Iniciativas

Iniciativas

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible, en materia suficiencia alimentaria, a cargo del diputado Miguel Alejandro Alonso Reyes, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Miguel Alejandro Alonso Reyes, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXVI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 10, fracción VII del artículo 32, 52, 54 y 55, todos de la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible, en materia de suficiencia alimentaria, al tenor de lo siguiente

Planteamiento del problema

Se estima que para el año 2025,1 la pérdida global de alimentos a nivel mundial alcanzará los 2,500 millones de toneladas anualmente. En el caso específico de México, esto representa una pérdida cercana a los 30 millones de toneladas al año.2 Esta cifra representa aproximadamente el 2.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB)3 del país, poniendo de manifiesto la magnitud del problema, ya que representa cerca de un 40 por ciento de la producción total de alimentos, lo que subraya la necesidad urgente de generar conciencia y adoptar medidas efectivas para abordar esta crisis alimentaria.

A pesar de la cantidad significativa de alimentos que se desperdician, en México existen alrededor de 28 millones de personas4 que, enfrentan inseguridad alimentaria, lo que pone de relieve una grave disfunción en la distribución de recursos alimentarios. Esta situación no solo refleja una ineficiencia en la cadena de suministro, sino que también resalta una profunda desigualdad social, donde grandes volúmenes de alimentos se pierden mientras que muchos carecen de acceso a una nutrición adecuada.

Para enfrentar esta problemática de manera integral, es vital fomentar la educación y la sensibilización sobre la relevancia de disminuir el desperdicio de alimentos. Al proporcionar información adecuada y accesible, se empodera a las personas para que tomen decisiones más conscientes respecto a sus hábitos de consumo. Esta educación no solo debe centrarse en el ámbito individual, sino que también debe incluir a comunidades y organizaciones, promoviendo un cambio cultural que valore la importancia de cada alimento y su impacto en la sociedad y el medio ambiente.

Cada individuo, ya sea de forma individual o colectiva, tiene el derecho a acceder a una alimentación adecuada en todo momento. Esto implica no solo la disponibilidad de alimentos para el consumo diario, sino también el acceso físico y económico a opciones que sean seguras, nutritivas y suficientes para satisfacer las necesidades fisiológicas a lo largo de todas las etapas de la vida.

Este derecho debe ser garantizado de manera que respete el contexto cultural y las necesidades específicas de cada persona, sin comprometer la satisfacción de otras necesidades básicas ni obstaculizar el ejercicio de otros derechos humanos fundamentales.

Con la presentación de esta iniciativa, buscamos complementar la implementación de políticas públicas que promuevan la reducción del desperdicio de alimentos, reconociendo que es fundamental incentivar a las empresas y comercios a donar aquellos productos que se encuentren en buen estado, contribuyendo así a una gestión más sostenible de los recursos alimentarios.

Esta propuesta no solo busca mitigar el impacto ambiental asociado al desperdicio, sino también fomentar una cultura de solidaridad y responsabilidad social, donde los alimentos que aún son aptos para el consumo puedan llegar a quienes más lo necesitan.

Exposición de Motivos

Todas las personas, ya sea de forma individual o en grupo, tienen el derecho fundamental a contar con una alimentación adecuada en todo momento. Esto implica no solo la disponibilidad de alimentos para su consumo diario, sino también el acceso físico y económico a opciones alimentarias que sean seguras, de calidad nutricional y en cantidades suficientes para satisfacer sus necesidades fisiológicas a lo largo de todas las etapas de su vida. Este derecho es esencial para fomentar un desarrollo integral y garantizar una vida digna, respetando al mismo tiempo el contexto cultural y las necesidades específicas de cada individuo. Además, es crucial que el ejercicio de este derecho no comprometa la satisfacción de otras necesidades básicas ni obstaculice el disfrute de otros derechos humanos.

El derecho a la alimentación abarca la capacidad de satisfacer las necesidades alimentarias de las personas, lo que implica la combinación adecuada de productos nutritivos que favorezcan tanto el crecimiento físico como el desarrollo mental. Este derecho se extiende a lo largo de todas las etapas del ciclo vital, considerando factores como el sexo y la ocupación de los individuos. Es fundamental que las personas tengan acceso a una alimentación que no solo cumpla con los requerimientos fisiológicos, sino que también promueva un estilo de vida activo y saludable, garantizando así el bienestar integral de la población.

La disponibilidad de alimentos es otro componente esencial del derecho a la alimentación, ya que se refiere a la capacidad de cada persona para acceder a una alimentación adecuada. Esto puede lograrse a través del trabajo en la tierra, la gestión sostenible de la biodiversidad y el agua, así como mediante el uso de conocimientos locales. Alternativamente, la disponibilidad también puede ser facilitada por sistemas de abastecimiento que sean eficientes y asequibles, asegurando que todos, especialmente aquellos en situaciones de vulnerabilidad, puedan obtener los alimentos necesarios para su sustento diario.

Además, el acceso físico y económico a los alimentos es crucial para garantizar que las personas puedan obtener lo que necesitan sin comprometer otras necesidades básicas. Esto implica que los ingresos de las familias deben ser suficientes para cubrir el costo de los alimentos y los medios para adquirirlos. Asimismo, es importante que los alimentos sean culturalmente aceptables y pertinentes, considerando los valores y preocupaciones de los consumidores en relación con la naturaleza de los productos disponibles. Por último, la sostenibilidad en la producción de alimentos es vital, ya que debe minimizar el impacto ambiental y respetar la biodiversidad, asegurando así que las generaciones presentes y futuras puedan disfrutar de un acceso adecuado a los alimentos.

Pero, en la actualidad, el desperdicio de alimentos se ha convertido en uno de los problemas más apremiantes a nivel global y México, no es la excepción, afectando tanto la economía como el medio ambiente. En respuesta a esta situación, expertos y actores de la industria alimentaria han hecho un llamado a la acción, instando a una gestión responsable de esta pérdida y a la implementación de medidas que reduzcan su impacto negativo.

Se estima que para el año 2025,5 la pérdida global de alimentos alcanzará los 2,500 millones de toneladas anualmente. En el caso específico de México, esto representa una pérdida cercana a los 30 millones de toneladas al año. Esta cifra es particularmente preocupante, ya que representa aproximadamente el 2.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país, lo que subraya la gravedad de la crisis alimentaria que enfrenta. En este contexto, en 2022, cerca de 35 millones de personas en México carecieron de acceso a una alimentación adecuada,6 lo que constituyó un desafío persistente que aún no ha encontrado una solución efectiva. La magnitud de estas pérdidas, junto con la falta de acceso a alimentos básicos, pone de relieve la necesidad urgente de abordar este problema estructural que afecta a una parte significativa de la población, demandando acciones concretas y sostenibles para garantizar la seguridad alimentaria en el país.

La necesidad de abordar esta cuestión es crucial, no solo para cumplir con los compromisos establecidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, especialmente el ODS 12.3,7 que se centra en la producción y el consumo sostenible, sino también para desarrollar una estrategia nacional que permita a los actores clave, incluyendo el sector privado, la sociedad civil y el gobierno, identificar y adoptar medidas concretas para enfrentar este desafío.

La inseguridad alimentaria afecta al 34 por ciento de la población, según los informes del mes de noviembre del 2024, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social,8 y esta situación se ve agravada por los altos niveles de pérdida y desperdicio de alimentos. Según el Banco Mundial, el 35 por ciento de los alimentos producidos en México se desperdicia, lo que representa un costo de 25 mil millones de dólares, equivalente al 2.5 por ciento del PIB nacional.

El problema del desperdicio de alimentos en México es multifacético y se origina por una serie de factores interrelacionados: Uno de los principales es la producción excesiva, donde se generan cantidades de alimentos que superan la demanda real, resultando en un significativo derroche. Esta situación se agrava por la insuficiencia de infraestructura adecuada para la distribución y almacenamiento, lo que provoca que muchos productos perecederos se deterioren antes de llegar a los consumidores. La falta de instalaciones adecuadas no solo afecta la calidad de los alimentos, sino que también incrementa las pérdidas a lo largo de la cadena de suministro.

Otro aspecto crucial que contribuye al desperdicio de alimentos es la escasa conciencia y educación sobre la importancia de este tema. Muchas personas no son plenamente conscientes de las implicaciones ambientales y sociales que conlleva el desperdicio de alimentos, lo que limita su motivación para adoptar prácticas más sostenibles. Además, los hábitos de consumo también juegan un papel importante; por ejemplo, la tendencia a comprar en exceso o a desechar productos que aún son aptos para el consumo puede llevar a un aumento en la cantidad de alimentos que se desperdician. Estos comportamientos reflejan una falta de planificación y consideración en la gestión de los recursos alimentarios.

A pesar de la alarmante cantidad de alimentos que se desperdician, México registro a en el 2024, un grave problema de inseguridad alimentaria, con aproximadamente 28 millones de personas que no tienen acceso suficiente a alimentos nutritivos. 9 Esta contradicción resalta la ineficiencia en la distribución de alimentos, donde, mientras algunos productos se pierden, otros no llegan a quienes más los necesitan. La situación exige una revisión profunda de las políticas y prácticas actuales, así como un esfuerzo conjunto para mejorar la educación y la infraestructura, con el fin de garantizar que los alimentos producidos lleguen a las mesas de quienes los requieren, reduciendo así tanto el desperdicio como la inseguridad alimentaria.

Las repercusiones del desperdicio de alimentos en México son múltiples y afectan diversas esferas de la sociedad. Desde un punto de vista económico, el derroche de alimentos representa una carga significativa, ya que se traduce en la pérdida de recursos valiosos que podrían ser redirigidos hacia otras necesidades esenciales. Esta situación no solo afecta a los individuos y familias, sino que también repercute en la economía nacional, al desperdiciar inversiones en producción, transporte y distribución de alimentos que podrían haber sido utilizados de manera más eficiente.

Desde una perspectiva social, el desperdicio de alimentos resalta las desigualdades existentes en la sociedad mexicana. Mientras que grandes cantidades de alimentos son desechadas, millones de personas carecen de acceso a una alimentación adecuada. Por lo que consideramos que, la cantidad de alimentos que se pierden en el país podría ser redistribuida para beneficiar a aquellos que viven en condiciones de pobreza al realizar una mejor gestión de los alimentos desaprovechados, esta población podría recibir los recursos nutricionales significativos.

En el ámbito ambiental, el desperdicio de alimentos tiene un impacto negativo considerable, ya que los productos alimenticios que se desechan suelen terminar en vertederos, donde se descomponen y liberan gases de efecto invernadero. Este proceso contribuye al cambio climático y a la degradación del medio ambiente, exacerbando problemas como la contaminación del aire y del suelo. La gestión inadecuada de los desechos alimentarios, por lo tanto, no solo es un problema de desperdicio, sino que también se convierte en un desafío ambiental que requiere atención urgente.

Por ello, el pasado 29 de septiembre del 2024, en la Conmemoración del Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y Desperdicio de Alimentos, 10 señalan fundamental que, las autoridades de los tres niveles de gobierno y la sociedad civil, trabajemos en conjunto para establecer un sistema alimentario más sostenible y equitativo, que aborde la paradoja del hambre en un contexto de desperdicio.

En el marco del evento organizado por Sisterfood el pasado septiembre de 2024, 11 se destacó que, en México, varias grandes cadenas de autoservicio y minoristas manejan sus excedentes alimentarios mediante donaciones, que se utilizan para alimentar animales o para fines industriales. Sin embargo, se lamentó que aún existen numerosas empresas que optan por desechar sus productos en lugar de gestionar adecuadamente estas pérdidas, reflejando la posibilidad de una falta de conciencia sobre la importancia de abordar el desperdicio alimentario, que podría ser evitado con un enfoque más responsable.

También, reconocemos que los alimentos, en muchos casos todavía siendo aptos para el consumo humano, se decide por su desecho derivado de las rigurosas políticas de calidad impuestas por algunas cadenas de restaurantes. Un ejemplo ilustrativo es el que, sucede en ciertas cadenas de comida rápida que, si no logran vender sus productos en un plazo de dos horas, deciden desecharlos, a pesar de que estos se encuentren en condiciones adecuadas para el consumo. Esta práctica plantea interrogantes sobre la gestión de los recursos alimentarios y la responsabilidad social de estas empresas.

La reflexión sobre este tema es crucial, ya que detrás de cada alimento desechado hay un complejo proceso que involucra el uso de la tierra, el agua, el trabajo y el tiempo y esfuerzo de muchas personas. Por lo tanto, es fundamental cuestionar por qué, si los alimentos siguen siendo seguros desde el punto de vista sanitario y microbiológico, no se les brinda una segunda oportunidad a través de canales que permitan su aprovechamiento.

La gestión adecuada de estos excedentes no solo beneficiaría a quienes los necesitan, sino que también contribuiría a una mayor sostenibilidad en el sistema alimentario.

Creemos que, para abordar el problema del desperdicio de alimentos, es la educación y la concienciación sobre la importancia de reducir el desperdicio de alimentos, para fomentar un cambio en los hábitos de consumo. Es crucial que se realicen campañas informativas que sensibilicen a la población sobre las consecuencias del desperdicio, así como sobre las prácticas que pueden adoptar para evitarlo. Al empoderar a los individuos con conocimiento, se les permite tomar decisiones más responsables y sostenibles en su vida diaria, lo que a largo plazo puede tener un impacto significativo en la reducción del desperdicio.

Otra de las estrategias que ha surgido para abordar el alarmante 39 por ciento de desperdicio de alimentos generado en diversos establecimientos es la creación de plataformas y empresas dedicadas a la recuperación y conservación de estos productos, ofreciendo precios reducidos a los consumidores. Brenda Cárdenas, Gerente de Contenidos y Alianzas de la plataforma Cheaf,12 destaca que estas iniciativas no solo benefician a los consumidores, sino que también contribuyen a la sostenibilidad al reducir el impacto ambiental asociado con el desperdicio de alimentos.

El acompañamiento de políticas públicas que incentiven la disminución del desperdicio de alimentos es una medida necesaria para abordar este desafío de manera efectiva. Estas políticas, así como regulaciones que desincentiven el descarte de productos comestibles. Además, es vital brindar apoyo a las organizaciones de la sociedad civil, como los bancos de alimentos, que se dedican a la recuperación y redistribución de alimentos a personas en situación de vulnerabilidad, asegurando así que los recursos alimentarios se utilicen de manera más eficiente y equitativa.

Existen varios ejemplos que podemos nombrar que han tenido éxito y nos permiten ilustrar cómo lograr combatir el desperdicio de alimentos de manera efectiva a través de la ayuda de los Bancos de Alimentos. El programa “Itacate” en la Central de Abasto de Ciudad de México ha logrado recuperar 867 toneladas de alimentos perecederos entre 2020 y 2024,13 lo que equivale a aproximadamente 331,800 raciones para comedores comunitarios, evitando la emisión de 63.3 toneladas de CO?. Asimismo, la Red de Bancos de Alimentos de México14 rescató 149 mil toneladas de alimentos en 2022, beneficiando a cerca de 2 millones de personas.

Los bancos de alimentos son organizaciones sin fines de lucro que se dedican a la recolección y distribución de alimentos excedentes provenientes de comercios y empresas. Anteriormente, su enfoque se limitaba a la recolección de productos no perecederos debido a la complejidad en su manejo. Sin embargo, gracias a diversas iniciativas y apoyos de diferentes entidades, los Bancos de Alimento en México han logrado implementar estrategias que les permiten recoger y gestionar también alimentos perecederos de manera eficiente.

Para el funcionamiento óptimo de los bancos de alimentos, es fundamental contar con el respaldo del gobierno y la colaboración de la sociedad en su conjunto. No obstante, el papel del sector empresarial es igualmente crucial. En México, muchos de estos bancos establecen alianzas estratégicas con empresas agrícolas, productoras y comercializadoras, lo que les permite asegurar un flujo constante de donaciones y, por ende, contribuir de manera significativa a la lucha contra el hambre y el desperdicio de alimentos, pero estas se han visto limitadas por la falta de campañas, el acceso a los directorios de las empresas y la sensibilización del derecho a la alimentación.

Recordemos que uno de los desafíos más significativos que enfrenta la sociedad contemporánea es garantizar que todos los habitantes del planeta tengan acceso a los recursos esenciales para su supervivencia, especialmente considerando que existen las capacidades técnicas necesarias para lograr este objetivo. La desigualdad en el acceso a alimentos y otros insumos básicos sigue siendo un problema crítico que requiere atención urgente y soluciones innovadoras.

Por ello, es fundamental que cada individuo tome conciencia de su consumo, ya que cada alimento desechado representa no solo un recurso perdido, sino también el agua, la energía y el esfuerzo que se invirtieron en su producción.

Hagamos realidad el que “Toda persona tiene el derecho a acceder a una alimentación que sea nutritiva, suficiente y de alta calidad” como un derecho fundamental establecido en nuestra Carta Magna, ya que, contar con los principios y fundamentos que promuevan, protejan, respeten y garanticen el ejercicio efectivo del derecho a una alimentación adecuada, así como de los derechos humanos que están interrelacionados con este.

Por ello, es prioritario que en el trabajo de la suficiencia alimentaria, el Estado mexicano se enfoquen en el derecho a la salud, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho al agua y el interés superior de la niñez, en el contexto de la alimentación adecuada y que a través de estas acciones, se busca mejorar la calidad de la alimentación y la nutrición de quienes más lo necesitan, contribuyendo así a la construcción de un entorno más justo y equitativo en el acceso a los recursos alimentarios.

Para México, debe ser crucial abordar de manera integral la problemática de la suficiencia alimentaria que afecta a diversas poblaciones en el país. Esta situación demanda un enfoque que no solo reconozca el derecho a la alimentación, sino que también implemente estrategias efectivas para su cumplimiento. Por lo que resulta fundamental que el Estado y la sociedad civil trabajen en conjunto para la determinación de una Estrategia Nacional por la que se incorpore, como parte de las acciones de la suficiencia alimentaria, la reducción de la pérdida y el desperdicio de los alimentos, el fortalecimiento de los Bancos de Alimentos, para garantizar que todas las personas, especialmente las más vulnerables, tengan acceso a alimentos que no solo sean suficientes, sino que también contribuyan a su bienestar, nutrición y desarrollo.

Como legislador, es nuestra responsabilidad fomentar, respetar y salvaguardar el derecho a una alimentación adecuada, alineándonos con principios fundamentales como la universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad y la progresividad. Además, debemos considerar aspectos como la subsidiariedad, la sostenibilidad ambiental, la precaución, la participación social, así como la igualdad de género y de edad. También es crucial tener en cuenta el interés superior de la niñez, la diversidad cultural, la eficiencia, la libre competencia, la transparencia y la rendición de cuentas.

Es fundamental que se implementen medidas efectivas, consagradas en la legislación, que promuevan acciones dirigidas a garantizar la suficiencia alimentaria. Estas medidas deben evitar que tanto individuos como entidades restrinjan el acceso de las personas a una alimentación adecuada. Al hacerlo, se asegura el respeto de estos derechos esenciales y se apoya el trabajo que se realiza de manera efectiva para alcanzar a las poblaciones más vulnerables, aquellas que carecen de acceso a alimentos a través de los bancos de alimentos. La creación de un marco legal sólido no solo facilitará la protección de estos derechos, sino que también fomentará un entorno en el que se priorice el bienestar de todos los ciudadanos, especialmente de aquellos que enfrentan mayores dificultades en su acceso a recursos alimentarios.

En este contexto, es posible establecer normativas que prioricen la aplicación de leyes en consonancia con el principio de supremacía constitucional, asegurando que las disposiciones sean coherentes con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en protección de los derechos humanos. Esto contribuirá a generar certeza jurídica y a garantizar la claridad y aplicabilidad de las normas en este ámbito.

La propuesta de la iniciativa quedaría como se muestra a continuación:

En atención de lo expuesto se somete a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que reforman los artículos 10; la fracción VII del 32; 52; segundo párrafo del 54, y 55, y se adicionan un párrafo primero, recorriéndose los subsecuentes en su orden, y un párrafo tercero del 54, todos de la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible, en materia de suficiencia alimentaria, al tenor de lo siguiente

Único. Se reforman los artículos 10; la fracción VII del 32; 52; segundo párrafo del 54, y 55, y se adicionan un párrafo primero, recorriéndose los subsecuentes en su orden, y un párrafo tercero del 54, todos de la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible, en materia de suficiencia alimentaria, para quedar como sigue:

Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible

Artículo 10. Para hacer efectivo el derecho de las personas y colectivos en situación de vulnerabilidad social, a acceder a una alimentación adecuada, gratuita o a precios accesibles, las autoridades de los tres niveles de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias y con sujeción a los recursos aprobados expresamente para esos fines en sus respectivos presupuestos de egresos, promoverán iniciativas para el establecimiento y adecuada operación de comedores comunitarios físicamente accesibles; así como la firma de convenios de colaboración con los bancos de alimentos de la localidad, para incentivar las acciones que estos realizan en la recuperación y distribución de alimentos.

Artículo 32. Las políticas y programas públicos en materia de distribución de alimentos tendrán como objetivos los siguientes:

I. a VI. ...

VII. La reducción de la pérdida y el desperdicio de los alimentos, a través de la promoción de cadenas cortas de comercialización, la venta directa por parte de las personas productoras, la organización de personas consumidoras para compras directas en común y todo medio para reducir la intermediación, o bien, bajo cuotas de recuperación que manejan los bancos de alimentos que llegan a la población más vulnerable.

VIII. ...

Artículo 52. Los gobiernos de las entidades federativas en coordinación con los municipios y demarcaciones territoriales, promoverán políticas y acciones para la reducción de pérdidas y desperdicio de alimentos en su territorio, en las que se considerarán a los bancos de alimentos.

Artículo 54. El gobierno federal, promoverá a través de los diferentes medios de comunicación, en espacios oficiales de radio y televisión y redes sociales de gobierno, las campañas de concientización sobre la importancia de no desperdiciar alimentos y de fomentar su donación.

A través de la Procuraduría Federal del Consumidor, así como los gobiernos estatales, a través de sus instancias competentes, establecerán programas de difusión a las personas consumidoras para fomentar hábitos que prevengan el desperdicio de alimentos y como pueden donarlos a través de los bancos de alimentos, y

A través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, procurara ofrecer incentivos fiscales a las empresas que faciliten la donación de alimentos en condiciones adecuadas, así como aquellas que colaboren en el almacenamiento y distribución de los alimentos en coordinación con bancos de alimentos, tanto a nivel local como nacional.

Artículo 55. Se prohíbe que los establecimientos comerciales desechen alimentos que se encuentren en condiciones de ser consumidos por los seres humanos, en su caso, podrán donarlos a los bancos de alimentos para su recuperación y dispersión en entre la población más vulnerable, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de esta Ley.

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrar en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 /cc.org.mx/mas-del-40-de-toda-la-produccion-de-alimentos-se-desperdicia -anualmente-en-mexico-red-bamx/

2 unamglobal.unam.mx/global_revista/la-crisis-silenciosa-el-creciente-des perdicio-de-alimentos/

3 www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/895676/Analisis_PIB_4to_trim_202 3.pdf

4 www.cronica.com.mx/nacional/2024/11/25/en-mexico-se-desperdician-al-mes -28-millones-333-mil-toneladas-de-comida

5 /cc.org.mx/mas-del-40-de-toda-la-produccion-de-alimentos-se-desperdicia -anualmente-en-mexico-red-bamx/

6 www.eleconomista.com.mx/politica/En-inseguridad-alimentaria-35-millones -de-mexicanos-20230713-0124.html

7 Objetivo 12 | Objetivos de Desarrollo Sostenible; www.ods.cr/es/objetivo/objetivo-12#:~:text=El%20consumo%20y%20la%20prod ucción%20sostenibles%20consisten%20en,y%20una%20mejor%20calidad%20de%20 vida%20para%20todos.

8 /www.cronica.com.mx/nacional/2024/11/25/en-mexico-se-desperdician-al-me s-28-millones-333-mil-toneladas-de-comida/

9 www.cronica.com.mx/nacional/mexico-28-6-millones-personas-acceso-alimen tacion.html

10 www.un.org/es/observances/end-food-waste-day

11 guiadelujo.mx/premios-goula-y-sisterfood-foro-contra-desperdicio-de-com ida/

12 www.scriptamty.com.mx/2024/07/05/hambre-cero-y-cheaf-se-unen-para-evita r-la-perdida-y-desperdicio-de-alimentos/

13 weforum.org/stories/2024/06/el-desperdicio-de-alimentos-es-un-problema- grave-asi-es-como-la-innovacion-puede-ayudar-a-evitarlo/

14 Inicio - Red BAMX

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de abril de 2025.

Diputado Miguel Alejandro Alonso Reyes (rúbrica)

Que adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho de niñas y niños a recibir vacunas de manera gratuita, universal y oportuna, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la asamblea la siguiente iniciativa al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La salud es un derecho humano fundamental, reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4o., el cual establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Sin embargo, para garantizar de manera efectiva este derecho, resulta indispensable reconocer explícitamente en el texto constitucional el derecho de las niñas y niños a acceder a la vacunación de manera gratuita, universal y oportuna.

La vacunación constituye uno de los logros más importantes de la medicina moderna. Gracias a los programas de inmunización, se ha logrado controlar o erradicar enfermedades que en el pasado causaban altas tasas de mortalidad infantil y generaban enormes costos sociales y económicos.

No obstante, en los últimos años, México ha registrado una preocupante disminución en las coberturas de vacunación, lo cual representa un riesgo grave para la salud pública, en particular para los sectores más vulnerables de la población.1

De acuerdo con datos del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (Censia) y organismos internacionales como UNICEF y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), las tasas de vacunación en México han sufrido una caída alarmante. En 2019, la cobertura de vacunación completa en niñas y niños menores de un año era de 84 por ciento.2 y 3 Para 2020, debido a la pandemia de Covid-19 y otros factores estructurales, esta cobertura disminuyó al 73 por ciento. En 2021, la situación empeoró y apenas se alcanzó una cobertura del 68 por ciento. En el caso específico de la vacuna triple viral, que protege contra sarampión, rubéola y parotiditis, la cobertura nacional descendió del 93 por ciento en 2015 al 71 por ciento en 2021. Asimismo, la cobertura de la vacuna BCG contra la tuberculosis en recién nacidos cayó por debajo del 80 por ciento en diversas entidades federativas. Esta tendencia descendente refleja una creciente vulnerabilidad ante enfermedades que anteriormente se consideraban controladas o eliminadas.4 y 5

La importancia de la vacunación es innegable. Además de proteger a la persona vacunada, las inmunizaciones contribuyen a la creación de una inmunidad colectiva que reduce la circulación de enfermedades, protegiendo así a quienes, por razones médicas, no pueden ser vacunados. En México, los programas de vacunación han sido fundamentales para logros históricos como la erradicación de la poliomielitis en 1990 y la eliminación del sarampión endémico en 2016. Gracias a estos programas, la mortalidad infantil asociada a enfermedades inmunoprevenibles se ha reducido en más de un 90 por ciento, de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública. Desde el punto de vista económico, cada peso invertido en vacunación genera un ahorro estimado de hasta dieciséis pesos en gastos médicos y pérdidas de productividad, según cálculos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Actualmente, la obligación del Estado de proporcionar vacunas de manera gratuita se encuentra prevista en leyes secundarias, como la Ley General de Salud. No obstante, no se ha establecido de manera explícita en el texto constitucional como un derecho específico de las niñas y niños. Esta omisión representa una vulnerabilidad estructural que puede poner en riesgo el acceso universal a las vacunas, especialmente en contextos de crisis presupuestaria, emergencias sanitarias o cambios administrativos. Por ello, resulta necesario modificar el artículo 4o. constitucional para consagrar expresamente el derecho de las niñas y los niños a recibir vacunas de manera gratuita, universal y oportuna, reforzando así el principio del interés superior de la niñez como eje rector de las políticas públicas de salud.6

Esta reforma tiene una justificación sólida basada en compromisos internacionales, como la Convención sobre los Derechos del Niño, que obliga al Estado mexicano a asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud preventiva. Asimismo, garantizar la vacunación universal contribuye a reducir las desigualdades sociales y a prevenir brotes epidémicos que podrían poner en riesgo la vida de miles de personas y colapsar el sistema de salud. Más aún, proteger el derecho de las niñas y niños a la vacunación es una inversión estratégica en el desarrollo humano y en el futuro del país.

Por lo anteriormente expuesto, la importancia de esta iniciativa que modifica el artículo 4o. constitucional. La protección efectiva del derecho a la vacunación infantil no puede depender de decisiones administrativas o presupuestarias de corto plazo. La Constitución debe establecer con claridad la obligación del Estado de garantizar la disponibilidad, gratuidad, universalidad y oportunidad de las vacunas, asegurando así generaciones futuras más sanas, resilientes y equitativas.

A continuación, presento un cuadro comparativo de los cambios propuestos:

En la labor legislativa siempre hay que estar atento a las voces que, no siendo ajenos a la realidad social que existe, nos nutren con sus inquietudes e ideas. Por eso agradezco a mis amigos Ricardo Garza Valdez y Oled Moreno Ramírez su apoyo con sus comentarios e impresiones sobre este tema y que da como resultado la presente iniciativa.

Por lo anteriormente expuesto, propongo a esta honorable asamblea, el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se adiciona un quinto párrafo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se adiciona un párrafo quinto al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recorriéndose los subsecuentes, para quedar como sigue:

Artículo 4o. ...

...

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Las niñas y niños tienen derecho a recibir, de manera gratuita, universal y oportuna, las vacunas incluidas en el esquema nacional de vacunación. Las autoridades competentes garantizarán el suministro, aplicación y seguimiento de dichas vacunas como una obligación prioritaria del Estado en materia de salud pública.

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Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus competencias, deberán armonizar la legislación secundaria en un plazo no mayor a 180 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

Tercero. La Secretaría de Salud, en coordinación con las autoridades estatales y municipales, deberá elaborar y poner en marcha un plan de acción inmediato para garantizar la cobertura gratuita, universal y oportuna del esquema nacional de vacunación infantil, priorizando las zonas de alta marginación, rurales y de población indígena, en un plazo no mayor a 90 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

Cuarto. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto se realizarán con cargo a los presupuestos aprobados a los ejecutores de gasto responsables para el presente ejercicio fiscal, por lo que no se autorizarán recursos adicionales para tales efectos.

Notas

1 https://www.unicef.org/mexico

2 https://www.paho.org/es

3 https://www.gob.mx/salud/censia

4 https://www.insp.mx

5 https://www.who.int/es/campaigns/world-immunization-week/2025

6 https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/convention- rights-child

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de abril de 2025.

Diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (rúbrica)