Gaceta Parlamentaria, año XXVIII, número 6757-III-2, martes 8 de abril de 2025
Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a implementar medidas urgentes de fumigación para erradicar el mosco Culex en las 18 comunidades ribereñas y cercanas a la presa Endhó, en el estado de Hidalgo, a cargo del diputado Asael Hernández Cerón, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado federal Asael Hernández Cerón, y las y los diputados pertenecientes a esta LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1 fracción II, numeral 2 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de está soberanía el siguiente punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a los titulares de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Secretaría de la Defensa Nacional para que, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del estado de Hidalgo, implementen medidas urgentes de fumigación para erradicar el mosco Culex, en las 18 comunidades ribereñas y cercanas a la presa Endhó en el estado de Hidalgo, y realicen campañas masivas para su erradicación, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas por sus siglas ONU, adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia.
Lo anterior, es de resaltar que México adoptó la Agenda 20230, para el desarrollo sostenible en el cual el objetivo 3, garantizar una vida sana y promueve el bienestar para todos en todas las edades y establece los siguiente:
Es necesario prestar atención a varios determinantes de la salud, incluidos los factores ambientales y comerciales, para allanar el camino hacia el logro de nuestro objetivo común de salud para todas las personas y las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.1
En este orden el objetivo 6, garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos y menciona lo siguiente:
Entre las medidas necesarias para garantizar el acceso universal al agua potable segura y asequible de aquí a 2030 se encuentran las inversiones en infraestructuras e instalaciones de saneamiento, la protección y el restablecimiento de los ecosistemas relacionados con el agua, así como la educación en materia de higiene. Además, la mejora del uso eficiente de los recursos hídricos es una de las claves para reducir el estrés hídrico.2
Así mismo, en el objetivo 15, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras, detener la pérdida de biodiversidad establece los siguiente:
Velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios que proporcionan, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales.3
México como Estado miembro de la ONU, ha estado adoptando esta agenda y homologando estos objetivos en algunas de sus leyes secundarias en los distintos temas que aborda la agenda, aun hay una enorme brecha en el cumplimiento de la misma, pero se sigue legislando a favor de la agenda y de las y los mexicanos.
En nuestro país, existe un referente en nuestra carta magna, el derecho al medio ambiente se instituyó en el texto del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1999, estableciendo que: “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho.”4
En esta tesitura, en el octavo párrafo del citado artículo constitucional menciona lo siguiente:
Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.5
Para tener un contexto más amplio de la definición de medio ambiente, de acuerdo la Semarnat: “Es nuestro entorno, nuestra vida y su calidad depende de la vida del planeta, sus recursos y sus especies, por ello debemos tomar las medidas necesarias para protegerlo”.6
De tal suerte, que en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, define al ambiente en el artículo 3º fracción I como:
El conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinados.7
Es por lo antes expuesto, quiero referirme a un caso de emergencia sanitaria en mi Estado Hidalgo, en el cual 18 comunidades ribereñas y comunidades cercanas a la presa Endhó en el estado de Hidalgo tienen un problema muy fuerte de plaga por el mosco culex que se produce en la presa por la contaminación y crecimiento del lirio acuático en la misma.
Para tener un contexto de que es el mosco culex, donde se desarrolla y sus consecuencias en la salud, menciono lo siguiente:
El Culex pipiens es cosmopolita y tiene una gran capacidad para ocupar distintos ambientes. El mosquito común es una de las especies más ampliamente distribuidas en el planeta, incluyendo además especies hermanas morfológicamente muy próximas, como Culex quinquefasciatus o Culex torrentium.8
Típicamente, Culex pipiens es un mosquito ligado a la contaminación orgánica, especialmente en alcantarillado y cloacas con agua negra estancada. Sus larvas resisten elevadas cargas orgánicas y sacan provecho que los depredadores no pueden seguirlas allí, al no haber oxígeno disuelto en el agua. Recordemos que las larvas de los mosquitos respiran oxígeno de la atmósfera.9
Los mosquitos del género Culex son responsables de una gran carga de transmisión de virus zoonóticos a nivel mundial. En conjunto, desempeñan un papel significativo en la transmisión de enfermedades de importancia médica, como el virus de la encefalitis japonesa y el virus del Nilo Occidental.10
De acuerdo a reportajes e investigaciones por los medios de comunicación, así como testimonios y quejas de los habitantes de la zona de la presa Endhó mencionan lo siguiente:
Testimonios de los habitantes de las comunidades ribereñas a la presa Endhó, como San Francisco Bojay y Santa Ana Ahuehuepan, exigieron a autoridades estatales la trituración de lirio acuático del cuerpo de aguas residuales para erradicar también la proliferación del mosco culex.
Los vecinos de ambos poblados, quienes optaron por el anonimato y externaron que se necesita de manera urgente la fumigación, pues indicaron que se han registrado varios enjambres durante las últimas semanas.
Afirmaron que, después de las 18 horas, si las personas se detienen en cualquier punto al aire libre, “se arremolinan cientos de mosquitos sobre su cabeza”; incluso, aseguraron que hay ocasiones que “hasta respirar se hace difícil” puesto que los dípteros llegan a ingresar a las fosas nasales y la boca.
Asimismo, agregaron, que debido a ello, la gente ya no sale de sus casas a realizar actividades normales en cuanto comienza a oscurecer, pues es en ese momento en que el mosco culex “se dispone a hacer la vida imposible”.
Los mosquitos se han expandido más allá de la presa Endhó, expresaron los habitantes, antes, las molestias solo eran para los habitantes de San Francisco Bojay, Benito Juárez, Santa Ana Ahuehuepan, y Xijay, así, como las comunidades del municipio de Tepetitlán, La Ermita, San Pedro, Daxhto, La Curva, Pedro María Anya, cercanas a la presa Endhó , por falta de fumigación que corresponde al gobierno estatal, los insectos han proliferado incluso en el centro de Tula.
Agregaron que la falta de trituración del lirio de la presa Endhó es la principal causa del aumento en el número de mosquitos, pues agregaron que el crecimiento de esta planta acuática crea un ambiente idóneo que permite el desarrollo de las larvas del zancudo.
Manifestaron que, actualmente, la mayor parte de extensión de la presa Endhó está cubierta de lirio: “Hasta parece campo de golf”, dijo un habitante.
Explicaron que la trituración y fumigación de la presa Endhó debería de correr a cargo de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo (Semarnath), con el apoyo de la maquinaria del Comité Ecológico Tula-Tepetitlán, pero que, sin embargo, “no hace nada”:11
De tal suerte, que también los afectados son los animales silvestres y el ganado que habita por la zona generando un foco de infección público y detrimento económico para las personas que se dedican a la engorda de animales y ganado.
De acuerdo con el delegado de la comunidad, José Israel Jiménez, Señaló que la proliferación del insecto ha crecido hasta un 300 por ciento por el lirio acuático lo que, además de transmitir enfermedades, ha provocado la muerte de ganado El delegado realizó un recorrido por el corral de Wenceslao García, vecino de la comunidad, donde mostró la magnitud del problema. En su domicilio, afirmó, han muerto 40 borregas a causa de las picaduras de este insecto. Acusó que los funcionarios que han acudido a la zona minimizan la situación e incluso los han llamado “exagerados”, motivo por el cual difundió un video donde se pueden observar nubes de mosquitos.
“No podemos esperar a que maten a un ser humano. Realmente los animales se están muriendo. Los invito a que vengan aquí entre seis y ocho de la noche para que vean la situación y no nos digan que somos exagerados”, declaró.
“Nos dormimos con moscos, despertamos con moscos, respiramos moscos”, expresó Jiménez, destacó que la plaga ha generado no solo pérdidas económicas, sino también un fuerte impacto psicológico en los habitantes.
Los pobladores demandaron la intervención inmediata de las autoridades de los tres niveles de gobierno y criticaron que las acciones emprendidas hasta el momento no han sido efectivas, además de que no se ha tomado en cuenta a la comunidad en la toma de decisiones.
También pidieron la presencia de la Secretaría de Salud, ya que el Culex puede transmitir enfermedades.
Lamentaron que, además de los severos problemas de salud derivados de la contaminación en la zona, ahora también deben soportar las picaduras constantes de estos insectos.
A través de redes sociales, acusaron que hasta el momento no hay acciones concretas para detener la plaga. Aseguran que el gobierno únicamente realiza una o dos fumigaciones y considera que el problema está resuelto, pero en realidad la situación sigue fuera de control.
La muerte de ganado de traspatio es constante, y en cada domicilio, dijeron, hay animales que mueren por las picaduras, con pérdidas que van de 15 hasta 50 cabezas de ganado, las cuales no pueden ser protegidas ante las nubes de mosquitos.12
Es imperante la intervención de los tres órdenes de gobierno para que realicen un estudio serio de la problemática de las 18 comunidades ribereñas y comunidades cercanas a la presa Endhó, para que fumiguen la zona, asi como las zonas aledañas y que se limpie la presa del lirio acuático y contaminantes para erradicar de raíz la plaga que se esta generando y que esta cobrando la vida de los animales y repercutiendo la salud, la economía y bienestar de todos los habitantes de la zona, es un llamado de sensibilidad y de voluntad política para actuar de manera urgente contra esta emergencia sanitaria.
Por lo antes fundado y motivado, me permito someter a la elevada consideración del pleno, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a los titulares de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Secretaría de la Defensa Nacional para que, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del estado de Hidalgo, implementen medidas urgentes de fumigación para erradicar el mosco Culex, en las 18 comunidades ribereñas y cercanas a la presa Endhó en el estado de Hidalgo, y realicen campañas masivas para su erradicación.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la titular del Ejecutivo federal y al titular del gobierno del estado de Hidalgo para que instrumenten las acciones y estrategias necesarias a efecto de realizar una mesa intersecretarial con el objetivo de establecer un plan maestro para control de plagas y los criterios para coordinar e implementar jornadas de limpieza del lirio acuático y el agua contaminada de la presa Endhó.
Notas:
1 Objetivos de desarrollo sostenible, 2015 la asamblea General adopto la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, consultado en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-genera l-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/
2 Lop. Cit.
3 Lop. Cit.
4 Constitucion Politica de los Esatados Unidos Mexicanos, ultima reforma 2025, Articulo 4º sexto parrafo, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Secretaría General Secretaría de Servicios Parlamentarios consultado en https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf.
5 Lop. Cit.
6 SEMARNAT 2022, medio ambiente, consultado en https://www.gob.mx/semarnat/que-hacemos.
7 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, ultima reforma 2024, articulo 3º fraccion I, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Secretaría General Secretaría de Servicios Parlamentarios, consultado en https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGEEPA.pdf.
8 Mosquito alert, 2017, Culex pipiens, mosquito común, consultado en: https://www.mosquitoalert.com/sobre-mosquitos/culex-pipiens/
9 Lop. Cit.
10 National Library of Medicine, 2024 Enfermedades transmitidas por Culex: mecanismos, impacto y futuras estrategias de control utilizando Wolbachia, consultado en: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11281716/.
11 Miguel Martínez, 2024, periódico digital criterio, Presa Endhó: ¿Quién es responsable de su limpieza ante la presencia del mosco culex?, consultado en: https://criteriohidalgo.com/noticias/regiones/tula/presa-endho-limpieza -mosco-culex.
12 Dinorath Mota, 2025, El Universal on line, Pobladores denuncian muerte de ganado por nubes de moscos Culex en Tula, Hidalgo; demandan intervención inmediata de autoridades, consultado en: https://www.eluniversal.com.mx/estados/pobladores-denuncian-muerte-de-g anado-por-nubes-de-moscos-culex-en-tula-hidalgo-demandan-intervencion-i nmediata-de-autoridades/.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 1 de abril de 2025.
Diputado Asael Hernández Cerón (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades, a diseñar e implementar y, en su caso, reforzar las acciones y estrategias para prevenir, investigar y sancionar el delito de extorsión conocido como “derecho de piso”, que afecta gravemente la economía y seguridad de los ciudadanos, a cargo de la diputada María Lorena García Jimeno Alcocer, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, diputada federal Ma. Lorena García Jimeno Alcocer, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXVI Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta, respetuosamente, al gobierno federal, a los gobiernos estatales de la Ciudad de México y a los municipales, para que, en colaboración con la Fiscalía General de la República y las Fiscalías locales, diseñen e implementen y, en su caso, refuercen las acciones y estrategias para prevenir, investigar y sancionar el delito de extorsión conocido como “derecho de piso”, que afecta gravemente la economía y seguridad de los ciudadanos, a cargo de la diputada Ma. Lorena García Jimeno Alcocer, del grupo parlamentario del PAN.
Consideraciones
El “derecho de piso” en México se ha convertido en una de las formas más violentas y extendidas de extorsión por parte del crimen organizado. Este delito, que afecta tanto a pequeños comerciantes como a grandes empresarios, representa un obstáculo para el desarrollo económico y una amenaza directa a la seguridad y estabilidad social del país. La impunidad y la falta de acciones contundentes han permitido que esta práctica se expanda, generando miedo, cierre de negocios y debilitamiento del tejido productivo.
Este delito ocurre cuando los delincuentes o grupos criminales se presentan a negocios para exigir a los dueños del lugar que paguen cierta cantidad de dinero cada cierto tiempo a cambio de protección tanto para la persona dueña que está siendo extorsionada como para el establecimiento.1
El cobro de piso es entonces, una oferta de protección ante una amenaza de dañar un negocio o a la persona dueña; en esta modalidad, quien extorsiona es tanto “el protector” como “el delincuente” que puede ejercer violencia si la cuota de cobro no es pagada. En el Código Penal Federal se reconoce al delito de extorsión en el artículo 390, de la siguiente manera: “Al que sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro o causando a alguien un perjuicio patrimonial, se le aplicarán de dos a ocho años de prisión y de cuarenta a ciento sesenta días multa.”2
La expansión del derecho de piso ha sido facilitada por diversos factores, entre ellos, la corrupción y la falta de respuesta eficaz por parte de las autoridades, ya que, en muchas regiones, las víctimas temen denunciar por la falta de garantías de protección y la posible colusión de algunas autoridades con los grupos criminales.
Lamentablemente, esto refuerza la sensación de impunidad y perpetúa el problema, generando desconfianza en las instituciones de seguridad y justicia, resultando en que algunos ciudadanos busquen soluciones alternativas, como el pago de cuotas para evitar represalias, lo que solo fortalece a los extorsionadores.
Las víctimas de extorsión registradas en México aumentaron de 6 mil 895 en 2018, cuando asumió el presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, a un récord de 11 mil 39 en 2022, para disminuir ligeramente a 10 mil 946 en 2023, aunque se cree que el número de incidentes está enormemente subregistrado.3
Según la Confederación Patronal de la República Mexicana, uno de cada nueve de sus afiliados reportó haber sufrido algún tipo de extorsión en 2023, mientras que 65 por ciento de los miembros dijo haber elevado su gasto en seguridad, al instalar cámaras de vigilancia, comprar vehículos blindados y contratar guardias.
Sólo en los primeros 15 días de agosto, el precio del limón subió un 8 por ciento, causando que agricultores del cítrico en el país, iniciaran un paro semanal de labores para denunciar un aumento en las cuotas criminales, que llegaron a ascender a cuatro pesos por kilo, más de la mitad de su precio de venta. En el caso de la tortilla, otro producto básico en la mesa de la población, el cobro de piso llega a repercutir en sobrecostos de hasta 20 por ciento para los consumidores que llegan a pagar por cada kilo hasta 32 pesos en algunas regiones del país.
El impacto de la extorsión que se desliza por los eslabones de la cadena productiva, también es una amenaza para el de por sí débil crecimiento de la economía mexicana, al inhibir el ánimo empresarial para expandir operaciones o incluso orillar a bajar las cortinas de los negocios.4
Es por lo anterior que, combatir eficazmente el “derecho de piso”, es una tarea urgente porque además de que se ha extendido a todo el país, las pérdidas de vidas humanas y las afectaciones a las familias, negocios y empresas cada vez es mayor. Es imperativo que el Estado refuerce sus estrategias de seguridad y justicia, se requiere una estrategia integral que no solo se enfoque en la represión del delito, sino también en la generación de oportunidades para evitar que las personas se vean obligadas a recurrir a este delito. Dicha estrategia debe estar cimentada en la colaboración y coordinación entre las autoridades responsables de los diferentes órdenes de gobierno.
Por lo antes expuesto, sometemos a consideración de este pleno la presente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. – La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al gobierno federal, a los gobiernos estatales de la Ciudad de México y a los municipales, para que, en colaboración con la Fiscalía General de la República y las Fiscalías locales, diseñen e implementen y, en su caso, refuercen las acciones y estrategias para prevenir, investigar y sancionar el delito de extorsión conocido como “derecho de piso”, que afecta gravemente la economía y seguridad de los ciudadanos.
Notas:
1 Derecho de piso: ¿qué es esta modalidad de extorsión? (2023, junio 1). El Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/el-preguntario/2023/06/01/derecho-de-pi so-que-es-esta-modalidad-de-extorsion/
2 Nuevo Código Publicado en el Diario Oficial, de la F. el. (s/f). CÓDIGO PENAL FEDERAL. Gob.mx. Recuperado el 18 de febrero de 2025, de https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPF.pdf
3 Reforma. (2024, agosto 28). Extorsión pega a inflación. Plaza de Armas | Querétaro. https://plazadearmas.com.mx/extorsion-pega-a-inflacion/
4 En México hay una víctima de extorsión cada hora. Urge combatir este. (2023, enero 31). Coparmex Nacional. https://coparmex.org.mx/en-mexico-hay-una-victima-de-extorsion-cada-hor a-urge-combatir-este-delito/
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de abril de 2025.
Diputada Ma. Lorena García Jimeno Alcocer (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a los gobiernos de las entidades federativas y de la Ciudad de México a diseñar e instrumentar acciones de política pública dirigidas a combatir y erradicar la violencia familiar; asimismo, a los congresos estatales y al de la Ciudad de México a incorporar o reforzar las disposiciones necesarias en sus marcos legales que permitan a las autoridades actuar eficazmente en contra de los delitos de abuso de menores de edad y el feminicidio, a cargo de la diputada María Lorena García Jimeno Alcocer, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, diputada federal Ma. Lorena García Jimeno Alcocer, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXVI Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de está soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y de la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus atribuciones, diseñen e instrumenten acciones de política pública dirigidas a combatir y erradicar la violencia familiar; asimismo, a los Congresos estatales y al de la Ciudad de México para que incorporen o refuercen las disposiciones necesarias en sus marcos legales que permitan a las autoridades actuar eficazmente en contra de los delitos de abuso de menores de edad y el feminicidio, a cargo de la diputada Ma. Lorena García Jimeno Alcocer, del grupo parlamentario del PAN.
Consideraciones
La familia es el primer espacio donde las personas aprendemos a conocernos, a relacionarnos con los demás, a comunicarnos y a enfrentar los retos de la vida cotidiana. Es también el entorno donde se moldean las primeras ideas sobre lo que significa ser hombre o mujer y donde se aprenden valores, roles y formas de convivencia que nos acompañan a lo largo de la vida.
Por esta razón, la familia juega un papel fundamental en la formación emocional, social y ética de niñas, niños y adolescentes. No solo es el espacio donde adquirimos habilidades para la vida, sino también donde se construyen nociones clave como el respeto, el cuidado y la equidad entre quienes la conforman.1
Sin embargo, cuando el hogar deja de ser un espacio seguro y se convierte en un entorno de violencia, silencio o indiferencia, se fractura este vínculo de confianza y protección, y se reproducen patrones de agresión, sumisión o intolerancia que afectan profundamente el desarrollo personal y social de las generaciones presentes y futuras.
En México, la violencia familiar atraviesa hogares de todos los niveles socioeconómicos y grados educativos, aunque lamentablemente las cifras oficiales reflejan una problemática alarmante, pues es sabido que existe un alto subregistro, ya que, muchas víctimas o sus familiares no denuncian por miedo, dependencia económica, desconocimiento o desconfianza en las autoridades.
En los últimos años, esta situación ha escalado de manera preocupante. Según datos de la consultora TResearch International, hasta febrero de 2024, se han registrado oficialmente un millón 238 mil 702 casos de violencia familiar en lo que va del actual sexenio. Tan solo en 2023, se contabilizaron 284 mil 133 denuncias, mientras que el último año del sexenio anterior cerró con 180 mil 185 casos, evidenciando una tendencia ascendente que no guarda relación directa con el crecimiento poblacional, sino con una creciente visibilización de esta violencia estructural.2
La violencia familiar representa uno de los mayores retos sociales y de derechos humanos que enfrenta nuestro país. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 7 de cada 10 mujeres han experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida, siendo el ámbito familiar uno de los principales espacios donde ocurren estas agresiones.3
Es fundamental señalar que esta problemática no afecta únicamente a las mujeres. También impacta gravemente a niñas, niños, adolescentes, personas mayores y personas con discapacidad, quienes al interior de sus propios hogares pueden enfrentar violencia física, psicológica, económica, patrimonial e incluso sexual. Este fenómeno perpetúa ciclos de agresión que se replican generacionalmente, debilitando el tejido social y vulnerando el desarrollo integral de las familias mexicanas.
En términos normativos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza en su artículo 1 que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Por su parte, el artículo 4 establece que la mujer y el hombre son iguales ante la ley y, además, señala que la ley protegerá la organización y el desarrollo de la familia.4
En congruencia con este mandato constitucional, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia reconoce la violencia familiar como una modalidad de violencia que debe ser prevenida, sancionada y erradicada por los tres órdenes de gobierno. No obstante, la persistencia y crecimiento de estos actos de violencia reflejan la urgente necesidad de fortalecer las acciones desde los ámbitos estatal y municipal, adaptándolas a las realidades sociales, económicas y culturales de cada entidad federativa.5
La tendencia creciente de la violencia familiar debe convertirse en un asunto prioritario en la agenda pública. El hogar y la familia constituyen el núcleo básico de la organización comunitaria, y es en este espacio donde se forma a las futuras generaciones para la vida adulta y la convivencia en sociedad. Esa formación debe estar siempre sustentada en el respeto, la protección mutua y el pleno ejercicio de los derechos humanos de todas las personas.
El abuso hacia niñas, niños y adolescentes, así como el feminicidio, son fenómenos que con frecuencia se originan o tienen antecedentes en la violencia familiar, son plagas sociales que han sido insuficientemente denunciadas y visibilizadas. Esto es aún más grave si consideramos que las mujeres, especialmente madres y abuelas, son el pilar de nuestras comunidades, y que niñas y niños representan no solo el presente, sino el futuro de México.
Es momento de poner un alto definitivo a estas prácticas inaceptables, que representan algunas de las manifestaciones antisociales más dolorosas y que más daño causan al tejido social. Solo con acciones coordinadas entre sociedad y autoridades, con una cultura familiar basada en el respeto, el diálogo y la resolución pacífica de conflictos, podremos construir un entorno seguro y digno para todas y todos.
Por lo antes expuesto, sometemos a consideración de este pleno la presente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a los gobiernos de las entidades federativas y de la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus atribuciones, diseñen e instrumenten acciones de política pública dirigidas a combatir y erradicar la violencia familiar.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a los Congresos estatales y al de la Ciudad de México para que incorporen o refuercen las disposiciones necesarias en sus marcos legales que permitan a las autoridades actuar eficazmente en contra de los delitos de abuso de menores de edad y el feminicidio.
Notas
1 (S/f). Unicef.org. Recuperado el 4 de marzo de 2025, de https://www.unicef.org/chile/media/1321/file/la_violencia_le_hace_mal_a _la_familia.pdf
2 García, A. V. (2024, mayo 21). Alerta por aumento de la violencia familiar en México. El Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/annayancy-varas/2024/05/21/aler ta-por-aumento-de-la-violencia-familiar-en-mexico/
3 Instituto Nacional de Estadística y Geografía(INEGI). (s/f). Violencia contra las mujeres en México. Org.mx. Recuperado el 4 de marzo de 2025, de https://www.inegi.org.mx/tablerosestadisticos/vcmm/
4 Violencia Familiar. (2020, agosto 26). Justia. https://mexico.justia.com/derecho-penal/violencia-familiar/
5 (S/f). Unicef.org. Recuperado el 4 de marzo de 2025, de https://www.unicef.org/chile/media/1321/file/la_violencia_le_hace_mal_a _la_familia.pdf
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de abril de 2025.
Diputada Ma. Lorena García Jimeno Alcocer (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal, a través de la Semarnat, a actualizar de manera anual el INEM y que se coordine con los gobiernos locales para su integración, con la finalidad de controlar, reducir y erradicar la contaminación atmosférica en México, a cargo de la diputada Nancy Aracely Olguín Díaz, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, diputada Nancy Aracely Olguín Díaz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracción I, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente punto de acuerdo con base en las siguientes:
Consideraciones
El problema de la contaminación, representa uno de los desafíos más importantes y complejos a nivel mundial, en este contexto, resulta fundamental fortalecer herramientas como el Inventario Nacional de Emisiones de México (INEM), que permite identificar las fuentes de contaminación y elaborar estrategias de mitigación más efectivas. Sin embargo, para que este inventario cumpla su función correctamente, es indispensable que se mantenga actualizado, lo que requiere un esfuerzo coordinado entre autoridades, empresas y sociedad civil.
México enfrenta una profunda crisis ambiental derivada de diversos fenómenos climáticos, como la escasez de agua, la contaminación del aire y la devastación de los ecosistemas. Si esta problemática no se aborda con urgencia y no se atiende de manera inmediata podría llevar al país a un colapso ambiental y social en muy poco tiempo.
Las principales ciudades continúan enfrentando problemas de contaminación atmosférica. Muestra de ello es que en marzo de 2025, el Valle de México experimentó su primera contingencia ambiental del año, atribuida al uso de pirotecnia y la quema de materiales durante las celebraciones de Año Nuevo, lo que elevó las concentraciones de partículas PM10 y PM2.5. Aunque la contingencia fue suspendida tras la mejora en la calidad del aire, estos eventos reflejan la persistencia de problemas relacionados con la contaminación atmosférica.
Asimismo, la gestión de residuos peligrosos es otro desafío crítico en nuestro país. A manera de ejemplo nos referimos a una planta industrial ubicada en Monterrey, la cual procesa polvo de acero peligroso proveniente de Estados Unidos, que contiene contaminantes como plomo, cadmio y arsénico. Investigaciones han revelado que las muestras de suelo y polvo cerca de la planta contienen niveles de toxinas que superan significativamente los umbrales de riesgo para la salud establecidos en Estados Unidos, lo que plantea gran preocupación sobre el impacto que genera en la salud de los residentes locales.
Desafíos como éstos ponen en alerta roja la necesidad de fortalecer las políticas ambientales en nuestro país, aumentar la inversión en infraestructura ecológica y promover la participación activa de la sociedad en la protección del medio ambiente para garantizar un futuro sostenible para México.
La contaminación ambiental en México es uno de los problemas más complejos y alarmantes. Las emisiones de gases contaminantes provenientes de la industria, el transporte y la quema de combustibles fósiles han causado un deterioro significativo de la calidad del aire. Además, la deforestación, la contaminación del agua y la acumulación de residuos sólidos contribuyen a la degradación ambiental. Estos factores tienen efectos negativos no solo sobre los ecosistemas, sino también sobre la salud pública, ya que la exposición prolongada a la contaminación puede causar enfermedades respiratorias y cardiovasculares, entre otras complicaciones. A pesar de las acciones emprendidas por el gobierno y diversas organizaciones, las políticas ambientales no han logrado mitigar de manera suficiente estos impactos.
Diversos expertos coinciden en que se requieren planes de acción más claros y contundentes. Si bien existen medidas como los planes de contingencia, estas se han enfocado principalmente en limitar la movilidad, lo que genera un impacto mínimo y solo a corto plazo. La falta de políticas públicas eficaces y una escasa conciencia ambiental en la población dificultan la solución definitiva al problema de la contaminación.
México ha demostrado un compromiso en el ámbito internacional con la lucha contra el cambio climático. En 2018, el país aprobó una reforma que establece como objetivo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en un 30 por ciento para 2030 y en un 50 por ciento para 2050. Además, ha participado activamente en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. No obstante, los problemas de contaminación siguen en aumento, lo que evidencia la necesidad de fortalecer las políticas ambientales nacionales.
En este contexto, el Inventario Nacional de Emisiones de México (INEM) juega un papel crucial al proporcionar datos actualizados sobre las fuentes de contaminación y las emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes. Este inventario permite identificar las principales fuentes de contaminación y medir su impacto en la salud pública y el medio ambiente. También es esencial para la elaboración de estrategias de reducción de emisiones y para la implementación de políticas de gestión de la calidad del aire.
El INEM es una herramienta clave para la planificación y evaluación de programas ambientales, aporta información valiosa para el diseño de normas y acciones preventivas, y permite proyectar las emisiones de contaminantes a lo largo del tiempo, identificando las tendencias pasadas y futuras. Además, su actualización constante permite priorizar las acciones de mitigación, ajustando las estrategias en función de las necesidades del momento.
Mantenerlo actualizado facilita la identificación de sectores o regiones con altos niveles de emisión, lo que permite priorizar las acciones de mitigación y ajustar las estrategias según las necesidades del momento. De igual manera es crucial para cumplir con los compromisos internacionales en materia ambiental y garantizar que México pueda alcanzar sus metas de reducción de emisiones y adaptación al cambio climático.
La actualización constante de esta herramienta, no solo contribuye a una mejor gestión ambiental, sino que también permite proteger la salud pública, mejorar la calidad del aire y promover un desarrollo más sostenible en el país.
El marco jurídico para el desarrollo y mantenimiento del Inventario Nacional de Emisiones de México (INEM) se apoya en diversas disposiciones legales. Uno de los pilares fundamentales es el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Esta disposición otorga al Estado la responsabilidad de garantizar este derecho y de asumir la responsabilidad por el daño y deterioro ambiental generado, conforme a lo dispuesto por la ley.
Por su parte, la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), en su fracción II del artículo 111, asigna a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la facultad de integrar y mantener actualizado el inventario de las fuentes emisoras de contaminantes a la atmósfera en la jurisdicción federal. Además, la ley estipula que la Semarnat debe coordinarse con los gobiernos locales para la integración del inventario nacional y de los inventarios regionales, a fin de obtener una visión integral de la situación ambiental del país.
El Reglamento de la LGEEPA en materia de prevención y control de la contaminación de la atmósfera, en sus artículos 41, 44 y 45, establece la obligación de la Semarnat de mantener actualizado un Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire. Este sistema debe integrar los datos provenientes de los inventarios de fuentes de contaminación de jurisdicción federal y local, así como de sus emisiones. Además, la Secretaría promoverá la incorporación de los sistemas de monitoreo de las entidades federativas y los municipios al Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire, mediante acuerdos de coordinación. De este modo, se busca crear una red nacional de información que permita una gestión más eficiente de la calidad del aire y facilite la formulación de políticas públicas.
La gestión de la calidad del aire en México depende en gran medida del Inventario Nacional de Emisiones de Contaminantes Criterio (INEM), el cual proporciona información esencial sobre las principales fuentes de emisiones atmosféricas. Sin embargo, la última actualización disponible data de 2019, lo que evidencia la necesidad de fortalecer y mantener vigente este instrumento para la toma de decisiones ambientales. La reducción del 39.4 por ciento en el presupuesto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en 2025 representa un obstáculo significativo para el monitoreo y control de la contaminación, poniendo en riesgo la implementación de políticas públicas efectivas.
La actualización constante del INEM es crucial para identificar y mitigar las fuentes de contaminación de manera oportuna, contribuyendo así a la protección de la salud pública y al cumplimiento de los compromisos ambientales del país. Un inventario preciso y detallado no solo permite mejorar la gestión de la calidad del aire, sino que también optimiza recursos y fortalece el diseño de estrategias adecuadas para reducir las emisiones. La colaboración entre los distintos niveles de gobierno y la sociedad civil es fundamental para garantizar una cobertura completa y eficiente en la recopilación de datos.
El fortalecimiento del INEM debe considerarse una prioridad para México, ya que representa una herramienta clave en la lucha contra el deterioro ambiental y en la construcción de un futuro más sostenible. Sin información actualizada y confiable, la toma de decisiones carece de sustento, limitando la capacidad del país para enfrentar los desafíos ambientales actuales y futuros.
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, al Poder Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, adopte las acciones necesarias para actualizar de manera anual el Inventario Nacional de Emisiones de Contaminantes (INEM) y se coordine con los gobiernos locales para su integración, con la finalidad de controlar, reducir y erradicar la contaminación atmosférica en México.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de abril de 2025.
Diputada Nancy Aracely Olguín Díaz (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Comisión de Igualdad de Género a realizar una mesa de trabajo con el titular de la Fiscalía General del estado de Morelos, a efecto de conocer las acciones que se realizaran para resarcir los errores en la integración de la carpeta de investigación que derivó en el dictamen de la Sección Instructora por el que se desechó una solicitud de Juicio de Procedencia, a cargo de la diputada Noemí Berenice Luna Ayala, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, diputada Noemí Berenice Luna Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados de conformidad con lo establecido por el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo, con base en las siguientes:
Consideraciones
Primero . En la fracción V del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece como una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados declarar si ha o no lugar a proceder penalmente contra los servidores públicos que hubieren incurrido en delito en los términos del artículo 111 de la Constitución.
Segundo. En el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se señala que para los efectos de las responsabilidades de los servidores públicos, se reputarán como tales a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal.
Tercero. En el artículo 111 de la Constitución federal se establece que para proceder penalmente contra las y los diputados y las y los senadores al Congreso de la Unión, las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las y los magistrados del Tribunal Electoral, las y los Magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, las y los integrantes del pleno del órgano de administración judicial, las y los secretarios de Despacho, la o el Fiscal General de la República, así como la o el consejero presidente y las consejerías electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra la persona inculpada.
Cuarto. En el párrafo segundo del artículo 111 de la Constitución federal se señala que si la resolución de la Cámara fuese negativa se suspenderá todo procedimiento ulterior, pero ello no será obstáculo para que la imputación por la comisión del delito continúe su curso cuando el inculpado haya concluido el ejercicio de su encargo, pues la misma no prejuzga los fundamentos de la imputación; y en su párrafo séptimo se dispone que el efecto de la declaración de que ha lugar a proceder contra el inculpado será separarlo de su encargo en tanto esté sujeto a proceso penal.
Quinto. En el artículo 25 de la Ley Federal de Responsabilidades de los servidores públicos se establece que cuando se presente una denuncia o querella por particulares o requerimiento del Ministerio Público, cumplidos los requisitos procedimentales respectivos para el ejercicio de la acción penal, a fin de que pueda procederse penalmente en contra de algunos de los servidores públicos a que se refiere el primer párrafo del artículo 111 de la Constitución General de la República, se actuará, en lo pertinente, de acuerdo con el procedimiento previsto en la misma ley en materia de juicio político; por lo cual la Sección Instructora practicará todas las diligencias conducentes a establecer la existencia del delito y la probable responsabilidad del imputado, así como la subsistencia del fuero constitucional cuya remoción se solicita. Concluida esta averiguación, la Sección dictaminará si ha lugar a proceder penalmente en contra del inculpado.
Sexto. En el segundo párrafo del artículo 25 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos se señala que si a juicio de la Sección, la imputación fuese notoriamente improcedente, lo hará saber de inmediato a la Cámara, para que ésta resuelva si se continúa o desecha, sin perjuicio de reanudar el procedimiento si posteriormente aparecen motivos que lo justifiquen.
Séptimo. En el artículo 14 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos se establece que la Sección Instructora abrirá un período de prueba de 30 días naturales dentro del cual recibirá las pruebas que ofrezcan el denunciante y el servidor público, así como las que la propia Sección estime necesarias. Si al concluir el plazo señalado no hubiese sido posible recibir las pruebas ofrecidas oportunamente, o es preciso allegarse otras, la Sección Instructora podrá ampliarlo en la medida que resulte estrictamente necesaria.
Octavo. En la Gaceta Parlamentaria de fecha 23 de marzo del año en curso, se publicó el dictamen emitido por la Sección Instructora relativo al expediente LXVI/HCD/DP/02/2025, con motivo de la solicitud de declaración de procedencia promovida por la ciudadana Diana Flores Segura, coordinadora de la Fiscalía de Delitos Sexuales de la Zona Metropolitana de la Fiscalía General del estado de Morelos, en contra del ciudadano Cuauhtémoc Blanco Bravo, diputado federal de la LXVI Legislatura.
Noveno. Que en el dictamen de la Sección Instructora se señaló que, para poder proceder penalmente en contra de un servidor público, vía procedimiento de declaración de procedencia, se debían previamente colmar una serie de requisitos que permitan la incoación del procedimiento, a saber:
1° Que se trata de un servidor público previsto por el primer párrafo del artículo 111 constitucional; por lo que antes de admitir dicha solicitud la Sección Instructora deberá determinar si el servidor público denunciado se encuentre entre los servidores a que se refiere dicho párrafo primero.
2º Que se deba a la comisión de un delito durante el tiempo de su encargo.
3°. Que el delito se cometa durante el tiempo en que el servidor público no se encuentre separado de su cargo.
4°. Que el servidor público ha vuelto a desempeñar sus funciones propias o ha sido nombrado o electo para desempeñar otro cargo distinto, pero de los enumerados por el artículo 111.
5°. Que el delito no haya prescrito.
6°. Que se presente denuncia o querella por particulares o requerimiento del Ministerio Público.
7°. Que se hayan cumplido los requisitos procedimentales respectivos para el ejercicio de la acción penal.
Décimo. Que en el dictamen de la Sección Instructora a efecto de resolver la solicitud de declaración de procedencia presentada por la coordinadora de la Fiscalía de Delitos Sexuales de la Zona Metropolitana de la Fiscalía General del estado de Morelos cumplió con dichos requisitos; analizó en lo particular cada uno de ellos, y respecto del enumerado como 7, señaló lo siguiente:
Respecto del 7º Que se hayan cumplido los requisitos procedimentales respectivos para el ejercicio de la acción penal. Atento a la Solicitud de Declaración de Procedencia y de las copias certificadas de la Carpeta de Investigación número SCOl/9583/2024 , constante de 180 fojas, respecto del delito de tentativa de violación, en contra del servidor público denunciado; se desprende, que del contenido de la misma, a juicio de esta Instructora no se desprende que con la misma se hayan acreditado los requisitos procedimentales para el ejercicio de la acción penal...
Y en la página 19 del dictamen se afirma que “...en el presente caso, apreciando el contenido de la Carpeta de Investigación, así como sus correspondientes datos prueba, se desprende claramente que dicha Carpeta no fue integrada debidamente...”.
Décimo primero. Que entre las razones por las que la Sección Instructora consideró que la Carpeta de Investigación no estuvo integrada debidamente se pueden enumerar:
1. Que la Carpeta de Investigación no fue integrada con “criterio de género”, y que se atentó contra el “protocolo del Ministerio Público para la investigación de delitos sexuales con perspectiva de género” de la Fiscalía General del estado de Morelos.
2. Se afirma que “...no llevó ni condujo una investigación profesional y técnica, ordenando diligencias pertinentes y útiles para demostrar la existencia del delito y la presunta responsabilidad de quien lo cometió y participó en su comisión, faltando al deber de lealtad, objetividad y debida diligencia, no siguió las reglas y protocolos respecto de dicho delito...”.
3. Se señala la existencia de dos dictámenes contradictorios presentados por peritos de la misma institución, respecto de los mismos tests y metodología, y que no se apegaron a los protocolos de investigación de delitos sexuales emitidos por la propia Fiscalía General del estado de Morelos.
4. Por otra parte, en el dictamen se determinó “que es deber y obligación de las autoridades de procuración de justicia, realizar una investigación diligente proactiva. profesional. que busquen la verdad, recuperando indicios. realizando entrevista de testigos. buscando testigos directos o presenciales de los hechos...”
Décimo segundo. Que derivado de las distintas fallas señaladas por la Sección Instructora por medio de su dictamen, resulta de interés público y trascendente para la procuración de justicia, persecución de los delitos sexuales, así como la atención de las víctimas, conocer las medias que implementará la Fiscalía General del estado de Morelos para enmendar los errores en la integración de la Carpeta de Investigación la Carpeta de número SC0l/9583/2024.
La fiscalía está obligada a garantizar el acceso a la justicia de víctimas y ofendidos de delitos, a contribuir al fortalecimiento del Estado de derecho y a la protección de las personas en el estado de Morelos. La fiscalía en todas sus actuaciones debe observar los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, eficiencia, eficacia, profesionalismo, honradez, lealtad, probidad, perspectiva de género y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales.
Como parte de su comunicación institucional, la Fiscalía General del estado de Morelos, considera como su misión y visión:
Asumimos el compromiso de brindar a la ciudadanía y población del estado de Morelos, la persecución del delito y atención a las víctimas de forma justa, pronta, transparente y apegada al marco legal.
Aspiramos ser una institución honesta, profesional, eficiente, eficaz, humana y confiable, que genere participación y confianza en la ciudadanía procurando justicia pronta, con estricto respeto a los derechos y garantías individuales comprometida con la comunidad a la que servimos.
Por todo lo anterior, se considera necesario exhortar a la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, a efecto de invitar al titular de la Fiscalía General del estado de Morelos, a celebrar una mesa de trabajo a fin de conocer las acciones que realizará para resarcir los errores identificados por la Sección Instructora en la integración de la carpeta de investigación número SC0l/9583/2024 y dar seguimiento a sus respectivas actuaciones; por lo que, con fundamento en las disposiciones referidas en el proemio, se somete a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, a efecto de invitar al titular de la Fiscalía General del estado de Morelos, maestro Edgar Antonio Maldonado Ceballos, a celebrar una reunión de trabajo con la finalidad de conocer las acciones que realizará para resarcir los errores en la integración de la carpeta de investigación número SC0l/9583/2024 señalados en el dictamen de la Sección Instructora por el que se desechó la solicitud de juicio de procedencia; a efecto de que presente a la brevedad una nueva solicitud.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 8 días del mes de abril de 2025.
Diputada Noemí Berenice Luna Ayala (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía se pronuncia por la proyección de probables delincuentes en un concierto en el Auditorio Telmex en Zapopan, Jalisco, a cargo de la diputada Paulina Rubio Fernández, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, diputada Paulina Rubio Fernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, de la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, fracción I; 62 y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El 29 de marzo pasado, en una presentación del grupo musical Los Alegres del Barranco, en un evento denominado “Los Señores del Corrido”, celebrado en el Auditorio Telmex en Zapopan, Jalisco, se proyectaron, a manera de homenaje, imágenes de integrantes de grupos delictivos.
Lo anterior, se da en medio del escándalo por el descubrimiento, por parte de madres buscadoras, de un campo de exterminio ubicado en el Rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco, factiblemente vinculado con el crimen organizado.
Este tipo de homenajes son inadmisibles, por la ola de violencia que vivimos y por la probable apología del delito que podría implicar.
Durante la conferencia matutina del 31 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que “hay que averiguar a quién invitan y cuál es el espectáculo que va a haber porque no se puede hacer apología de la violencia ni los grupos delictivos”.1
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, criticó la proyección de estas imágenes, y recordó que “justo en ese lugar, apenas el miércoles pasado, expresé que tras lo ocurrido en el rancho Izaguirre era tiempo de tocar fondo y salir unidos para no repetir tales tragedias”.2
El Auditorio Telmex envió un comunicado en el que expresan que no tienen injerencia en lo que los grupos deciden proyectar durante sus presentaciones, “nuestro compromiso es ofrecer un espacio para la música y el entretenimiento, siempre en apego a los valores de respeto y sana convivencia”. “El contenido y los mensajes expresados por los artistas y/o equipo de promotoría durante sus presentaciones son de su totalidad responsabilidad”.
Además, afirmaron que su equipo legal está revisando los contratos que se hacen con los representantes de los artistas para evitar que una situación como la ocurrida en el evento “Los Señores del Corrido” vuela a ocurrir.3
El Auditorio Telmex, de acuerdo con su propia página, es uno de los espacios para espectáculos más importantes de América Latina, ubicado en la Zona Metropolitana de Guadalajara, es parte del proyecto cultural más ambicioso y trascendente de la Universidad de Guadalajara.4
Es grave que un recinto de la Universidad de Guadalajara, que es una institución pública, se haya visto envuelto en un escándalo así, pero puede ocurrir en cualquier otro lado, por lo que esta Cámara de Diputados no puede ser omisa en condenar el evento, con independencia de las medidas legislativas que deban tomarse para evitar que algo así vuelva a ocurrir.
Finalmente, es necesario que la Fiscalía de Jalisco haga la investigación correspondiente y, en su caso, se deslinde la responsabilidad penal de quien corresponda.
Por lo anterior, se pone a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión condena el uso de imágenes del crimen organizado con fines de distinción, en eventos lúdicos en recintos públicos, como el ocurrido en el concierto “Los Señores del Corrido”, celebrado en el Auditorio Telmex de Zapopan, Jalisco.
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Universidad de Guadalajara a revisar los contratos que se hacen con los artistas o su representación para evitar se dé la apología al delito o tributos a miembros del crimen organizado.
Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Fiscalía del estado de Jalisco a investigar y, en su caso, deslindar la responsabilidad penal de quien corresponda, por la probable comisión del delito de provocación de un delito y apología de éste o de algún vicio, en el evento denominado “Los Señores del Corrido”, celebrado en el Auditorio Telmex en Zapopan, Jalisco, donde se proyectaron, a manera de homenaje, imágenes de integrantes de grupos delictivos.
Notas:
1 Véase: https://latinus.us/mexico/2025/3/31/auditorio-telmex-se-deslinda-de-las -imagenes-de-el-mencho-en-concierto-de-los-alegres-del-barranco-sheinba um-pide-investigar-138650.html Consultado el 31 de marzo de 2025.
2 Véase: https://aristeguinoticias.com/3103/mexico/jalisco-gobernador-y-auditori o-telmex-condenan-homenaje-a-el-mencho-en-concierto/ Consultado el 31 de marzo de 2025.
3 Véase: https://www.eleconomista.com.mx/politica/sheinbaum-repudia-homenaje-men cho-guadalajara-pide-haga-investigacion-20250331-752777.html Consultado el 31 de marzo de 2025.
4 Véase: https://www.auditorio-telmex.com/historia.php Consultado el 31 de marzo de 2025.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de marzo de 2025.
Diputada Paulina Rubio Fernández (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Senasica y a la Coordinación General de Ganadería de la Sader a actualizar la NOM-001-SAG/GAN-2015 para fortalecer la trazabilidad y responsabilidad en la identificación del ganado, a cargo del diputado Paulo Gonzalo Martínez López, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, diputado Paulo Gonzalo Martínez López, integrante del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y conforme a los artículos 79 y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de este pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Senasica y a la coordinación general de ganadería de la Sader a actualizar la NOM-001-SAG/GAN-2015 para fortalecer la trazabilidad y responsabilidad en la identificación del ganado; y suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Primera. La ganadería es una actividad fundamental para la economía mexicana, aportando aproximadamente el 39.7 por ciento al Producto Interno Bruto (PIB) del sector primario. y generando millones de empleos directos e indirectos en zonas rurales. De acuerdo con el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) , en 2023 el hato ganadero nacional superó los 33 millones de cabezas de bovino , consolidando a México como uno de los principales productores y exportadores de carne en el mundo.
La producción pecuaria nacional es de alrededor de cuatro millones de toneladas de pollo, tres millones de toneladas de huevo, 2.2 millones de toneladas de carne de res y 1.7 millones de toneladas de carne de cerdo.
También genera 100 mil toneladas de carne de ovinos y caprinos y 13 mil millones de litros de leche al año, que satisfacen la demanda de más de 80 por ciento de la proteína animal que México consume, además de atender la exportación de 350 mil toneladas de carne de res y un millón de becerros en pie al mercado internacional.
En este contexto, la trazabilidad del ganado es un pilar esencial para garantizar la sanidad animal, la seguridad alimentaria y la competitividad en los mercados internacionales .
La trazabilidad permite identificar el origen, historial sanitario y destino de cada animal, facilitando el control de enfermedades y combatiendo delitos como el abigeato.
Segunda. Actualmente, la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SAG/GAN-2015 , que establece el Sistema Nacional de Identificación Animal (Sinida) , regula la identificación individual de los bovinos mediante aretes amarillos con códigos únicos , los cuales se registran en una base de datos centralizada. Sin embargo, esta normativa presenta deficiencias que limitan su efectividad , particularmente en lo referente a la propiedad y responsabilidad de los aretes.
Tercera. A pesar de los avances en identificación animal, la falta de claridad sobre la propiedad de los aretes y la obligación de actualización del registro en caso de venta o transferencia del ganado genera múltiples problemas, entre ellos:
Deficiencias en la trazabilidad: Sin un esquema claro de actualización de datos, es difícil rastrear el origen y destino del ganado, lo que representa un riesgo para la sanidad animal y la seguridad alimentaria.
Riesgos sanitarios: En casos de brotes de enfermedades como la fiebre aftosa o el gusano barrenador, la falta de información precisa sobre la procedencia y movimientos del ganado dificulta la implementación de medidas de control y erradicación.
Impacto en la exportación: Estados Unidos y la Unión Europea exigen sistemas de trazabilidad robustos para la importación de carne y productos pecuarios. Un sistema ineficiente podría afectar la competitividad del sector ganadero mexicano y provocar restricciones comerciales.
Fomento al abigeato: El robo de ganado representa pérdidas anuales de hasta 8,500 millones de pesos en el país, según la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG). La falta de un registro de propietarios actualizado dificulta la identificación de animales robados y su recuperación.
En países como Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea, los sistemas de identificación del ganado asignan la responsabilidad de los dispositivos de identificación al propietario registrado, estableciendo procedimientos claros para la transferencia de titularidad en caso de venta. México debe fortalecer su normatividad para alinearse con estos estándares internacionales.
Cuarta. El presente Punto de Acuerdo tiene como objetivo exhortar al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y a la Coordinación General de Ganadería de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) para que actualicen la NOM-001-SAG/GAN-2015 y mejoren el Sistema Nacional de Identificación Animal (Sinida).
En específico, se busca que la actualización de la Norma:
- Reconozca al ganadero como propietario y responsable de los aretes de identificación asignados a su ganado.
- Establezca la obligación de notificar a la autoridad correspondiente cualquier venta o transferencia de ganado, incluyendo la actualización del registro del arete.
- Implemente mecanismos de control que permitan dar de baja los aretes de los animales vendidos, evitando vacíos en la trazabilidad.
Facilite la cooperación con las fiscalías estatales y organismos de seguridad para combatir el abigeato mediante registros actualizados.
Quinta. Actualizar la NOM-001-SAG/GAN-2015 para regular la propiedad y transferencia de los aretes de identificación generará beneficios significativos, tales como:
Fortalecimiento de la trazabilidad: Permitirá un rastreo preciso de cada animal desde su nacimiento hasta su comercialización, alineando a México con las mejores prácticas internacionales.
Mayor seguridad sanitaria: En casos de brotes de enfermedades, las autoridades podrán actuar con rapidez al contar con registros actualizados.
Reducción del abigeato: Un sistema de identificación robusto dificultará la comercialización de ganado robado y facilitará la recuperación de animales hurtados.
Mayor acceso a mercados internacionales: Un sistema de trazabilidad confiable fortalecerá la confianza de los socios comerciales, facilitando la exportación de carne y productos pecuarios.
Sexta. La actualización de la NOM-001-SAG/GAN-2015 protegería derechos fundamentales y cumpliría con las disposiciones de la Constitución, tales como:
Artículo 4°: Derecho a la protección de la salud, asegurando el control sanitario del ganado.
Artículo 27°: Regulación del uso y aprovechamiento de los recursos naturales, incluyendo la actividad pecuaria.
Artículo 73°: Facultad del Congreso para dictar leyes en materia de salubridad general, incluyendo la sanidad animal.
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y a la Coordinación General de Ganadería de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) para que, en el ámbito de sus competencias, actualicen la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SAG/GAN-2015 con el fin de:
1. Establecer que los dispositivos de identificación (aretes) sean propiedad del ganadero que los adquiera, quien será responsable de mantener actualizado el registro correspondiente.
2. Obligar a los propietarios a notificar a la autoridad competente cualquier venta o transferencia de ganado, actualizando el registro del arete.
3. Incorporar mecanismos para dar de baja los aretes de animales vendidos, asegurando la continuidad de la trazabilidad.
4. Fortalecer la cooperación con fiscalías y organismos de seguridad para combatir el abigeato mediante registros actualizados.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de marzo de 2025
Diputado Paulo Gonzalo Martínez López (rúbrica)