Proposiciones

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Con punto de acuerdo, para exhortar a la Conagua a investigar la existencia y operación de posibles pozos ilegales en el municipio de Saltillo, así como se exhorta al gobierno del Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza y al ayuntamiento de Saltillo a realizar acciones que garanticen el suministro de agua a la población, a cargo del diputado Antonio Lorenzo Castro Villarreal, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, el diputado Antonio Lorenzo Castro Villarreal, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás disposiciones aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Saltillo, capital del estado de Coahuila de Zaragoza, se ubica en una región semidesértica cuya disponibilidad hídrica depende, en gran medida, de los mantos acuíferos subterráneos. Desde hace más de dos décadas, el servicio de agua potable ha sido concesionado a la empresa Aguas de Saltillo S.A. de C.V. (AGSAL), bajo un modelo de gestión público-privada surgido en el año 2001. Sin embargo, en años recientes, el abasto de agua potable en colonias y fraccionamientos populares ha mostrado signos preocupantes de escasez, afectando gravemente a miles de familias saltillenses.

A pesar de que AGSAL ha promovido una narrativa de modernización, eficiencia tecnológica y control digital del sistema hídrico, la realidad para muchas comunidades sigue siendo de desabasto, tandeos constantes y baja presión. Esta situación contrasta con el crecimiento acelerado del sector industrial, que continúa recibiendo agua de manera ininterrumpida.

Una de las causas señaladas por la propia empresa es la existencia de pozos no regulados o presuntamente ilegales que extraen agua del subsuelo sin control ni vigilancia institucional. Aguas de Saltillo ha insistido en que estos pozos clandestinos son los principales responsables de la disminución en los niveles de agua y del desabasto en zonas habitacionales. Es decir, se ha trasladado la culpa de la crisis hídrica a terceros, pero sin que hasta ahora exista una investigación pública, transparente y con consecuencias claras.

Por su parte, la empresa Aguas de Saltillo ha documentado en su solicitud de financiamiento la gravedad del panorama: el descenso acelerado en los niveles de los acuíferos, la insuficiencia en la recarga hídrica debido a la sequía histórica de 2023, el crecimiento poblacional desbordado que supera las proyecciones oficiales, así como la sobreexplotación de los acuíferos por concesiones otorgadas para uso industrial y agrícola. Desde 2015, el municipio ha solicitado a la CONAGUA una mayor asignación de caudales —hasta por 30 millones de metros cúbicos— sin obtener respuesta favorable. No obstante, el gobierno estatal ha sido omiso en acompañar y reforzar estas gestiones, limitándose a anunciar programas como el “Programa Estratégico para el Agua 2023-2029”, cuyas acciones concretas no han logrado mitigar el desabasto que sufren día a día los coahuilenses.

Resulta preocupante que, frente a esta evidencia, el gobernador Manolo Jiménez haya declarado públicamente que “no existe una crisis de agua” en el estado, negando una realidad que afecta tanto a las familias como a sectores esenciales como la salud y la educación, donde hospitales y escuelas también han resentido la falta de agua. Esta postura refleja una desconexión con las necesidades urgentes de la población y una falta de compromiso con el derecho humano al agua, consagrado en el artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En este contexto, es indispensable que tanto el Ayuntamiento de Saltillo como el Gobierno del Estado de Coahuila asuman su responsabilidad y actúen de manera coordinada, transparente y eficiente para garantizar el acceso equitativo al agua potable, priorizando a la ciudadanía por encima de los intereses industriales o políticos que históricamente han acaparado el recurso hídrico en la entidad

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión se solicita respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) a realizar una investigación técnica, exhaustiva y pública sobre la existencia, localización, condiciones y titularidad de pozos ilegales o no registrados en el municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza y que, con base en los resultados de dicha investigación, proceda a sancionar conforme a la ley a quienes resulten responsables de extraer agua sin concesión vigente y, en su caso, clausure aquellos pozos que vulneren el marco jurídico y afecten el abasto público.

Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la al Ayuntamiento de Saltillo y al Gobierno del Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza a fortalecer los mecanismos de coordinación con las autoridades municipales y estatales, así como con operadores como Aguas de Saltillo S.A. de C.V., para establecer una estrategia integral que garanticen el suministro a la población por encima del uso industrial o comercial del recurso hídrico.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de abril 2025

Diputado Antonio Castro Villarreal (rúbrica)