Proposiciones

• Con punto de acuerdo, para exhortar a la SRE, a la Segob y al INM a agilizar los requisitos, lineamientos y procedimientos para el otorgamiento de visas a ciudadanos de la República de la India que deseen ingresar a México, a fin de fortalecer la competitividad económica, facilitar la operación empresarial y consolidar la relación bilateral entre ambas naciones, a cargo del diputado César Augusto Rendón, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar a Pemex a garantizar la transparencia total de sus procesos de adjudicación, así como la realización de auditorías externas e independientes, con el fin de fortalecer los mecanismos de control, rendición de cuentas y gobierno corporativo, bajo un enfoque técnico e integral de buenas prácticas en materia de administración pública, a cargo del diputado Ernesto Sánchez Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP a instrumentar acciones tendientes a asignar el presupuesto suficiente que permita asegurar la suficiencia financiera, la estabilidad operativa y la permanencia del personal especializado de los órganos garantes de transparencia, a cargo del diputado Ernesto Sánchez Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno del estado de Tamaulipas y a la SHCP a que se reactiven los proyectos de transporte masivo en las zonas metropolitanas de Reynosa–Río Bravo y Tampico–Madero–Altamira, a cargo de la diputada Blanca Leticia Gutiérrez Garza, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal, a través de la FGR, a implementar medidas urgentes para prevenir y sancionar el acoso judicial contra periodistas y medios de comunicación, a fin de garantizar la libertad de expresión y el derecho a informar en todo el país, a cargo del diputado Miguel Ángel Guevara Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal, a través de la Sader, a presentar un informe público por los medios que consideren necesarios, sobre las acciones implementadas para controlar la plaga del gusano barrenador y a presentar estrategias para mitigar su impacto económico en la industria ganadera nacional, a cargo del diputado Miguel Ángel Guevara Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN

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Con punto de acuerdo, para exhortar a la SRE, a la Segob y al INM a agilizar los requisitos, lineamientos y procedimientos para el otorgamiento de visas a ciudadanos de la República de la India que deseen ingresar a México, a fin de fortalecer la competitividad económica, facilitar la operación empresarial y consolidar la relación bilateral entre ambas naciones, a cargo del diputado César Augusto Rendón, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, Cesar Augusto Rendón, diputado federal de la LXVI Legislatura y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional con fundamento en el artículo 3, numeral 1, fracción XX, artículo 6, numeral 1, fracción I; y artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados someto ante el pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

México se encuentra en un punto decisivo para consolidar su posición como potencia económica emergente. El fenómeno del nearshoring, la relocalización de cadenas de suministro y la creciente demanda global de talento especializado han colocado a nuestro país en una ventana de oportunidad que requiere modernizar con urgencia los instrumentos regulatorios y administrativos que sostienen la competitividad nacional.

Uno de los elementos más críticos para atraer inversión extranjera directa, facilitar la operación productiva y posicionar a México como un destino confiable para empresas globales es contar con un sistema de gestión migratoria moderno, eficiente, seguro y plenamente alineado con los estándares internacionales . En este sentido, resulta evidente la necesidad de que México transite hacia modelos de visas electrónicas (E-Visa) , como ya lo hacen más de 75 países , incluidos Estados Unidos, Canadá, Corea del Sur, Japón, Nueva Zelanda, Australia, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Turquía, Kenia, Vietnam, Camboya y toda la Unión Europea con su sistema ETIAS.

En este contexto, la relación económica entre México y la República de la India ha adquirido una relevancia estratégica. India es hoy una de las economías más dinámicas del mundo, líder global en tecnología, manufactura avanzada, servicios digitales y desarrollo de talento especializado. México e India comparten un creciente interés por fortalecer la cooperación económica, industrial, tecnológica y de innovación. Las empresas indias están incrementando su presencia en diversas regiones del país, mientras que empresas mexicanas expanden su interlocución en el mercado indio.

La relación comercial México–India se ha intensificado de forma muy rápida en la última década, de acuerdo con el más reciente informe económico-comercial de la embajada de la India en México (a junio 2025), el comercio bilateral alcanzó 11.7 mil millones de dólares en 2024 , un máximo histórico, con operaciones en el orden de exportaciones de India a México por 8,986 millones de USD y de México a India 2,745 millones de USD , lo que sin duda esta empezando a buscar nuevas maneras de desarrollo.

Es así, que de manera creciente México es ya uno de los socios más importantes de India en América llegando en 2023 a ser considerado el 2o socio comercial de India en América Latina después de Brasil, con operaciones crecientes en los rubros del sector automotriz y autopartes (uno de los principales rubros; por casi 2 mil millones de USD en 2023; seguido de los equipos de telecomunicaciones y electrónicos; motores y maquinaria eléctrica; químicos, fertilizantes y cerámica y farmacéuticos (con un estimado de laboratorios indios que abastecen cerca del 35 por ciento del mercado mexicano por volumen).

Por su parte México exporta a India históricamente crudo, oro y metales preciosos, así como algunos químicos, plásticos y componentes electrónicos.

De acuerdo con la Secretaría de Economía, la inversión extranjera directa de India en México asciende a unos 440 millones de dólares; no obstante, estimaciones oficiales del gobierno de la India y de su Embajada en México sitúan la inversión real, incluyendo proyectos y expansiones, en más de 4 mil millones de dólares, distribuidos entre más de 250 empresas indias. Considerada principalmente en tres grandes sectores de IED india en México son:

Tecnologías de la Información y Servicios, el farmacéutico y salud y el automotriz y autopartes.

No obstante, esta asimetría (India invierte más en México que México en India) es importante subrayar que México tiene interés en seguir atrayendo capital y empresas indias, y que la política de visas no debe convertirse en un cuello de botella.

En los últimos años, la Embajada de la India en México ha intensificado actividades de promoción económica, inversión y networking empresarial; ejemplo de lo anterior son los eventos como el Vibrant Buildcon Roadshow realizado en febrero de este año, organizado por la Embajada de la India en México, en colaboración con el IndMex Council, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y la ANIERM, evento enfocado en en el sector de construcción y materiales de construcción, el “1st Annual Business Forum 2025” celebrado en marzo y considerado como la plataforma general para fortalecer lazos empresariales, revisar cifras de comercio e inversión, y presentar oportunidades sectoriales (IT, farmacéutico, automotriz, agroindustria) o el “India–Mexico High Tech Forum 2025” enfocado en tecnología, IT y sectores de alta tecnología, vinculando empresas de software, servicios tecnológicos, innovación y soluciones de alto valor agregado, entre otros eventos o el Intercambio Comercial 2025, India-México celebrado el pasado 20 de noviembre en instalaciones del Club Naval.

Sin embargo, empresas establecidas en México —tanto de capital indio como de capital mexicano que colabora con socios indios— han expresado reiteradamente las dificultades que enfrenta su personal para obtener visas mexicanas que les permitan realizar actividades laborales, de inversión, de supervisión técnica o de instalación de equipos y maquinaria.

Estas dificultades incluyen:

- Largos tiempos de espera en citas y resolución de solicitudes;

- Procesos burocráticos rígidos, poco adaptados a necesidades empresariales;

- Exigencias documentales excesivas o no compatibles con el funcionamiento de empresas globales;

- Falta de criterios diferenciados para perfiles claramente identificables como ejecutivos, técnicos o inversionistas;

- Inconsistencias en la homologación de criterios entre consulados, embajadas y autoridades migratorias;

- Impacto directo en la implementación de proyectos y expansión de inversiones.

Como resultado, los proyectos productivos se retrasan, los costos operativos aumentan, se generan problemas logísticos, y, en casos extremos, se corre el riesgo de que empresas reconsideren su decisión de invertir o expandirse en México debido a la falta de un marco migratorio ágil y favorable para el movimiento de talento especializado.

En contraste, los principales países competidores de México en atracción de inversión —como Estados Unidos, Canadá, Emiratos Árabes Unidos, Singapur, Corea del Sur y diversos países de la Unión Europea— han adoptado modelos de facilitación ágil de visas para ciudadanos de India en los rubros de negocios, trabajo especializado, transferencia tecnológica e instalación de sistemas industriales.

Es decir, mientras otras economías están creando mecanismos expeditos de movilidad para captar talento de la India, México mantiene procesos que son percibidos como lentos y restrictivos, restando competitividad y afectando directamente a empresas que generan empleos en nuestro país.

Es así, que debemos considerar que flexibilizar la gestión de visas no implica debilitar los controles migratorios ni comprometer la seguridad nacional. Por el contrario, se trata de:

- Modernizar procedimientos,

- Establecer criterios claros y transparentes,

- Agilizar trámites para perfiles plenamente identificables,

- Promover la certidumbre jurídica,

- Fomentar la competitividad económica y;

- Acompañar a las empresas que están generando empleo e innovación en México.

La Secretaría de Relaciones Exteriores, en coordinación con la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Migración, tiene atribuciones para revisar, actualizar y modernizar procesos consulares y migratorios, así como para emitir disposiciones administrativas que agilicen la atención de solicitudes vinculadas con actividades productivas, técnicas o de inversión.

Por ello, resulta indispensable que, ante la creciente cooperación económica entre México e India, y frente a la necesidad urgente de atraer inversión y talento especializado, la política migratoria de nuestro país se adapte a las exigencias actuales, permitiendo la movilidad eficiente de ciudadanos indios cuya presencia en México responde a actividades empresariales legítimas, verificables y necesarias.

Ahora bien, aunado a lo anterior y considerando lo antes mencionado respecto de la posición comercial con India y considerando otras relaciones bilaterales y el contexto mundial en materia de comercio la relación México–India exige mecanismos modernos de movilidad

Tal como se expuso, el intercambio comercial entre México e India alcanzó 11.7 mil millones de dólares en 2024, posicionando a México como el segundo socio comercial de la India en América Latina . Con más de 250 empresas indias que operan en territorio nacional, especialmente en los sectores farmacéutico, automotriz, autopartes, tecnologías de la información, manufactura avanzada y servicios de alto valor agregado.

Sin embargo, estas empresas —y sus contrapartes mexicanas que colaboran con ellas— enfrentan obstáculos significativos en la obtención de visas mexicanas tradicionales. A los retos ya identificados (largos tiempos de espera, burocracia, requisitos excesivos) se suma un problema estructural: México no cuenta actualmente con un sistema robusto, ágil y digital de E-Visa para visitantes de negocios, técnicos, inversionistas o personal altamente especializado.

En tal sentido, pongo a consideración, ¿por qué la imperiosa necesidad de que México adopte un sistema de E-Visa?

a) Brinda seguridad reforzada: Contrario a la percepción de que una E-Visa puede relajar controles, los estudios internacionales muestran que:

• Para verificar bases de datos internacionales en tiempo real.

• Aplicar filtros biométricos previos al viaje.

• Reducir intentos de documentación apócrifa.

• Minimizar riesgos de tráfico de documentos, corrupción en ventanillas o uso indebido de oficinas consulares.

Emiratos Árabes Unidos, Australia y Estados Unidos reportan reducciones documentadas de hasta 82 por ciento en riesgos de fraude con la adopción de visas electrónicas.

b) Genera una competitividad económica inmediata

Los países que han digitalizado sus trámites migratorios han:

• Acelerado la llegada de talento especializado.

•Reducido en más del 60 por ciento la burocracia administrativa.

• Aumentado la inversión directa relacionada con la movilidad laboral y técnica.

Para México, que compite directamente con EE.UU., Canadá, Corea, Singapur, Malasia y EAU, mantener esquemas burocráticos tradicionales implica una pérdida real de inversiones .

c) Trae beneficios a las empresas mexicanas

La E-Visa facilitaría que las empresas mexicanas:

• Reciban técnicos e ingenieros para instalación de maquinaria,

• Atraigan inversionistas,

• Desarrollen proyectos de innovación y transferencia de tecnología y;

• Reduzcan tiempos muertos y costos operativos.

Esto resulta particularmente crucial en estados como Nuevo León, Coahuila, Guanajuato, Querétaro, Jalisco, Estado de México, Tamaulipas y Chihuahua, donde se concentran los clústeres industriales estratégicos.

d) coadyuva para alinear con estándares globales de movilidad

La tendencia internacional es clara, los países que atraen más inversión han sustituido casi por completo los procesos físicos por E-Visa.

Ejemplo de ello son:

• Estados Unidos (Global Entry / Clear / Visas electrónicas para ciertos perfiles).

• Canadá (ETA).

• Unión Europea (ETIAS).

• EAU, Arabia Saudita, Catar.

• Japón, Corea, Australia, Nueva Zelanda.

México es hoy una excepción en la región y en el G20, desde la óptica de falta de implementación y aplicación de las nuevas herramientas.

Finalmente es importante señalar que ampliar este beneficio a otros países estratégicos, resulta necesario y urgente con la finalidad como se mencionó en un inicio de posicionar al país como potencia económica emergente en el contexto actual.

La implementación del sistema de E-Visa no debe limitarse únicamente a la India , sino extenderse gradualmente —bajo criterios técnicos, de seguridad y de reciprocidad— a otras naciones con las que México mantiene relaciones, comerciales , culturales , científicas , educativas , turísticas y de cooperación para el desarrollo .

Esto incluye países como Japón, Corea del Sur, Singapur, Indonesia, Australia, Nueva Zelanda, Brasil, Argentina, Chile, así como socios estratégicos de Medio Oriente y Europa.

Con ello, México enviará el mensaje de ser un país abierto, moderno, competitivo y preparado para integrarse de manera plena a la economía global del siglo XXI.

Punto de Acuerdo

Único.– La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente. a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que, en coordinación con la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Migración, y en el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones:

Reconsideren, flexibilicen y modernicen los requisitos, lineamientos y procedimientos para el otorgamiento de visas a ciudadanos de la República de la India que deseen ingresar a México con fines empresariales, técnicos, de inversión, transferencia tecnológica, instalación de maquinaria o cualquier otra actividad vinculada con proyectos productivos, industriales o tecnológicos.

Evalúen e implementen un sistema electrónico de E-Visa, seguro, moderno y homologado con estándares internacionales, que permita, tramitación en línea, validación documental digital, con procesos biométricos previos al viaje y criterios diferenciados para personal especializado e inversionistas y una integración con bases de datos internacionales de seguridad.

Consideren extender gradualmente este sistema de E-Visa a otros países con los que México mantiene relaciones estratégicas comerciales, culturales y de cooperación, con el fin de fortalecer la competitividad del país, promover la movilidad ordenada y segura, y colocar a México en igualdad de condiciones frente a otras economías globales que ya emplean estos mecanismos y;

Que se adopten medidas administrativas internas para garantizar que la política migratoria mexicana deje de ser un obstáculo operativo para empresas nacionales y extranjeras, y se convierta en un instrumento eficaz para atraer inversión, talento, innovación y proyectos industriales de alto valor agregado.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2025.

Diputado Cesar Augusto Rendón (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a Pemex a garantizar la transparencia total de sus procesos de adjudicación, así como la realización de auditorías externas e independientes, con el fin de fortalecer los mecanismos de control, rendición de cuentas y gobierno corporativo, bajo un enfoque técnico e integral de buenas prácticas en materia de administración pública, a cargo del diputado Ernesto Sánchez Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Ernesto Sánchez Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXVI Legislatura, con fundamento en lo establecido por los artículos 71, fracción II; y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracción I, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados. se somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el presente punto de acuerdo por el que se solicita a Petróleos Mexicanos (Pemex) que, en el ámbito de sus atribuciones, garantice la transparencia total de sus procesos de adjudicación, así como la realización de auditorías externas e independientes, con el fin de fortalecer los mecanismos de control, rendición de cuentas y gobierno corporativo bajo un enfoque técnico e integral de buenas prácticas en materia de administración pública, al tenor de las siguientes:

Exposición de Motivos

La industria de los hidrocarburos constituye un pilar estratégico para el desarrollo económico nacional, y Petróleos Mexicanos (Pemex), como empresa productiva del Estado, desempeña un papel central en la seguridad energética, la estabilidad fiscal y la competitividad industrial del país. En este contexto, la eficiencia operativa, la integridad corporativa y la rendición de cuentas no sólo representan obligaciones legales, sino condiciones indispensables para asegurar la sostenibilidad financiera y reputacional de la empresa.

Durante los últimos años, la estructura de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas en Pemex ha experimentado un incremento sustancial en el volumen y valor de las adjudicaciones directas y procedimientos excepcionales. Si bien la Ley de Petróleos Mexicanos y su régimen especial de contrataciones permiten mecanismos flexibles orientados a la eficiencia operativa, su uso intensivo sin esquemas robustos de transparencia genera riesgos sistémicos en materia de integridad, competencia económica y optimización del gasto público.

Las auditorías practicadas por instancias federales, así como diversas observaciones en informes de evaluación de desempeño, han identificado áreas de oportunidad relacionadas con trazabilidad de procesos, control interno, evaluación de proveedores, documentación justificativa y mecanismos de vigilancia independientes. Estas condiciones pueden traducirse en sobrecostos, ineficiencias operativas, riesgos reputacionales y vulnerabilidad frente a prácticas indebidas en la cadena de contratación.

La magnitud financiera de las operaciones de Pemex exige adoptar estándares de transparencia alineados con las mejores prácticas internacionales, incluyendo las recomendaciones de la OCDE en materia de contratación pública, los lineamientos de gobierno corporativo para empresas propiedad del Estado y los principios de debida diligencia anticorrupción. La implementación de auditorías externas e independientes constituye un instrumento esencial para fortalecer la gobernanza interna, garantizar la confiabilidad de la información operativa y financiera, y proporcionar certidumbre tanto a los órganos legislativos como a la ciudadanía.

Asimismo, el acceso público a información detallada, verificable y actualizada sobre adjudicaciones, contratos, modificaciones, dictámenes técnicos y criterios de selección es una condición indispensable para salvaguardar el principio constitucional de máxima publicidad, así como para asegurar que los recursos públicos sean ejercidos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

Por todo lo anterior, resulta necesario y urgente solicitar a Petróleos Mexicanos adoptar medidas inmediatas que fortalezcan la transparencia proactiva en sus procesos de adjudicación y que incorporen auditorías externas independientes que permitan evaluar, con rigor técnico, la integridad y eficiencia de sus procedimientos de contratación. Con ello se contribuirá a la mejora continua de sus prácticas administrativas, a la consolidación de su credibilidad institucional y a la protección del interés público.

Que el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Estado tiene la rectoría del desarrollo nacional y deberá garantizar que éste sea integral y sustentable, velando porque los recursos públicos se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. En este marco, Petróleos Mexicanos, como empresa productiva del Estado, está obligado a conducirse bajo los más altos estándares de integridad y rendición de cuentas, al ser responsable de una parte sustantiva de la infraestructura energética y del patrimonio estratégico de la nación. La Ley de Petróleos Mexicanos confiere a la empresa un régimen especial de contratación con el propósito de agilizar y hacer más eficientes sus procesos de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras. Sin embargo, esta flexibilidad requiere paralelamente mecanismos avanzados de transparencia, control interno y supervisión externa que aseguren que los procedimientos no se utilicen de manera discrecional, y que salvaguarden los principios de competencia, economía del gasto y prevención de riesgos operativos y financieros.

Distintos informes de los órganos de fiscalización del Estado mexicano han identificado áreas de alerta en materia de adjudicaciones directas, justificación insuficiente de procedimientos excepcionales y deficiencias en la trazabilidad documental y técnica de los procesos contractuales en Pemex. Estas observaciones, sumadas al volumen significativo de recursos que la empresa administra, hacen evidente la necesidad de fortalecer los esquemas de revisión y supervisión mediante auditorías externas, independientes y técnicamente robustas que permitan evaluar, con objetividad, la integridad de los procesos, la eficiencia del gasto y el cumplimiento normativo.

La transparencia proactiva, entendida como la publicación sistemática, clara, accesible y verificable de información sobre adjudicaciones, contratos, proveedores, modificaciones contractuales, criterios de selección y dictámenes técnicos, constituye un instrumento esencial para inhibir prácticas indebidas y promover la competencia equitativa en el mercado. La ausencia o insuficiencia de información pública no sólo contraviene el principio constitucional de máxima publicidad, sino que limita la capacidad del Estado y de la ciudadanía para vigilar el adecuado uso de los recursos públicos.

Los organismos internacionales como la OCDE, la ONU y el Banco Mundial recomiendan, de manera consistente, que las empresas estatales adopten mecanismos de gobernanza corporativa que incluyan auditorías independientes, sistemas robustos de compras transparentes, evaluaciones periódicas de riesgos de integridad y mecanismos de supervisión técnica que permitan asegurar que las decisiones se tomen con criterios objetivos y verificables. La alineación de Pemex a estas mejores prácticas internacionales es indispensable para su estabilidad financiera, su credibilidad institucional y su capacidad de operación en mercados globales.

La realización de auditorías externas e independientes no sólo fortalece la rendición de cuentas, sino que constituye una herramienta estratégica para la mejora continua. Estas auditorías permiten identificar deficiencias en los sistemas de control interno, evaluar riesgos operativos, detectar inconsistencias o posibles irregularidades, y proponer medidas preventivas. Su implementación incrementa la confiabilidad de la información financiera y operativa, lo cual es crucial para la toma de decisiones y para la confianza de inversionistas, socios comerciales, órganos de control y ciudadanía.

El Congreso de la Unión tiene la facultad y responsabilidad de emitir exhortos y puntos de acuerdo que promuevan la observancia de la ley, el fortalecimiento institucional y la protección del patrimonio público. En estricto cumplimiento de este mandato, es procedente solicitar a Pemex que garantice la máxima transparencia en sus procesos de adjudicación y que implemente auditorías externas e independientes como instrumentos esenciales para mejorar su desempeño, eficiencia administrativa y legitimidad pública.

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a Petróleos Mexicanos (Pemex) a que, en el ámbito de sus atribuciones y conforme a la normatividad aplicable, garantice la transparencia plena de todos sus procesos de adjudicación, adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas, mediante la publicación accesible, actualizada y verificable de los expedientes técnicos, criterios de selección, dictámenes justificativos, contratos, anexos, modificatorios y cualquier otro documento que permita la trazabilidad integral de los procedimientos.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a Petróleos Mexicanos (Pemex) a implementar auditorías externas, independientes y de carácter técnico-especializado, realizadas por entidades o despachos con reconocimiento nacional e internacional, que evalúen la integridad, eficiencia, legalidad y sostenibilidad de sus procesos de contratación, y cuyos resultados se hagan públicos con observancia del principio de máxima publicidad.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a Petróleos Mexicanos (Pemex), fortalecer sus mecanismos internos de control, supervisión y gestión de riesgos, incorporando recomendaciones derivadas de auditorías internas y externas, así como estándares internacionales en materia de integridad corporativa, gobierno corporativo y prevención de prácticas indebidas en adquisiciones y contrataciones.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2025.

Diputado Ernesto Sánchez Rodríguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP a instrumentar acciones tendientes a asignar el presupuesto suficiente que permita asegurar la suficiencia financiera, la estabilidad operativa y la permanencia del personal especializado de los órganos garantes de transparencia, a cargo del diputado Ernesto Sánchez Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Ernesto Sánchez Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXVI Legislatura, con fundamento en lo establecido por los artículos 71, fracción II; y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracción I, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados. se somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el presente punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que, en el ámbito de su competencia, instrumenten acciones tendientes a asignar el presupuesto suficiente que permita asegurar la suficiencia financiera, la estabilidad operativa y la permanencia del personal especializado de los órganos garantes de transparencia, al tenor de las siguientes.

Exposición de Motivos

El derecho de acceso a la información pública constituye un mecanismo estructural para garantizar la integridad del Estado democrático de derecho y la eficacia de los sistemas de rendición de cuentas. Su efectividad depende no sólo de la normatividad sustantiva que lo regula, sino también y fundamentalmente de la autonomía institucional de los órganos garantes encargados de vigilar su cumplimiento. Dichos órganos integran uno de los subsistemas más relevantes del ecosistema nacional de gobernanza: el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, cuya operación adecuada exige independencia técnica, presupuestaria, jurisdiccional y de gestión.

El artículo 6 constitucional delimita un marco normativo robusto en materia de transparencia, incorporando principios técnicos como máxima publicidad, disponibilidad permanentemente actualizada de la información, documentación de todo acto de autoridad, estado conforme a criterios estrictos de daño e interés público, así como la obligación de implementar sistemas de gestión documental y plataformas tecnológicas interoperables. Sin embargo, estos principios adquieren eficacia real únicamente si los organismos garantes en especial el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) operan sin injerencias externas que vulneren su competencia de revisión y resolución.

Desde la perspectiva de diseño institucional, la autonomía de los órganos garantes no es un atributo decorativo, sino una condición necesaria para la función de control horizontal que ejercen frente a cualquier entidad pública. Se trata de instituciones que revisan, ordenan y en su caso revocar determinaciones de dependencias y poderes públicos, lo cual requiere una arquitectura institucional blindada contra presiones políticas, incertidumbre presupuestaria o interferencias administrativas. La ausencia de esa autonomía genera un riesgo sistémico para la transparencia, pues compromete la imparcialidad y robustez de las resoluciones, debilitando uno de los principales mecanismos anticorrupción del país.

Los organismos garantes deben contar con:

1. Presupuestos multa anuales protegidos, suficientes para garantizar continuidad operativa, infraestructura tecnológica avanzada, sistemas de gestión documental interoperables y capacidades técnicas de resolución.2. Independencia técnica y metodológica en sus procesos de sustanciación y resolución, incluyendo áreas de análisis jurídico, revisión de versiones públicas, criterios de aplicación de pruebas de daño y evaluación de proporcionalidad.

3. Capacidad sancionadora y coercitiva efectiva, para asegurar el cumplimiento de sus resoluciones frente a sujetos obligados de alto impacto, como dependencias federales, empresas productivas del Estado o instituciones de seguridad nacional.

4. Protocolos especializados en análisis de riesgo y auditoría de cumplimiento normativo, que les permitan identificar patrones de opacidad, subregistro, incumplimiento sistemático y prácticas indebidas en la gestión institucional de información.

5. Gobernanza interna con estándares de idoneidad, neutralidad y profesionalización, particularmente en la designación de comisionadas y comisionados, estructuras técnicas y áreas de soporte jurídico y tecnológico.

La ausencia de cualquiera de estos elementos afecta la eficacia del sistema de transparencia, compromete la capacidad del órgano garante para resolver recursos de revisión con criterios estrictamente técnicos y limita su autoridad para ordenar la entrega de información en expedientes de alto interés público, como contratos gubernamentales, decisiones regulatorias, adquisiciones estratégicas, seguridad pública, gasto federalizado o manejo de recursos extraordinarios.

Adicionalmente, la insuficiencia presupuestaria o los retrasos en nombramientos de comisionados generan vacíos funcionales que paralizan la emisión de resoluciones, con impacto directo en el cumplimiento de los plazos legales establecidos por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Tales vacíos no sólo constituyen un incumplimiento al marco constitucional, sino que deterioran la confianza ciudadana en la infraestructura de rendición de cuentas y limitan la capacidad del Estado para garantizar uno de los derechos humanos más utilizados para combatir prácticas de corrupción y opacidad.

Desde el punto de vista técnico-administrativo, la transparencia pública también constituye un mecanismo transversal de control interno y de auditoría social. Los organismos garantes funcionan como un segundo nivel de revisión sobre la legalidad y corrección de la gestión documental en las dependencias federales y estatales. Por ello, su autonomía es un componente clave del sistema nacional anticorrupción, al permitir que detecten patrones de ocultamiento, subclasificación indebida de información, abusos del régimen de confidencialidad y deficiencias estructurales en el cumplimiento de obligaciones de transparencia.

La debilidad institucional de los órganos garantes no sólo afectaría la capacidad de resolver controversias en materia de acceso a la información, sino que deterioraría todo el ecosistema de integridad pública, al impedir que se cumplan normas. Por todo ello, resulta indispensable que el Poder Ejecutivo federal implemente medidas administrativas, presupuestarias y normativas que garanticen la autonomía de los órganos de transparencia y, con ello, la continuidad operativa, técnica y jurisdiccional de un sistema esencial para asegurar la rendición de cuentas, fortalecer la gobernanza democrática y consolidar un modelo de Estado abierto.

Así, el presente punto de acuerdo busca salvaguardar un derecho fundamental cuya vigencia efectiva es indispensable para la construcción de un país más transparente, íntegro y democrático.

El artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho de acceso a la información pública como un derecho humano de carácter fundamental y establece que los organismos garantes deberán contar con autonomía técnica, de gestión, presupuestaria, operativa y decisoria para garantizar su adecuada función constitucional. Esta autonomía constituye un requisito indispensable para que sus resoluciones se emitan sin injerencias políticas, económicas o administrativas que pudieran comprometer su independencia y su mandato constitucional. Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública construye una arquitectura institucional integral orientada a asegurar la publicidad, la trazabilidad y la documentación de todo acto de autoridad, obligando a los sujetos obligados a implementar sistemas de gestión documental, plataformas de interoperabilidad, criterios de clasificación basados en pruebas de daño y esquemas de transparencia proactiva. La eficacia de dichas obligaciones depende directamente de la capacidad técnica y de la independencia resolutiva de los organismos garantes. La autonomía de los órganos garantes se justifica desde el punto de vista de diseño institucional como un mecanismo de control horizontal, mediante el cual una autoridad especializada supervisa, revisa y corrige decisiones de otras entidades públicas. Esta función requiere de una estructura orgánica blindada contra presiones externas que comprometan la integridad técnica de sus resoluciones, así como de suficiencia presupuestaria y fortalecimiento operativo que aseguren continuidad institucional y estabilidad decisoria.

Los Organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP) establecen que los órganos garantes deben contar con independencia plena, presupuesto suficiente, procesos de designación transparentes, gobernanza profesionalizada y capacidades técnicas avanzadas. La falta de estos elementos afecta la integridad del sistema de transparencia y coloca en riesgo el cumplimiento de estándares globales en materia de Estado de derecho e integridad pública.

Que el debilitamiento presupuestario, operativo o institucional de los órganos garantes genera riesgos sistémicos, entre los cuales se encuentran: retrasos en la emisión de resoluciones, afectación al cumplimiento de plazos legales, parálisis técnica de órganos colegiados, disminución en la capacidad de análisis jurídico de recursos de revisión complejos, vulnerabilidad frente a prácticas de opacidad por parte de sujetos obligados y pérdida de trazabilidad documental en asuntos de alto interés público. Tales riesgos vulneran directamente el derecho humano de acceso a la información y afectan la gobernanza democrática. Que la suficiencia presupuestaria de los órganos garantes no es una prerrogativa institucional, sino una condición operativa indispensable para mantener infraestructura tecnológica de alto desempeño, plataformas interoperables de acceso, sistemas de clasificación documental, esquemas de gestión archivística conforme a la Ley General de Archivos y unidades técnicas capaces de sustanciar recursos de revisión, realizar análisis de pruebas de daño y elaborar versiones públicas robustas. Su debilitamiento compromete la calidad técnica del sistema nacional de transparencia.

El Poder Ejecutivo federal, como responsable de la conducción administrativa del país y del diseño de políticas públicas transversales, tiene la obligación constitucional de garantizar el funcionamiento adecuado de los órganos públicos, incluida la protección de su autonomía y suficiencia operativa. La emisión de un exhorto legislativo se encuentra plenamente justificada para salvaguardar la integridad del sistema de transparencia y asegurar la continuidad del ejercicio efectivo de un derecho humano que constituye pilar del Estado democrático de derecho.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en el ámbito de su competencia, instrumenten acciones tendientes a asignar el presupuesto suficiente que permita asegurar la suficiencia financiera, la estabilidad operativa y la permanencia del personal especializado de los órganos garantes de transparencia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2025.

Diputado Ernesto Sánchez Rodríguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno del estado de Tamaulipas y a la SHCP a que se reactiven los proyectos de transporte masivo en las zonas metropolitanas de Reynosa–Río Bravo y Tampico–Madero–Altamira, a cargo de la diputada Blanca Leticia Gutiérrez Garza, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal Blanca Leticia Gutiérrez Garza, y los integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Tamaulipas y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que se reactiven los proyectos de transporte masivo en las zonas metropolitanas de Reynosa–Río bravo y Tampico–madero–Altamira.

Consideraciones

El derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad e igualdad es un derecho constitucional reconocido en el artículo 4 de la Carta Magna. Garantizarlo es una obligación del Estado mexicano en todos sus niveles de gobierno.

La Zona Metropolitana de Reynosa–Río Bravo es el polo urbano más dinámico de Tamaulipas, con 704,767 habitantes (Inegi, 2020), y concentra el mayor número de empleos en la industria manufacturera de exportación (más de 135,000 directos). Adicionalmente, diariamente se desplaza una población flotante superior a 135,000 trabajadores, cuya movilidad depende de un sistema de transporte público actualmente desordenado, inseguro y con flota obsoleta.

En 2017, el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) aprobó un apoyo no recuperable por 16.5 millones de pesos, destinados a los estudios de preinversión del proyecto “Modernización del Transporte Público de la Zona Metropolitana Reynosa–Río Bravo”. Dichos estudios contemplaron el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable, análisis costo–beneficio, factibilidad técnica y financiera, proyecto ejecutivo e impacto ambiental, confirmando la viabilidad de implementar un sistema BRT (Bus Rapid Transit).

El proyecto Reynosa–Río Bravo tiene una inversión estimada de entre 1,600 y 3,600 millones de pesos, según la extensión final del corredor y la infraestructura a desarrollar. Sus beneficios incluyen ahorros de hasta 40 por ciento en tiempos de traslado, reducción de emisiones contaminantes, mejora en la seguridad vial y competitividad industrial, con impacto directo en más de 700,000 habitantes y beneficios adicionales en los cruces fronterizos Pharr y Anzaldúas.

La Zona Metropolitana de Tampico–Madero–Altamira, con más de 900,000 habitantes, enfrenta también un colapso en su movilidad urbana, debido a la intensa actividad portuaria, turística, petrolera y energética. El proyecto de transporte masivo en esta región, igualmente bajo el modelo BRT, cuenta con avances de planeación y una inversión estimada de entre 2,367 y 2,600 millones de pesos.

A pesar de existir estudios concluidos, diagnósticos precisos y proyectos ejecutivos en ambas zonas metropolitanas, ninguno ha pasado a fase de ejecución por falta de respaldo presupuestal federal, lo cual representa un rezago injustificable y un riesgo de desperdicio de recursos públicos ya invertidos.

La modernización del transporte en estas dos zonas metropolitanas de Tamaulipas impactaría positivamente en la productividad de la industria, el turismo, el medio ambiente y la calidad de vida de más de 1.6 millones de habitantes.

Es así que la movilidad urbana en México se ha convertido en uno de los principales retos de las ciudades intermedias y metropolitanas, no sólo por el crecimiento poblacional, sino por la concentración industrial, la expansión urbana desordenada y la falta de infraestructura de transporte masivo. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4, reconoce expresamente el derecho de toda persona a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad e igualdad. Dicho mandato obliga a los tres órdenes de gobierno a garantizar sistemas de transporte que permitan cumplir este derecho fundamental.

En el caso de Tamaulipas, las dos zonas metropolitanas más dinámicas —Reynosa–Río Bravo y Tampico–Madero–Altamira— representan núcleos estratégicos de población, industria, comercio y turismo, cuya competitividad depende en gran medida de contar con sistemas modernos de transporte público.

1. El caso de Reynosa–Río Bravo

Con una población de 704,767 habitantes (Inegi, 2020), Reynosa es la ciudad más grande de Tamaulipas y la que más crecimiento ha tenido en las últimas dos décadas. Es considerada el principal motor de la economía fronteriza por concentrar el mayor número de maquiladoras e industrias IMMEX del estado, con más de 135,000 empleos directos que generan una población flotante diaria del mismo tamaño.

Estos trabajadores requieren traslados masivos hacia parques industriales como Villa Florida, Reynosa Industrial, Del Norte y otros, los cuales hoy dependen de un sistema de transporte público deficiente, desordenado y altamente contaminante.

La presión de movilidad se agrava por la operación de los puentes internacionales Anzaldúas y Pharr, ambos en proceso de modernización para ampliar el flujo de pasajeros y carga. Esta dinámica genera congestión en los accesos urbanos de Reynosa y Río Bravo, con el consecuente impacto económico y social para la región.

Frente a esta problemática, en 2017, el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) aprobó un apoyo no recuperable de 16.5 millones de pesos (aportación federal y estatal) para financiar los estudios de preinversión del proyecto denominado “Modernización del Transporte Público de la Zona Metropolitana Reynosa–Río Bravo”.

Los estudios incluyeron: Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS); análisis de factibilidad técnica, financiera y legal; análisis costo–beneficio (ACB); proyecto ejecutivo; y estudio de impacto ambiental. Los resultados confirmaron la viabilidad de implementar un sistema de autobuses de tránsito rápido (BRT) bajo el modelo troncal–alimentado, con inversión estimada de entre 1,600 y 3,600 millones de pesos, dependiendo de la configuración final de la red.

Beneficios esperados en Reynosa–Río Bravo:

• Reducción de hasta 40 por ciento en los tiempos de traslado para usuarios.

• Disminución significativa de emisiones contaminantes por sustitución de flota obsoleta.

• Mayor seguridad vial mediante la operación de unidades en carriles exclusivos.

• Sistema de recaudo único que mejora transparencia y control financiero.

• Impacto directo en más de 704,000 habitantes y 135,000 trabajadores flotantes, además de los cruces internacionales.

Pese a contar con estudios pagados con recursos públicos, el proyecto quedó detenido y no fue registrado en la cartera de inversión de la Secretaría de Hacienda, lo cual ha significado un rezago injustificable.

2. El caso de Tampico–Madero–Altamira

La zona conurbada del sur de Tamaulipas concentra más de 900,000 habitantes, además de un peso económico estratégico por su actividad portuaria, turística, petrolera y energética. La movilidad urbana en esta región enfrenta saturación en corredores clave, generando pérdidas de tiempo, contaminación y accidentes viales.

El proyecto de transporte masivo en esta zona también se concibió bajo el modelo BRT, con estudios y proyectos ejecutivos que estiman una inversión de 2,367 a 2,600 millones de pesos. Sus beneficios se orientan a ordenar el transporte público, modernizar la flota y garantizar traslados más rápidos y seguros para trabajadores, estudiantes y turistas.

3. Causas del estancamiento

Pese a la planeación y los estudios realizados, ambos proyectos no han avanzado a fase de ejecución por diversas razones:

• Falta de voluntad política y respaldo presupuestal federal.

• Rezagos en el ordenamiento del transporte concesionado, con resistencias de intereses establecidos.• Ausencia de seguimiento en la cartera de inversión de la SHCP, que impidió el pase de estudios a obra.

4. Beneficios estratégicos de reactivar los proyectos

La ejecución de estos dos corredores de transporte masivo aportaría beneficios directos e inmediatos a más de 1.6 millones de habitantes, con impactos positivos adicionales en:

• Eficiencia económica: reducción en los costos de traslado de trabajadores y mercancías, lo que impacta en la competitividad industrial y portuaria.

• Impacto ambiental: reducción de contaminantes y gases de efecto invernadero por sustitución de flota.

• Seguridad y salud pública: reducción de accidentes y mejora en la calidad del aire.

• Equidad social: acceso a un sistema de transporte digno, accesible y seguro para mujeres, estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad.

• Optimización de recursos públicos: aprovechamiento de los 16.5 millones de pesos ya invertidos en estudios, evitando que queden como gasto perdido.

Por todo lo anterior que la que suscribe convencida de que Tamaulipas no puede seguir rezagado en materia de movilidad, de que los proyectos de Reynosa–Río Bravo y Tampico–Madero–Altamira están sustentados en diagnósticos técnicos y, cuentan con estudios financiados con recursos públicos para responder a una demanda social urgente. Que no se trata de proyectos nuevos: son proyectos listos para ejecutarse, que han sido pospuestos por falta de decisión política y presupuestal. Propongo ante esta soberanía la posibilidad de mejorar la vida y la economía de miles de mexicanos tamaulipecos, por ello, esta soberanía tiene la obligación de exigir que se reactive su ejecución y se destinen los recursos necesarios en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, a fin de garantizar el bienestar social, la competitividad económica y la sustentabilidad ambiental de estas dos zonas metropolitanas. Por lo anterior, presento a esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero . El pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con el gobierno del estado de Tamaulipas, a reactivar los proyectos de transporte masivo tipo BRT en las zonas metropolitanas de Reynosa–Río Bravo y Tampico–Madero–Altamira, consideradas en el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), reconociendo que se trata de programas previamente planificados y sustentados con estudios técnicos y recursos públicos.

Segundo . El pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al gobierno del estado de Tamaulipas a efecto de que se destinen los recursos suficientes a la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, que garanticen el derecho a la movilidad y fomente el desarrollo económico, social y ambiental en las zonas metropolitanas de Reynosa–Río Bravo y Tampico–Madero–Altamira.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2025.

Diputada Blanca Leticia Gutiérrez Garza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal, a través de la FGR, a implementar medidas urgentes para prevenir y sancionar el acoso judicial contra periodistas y medios de comunicación, a fin de garantizar la libertad de expresión y el derecho a informar en todo el país, a cargo del diputado Miguel Ángel Guevara Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Miguel Ángel Guevara Rodríguez, y diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes:

Considerandos

La libertad de expresión y el derecho a la información, consagrados en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituyen la piedra angular del sistema democrático y el mecanismo indispensable para el control ciudadano del poder, la rendición de cuentas, la transparencia gubernamental y la formación de una opinión pública informada. Sin embargo, el ejercicio periodístico en México atraviesa un periodo crítico. A la violencia física, las amenazas y la intimidación directa, se suma un fenómeno cada vez más extendido y sofisticado: el acoso judicial, utilizado como herramienta de silenciamiento y censura indirecta contra periodistas y medios de comunicación.

El acoso judicial se manifiesta mediante el uso indebido o abusivo del sistema de justicia denuncias penales infundadas, demandas civiles desproporcionadas, citatorios intimidatorios o procedimientos empleados cuyo objetivo no es la búsqueda legítima de justicia, sino desgastar, presionar y callar a quienes ejercen una labor informativa crítica. Se trata de una práctica que, aun sin violencia física, genera efectos igualmente dañinos: el desgaste económico y emocional, el temor a represalias legales interminables y la autocensura. Estas dinámicas, en su conjunto, erosionan gravemente el debate público y vulneran el derecho colectivo de la sociedad a estar informada.

En 2023, Article 19 registró 561 agresiones contra la prensa, lo que significa que en México, en promedio, se agrede cada 16 horas a una persona periodista o medio de comunicación en el marco del ejercicio de su labor.

A nivel internacional, Reporteros Sin Fronteras ubicó a México en el lugar 121 de 180 países en su Índice Mundial de Libertad de Prensa 2024, manteniéndolo en la categoría de “situación difícil”. Estas cifras no representan únicamente estadísticas: son el reflejo de un deterioro profundo en el entorno de libertad de expresión y, sobre todo, en la capacidad del Estado para proteger el ejercicio periodístico.

Desde una perspectiva jurídico-constitucional, el acoso judicial no sólo vulnera los derechos individuales de periodistas y comunicadores, sino que infringe directamente el derecho social de todas las personas a recibir información veraz, plural e independiente. Sus efectos son corrosivos a varios niveles. Por un lado, provocan autocensura: periodistas y medios evitan investigar temas sensibles como corrupción, crimen organizado, abusos de poder o conflictos de interés, por miedo a enfrentar procesos legales prolongados y costosos. Por otro lado, pervierten la función de las instituciones de procuración de justicia, que terminan siendo utilizadas como instrumentos de presión política o económica.

Este problema ha sido ampliamente documentado y condenado por organismos internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión han sostenido reiteradamente que el acoso judicial constituye una violación al artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que los Estados tienen la obligación de prevenirlo y sancionarlo. La Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la ONU lo reconoce como una forma de “censura moderna”, incompatible con una democracia robusta. En México, aunque el artículo 6° constitucional establece de manera categórica que “la manifestación de ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa”, en la práctica esta garantía es quebrantada sistemáticamente mediante denuncias instrumentadas con fines intimidatorios.

Es por ello que, el Congreso de la Unión, como órgano representativo de la ciudadanía y garante del orden constitucional, debe impulsar acciones firmes y claras. Es responsabilidad de esta soberanía promover la vigencia plena de los derechos fundamentales, corregir omisiones institucionales y garantizar que ningún actor público o privado utilice el sistema judicial como mecanismo de censura o intimidación.

Es indispensable que la Fiscalía General de la República adopte medidas específicas, técnicas y operativas para prevenir, investigar y sancionar la práctica del acoso judicial. Ello implica la elaboración de protocolos especializados con perspectiva de libertad de expresión, la creación de unidades especializadas con personal capacitado, la emisión de lineamientos claros para evitar investigaciones infundadas y la obligación de transparentar estadísticas sobre investigaciones relacionadas con agresiones a periodistas. De igual manera, los poderes judiciales federal y estatales deben contar con herramientas para identificar procesos judiciales que representen abusos del derecho y desecharlos oportunamente. La defensa de la libertad de expresión no sólo corresponde al ámbito penal, sino también al ámbito jurisdiccional donde se dirimen los litigios civiles y mercantiles que suelen utilizarse como instrumentos de hostigamiento.

Finalmente, es importante atender y fortalecer las capacidades del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, no sólo para brindar medidas físicas de protección, sino para ofrecer acompañamiento jurídico especializado y apoyo psicosocial a las víctimas de acoso judicial, que frecuentemente enfrentan desgastes emocionales.

Por todas estas razones y ante la urgencia de preservar la integridad del periodismo como función social y garante del equilibrio democrático, se presenta el siguiente punto de acuerdo con el propósito de que el gobierno mexicano adopte medidas firmes frente a un fenómeno que, de no atenderse, podría consolidarse como una forma de censura que impacta de manera directa e irreversible en el derecho a la libertad de expresión.

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en su LXVI Legislatura exhorta, respetuosamente, a la Fiscalía General de la República a establecer lineamientos de actuación con perspectiva de libertad de expresión en la recepción de denuncias, la integración de carpetas de vinculación y en el ejercicio de la acción penal en contra de personas que ejercen la labor periodística, asegurando el respeto de los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en su LXVI Legislatura exhorta, respetuosamente, a la Fiscalía General de la República para que en el ámbito de sus facultades y atribuciones presente un informe a la opinión pública sobre las carpetas de investigación iniciadas en contra de personas que ejercen la labor periodística, incluyendo estadísticas y naturaleza de los procesos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2025.

Diputado Miguel Ángel Guevara Rodríguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal, a través de la Sader, a presentar un informe público por los medios que consideren necesarios, sobre las acciones implementadas para controlar la plaga del gusano barrenador y a presentar estrategias para mitigar su impacto económico en la industria ganadera nacional, a cargo del diputado Miguel Ángel Guevara Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Miguel Ángel Guevara Rodríguez, y las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a los siguientes:

Considerandos

La protección de la sanidad animal es uno de los cimientos más importantes para garantizar la seguridad alimentaria, el crecimiento económico y la estabilidad social en las zonas rurales de México. En el centro de este entramado productivo se encuentra la ganadería, actividad que no sólo representa el ingreso primario de muchas de las familias mexicanas, sino que sostiene cadenas completas de comercio, transporte, procesamiento y abasto. Frente a este escenario, hoy emerge una amenaza sanitaria de enorme trascendencia: el retorno y la propagación acelerada del gusano barrenador del ganado (Cochliomyia hominivorax), un parásito considerado por la Organización Mundial de Sanidad Animal (WOAH) como uno de los agentes infestadores más peligrosos para los animales domésticos.

Este insecto, originario del continente americano, posee una capacidad destructiva inusual: sus larvas se alimentan directamente del tejido vivo del animal, generando heridas extensas (miasis), infecciones generalizadas, desbalance fisiológico, pérdida fulminante de masa corporal y, con frecuencia, una muerte lenta y dolorosa si no se atiende de forma inmediata. La agresividad de esta especie es tal, que países que no han logrado erradicarla reportan pérdidas millonarias cada año y un impacto devastador en sus cadenas de abasto.

México alcanzó un logro importante al declarar su territorio libre del gusano barrenador desde 1991, en gran parte gracias al “Programa Mosca del Gusano Barrenador” implementado junto con Estados Unidos y Centroamérica, que utilizó la técnica de insectos estériles (TIE) para impedir la reproducción natural de la especie. Esta estrategia robusta, reforzada por una red nacional de vigilancia epidemiológica y brigadas de inspección, convirtió a México en un referente internacional en materia de salud pública veterinaria y abrió las puertas a mercados globales altamente regulados, principalmente el de Estados Unidos, que exige estrictos criterios zoosanitarios para la importación de animales vivos y productos cárnicos.

No obstante, este equilibrio ha comenzado a romperse. Desde 2022, Senasica ha emitido alertas por la detección de casos sospechosos y posteriormente confirmados de gusano barrenador en zonas fronterizas del sur del país, particularmente en Chiapas, Campeche, Quintana Roo y regiones contiguas a Guatemala, donde la plaga continúa siendo endémica. En 2023, la propia OIE advirtió sobre el incremento regional de brotes en Centroamérica, un factor que aumenta exponencialmente el riesgo para México debido a la movilidad natural del insecto, las rutas comerciales y los movimientos ganaderos transfronterizos.

Este resurgimiento representa un retroceso histórico que compromete décadas de inversión pública, cooperación internacional y avances tecnológicos.

Los impactos económicos del gusano barrenador se manifiestan de manera inmediata y multidimensional. Los productores deben asumir costos elevados por desparasitación, atención veterinaria, curaciones reiteradas, medicamentos sistémicos, insecticidas especializados y, en ocasiones, intervenciones quirúrgicas para retirar larvas. A ello se suman pérdidas indirectas profundamente dañinas: hembras con menor capacidad reproductiva, becerros que no alcanzan su peso óptimo, disminución en la producción de leche, retraso en los ciclos de engorda y un riesgo constante de mortalidad.

El sector ganadero mexicano atraviesa una fuerte crisis por la reaparición del gusano barrenador, lo que ha provocado una caída de hasta 60 por ciento en las exportaciones de animales vivos y productos cárnicos hacia mercados internacionales.

Pero las repercusiones no terminan en el ámbito sanitario y económico. En estados donde la ganadería es el motor económico, una infestación masiva puede desestabilizar por completo la vida local. Cuando un animal se enferma, peligra el ingreso familiar; cuando varios animales se infectan, peligra el patrimonio; cuando la plaga se extiende, peligra toda la comunidad. Las consecuencias se propagan a transportistas, veterinarios, rastros, empacadoras, mercados y comercios, generando un efecto dominó que profundiza la pobreza rural.

El contexto climático actual agrava la situación. Se ha documentado que el aumento de la temperatura media, la disminución de las lluvias y la transformación de los ecosistemas han ampliado la zona geográfica viable para insectos vectores y plagas parasitarias. El gusano barrenador es un ejemplo claro de cómo el cambio climático actúa como multiplicador de amenazas zoosanitarias. Las temperaturas elevadas aceleran su ciclo reproductivo, mientras que las heridas en animales causadas por sequías prolongadas por falta de sombra, forraje duro o desnutrición incrementa las posibilidades de infestación.

En este sentido, los brotes recientes no deben interpretarse como eventos aislados, sino como parte de un patrón emergente que exige un rediseño profundo de las políticas públicas de sanidad agropecuaria, adaptadas al nuevo contexto climático y epidemiológico del país.

Pese a la magnitud del riesgo, México aún no cuenta con un informe oficial, público y actualizado que detalle la escala real del problema. No existe información precisa y accesible sobre el número de brotes confirmados, zonas bajo vigilancia intensiva, protocolos activados, recursos ejercidos, acciones de campo ni resultados obtenidos. Esta falta de transparencia coloca a los productores en una posición de vulnerabilidad extrema, pues les impide tomar decisiones informadas y reaccionar oportunamente frente a un enemigo biológico que avanza con rapidez.

La opacidad no sólo limita la capacidad de respuesta, sino que representa un riesgo para la seguridad nacional agroalimentaria, al obstaculizar la detección temprana y favorecer que la plaga se expanda sin control. Para que México pueda evitar un colapso sanitario, es indispensable que la autoridad federal informe de manera clara, técnica y transparente sobre la situación actual, los avances en la contención, las medidas implementadas y los mecanismos de coordinación con gobiernos estatales.

Al mismo tiempo, se debe plantear un plan de mitigación económica específico para pequeños y medianos productores, quienes carecen de reservas financieras para enfrentar brotes prolongados. Dicho plan debe incluir apoyos directos, acceso inmediato a tratamientos, esquemas de aseguramiento pecuario y financiamiento preferencial, así como capacitación, brigadas regionales y campañas de prevención basadas en evidencia científica.

El artículo 4 de la Constitución establece el derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, lo que obliga al Estado a proteger la base productiva que sostiene dicho derecho. Permitir que el gusano barrenador se expanda equivaldría a comprometer la productividad pecuaria, la estabilidad económica rural y la seguridad alimentaria de millones de familias.

Esta soberanía tiene la responsabilidad de exigir información precisa, estrategias claras y acciones inmediatas para evitar que la ganadería mexicana enfrente una crisis de dimensiones irreversibles. Por ello, y ante la urgencia sanitaria, económica y territorial que representa esta plaga, se propone el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a publicar y difundir en sus medios electrónicos oficiales información detallada y pormenorizada, sobre las acciones implementadas para controlar la plaga del gusano barrenador, incluyendo su incidencia actual, zonas afectadas, métodos de vigilancia, campañas de contención y recursos aplicados a nivel federal y estatal.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a proponer una estrategia integral para mitigar el impacto económico de esta plaga en los productores nacionales, priorizando a los pequeños y medianos ganaderos, y contemplando apoyos técnicos, subsidios emergentes, financiamiento preferencial y programas de recuperación productiva.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2025.

Diputado Miguel Ángel Guevara Rodríguez (rúbrica)