Proposiciones

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y a la Conagua a presentar a la opinión pública un informe sobre la extracción clandestina e ilegal de agua en ríos, presas y cuerpos superficiales, conocido como huachicol del agua, así como a detallar las acciones de inspección, vigilancia y sanción implementadas en el territorio nacional, a cargo del diputado Miguel Ángel Guevara Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Miguel Ángel Guevara Rodríguez, y las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Considerandos

El agua no es sólo un insumo más de la economía: es el soporte físico de la vida y el eje alrededor del cual se articula la seguridad nacional y la actividad productiva en México. De su manejo responsable depende que el país pueda garantizar, en los hechos y no sólo en el papel, el derecho humano al agua previsto en el artículo 4o de nuestra Constitución. Cuando el acceso al agua se vuelve un privilegio y no un derecho, se rompe el acuerdo fundamental entre el Gobierno y la ciudadanía. Hoy, ese pacto está siendo vulnerado por un fenómeno que avanza en silencio, pero con enorme capacidad destructiva: la extracción ilegal y clandestina de agua en ríos, presas, canales y acuíferos, el llamado “huachicol del agua”, que se ha extendido como mancha de aceite en diversas regiones del territorio y amenaza con erosionar la base misma de nuestra soberanía hídrica.

No estamos frente a faltas administrativas menores, sino ante una actividad delictiva altamente lucrativa que combina corrupción, captura institucional y operación de grupos organizados. Cada toma clandestina instalada en la ribera de un río, en la cortina de una presa o sobre un acuífero sobreexplotado implica la apropiación privada de un bien de dominio público, desvía caudales destinados a hogares, al campo y a la industria formal, y genera daños ecológicos que, en muchos casos, resultan irreversibles. La alteración de los flujos naturales rompe ciclos ecológicos completos: se secan humedales, se colapsan hábitats de especies endémicas y se reduce la recarga de acuíferos ya sobreexigidos. A la par, florecen mercados paralelos de agua en pipas, mangueras y redes de distribución informales, que operan en la opacidad.

Diversos reportes de la Comisión Nacional del Agua y de autoridades estatales dan cuenta de que, sólo en los últimos años, se han identificado cientos de pozos y tomas clandestinas en entidades como Estado de México, Puebla, Tamaulipas, Sonora y Chihuahua. En 2024, por ejemplo, la CONAGUA reportó al menos 20 tomas clandestinas de agua sólo en el estado de Puebla, abiertas por usuarios particulares y empresas que extraen el líquido sin título ni permiso, agravando el desabasto que ya padecen colonias completas. Más recientemente, el llamado Operativo Caudal en el Estado de México permitió intervenir 189 inmuebles en 48 municipios, asegurar más de 320 pipas, descubrir 51 pozos y 138 tomas ilegales y exhibir la existencia de verdaderas redes empresariales dedicadas al contrabando de agua hacia la zona metropolitana del Valle de México. Especialistas como el urbanista Manuel Perló han advertido que, en algunas áreas urbanas, hasta 40.0 por ciento del agua se distribuye por vías informales, muchas veces alimentadas por este tipo de robo, lo que revela la profundidad del problema y el nivel de captura de los sistemas hidráulicos.

El costo de este delito se siente con particular fuerza en la producción agroalimentaria, columna vertebral de la seguridad alimentaria del país. En cuencas de uso intensivo como las del río Lerma–Santiago, el Bravo o el Yaqui, la extracción al margen de la ley compite directamente con el agua destinada a distritos de riego y zonas agrícolas estratégicas. Estas sustracciones irregulares reducen gran parte del caudal disponible para riego, lo que se traduce en menores rendimientos por hectárea, pérdida de cosechas de alto valor y afectaciones severas a la ganadería. A ello se suma la paralización de agroindustrias completas y la pérdida de empleos rurales, con impactos económicos que se cuentan en miles de millones de pesos cada año.

Las consecuencias sociales ya son visibles. En regiones como la Cuenca Alta del Lerma, la Comarca Lagunera, el sur de Sonora o el oriente de Morelos, la combinación de sequía, sobreconcesionamiento y tomas clandestinas ha detonando conflictos abiertos entre comunidades, productores y autoridades, bloqueos carreteros y disputas por el control de pozos y canales. Lo que debería ser una política pública basada en criterios técnicos se está convirtiendo, literalmente, en una disputa cuerpo a cuerpo por cada litro de agua.

El panorama en materia de presas de almacenamiento no es menos preocupante. México cuenta con centenares de embalses estratégicos distribuidos en 731 cuencas hidrológicas reconocidas para efectos de administración de las aguas nacionales. En varios de ellos se han observado descensos de volumen que no se explican únicamente por la sequía o la evaporación, sino por extracciones no autorizadas y desvíos masivos con fines agroindustriales o urbanos ajenos a lo establecido en sus títulos de concesión. Cuando los niveles de almacenamiento se alejan de las curvas de operación programadas, no sólo se comprometen los ciclos de riego; también se reduce el caudal ecológico mínimo indispensable para mantener vivos humedales, lagunas, esteros y corredores de aves migratorias que dependen de esos aportes.

El problema se agrava por la debilidad estructural de las capacidades de inspección y vigilancia del Estado. Para dimensionar la brecha, basta recordar que, de acuerdo con información pública, hacia 2021 la CONAGUA contaba con alrededor de 80 inspectores para supervisar más de 517 mil concesiones de uso de agua en todo el país (La Jornada ). Aunque la plantilla ha tenido ajustes, la proporción sigue siendo escandalosamente insuficiente frente a la complejidad de una red hídrica que comprende miles de kilómetros de ríos, canales y redes de distribución, 757 cuencas hidrológicas reconocidas y millones de usuarios. En estas condiciones, enormes extensiones del territorio nacional—sobre todo en el norte, occidente y sureste—funcionan en los hechos como zonas sin vigilancia, donde el huachicol del agua puede operar durante meses o años sin ser detectado, frecuentemente con infraestructura sofisticada: kilómetros de tubería de alta densidad enterrada, bombas industriales camufladas y centros de carga y distribución que funcionan a plena luz del día.

Todo esto ocurre en medio de la peor crisis hídrica de las últimas décadas. De acuerdo con datos de la propia CONAGUA, retomados por la UNAM, más de 65.0 por ciento del territorio nacional ha llegado a presentar algún grado de sequía en los últimos años. El Monitor de Sequía de México reportó que, tan sólo en la segunda quincena de mayo de 2024, el 75.96 por ciento del país se encontraba bajo condiciones de sequía de moderada a excepcional, una cifra que resume la severidad de la crisis. Aun con cierta recuperación en el cierre de 2024, cuando el porcentaje se ubicó alrededor de 38.1 por ciento del territorio, la realidad es que las sequías prolongadas llegaron para quedarse y seguirán tensando todos los sistemas de abasto y distribución. En este contexto, permitir que el agua robada se comercialice en un mercado negro que mueve miles de millones de pesos al año, como han documentado investigaciones periodísticas en zonas metropolitanas como Ciudad de México y Toluca, resulta no sólo irresponsable, sino abiertamente criminal.

La opacidad informativa termina de cerrar el círculo. Ni los usuarios domésticos ni los productores del campo ni los propios municipios cuentan hoy con una radiografía clara y accesible de dónde están las tomas clandestinas, cuánto se está robando, quiénes participan en estas redes y qué resultados concretos han tenido los operativos. Sin esa información, los sistemas operadores no pueden planear su abasto, los distritos de riego no pueden programar con certeza sus ciclos agrícolas y las comunidades no pueden anticipar ni mitigar los efectos de la escasez. El resultado es una ciudadanía desprotegida y un Estado que parece mirar hacia otro lado mientras el agua se fuga por la puerta trasera.

Bajo esta problemática, el Congreso de la Unión debe implementar acciones de manera urgente. Esta soberanía está obligada a exigir que se garantice el derecho al agua no sólo en el discurso, sino en la realidad cotidiana de millones de mexicanas y mexicanos. Para ello, se vuelve indispensable contar con un informe técnico exhaustivo, puntual, georreferenciado y de acceso público, elaborado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional del Agua, que detalle la dimensión real del huachicol del agua, identifique zonas críticas, señale responsables, transparente recursos y describa los operativos de inspección, clausura y sanción realizados.

Sólo con información completa y verificable será posible evaluar la eficacia de las acciones emprendidas, corregir estrategias, impulsar reformas legales y presupuestales y construir una política de Estado que enfrente con inteligencia y firmeza este flagelo. De lo contrario, el huachicol del agua seguirá carcomiendo, gota a gota, la seguridad hídrica presente y futura de la nación y el derecho más elemental de la población: abrir la llave y tener agua. Por ello y ante la urgencia hídrica, económica y territorial que conlleva este fenómeno, se propone el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional del Agua, a que presenten un informe a la opinión pública sobre la extracción ilegal y clandestina de agua en ríos, presas y cuerpos superficiales del país, incluyendo el número de tomas detectadas, volúmenes estimados, zonas críticas, operativos de vigilancia, denuncias presentadas, sanciones impuestas y acciones de coordinación con gobiernos estatales y municipales.

Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal, a fortalecer sus mecanismos de inspección, vigilancia, sanción y monitoreo para combatir el llamado “huachicol del agua”, así como a difundir de manera pública y accesible toda la información relacionada con esta problemática, a fin de garantizar la transparencia, la protección de los ecosistemas hídricos y el derecho humano al agua.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2025.

Diputado Miguel Ángel Guevara Rodríguez (rúbrica)