Proposiciones

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Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP a modificar o ampliar el Decreto de Regularización de Vehículos Usados de Procedencia Extranjera, con el propósito de incluir en dicho esquema a los vehículos de origen extranjero que hayan sido internados al territorio nacional con posterioridad al mes de octubre de 2021, a cargo del diputado Alejandro Pérez Cuéllar, del Grupo Parlamentario del PVEM

El suscrito, diputado Alejandro Pérez Cuéllar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes:

Consideraciones

La importación de vehículos usados ha sido una necesidad histórica en México, motivada por los altos costos de los automóviles nuevos y la falta de acceso a opciones asequibles para una gran parte de la población. La adquisición de un vehículo nuevo ha sido tradicionalmente costosa y limitada a sectores económicos privilegiados.

En este contexto, la importación de autos usados se convirtió en una práctica extendida, especialmente en las regiones fronterizas y en comunidades con alta presencia de migrantes. Los vehículos de procedencia extranjera han permitido que muchas familias mexicanas accedan a un medio de transporte propio, mejorando su movilidad y facilitando su participación en actividades económicas, tanto formales como informales.

Estos vehículos desempeñan un papel fundamental en sectores clave como la agricultura, la construcción y el comercio, donde el transporte es una herramienta esencial para la generación de ingresos. Además, dinamizan la economía local al generar demanda en talleres mecánicos, negocios de refacciones y servicios de mantenimiento.

Para muchas familias, tener un vehículo no representa un lujo, sino una necesidad: una herramienta de trabajo o un medio de movilidad al que todos los mexicanos tienen derecho. En un país donde muchas ciudades carecen de un sistema de transporte público eficiente y digno, la posibilidad de trasladarse a escuelas, centros de trabajo o negocios depende, en gran medida, del acceso a vehículos asequibles, muchas veces de procedencia extranjera y sin regularizar, debido al alto costo que implicaba su legalización.

Consciente de esta realidad, y con gran sensibilidad social, el expresidente Andrés Manuel López Obrador impulsó una política que otorgó certeza jurídica a los propietarios de vehículos usados importados, reduciendo así las brechas de desigualdad mediante el acceso a un transporte digno y una regularización a muy bajo costo.

El decreto publicado el 18 de octubre de 2021 marcó un precedente en la regulación de autos importados sin documentación, al permitir su incorporación al padrón vehicular mediante un proceso accesible de registro y pago de derechos. A raíz del impacto positivo de esta medida, se emitieron diversos acuerdos y reformas que ampliaron su alcance y cobertura territorial, beneficiando a más entidades federativas. Entre ellos destacan:

• Acuerdo por el que se instruyen diversas acciones a las dependencias que se indican con relación a la importación definitiva de vehículos usados (DOF: 18/10/2021).

• Decreto por el que se fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera (DOF: 19/01/2022).

• Fe de Erratas al Decreto (DOF: 21/01/2022).

• Reformas sucesivas en 2022 y 2023 para ampliar la cobertura a nuevas entidades federativas.

Inicialmente, la regularización se aplicó en estados fronterizos como Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Baja California Sur. Sin embargo, ante la alta demanda y la situación de miles de ciudadanos que poseían estos vehículos sin legalizar, el programa se extendió a 16 entidades federativas, incluyendo Durango, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas.

El impacto fiscal de este proceso ha sido significativo. Hasta la fecha, se han recaudado más de 3,951 millones de pesos a través del pago de derechos por la regularización vehicular. Estos recursos han sido destinados a la mejora de infraestructura vial, como la pavimentación de calles y carreteras en los municipios beneficiados, contribuyendo a mejorar la movilidad y la seguridad de la población.

Desde una perspectiva tributaria, la regularización de vehículos usados forma parte de una estrategia más amplia de justicia fiscal. En México, el sistema tributario se rige por los principios de proporcionalidad y equidad, garantizando que quienes perciben mayores ingresos contribuyan en mayor medida al gasto público. De acuerdo con el informe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al cierre de 2024, los ingresos tributarios alcanzaron un histórico 14.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), con un crecimiento real anual del 4.7 por ciento. La recaudación adicional derivada de la regularización vehicular se suma a este esfuerzo, permitiendo financiar programas sociales y proyectos de infraestructura.

El debate en torno a la legalización de estos vehículos ha generado posturas encontradas. Por un lado, ciertos sectores sostienen que la importación de autos usados afecta la comercialización de vehículos nuevos y frena el crecimiento de la industria automotriz nacional. Por otro lado, se argumenta que los segmentos de mercado son distintos, ya que quienes adquieren estos vehículos no tienen la capacidad económica para comprar un automóvil nuevo, o incluso uno usado del mercado formal mexicano.

Además, se destaca que la regularización no solo otorga certeza jurídica a los propietarios, sino que también contribuye a la seguridad pública, al disminuir el uso de vehículos sin registro que podrían ser empleados en actividades ilícitas.

Cabe resaltar que los decretos emitidos contemplaron medidas para que los vehículos a regularizar realmente beneficiaran a los sectores más vulnerables. Para ello, se establecieron excepciones y un catálogo de unidades que no serían susceptibles del beneficio, garantizando así el enfoque social del programa.

Excepciones:

Vehículos de lujo, eléctricos, motociclos de tres ruedas (trimotos) y motociclos de cuatro ruedas (cuatrimotos) con dirección tipo automóvil, remolques.

Es importante enfatizar la visión de nuestra presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha anunciado la próxima fabricación de vehículos eléctricos nacionales a precios accesibles, lo cual, sin duda, beneficiará al pueblo de México. No obstante, mientras dicha iniciativa se materializa, es fundamental que sigan existiendo opciones viables para quienes no tienen la posibilidad de adquirir un vehículo nuevo.

En este contexto, la renovación del decreto de regularización de vehículos de procedencia extranjera adquiere una gran relevancia para miles de familias mexicanas. Este decreto representa una opción real y accesible que brinda certeza jurídica, permitiendo a los ciudadanos mejorar su calidad de vida mediante el acceso a un medio de transporte propio.

Es imprescindible que los ciudadanos tengan plena certeza de que pueden circular libremente con sus vehículos, siempre que estos hayan sido aceptados en los módulos de regularización y posteriormente emplacados ante la instancia estatal correspondiente. Lo anterior cobra especial importancia debido a las múltiples quejas que hemos recibido en los últimos meses en la franja fronteriza, donde ciudadanos denuncian haber sido abordados por corporaciones policiacas de distintos órdenes de gobierno. En estos casos, los oficiales señalan que el vehículo fue internado después de octubre de 2021 y, con ese argumento, amenazan con decomisarlo al menos que se entregue una suma de dinero.

Frente a esta situación, es necesario enfatizar que el espíritu del decreto de regularización es brindar certeza jurídica a los propietarios de vehículos usados importados, garantizando su derecho a circular libremente, una vez que hayan cumplido con el proceso de regularización y emplacamiento. Además, este proceso no solo otorga beneficios individuales, sino que también contribuye al bienestar colectivo, ya que los recursos recaudados por concepto de regularización se destinan a la mejora de la infraestructura vial en los municipios fronterizos.

Asimismo, los ingresos obtenidos por el emplacamiento fortalecen las tesorerías estatales y permiten identificar adecuadamente los vehículos, lo que a su vez tiene efectos positivos en materia de seguridad pública.

Por todo lo anterior, la continuidad del programa de regularización y el respeto pleno a los derechos de quienes han cumplido con los requisitos establecidos son fundamentales para fortalecer la confianza ciudadana, la movilidad digna y el desarrollo regional.

En el decreto por el que se reforma el decreto por el que se fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, publicado en el Diario Oficial de la Federación en su artículo segundo dispone que:

Artículo 2. Podrán obtener la regularización en territorio nacional, sin que se requiera certificado de origen, permiso previo de la Secretaría de Economía, intervención de agente aduanal, agencia aduanal, apoderado aduanal o de cualquier otro intermediario, ni inscripción previa en el Padrón de Importadores, los vehículos usados cuyo Número de Identificación Vehicular corresponda al de fabricación o ensamble del vehículo en México, Estados Unidos de América o Canadá; que se clasifiquen en las fracciones arancelarias que se señalan en el siguiente párrafo, que al 19 de octubre de 2021, se encontraban en el territorio de los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Durango, Hidalgo, Jalisco, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas, y que no hayan acreditado su legal estancia en el país para efectos de su regularización en territorio nacional.

Las corporaciones policiacas detienen los vehículos regularizados para revisar que hayan sido internados en territorio nacional antes del 19 de octubre de 2021. En tal sentido, es necesario solicitar que se adicione al decreto una disposición a efecto de se incluya a todos los vehículos internados en el país durante la vigencia del decreto.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración la presente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en el ámbito de sus atribuciones, modifique o amplíe el decreto de regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, con el propósito de incluir en dicho esquema a los vehículos de origen extranjero que hayan sido internados al territorio nacional con posterioridad al mes de octubre de 2021, a fin de otorgar certeza jurídica y patrimonial a un mayor número de personas propietarias de este tipo de unidades.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de abril de 2025.

Diputado Alejandro Pérez Cuéllar (rúbrica)