Gaceta Parlamentaria, año XXVIII, número 6767-III-2, miércoles 23 de abril de 2025
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos federal, estatales, municipales y de la Ciudad de México, a implementar y, en su caso, fortalecer las políticas públicas en materia de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, a fin de brindarles una vida libre de violencia, a cargo de la diputada Ma. Lorena García Jimeno Alcocer, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, diputada Ma. Lorena García Jimeno Alcocer, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II; y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los gobiernos federal, estatales, municipales y de la Ciudad de México para que, realicen las acciones necesarias y determinantes a efecto de implementar y, en su caso, fortalecer las políticas públicas en materia de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes con el objetivo de brindarles una vida libre de violencia, al tenor de las siguientes
Consideraciones
De conformidad con la primera parte del artículo 5 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, son niñas y niños los menores de 12 años, y adolescentes las personas de entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad.
Los Derechos Humanos de niñas, niños y adolescentes están previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y en las demás leyes aplicables, esencialmente en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (publicada el 4 de diciembre de 2014), la cual reconoce a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos y, en su artículo 13, de manera enunciativa y no limitativa señala los siguientes:
• Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo;
• Derecho de prioridad;
• Derecho a la identidad;
• Derecho a vivir en familia;
• Derecho a la igualdad sustantiva;
• Derecho a no ser discriminado;
• Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral;
• Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal;
• Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social;
• Derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad;
• Derecho a la educación;
• Derecho al descanso y al esparcimiento;
• Derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura;
• Derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información;
• Derecho de participación;
• Derecho de asociación y reunión;
• Derecho a la intimidad;
• Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso;
• Derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, y
• Derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet.1
En un Estado de Derecho es tan importante el reconocimiento normativo de los derechos como la existencia de mecanismos eficaces de exigibilidad y defensa de los mismos. Los derechos constituyen hoy “una condición elemental de un sistema democrático y ayudan a proteger las reglas procedimentales del mismo, asegurando las condiciones del debate público y las decisiones colectivas”.2
Ya se ha dejado claro que, con el “renovado” marco normativo que reconoce los derechos de la niñez y la adolescencia, se dio paso a un distinto esquema de comprensión entre el Estado, las niñas, los niños y los adolescentes, en todos los ámbitos de su vida como la escuela, el sistema de salud y el de justicia. Y en relación también con organismos de la comunidad y especialmente con la familia o las personas adultas que determinan el trato cotidiano con la niñez y adolescencia.3
Sin duda alguna, uno de los derechos más importantes que protegen a nuestras niñas, los niños y los adolescentes es el derecho a una vida libre de violencia.
Las autoridades, de los tres niveles de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados.
En el país los niños niñas y adolescentes están gravemente afectados por el incremento de las desapariciones, las fallas críticas en la protección de sus derechos sexuales y reproductivos, la ausencia de protección internacional y de restitución de derechos para la niñez migrante y la grave situación de salud alimentaria que impulsa la obesidad y diabetes infantil.
En el anuncio del cuarto Hackatón por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia en México 2025, iniciativa cívica de datos abiertos que promueve el acceso y análisis de información sobre los derechos de la infancia y adolescencia, acción que arrancó el primero de abril del presente año y concluye el 30 de abril del mismo año, Tania Ramírez Hernández, directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), alertó sobre el aumento de la violencia contra niñas y adolescentes.
Detalló que “los feminicidios en enero y febrero pasaron de nueve en 2024 a 11 en 2025, mientras los homicidios dolosos en igual periodo aumentaron 2.8 por ciento (145 a 149). Si bien hubo una disminución de 7.4 por ciento en homicidios con arma de fuego (122 a 113), la situación aún es preocupante”.4
Durante el Foro Legislativo sobre la Violencia que Afecta a Niñas, Niños y Adolescentes, Mercedes Castañeda, cofundadora de Reinserta, advirtió que más de 30 mil menores están actualmente reclutados por grupos criminales en México y hasta 200 mil se encuentran en riesgo.
Denunció que el país “está en pañales” frente al problema, pues no existen soluciones oficiales pese a que los menores son utilizados en al menos 22 tipos de delitos, siendo vistos como “objetos desechables” por su obediencia, vulnerabilidad y capacidad para manejar armas.
Según un estudio de Reinserta titulado “Niñas, Niños y Adolescentes Reclutados por el Crimen Organizado” , las niñas, niños y adolescentes ejecutan más de 22 tipos de delitos como tráfico de drogas, secuestro, trata de personas, corrupción o piratería.
Se estima que aproximadamente 30 mil niñas, niños y adolescentes están en las filas de los grupos de la delincuencia organizada, y otros 145 mil a 200 mil están en riesgo de ser reclutados por el crimen organizado, según cifras recabadas.5
Por lo antes expuesto, sometemos a consideración de este pleno, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los gobiernos federal, estatales, municipales y de la Ciudad de México para que, realicen las acciones necesarias y determinantes a efecto de implementar y, en su caso, fortalecer las políticas públicas en materia de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes con el objetivo de brindarles una vida libre de violencia.
Notas:
1. https://www.cndh.org.mx/derechos-humanos/derechos-de-las-ninas-ninos-y- adolescentes
2. Gargarella, Roberto, “Las amenazas del constitucionalismo: constitucionalismo, derechos y democracia”, SELA Los derechos fundamentales, Argentina, 2001, p. 4.
3. https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/publicaciones_scjn/publicacion/2019-02/
La%20evoluci%C3%B3n%20de%20los%20derechos%20de%20ni%C3%B1as%20y%20ni%C3%B1os%20a%20partir%
20de%20la%20Constitucion%201917.pdf
4. https://www.jornada.com.mx/2025/04/02/politica/017n3pol
5. https://www.razon.com.mx/mexico/2025/04/08/reinserta-alerta-que-hay-30-mil-menores-reclutados
-por-el-crimen-organizado-en-mexico/
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de abril de 2025.
Diputada Ma. Lorena García Jimeno Alcocer (rúbrica)