Proposiciones

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Bienestar y el Inapam, a implementar un programa para la creación y fortalecimiento de albergues y residencias de día para personas adultas mayores, a cargo del diputado César Alejandro Domínguez Domínguez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputado César Alejandro Domínguez Domínguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El envejecimiento de la población y la necesidad de infraestructura social

El envejecimiento de la población en México es un fenómeno demográfico que plantea retos urgentes para la política pública y la provisión de servicios de asistencia social. De acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional de Población (Conapo), en 2024 se esperaba que hubiera más de 16.5 millones de personas adultas mayores (60 años o más) en el país, lo que representa aproximadamente el 12.4 por ciento de la población total. Se estima que para 2040 esta cifra aumentará a 20 millones. Este proceso acelerado demanda una infraestructura de atención adecuada para garantizar el bienestar y la calidad de vida de este sector poblacional, especialmente para quienes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.

La situación de los adultos mayores en Chihuahua

El estado de Chihuahua no es ajeno a esta realidad. Según el Censo de Población y Vivienda 2020, en Chihuahua residen aproximadamente 429 mil personas de 60 años y más, lo que representa el 11.5 por ciento de la población total del estado. Este segmento de la población enfrenta desafíos significativos en términos de salud y bienestar. Se estima que alrededor del 51 por ciento de las personas mayores en Chihuahua presentan al menos una limitación, discapacidad o problema de salud mental, lo que resalta la necesidad de servicios especializados que atiendan sus requerimientos específicos.

Sin embargo, la infraestructura dedicada al cuidado y atención de las personas adultas mayores en Chihuahua es limitada, y la disponibilidad de albergues y residencias de día resulta insuficiente para atender las necesidades de la población envejecida. En muchas comunidades, los adultos mayores no cuentan con acceso a estos espacios, lo que los deja en una situación de abandono o en la dependencia total de sus familias.

La falta de albergues y residencias de día: un problema nacional

Uno de los principales desafíos es la falta de centros especializados para el cuidado de las personas mayores en situación de vulnerabilidad. A nivel nacional, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) administra un número reducido de albergues y residencias de día. Actualmente, existen apenas 26 albergues oficiales, los cuales resultan insuficientes frente a la creciente demanda de servicios de cuidado, alimentación, atención médica y recreación para los adultos mayores, especialmente aquellos que se encuentran en situación de pobreza o sin redes familiares de apoyo.

El problema de la insuficiencia de estos centros se agrava cuando se considera el contexto socioeconómico de los adultos mayores en México. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en 2020 el porcentaje de personas mayores en situación de pobreza fue del 37.9 por ciento. En el caso de Chihuahua, esta situación es aún más preocupante, ya que muchas personas mayores viven solas o en condiciones de vulnerabilidad económica, lo que limita aún más su acceso a servicios de cuidado.

La falta de infraestructura de atención no solo afecta la calidad de vida de los adultos mayores, sino que también impone una carga significativa sobre las familias, que a menudo carecen de los recursos necesarios para brindar una atención adecuada.

El marco normativo: derechos y obligaciones del Estado

El derecho de las personas adultas mayores a recibir atención integral está reconocido en el marco normativo nacional. La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores establece en su artículo 4° que el Estado tiene la obligación de garantizar el acceso de este sector a servicios de asistencia social, promoviendo su desarrollo integral y calidad de vida.

Asimismo, el artículo 9° de esta ley dispone que las autoridades deben fomentar la creación y mantenimiento de centros de atención especializada donde se brinden servicios de cuidado, alimentación, recreación y apoyo psicológico a los adultos mayores. No obstante, la falta de inversión en infraestructura y la limitada capacidad operativa del INAPAM han dificultado el cumplimiento de estos mandatos, dejando en evidencia la necesidad de fortalecer las políticas públicas en esta materia.

Albergues y residencias de día del INAPAM

Para atender las necesidades de las personas mayores en situación de vulnerabilidad, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) ha desarrollado dos modelos de atención: los albergues y las residencias de día.

Los albergues brindan atención médica integral, rehabilitación física, cuidados, alimentación, terapia ocupacional y estimulación cognitiva, en la modalidad de estancia permanente. Funcionan las 24 horas del día, los 365 días del año, garantizando el bienestar y el ejercicio de los derechos humanos de las personas mayores en condiciones de igualdad e inclusión, promoviendo su integración y participación en la vida cotidiana.

Por otro lado, las residencias de día son espacios de estancia temporal, abiertos de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas, donde se brinda atención gerontológica integral a las personas adultas mayores. En estos centros, los usuarios reciben servicios de alimentación, cuidado de la salud, activación física, estimulación cognitiva y terapia ocupacional, lo que permite mejorar su calidad de vida y fomentar su participación activa en la sociedad.

La urgencia de un programa nacional de albergues y residencias de día

Dada la magnitud del problema, es imperativo que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Bienestar y el INAPAM, implemente un programa nacional para la ampliación y fortalecimiento de los albergues y residencias de día. Dicho programa debe priorizar la construcción de nuevos centros en aquellas regiones con mayor porcentaje de población adulta mayor en situación de vulnerabilidad, garantizando su acceso a servicios de asistencia social, salud y recreación.

En Chihuahua, por ejemplo, es fundamental fortalecer la infraestructura existente y ampliar la cobertura de los servicios de atención a los adultos mayores. Esto implica la construcción de nuevos centros en municipios con alta concentración de población mayor y el reforzamiento de los programas de asistencia social destinados a este sector.

Además de la construcción de nuevos espacios, el programa debe contemplar el fortalecimiento y equipamiento de los centros ya existentes, asegurando que cuenten con personal capacitado, infraestructura adecuada y un esquema de financiamiento sostenible. La capacitación de profesionales en geriatría, trabajo social y salud mental es clave para garantizar una atención de calidad a los adultos mayores, quienes requieren un acompañamiento integral que atienda sus necesidades físicas, emocionales y sociales.

Impacto en la calidad de vida de los adultos mayores y sus familias

La implementación de este programa no solo contribuiría a mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores, sino que también aliviaría la carga de cuidados que enfrentan muchas familias mexicanas. En muchos casos, las familias deben asumir la responsabilidad del cuidado de sus familiares mayores sin contar con los recursos ni el tiempo necesario para brindarles una atención adecuada.

La existencia de albergues y residencias de día permitiría que las personas mayores reciban el cuidado que necesitan mientras sus familiares trabajan o realizan otras actividades, promoviendo así una distribución más equitativa de las responsabilidades de cuidado en la sociedad.

Conclusión

La necesidad de ampliar la infraestructura de atención a los adultos mayores es un tema de urgencia nacional y, en el caso de Chihuahua, un desafío que debe abordarse de manera prioritaria. El acelerado proceso de envejecimiento de la población, la insuficiencia de albergues y residencias de día, las condiciones de pobreza en las que viven millones de adultos mayores y la obligación del Estado de garantizar su bienestar justifican la implementación de un programa nacional en esta materia.

Es fundamental que el gobierno federal, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales, destine recursos para la construcción y mantenimiento de estos centros, asegurando así que las personas mayores puedan envejecer con dignidad y calidad de vida.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único.– La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Ejecutivo federal, por medio de la Secretaría de Bienestar y el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), a diseñar e implementar un programa nacional para la creación, ampliación y fortalecimiento de albergues y residencias de día para personas adultas mayores, garantizando su acceso a servicios integrales de asistencia social, salud y recreación.

Notas:

1 López Díaz, Ana Gabriela y Jiménez Chávez, Luis Felipe; Envejecimiento demográfico en México. Una mirada a su heterogeneidad estatal y municipal a partir de las nuevas proyecciones de la población; CONAPO; 2024. Consultado desde: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/952340/LSDM_24_Completo_ WEB_smallpdf_Parte5.pdf

2 INEGI; Censo de Población y Vivienda 2020. Consultado desde: https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/

3 INAPAM; Albergues y Residencias de Día INAPAM; Gobierno de México; 24 de enero de 2023. Consultado desde: https://www.gob.mx/inapam/acciones-y-programas/albergues-y-residencias- diurnas-inapam

4 CONEVAL; Pobreza y Persona Mayores en México 2020. Consultado desde:
https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_Personas_Mayores.aspx#:~:text=En%202020%2C%20el%2046.
1%25%20de,%2C%20en%202020%2C%20fue%20menor.

5 Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Consultado desde:
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LDPAM.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de marzo de 2025.

Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal, en coordinación con diversas secretarías competentes, a desarrollar una política pública que permita a las comunidades con mayor rezago social tener acceso a una matriz energética sostenible y sin riesgos para la salud, que, además, genere desarrollo comunitario, local y regional, a cargo del diputado Emilio Suárez Licona, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputado Emilio Suárez Licona, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Uno de los indicadores de desarrollo y de disminución de la pobreza es el acceso que tenga la población a fuentes de energía eficientes, permanentes y sostenibles, los servicios de energía son elementales para la vida, para garantizar la salud y en muchos lugares incluso son condición de una adecuada alimentación y para hacer frente a los cambios en las condiciones climáticas acentuadas por el calentamiento global como el calor y el frío extremo.

El cambio climático ha llevado a las naciones a reconocer un conjunto de problemas que es preciso resolver; para ello en el año 2015, los integrantes de la Asamblea de las Naciones aprobaron la Agenda 2023 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS. El objetivo 7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, pretende garantizar el acceso a una energía limpia y asequible, pues se considera que eso es clave para el desarrollo de la agricultura, las empresas, las comunicaciones, la sanidad, la educación y el transporte.1

Este objetivo tiene dos vertientes, por un lado, lograr que la gente tenga acceso a la energía necesaria para vivir, y por otro, que esa energía sea limpia y permita controlar las emisiones nocivas al ambiente.

Respecto a la primera vertiente, la que está relacionada con el acceso a los servicios de energía como un elemento central del desarrollo, hay diferentes indicadores que permiten conocer los niveles de acceso a los servicios energéticos, uno de ellos es la cobertura de acceso a la electricidad y el otro, respecto de las fuentes de energía que la gente utiliza para cocinar.

La ONU estima que “casi 2000 millones de personas seguirán dependiendo de combustibles y tecnologías contaminantes para cocinar en 2030.”2 También aporta datos sobre los avances hacia una cocina limpia, los cuales son considerables “En 2021, el 71 por ciento de la población mundial tenía acceso a tecnologías y combustibles limpios para cocinar, frente al 64 por ciento en 2015, [sin embargo no han logrado seguir el ritmo de crecimiento de la población,] lo que en 2021 ha dejado sin acceso a esos servicios a un total de 900 millones de personas.”3

En México la pobreza energética ronda en el 36.7 por ciento de los hogares del país,4 ello a pesar de que, en relación con la energía eléctrica, el Inegi reporta que el 99 por ciento de las viviendas habitadas tienen electricidad.5 Sin embargo, existen otros factores que cuentan para definir la pobreza energética, como el acceso las fuentes de energía sostenibles para cocinar.

De hecho, la pobreza energética es uno de tantos indicadores que forman parte de la metodología que el Estado mexicano ha considerado para poder medir la pobreza multidimensional.

La Ley General de Desarrollo Social establece lineamientos claros para la institución que hasta hace unas semanas era la responsable de medir la pobreza, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, Coneval, en los cuales el acceso a servicios básicos en la vivienda digna y decorosa, entre ellos por supuesto el acceso a servicios energéticos.

“Artículo 36. Los lineamientos y criterios que establezca el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social para la definición, identificación y medición de la pobreza son de aplicación obligatoria para las entidades y dependencias públicas que participen en la ejecución de los programas de desarrollo social, y deberá utilizar la información que genere el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, independientemente de otros datos que se estime conveniente, al menos sobre los siguientes indicadores:

I. Ingreso corriente per cápita;

II. Rezago educativo promedio en el hogar;

III. Acceso a los servicios de salud;

IV. Acceso a la seguridad social;

V. Calidad y espacios de la vivienda digna y decorosa;

VI. Acceso a los servicios básicos en la vivienda digna y decorosa;

VII. Acceso a la alimentación nutritiva y de calidad;

VIII. Grado de cohesión social, y

IX. Grado de Accesibilidad a carretera pavimentada.”6

Derivado de esta disposición legal, en las mediciones anuales que el Coneval realizaba cada dos años, uno de los indicadores que permitía medir la pobreza multidimensional es el acceso a los tipos de energía que se utilizan en los hogares mexicanos para cocinar, los datos coinciden con los diagnósticos mundiales que la ONU presenta como parte del contexto del Objetivo 7 de los ODS.

En la última actualización de los lineamientos que el Coneval acordó se utilizarían para medir la pobreza, se establecieron definiciones que incluyen este y otros indicadores de la pobreza, la pobreza extrema y la pobreza multidimensional como sigue:

“Pobreza: Una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia social (en los seis indicadores de rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación) y su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.

Pobreza extrema: Una persona se encuentra en situación de pobreza extrema cuando tiene tres o más carencias, de seis posibles, dentro del Índice de Privación Social y que, además, se encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo. Las personas en esta situación disponen de un ingreso tan bajo que, aun si lo dedicase por completo a la adquisición de alimentos, no podría adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida sana.

[...]

Pobreza multidimensional: Es la misma definición de pobreza descrita en este mismo glosario, la cual se deriva de la medición de la pobreza en México que define la Ley General de Desarrollo Social. La palabra multidimensional se refiere a que la metodología de medición de pobreza utiliza varias dimensiones o factores económicos y sociales en su concepción y definición.7

Como se puede observar en estas definiciones el acceso a servicios básicos es uno de los indicadores definitorios de la pobreza. En esos servicios el acceso energético es uno de los componentes fundamentales.

Con base en estos indicadores, en la última medición realizada por el Coneval sobre la pobreza, los resultados del acceso a los servicios básicos en las viviendas y en particular los energéticos son reveladores, en la siguiente gráfica se muestra como si bien hay un avance significativo en relación a la energía eléctrica, en lo que respecta al porcentaje de la población que sólo tiene acceso a fogones de leña o carbón para cocinar es mucho más amplio, asciende al 11.3 por ciento de las viviendas en el país:

Derivado de estos datos resulta fundamental que, si se quiere avanzar en la reducción de la pobreza y la pobreza multidimensional, el Estado mexicano debe desarrollar un conjunto de políticas públicas y asignar los presupuestos necesarios para reducir esta brecha de acceso a servicios energéticos suficientes, y siguiendo la ruta marcada por la Agenda 2030, se debe procurar que estos servicios sean de energías limpias.

Esta situación es vigente a la llegada de la actual administración, ante ello y en cumplimiento de las obligaciones constitucional y legal de presentar el Plan Nacional de Desarrollo en los primeros meses, se perfila la oportunidad de revertir esta carencia de servicios energéticos limpios y sustentables, como un factor que contribuya a disminuir la pobreza en el país.

El Plan Nacional de Desarrollo, es un instrumento que abre la puerta para el desarrollo de políticas públicas dirigidas a revertir estos rezagos del país.

El Plan Nacional de Desarrollo, que el Ejecutivo federal envió a la Cámara de Diputados para su análisis, evaluación y eventual aprobación, considera diversas estrategias que de manera enunciativa hacen referencia a lo establecido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En el Eje General 4 del Plan Nacional de Desarrollo, correspondiente al Desarrollo Sostenible, se plantean tres estrategias que permitirían que esta administración instrumente una política pública dirigida a que al mismo tiempo que se garantice el acceso energético, ello sea en concordancia con el objetivo de que dicha energía sea limpia.

En la Estrategia 4.1.1 se establece:

”Impulsar la innovación y la formación de talento especializado para fortalecer el sector energético con tecnología de vanguardia.”8

La estrategia 4.4.1. dice a la letra:

“Desarrollar esquemas que amplíen el acceso a la energía en comunidades y regiones con pobreza energética, garantizando un suministro confiable, asequible y sustentable.”9

Y la estrategia 4.4.2 determina que:

“Garantizar el suministro de electricidad y combustibles a toda la población mediante mecanismos de ajuste de precios que aseguren su asequibilidad y estabilidad.”10

Estos tres objetivos estratégicos sientan las bases de la instrumentación de una política pública que pueda revertir las cifras de rezago en el acceso a servicios energéticos. Sin embargo, cuando se analizan las metas específicas y los indicadores que se tomarán en cuenta para medir el avance de los objetivos planteados, se observa que toda la medición estará centrada en el porcentaje de electrificación de las localidades de menos de 2,500 habitantes, es decir, nada se dice en qué se hará para abatir el rezago de energía para cocinar, en donde el país sí registra cifras más altas.11

En ese contexto, el pasado 5 de abril de 2025, la presidenta de la República anunció, que, a través de la Secretaría de Energía, se dará inicio al Programa de Estufas Eficientes de Leña para el Bienestar,12 el cual tiene la meta de instalar al menos un millón en todo el país en el presente sexenio, dando inicio con 16, 500 instalaciones en el estado de Michoacán.

El anuncio ha generado diversos tipos de reacciones, pues si bien las estufas son una medida que permite contener algunos de los daños que generan los fogones tradicionales a leña o carbón en la salud de las familias y las emisiones a la atmósfera, lo cierto es que dicho programa no resuelve de fondo las debilidades estructurales y el rezago en el que se encuentran miles de comunidades en los territorios con mayor índice de marginación del país.

Más allá de los estudios en materia de si una política como la de estufas eficientes de leña, pueda permitir a familias, con altos índices de marginación, acceder a fuentes de energía que les permitan cocinar con menos riesgos para la salud como el caso de los fogones tradicionales de leña o carbón, y el impacto de las emisiones a la atmósfera, es decir, que vaya en concordancia con lo establecido en los ODS, en relación con las energías limpias. Se requiere de una política pública en materia energética que promueva el desarrollo.

Se requiere de avanzar hacia la transición a otra matriz energética, una que no sólo elimine los riesgos que implica la combustión de leña o carbón para la salud, y que además vaya acorde con la obligación del Estado mexicano en avanzar en el sentido establecido por la Agenda 2030, sino que principalmente sea un factor fundamental para abatir la pobreza multidimensional y el rezago en materia de servicios energéticos en el que vive cerca del 30 por ciento de los hogares mexicanos.

Una verdadera política social que haga justicia a las comunidades más apartadas del país en sus necesidades energéticas es aquella que permite revertir el rezago social y no sólo medidas que perpetúan las circunstancias estructurales de pobreza y marginación.

En virtud de lo anterior, es que someto a la consideración de esta soberanía las siguientes proposiciones con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal para que, por conducto de la Secretaría del Bienestar y la Secretaría de Energía, formule y establezca una política pública integral y de largo plazo que permita a las comunidades con los mayores índices de rezago social tener acceso a una matriz energética que además de garantizar la satisfacción de necesidades cotidianas de demanda energética, genere desarrollo comunitario, local y regional.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal para que, por conducto de las dependencias competentes y en el marco del Eje General 4. Desarrollo Sustentable, del Plan Nacional de Desarrollo, específicamente lo referido en las estrategias 4.1.1, 4.4.1 y 4.4.2, se formulen e instrumenten políticas públicas y en su caso mecanismos de coordinación y colaboración con el sector privado a efecto de: (i) dar cauce a la sustitución paulatina de la matriz energética basada en fogones tradicionales que afectan la salud y contaminan el ambiente, por estufas a gas; e (ii) implementar, a través de la red de Tiendas del Bienestar, esquemas de distribución para el abasto social de gas LP a precios accesibles en beneficio de la población más vulnerable que vive en pobreza energética.

Notas:

1 Organización de la Naciones Unidas (2023). Objetivos de Desarrollo Sostenible, en Informe de los ODS 2023, disponible en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/energy/#:~:text=Acceso%20a%20la%20energ%C3%ADa%20%7C%20
Programa,Naciones%20Unidas%20para%20el%20Desarrollo.&text=Se%20calcula%20que%20se
%20necesitan,Naciones%20Unidas%20para%20el%20Desarrollo. Consulta el 7 de abril de 2025.

2 Ídem

3 Ídem

4 Instituto Mexicano para la Competitividad (2023). Hablemos sobre Pobreza Energética, en Centro de Investigación en Política Pública, 18 de enero de 2023, disponible en: https://imco.org.mx/hablemos-sobre-pobreza-energetica/
#:~:text=El%20Fondo%20de%20Servicio%20Universal,Publicado%20en%20La%2DLista. Consulta 7 de abril de 2025.

5 CONEVAL (2025). Medición de Pobreza 2022, agosto de 2023, disponible en:
https://cuentame.inegi.org.mx/territorio/ambiente/electrica.aspx?tema=T#:~:text=La%20energ%C3%ADa%20el%C3%
A9ctrica%20es%20un,fuentes%20renovables%2C%20como%20la%20solar. Consulta 8 de abril 2025.

6 Ley General de Desarrollo Social (2024), disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDS.pdf

7 CONEVAL (2018). Anexo Único de los “Lineamientos y criterios generales para la definición, identificación y medición de la pobreza, disponible en: https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/
Glosario.aspx#:~:text=Pobreza:%20Una%20persona%20se%20encuentra,alimentaci%C3%B3n)%20y%20su%20ingreso%20es

8 Plan Nacional de Desarrollo (2025). Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/981072/PND_2025-2030_v25 0226_14.pdf. Consulta el 6 de abril de 2025.

9 Ídem.

10 Ídem.

11 Véase ídem.

12 SENER (2025). Programa de Estufas Eficientes de Leña para el Bienestar, disponible en:
https://www.gob.mx/sener/articulos/programa-de-estufas-eficientes-de-lena-para-el-bienestar-395098?state=published. Consulta el 8 de abril de 2025.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de abril de 2025

Diputado Emilio Suárez Licona (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a realizar las gestiones necesarias para la ejecución del proyecto ejecutivo “Construcción con concreto hidráulico del tramo carretero Tierra Blanca, Tepetzintla - Tlacolula del km 0+000 al km 9+016, del municipio de Chicontepec, del estado de Veracruz”, a cargo de la diputada Lorena Piñón Rivera, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Lorena Piñón Rivera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Primera. El derecho a la movilidad es un derecho humano reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo 4º, párrafo decimoséptimo, establece: “Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad”. Este derecho resulta fundamental para el desarrollo integral de las personas y las comunidades, particularmente en zonas rurales donde la infraestructura carretera constituye el principal medio para acceder a servicios básicos, oportunidades económicas y ejercer otros derechos fundamentales.

Segunda. El Comité de Apoyo para el Desarrollo Comunitario de la Cuenca Tlacolula, autoridades municipales, ejidales y la sociedad en general de Chicontepec, Veracruz, han solicitado la intervención legislativa para dar seguimiento a la aprobación completa y ejecución del proyecto ejecutivo carretero denominado “Construcción con Concreto Hidráulico del tramo carretero Tierra Blanca, Tepetzintla - Tlacolula Del Km 0+000 Al Km 9+016, del municipio de Chicontepec, del estado de Veracruz”, el cual ya cuenta con validación técnica del gobierno estatal anterior, según consta en el oficio firmado por el ingeniero Efrén Fischer Ramírez, entonces Director General de Proyectos y Programación y Presupuesto de Carreteras y Caminos Estatales, con fecha 10 de octubre de 2024.

Tercera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 8°, consagra el derecho de petición, estableciendo que “los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa”. En este caso, el Comité de Apoyo para el Desarrollo Comunitario ha ejercido este derecho presentando su solicitud formalmente ante las autoridades competentes, habiendo cumplido con todos los requisitos técnicos y administrativos necesarios para la aprobación del proyecto carretero, por lo que corresponde a las autoridades dar una respuesta concreta y efectiva a dicha petición.

Cuarta. Con base a lo descrito en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, fundamental que las autoridades competentes deben propiciar la accesibilidad universal de las personas con discapacidad, personas con movilidad limitada y el uso equitativo del espacio público en los términos que señala la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que en un análisis sistemático se infiere la obligación de las autoridades para proporcionar servicios de transporte público y particular que garanticen la efectiva movilidad de las personas en condiciones de seguridad, calidad, igualdad y sustentabilidad; objetivos que se verían favorecidos con la ejecución de esta obra carretera.

Quinta. La Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en su artículo 22, establece que “es de utilidad pública la construcción, conservación y mantenimiento de los caminos y puentes”. A su vez, la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave tiene las atribuciones para ejecutar las políticas, programas y acciones en materia de infraestructura carretera, ordenando su modificación conforme a las necesidades y presupuesto. Esto fundamenta la responsabilidad del gobierno estatal en la creación y mantenimiento de infraestructura vial adecuada.

Sexta. El proyecto carretero en cuestión beneficiaría directamente a 38 comunidades rurales de la Cuenca de Tlacolula, donde aproximadamente el 80 por ciento de los habitantes se dedica a la citricultura, la agricultura, la ganadería y otros cultivos de gran impacto para la economía regional. Actualmente, estas comunidades enfrentan dificultades significativas para comercializar sus productos debido a la falta de una vía adecuada, lo que impacta negativamente en sus ingresos y en el desarrollo económico de la región. La construcción de esta carretera constituiría un detonante para el desarrollo económico local, permitiendo a los productores reducir costos de transporte y tiempos de traslado, mejorando así su competitividad en los mercados.

Séptima. El acceso a servicios públicos básicos como educación, salud y otros servicios gubernamentales es un derecho fundamental para todas las personas. Sin embargo, las comunidades rurales frecuentemente enfrentan barreras geográficas y de infraestructura para acceder a estos servicios. La construcción del tramo carretero solicitado facilitaría el acceso de los habitantes de estas 38 comunidades a centros educativos, unidades de salud y servicios públicos diversos, contribuyendo a reducir la brecha de desigualdad entre zonas urbanas y rurales, y garantizando el ejercicio pleno de sus derechos.

Octava. El Plan Nacional de Desarrollo 2024-2030 establece como prioridad el impulso a la infraestructura como medio para fomentar el desarrollo regional, la equidad social y la reducción de las desigualdades territoriales. La inversión en infraestructura carretera en zonas rurales, como la contemplada en este proyecto, es consistente con estas prioridades nacionales y estatales, y representa una oportunidad para materializar el compromiso gubernamental con las comunidades históricamente marginadas.

Novena. La propia Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del estado de Veracruz, mediante oficio firmado por el ingeniero René Augusto Sánchez Dorantes, director general de Planeación, Programación y Presupuestación de Infraestructura, ha confirmado que la solicitud para la ejecución del proyecto “se encuentra debidamente registrada en el padrón de peticiones” de dicha dependencia, quedando sujeta a disponibilidad presupuestal. Esta respuesta, si bien reconoce la validez del proyecto, no garantiza un plazo concreto para su ejecución, lo que genera incertidumbre para las comunidades beneficiarias.

Décima. Es importante reconocer y valorar la organización civil de las comunidades de la Cuenca de Tlacolula, quienes a través del Comité de Apoyo para el Desarrollo Comunitario han demostrado un ejercicio ejemplar de ciudadanía activa, organizada y propositiva, gestionando este proyecto de infraestructura vital para el desarrollo de su región. Este tipo de participación ciudadana debe ser alentada y correspondida por las autoridades con acciones concretas que atiendan sus demandas legítimas.

Décima primera. Como representante de los veracruzanos en esta Cámara de Diputados, asumo el compromiso de proponer, durante la discusión del próximo paquete económico, la asignación de recursos federales que permitan culminar esta obra. No obstante, es fundamental que el gobierno del estado de Veracruz, en el ámbito de sus atribuciones, disponga de los recursos necesarios para iniciar los trabajos correspondientes, evitando así que este proyecto validado técnicamente quede únicamente registrado en el catálogo de obras en espera, sin materializarse en beneficio de las comunidades.

En virtud de lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la gobernadora del estado de Veracruz, Norma Rocío Nahle García, y al titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del Estado, ingeniero Leonardo Cornejo Serrano, para que en el ámbito de sus competencias:

• Asignen los recursos presupuestales necesarios para la ejecución del proyecto ejecutivo “Construcción con Concreto Hidráulico del tramo carretero Tierra Blanca, Tepetzintla - Tlacolula Del Km 0+000 Al Km 9+016, del municipio de Chicontepec, del estado de Veracruz”, ya validado técnicamente.

• Establezcan un cronograma específico para el inicio y conclusión de los trabajos correspondientes a dicha obra, considerando la importancia que representa para el desarrollo económico y social de las 38 comunidades beneficiarias.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del gobierno federal, ingeniero Jesús Antonio Esteva Medina, para que en coordinación con el gobierno del estado de Veracruz, analice la viabilidad de incluir el proyecto ejecutivo “Construcción con Concreto Hidráulico del tramo carretero Tierra Blanca, Tepetzintla - Tlacolula del Km 0+000 Al Km 9+016, del municipio de Chicontepec, del estado De Veracruz” dentro de los programas federales de infraestructura carretera, y en su caso, asigne recursos para su cofinanciamiento, en virtud del impacto regional que dicha obra representa.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 22 días del mes de abril del año 2025.

Diputada Lorena Piñón Rivera (rúbrica)