Proposiciones

• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sader y a la Senasica a reforzar la vigilancia de la sanidad e inocuidad en la producción agroalimentaria en el estado de Chiapas y a fortalecer las campañas de prevención y control de plagas, a cargo del diputado Ernesto Sánchez Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob y al INM a garantizar la implementación de protocolos de protección para las personas migrantes y defensores de los derechos humanos en el estado de Quintana Roo, a cargo del diputado Ernesto Sánchez Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para respaldar el Acuerdo Trinacional para la Conservación de la Selva Maya, asimismo, exhortar a las autoridades competentes a consolidar los mecanismos institucionales, financieros y diplomáticos que aseguren su cumplimiento real y efectivo, a cargo del diputado Ernesto Sánchez Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la SICT y a la AFAC a revisar las autorizaciones de operaciones aéreas de pilotos extranjeros, a cargo de la diputada Paulina Rubio Fernández, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar a los titulares de los Poderes Ejecutivos de las 32 entidades federativas, así como a los diversos Colegios de Notarios constituidos dentro del país, a realizar acciones y hacer del conocimiento público un registro de notarios públicos o de quienes hayan sido notarios, que cuenten con sentencia firme por incumplimiento de sus obligaciones y por actuar contra la fe pública que les fue conferida, a cargo del diputado Miguel Ángel Salim Alle, del Grupo Parlamentario del PAN

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Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sader y a la Senasica a reforzar la vigilancia de la sanidad e inocuidad en la producción agroalimentaria en el estado de Chiapas y a fortalecer las campañas de prevención y control de plagas, a cargo del diputado Ernesto Sánchez Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Ernesto Sánchez Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura, con fundamento en lo establecido por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracción I, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, a reforzar de manera inmediata y sostenida la vigilancia de la sanidad e inocuidad en la producción agroalimentaria en el estado de Chiapas, a fortalecer las campañas de prevención y control de plagas, así como enfermedades en cultivos y ganado, mediante brigadas técnicas, uso de tecnología y mecanismos claros de seguimiento y rendición de cuentas, conforme las siguientes

Consideraciones

El estado de Chiapas, ubicado en el extremo suroriental de la República Mexicana, es una de las entidades federativas con mayor riqueza natural, cultural y productiva del país. Su territorio, que abarca más de 73 mil kilómetros cuadrados, se despliega en una geografía diversa que va desde las cumbres de la Sierra Madre y los Altos de Chiapas, hasta las planicies costeras del océano Pacífico y las selvas húmedas que se adentran hacia la frontera con Guatemala. Esta variedad de ecosistemas le confiere una vocación agroalimentaria única, capaz de producir desde granos básicos como maíz y frijol, hasta cultivos de alto valor como café de altura, cacao criollo, mango, plátano, papaya, rambután y miel de origen silvestre, así como una importante producción pecuaria y pesquera.

Chiapas no sólo es un pilar de la seguridad alimentaria nacional, sino también un actor relevante en el comercio agroalimentario internacional. El café chiapaneco, por ejemplo, ha alcanzado reconocimiento en mercados de Europa, Asia y Norteamérica, mientras que su cacao es heredero de tradiciones milenarias que lo vinculan con la historia misma de Mesoamérica. La producción de miel, frutas tropicales y productos pecuarios complementa un mosaico productivo que sostiene la economía de miles de familias rurales e indígenas, y que forma parte del patrimonio cultural y económico de México.

Sin embargo, esta riqueza enfrenta amenazas crecientes en materia de sanidad e inocuidad agroalimentaria. La ubicación geográfica de Chiapas, colindante con Guatemala y cercana a corredores naturales de tránsito regional, lo convierte en un punto estratégico para el comercio y la integración cultural, pero también en una zona altamente vulnerable a la introducción y propagación de plagas y enfermedades. El flujo constante de personas, mercancías y animales a través de pasos fronterizos formales e informales, sumado a la dispersión de comunidades rurales y a la complejidad orográfica, dificulta la vigilancia sanitaria y exige un esfuerzo institucional sostenido, coordinado y técnicamente robusto.

En los últimos años diversas alertas fitosanitarias y zoosanitarias han puesto de manifiesto la urgencia de reforzar los sistemas de prevención, detección y control. Amenazas como la mosca del Mediterráneo, el gusano barrenador del ganado, la roya del café, la fiebre aftosa o la influenza aviar no son riesgos hipotéticos, sino realidades que han afectado a otras regiones del país y que, de llegar a expandirse en Chiapas, podrían generar pérdidas millonarias, comprometer la salud pública, reducir la competitividad de los productores y poner en riesgo la estabilidad económica de comunidades enteras.

La estrategia planteada se articula en tres ejes fundamentales, la vigilancia epidemiológica, orientada a la detección oportuna de plagas y enfermedades en cultivos y ganado; las campañas fitozoosanitarias, enfocadas en el control y erradicación de brotes en regiones estratégicas; y la mejora en la inocuidad de alimentos, que busca garantizar que los productos cumplan con los estándares nacionales e internacionales, fortaleciendo así la competitividad de los productores chiapanecos. Estas acciones se administran a través del Fondo de Fomento Agropecuario Estatal (Fofae) y contemplan la participación de brigadas técnicas, el uso de herramientas modernas de diagnóstico y la implementación de esquemas de evaluación continua.

No obstante, la experiencia acumulada en materia de sanidad agroalimentaria demuestra que la eficacia de las políticas públicas no depende únicamente del monto invertido, sino de la capacidad para articular esfuerzos interinstitucionales, priorizar zonas de riesgo, garantizar la continuidad de las acciones y asegurar que cada peso asignado se traduzca en resultados medibles, transparentes y sostenibles. En este sentido, el papel del Poder Legislativo es fundamental para ejercer un control político efectivo, dar seguimiento a la ejecución de los programas y exhortar a las autoridades competentes a redoblar esfuerzos en la protección de la salud pública, la integridad de los ecosistemas productivos y la preservación del patrimonio agroalimentario de Chiapas.

La historia y la vocación productiva de Chiapas nos recuerdan que el campo no es únicamente un motor económico, sino también un pilar cultural y social que sostiene la identidad de miles de familias. Protegerlo frente a amenazas sanitarias es, por tanto, una responsabilidad compartida que trasciende administraciones y coyunturas, y que exige visión de largo plazo, compromiso institucional y voluntad política para actuar con oportunidad y contundencia. La sanidad agroalimentaria no es un lujo ni un complemento, sino una condición indispensable para garantizar la soberanía alimentaria, la competitividad comercial y el bienestar de la población.

Por ello, resulta impostergable que el Congreso de la Unión, en ejercicio de sus facultades constitucionales, exhorte a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) a reforzar de manera inmediata y sostenida las acciones de vigilancia sanitaria en Chiapas, asegurando que las inversiones anunciadas se traduzcan en beneficios tangibles para los productores, en la protección de la salud de los consumidores y en la preservación de la riqueza agroalimentaria que distingue a esta entidad como un orgullo nacional.

En consecuencia, no estamos hablando únicamente de un asunto técnico o administrativo, sino de una causa que toca el corazón mismo de la soberanía alimentaria, la salud pública y la dignidad productiva de una de las regiones más emblemáticas de México. Chiapas no puede ni debe quedar expuesto a riesgos sanitarios que, por omisión o insuficiencia de acción, puedan derivar en crisis económicas, pérdidas irreparables para el campo y afectaciones directas a la mesa de millones de familias. La vigilancia sanitaria no es un trámite burocrático: es la primera línea de defensa frente a amenazas que no reconocen fronteras ni esperan calendarios.

Hoy, el Poder Legislativo tiene la oportunidad y la responsabilidad de enviar un mensaje claro y contundente: que la protección de la riqueza agroalimentaria de Chiapas es una prioridad nacional, que la inversión pública debe traducirse en resultados medibles y que la coordinación interinstitucional no es opcional, sino obligatoria. Este exhorto no es un gesto simbólico, sino un acto de corresponsabilidad con quienes trabajan la tierra, cuidan el ganado, procesan los alimentos y sostienen, con su esfuerzo diario, la seguridad alimentaria de México.

Por ello, este Congreso no puede permanecer indiferente ni actuar con tibieza. Es momento de redoblar la vigilancia, de cerrar filas en torno a la sanidad agroalimentaria y de garantizar que cada acción emprendida por la Sader y el Senasica en Chiapas sea oportuna, eficaz y transparente. Porque proteger el campo chiapaneco es proteger la salud, la economía y el futuro de la nación.

Que la sanidad e inocuidad agroalimentaria constituyen, en el contexto contemporáneo, uno de los pilares más determinantes para la seguridad alimentaria, la salud pública, la competitividad económica y la estabilidad social de cualquier nación. En un mundo caracterizado por la interdependencia de mercados, la acelerada movilidad de personas y mercancías, y la creciente presión sobre los ecosistemas productivos, la capacidad de un país para prevenir, detectar y controlar plagas y enfermedades en sus sistemas agroalimentarios no es un asunto accesorio, sino un componente estratégico de su soberanía, de su reputación internacional y de su capacidad para garantizar el bienestar de su población.

Que el estado de Chiapas, por su ubicación geográfica, su diversidad productiva y su relevancia en el abastecimiento de alimentos, ocupa un lugar prioritario en la agenda nacional de sanidad agroalimentaria. Su frontera con Guatemala, que se extiende por más de seiscientos cincuenta kilómetros, no sólo es un punto de contacto con flujos comerciales, migratorios y culturales que enriquecen la vida social y económica de la región, sino también una línea de exposición constante a riesgos sanitarios derivados de la introducción de plagas y enfermedades exóticas. La experiencia internacional demuestra que las zonas fronterizas requieren esquemas de vigilancia reforzada, con protocolos adaptados a su realidad geográfica, social y productiva, y con la capacidad de responder de manera inmediata ante cualquier contingencia.

Que la riqueza agroalimentaria de Chiapas, sustentada en una diversidad de cultivos y sistemas productivos que van desde el café de altura y el cacao criollo hasta la ganadería, la apicultura y la pesca, es un activo estratégico para México. No obstante, esta riqueza enfrenta amenazas latentes y recurrentes. La mosca del Mediterráneo, el gusano barrenador del ganado, la roya del café, la fiebre aftosa y la influenza aviar son ejemplos de plagas y enfermedades que, en distintos momentos, han puesto en alerta a las autoridades sanitarias nacionales e internacionales. La rápida propagación de estos agentes, su capacidad para generar pérdidas económicas millonarias y su impacto en la salud humana y animal justifican la adopción de medidas preventivas y correctivas inmediatas, sostenidas y técnicamente fundamentadas.

Que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) han demostrado, a través de campañas y programas específicos, su capacidad técnica y operativa para enfrentar estos retos. Sin embargo, la magnitud de los desafíos actuales en Chiapas exige no sólo mantener, sino reforzar y ampliar dichas acciones, asegurando que los recursos asignados se traduzcan en resultados concretos, medibles y sostenibles. La inversión anunciada para 2025, superior a ciento veinticinco millones de pesos de los cuales ciento quince punto dos millones provienen de la federación y diez punto seis millones del erario estatal, es un paso significativo, pero su impacto dependerá de la correcta focalización de esfuerzos, la coordinación interinstitucional y la transparencia en su ejecución.

Que la vigilancia sanitaria no puede concebirse como una acción aislada o reactiva, sino como un sistema vivo que integra monitoreo permanente, respuesta rápida, capacitación continua y participación activa de productores, comunidades y autoridades locales. En este sentido, la articulación entre Sader, Senasica, el Gobierno del estado de Chiapas, los municipios y las organizaciones de productores es indispensable para garantizar que las medidas adoptadas respondan a las necesidades reales del territorio y cuenten con legitimidad social.

Que el fortalecimiento de la sanidad agroalimentaria en Chiapas no sólo protege la producción local, sino que también salvaguarda la competitividad de México en los mercados internacionales. La presencia de plagas o enfermedades de alto impacto puede derivar en restricciones comerciales, pérdida de certificaciones y afectaciones a la imagen del país como proveedor confiable de alimentos. Por ello, la inversión en vigilancia y control sanitario debe entenderse como una estrategia de desarrollo económico y de diplomacia comercial, además de una política de salud pública.

Que el Poder Legislativo, en su carácter de representante de la voluntad popular y órgano de control político, tiene la facultad y la responsabilidad de exhortar a las autoridades competentes para que adopten las medidas necesarias en defensa del interés general. Este exhorto no implica una intromisión en las funciones ejecutivas, sino el ejercicio legítimo de una atribución constitucional orientada a garantizar que las políticas públicas respondan a las prioridades nacionales y se ejecuten con eficacia, transparencia y rendición de cuentas.

Que la protección de la sanidad agroalimentaria en Chiapas es, en última instancia, una causa que trasciende fronteras partidistas y coyunturas políticas. Se trata de un compromiso con la salud de la población, con la estabilidad económica de miles de familias productoras, con la preservación de la biodiversidad y con el fortalecimiento de la soberanía alimentaria de México. Actuar ahora, con decisión y previsión, es la mejor garantía de que las generaciones presentes y futuras podrán seguir disfrutando de la riqueza agroalimentaria que distingue a Chiapas y que constituye un orgullo para toda la nación.

Que la historia reciente ha demostrado que las crisis sanitarias, cuando no se atienden con oportunidad y rigor, pueden escalar rápidamente y generar impactos de largo plazo. Ejemplos como la expansión de la roya del café en Centroamérica, que devastó plantaciones enteras y afectó la economía de miles de familias, o los brotes de fiebre aftosa en otras latitudes, que obligaron a sacrificar millones de cabezas de ganado, son recordatorios contundentes de que la prevención es siempre más eficaz y menos costosa que la reacción tardía.

Que Chiapas, por su ubicación estratégica, su diversidad productiva y su papel en la seguridad alimentaria nacional, merece y requiere un esquema de vigilancia sanitaria reforzado, con recursos suficientes, personal capacitado, tecnología de punta y mecanismos de evaluación continua. Este esquema debe ser flexible para adaptarse a las particularidades de cada región del estado, pero lo suficientemente sólido para garantizar resultados consistentes y sostenibles.

Que la inversión pública en sanidad agroalimentaria no es un gasto, sino una inversión con retornos múltiples: protege la salud de la población, preserva el patrimonio productivo, fortalece la competitividad comercial, genera confianza en los mercados internacionales y contribuye a la estabilidad social y económica. En el caso de Chiapas, estos beneficios se multiplican por el impacto que la actividad agroalimentaria tiene en el empleo, el ingreso familiar y la cohesión comunitaria.

Que, en consecuencia, resulta impostergable que este Congreso exhorte de manera respetuosa pero firme a la Sader y al Senasica para que refuercen las acciones de vigilancia sanitaria en Chiapas, asegurando que las inversiones anunciadas se traduzcan en beneficios tangibles para los productores, en la protección de la salud de los consumidores y en la preservación de la riqueza agroalimentaria que distingue a esta entidad como un orgullo nacional.

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), para que, en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación con el Gobierno de Chiapas y los municipios correspondientes, refuerce de forma inmediata y sostenida las acciones de vigilancia sanitaria agroalimentaria en dicha entidad, priorizando las zonas de alta vulnerabilidad epidemiológica y fronteriza, y garantizando que dichas acciones se encuentren alineadas al Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (PSIA), a fin de que se traduzcan en beneficios tangibles para productores y consumidores.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) para que fortalezca y amplíe las campañas fitozoosanitarias y zoosanitarias en el estado de Chiapas, incorporando tecnologías de detección temprana, aumentando la capacidad operativa de las brigadas técnicas, garantizando la capacitación continua del personal y estableciendo mecanismos de trazabilidad y transparencia; y que haga públicos los resultados de dichas acciones en un plazo no mayor a 90 días naturales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de diciembre de 2025.

Diputado Ernesto Sánchez Rodríguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob y al INM a garantizar la implementación de protocolos de protección para las personas migrantes y defensores de los derechos humanos en el estado de Quintana Roo, a cargo del diputado Ernesto Sánchez Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Ernesto Sánchez Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura, con fundamento en lo establecido por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de Migración, a que en el ámbito de sus respectivas funciones, exhorten a las autoridades responsables de los municipios del estado de Quintana Roo que garanticen la implementación de protocolos de protección para personas migrantes y defensores de derechos humanos, con un enfoque integral de derechos humanos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Quintana Roo se ha consolidado como uno de los principales puntos de tránsito y recepción de personas migrantes en México, debido a su ubicación geográfica estratégica y su dinámica económica centrada en el turismo. Esta situación ha generado una creciente vulnerabilidad para las personas migrantes y los defensores de derechos humanos que acompañan sus procesos, quienes enfrentan riesgos significativos de violaciones a sus derechos fundamentales.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2021, Quintana Roo registró un total de mil 187 expedientes de quejas calificados como presuntamente violatorios de derechos humanos, posicionándose como uno de los estados con mayor número de quejas en el país. Estas cifras reflejan una tendencia preocupante en la región y subrayan la necesidad urgente de implementar medidas efectivas para la protección de los derechos humanos de las personas migrantes y los defensores que las acompañan.

En este sentido, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (CDHEQROO) ha identificado la necesidad de fortalecer las estrategias de protección para las personas migrantes, promoviendo una atención integral, respetuosa y digna. La CDHEQROO ha trabajado en coordinación con la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur (CAIMFS) para desarrollar mecanismos de protección que garanticen el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes en la región.

No obstante, a pesar de estos esfuerzos, persisten desafíos significativos en la implementación efectiva de medidas de protección para las personas migrantes y los defensores de derechos humanos en Quintana Roo. La falta de protocolos claros y coordinados entre las autoridades federales, estatales y municipales ha generado vacíos en la atención y protección de este grupo vulnerable.

Por lo anterior, la emisión de un decreto o instrumento jurídico aplicable a los municipios del estado de Quintana Roo es esencial para establecer un marco normativo que:

Garantice la implementación de protocolos de protección: estableciendo procedimientos claros para la atención y protección de las personas migrantes y los defensores de derechos humanos.

Promueva la capacitación y sensibilización: implementando programas de formación para servidores públicos en materia de derechos humanos, migración y protección de defensores.

Fortalezca la coordinación interinstitucional: fomentando la colaboración entre las diversas autoridades y organizaciones de la sociedad civil para una respuesta integral y efectiva.

Establezca mecanismos de denuncia y seguimiento: creando canales seguros y accesibles para la denuncia de violaciones a los derechos humanos y asegurando el seguimiento adecuado de los casos.

Garantice la rendición de cuentas: implementando mecanismos de monitoreo y evaluación para asegurar la efectividad de las medidas adoptadas.

Con la adopción de este decreto, se busca fortalecer la protección de los derechos humanos en Quintana Roo, asegurando que los municipios implementen medidas efectivas que resguarden la integridad, seguridad y dignidad de las personas migrantes y de los defensores de derechos humanos, promoviendo una cultura de respeto, legalidad y protección universal.

México cuenta con un sólido marco jurídico y una serie de compromisos internacionales orientados a la protección de los derechos humanos de las personas migrantes. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su articulado la protección de los derechos humanos y la igualdad ante la ley, sin distinción de nacionalidad o condición migratoria. A su vez, la Ley de Migración y sus reglamentos complementarios delinean los derechos y obligaciones tanto de las personas migrantes como de las autoridades encargadas de su atención. En el ámbito internacional, México ha suscrito y adoptado los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Personas Migrantes , los cuales refuerzan su compromiso con el respeto y la garantía de los derechos fundamentales de esta población.

No obstante, a pesar de este andamiaje normativo, la implementación práctica de estas disposiciones a nivel municipal ha evidenciado deficiencias significativas . La falta de coordinación interinstitucional, la insuficiencia de recursos humanos y materiales, así como la carencia de protocolos estandarizados para la atención y protección de migrantes y de defensores de derechos humanos, han limitado la eficacia de las acciones gubernamentales. Estas carencias generan vacíos de atención y vulneran el principio de protección integral que debería guiar la actuación del Estado mexicano en todos sus niveles.

Ante este contexto, resulta urgente la emisión de un decreto o instrumento jurídico que establezca de manera clara los protocolos de actuación para garantizar la protección efectiva de los derechos humanos de las personas migrantes y de quienes las acompañan en su defensa, particularmente en el estado de Quintana Roo . La propuesta se fundamenta en diversos criterios orientadores:

- Protección integral: implementar procedimientos estandarizados que aseguren atención médica, legal, psicológica y de seguridad para las personas migrantes.

- Prevención de riesgos: desarrollar mecanismos que permitan identificar y mitigar posibles situaciones de vulnerabilidad o peligro antes de que se materialicen.

- Capacitación continua: establecer programas obligatorios de formación en derechos humanos, migración y protección de defensores para autoridades municipales y estatales.

- Coordinación interinstitucional: fortalecer la colaboración entre los tres niveles de gobierno y las organizaciones de la sociedad civil.

- Transparencia y rendición de cuentas: crear sistemas de monitoreo, seguimiento y evaluación que permitan verificar la efectividad de los protocolos y las medidas adoptadas.

La adopción de este instrumento jurídico representaría un avance significativo en la protección de los derechos humanos en Quintana Roo , asegurando una atención digna, respetuosa y conforme a los estándares nacionales e internacionales.

En cuanto al contexto migratorio en la entidad, los datos estadísticos recientes muestran la magnitud y dinámica del fenómeno . Entre 2019 y 2022, el Instituto Nacional de Migración (INM) registró el ingreso de 28 millones 532 mil 972 personas extranjeras vía aérea a Quintana Roo. Aunque en 2020 la cifra disminuyó drásticamente a causa de la pandemia, el flujo se recuperó en 2021 y 2022, alcanzando este último año más de 9.7 millones de visitantes , superando los niveles previos a la crisis sanitaria.

Asimismo, durante una sola semana de noviembre de 2022 –del 8 al 14–, ingresaron al estado 377 mil 903 personas por vía aérea, marítima y terrestre, lo que refleja la constante movilidad internacional en la región.

Un fenómeno particularmente relevante es el incremento de menores migrantes . Sólo en el municipio de Solidaridad, se identificaron entre 300 y 400 menores migrantes durante el periodo 2023-2024. En todo el estado, las autoridades reportaron mil 266 menores , acompañados y no acompañados, provenientes principalmente de Guatemala, Honduras, El Salvador, Venezuela y Colombia . Estas cifras confirman la presencia de un flujo migratorio diverso y en aumento, que exige respuestas institucionales adecuadas y humanitarias.

También se han documentado incidentes de rescate de personas migrantes en condiciones de riesgo. En abril de 2024, el Instituto Nacional de Migración (INM) rescató en Isla Mujeres a 67 hombres originarios de India y uno de Perú , quienes fueron hallados en situación de posible vulnerabilidad. Posteriormente, 34 de ellos fueron trasladados a la estación migratoria de Chetumal para iniciar su proceso administrativo. Estos casos ilustran la complejidad del fenómeno y la necesidad de fortalecer los mecanismos de atención inmediata y protección.

Pese a la existencia de estos registros, persisten vacíos de información significativos . No se dispone de cifras actualizadas ni desagregadas por municipio sobre agresiones, amenazas, desapariciones o hostigamientos contra personas migrantes o defensores de derechos humanos. Tampoco se han publicado informes recientes del INM, de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, ni de organizaciones civiles que documenten con precisión los casos de violencia o las respuestas institucionales. Esta falta de información obstaculiza el diseño de políticas públicas eficaces y basadas en evidencia.

Por todo lo anterior, la creación de un decreto estatal que establezca un marco normativo específico para los municipios de Quintana Roo resulta indispensable. Este instrumento debe garantizar la implementación de protocolos de protección, promover la capacitación y sensibilización de servidores públicos, fortalecer la coordinación interinstitucional, establecer canales de denuncia seguros y asegurar la rendición de cuentas mediante mecanismos de monitoreo y evaluación.

Con su adopción, Quintana Roo avanzaría hacia la consolidación de un modelo de atención integral que garantice el respeto y la protección efectiva de los derechos humanos de las personas migrantes y de los defensores que trabajan en su favor, cumpliendo así con los principios de dignidad, justicia y solidaridad que deben regir toda política pública en materia migratoria.

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1o., establece el principio de igualdad y no discriminación, así como la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas, privilegiando en todo momento el principio pro persona . Asimismo, el artículo 11 de la Constitución reconoce el derecho de toda persona a buscar y recibir asilo, así como a transitar por el territorio nacional, mientras que el artículo 25 establece que corresponde al Estado garantizar un desarrollo nacional que fortalezca la soberanía y promueva la equidad social, lo que implica proteger especialmente a los grupos en situación de vulnerabilidad, como las personas migrantes.

Que México es Estado parte de múltiples tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, así como el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños. Dichos instrumentos obligan a los estados a adoptar medidas efectivas para garantizar la integridad, la vida y la dignidad de las personas migrantes, así como a quienes defienden y promueven sus derechos.

Que la Ley de Migración y su reglamento reconocen de manera expresa los derechos de las personas migrantes, sin importar su situación migratoria, y establecen la obligación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno de garantizar su seguridad, acceso a servicios básicos y protección frente a actos de violencia, abuso o discriminación. Sin embargo, se han documentado múltiples casos en los que la ausencia de protocolos claros de actuación a nivel municipal limita la capacidad de respuesta ante riesgos inminentes, generando vacíos de protección.

Que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo ha señalado en diversos informes el aumento de casos de amenazas, hostigamiento y agresiones en contra de defensores de derechos humanos que acompañan a personas migrantes, así como la persistencia de condiciones de vulnerabilidad en rutas de tránsito, estaciones migratorias y albergues. La falta de procedimientos estandarizados de atención y la escasa coordinación interinstitucional han provocado que estos casos se atiendan de forma reactiva y no preventiva.

Que la situación geográfica de Quintana Roo, como punto de tránsito de flujos migratorios en el sureste del país, incrementa la responsabilidad de las autoridades locales para garantizar la seguridad y la integridad de las personas migrantes. Ante la diversidad de actores involucrados –autoridades municipales, estatales, federales, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales–, resulta urgente contar con instrumentos normativos que unifiquen criterios y protocolos de actuación en los municipios del estado.

Que resulta imprescindible la emisión de un decreto o instrumento jurídico de observancia obligatoria para los municipios de Quintana Roo que establezca de manera uniforme protocolos de protección con enfoque integral de derechos humanos, que incluyan:

- Procedimientos para la atención inmediata de personas migrantes en riesgo.

- Mecanismos de denuncia y seguimiento que garanticen acceso efectivo a la justicia.

- Capacitación obligatoria y continua al personal municipal en materia de derechos humanos, atención humanitaria y prevención de la violencia.

- Estrategias de coordinación con autoridades estatales, federales y organismos internacionales.

- Medidas de protección específicas para defensores de derechos humanos, periodistas y organizaciones de la sociedad civil que acompañan a estas poblaciones.

Que la emisión de este instrumento normativo no sólo dará certeza jurídica a la actuación de las autoridades municipales, sino que contribuirá a la prevención de violaciones de derechos humanos, al fortalecimiento del estado de derecho y al cumplimiento de las obligaciones constitucionales e internacionales asumidas por México.

Por lo expuesto, se considera de interés público y de urgente resolución que la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Migración, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, emitan el decreto o instrumento jurídico correspondiente que garantice la implementación de protocolos de protección para personas migrantes y defensores de derechos humanos en los municipios del estado de Quintana Roo.

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, para que, en el ámbito de sus atribuciones, emita exhorto a los municipios del estado de Quintana Roo, que establezca la implementación obligatoria de protocolos de protección para personas migrantes y defensores de derechos humanos, con enfoque integral de derechos humanos, que garantice la atención inmediata y la prevención de riesgos a su seguridad e integridad.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Migración para que, en coordinación con las autoridades estatales y municipales de Quintana Roo, establezca mecanismos de detección temprana, atención humanitaria y canalización segura de personas migrantes en situación de vulnerabilidad, priorizando la protección de niñas, niños y adolescentes migrantes, así como el respeto al principio de no devolución.

Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la Guardia Nacional y a las policías municipales de Quintana Roo a diseñar y aplicar de forma coordinada protocolos de actuación con perspectiva de derechos humanos, incluyendo capacitación obligatoria en materia de uso legítimo de la fuerza, prevención de la violencia y atención diferenciada de personas migrantes y defensores de derechos humanos.

Cuarto. Se solicita la instalación de una Mesa Interinstitucional de Protección de Personas Migrantes y Defensores de Derechos Humanos en el estado de Quintana Roo, integrada por representantes de la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Migración, autoridades estatales, presidentes municipales, legisladores federales y locales, organismos de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de que estos protocolos se construyan con participación activa de la sociedad civil y organismos de derechos humanos, así también dar seguimiento a la implementación de protocolos, revisar casos emblemáticos y coordinar acciones preventivas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de diciembre de 2025.

Diputado Ernesto Sánchez Rodríguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para respaldar el Acuerdo Trinacional para la Conservación de la Selva Maya, asimismo, exhortar a las autoridades competentes a consolidar los mecanismos institucionales, financieros y diplomáticos que aseguren su cumplimiento real y efectivo, a cargo del diputado Ernesto Sánchez Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Ernesto Sánchez Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura, con fundamento en lo establecido por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2; 77 y 78 y 102 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión punto de acuerdo para respaldar el acuerdo trinacional para la conservación de la Selva Maya y exhortar a las autoridades competentes a consolidar los mecanismos institucionales, financieros y diplomáticos que aseguren su cumplimiento real y efectivo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Selva Maya, con un tamaño de más de 15 millones de hectáreas, constituye la segunda selva tropical más grande del continente americano, después del Amazonas. Abarca el territorio de México, Belice y Guatemala, y es hogar de cientos de especies silvestres, entre ellas animales endémicos y en peligro de extinción, como el jaguar, el tapir, la guacamaya roja y el quetzal, entre otros. Este ecosistema regula el ciclo del agua, captura carbono y mitiga el cambio climático, siendo de crucial importancia para el bienestar de los ciudadanos de los tres países que lo comparten y constituyendo una fuente esencial de mitigación de riesgos ambientales en el continente. Su degradación intensifica sequías, erosión, alteraciones del clima local y pérdida del ciclo hídrico, por lo que su protección reviste una importancia estratégica.

Asimismo, este territorio alberga sitios arqueológicos de valor incalculable, que resguardan tesoros como Calakmul (México), Tikal (Guatemala) y Caracol (Belice). Dependiendo directamente de este entorno, cientos de miles de personas pertenecientes a comunidades indígenas mayas habitan en zonas aledañas a la Selva Maya. Por ello, su conservación no sólo beneficia a los miles de especies que alberga, sino también a los miles de personas que dependen de sus recursos y que, durante siglos, han aprendido a convivir y vivir de su entorno. Estas comunidades representan culturas vivas y tradiciones que han perdurado generación tras generación, siendo parte esencial del patrimonio biocultural mesoamericano.

Sin embargo, este territorio es altamente vulnerable, y al ser compartido entre tres naciones, su control es difuso, por lo que se requieren mayores esfuerzos y coordinación para obtener resultados efectivos. En 2021 el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) incluyó a la Selva Maya entre los principales frentes de deforestación de América Latina y según datos de Greenpeace, en 2024 la península de Yucatán perdió cerca de 144 mil 200 hectáreas de cobertura forestal, lo que representó casi la mitad de toda la deforestación registrada en México. En las últimas dos décadas, la Selva Maya ha perdido alrededor de 33 por ciento de su cobertura forestal, principalmente como resultado de la ganadería extensiva ilegal y otras actividades humanas prevenibles. Si no se actúa con urgencia, cada año se reduce la calidad, estructura y conectividad del bosque, dejando un futuro incierto para las comunidades que dependen de él.

En este contexto, el 15 de agosto del presente año se formalizó el Acuerdo Trinacional para la Conservación de la Selva Maya, también conocido como Declaración de Calakmul, con el fin de coordinar la conservación y protección de más de 5.7 millones de hectáreas de esta selva compartida por México, Guatemala y Belice. En dicho marco se creó el Corredor Biocultural de la Gran Selva Maya, considerado el más grande del mundo, lo que representa un hito diplomático y ambiental sin precedentes.

El corredor conecta más de 50 áreas naturales protegidas distribuidas en los tres países, bajo un esquema coordinado de manejo que une la región desde la Reserva de la Biosfera Calakmul (México) hasta el área de río Bravo (Belice), fortaleciendo la integridad ecológica de la selva. Esto es esencial, ya que muchas especies requieren territorios extensos para desplazarse; una selva fragmentada reduce la viabilidad genética y aumenta la vulnerabilidad de las especies frente al cambio climático.

Entre los objetivos del acuerdo destacan:

• Restaurar y mantener la conectividad ecológica.

• Enfrentar amenazas comunes que afectan a toda la Selva Maya sin distinción de fronteras, como la deforestación, los incendios forestales, la tala ilegal y el tráfico de especies.

• Fortalecer la vigilancia fronteriza y compartir recursos, información y tecnología.

• Implementar prácticas de restauración y agricultura sostenible. Asimismo, el acuerdo contempla la extensión del programa mexicano Sembrando Vida hacia Guatemala y Belice, adaptado a las realidades locales de cada país.

En resumen, este acuerdo permitirá coordinar los esfuerzos nacionales con acciones integradas y complementarias, mejorando la eficiencia y eficacia de la protección de la Selva Maya, elevando la capacidad de monitoreo, vigilancia y respuesta ante amenazas emergentes, y reduciendo las zonas de impunidad ambiental. Además, fortalecerá la participación de las comunidades locales, haciéndolas co-responsables del cuidado del territorio y reconociendo a los pueblos indígenas y afrodescendientes como guardianes de la selva. Al reconocer los derechos ambientales y humanos vinculados con este territorio, el Acuerdo Trinacional sienta las bases para el diseño de políticas públicas coordinadas, sostenibles y con impacto real en la protección del medio ambiente y en el bienestar de las comunidades que lo habitan.

Este acuerdo representa un avance fundamental hacia la cooperación ambiental internacional y la justicia social, al integrar la conservación ecológica con la protección de los derechos humanos y de los pueblos originarios de México, Guatemala y Belice.

Que para que una política pública sea efectiva y genere resultados tangibles, es indispensable que se le asignen recursos presupuestales suficientes, mecanismos de seguimiento y evaluación real de resultados, pues de otro modo los compromisos se quedan únicamente en declaraciones sin impacto concreto. En ese sentido, el respaldo legislativo a los acuerdos internacionales en materia ambiental, como el Acuerdo Trinacional para la Conservación de la Selva Maya, implica no sólo reconocer su importancia, sino también dotarlo de los medios necesarios para su implementación, lo cual requiere la voluntad conjunta del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, siendo este último quien suscribió el acuerdo y quien debe asegurar su ejecución efectiva.

Por lo expuesto y fundado, me permito presentar a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión expresa su respaldo al Acuerdo Trinacional para la Conservación de la Selva Maya, suscrito entre los gobiernos de México, Guatemala y Belice, reconociendo su valor como instrumento histórico de cooperación ambiental y de protección de los derechos humanos y culturales de las comunidades que habitan la región.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la titular del Poder Ejecutivo federal para que, por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, establezcan los mecanismos, programas, indicadores y recursos presupuestales necesarios para garantizar la implementación efectiva del Acuerdo Trinacional para la Conservación de la Selva Maya, a fin de que éste no quede únicamente en un compromiso declarativo, sino se traduzca en acciones concretas de conservación, restauración y desarrollo sostenible en la región de la Selva Maya.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Cambio Climático y Sostenibilidad; de Pueblos Indígenas y Afromexicanos; y de Presupuesto y Cuenta Pública para que, en el ámbito de sus atribuciones, den seguimiento permanente al cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado mexicano en el marco del Acuerdo Trinacional para la Conservación de la Selva Maya, promoviendo la asignación de recursos, la rendición de cuentas y la participación activa de las comunidades locales en su implementación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de diciembre de 2025.

Diputado Ernesto Sánchez Rodríguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SICT y a la AFAC a revisar las autorizaciones de operaciones aéreas de pilotos extranjeros, a cargo de la diputada Paulina Rubio Fernández, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Paulina Rubio Fernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, fracción I; 62 y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La autoridad aeronáutica permitirá el arrendamiento húmedo a Volaris, que está siendo suministrado como compensación del fabricante de motores Pratt & Whitney , pero que podría violar el artículo 32 de la Constitución mexicana, que indica que sólo capitanes nacidos en México pueden ser quienes estén a cargo de una aeronave en territorio nacional.1

El documento, firmado por el director general de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), Emilio Avendaño García, detalla que las aeronaves provenientes de Malta tendrán como base el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), mientras que las de Lituania estarán basadas en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara en Jalisco.2

El 1 de diciembre del año en curso, pilotos mexicanos, integrantes del Colegio de Pilotos Aviadores de México (CPAM) y de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) protestaron en las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) exigiendo el alto de las operaciones aéreas de pilotos extranjeros, que hoy comenzaron a ser quienes dirigen algunas de las aeronaves de Volaris.3

La protesta de los capitanes es porque la AFAC autorizó a Volaris la entrada de aeronaves de Malta y Lituania, con sus respectivas tribulaciones para operar siete aviones en rutas domésticas, lo cual consideran violenta la Constitución, y la legislación en materia aérea, mientras que Volaris y la AFAC señalan que el permiso cumple con estándares internacionales.4

La AFAC es un órgano administrativo desconcentrado de la SICT, con autonomía técnica, operativa y administrativa, Autoridad de Aviación Civil del Estado mexicano.

El artículo 32 constitucional, señala que la ley regulará el ejercicio de los derechos que la legislación mexicana otorga a los mexicanos que posean otra nacionalidad y establecerá normas para evitar conflictos por doble nacionalidad.

El ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la Constitución, se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad.

Esta misma calidad será indispensable en capitanes, pilotos, patrones, maquinistas, mecánicos y, de una manera general, para todo el personal que tripule cualquier embarcación o aeronave que se ampare con la bandera o insignia mercante mexicana. Será también necesaria para desempeñar los cargos de capitán de puerto y todos los servicios de practicaje y comandante de aeródromo.

La Ley de Aviación Civil señala en el artículo 7 que la AFAC ejerce su autoridad en los aeropuertos, helipuertos y aeródromos en general, a través de las personas designadas como comandantes regionales y comandantes de aeropuerto.

Los comandantes regionales deberán ser mexicanos por nacimiento que no adquieran otra nacionalidad, y en el ejercicio de sus atribuciones dependerán funcional y operativamente de la AFAC.

El artículo 7 Bis establece que los comandantes de aeropuerto deberán ser mexicanos por nacimiento que no adquieran otra nacionalidad, y en el ejercicio de sus atribuciones dependerán funcional y operativamente de la AFAC, a través de los comandantes regionales.

El artículo 38 señala que el personal técnico-aeronáutico está constituido por el personal de vuelo que interviene directamente en la operación de la aeronave y por el personal de tierra, cuyas funciones se especifiquen en el reglamento correspondiente. Dicho personal debe, además de ser mexicano por nacimiento, no adquirir otra nacionalidad y contar con las licencias respectivas.

Es una realidad que la autorización de operaciones aéreas de pilotos extranjeros podría ser violatoria del artículo 32 constitucional y de diversos preceptos de la Ley de Aviación Civil, por lo que resulta imperativo que la SICT instruya a la AFAC para que revise estos actos administrativos y, en su caso, los revoque a la brevedad.

Por lo anterior se pone a consideración de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, para que, por conducto de la Agencia Federal de Aviación Civil, revisen las autorizaciones de operaciones aéreas de pilotos extranjeros, por ser probablemente inconstitucionales e ilegales y, en su caso, sean revocadas.

Notas

1 Véase: https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2025/11/24/gobierno-autoriza-a -volaris-volar-con-pilotos-extranjeros-viola-constitucion/ Consultado el 2 de diciembre de 2025.

2 Ídem

3 Véase: https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2025/12/01/pilotos-exigen-a-go bierno-que-evite-los-vuelos-con-capitanes-extranjeros-en-mexico/ Consultado el 2 de diciembre de 2025.

4 Ídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de diciembre de 2025.

Diputada Paulina Rubio Fernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a los titulares de los Poderes Ejecutivos de las 32 entidades federativas, así como a los diversos Colegios de Notarios constituidos dentro del país, a realizar acciones y hacer del conocimiento público un registro de notarios públicos o de quienes hayan sido notarios, que cuenten con sentencia firme por incumplimiento de sus obligaciones y por actuar contra la fe pública que les fue conferida, a cargo del diputado Miguel Ángel Salim Alle, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Miguel Ángel Salim Alle, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por la que respetuosamente se exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo de las treinta y dos entidades federativas que conforman la República Mexicana, así como a los diversos Colegios de Notarios constituidos dentro del país, para que realicen diversas acciones y hagan del conocimiento público un registro de notarios públicos o de quienes hayan sido notarios, que cuenten con sentencia firme por incumplimiento de sus obligaciones y por actuar contra la fe pública que le fue conferida, conforme a las siguientes:

Consideraciones

La función notarial es una de las instituciones más antiguas y trascendentes del derecho público. No se trata de un privilegio ni de un título honorífico, sino de una delegación directa de la autoridad del Estado en favor de personas profesionales del derecho, a quienes se les otorga la confianza de ejercer la fe pública. Esta confianza no es menor: implica que los actos y hechos que el notario consigna en un instrumento se presumen verdaderos, auténticos y revestidos de validez jurídica.

Por tanto, el ejercicio de la función notarial debe regirse por los principios de rogación, profesionalismo, imparcialidad, legalidad y autonomía, los cuales son indispensables para garantizar la certeza jurídica de los actos celebrados ante notario y la protección del patrimonio y derechos de la ciudadanía.

La fe pública representa el compromiso más alto entre el Estado y la sociedad. Es la garantía de que los hechos consignados en los instrumentos notariales son verdaderos, y que las personas pueden confiar en su autenticidad. La seguridad jurídica, por su parte, es el derecho que toda persona tiene a que su vida, sus bienes y sus derechos no sean vulnerados. Cuando ambas se conjugan, la sociedad encuentra en el notariado un espacio de confianza y orden jurídico.

Así lo señaló el jurista Froylán Bañuelos Sánchez, al afirmar que “la fe pública es la garantía que da el Estado de que determinados hechos que interesan al derecho son ciertos; mediante ella se impone coactivamente a todos la certidumbre de los hechos objeto de la misma”. Por ello, la fe pública que el Estado otorga mediante el fíat notarial es el principio esencial de la función notarial. Sin embargo, cuando una persona notaria actúa sin ética, sin profesionalismo o al margen de la legalidad, rompe ese pacto de confianza, traiciona la fe pública y daña directamente la credibilidad del Estado. Quien falsea, omite o abusa del poder que le fue conferido no sólo incumple con su deber, sino que comete una afrenta contra la sociedad que lo ha investido de confianza.

El quebrantamiento de la fe pública no puede ni debe quedar impune. Un notario que actúa al margen de la ley debe enfrentar la revocación de su fíat y las sanciones administrativas y penales correspondientes. Pero, además, la ciudadanía tiene derecho a saber quiénes han traicionado esa confianza.

Por ello, resulta indispensable que los datos de las personas notarias públicas que cuenten con sentencia firme por actuaciones contrarias a la fe pública o al cumplimiento de sus obligaciones sean de carácter público. La transparencia en estos casos no es un castigo, sino un deber del Estado con la sociedad, pues sólo así se protege el derecho de las personas a conocer la conducta de quienes tienen en sus manos la autenticación de sus actos jurídicos más relevantes.

La opacidad protege la impunidad. El secretismo con que algunos colegios notariales o autoridades administrativas han manejado las sanciones impuestas a notarios infractores ha minado la credibilidad de la institución notarial. Nadie puede ser juez y parte cuando lo que está en juego es la confianza pública.

Los colegios notariales, como entes de orden público y de representación profesional, están igualmente obligados a promover la justicia, la transparencia y el bienestar social. Su función no debe limitarse a la defensa gremial, sino que debe orientarse a preservar la integridad de la función notarial, difundir los valores que la sustentan y denunciar públicamente a quienes han deshonrado la fe pública.

El notariado debe ser un espacio de confianza, no de complicidades. Cuando un fedatario incurre en irregularidades y es sancionado por la autoridad judicial, el silencio institucional se convierte en encubrimiento; y el encubrimiento, en este contexto, equivale a traicionar al pueblo.

Por ello, esta propuesta de exhorto tiene como propósito llamar a las autoridades competentes, tanto a los titulares del Poder Ejecutivo de las Entidades Federativas, como de los Colegios Notariales y órganos supervisores, a que fortalezcan los mecanismos de vigilancia, transparencia y sanción en torno al ejercicio de la función notarial, y que garanticen que toda persona sancionada con sentencia firme por violar la fe pública sea identificable públicamente.

Asimismo, se exhorta a los Colegios Notariales a asumir una postura activa en la defensa de la integridad profesional y en la depuración de sus filas, entendiendo que su prestigio se fortalece no encubriendo a los suyos, sino protegiendo a la ciudadanía.

El notariado debe entender que la confianza del pueblo no se hereda, se gana y se sostiene con conducta intachable. Por tanto, quien traiciona esa confianza pierde no sólo su fíat, sino la legitimidad moral de ejercer una función que depende de la verdad.

La fe pública no admite excepciones: o se honra con honestidad, o se destruye con el abuso. La ciudadanía ya no tolera simulaciones. El Estado no puede ser cómplice de la corrupción disfrazada de formalidad jurídica. Por eso, este exhorto busca recordar que la fe pública es sagrada en términos cívicos y jurídicos, y que quien la ensucia deberá enfrentar las consecuencias de su traición con la fuerza de la ley y el juicio de la sociedad.

Por tal motivo, pongo a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a la soberanía de las Entidades Federativas, respetuosamente exhorta a los Titulares del Poder Ejecutivo para que, dentro del ámbito de sus atribuciones y a través del órgano o unidad administrativa correspondiente, desarrolle, instrumente y ponga en marcha un registro de notarios públicos o de quienes hayan sido notarios, que cuenten con sentencia firme por incumplimiento de sus obligaciones y por actuar contra la fe pública que le fue conferida.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente exhorta a los diversos Colegios de Notarios constituidos dentro de la República Mexicana para que, dentro del ámbito de sus atribuciones y conforme un principio proactivo difundan un registro de notarios públicos, o de quienes hayan sido notarios, que cuenten con sentencia firme por incumplimiento de sus obligaciones y por actuar contra la fe pública que le fue conferida.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de diciembre de 2025.

Diputado Miguel Ángel Salim Alle (rúbrica)