Proposiciones

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a revisar y replantear de manera urgente el programa nacional de vacunación dirigido a la población infantil, en virtud de los recientes acontecimientos relacionados con la falta de aplicación de la vacuna contra la tosferina, suscrita por diputados integrantes de la Comisión de los Derechos de la Niñez y Adolescencia

Las y los integrantes de la Comisión de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia de la LXVI Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1 y 79, numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de este pleno de la Cámara de Diputados, la presente proposición con punto de acuerdo, por el que respetuosamente se exhorta al titular de la Secretaría de Salud para revisar y replantear de manera urgente el programa nacional de vacunación dirigido a la población infantil, en virtud de los recientes acontecimientos relacionados con la falta de aplicación de la vacuna contra la tosferina, conforme a las siguientes

Consideraciones

La salud es un derecho humano fundamental, y su protección debe ser una prioridad en toda política pública orientada al bienestar social. En ese sentido, la salud de niñas, niños y adolescentes es una prioridad del Estado mexicano y un componente esencial para garantizar su desarrollo integral. Este derecho se encuentra consagrado en el Artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que:

“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud , educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez ”1

Asimismo, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, reconoce expresamente el derecho de este grupo poblacional, al mencionar que:

“Artículo 50. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud . Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias [...]”2

Sin embargo, en las últimas semanas, nuestro país enfrenta un preocupante incremento en los casos de tosferina, una enfermedad prevenible mediante vacunación. Este brote ha evidenciado deficiencias en la aplicación y cobertura del esquema nacional de inmunización, a pesar de que el propio Artículo 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su fracción IX, establece claramente la obligación de “fomentar y ejecutar los programas de vacunación y el control de la niñez y adolescencia sana, para vigilar su crecimiento y desarrollo en forma periódica ”.

De acuerdo con el último informe epidemiológico de la Secretaría de Salud, al menos 45 menores de un año han perdido la vida a causa de esta enfermedad durante lo que va del año. Además, se señala que se han identificado 2 mil 772 casos sospechosos de tosferina, de los cuales 749 han sido confirmados por las autoridades sanitarias.3

Las entidades con mayor número de casos confirmados incluyen la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Puebla y San Luis Potosí, aunque el brote tiene presencia en al menos 15 estados del país.4

Este tipo de brotes evidencian una fragilidad institucional en la prevención y contención de enfermedades transmisibles, situación que puede escalar rápidamente hacia escenarios de colapso sanitario, como ocurrió con la pandemia de COVID-19 en 2020. En ese entonces, el sistema de salud nacional se vio rebasado en su capacidad de atención, con hospitales saturados, escasez de personal y recursos médicos, y una alta tasa de mortalidad.

Repetir estos errores sería imperdonable. Los brotes epidemiológicos:

• Ponen en riesgo la vida de miles de personas, especialmente menores de edad, adultos mayores y personas con comorbilidades.

• Saturan los servicios médicos, dificultando la atención de otras enfermedades y emergencias.

• Generan altos costos económicos para las instituciones de salud y para las familias afectadas.

• Provocan desconfianza social e incertidumbre, debilitando la cohesión comunitaria.

• Afectan directamente el desarrollo infantil, ya que una mala salud en los primeros años de vida compromete el crecimiento y el aprendizaje.

En ese sentido, es indispensable fortalecer los programas de vacunación, garantizar su cobertura universal y oportuna, y establecer mecanismos de respuesta inmediata ante cualquier indicio de brote. La salud no puede esperar, y la prevención es la herramienta más poderosa que tiene el Estado para proteger a su población y asegurar el futuro de la nación.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos el presente instrumento parlamentario, de urgente resolución, a consideración del pleno de esta Cámara, con el siguiente resolutivo

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal para revisar y replantear de manera urgente el Programa Nacional de Vacunación dirigido a la población infantil, en virtud de los recientes acontecimientos relacionados con la falta de aplicación de la vacuna contra la tosferina.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal a que atiendan los problemas que pudieran estar afectando la aplicación oportuna de vacunas en niñas, niños y adolescentes, en particular aquellos relacionados con el desabasto, la distribución o cualquier otro factor logístico, administrativo, presupuestal o institucional que impida el cumplimiento del Programa Nacional de Vacunación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2025.

Notas:

1. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

2. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA.pdf

3. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/991106/Boletin-1525.pdf

4. Idem.

Diputadas: Socorro Jasso Nieto, Graciela Ortiz González, Elizabeth Martínez Álvarez, Carmen Rocío González Alonso, Liliana Ortiz Pérez, Fátima García León (rúbricas)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SSPC a establecer los mecanismos necesarios para homologar salarios a mandos policiales, así como realizar capacitaciones permanentes con perspectiva de género e incrementar el equipamiento para despliegues operativos, a cargo del diputado Humberto Ambriz Delgadillo, del Grupo Parlamentario del PRI

Humberto Ambriz Delgadillo, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXVI Legislatura, con fundamento en los artículos 6 numeral 1 fracción I; 79 numeral 1 fracción II y numeral 2 fracción II y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se Exhorta respetuosamente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a que establezca los mecanismo necesarios para homologar salarios a mandos policiales, así como realizar capacitaciones permanentes con perspectiva de género e incrementar el equipamiento para despliegues operativos, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

En México, se han realizado avances significativos de cara a mejorar el sistema policial que hoy día opera en todos los 32 estados de la República, el propósito de que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana pueda en este inicio de administración realizar análisis para avocarse al cuidado u mejoramiento de los policías, será un acierto para dar avance a una mejor calidad en la seguridad pública.

En los últimos años, el cuerpo policial se ha visto afectado por la falta de apoyos sobre todo en el aspecto salarial y en la falta de equipamiento que deben tener para realizar sus operativos y tareas oficiales.

La falta de equipamiento es uno de los grandes problemas por los cuales, muchas y muchos policías tienen que costear por sus propios medios algunas herramientas para la buena función de su trabajo, el que se pueda dotar de mayor y mejor equipamiento para el sector policial, ayudará sustancialmente a que puedan hacer frente a los operativos.

A continuación, se hace una comparativa de los presupuestos que se tenían esperados para los años de 2023 y 2024 donde se pretendía autorizar un salario digno papara las y los policías del país, sin embargo, dichos montos no se han podido concluir por falta de recursos

Año 2023

Año 2024

De las dos tablas anteriores, podemos observar que los montos varían dependiendo de la entidad federativa, sin embargo, hay algunos estados que por sus características geográficas y de seguridad deberían tener otro tipo de salario presupuestado.

El que se puedan homologar los salarios para los cuerpos policiales atiende principalmente para brindar certeza a sus familias de que están realizando una actividad que, por su propio riesgo, está siendo bien remunerada, se ha visto en los últimos Presupuestos de Egresos de la Federación los recortes a todos los fondos se seguridad pública los cuales están o estaban destinados a la mejora.

A continuación, se presentan algunos datos que la organización Causa en Común realizo sobre las jornadas laborales de los policías, situación que muchas veces están en desproporción con los salarios y con los descansos.

La investigación y el reporte comentan a su letra lo siguiente:

A fin de conocer las condiciones laborales en que trabajan los policías y evidenciar carencias institucionales y demandas hacia sus corporaciones, en 2019 Causa en Común aplicó la encuesta “¿Qué piensa la policía?” 1 a más de 5 mil policías federales y estatales en todo el país, cuyo resultado fue que, la jornada predominante (34%) era la de 24 horas de trabajo por 24 horas de descanso (24x24); la segunda jornada más recurrente fue la de 12x12 (18%), seguida por las modalidades de 8x12, 12x24 y 24x48 (6% c/u).

Además, hay esquemas de acuartelamiento (5%), en la cual los elementos pernoctan en las instalaciones de las corporaciones después de la jornada laboral; es decir, se encuentran a “disposición” completa y no tienen tiempo libre ni compensación económica por concepto de horas extras. El 25% restante se distribuyeron en más de una docena de combinaciones.

En síntesis, el 44% de los policías trabajaban más de 12 horas al día, ya sea por cumplir alguna de las modalidades de la jornada o por estar bajo la figura de acuartelamiento. Se identificaron, por lo menos, siete modalidades de jornadas laborales vs. días de descanso. La más común fue de 30 días de trabajo por seis de descanso (11%), seguida por la de 14x7 días (7%) y otras como las de 6x3, 4x4 y 5x2 días (4%).

Si bien el trabajo policial implica un riesgo en sí mismo, y sobre todo en países con niveles de criminalidad como el nuestro, éste se magnifica cuando se trabaja en condiciones de estrés extremo y con jornadas extenuantes.

Un 40% de los elementos encuestados considera que su salud se ve afectada por su trabajo. Los padecimientos más frecuentes son aumento o disminución de peso, irritabilidad, insomnio, ansiedad, nerviosismo y fatiga crónica; es decir, el síndrome de “burnout”. En casos extremos, la tensión lega a generar problemas psicológicos, emocionales o trastornos psiquiátricos severos y, consecuentemente, ausentismo, adicciones, incapacidades y muertes por accidentes o suicidio .2

De la nota anterior, podemos observar que los salarios de los mandos policiales no coinciden con las horas trabajadas y muchas veces es un acuerdo expreso con las direcciones policiales quienes establecen los horarios y las horas extras no se pagan como deberían de ser.

Las y los policías de México deberán de igual manera gozar de tiempo de esparcimiento para poder pasar tiempo con sus familias, las horas de descanso son necesarias en un mundo y en un país que avanza cada vez más rápido, sin mencionar de los largos recorridos o guardias que se deben realizar en México, un país que se encuentra en vías de mejorar a todo el sistema policial.

Finalmente, se propone que las y los policías de todos los niveles, desde los municipales, estatales y federales puedan tener acceso a cursos de capacitación dónde tengan conocimiento de cómo actuar ante casos que requieran la acción efectiva de la perspectiva de género.

La implementación de cursos de capacitación en perspectiva de género para las y los policías en México no es solo una necesidad, sino una urgencia en el contexto actual del país. México enfrenta una alarmante situación de violencia de género, feminicidios y discriminación estructural que exige una respuesta institucional sólida y bien fundamentada. La policía, como primer contacto entre la ciudadanía y el sistema de justicia, desempeña un papel central en la protección de los derechos humanos y en la garantía de una atención adecuada y sensible hacia las víctimas. Por ello, capacitar a los cuerpos policiales en perspectiva de género resulta fundamental para transformar la manera en la que actúan, se relacionan con la población y aplican la ley.

Una perspectiva de género bien entendida permite a los policías reconocer y cuestionar las estructuras sociales, roles y estereotipos que perpetúan la desigualdad entre mujeres y hombres.

Esta formación es esencial para identificar correctamente casos de violencia de género, evitar la revictimización y brindar un trato digno a las víctimas. Además, la capacitación debe incluir contenidos sobre derechos humanos, diversidad sexual, lenguaje incluyente, protocolos de actuación, y análisis de casos reales.

Solo a través de esta formación continua y obligatoria se puede garantizar una atención profesional, sensible y respetuosa, lo cual es indispensable para restituir la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad.

Los casos documentados de negligencia, maltrato o indiferencia por parte de policías hacia víctimas de violencia de género revelan una profunda carencia de sensibilización y conocimientos en esta materia. Esto no solo revictimiza a quienes acuden en busca de ayuda, sino que perpetúa la impunidad y desincentiva las denuncias. En este sentido, la capacitación debe contemplarse no como un taller aislado, sino como un proceso permanente que forme parte de la profesionalización policial, evaluable y con seguimiento.

Por otra parte, la capacitación no puede ser efectiva si no se acompaña de un equipamiento adecuado. La falta de recursos materiales y tecnológicos limita significativamente la capacidad de respuesta y operación de los cuerpos policiales. Las y los policías necesitan herramientas adecuadas, desde unidades móviles equipadas, tecnología de comunicación efectiva, sistemas de monitoreo, bases de datos actualizadas, hasta chalecos antibalas, armamento no letal y uniformes adecuados. El reforzamiento del equipamiento en todos los niveles policiales debe ser una prioridad para garantizar tanto la seguridad de los elementos como la eficacia de sus intervenciones.

Mejorar y aumentar el equipamiento implica un diagnóstico riguroso de las necesidades de cada región y corporación, priorizando las zonas con mayores índices de violencia. También es necesario destinar presupuestos suficientes, libres de corrupción y bien administrados, que aseguren la adquisición de equipo moderno y funcional. Igualmente, debe fortalecerse la infraestructura física de las corporaciones, los centros de mando y las unidades de atención especializada, incluyendo espacios dignos para las víctimas.

En conclusión, la formación en perspectiva de género y el fortalecimiento del equipamiento policial no deben verse como acciones separadas, sino como componentes integrales de una política pública de seguridad con enfoque de derechos humanos. Solo así se podrá construir una policía más profesional, sensible, eficiente y cercana a la ciudadanía, capaz de responder a los retos actuales y de contribuir activamente a una sociedad más justa y segura.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único: La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a que establezca los mecanismos necesarios para homologar salarios a mandos policiales, así como realizar capacitaciones permanentes con perspectiva de género e incrementar el equipamiento para despliegues operativos.

Notas:

1. ¿Qué piensa la policía?, consultado en: Encuesta ¿Qué piensa la policía? – Causa en Común

2. Información de jornadas laborales consultada en: Causa en Común

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2025

Diputado Humberto Ambriz Delgadillo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal, a través de la SHCP, a fortalecer a la Comisión Nacional Forestal y a la Coordinación Nacional de Protección Civil, para que atiendan, prevengan y combatan los incendios forestales en el país, a cargo de la diputada Abigail Arredondo Ramos, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Abigail Arredondo Ramos , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II; numeral 2, fracciones I y II y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

De conformidad con el artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar y el Estado tiene la obligación de garantizar el respeto a este derecho.

En los últimos años, producto en gran medida del cambio climático, nuestro país se ha visto afectado por constantes incendios forestales en grandes extensiones de la Sierra Madre Oriental, Occidental y del Sur, dañando en gran medida amplias superficies forestales y arboladas que alteran gravemente el ecosistema. Además de ser zonas de refugio y conservación de especies silvestres, los bosques representan importantes puntos de oxígeno para nuestro país y el planeta, por lo que su destrucción, a manos del fuego, representa un daño significativo de consecuencias casi irreversibles.

De acuerdo con la información difundida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional Forestal (Conafor), en el documento denominado “Reporte Semanal Nacional de Incendios Forestales” 2025, en lo que va del año, se han registrado 2,885 incendios forestales en 32 entidades federativas, en una superficie de 216,270.31 hectáreas. De esta superficie, el 95 % correspondió a vegetación en los estratos herbáceo y arbustivo y el 5% a arbóreo.1 Asimismo, las entidades federativas con mayor presencia de incendios fueron: Jalisco, México, Michoacán, Ciudad de México, Chihuahua, Puebla, Durango, Veracruz, Chiapas y Morelos, que representan el 77 % del total nacional2 y del total nacional de incendios forestales, 617 (21 %) correspondió a ecosistemas sensibles al fuego, en una superficie de 44,650.15, (21%) hectáreas.3

De igual manera, en dicho documento se precisa el aumento que han tenido los incendios forestales en 2024 y lo que va del 2025, destacando que en este año, apenas en el primer cuatrimestre, se está a escazas 15 mil hectáreas de rebasar las cifras del año pasado, como se muestra en la siguiente tabla:

En este contexto, resulta necesario y urgente que el Estado mexicano, a través de sus instituciones y organizaciones gubernamentales, implementen acciones eficaces para prevenir, detener y reparar los daños provocados por los incendios forestales.

Al respecto, el artículo 119 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable establece que la Comisión Nacional Forestal coordinará el Programa de Manejo del Fuego y coadyuvará con las Entidades federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México a través del combate ampliado de incendios forestales y promoverá la asistencia de las demás dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, conforme a los términos de la distribución de competencias y de los acuerdos o convenios que, para tal efecto, se celebren.4

Asimismo, refiere que la autoridad municipal o de la Demarcación Territorial de la Ciudad de México deberá atender el combate inicial de incendios forestales; y en el caso de que éstos superen su capacidad operativa de respuesta, acudirá a la instancia estatal. Si ésta resultase insuficiente, se procederá a informar a la Comisión, la cual actuará de acuerdo con los programas y procedimientos respectivos y que la Comisión definirá los mecanismos de coordinación pertinentes con el Sistema Nacional de Protección Civil.5

De igual manera, el artículo 7 fracción VII de la Ley General de Protección Civil, establece que corresponde al Ejecutivo federal en materia de protección civil, entre otras atribuciones, la de promover, ante la eventualidad de los desastres de origen natural, la realización de acciones dirigidas a una estrategia integral de transferencia de riesgos, a través de herramientas tales como la identificación de la infraestructura por asegurar, el análisis de los riesgos, las medidas para su reducción y la definición de los esquemas de retención y aseguramiento, entre otros.6

Tomando en cuenta el papel protagónico que tiene la Comisión Nacional Forestal y la Coordinación Nacional de Protección Civil en la prevención y atención de incendios forestales, es indispensable que cuenten con los elementos suficientes para realizar y ejecutar adecuadamente sus funciones. Considerando lo anterior, es que el presente acuerdo tiene por objetivo realizar un respetuoso exhorto al Poder Ejecutivo federal, a fin de que fortalezca a la Comisión Nacional Forestal y a la Coordinación Nacional de Protección Civil, con el objetivo que puedan atender y prevenir, con más eficacia y mejores equipos, los incendios forestales.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que fortalezca con personal e insumos a la Comisión Nacional Forestal y a la Coordinación Nacional de Protección Civil, con el objetivo que puedan prevenir, atender y combatir, con más eficacia y mejores equipos, los incendios forestales en el país.

Notas:

1. Véase: Reporte Semanal Nacional de Incendios Forestales, consultable en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/990654/Incendios_Forestales_del_01_al_17_de_abril_del_2025.pdf

2. Ídem

3. Ibid.

4. Consultable en:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDFS.pdf 5. Ídem.

6. Consultable en:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPC.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2025

Diputada Abigail Arredondo Ramos (rúbrica)