por tanto no se pondría en riesgo la obra, en el nombramiento de Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Es en este tenor que el 14 de noviembre del año mencionado, vecinos, comerciantes y demás ciudadanos señalaron que se oponen a la construcción del viaducto elevado, y analizaron el avance legal de recursos que han sido presentados ante las autoridades judiciales, asistiendo que estarían iniciando recursos legales suficientes para detener la obra.

El Proyecto “viaducto elevado” ha marginado a los ciudadanos, y pretenden anteponerlo ante al clima de inseguridad y violencia en todo el estado, consideramos fundamental la colaboración conjunta entre toda la ciudadanía, las autoridades del Municipio de Zacatecas y el Gobierno Federal porque la obra mencionada representa graves consecuencias económicas, sociales, culturales, ambientales y urbanas, en el patrimonio histórico, su entorno y la fractura de la Ciudad de Zacatecas.

La Unesco ha reconocido a México como el país con más sitios del Patrimonio Mundial de la Humanidad. El país azteca tiene en total 35 lugares dentro de su territorio.

Zacatecas es una ciudad merecedora de títulos y honoríficos calificativos, originados de aquel modesto “Minas de los Zacatecas”, y que medio siglo más tarde, memorablemente saltara al de insigne y de “Muy Noble y Leal Ciudad de Nuestra Señora de los Zacatecas”, recibido gracias a la progresiva riqueza y a su labor de expansión de los dominios españoles en la región norteña novohispana. La acumulación de nombramientos continúa en el siglo XVII, cuando se le conoce como “La Civilizadora del Norte”, y hasta nuestros tiempos.

Contamos con dos inscripciones en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO; la primera fue otorgada en diciembre de 1993, donde se inscribió su Centro Histórico como Patrimonio de la Humanidad; posteriormente, en agosto de 2010, el Camino Real de Tierra Adentro fue enlistado como Patrimonio Mundial bajo la designación de itinerario cultural, a lo largo de su trayecto se insertan diversos sitios históricos entre los que se encuentra el Centro Histórico de la Ciudad de Zacatecas, lo que nos mantiene muy orgullosos a sus ciudadanos.

El 22 de agosto de 2024, se publicó en DOF, el interés del Gobierno Federal, por declarar Zona de Monumentos Históricos la superficie de 105-26-48.4 hectáreas, en la ciudad de Zacatecas, a través del acuerdo publicado, se determinan las características específicas de la Zona de Monumentos Históricos materia de este Decreto, así como la relación de espacios, estructura, entorno urbano, y su tipología arquitectónica. El acuerdo en mención, también, reconoce que, tal y como hoy se conserva (la relación de espacios, estructura y entorno urbano, y su tipología arquitectónica), son elocuente testimonio de excepcional valor para la historia social, política y artística de México.

“Primero. Se da inicio de oficio al procedimiento para declarar como Zona de Monumentos Históricos la superficie de 105-26-48.4 hectáreas, en la ciudad de Zacatecas, municipio de Zacatecas, estado de Zacatecas, con el perímetro y las características detallados en la parte considerativa de este acuerdo.

Segundo. A fin de preservar y conservar la zona histórica de la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, se establece como medida precautoria la prohibición para realizar la colocación de cualquier anuncio, aviso, carteles; cocheras, sitios de vehículos, expendios de gasolina o lubricantes; postes e hilos telegráficos y telefónicos, transformadores y conductores de energía eléctrica, e instalaciones de alumbrados; kioscos, templetes, puestos o cualesquiera otras construcciones permanentes o provisionales, construcciones u obras en los monumentos históricos, colindantes y demás ubicados dentro de la zona a declarar, sin contar con la autorización previa del Instituto Nacional de Antropología e Historia .

El boulevard bordea el centro de Zacatecas, declarado Patrimonio Mundial en 1993 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), y que dicha vía forma parte del área patrimonial protegida por la Ley de Protección y Conservación del Patrimonio Cultural del Estado de Zacatecas.

Ley de Protección y Conservación del Patrimonio Cultural del Estado de Zacatecas.

Artículo 1.

La presente ley es de orden público y de observancia general en el Estado de Zacatecas; tiene por objeto la planeación, protección, conservación, restauración, rescate, mejoramiento, rehabilitación e intervención de los polígonos declarados como zonas típicas, zonas de monumentos, sitios, monumentos, zonas de transición, itinerarios culturales, rutas de acceso y paisajes culturales en la Entidad ; así como el patrimonio cultural, material e inmaterial, siempre y cuando no sean competencia de la Federación.

La ley referida, en el artículo 27, declara como Zona de Transición, para reforzar la protección en la Zona Típica de la Ciudad de Zacatecas, el constituido para reforzar la protección en la Zona Típica de la Ciudad de Zacatecas, conforme a:

Ley de Protección y Conservación del Patrimonio Cultural del Estado de Zacatecas .

Artículo 27

...

Partiendo de bordes naturales y físicos, que envuelven la zona típica señalada en el artículo que antecede, extendiéndose hasta las vialidades que lo cubren; partiendo del Periférico al Norte de la ciudad hasta el sur con el boulevard Adolfo López Mateos, al oriente el Paseo Escénico La Bufa hasta la calle Ingeniería Civil, que entronca con la avenida López Velarde y luego con el boulevard Adolfo López Mateos que limita toda la parte sur, posteriormente con rumbo hacia el poniente el boulevard Héroes de Chapultepec hasta el monumento a Juárez, luego continua por el Paseo Díaz Ordaz hasta el punto de partida en el Paseo de La Bufa . Dentro del área se incluye al norte la colonia Díaz Ordaz segunda y tercera sección, Barrio del Vergel Nuevo, colonia Pedro Ruiz González; al oriente fraccionamiento Rincón de Marianita y colonia Marianita; al poniente colonia Bancomer, Loma Barroca, Caminera, Barrio del Manzano (colonia Lomas de la Soledad) y colonia Sierra de Álica.

La construcción de un viaducto elevado, en un tramo de 3 kilómetros, del bulevar metropolitano que cruza de oriente a poniente las ciudades conurbadas de Zacatecas y Guadalupe una debida planeación, debería contar con informes que señalen su viabilidad, económica, ambiental, cultural y social, como lo señala la Ley de Planeación en sus artículos 2 y 8.

Ley de Planeación

Artículo 2. La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo equitativo, incluyente, integral, sustentable y sostenible del país, con perspectiva de interculturalidad y de género, y deberá tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales, ambientales y económicos...

Artículo 8. ...

Informarán también sobre el desarrollo y los resultados de la aplicación de los instrumentos de política económica, social, ambiental y cultural en función de dichos objetivos y prioridades, precisando el impacto específico y diferencial que generen en mujeres y hombres

La Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados para el Estado y los Municipios de Zacatecas mandata que los entes públicos deberán tramitar y obtener de las autoridades de los tres órdenes de gobierno los dictámenes, permisos requeridos previo al inicio de la ejecución de las obras, así como deberá contar con los estudios, investigaciones, proyecto ejecutivo y el programa de ejecución:

La Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados para el Estado y los Municipios de Zacatecas

Artículo 8. Los Entes Públicos deberán:

I a la III...

IV. Tramitar y obtener de las autoridades federales, estatales o municipales, según corresponda, los dictámenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, los derechos de vía o la expropiación de inmuebles, en su caso, previo al inicio del procedimiento de ejecución, mismos que entregará al Ente Público Ejecutor.

Artículo 3. Para los efectos de esta ley, se entenderá por:

I. a X. ...

XI. Proyecto ejecutivo: El conjunto de planos, memorias, presupuesto general, especificaciones y documentos que conforman los proyectos arquitectónicos y de ingeniería de una obra, el catálogo de conceptos, así como las descripciones e información suficientes que establezca esta ley.

XII. a XVI. ...

Artículo 42. El ente público debe contar con los estudios, investigaciones, especificaciones de construcción, normas de calidad, el proyecto ejecutivo y el programa de ejecución totalmente terminados para que le sean autorizados los recursos para su ejecución.

Para la planeación de las obras públicas, se deberá considerar la prevención de impactos ambientales derivados de la configuración y operación de las mismas obras.

La Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados para el Estado y los Municipios de Zacatecas

Artículo 24. Para la planeación de la obra pública y los servicios relacionados, los entes públicos deberán considerar:

I. a IV. ...

V. La prevención de impactos ambientales derivados de la realización y operación de la obra pública.

La Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del estado de Zacatecas señala como facultad de los ayuntamientos participar en la evaluación del impacto ambiental de obras de competencia estatal, de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente de Zacatecas regular el impacto ambiental de las obras estatales y solicitar estudios de evaluación de impacto y riesgo ambiental de obras y actividade s de competencia federal.

Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Zacatecas

Artículo 6

Corresponde a la Secretaría:

I. a XIV. ...

XV. Regular el impacto ambiental de las obras o actividades que no se encuentren expresamente reservadas a la Federación, así como solicitarle los estudios de evaluación del impacto y riesgo ambientales de obras y actividades de competencia federal que se realicen en la entidad

XVI. a XXXIV. ...

Artículo 8

Corresponde a los ayuntamientos:

I. a VIII. ...

IX. Participar en la evaluación del impacto ambiental de obras o actividades de competencia estatal, cuando se realicen en su ámbito municipal

X. a XVIII. ...

El viaducto elevado al ser una vía de comunicación, se encuentra sujeta a una evaluación de impacto ambiental que es el procedimiento en donde la Secretaría de Agua y Medio Ambiente y del ayuntamiento, establece las condiciones en las que se estará sujeta la realización de la obra para proteger el ambiente, a lo que antecede una manifestación de impacto ambiental.

Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Zacatecas

Artículo 58

La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del cual la Secretaría, con la intervención de los Ayuntamientos correspondientes, establecerá las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones previstos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente, preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el ambiente. Para ello, quienes pretendan llevar a cabo algunas de las siguientes obras o actividades, requerirán previamente la autorización en materia de impacto ambiental de la Secretaría:

I. Vías estatales y municipales de comunicación, incluidos los caminos rurales

Artículo 64

Para obtener la autorización a que se refiere el artículo 58 de esta Ley, los interesados deberán presentar a la Secretaría una manifestación de impacto ambiental , la cual deberá contener, por lo menos, una descripción de los posibles efectos en los ecosistemas que pudieran ser afectados por la obra o actividad de que se trate, considerando el conjunto de los elementos que conforman dichos ecosistemas, así como las medidas preventivas, de mitigación y las demás necesarias para evitar y reducir al mínimo los efectos negativos sobre el ambiente.

En la Ley de Protección y Conservación del Patrimonio Cultural del stado de Zacatecas señala que las obras que se construyan en polígonos declarados, como en zonas típicas, solo se realizarán si cuentan con un proyecto autorizado por la Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas.

Ley de Protección y Conservación del Patrimonio Cultural del Estado de Zacatecas

Artículo 42

Cuando las dependencias de la administración pública federal, estatal, municipal, paraestatal o paramunicipal, independientemente de la fuente o mezcla de recursos, pretendan llevar a cabo obras de construcción, modificación, restauración, intervención o demolición en los polígonos declarados como zonas típicas, zonas de monumentos, zonas de transición, monumentos, itinerarios culturales y paisajes culturales, lo harán sólo si cuentan con un proyecto debidamente autorizado por la Junta y la ejecución de las obras se lleve a cabo en coordinación con ésta y bajo la supervisión técnica de la misma.

Es facultad de la Secretaría de Cultura el conservar monumentos históricos y artísticos que conforman el patrimonio cultural y coordinar acciones para investigación sobre historia relacionada con la conservación del patrimonio nacional.

Ley Orgánica de la Administración Pública

Artículo 41. ...

Conservar, proteger y mantener los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos que conforman el patrimonio cultural de la Nación

Investigación científica sobre Antropología e Historia relacionada principalmente con la población del país y con la conservación y restauración del patrimonio cultural, arqueológico e histórico, así como el paleontológico; la protección, conservación, restauración y recuperación de ese patrimonio y la promoción y difusión de dichas materias

Ante lo expuesto, el sábado del 21 de diciembre de 2024 iniciaron las obras preliminares para la construcción del viaducto elevado, por lo que el lunes 23 de diciembre procedió a la suspensión de los trabajos, señalado que no se contaron con los permisos respecto a la falta de dictámenes técnicos de seguridad y la carencia de permisos necesarios, por ende, colocaron sellos sobre la maquinaria que realizaban los trabajos.

El Tribunal de Justicia Administrativa del estado ordenó retirar los sellos de suspensión a las obras, por lo que se procedió al retiro y se reanudó la obra, pero Érik Muñoz Román, secretario general del Gobierno municipal, señaló que el municipio acudirá a autoridades federales para exigir la presentación de permisos correspondientes para las obras.

Como servidora pública y diputada federal, tengo la responsabilidad social vigilar la legalidad de las acciones gubernamentales que tienen como finalidad la certeza jurídica para la ciudadanía.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador constitucional del estado de Zacatecas, para que haga público el proyecto de obra denominado “Viaducto elevado”, anunciado dentro del marco del Plan Integral de Movilidad del Gobierno estatal, así como el proyecto ejecutivo avalado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los permisos solicitados por el gobierno municipal de Zacatecas.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la persona titular de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente del estado de Zacatecas, para que haga públicos la manifestación de impacto ambiental presentada por el Ejecutivo estatal y la evaluación de impacto ambiental del llamado “Viaducto elevado” en el estado de Zacatecas.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del estado de Zacatecas, para que publique el proyecto que aprobó, y las acciones de seguimiento en la construcción de la obra vial denominada “Viaducto elevado” del estado de Zacatecas

Cuarto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la persona titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia para que, dentro del marco de sus competencias, emita y publique la opinión técnica respecto a la obra denominada “Viaducto elevado” en el estado de Zacatecas a la luz del acuerdo por el que se da inicio al procedimiento para la emisión de la Declaratoria como Zona de Monumentos Históricos, de la superficie de 105-26-48.4 hectáreas, en la ciudad de Zacatecas, municipio de Zacatecas, estado de Zacatecas.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 8 de enero de 2024.

Diputada Noemí Berenice Luna Ayala (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sader, a la Conagua y a las autoridades competentes a implementar un programa de emergencia que atienda la crisis de los productores de trigo en el país, que garantice apoyos económicos, recursos hídricos y alternativas tecnológicas para el uso eficiente del agua, suscrita por la senadora Gina Gerardina Campuzano González, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Gina Gerardina Campuzano González, senadora de la LXVI Legislatura del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59, 60 171 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno, la presente proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y a las autoridades competentes, a implementar, de manera urgente, un programa de emergencia que atienda la crisis de los productores de trigo en el país, que garantice apoyos económicos, recursos hídricos y alternativas tecnológicas para el uso eficiente del agua, conforme a las siguientes:

Consideraciones

De acuerdo con información publicada por el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas y reportada en el diario Reforma , la siembra de trigo en el último trimestre del año presenta una caída preocupante debido a la falta de agua y a la carencia de apoyos gubernamentales.

La superficie sembrada en este periodo se reducirá 47.6 por ciento , pasando de 436 mil 835 hectáreas a apenas 228 mil 713 hectáreas .

Sonora, siendo la principal entidad productora de trigo en México, enfrenta un escenario particularmente crítico. Se estima que la superficie sembrada de trigo caerá 83.9 por ciento , pasando de 248 mil 122 hectáreas en el ciclo anterior a apenas 40 mil hectáreas en este ciclo.

Lo anterior significa una pérdida económica estimada en 15 mil millones de pesos para toda la cadena productiva en la región.

La crisis de agua en Sonora agrava la situación. De acuerdo con datos a la primera semana de diciembre, el promedio de almacenamiento en las nueve presas de uso agrícola del estado es de apenas 17.7 por ciento , el nivel más bajo en el país.

En Durango, la problemática del agua también impacta la siembra de trigo y otros cultivos estratégicos. De acuerdo con reportes de productores locales, las reservas de agua en las principales presas del estado se encuentran por debajo de 30 por ciento de su capacidad, lo que compromete el ciclo agrícola.

Aunado a la falta de recursos para el riego, los productores de Durango han expresado la necesidad urgente de subsidios y financiamiento para hacer frente a las pérdidas económicas y garantizar la continuidad de la actividad agropecuaria en la región.

La caída en la producción de trigo no sólo afecta a los productores, sino a toda la cadena agroalimentaria, incluyendo trilladores, almacenes y transportistas.

Este escenario podría llevar a importaciones récord de trigo en 2025, particularmente del trigo cristalino, que se produce principalmente en Sonora, Sinaloa y Baja California. Dicho trigo es fundamental para la elaboración de alimentos como las pastas.

Actualmente, más de la mitad de la demanda de granos en el país se cubre con importaciones, y en el caso del trigo, la situación es más compleja, pues sólo se cubre 35 por ciento de la demanda nacional .

Ante este panorama, es urgente que el gobierno federal implante un programa integral de apoyo y emergencia , enfocado en garantizar recursos hídricos, subsidios y financiamiento a los productores para mitigar el impacto económico y social de esta crisis.

La falta de acción podría generar consecuencias catastróficas en la economía agropecuaria, en el abasto alimentario y en la estabilidad de los precios de productos derivados del trigo.

La siembra de trigo en el país en el último trimestre estará menguada por falta de apoyos y carencia de agua, lo que anticipa un escenario “catastrófico” para la producción del grano, de acuerdo con el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas.

Es por ello, que presento el presente exhorto que para que las autoridades competentes, a implantar, de manera urgente, un programa de emergencia que atienda la crisis de los productores de trigo en el país, que garantice apoyos económicos, recursos hídricos y alternativas tecnológicas para el uso eficiente del agua.

Por lo expuesto, someto el presente instrumento parlamentario a consideración del pleno de la Comisión Permanente con los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a la Comisión Nacional del Agua y a las autoridades competentes, a implementar, de manera urgente, un programa de emergencia que atienda la crisis de los productores de trigo en el país, que garantice apoyos económicos, recursos hídricos y alternativas tecnológicas para el uso eficiente del agua.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a la Comisión Nacional del Agua y a las autoridades competentes, a diseñar y ejecutar un plan integral de recuperación para la economía agropecuaria de las zonas afectadas, que incluya financiamiento, subsidios y mecanismos para fortalecer la productividad y la resiliencia del sector ante escenarios climáticos adversos.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a la Comisión Nacional del Agua y a las autoridades competentes, a presentar un informe público que detalle las acciones tomadas y los recursos asignados para enfrentar esta crisis, así como un diagnóstico de las condiciones actuales del sector triguero en el país.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 8 de enero de 2025.

Senadora Gina Gerardina Campuzano González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobernador de Sonora y al Congreso del mismo estado a llevar a cabo acciones que permitan actualizar de manera inmediata los factores de distribución de participaciones federales a los municipios de Sonora, especialmente Hermosillo, suscrita por la senadora Lilly Téllez, del Grupo Parlamentario del PAN

Lilly Téllez, senadora de la República por Sonora en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, párrafo 1, fracción II, del Reglamento del Senado de la República y demás disposiciones jurídicas aplicables, se permite someter a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución por el que se exhorta al gobernador de Sonora y al Congreso del mismo estado para que, en el ámbito de sus competencias, lleven a cabo las acciones que permitan actualizar de manera inmediata los factores de distribución de participaciones federales a los municipios de Sonora, especialmente, Hermosillo, conforme a la información más reciente del Censo de Población y Vivienda 2020, tal como lo establece la Ley de Coordinación Fiscal, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

1. Desde el gobierno federal anterior (2018-2024) los municipios fueron afectados con la cancelación de fondos federales que servían para atender necesidades prioritarias de infraestructura, así como para hacer frente a problemas importantes que se generaban por desastres naturales o situaciones extremas como sequías como las que enfrentan los municipios de Sonora y en especial el de Hermosillo.

2. La desaparición del Ramo 23 y de los diferentes fideicomisos federales que ayudaban a atender estas problemáticas han tenido un impacto importante en el ayuntamiento de Hermosillo, donde en los años previos siempre se pudo ser beneficiado de este tipo de recursos en promedio por más de 200 millones de pesos.

3. Por otro lado, en cuanto a las participaciones federales, el Congreso de Sonora, conforme a su responsabilidad constitucional, aprueba anualmente el decreto que establece la distribución de participaciones federales a los municipios del estado. Estos factores constituyen el porcentaje de participaciones federales que corresponderá a cada municipio del estado.

4. Estos factores de distribución no han sido actualizados por más de 20 años, utilizando información obsoleta para distribuir la principal fuente de ingreso de los gobiernos municipales.

5. En el caso de información correspondiente a la población, el decreto ha continuado utilizando la información del censo de 2000 y no la más actual como establece la Ley de Coordinación Fiscal, que es la del censo de 2020.

6. Esto es causa de una profunda inequidad en la distribución de participaciones, afectando a los municipios que han tenido un crecimiento más acelerado de su población y, en consecuencia, de sus necesidades.

7. En el caso de Hermosillo, se observa la siguiente diferencia:

- Censo 2000: 609 mil 829 habitantes

- Censo 2020: 936 mil 263 habitantes

8. Esto significa que el decreto anualmente emitido por el Congreso del Estado, no considera la existencia de 326 mil 434 hermosillenses.

9. Entre 2000 y 2020 la población de Hermosillo creció 53.5 por ciento, pero su factor de población permanece estático.

10. Esta falta de actualización ha traído como consecuencia que no se han participado más de cien millones de pesos anualmente durante los últimos tres años, tal y como se muestra a continuación:

11. No obstante esto el municipio de Hermosillo durante la anterior administración y en la actual ha buscado seguir atendiendo las necesidades de la población en servicios públicos e infraestructura pública, atendiendo las necesidades con altos índices de aprobación y mejorando la percepción de la ciudadanía en temas de seguridad.

12. Llevando a cabo obras importantes de infraestructura sobre todo para mejorar la calidad de vida de los Hermosillenses y generando nuevos espacios públicos para su sano desarrollo.

13. Todo esto gracias a esfuerzos de modernización de procesos, mejoras regulatorias, reducción de estructuras y gastos no sustanciales, lo cual ha generado un incremento en la recaudación propia y un incremento sustancial en la inversión pública con esta fuente de financiamiento.

14. Sin embargo, aún con el gran esfuerzo realizado por la administración municipal existen necesidades importantes que requieren el apoyo del gobierno del estado y el Congreso del estado, así como de la federación

15. Existe un “portafolio de proyectos prioritarios” que le permitirán al Municipio la conservación, la modernización y robustecer su infraestructura pública.

16. Las limitaciones presupuestales del momento le impiden al municipio financiar con recursos propios este importante “portafolio de proyectos prioritarios”.

17. Sin embargo, aprovechando la mejorada calidad crediticia de Hermosillo es posible adoptar un programa de Reingeniería Financiera que le permita acceder a un crédito bancario en condiciones preferentes, conservando el equilibrio presupuestal municipal.

18. La deuda pública recibida en 2021 por la administración fue de mil 706 millones de pesos, con sobretasas de interés que llegaban a niveles de 2.48 por ciento. Sin embargo, gracias al Programa de Refinanciamiento en 2022, tenemos la mayor parte de la deuda contratada con Banobras en una sobretasa promedio de 0.79 por ciento, al igual el saldo de la deuda pública mostró una disminución al ubicarse actualmente en mil 633 millones de pesos.

19. Estas medidas adoptadas en 2022, también le permitieron al municipio tener ahorros en flujo de efectivo cercanos a los 100 millones de pesos durante la pasada administración.

20. Por lo que el ayuntamiento de Hermosillo presentó al Congreso del estado la solicitud de aprobación de una reingeniería financiera que busca lo siguiente:

- Refinanciamiento de los dos créditos otorgados por Banobras y el crédito otorgado por Bansi, reduciendo el plazo actual de los financiamientos de 13 años a 10 años.

- Adquisición de un crédito por la cantidad de hasta 242 millones de pesos, pagadero a 10 años.

21. Con esto se buscan los siguientes beneficios:

- Reducción en el monto anual de servicio de la deuda.

- Dicha reducción en el monto de servicio de la deuda estaría alineada con los requerimientos de pago del nuevo crédito y así evitar cargas económicas adicionales al presupuesto ciudadano.

- La adquisición del nuevo crédito y la reducción del plazo de la deuda vigente nos permite reducir el pago total de intereses de los créditos, con base en las estimaciones.

- De llevarse a cabo el programa de reingeniería financiera, este sería por la cantidad estimada de mil 875 millones de pesos, equivalente a 23 por ciento de los Ingresos esperados en 2024, nivel que se considera manejable.

- En resumen, de los beneficios, se hará más obra pagando un menor servicio de deuda al refinanciar los créditos actuales, aún con la contratación de un nuevo financiamiento.

- En lugar de solicitar más plazo para el pago de la deuda pública, se disminuirá el Plazo de la Deuda de 13 a 10 años.

- Se disminuye el costo total de la deuda actual en un estimado de 6.5 millones de pesos. Incluyente la contratación del nuevo crédito solicitado.

- Se crean 2 nuevas áreas de esparcimiento en la ciudad, con un beneficio directo a una población superior a los 140 mil habitantes.

- El manejo de las finanzas durante la pasada administración fue prudente y eficiente, prueba de ello fue el reconocimiento de las calificadoras al subir 7 niveles por el buen desempeño financiero del municipio.

22. A pesar de esto el Congreso del estado decidió no autorizar este financiamiento, señalando justificaciones tan absurdas como el que en el parque de deporte adaptado se va a construir una alberca, siendo esta la justificación de no autorizar el refinanciamiento, aludiendo a la sequía que existe en el Estado, demostrando no sólo la falta de interés en proyectos inclusivos para la población si no un desconocimiento total de cómo se maneja una instalación como un alberca deportiva, una alberca como la que opera el gobierno del estado en las instalaciones deportivas del Centro de Usos Múltiples en la misma ciudad de Hermosillo.

23. Por otro lado, el Congreso del estado está autorizando el refinanciamiento de los créditos del gobierno del estado, los cuales incluyen dos créditos autorizados y dispuestos por el mismo gobierno del estado apenas en 2023, los cuales el gobernador prometió pagar dentro de su administración al solicitar la autorización en la anterior legislatura local, esto no solo demuestra que hoy se dice una cosa y mañana otra, si no que ni siquiera se llevó a cabo de la mejor manera dicha contratación, tanto así que apenas hoy un año más tarde solicitan su refinanciamiento.

24. No solo se trata del refinanciamiento de este crédito que se dijo que se pagaría en la actual administración, si no del total de la deuda pública, la cual solicitan refinanciarla hasta 30 años, están endeudando a las futuras generaciones de los sonorenses, muy distinto a lo propuesto por el municipio de Hermosillo que lo que busca es reducir el plazo y pagar menos intereses al final del plazo.

25. Por otro lado el mismo gobierno del estado solicita un nuevo crédito por mil 500 millones de pesos, donde existen proyectos muy similares a los que el municipio planteó, como es la rehabilitación del parque recreativo La Sauceda, que tienen años anunciando inversiones realizadas y que aún hoy no se ha visto un avance, pero siguen solicitando recursos que le cuestan a los sonorenses, se plantea una nueva inversión a la laguna del Náinari en el municipio de Cajeme, un lugar de esparcimiento de ese municipio, que administración tras administración recibe inversión y sin un cambio significativo, que además precisamente en un contexto de sequía se podría cuestionar mucho, ya que esa agua se filtra y evapora sin ningún beneficio para la población para que de ser una obra de ornamento.

26. El resto de la inversión planteada en su mayoría es para mejoras en oficinas de funcionarios públicos, que poco impacto tienen en las necesidades de la población del Estado, pero el último concepto que señalan es totalmente absurdo, la adquisición de vehículos por 100 millones de pesos, los cuales tienen una finalidad administrativa, no son para la seguridad, no son para la prestación de servicios públicos ni para la atención de la salud de la población.

27. En virtud de lo anterior, la presente proposición con punto de acuerdo tiene los siguientes objetivos:

27.1. Actualización de manera inmediata de los factores de distribución de participaciones federales a los municipios del estado de Sonora, conforme a la información más reciente del Censo de Población y Vivienda 2020, tal como lo establece la Ley de Coordinación Fiscal. Esto permitirá una distribución justa y equitativa de los recursos, atendiendo el crecimiento poblacional de municipios como Hermosillo, que ha experimentado un aumento de 53.5 por ciento en su población desde el Censo de 2000, y asegurará la atención adecuada a las necesidades prioritarias de su población.

27.2. Priorizar la autorización de financiamientos municipales que sean financieramente responsables y socialmente relevantes, como el programa de reingeniería financiera presentado por el ayuntamiento de Hermosillo, que busca:

27.2.1. Reducir el plazo y el costo total de la deuda pública municipal.

27.2.2. Aumentar la inversión en infraestructura y servicios públicos esenciales.

27.2.3. Atender necesidades prioritarias de la población, como espacios públicos inclusivos y áreas recreativas que beneficien a más de 140 mil habitantes.

27.3. Garantizar que los proyectos de inversión del Gobierno del Estado estén orientados a resolver problemas prioritarios de la población, como el acceso al agua potable y la infraestructura pública esencial, en lugar de destinar recursos a proyectos cuestionables o de bajo impacto social, como la adquisición de vehículos administrativos o mejoras en oficinas públicas.

27.4. Transparentar y revisar los criterios bajo los cuales se evalúan las solicitudes de financiamiento, asegurando que no existan decisiones arbitrarias o injustificadas que afecten proyectos de alto impacto social, como los presentados por el municipio de Hermosillo.

27.5. Instar a la Federación a restablecer fondos federales y fideicomisos que atendían problemáticas municipales específicas, como el Ramo 23, para fortalecer la capacidad de los municipios de responder a contingencias derivadas de desastres naturales, sequías u otras situaciones extremas, especialmente en contextos como el que enfrenta Sonora.

28. Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con carácter de urgente resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobernador de Sonora y al Congreso del mismo estado para que, en el ámbito de sus competencias, lleven a cabo las acciones que permitan actualizar de manera inmediata los factores de distribución de participaciones federales a los municipios de Sonora, especialmente, Hermosillo, conforme a la información más reciente del Censo de Población y Vivienda 2020, tal como lo establece la Ley de Coordinación Fiscal con el propósito de alcanzar los objetivos señalados en el considerando número 27 del presente documento.

Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, Ciudad de México, a 8 de enero de 2025.

Senadora Lilly Téllez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la titular del Poder Ejecutivo Federal a rechazar el reconocimiento de Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela y a expresar una condena clara y contundente a su dictadura, suscrito por la senadora Lilly Téllez, del Grupo Parlamentario del PAN

Lilly Téllez, senadora de la República por Sonora en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, párrafo 1, fracción II, del Reglamento del Senado de la República y demás disposiciones jurídicas aplicables, se permite someter a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución por el que se exhorta a la titular del Poder Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum Pardo, a rechazar el reconocimiento de Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela y a expresar una condena clara y contundente a su dictadura. Esta soberanía considera que mantener cualquier postura favorable al régimen de Maduro contradice los principios democráticos y de respeto a los derechos humanos que rigen la política exterior de México, conforme a lo establecido en el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. El 11 de mayo de 1988, se expidió el decreto por el que se reforma la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de establecer como parte de las facultades y obligaciones del presidente de la República la de “dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, con la aprobación del Senado. Incluye los siguientes principios para la conducción de la política exterior: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los estados; la cooperación internacional para el desarrollo; y la lucha por la paz y la seguridad internacionales”1 .

2. El 10 de junio de 2011, se publicó el decreto por el que se modificó la denominación del Capítulo I del Título Primero y se reformaron diversos artículos de la Constitución federal, entre ellos, el artículo 89, fracción X, al incluir como uno de los principios normativos de política exterior que deberá observar el presidente de México es “el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos”2 .

3. Al respecto, es importante destacar la parte correspondiente del dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Derechos Humanos, por lo que hace a la reforma al artículo 89, fracción X, constitucional:

“A partir de la década de los noventas el Estado Mexicano se ha caracterizado por un compromiso muy fuerte con la promoción de los derechos humanos. Así se ha participado activamente en los órganos y mecanismos internacionales sobre la materia. Ejemplo de ello, fue que nuestro país en 2006 fue elegido como presidente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, máximo órgano interestatal de derechos humanos.

Con el fin de que exista una coherencia entre la norma constitucional y la política exterior que el Estado mexicano ha impulsado resulta necesario que al conjunto de principios establecidos en la fracción X del artículo 89 constitucional se incorpore el de ‘protección y promoción de los derechos humanos’. Pues a través de esta descripción se tutela la actitud previsible referida a un sujeto de protección, lo cual se podría expresar estableciendo que en la conducción de la política exterior, y la celebración de Tratados internacionales el titular del Ejecutivo observará el reconocimiento y respeto de los derechos humanos y por ende la dignidad humana”3 .

4. Es evidente que dicha modificación constitucional tuvo como propósito incorporar y asegurar permanentemente la protección de los derechos humanos como parte de los principios que sustentan la política exterior del Estado mexicano. Con ello, nuestro país, a través del titular del Poder Ejecutivo Federal, tendría que asumir una postura sólida ante la comunidad internacional para trabajar, defender y promover la protección de los derechos humanos universales. Hacer esto no implica una intervención en otro país, al contrario, México asumiría con orgullo un compromiso humanitario de solidaridad internacional.

5. En ese contexto, resulta inadmisible que la titular del Poder Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum Pardo, haga caso omiso a ese principio constitucional de política exterior y no se pronuncie a favor del respeto, de la protección y de la promoción de los derechos humanos y de las libertades de los venezolanos, cuyas prerrogativas han sido violentadas en los últimos años por su gobierno dictador. Peor aún: que no se pronuncie en contra del evidente régimen dictatorial que encabeza Nicolás Maduro porque nada tiene de democrático.

6. El 28 de julio de 2024 se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en Venezuela, sin embargo, según el Consejo Nacional Electoral, ganó Nicolás Maduro, pero la líder opositora María Corina Machado y el candidato presidencial Edmundo González denunciaron fraude y desconocieron el resultado. No ha existido transparencia en el resultado de las elecciones, ni recuento de la votación, ni se han publicado las actas oficiales por las autoridades electorales venezolanas que acrediten la autenticidad de los resultados, lo que demuestra la falta de legitimidad del resultado oficial.

7. En América, diversos países democráticos, entre los que se encuentran Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, así como de la Unión Europea, integrada por 27 países (Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania y Suecia) han desconocido a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, al considerar que su nueva reelección careció de garantías democráticas y fue denunciada como fraudulenta.

8. El respaldo de México, a través de la titular del Ejecutivo federal, al régimen de Nicolás Maduro contradice el principio fundamental de la democracia al validar un gobierno señalado por distintos países y por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de los Estados Americanos, la Organización de las Naciones Unidas, Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, entre otros, como responsable de la violación sistemática de derechos humanos y la ruptura del orden democrático.

9. El hecho de que la presidente Claudia Sheinbaum apoye a Nicolás Maduro e informe que enviará a un representante de México a la toma de protesta4 con la justificación de que lo hace con base en el principio de la “autodeterminación de los pueblos” es darle una interpretación ideológica a ese principio e ignora a los demás que se encuentran en el artículo 89, fracción X, de la Constitución Federal en perjuicio de la democracia y de los derechos humanos.

10. Organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Organización de los Estados Americanos han documentado en informes recientes graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela, que incluyen ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, y persecución y encarcelamiento de opositores políticos. Lo que se vive en Venezuela no es democracia y sí es una dictadura.

11. Reconocer a Nicolás Maduro implica, de facto, legitimar estas prácticas contrarias a los derechos humanos, a la democracia, al derecho internacional y a los valores que México históricamente ha defendido.

12. La gestión del régimen de Maduro ha contribuido a una de las peores crisis humanitarias del continente, con más de 7.7 millones de venezolanos desplazados5 y una población que enfrenta carencias graves de alimentos, medicamentos y servicios básicos.

13. México había sido un promotor histórico de la democracia y los derechos humanos; por tanto, debe mantener una postura firme en contra de gobiernos dictatoriales y autoritarios que atenten contra la voluntad popular y los derechos humanos. La postura del Ejecutivo federal de reconocer a Nicolás Maduro contradice esta tradición y sigue debilitando la posición de nuestro país en la comunidad internacional.

14. La presidente de México no debe de anteponer su ideología al cumplimiento del principio constitucional de la política exterior mexicana de derechos humanos, con el fin de soslayar el contexto político, social y económico actual de Venezuela en el que sus habitantes están siendo sumamente afectados tanto por la crisis económica que agrava más la escasez de alimentos, medicamentos y servicios básicos. Es momento de que la jefe del Estado mexicano se pronuncie a favor de la democracia, de los derechos humanos y de las libertades del pueblo venezolano y deje de apoyar al gobierno dictador de aquel país.

15. Por lo anterior, es indispensable que el honorable Congreso de la Unión, como órgano de representación nacional, exhorte a la titular del Ejecutivo federal a rechazar y condenar el régimen dictatorial que existe en Venezuela con miras a alinear la política exterior de México con los valores democráticos y de derechos humanos que han definido nuestra historia.

16. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con carácter de urgente resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la titular del Poder Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum Pardo, a rechazar el reconocimiento de Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela y a expresar una condena clara y contundente a su dictadura. Esta soberanía considera que mantener cualquier postura favorable al régimen de Maduro contradice los principios democráticos y de respeto a los derechos humanos que rigen la política exterior de México, conforme a lo establecido en el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Notas

1 Decreto por el que se reforma la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_117_11may88_i ma.pdf

2 Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_194_10jun11.p df

3 Proceso legislativo de la reforma constitucional del 10 de junio de 2011: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/proceso/lxi/117_DOF_10jun11.pdf

4 Versión estenográfica. Conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo del 6 de enero de 2025: https://www.gob.mx/presidencia/articulos/version-estenografica-conferen cia-de-prensa-de-la-presidenta-claudia-sheinbaum-pardo-del-6-de-enero-d e-2025?idiom=es

5 Situación de Venezuela, Agencia de la ONU para los Refugiados: https://www.acnur.org/mx/emergencias/situacion-de-venezuela

Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, Ciudad de México, a 8 de enero de 2025.

Senadora Lilly Téllez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SICT, en coordinación con la SHCP, a destinar los recursos necesarios para proyectos de reconstrucción, mantenimiento y conservación de carreteras federales en el estado de Jalisco durante el ejercicio fiscal de 2025, suscrita por el diputado Omar Antonio Borboa Becerra, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Omar Antonio Borboa Becerra, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para que, en conjunto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, destinen los recursos necesarios para proyectos de reconstrucción, mantenimiento y conservación de carreteras federales en el Jalisco durante el ejercicio fiscal de 2025, con base en las siguientes:

Consideraciones

Primera. El 24 de febrero de 2024 se publicó una nota periodística en la que se daba cuenta de la cancelación de licitaciones de conservación de carreteras federales.

En dicha nota se dio a conocer información relevante en el sentido de que, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reservó los recursos autorizados al Programa Nacional de Conservación de Carreteras 2024, específicamente el programa K032 Reconstrucción y conservación de carreteras, lo cual fue notificado a los Centros de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, por la Dirección General de Conservación de Carreteras, mediante oficio No. 3.2.-033/2024, de fecha 6 de febrero de 2024.

Segunda. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó a las empresas interesadas en participar en licitaciones nacionales del programa de reconstrucción y conservación de carreteras que se cancelaron los concursos que estaban en proceso porque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reservó los 11 mil millones de pesos que se habían presupuestado para 2024.

Tercera. Las licitaciones canceladas se referían a trabajos de conservación periódica y rutinaria de tramos, conservación y reconstrucción de puentes, atención a puntos de conflicto y seguridad vial, señalamiento, estudios, proyectos y seguimiento o verificación de los trabajos en todo el país, que normalmente son ejecutados por empresas locales.

Cuarta. Esta decisión que tomó el Gobierno federal de cancelar los proyectos de mantenimiento carretero que habrían de ejecutarse durante el 2024, representó para el Estado de Jalisco la pérdida de una inversión federal significativa, agravando así, además, el abandono en que se encuentra esa infraestructura.

Quinta. De acuerdo con registros proporcionados vía transparencia por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, específicamente por la Dirección General de Conservación de Carreteras, perteneciente a la Subsecretaría de Infraestructura, muestran que las afectaciones para el estado de Jalisco por los proyectos cancelados ascendieron en total a 379 millones 222 mil 726 pesos.

Sexta. Con la falta de estos recursos públicos se dejaron de intervenir 5 mil 117 kilómetros de las carreteras federales en el territorio de Jalisco, bajo los siguientes conceptos de inversión que se habían planificado originalmente por la Dirección General de Conservación de Carreteras: Conservación Periódica de Tramos, sobre 78.4 kilómetros, y una inversión de 122 millones 994 mil 015 pesos; Conservación Rutinaria de Tramos, sobre 2 mil 227.93 kilómetros y una inversión federal de 179 millones 717 mil 711 pesos; Conservación Rutinaria de Puentes, sobre 394 kilómetros, con un monto por 6 millones 300 mil pesos; Conservación Periódica de Puentes, sobre únicamente 10 kilómetros, financiados con 2 millones 730 mil pesos.

Séptima. Por otro lado, los conceptos de inversión restantes que se habían establecido por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes eran los siguientes: Señalamiento horizontal, sobre mil 388.87 kilómetros, con una bolsa presupuestal por 20 millones 833 mil pesos; Señalamiento vertical, sobre mil 10 kilómetros, financiados con 4 millones 568 mil pesos; Reconstrucción de Puentes, sobre un kilómetro, que contaría con 10 millones de pesos; Puntos de Conflicto, sobre cinco kilómetros, con una partida presupuestal por 26 millones 80 mil pesos; y, finalmente, Seguimiento y Control, sobre un kilómetro, que dispondría de 6 millones de pesos.

Octava. Por su parte, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, organismo representante de casi nueve mil empresas del sector de la construcción en México, ante la cancelación de las licitaciones del Programa Nacional de Conservación de Carreteras 2024, expresó su preocupación toda vez que el buen mantenimiento de la Red Nacional de Carreteras es base para el desarrollo de la economía del país. Además, resaltó que la falta de inversión en mantenimiento y conservación de las carreteras ha sido una constante desde hace varios años, lo que ha traído consigo un deterioro significativo de la infraestructura de transporte del país, afectando la competitividad de México.

Novena. Por último, cabe señalar que el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, expresó su preocupación por la insuficiencia del presupuesto federal destinado a la recuperación de las carreteras federales en el país. Hizo hincapié en que la entidad requiere 12 mil millones de pesos para tener carreteras adecuadas, y en que carreteras como la 80 o la 200 ya están intransitables, y están poniendo en riesgo la vida de las familias jaliscienses.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para que, en conjunto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, destinen los recursos necesarios para proyectos de reconstrucción, mantenimiento y conservación de carreteras federales en Jalisco durante el ejercicio fiscal de 2025

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para que, en conjunto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, destinen los recursos necesarios para proyectos de reconstrucción, mantenimiento y conservación de carreteras federales en el estado de Jalisco durante el ejercicio fiscal de 2025.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 8 enero de 2025.

Diputado Omar Antonio Borboa Becerra (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la titular del Poder Ejecutivo federal, a través de la Ssa, en coordinación con el gobierno del estado de Aguascalientes, a iniciar los estudios técnicos, financieros y de viabilidad para la construcción de dos hospitales generales, uno en el norte y otro en el sur de dicha entidad, a cargo del senador Juan Antonio Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, senador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo por los que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión Exhorta respetuosamente a la titular del Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Salud, para que en coordinación con el gobierno de Aguascalientes inicie los estudios técnicos, financieros y de viabilidad para la construcción de dos hospitales generales, uno en el norte y otro en el sur del estado, al tenor de la siguientes

Consideraciones

“La salud es la riqueza real y no las piezas de oro y plata”: Mahatma Gandhi.

La salud es no sólo un tema fundamental para el bienestar de nuestras familias sino, también, la base de una sociedad justa, equitativa y próspera.

En este momento crucial debemos reafirmar nuestro compromiso con el derecho a la salud y la imperiosa necesidad de garantizar infraestructura hospitalaria adecuada en cada rincón de nuestro país.

La pandemia vivida hace varios años nos dejó como lección que debemos estar prevenidos ante cualquier emergencia.

Aguascalientes es una de las entidades federativas con mayor cobertura y calidad en los servicios de salud, sin embargo, como en todo el país, el Estado no está excento de tener diversos desafíos.

De acuerdo con el análisis del Foda del Diagnóstico de Salud 2023 del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes, de mantenerse las condiciones actuales en materia de salud sin apoyo de la federación, es probable que existan las repercusiones siguientes:

- Se mantendría un importante sector de la población abierta sin acceso efectivo a los Servicios de Salud.

- La falta de capacidad instalada hospitalaria disminuira? la posibilidad de atender adecuadamente a personas con padecimientos que ameritan el concurso de personal me?dico especializado.

- Los insuficientes recursos presupuestales asignados a Salud dificultara?n la posibilidad de contar con los insumos necesarios para la prestacio?n de servicios con altos niveles de calidad.

- De no redistribuirse el personal prestador de servicios se continuara? con la falta de personal en algunos turnos de las Unidades de Salud que operan en la actualidad.

De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, el derecho a la salud es una garantía íntegral que comprende una amplia gama de factores que pueden contribuir a una vida sana y al correcto desarrollo del individuo.

Los otros aspectos fundamentales del derecho a la salud son los siguientes:

Calidad , en los establecimientos sanitarios desde el punto de vista científico y médico, y que estos, se encuentren en buenas condiciones.

Participación, en la elaboración, coordinación y ejecución de los planes programas y proyectos en materia de políticas de salud.

Rendición de cuentas, indispensable para que las autoridades sanitarias federales y las entidades federativas den cuentas de su cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos en la esfera de la salud pública. Las personas deben poder solicitar una reparación efectiva cuando se vulnere su derecho a la salud, como en los casos de denegación de servicios sanitarios.

Accesibilidad necesaria que ocupan los establecimientos, bienes y servicios sanitarios para ser asequibles y físicamente accesibles a todos, sin discriminación alguna.

Disponibilidad, para que siempre haya un número suficiente de servicios públicos sanitarios y centros de atención de la salud en funcionamiento.

Aceptabilidad, que requiere que los establecimientos, bienes y servicios sanitarios sean respetuosos de la ética médica, sensibles a las cuestiones de género y apropiados desde el punto de vista cultural.

Justificaciones

1. Crecimiento poblacional:

Según datos del Inegi, Aguascalientes ha registrado en las últimas décadas un crecimiento poblacional sostenido, alcanzando aproximadamente más de 1.4 millones de habitantes en 2023.

Este aumento ejerce presión sobre los servicios de salud actuales, que se han visto rebasados en capacidad.

2. Deficiencias en infraestructura hospitalaria

De acuerdo con la Secretaría de Salud de Aguascalientes, los hospitales generales en la entidad operan con una alta saturación, particularmente en servicios de urgencias, cirugía y atención de enfermedades crónicas como diabetes y hipertensión.

En promedio, el estado cuenta con 1.3 camas hospitalarias por cada mil habitantes, cifra inferior al estándar recomendado por la OMS, 3 camas por cada mil habitantes.

3. Zonas prioritarias

- Zona norte (Jesús María): La población de esta área, en constante expansión, carece de un hospital general cercano, lo que obliga a los pacientes a trasladarse al hospital Hidalgo o a clínicas saturadas.

- Zona sur (Calvillo): Este municipio y los aledaños tienen acceso limitado a servicios especializados, lo que aumenta los tiempos de traslado y pone en riesgo la atención de emergencias.

Marco legal

De igual forma, el presente proyecto se construye con la finalidad de cumplir lo consagrado por el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual consagra el derecho a la protección de la salud, y que es responsabilidad de las autoridades garantizar su cumplimiento mediante infraestructura adecuada.

Así como el artículo 77 Bis 1 de la Ley General de Salud, que establece la obligación del Estado de proporcionar servicios de salud oportunos, integrales y de calidad a la población.

Beneficios

1. Acceso equitativo:

Ayudará a reducirá las desigualdades en el acceso a la salud al atender a comunidades alejadas de los hospitales centrales.

2. Atención oportuna:

Mejorará los tiempos de respuesta en emergencias y permitirá diagnósticos más tempranos y tratamientos adecuados.

3. Reducción de traslados:

Evitará que las y los pacientes de comunidades rurales se trasladen largas distancias, disminuyendo costos y riesgos.

4. Fortalecimiento del sistema de salud:

Contribuirá a una red hospitalaria estatal más eficiente, reduciendo la carga de los hospitales actuales.

5. Desarrollo económico

La inversión en infraestructura hospitalaria que no solo garantiza el acceso a la salud, sino que también genera empleos directos e indirectos, impactando positivamente en la economía local.

La construcción de dos hospitales generales contribuirá a disminuir la saturación de los servicios existentes, acercar la atención médica especializada a las comunidades más vulnerables y fortalecer la infraestructura de salud del estado.

Además, dichos hospitales deberán contar con al menos las siguientes características:

- Capacidad inicial: 120 camas hospitalarias cada uno, con posibilidad de ampliación.

- Especialidades clave: medicina interna, pediatría, ginecología, cirugía general y urgencias.

- Equipamiento avanzado: áreas de terapia intensiva, quirófanos modernos y equipos de diagnóstico de última generación.

Los presentes puntos de acuerdo representan una acción concreta y necesaria para garantizar el acceso a la salud como un derecho humano fundamental. La construcción de dos hospitales generales en Aguascalientes atenderá las necesidades de una población hidrocálida creciente, reforzará la infraestructura sanitaria del estado y sentará las bases para un desarrollo social más equitativo en la región.

Por lo expuesto someto ante la recta consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la titular del Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Salud, a fin de que en coordinación con el gobierno de Aguascalientes inicie estudios técnicos, financieros y de viabilidad para construir dos hospitales generales, uno en el norte y otro en el sur del estado.

Segundo. Se invita al Congreso de Aguascalientes a considerar la planeación legal y presupuestal para coadyuvar en la ejecución, gestión y construcción de estas obras.

Así como a las autoridades municipales de Jesús María y Calvillo para que colaboren en la gestión de terrenos adecuados y faciliten los trámites necesarios para la elaboración del proyecto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de enero de 2025.

Senador Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal, a través de la SICT, a destinar los recursos humanos, materiales y económicos suficientes en la construcción de dos puentes vehiculares en la carretera federal 45, tramos norte y sur en el estado de Aguascalientes, a cargo del senador Juan Antonio Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, senador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo federal a destinar por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes recursos humanos, materiales y económicos suficientes en la construcción de dos puentes vehiculares en la carretera federal 45, tramos norte y sur, en Aguascalientes, al tenor de la siguientes

Consideraciones

“Si los accidentes fueran causados sólo por los conductores, se repartirían por toda la red; como hay concentraciones, la vía es vital”: Alfredo García.

La movilidad sustentable no es una opción; es una obligación. Si queremos un México competitivo, inclusivo y resiliente, debemos apostar por la construcción de infraestructura que nos lleve hacia un futuro más verde y justo.

En un mundo en el que las ciudades crecen exponencialmente y los efectos del cambio climático nos exigen actuar con urgencia, no podemos ignorar que el desarrollo de infraestructura para una movilidad eficiente y sustentable es una prioridad inaplazable.

La construcción de puentes, como parte de un plan integral de movilidad, no solo conecta lugares; conecta oportunidades, sueños, comunidades y garantiza el derecho humano a la movilidad sustentable consagrada en el artículo 4o. de la Carta Magna.

Desgraciadamente, este derecho no puede ejercerse plenamente si nuestras ciudades y comunidades siguen sufriendo de congestión, falta de infraestructura vial adecuada y un transporte que contamina el aire que respiramos.

Hoy, muchas ciudades enfrentan un caos vial que no solo limita la productividad, sino que también afecta la salud mental y física de sus habitantes. Los largos tiempos de traslado impiden la convivencia familiar, reducen el tiempo para el descanso y aumentan las emisiones de gases de efecto invernadero.

La carretera federal 45, columna vertebral de la infraestructura en el desarrollo vial de nuestro país. Para el caso de Aguascalientes, esta vía no solo conecta estratégicamente a la entidad con estados vecinos como Zacatecas, Guanajuato y Jalisco, sino que también es fundamental para la movilidad de personas, mercancías y diversos productos que propician el desarrollo económico de la región.

Sin embargo, esta carretera enfrenta desafíos críticos que ponen en riesgo la seguridad de las personas usuarias, limitan la competitividad de los sectores productivos y afectan la calidad de vida de miles de personas ciudadanas. Entre todos los desafíos, destaca la necesidad urgente de construir dos puentes vehiculares en los tramos norte y sur de la carretera dentro del estado.

Con base en datos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la carretera 45 registra un flujo vehicular promedio de 25,000 vehículos diarios, incluyendo transporte pesado, lo que provoca conflictos en cruces a nivel, embotellamientos y un aumento significativo en la incidencia de accidentes viales.

Resulta no sólo necesario sino, además, urgente la construcción de dos puentes vehiculares que solucionen de forma integral la seguridad, eficiencia vial y desarrollo económico en la región Bajío.

Los principales beneficios del presente proyecto son los siguientes:

1. Seguridad vial

Por ejemplo, según la información del Censo Nacional de Seguridad Pública Federal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Es de mencionar que durante el año 2023, la Guardia Nacional División Caminos intervino en 473 accidentes carreteros dentro de la entidad. Y según datos del mismo Inegi, 40 por ciento de los accidentes viales en Aguascalientes ocurrió en la carretera 45, principalmente en cruces a nivel.

Por lo que los puentes permitirán separar flujos vehiculares, reduciendo colisiones y salvando vidas.

2. Movilidad eficiente

Los puentes vehiculares facilitarán un tránsito continuo, eliminando cuellos de botella en puntos críticos y reduciendo tiempos de traslado para transporte privado, público y de carga.

3. Impulso económico

La carretera 45 conecta zonas industriales estratégicas de Aguascalientes con el Bajío y el norte del país. Una infraestructura moderna reducirá costos logísticos y fortalecerá la competitividad de sectores como la manufactura y la agroindustria.

4. Impacto social

Los habitantes de comunidades cercanas tendrán un acceso más rápido y seguro a servicios esenciales como hospitales, escuelas y centros laborales, lo cual mejorará significativamente su calidad de vida.

5. Beneficio ambiental

Al optimizar el flujo vehicular, se reducirá de manera considerable el consumo de combustible y las emisiones de CO?, contribuyendo a los objetivos nacionales e internacionales de desarrollo sostenible y combate al cambio climático de la Agenda 2030.

Aunado a ello, los proyectos en comento deberán considerar los siguientes aspectos:

- La ubicación estratégica basada en estudios de tránsito vehicular y siniestralidad.

- El diseño que permita el flujo continuo de vehículos ligeros y pesados.

- Infraestructura complementaria como iluminación, señalización y accesos seguros para peatones y ciclistas.

- Coordinarse con el Gobierno del Estado de Aguascalientes para colaborar con el facilitamiento de los estudios técnicos, la gestión de derechos de vía y la asignación de recursos complementarios para la ejecución de los proyectos.

Pero estos puentes no deben pensarse como obras aisladas. Deben formar parte de un modelo de movilidad sustentable. Porque un país que apuesta por la movilidad sustentable y la infraestructura inteligente está apostando por su futuro. Estamos hablando de construir puentes, no solo de concreto, sino de igualdad, progreso y sostenibilidad.

Compañeras y compañeros legisladores: La construcción de estos dos puentes vehiculares no son un lujo ni un capricho, sino una necesidad imperante para garantizar la seguridad, el desarrollo económico y el bienestar de la ciudadanía hidrocálida y cientos de miles de personas mexicanas que la transitan.

Juntos tenemos la oportunidad de contribuir a la solución de un problema que afecta a miles de personas diariamente. Este es un llamado a priorizar inversiones inteligentes en puntos clave de infraestructura que dejarán un legado con diversos beneficios duraderos para México y las nuevas generaciones.

Desde el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional insistimos a los legisladores y las legisladoras del oficialismo a que consideren la importancia de este proyecto que detonará una cadena de beneficios para la población del Bajío, principalmente para las y los hidrocálidos.

Por su atención y respaldo a esta causa, muchas gracias.

Por lo expuesto someto ante la recta consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la titular Poder Ejecutivo federal a destinar por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes recursos humanos, materiales y económicos suficientes en la construcción de dos puentes vehiculares en la carretera federal 45, tramos norte y sur en Aguascalientes.

Salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de enero de 2025.

Senador Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo (rúbrica)