Gaceta Parlamentaria, año XXVIII, número 6771-III-2, martes 29 de abril de 2025

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a impulsar el fortalecimiento del sector espacial nacional, a cargo del diputado José Alfonso Rubalcava Jiménez, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado federal José Alfonso Rubalcava Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXVI legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás aplicables, someto a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la titular del Poder Ejecutivo federal, a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, impulsen el fortalecimiento del sector espacial nacional.

Consideraciones

En la última década, el sector aeroespacial se ha consolidado como uno de los pilares del desarrollo tecnológico, económico y estratégico a nivel global. Países como India, Corea del Sur y Brasil han fortalecido agencias espaciales nacionales no solo con fines científicos, sino como vehículos de soberanía tecnológica, impulso económico e instrumentos clave para la seguridad nacional, esta tendencia responde al hecho de que el espacio ha dejado de ser un ámbito exclusivamente científico para convertirse en un componente esencial de las políticas públicas de innovación, defensa, conectividad y desarrollo sostenible.1

En este contexto, México cuenta con la Agencia Espacial Mexicana (AEM), organismo descentralizado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, cuya misión ha sido formular y dirigir la política espacial nacional. Desde su creación, la AEM ha sido fundamental en la generación de capacidades científicas y tecnológicas, promoviendo la formación de talento en astrofísica, liderando el desarrollo de satélites como el AztechSat-1,2 y estableciendo alianzas internacionales con agencias como la NASA, la ESA y la CONAE. No obstante, la carencia de una política espacial integral y de largo plazo ha limitado su proyección estratégica tanto a nivel nacional como internacional.

Recientemente, se ha anunciado la fusión de la AEM con el Sistema Mexsat y la creación de una nueva Dirección General Satelital. Esta reconfiguración institucional ha generado legítimas inquietudes dentro de la comunidad científica, académica y tecnológica del país, sin embargo, las preocupaciones giran principalmente en torno a una posible fragmentación de capacidades, pérdida de autonomía operativa y la falta de un plan rector técnicamente justificado y consultado ampliamente.

El doctor Rodolfo Neri Vela, primer astronauta mexicano, ha sido una de las voces más críticas frente a esta decisión. Ha advertido que la fusión, podría estar enfocada en tareas de carácter más administrativo y operativo, podría desviar la atención de áreas estratégicas como la investigación científica y el desarrollo tecnológico. Asimismo, ha señalado que la incertidumbre sobre el futuro institucional y presupuestal del programa espacial genera un entorno de desconfianza que puede comprometer la continuidad de proyectos clave y la participación de México en organismos internacionales como la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio.3

Sin embargo, también es necesario reconocer que Mexsat representa la nueva generación de infraestructura satelital del país, con aplicaciones prácticas y beneficios tangibles. El sistema está conformado por el satélite Bicentenario, destinado a comunicaciones fijas, y los satélites Centenario y Morelos 3, diseñados para comunicaciones móviles, sumando los centros de Telemetría y Control en la Ciudad de México (Iztapalapa) y en Hermosillo, Sonora. Esta red ha permitido ofrecer conectividad a más de 5 mil escuelas, clínicas y bibliotecas rurales a través del programa México Conectado, además de apoyar tareas de seguridad nacional y atención a desastres naturales.

La combinación de las capacidades científicas de la AEM con la infraestructura operativa de Mexsat podría, bien gestionada, consolidar un Programa Espacial Mexicano moderno, eficaz y transversal, que permita preservar posiciones orbitales estratégicas, asegurar la continuidad de servicios de comunicación satelital en todo el territorio, incluidas zonas marítimas y económicas exclusivas y garantizar el control soberano del Estado sobre datos e infraestructura crítica.

Apoyar esta fusión, bajo una visión técnica, transparente y con recursos suficientes, es una decisión estratégica de Estado. Durante años, la dispersión de esfuerzos entre diversas entidades ha limitado el alcance de la política espacial mexicana. La integración institucional y presupuestal puede corregir estas deficiencias, generar sinergias, y permitir la construcción de una gobernanza espacial más eficaz, con estructuras modernas y objetivos bien definidos.4

Además, incrementar el presupuesto asignado al nuevo Programa Espacial Mexicano debe entenderse como una inversión estratégica, no como un gasto. Estudios de la OCDE muestran que cada dólar invertido en el sector espacial puede generar un retorno económico de entre cuatro y siete dólares, a través del fortalecimiento industrial, la innovación tecnológica, la generación de empleos de alta especialización y el posicionamiento internacional del país como desarrollador de tecnología avanzada.5

Otro de los beneficios de la infraestructura espacial es la inclusión social, pues un sistema satelital robusto puede cerrar brechas históricas al llevar conectividad a zonas rurales, mejorar el acceso a la educación y la salud digital, fortalecer la gestión de emergencias y contribuir al monitoreo de fenómenos ambientales, agrícolas y de seguridad nacional. En este sentido, el espacio se convierte en una plataforma clave para la equidad, la modernización del Estado y el bienestar social.

Finalmente, en un entorno internacional cada vez más competitivo por el acceso al espacio y el control de los datos geoespaciales, México no puede quedar rezagado. Apostar por el fortalecimiento del sector espacial es garantizar que el país tenga voz propia en la gobernanza global del espacio ultraterrestre, que cuente con autonomía tecnológica y científica, y que pueda enfrentar los retos de la era digital desde una posición de liderazgo y soberanía.

Por todo lo anterior, esta fusión debe entenderse no como una pérdida institucional, sino como una oportunidad histórica para consolidar un sistema espacial nacional moderno, autosuficiente y estratégicamente alineado con los objetivos de desarrollo del país.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.- La honorable Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la titular del Poder Ejecutivo federal, para que garantice la continuidad de las funciones sustantivas de la Agencia Espacial Mexicana en el marco de su integración al Mexsat.

Segundo.- La honorable Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), para que informe de manera pública y transparente los fundamentos técnicos, financieros y estratégicos que motivaron la fusión, con el propósito de evaluar los impactos de dicha reestructuración e integrar sus aportaciones en la elaboración de un Plan Espacial Nacional de largo plazo.

Tercero.- A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para que establezca previsiones presupuestarias suficientes, sostenibles y plurianuales que garanticen la viabilidad operativa, científica y tecnológica del nuevo Programa Espacial Mexicano, asegurando así su desarrollo continuo y estratégico como política de Estado.

Notas:

1 México, actor esencial en la industria aeroespacial: Leonardo Lomelí. (s/f). Unam.mx. Recuperado el 24 de abril de 2025, de https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2025_131.html

2 Mexicana, A. E. (s/f). Nanosatélite mexicano AztechSat-1 inicia su misión en el espacio. gob.mx. Recuperado el 24 de abril de 2025, de https://www.gob.mx/aem/prensa/nanosatelite-mexicano-aztechsat-1-inicia- su-mision-en-el-espacio-235269?idiom=en

3 Tejada, N. T. (2025, febrero 7). “¿Para qué quieren desaparecer a la Agencia Espacial Mexicana, en lugar de fortalecerla con más presupuesto?”

4 .:Portal SCT:.: El sistema satelital mexicano “Mexsat”: pilar fundamental de la 4eforma de telecomunicaciones. (s/f). Gob.mx. Recuperado el 24 de abril de 2025, de https://www.sct.gob.mx/despliega-noticias/article/el-sistema-satelital- mexicano-mexsat-pilar-fundamental-de-la-reforma-de-telecomunicaciones/

5 Por, T. P. (s/f). Perspectivas de la OCDE en Ciencia, Tecnología e Innovación en América Latina 2016. Gob.mx. Recuperado el 24 de abril de 2025, de https://www.diputados.gob.mx/ley-HCTI/CONACYT%20MICROSITIO/II.%20Fuente s%20relevantes/1.-%20Documentos%20internacionales/26.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de abril de 2025.

Diputado José Alfonso Rubalcava Jiménez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la gobernadora del estado de Baja California y a su secretario de Salud a tomar medidas para garantizar el derecho a la salud de la población bajacaliforniana y abordar la crisis de desabasto de medicamentos, falta de atención médica y el incumplimiento de obligaciones a los trabajadores del IMSS Bienestar, a cargo de la diputada Eva María Vásquez Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal Eva María Vásquez Hernández, y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la gobernadora del estado de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y al secretario de Salud del estado de Baja California, José Adrián Medina Amarillas, a tomar medidas urgentes y efectivas para garantizar el derecho a la salud de la población bajacaliforniana y abordar la crisis de desabasto de medicamentos, falta de atención médica y el incumplimiento de obligaciones a los trabajadores del IMSS Bienestar, así como el recurso necesario para hacer frente a la problemática, lo anterior de acuerdo a lo siguiente:

Planteamiento del Problema

En Baja California, la crisis en el sector salud se ha intensificado debido a la reducción drástica de recursos, lo que ha impactado gravemente la calidad de los servicios y el bienestar de la población. El Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud en el estado pasó de contar con $3,230 millones de pesos en 2024 a solo $1,295 millones en 2025, lo que representa un recorte del 61.5 por ciento, equivalente a $1,935 millones de pesos. Esta reducción significativa pone en evidencia la escasa inversión en el sector salud, y deja en una situación crítica a los servicios que dependen de estos fondos para su operación.

A nivel federal, la situación es igualmente alarmante. En 2024, más de 21 mil 500 millones de pesos destinados a la salud no fueron utilizados, a pesar de que los hospitales carecían de lo más básico para atender a la población. Para 2025, se ha aprobado un recorte de 113 mil millones de pesos para el sector salud, lo que agrava aún más la crisis. Con un gasto en salud que representa solo el 2.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), el nivel de inversión en salud en México es significativamente inferior a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que es de al menos el 6 por ciento del PIB.

Además, comparado con otros países de América Latina con ingresos medios y altos, como Argentina (6.3 por ciento), Brasil (3.8 por ciento), Chile (4.9 por ciento), Colombia (5.7 por ciento) y Costa Rica (5.6 por ciento), la inversión pública en salud en México sigue siendo considerablemente baja. En términos absolutos, el gobierno federal ha propuesto destinar mayores recursos al servicio de la deuda que a sectores prioritarios como la salud, la educación y la inversión.

La distribución del presupuesto también refleja la inequidad en la asignación de recursos. El presupuesto destinado a la población con seguridad social aumentó apenas un 1.2 por ciento en 2025, mientras que el presupuesto para la población sin seguridad social, que incluye a millones de mexicanos vulnerables, fue recortado en un 28.7 por ciento, pasando de 442,924 millones de pesos en 2024 a 316,026 millones en 2025.

Este desajuste en la asignación de recursos dificulta la posibilidad de atender a los más de 30 millones de mexicanos que perdieron el acceso a los servicios de salud entre 2018 y 2024. La falta de un incremento significativo del gasto público en salud hace casi imposible volver a brindar atención integral a esta población vulnerable.

Hay áreas clave en la salud pública que están siendo severamente afectadas por el abandono presupuestal. Cuatro de ellas destacan por su impacto en la salud de la población: el control del sobrepeso y la obesidad, el Programa Nacional de Vacunación (PVU), la salud materna, sexual y reproductiva, y la Dirección General de Epidemiología (DGE), responsable de la vigilancia y control de enfermedades. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2022, solo el 42 por ciento de los niños menores de un año tienen su esquema completo de vacunación, lo que refleja un retroceso a niveles que no se habían visto en México desde los años noventa.

El impacto en programas clave es preocupante:

Obesidad y Diabetes: El 75 por ciento de los adultos padecen sobrepeso u obesidad, pero solo se asignaron 914 millones de pesos para su prevención, lo que representa una inversión insuficiente para enfrentar este problema de salud pública.

Vacunación: El recorte al Programa Nacional de Vacunación fue del 70 por ciento, pasando de 14 mil 573 millones de pesos en 2024 a solo 4,572 millones en 2025. Como resultado, la cobertura infantil cayó al 42 por ciento, un nivel alarmante para un país que debe priorizar la prevención de enfermedades.

Salud Materna: La inversión en salud materna ha retrocedido a niveles de 1990, con solo 2 mil 848 millones de pesos asignados para este rubro. Esta disminución afecta gravemente la atención y prevención de riesgos durante el embarazo y el parto, lo que pone en peligro la vida de las mujeres y sus hijos.

El recorte al presupuesto en salud y la falta de atención a estos temas prioritarios representan una amenaza directa a la calidad de vida y bienestar de los bajacalifornianos y de toda la población mexicana. Ante este panorama, es urgente que las autoridades tomen medidas inmediatas para revertir estos recortes y garantizar que el acceso a los servicios de salud no sea una lucha constante para los ciudadanos.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la gobernadora del estado de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y al secretario de Salud del estado de Baja California, José Adrián Medina Amarillas, a que adopten medidas urgentes para solucionar la crisis del sector salud en Baja California, garantizando la cobertura total de medicamentos y atenciones médicas para la población, así como un compromiso firme para atender la crisis laboral en el IMSS Bienestar, con especial énfasis en la resolución inmediata de pagos adeudados y aguinaldos a los trabajadores del sector salud.

Segundo. Se exhorta a la gobernadora del estado de Baja California y al secretario de Salud para que, en coordinación con las autoridades federales, se busque una solución efectiva a la insuficiencia de recursos para el sector salud en el estado, considerando que los 76 millones de pesos destinados a atender la crisis son insuficientes, tomando en cuenta la pérdida de más de 1,935 millones de pesos en el presupuesto 2025, y la necesidad urgente de incrementar la inversión en infraestructura y recursos humanos en el sector.

Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Salud del estado de Baja California a implementar un plan integral de mejora para el sistema de salud en la entidad, que contemple la distribución eficiente de medicamentos, la capacitación continua del personal médico y administrativo, así como un programa que asegure el cumplimiento de las obligaciones laborales de los trabajadores del IMSS Bienestar, con el fin de evitar más afectaciones a la calidad de los servicios y la moral de los empleados.

Cuarto. Se exhorta a la gobernadora del estado de Baja California y al secretario de Salud para que, en su calidad de autoridades competentes, presenten a la brevedad un informe detallado a la opinión pública, que incluya las acciones concretas para solventar la crisis del sector salud, el monto de recursos asignados, los plazos para la resolución de los problemas identificados y los mecanismos para asegurar la transparencia en la ejecución de los recursos destinados.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de abril de 2025.

Diputada Eva María Vásquez Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a garantizar que no se derrumben las viviendas de las personas de la comunidad Estación Pascualitos, afectadas por la reubicación de la estación ferroviaria de Ferromex en Mexicali, así como a buscar soluciones alternativas que no impacten a la comunidad local, a cargo de la diputada Eva María Vásquez Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

Planteamiento del Problema

El impacto en programas clave es preocupante:

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de abril de 2025.

Diputada Eva María Vásquez Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal, gobiernos estatales, municipales y de la Ciudad de México a implementar campañas de difusión permanentes para que los niños, niñas y adolescentes de México conozcan sus derechos y sepan identificar y donde acudir cuando sufran algún tipo de violencia, a cargo del diputado José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado José Guillermo Anaya Llamas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II; y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Los Derechos Humanos de niñas, niños y adolescentes están previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y en las demás leyes aplicables, esencialmente en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (publicada el 4 de diciembre de 2014), la cual reconoce a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos y, en su artículo 13, de manera enunciativa y no limitativa señala los siguientes:

• Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo;

• Derecho de prioridad;

• Derecho a la identidad;

• Derecho a vivir en familia;

• Derecho a la igualdad sustantiva;

• Derecho a no ser discriminado;

• Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral;

• Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal;

• Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social;

• Derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad;

• Derecho a la educación;

• Derecho al descanso y al esparcimiento;

• Derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura;

• Derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información;

• Derecho de participación;

• Derecho de asociación y reunión;

• Derecho a la intimidad;

• Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso;

• Derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, y

• Derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet.

Es muy importante el reconocimiento jurídico de estos derechos, pero el conocimiento de ellos también es imperante es por lo que el día de hoy presentamos este punto de acuerdo con el objetivo de que se hagan campañas permanentes en todos los medios de difusión electrónicos como impresos, para que todo mexicano conozca y reconozca sus derechos de los niños, niñas y adolescentes y con ello pueda identificar la violencia, y sepa a donde puedan acudir y con qué recursos cuentan para esto. La existencia de mecanismos eficaces de exigibilidad y defensa de los mismos.

Nuestro marco normativo reconoce los derechos de la niñez y la adolescencia, ahora toca la segunda parte es que los identifiquen y con ello sepan reconocer la violencia, las niñas, los niños y los adolescentes, deben de saber que, en todos los ámbitos de su vida como la escuela, el sistema de salud y el de justicia, tienen derechos y si no se le proporcionan, oh no están, hay violencia.

Que la relación que se tiene en su comunidad, con la familia o las personas adultas debe de darse de una manera cordial y respetuosa de ambas partes y de no ser asi ellos deben de saber hacer valer sus derechos y donde poder recurrir.

El derecho más importante que protegen a nuestras niñas, los niños y los adolescentes es el derecho a una vida libre de violencia.

Es por lo anterior que pedimos al Ejecutivo federal y a las autoridades, de los tres niveles de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, que hagan campañas de difusión permanentes con el objetivo de que nuestra niñez y adolescencia sepa reconocer sus derechos y cuando sufren algún tipo de violencia, y tengan las medidas necesarias para prevenir, atender y donde acudir cuando sufran alguna afección.

En el país los niños niñas y adolescentes están gravemente afectados por el incremento de las desapariciones, las fallas críticas en la protección de sus derechos sexuales y reproductivos, la ausencia de protección internacional y de restitución de derechos para la niñez migrante y la grave situación de salud alimentaria que impulsa la obesidad y diabetes infantil.

Tania Ramírez Hernández, directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), alertó sobre el aumento de la violencia contra niñas y adolescentes.

Detalló que “los feminicidios en enero y febrero pasaron de nueve en 2024 a 11 en 2025, mientras los homicidios dolosos en igual periodo aumentaron 2.8 por ciento (145 a 149).

La nueva violencia que está sufriendo nuestra niñez y adolescencia es el reclutamiento por grupos criminales en México, que las cifras van de hasta 200 mil Niñas, Niños y Adolescentes, estos datos los podemos encontrar en Reinserta, también indica que más de 30 mil menores están actualmente reclutados.

Es por lo que es necesario y es responsabilidad de las autoridades de proveer de toda la información de manera permanente respecto de la violencia y donde acudir el de proveer de más herramientas preventivas para cuidar a nuestra niñez y adolescencia.

Es muy grave que se indique en el informe que más 30 mil niñas, niños y adolescentes están en las filas de los grupos de la delincuencia organizada, y que 145 mil más están en riesgo de ser reclutados por el crimen organizado, según cifras recabadas.

Pero como lo citamos anteriormente tenemos varios tipos de violencia y debemos hacer extensivo y de conocimiento para cualquiera donde acudir.

Contamos con sistemas, procuradurías e instituciones en México:

• El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna),

• El DIF estatal y municipal,

• Las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y

• La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)

Instituciones clave:

• Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna):

Es el sistema rector en la materia, coordinando a nivel nacional los esfuerzos para proteger a la infancia.

• DIF estatal y municipal:

Los Sistemas DIF a nivel estatal y municipal brindan servicios de protección y asistencia social a la población infantil.

• Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes:

Estas procuradurías, a nivel estatal y municipal, son responsables de investigar y atender casos de violencia contra la infancia, aplicando medidas de protección y restitución de derechos.

• Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH):

La CNDH promueve y defiende los derechos humanos de todos los mexicanos, incluyendo a la infancia, y puede recibir denuncias de violaciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes.

• Organizaciones de la sociedad civil (ONGS):

Muchas organizaciones no gubernamentales trabajan en la prevención y atención de la violencia contra la niñez, ofreciendo servicios de apoyo y asesoramiento.

• Ministerios Públicos y fiscalías:

Estos órganos son responsables de investigar y procesar los casos de violencia que constituyen delitos, asegurando que los responsables sean llevados a juicio.

• Escuela Libre de Violencia:

La Secretaría de Educación Pública (SEP) implementó el programa “Escuela Libre de Violencia” para prevenir y atender casos de violencia en el ámbito escolar.

• UNICEF:

UNICEF México trabaja en coordinación con el gobierno y otras organizaciones para garantizar los derechos de la infancia, incluyendo la protección contra la violencia.

Para obtener apoyo, se puede contactar a:

• El número de emergencia 911:

En caso de emergencia, se puede llamar al 911 para obtener ayuda inmediata.

• La línea de atención de la CNDH:

La CNDH tiene una línea telefónica para recibir denuncias y brindar apoyo a víctimas de violencia.

• Las oficinas de los Sistemas DIF:

En cada estado y municipio, se puede acudir a las oficinas del DIF para solicitar apoyo.

• Las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes:

En cada estado y municipio, estas procuradurías brindan servicios de atención y protección.

• Las organizaciones de la sociedad civil:

Muchas organizaciones ofrecen servicios de apoyo a víctimas de violencia, incluyendo asesoramiento legal, psicológico y social.

Toda esta información debe de ser de difusión permanente, para que se sepa paso a paso donde acudir y que hacer, y que no se siga agravando el diagnóstico que se tiene en el sentido de que las niñas, niños y adolescentes están gravemente afectados por el incremento de las desapariciones, las fallas críticas en la protección de sus derechos sexuales y reproductivos, la ausencia de protección internacional y de restitución de derechos para la niñez y la grave situación de salud alimentaria que impulsa la obesidad y diabetes infantil.

Proteger a nuestra Niñez y adolescencia de la nueva violencia que está sufriendo la niñez y adolescencia del país, es el reclutamiento por grupos criminales.

Por lo antes expuesto, sometemos a consideración de este pleno, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al gobierno federal, a los gobiernos estatales, municipales y al de la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus atribuciones, implementen campañas de difusión y concientización permanente con el objetivo de que las niñas, niños y adolescentes, conozcan sus derechos e identifiquen donde acudir cuando sean víctimas de cualquier tipo de violencia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 abril de 2025.

Diputado José Guillermo Anaya Llamas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP a considerar reactivar el Programa de Fomento para la Seguridad o, en su caso, la creación de un programa en la materia que permita a los municipios acceder a los recursos federales para fortalecer sus capacidades de prevención, y combate a la delincuencia, a cargo de la diputada María Lorena García Jimeno Alcocer, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Ma. Lorena García Jimeno Alcocer, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en ejercicio de sus atribuciones, considere reactivar el Programa de Fomento para la Seguridad o, en su caso, la creación de un programa en la materia que permita a los municipios acceder a los recursos federales para fortalecer sus capacidades de prevención, y combate a la delincuencia, a cargo de la diputada Ma. Lorena García Jimeno Alcocer, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La seguridad pública es crucial para asegurar la protección de los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 21, establece que, “La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia.”1 Sin una seguridad pública eficaz, estos derechos pueden verse comprometidos, lo que impacta negativamente en la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos.

El programa de Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública, (Fortaseg), se creó en 2016, con el objetivo principal de evolucionar del anterior programa en el país en materia de seguridad, llamado, Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsemun).

De manera que el Subsemun estaba enfocado principalmente en otorgar subsidios a los municipios para mejorar la seguridad pública, mientras que el Fortaseg, cambió el enfoque del programa hacia un fortalecimiento más amplio de la seguridad ciudadana.

El objetivo del programa Fortaseg, era apoyar a los municipios en la seguridad pública, por medio del financiamiento de acciones relacionadas con la profesionalización, certificación y equipamiento del personal policial de las instituciones de seguridad, en alineación con los programas con prioridad nacional y subprogramas aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Este subsidio cubría la evaluación del control de confianza de los elementos operativos de las policías municipales, su capacitación, recursos para la homologación policial y la mejora de las condiciones laborales de los policías.2

Tomar acciones para la profesionalización, certificación y modernización de los cuerpos policiales son esenciales por los múltiples beneficios que ofrece cada uno; en primer lugar, la profesionalización mejora la competencia y la ética de los agentes, asegurando que operen bajo altos estándares de conducta y desempeño; en el caso de la certificación, verifica que los oficiales están adecuadamente entrenados y cumplen con los requisitos necesarios para sus funciones, lo cual es fundamental para mantener la confianza pública en las fuerzas del orden; Así mismo, la modernización de la policía, incluye la actualización de equipos y la implementación de nuevas tecnologías, lo cual permite una respuesta más rápida y efectiva a las amenazas de seguridad contemporáneas, como los delitos cibernéticos y otras formas complejas de criminalidad.3

Con el Fortaseg se impulsó la transformación institucional y el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones de seguridad pública municipales, como el desarrollo de capacidades en las instituciones locales para el diseño de políticas públicas, destinadas a la prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana en temas de seguridad pública, promoviendo el desarrollo de áreas especializadas en prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana y acceso a la justicia para las mujeres en las instituciones públicas de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, con el fin de identificar las problemáticas de violencia y delincuencia, así como diseñar estrategias de intervención específicas para su atención y evaluar los resultados obtenidos.

Así mismo, financió la construcción de infraestructura, la prevención del delito, la creación de bases de datos de seguridad pública y centros telefónicos de atención de emergencias, esencial para garantizar una respuesta rápida y eficiente ante situaciones críticas. Estas bases de datos proporcionan información precisa y actualizada, permitiendo una mejor coordinación de recursos y una respuesta más efectiva por parte de las autoridades.

Además, contribuye a mejorar la seguridad ciudadana al identificar áreas problemáticas y patrones delictivos, los centros de atención de emergencias, por su parte, sirven como la primera línea de contacto para los ciudadanos que necesitan ayuda, y contar con personal capacitado y sistemas de gestión eficientes es crucial para salvar vidas y gestionar situaciones de manera efectiva.

Estas bases de datos proporcionan información valiosa para análisis posteriores, facilitando la identificación de tendencias y la mejora continua de los protocolos de respuesta. Sin embargo, en el año 2021, el gobierno de México eliminó el programa Fortaseg y consolidó sus funciones y recursos en el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y otros programas federales, como parte de un esfuerzo por centralizar y optimizar los recursos destinados a la seguridad pública en el país.

En vista de lo anterior, regresar el programa Fortaseg es esencial e imperante, para dotar a los municipios de recursos financieros cruciales, mejorar la capacitación y profesionalización de las fuerzas de seguridad, y fortalecer la infraestructura y tecnología necesarias para combatir la delincuencia. Además, este programa facilita la prevención del delito y la coordinación entre diferentes niveles de gobierno, contribuyendo directamente a la seguridad y el bienestar de las comunidades al proporcionar fondos para infraestructura, equipos y programas de prevención vitales para enfrentar los desafíos de seguridad pública de manera efectiva.

Por lo antes expuesto, sometemos a consideración de este pleno la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único . - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en ejercicio de sus atribuciones, considere reactivar el Programa de Fomento para la Seguridad o, en su caso, la creación de un programa en la materia que permita a los municipios acceder a los recursos federales para fortalecer sus capacidades de prevención, y combate a la delincuencia.

Notas:

1 Federación el, C. P. en el D. O. (s/f). CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Gob.mx. Recuperado el 10 de junio de 2024, de https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

2 https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2019c/Documentos/Auditorias/MR- FORTASEG_a.pdf

3 IMPRI. (2021, diciembre 16). Modernization of Police forces (MPF): A step towards Police reforms - policy update 2021. IMPRI Impact and Policy Research Institute; IMPRI. https://www.impriindia.com/insights/policy-update/modernization-mpf/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2025.

Diputada Ma. Lorena García Jimeno Alcocer (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sectur, en colaboración con la SSPC, a diseñar e instrumentar acciones y programas dirigidos a la prevención, investigación y persecución de los delitos en el sector de turismo, a cargo de la diputada María Lorena García Jimeno Alcocer, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada federal, Ma. Lorena García Jimeno Alcocer, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXVI Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Turismo para que, en colaboración con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, diseñen e instrumenten acciones y programas dirigidos a la prevención, investigación y persecución de los delitos en el sector de turismo, a cargo de la diputada Ma. Lorena García Jimeno Alcocer, del grupo parlamentario del PAN, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El turismo en México enfrentará diferentes retos en su desarrollo a lo largo del 2025 debido a diversos factores como lo son la recesión económica, la falta de promoción turística, y la percepción de inseguridad que se tiene de diferentes destinos mexicanos.1

El turismo juega un papel de gran importancia en nuestra nación, ya que, representa una fuente vital para distintos sectores del país, como el sector económico, donde los ingresos del turismo para México es una fuente vital, ya que, los millones de visitantes extranjeros que llegan al país anualmente, contribuyen de manera significativa a la economía nacional, respaldando una variedad de sectores económicos, incluyendo la industria hotelera, la gastronomía, el transporte, la artesanía, entre otros.

En colaboración con el ámbito económico, el turismo contribuye al impulso del empleo, ya que muchas personas encuentran oportunidades laborales en esta industria, ocupando roles que van desde guías turísticos hasta personal en hoteles y restaurantes. Esto tiene un impacto positivo en la reducción de la tasa de desempleo y en la mejora de las condiciones de vida de numerosas familias mexicanas.

Es por esto, que es imperante, tomar acciones en contra de las actividades del crimen organizado en el país, pero en especial enfoque en las locaciones donde se desempeña el turismo, ya que, cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, demuestran que en destinos, tanto del norte como en el sur del país, como Tulum, Mérida, Cancún, Acapulco, entre otros, donde el narcomenudeo, derecho de piso y los homicidios dolosos, delitos relacionados estrechamente con el narcotráfico, se han incrementado exponencialmente.

Así mismo se demuestra en la siguiente imagen como siguen en aumento de febrero de 2025 a marzo de 2025 en todo el país, delitos como la extorsión, los homicidios dolosos, robos, narcomenudeo, otros delitos; situación que sin duda alguna es alarmante, esto de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública.2

La expansión de estos delitos en algunos casos ha sido facilitada por diversos factores, entre los más importantes, la corrupción y la falta de respuesta eficaz por parte de las autoridades, ya que, en muchos de estos lugares, las víctimas temen denunciar por la falta de garantías de protección y la posible colusión de algunas autoridades con los grupos criminales.

Un claro ejemplo como antecedente de esta situación fue en San Cristóbal de las Casas, una ciudad chiapaneca caracterizada por su arquitectura colonial y su historia milenaria fue sujeto de una balacera callejera después del asesinato del artesano Jerónimo Ruiz, líder de la Asociación de Locatarios de Mercados Tradicionales de Chiapas.3

Así mismo, el Consejo Coordinador Empresarial del Caribe (CCE) ha levantado la voz para exigir a las autoridades acabar con el “cobro de derecho de piso”, luego de los casos de extorsión y de hechos violentos que se han registrado en el estado mexicano, por lo que exigen que se ponga en práctica la ley que sanciona este delito.4

Además, los hechos de violencia en carreteras, en poblaciones turísticas y en sitios muy visitados por la población, afectan el crecimiento del turismo rural.

Los lugares de mayor afectación son los estados de Colima, Guanajuato y Michoacán, donde existen los mayores índices de hechos de inseguridad, los cuales son difundidos por videos que se transmiten y viralizan en redes sociales. Las imágenes suelen generar miedo y eso desalienta la llegada de turistas.

Sin embargo, no solo es la violencia, sino la falta de políticas públicas, lo que ha impedido el crecimiento del turismo rural, que representa una alternativa económica para las comunidades y se basa en ofrecer a los visitantes, experiencias de vida cotidiana.

El director del Centro de Investigaciones en Artes, Humanidades y Comunicación del Centro Universitario del Sur (CUSur), Jorge Martínez Ibarra, explicó que la violencia merma la asistencia turística a estas zonas y opta entonces por las grandes cadenas hoteleras o los grandes complejos, porque sienten que ahí están más seguros.

“La delincuencia organizada ha copado muchos de estos espacios, puesto que de algún modo determina cómo funcionan o qué cosas se lleven a cabo o cuáles no. Es un factor que determina que también esto no se pueda tomar como una posibilidad económica”5

Este tipo de circunstancias tienen un impacto en la industria turística y, como resultado, afectan los ingresos de quienes trabajan en este sector. Debido al temor o a las experiencias negativas de los turistas, estos dejan de visitar los destinos turísticos del país, lo que ocasiona desafíos en los sectores mencionados, tanto a nivel estatal como federal.

De esta manera, los sitios que dependen de esta industria quedan desatendidos, ya que los residentes locales se ven obligados a dejar sus empresas y hogares en busca de otras fuentes de ingresos para mantener a sus familias. Esto podría resultar en el abandono de playas, manglares, zonas protegidas y especies en peligro, lo que representaría una pérdida significativa para el patrimonio cultural y ecológico de México.

Dado lo mencionado anteriormente, es esencial emprender acciones colectivas frente a esta situación, ya que, tiene impacto tanto a nivel interno, como en la percepción internacional, ocasionando que dejemos de ser un destino de renombre para el turismo.

Por lo antes expuesto, sometemos a consideración de este pleno, la presente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Turismo para que, en colaboración con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, diseñen e instrumenten acciones y programas dirigidos a la prevención, investigación y persecución de los delitos en el sector de turismo.

Notas:

1 https://mexico.ladevi.info/turismo/retos-el-turismo-mexico-2025-economia-promocion-turistica-e-inseguridad-n77598#
:~:text=El%20turismo%20en%20M%C3%A9xico%20enfrentar%C3%A1%20diferentes%20retos%20en,
inseguridad%20que%20se%20tiene%20de%20diferentes%20destinos%20mexicanos.

2 https://drive.google.com/file/d/12njGNzuGXMAsgONUdo4kwKvlFXg71zBN/view

3 Viña, D. A. (2023, julio 8). Chiapas, un paraíso para el turismo y un pozo de violencia para sus habitantes. Ediciones EL PAÍS S.L. https://elpais.com/mexico/2023-07-08/
chiapas-un-paraiso-para-el-turismo-y-un-pozo-de-violencia-para-sus-habitantes.html

4 Bulla, A. (2023, septiembre 30). Caribe mexicano: empresarios exigen mano dura con la extorsión. Noticias de turismo REPORTUR. https://www.reportur.com/mexico/2023/09/30/
caribe-mexicano-empresarios-exigen-mano-dura-con-la-extorsion/

5 https://www.cronica.com.mx/jalisco/2025/04/21/los-hechos-de-violencia-a fectan-el-turismo-rural-en-colima-guanajuato-michoacan-y-jalisco/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2025.

Diputada Ma. Lorena García Jimeno Alcocer (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a abordar de manera urgente la comercialización y el robo de autopartes, con el fin de implementar medidas efectivas que combinen la prevención de delitos con la vigilancia del movimiento económico sospechoso en el sector, a cargo del diputado Miguel Ángel Guevara Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Miguel Ángel Guevara Rodríguez, diputado de la LXVI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y el artículo 79, numerales 1, fracción II y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someto a la consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, bajo los siguientes:

Considerandos

El robo y la venta ilegal de autopartes ha escalado en diversas entidades del país, convirtiéndose en una de las modalidades delictivas de mayor recurrencia y afectación tanto a la ciudadanía como a la economía formal. Este fenómeno, si bien tiene una expresión visible en mercados y puntos de venta de componentes usados, está vinculado a redes de delincuencia organizada, que aprovechan vacíos normativos, escasa vigilancia y mercados informales para operar con impunidad.

Este delito no solo representa un daño patrimonial para los propietarios de vehículos, sino que también genera un entorno de inseguridad cotidiana y desconfianza social. El robo de autopartes ocurre principalmente en zonas urbanas de alta densidad, muchas veces sin presencia policial efectiva ni infraestructura adecuada de vigilancia, facilitando la sustracción de espejos, faros, computadoras automotrices, llantas y catalizadores, entre otros componentes altamente cotizados en el mercado negro.

Asimismo, los ingresos generados por esta actividad ilícita tienden a ser reciclados mediante esquemas financieros opacos, lo que representa un riesgo adicional en términos de lavado de dinero. Por ello, la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera resulta indispensable para rastrear operaciones inusuales asociadas a este mercado ilegal, así como para identificar posibles vínculos con otras actividades criminales, incluyendo el robo de vehículos, extorsión o tráfico de mercancías.

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que entre enero y octubre de 2024 se iniciaron más de 17 mil carpetas de investigación por robo de autopartes a nivel nacional, de las cuales cerca del 47.0 por ciento se concentraron en la Ciudad de México, reflejando la gravedad del problema y su concentración en centros urbanos. Otras entidades federativas como el Estado de México, Jalisco y Nuevo León también registran altos niveles de incidencia, lo que demuestra que este fenómeno requiere una estrategia federal coordinada.1

Es importante señalar que, si bien se han realizado esfuerzos institucionales, los resultados aún son insuficientes ante la magnitud del problema. El número creciente de denuncias y el incremento de detenciones no se traducen todavía en una contención efectiva del fenómeno, pues los mercados ilícitos continúan operando de manera abierta, donde el comercio informal de autopartes es abundante.

Ante esta realidad, se propone como medida inmediata la conformación de mesas de trabajo interinstitucionales que integren a las dependencias federales competentes y a las fiscalías locales, con el objetivo de articular una estrategia integral de combate al robo de autopartes. Esto incluye:

• Operativos coordinados en mercados identificados como centros de venta de mercancía robada.

• Rastreo de flujos financieros relacionados con operaciones sospechosas en el comercio de autopartes.

• Campañas de prevención y denuncia ciudadana, enfocadas a sensibilizar sobre las consecuencias legales y sociales de adquirir productos de procedencia ilícita.

• Revisión normativa para fortalecer el marco jurídico en materia de comercio y reventa de autopartes.

Observaciones

El análisis del comportamiento delictivo a lo largo del año permite identificar periodos de alta incidencia en el robo de autopartes, lo cual puede facilitar el diseño de políticas públicas de prevención más efectivas y focalizadas.

• Fin de año y temporada de Reyes (diciembre–enero): Este período registra tradicionalmente un repunte en los delitos relacionados con el robo de autopartes, ya que la dinámica económica vinculada al gasto en obsequios y celebraciones incrementa la demanda de mercancías más accesibles, incluyendo productos de procedencia ilícita.

• Vacaciones de verano (junio–agosto): Durante estos meses, el aumento de la movilidad urbana y la reducción en la vigilancia en ciertas zonas del país generan condiciones propicias para la comisión de este tipo de delitos.

En este contexto, la venta ilegal de autopartes representa una fuente de financiamiento para grupos criminales, por lo que su combate no solo debe centrarse en la prevención y persecución del robo como tal, sino en desarticular la red económica y financiera que lo sostiene. En este sentido, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) juega un papel estratégico para rastrear operaciones financieras irregulares y detectar patrones de lavado de dinero asociados a estas actividades.

La coordinación entre la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal resulta clave para implementar operativos conjuntos que permitan intervenir directamente en los mercados de comercialización de autopartes de dudosa procedencia, asegurar la trazabilidad de las operaciones y proteger tanto a consumidores como a comerciantes legítimos.

Este fenómeno, además, revela problemas estructurales en materia de seguridad pública. Por ello, al abordar la venta ilegal de autopartes desde una perspectiva financiera y preventiva, el Estado puede generar estrategias integrales que incidan en el origen del problema. Estas estrategias pueden incluir:

• Monitoreo financiero de empresas, personas físicas y plataformas digitales involucradas en la venta de autopartes;

• Campañas de concientización para desalentar la compra de productos robados;

• Regulación y fiscalización más estricta de los mercados informales de autopartes;

• Rastreo y persecución del flujo económico derivado de estas actividades, con el objetivo de afectar la rentabilidad de estas redes delictivas.

El combate a este delito no solo implica recuperar el orden legal, sino también interrumpir los mecanismos de financiamiento del crimen organizado. Por lo tanto, se reitera la importancia de un enfoque transversal, que combine la inteligencia financiera con la acción penal, promoviendo un entorno más seguro, transparente y justo para las y los ciudadanos.

La seguridad y el patrimonio de las y los ciudadanos no deben estar sujetos a la impunidad ni al abandono institucional. El combate al robo y venta ilegal de autopartes exige acciones decididas, conjuntas y con visión de Estado. Por ello, el presente Punto de Acuerdo tiene como finalidad sumar esfuerzos institucionales para atacar una problemática real, que tiene impacto directo en millones de mexicanos.

Uno de los principales factores del aumento de la incidencia delictiva es la alta demanda existente en el mercado informal, que representa una actividad altamente lucrativa debido a la constante necesidad de refacciones automotrices, especialmente aquellas de difícil acceso en el comercio formal.

A esta situación se suma la facilidad con la que muchos vehículos pueden ser desmantelados parcialmente, lo cual permite que las piezas sean sustraídas en cuestión de minutos y comercializadas sin mayores complicaciones. La falta de vigilancia efectiva en zonas estratégicas, como estacionamientos públicos o calles con escasa iluminación, agrava aún más el problema, ya que proporciona condiciones propicias para la comisión de estos delitos.

Otro aspecto relevante es la posible complicidad entre el crimen organizado y algunas autoridades, lo cual obstaculiza significativamente la investigación y judicialización de estos hechos. Esta situación contribuye a un clima de impunidad que incentiva la repetición del delito. Asimismo, la débil o inexistente regulación de deshuesaderos y comercios informales facilita la introducción de autopartes robadas al mercado sin que existan mecanismos efectivos de verificación de origen o trazabilidad.

El impacto del robo de autopartes trasciende el ámbito individual y afecta de manera directa tanto la economía como la seguridad ciudadana. Las personas afectadas por estos delitos enfrentan pérdidas económicas significativas al verse obligadas a reemplazar componentes esenciales de sus vehículos, lo que en muchos casos también implica recurrir a servicios mecánicos o de aseguradoras, elevando los costos para todos los usuarios del sistema.

Además, este tipo de delito genera un clima de inseguridad generalizada entre la población. La posibilidad de ser víctima de un robo en espacios públicos o incluso en zonas habitacionales daña profundamente la percepción de seguridad y confianza en las instituciones encargadas de la prevención y persecución del delito.

En este contexto, se considera indispensable que la Fiscalía General de la República , en conjunto con la Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana , implementen una estrategia nacional coordinada para atender de forma integral esta problemática. Esta estrategia deberá contemplar acciones como la ejecución de operativos focalizados en zonas de alta incidencia, el monitoreo de transacciones comerciales sospechosas relacionadas con la compraventa de autopartes, y el fortalecimiento de la regulación sobre establecimientos de reciclaje y venta de refacciones usadas.

Asimismo, es fundamental impulsar la colaboración intergubernamental con autoridades estatales y municipales, a fin de abordar el fenómeno delictivo desde un enfoque territorial, que considere las particularidades de cada entidad federativa y promueva respuestas más eficaces; por lo que se propone el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Fiscalía General de la República, a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, para que atiendan de manera urgente e integral la problemática del robo y comercialización ilegal de autopartes en el país. Lo anterior mediante la implementación de operativos coordinados, el establecimiento de mesas de trabajo interinstitucionales, y el diseño de estrategias conjuntas que combinen acciones de prevención del delito con mecanismos de rastreo y control de actividades económicas sospechosas, a fin de desarticular las redes delictivas que sustentan este mercado ilícito.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Fiscalía General de la República, a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal para que, hagan público un informe detallado, en un plazo no mayor a 60 días hábiles posteriores a la instrumentación de la estrategia conjunta, sobre los acuerdos y resultados de dicha estrategía.

Notas:

1 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública | Gobierno | gob.mx

Dado en el Palacio Legislativo, a 29 de abril de 2025.

Diputado Miguel Ángel Guevara Rodríguez (rúbrica)