Proposiciones

• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Fiscalía General del estado de Morelos y a la Fiscalía de Delitos Sexuales de la zona metropolitana de dicha demarcación a continuar con la debida integración de la carpeta de investigación y salvaguardar, en su caso, los derechos de la denunciante e iniciar de nuevo la solicitud de declaración de procedencia en contra del diputado federal Cuauhtémoc Blanco Bravo por el delito de violación en grado de tentativa, a cargo de la diputada Ivonne Aracely Ortega Pacheco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, para exhortar a los congresos locales de las 32 entidades federativas a prohibir el maltrato animal, a cargo de la diputada Amancay González Franco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, para exhortar al INM a agilizar la expedición de la tarjeta de visitante por razones humanitarias a aquellas personas en territorio mexicano que, al no poder acceder a su derecho a solicitar asilo en Estados Unidos debido a la cancelación de la aplicación móvil CBP One, a cargo de las diputadas Amancay González Franco y Patricia Flores Elizondo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semovi de la CDMX a instalar una mesa con expertos, usuarios y legisladores para resolver la crisis de mantenimiento en ecobicis, así como a desarrollar un plan integral de mantenimiento y expansión del transporte, a cargo de la diputada Laura Iraís Ballesteros Mancilla, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

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Con punto de acuerdo, para exhortar a la Fiscalía General del estado de Morelos y a la Fiscalía de Delitos Sexuales de la zona metropolitana de dicha demarcación a continuar con la debida integración de la carpeta de investigación y salvaguardar, en su caso, los derechos de la denunciante e iniciar de nuevo la solicitud de declaración de procedencia en contra del diputado federal Cuauhtémoc Blanco Bravo por el delito de violación en grado de tentativa, a cargo de la diputada Ivonne Aracely Ortega Pacheco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quien suscribe, Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXVI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracción III; así como 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que la Cámara de Diputados exhorta a las personas titulares de la Fiscalía General del estado de Morelos y de la Fiscalía de Delitos Sexuales de la Zona Metropolitana del mismo estado, para que continúen con la debida integración de la carpeta de investigación y se salvaguarden en su caso los derechos de la denunciante e iniciar de nuevo la solicitud de declaración de procedencia en contra del diputado federal Cuauhtémoc Blanco Bravo por el delito de violación en grado de tentativa, reafirmando el compromiso con la legalidad, responsabilidad y prudencia del proceso para garantizar el acceso a la justicia de la víctima; exhorta a la titular del Poder Ejecutivo del estado de Morelos a fin de garantizar las medidas de protección necesarias a la víctima para salvaguardar su vida e integridad en virtud de que su presunto agresor es una persona mediática y además cuenta con fuero constitucional, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

A finales del 2023, la Fiscalía General del estado de Morelos recibió denuncia por hechos cometidos el pasado diciembre de 2023, en contra del diputado federal del Grupo Parlamentario de Morena, Cuauhtémoc Blanco Bravo, respecto de la presunta comisión del delito de violación en grado de tentativa.

Conforme a lo dispuesto en el Código Penal para el estado de Morelos, comete el delito de violación:

“Artículo 152.- Al que por medio de la violencia física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo, se le impondrá prisión de veinte a veinticinco años. Para los efectos de este artículo, se entiende por cópula, la introducción del miembro viril en el cuerpo de la víctima por vía vaginal, anal u oral, independientemente de su sexo. También comete el delito de violación la persona que utilizando la violencia física o moral penetre con uno o más dedos por vía vaginal o anal al sujeto pasivo.”

Y el grado de tentativa se presume cuando “...la resolución de cometer un delito se exterioriza realizando, en parte o totalmente, los actos ejecutivos que deberían de producir el resultado, u omitiendo los que deberían evitarlo, si aquél no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente...”.

En consecuencia, el diputado federal por representación proporcional, Blanco Bravo, posiblemente incurrió en un delito en el ámbito local, el cual deberá de ser investigado por la fiscalía correspondiente en el estado de Morelos y en su caso atender a las pruebas y conforme a derecho.

En este mismo tenor, el 6 de febrero de 2025, la Secretaría General de la Cámara de Diputados recibió el oficio signado por el fiscal general del estado de Morelos, maestro Uriel Carmona Gándara, en el que presentó original y siete traslados de la solicitud de declaración de procedencia en contra de Cuauhtémoc Blanco; para iniciar el proceso de desafuero al diputado.

Ese mismo día, el Congreso local de Morelos sesionaba de manera ordinaria cuando la Presidencia de la Mesa recibió de último momento un oficio de la gobernadora morenista, Margarita González Saravia, solicitando la destitución del maestro Uriel Carmona Gándara como fiscal general del estado de Morelos por incumplir con los requisitos para ocupar el cargo. Al respecto, la bancada del partido oficialista solicitó de inmediato la modificación del orden del día para atender la petición del Ejecutivo estatal, misma que fue aprobada con 16 votos a favor, 4 en contra y 0 abstenciones, y fue publicada en unos minutos en el Periódico Oficial. Cabe destacar que esta solicitud de remoción se da en cuanto el fiscal hiciera expreso que iniciaría un juicio de procedencia contra el ex gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, lo que causó diversas reacciones.

Al respecto, tras los señalamientos hacia la actual gobernadora por parecer una persecución política, ésta declaró que su solicitud de remoción no responde a la demanda de juicio político del ex gobernador por el caso de la ciudadana Nidia Fabiola N.

Por su parte, en conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció a favor de que se realicen las investigaciones correspondientes, asegurando que durante su administración no encubrirá a nadie:

“Nosotros no vamos a encubrir a nadie, que se hagan siempre las investigaciones en todos casos. Cualquier cosa ahí está la fiscalía general de la República y las fiscalías estatales”

El presidente de la Comisión Jurisdiccional, Hugo Eric Flores Cervantes, explicó que la solicitud sería revisada minuciosamente, asegurando que se respetarían las garantías de audiencia y la presunción de inocencia. Además de asegurar transparencia e imparcialidad y en ningún caso protección ni persecución política para el diputado Blanco.

No obstante, el 25 de marzo del presente se discutió en el pleno de la Cámara de Diputados el dictamen sobre dicha solicitud de procedencia, en el que la Sección Instructora determinó que carecía de elementos para proceder legalmente en contra del diputado, y que por tanto se desechaba la solicitud. Así, el dictamen fue avalado en los términos presentados por la mayoría oficialista.

Es importante mencionar que, la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados se desahogó en medio de una serie de violaciones al Reglamento de la misma y a los acuerdos establecidos de la Junta de Coordinación Política.

Por lo anterior, es importante que, la carpeta de investigación sea integrada de manera eficiente, apegada a la legalidad y con la inmediatez que requiere en estos tipos de delitos cometidos contra mujeres y niñas, así como la presentación de una nueva solicitud de declaración de procedencia en contra del diputado federal Cuauhtémoc Blanco Bravo por el delito de violación en grado de tentativa por parte de la Fiscalía General del estado de Morelos.

Como Poder Legislativo no nos corresponde aplicar justicia en el caso en comento, sino responder a nuestro deber conferido, nuestra protesta como legisladores se basó bajo los principios de honradez, buenas prácticas e imparcialidad. Nuestro país exige, ante todo, transparencia, esclarecimiento en los hechos, justicia y cero impunidad.

Además, es importante que este caso, como el de las más del 69 por ciento de mujeres que sufren algún tipo de violencia en el estado de Morelos, sean resueltos. La invisibilización de las víctimas implica revictimizarlas y negándoles el acceso a la justicia, aunado a la falta de acompañamiento por parte de las autoridades competentes en asesoramiento legal y/o apoyo psicológico.

Lo que no se puede permitir como sociedad, es la normalización de la violencia que se comete en contra de las mujeres, nada de este tipo debe ser considerado como aceptable o en su caso, justificable.

Quienes agreden, no deben ni pueden sentirse protegidos. El caso a colación se volvió un asunto mediático por la figura que representa el presunto culpable, sin embargo, es necesario que en todas las demás carpetas de investigación que obren en la Fiscalía General del estado de Morelos, puedan atenderse con imparcialidad, inmediatez, apego a derecho y garantía de los derechos de las víctimas.

El fuero, es un instrumento legal que fue concebido para que las personas servidoras públicas pudieran proteger su derecho a la libertad de expresión, no para escudarse penalmente.

Finalmente, es trascendental que el presente asunto sea atendido de forma urgente y no quede rezagado. Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a las personas titulares de la Fiscalía General del estado de Morelos y a su Fiscalía de Delitos Sexuales de la Zona Metropolitana para que continúen con la debida integración de la carpeta de investigación y se salvaguarden en su caso los derechos de la denunciante e iniciar de nuevo la solicitud de declaración de procedencia en contra del diputado federal Cuauhtémoc Blanco Bravo por el delito de violación en grado de tentativa, reafirmando el compromiso con la legalidad, responsabilidad y prudencia del proceso para garantizar el acceso a la justicia de la víctima.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la titular del Poder Ejecutivo del estado de Morelos a garantizar las medidas de protección necesarias a la víctima para salvaguardar su vida e integridad en virtud de que su presunto agresor es una persona mediática y además cuenta con fuero constitucional.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta a la Fiscalía General del estado de Morelos y a su Fiscalía de Delitos Sexuales de la Zona Metropolitana a resolver con inmediatez y eficiencia todas las carpetas de investigación, bajo los principios de imparcialidad, apego a derecho, garantizando los derechos de las víctimas y su acceso a la justicia.

Dado en la LXVI Legislatura, Abril de 2025.

Diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a los congresos locales de las 32 entidades federativas a prohibir el maltrato animal, a cargo de la diputada Amancay González Franco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, Diputada Amancay González Franco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado en los con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracciones I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos locales de las 32 entidades federativas a prohibir el maltrato animal con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

La convivencia armónica entre los seres humanos y los animales es un reflejo de nuestra evolución como sociedad, la protección de los derechos de los animales se ha convertido en un tema de vital importancia. En este sentido, el maltrato animal representa una de las problemáticas más alarmantes en nuestro país, pues atenta contra los principios de bienestar, respeto y dignidad que deben prevalecer en nuestra relación con todas las especies.

El maltrato animal no solo es un problema ético y moral, sino también una situación con implicaciones legales, de salud pública y de seguridad ciudadana. Diversos estudios han demostrado que el abuso hacia los animales está estrechamente relacionado con la violencia interpersonal, incluyendo la violencia intrafamiliar y la delincuencia. En consecuencia, prevenir y sancionar el maltrato animal no solo protege a los animales, sino que también contribuye a la construcción de una sociedad más justa y pacífica.

Los animales desempeñan un papel esencial en la economía nacional, no solo como parte de diversas cadenas productivas, sino también como fuente de empleo para una parte significativa de la población. Su presencia es clave en sectores como la ganadería, la pesca, la agricultura y la industria alimentaria, entre otros. Sin embargo, más allá de su valor económico, los animales cumplen con otras funciones sociales, ambientales e incluso, emocionales ya que acompañan al ser humano en distintas etapas de su vida, ofreciendo compañía, apoyo terapéutico y asistencia en diversas actividades, como en el caso de los animales de servicio.

Su existencia está intrínsecamente ligada a la biodiversidad del país, desempeñando funciones ecológicas esenciales que garantizan el equilibrio de los ecosistemas. Su protección no solo responde a un principio ético de respeto a la vida, sino que también se alinea con la necesidad de preservar la estabilidad ambiental y la sostenibilidad de los recursos naturales.

En este contexto, es imprescindible normar la relación entre los seres humanos y los animales bajo un marco legal que garantice su bienestar y reconozca su carácter de seres sintientes. Esto implica establecer regulaciones que prevengan el maltrato y fomenten un trato digno, reconociendo que los animales son capaces de experimentar dolor, placer y otras sensaciones que influyen en su calidad de vida. La implementación de políticas públicas basadas en el respeto a los derechos de los animales no solo fortalecería los valores de empatía y responsabilidad en la sociedad, sino que también contribuiría a una convivencia más armónica y sostenible entre humanos y el resto de las especies.

El Estado mexicano tiene un sistema jurídico que establece las bases para la protección, preservación y conservación del bienestar animal, sin embargo, es necesario fortalecer las disposiciones referentes a esta materia y así lograr una mayor protección.

En el marco normativo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 4 el derecho a un medio ambiente sano, lo que incluye el deber de proteger la biodiversidad y garantizar un trato digno y respetuoso a los animales. Además, el marco internacional también ha avanzado en la protección de los derechos de los animales, con acuerdos y declaraciones que promueven su bienestar y el reconocimiento de su sintiencia.

Sin embargo, México ocupa el tercer lugar a nivel mundial en maltrato animal y el primer lugar en Latinoamérica,1 se estima que 7 de cada 10 animales domésticos son víctimas de alguna forma de maltrato en nuestro país.2

Si bien en el ámbito federal y en algunas entidades federativas se han implementado normativas para combatir el maltrato animal, aún persisten vacíos legales y una falta de homologación en la legislación local. Existen estados donde las sanciones son insuficientes o donde la legislación permite excepciones que perpetúan el sufrimiento de los animales. Por ello, resulta imperativo que los congresos de las 32 entidades federativas adopten reformas integrales que garanticen la prohibición efectiva del maltrato animal en todas sus formas.

Ante esto, existe un desarrollo histórico normativo que faculta la obligación de prohibir el maltrato animal en el territorio nacional.

- En el 2007 la nueva Ley Federal de Sanidad Animal (LFSA) incluyó un capítulo de bienestar animal, en su artículo 23, lo siguiente:

Artículo 23.- El sacrificio humanitario de cualquier animal no destinado al consumo humano, sólo estará justificado si su bienestar está comprometido por el sufrimiento que le cause un accidente.

Esta ley al ser federal se debe observar y cumplir en todo el país por todas las autoridades.

El capítulo de bienestar animal tiene como objetivo garantizar que todos los animales estén libres de estrés, dolor, sufrimiento y que tengan una muerte humanitaria.

El artículo 23 de la ley señala que el sacrificio de cualquier animal no destinado para el consumo humano solo podrá realizarse en 4 supuestos:

1) Una enfermedad terminal,

2) un accidente,

3) una incapacidad, y

4) por trastornos seniles.

Por lo tanto, el sacrificio de un animal bajo otros supuestos no es legal.

- Existe una norma (NOM-033-SAG-ZOO-2014), que dice que todos los animales deben tener garantizada una muerte sin estrés, dolor y sufrimiento.3

- Inconstitucionalidad de los reglamentos taurinos:4

- El artículo 115 de la Constitución Política Federal establece que los municipios tienen las facultades para expedir sus reglamentos y circulares, sin embargo señala que sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de sus funciones o la prestación de los servicios a su cargo, observarán lo dispuesto en las leyes federales estatales.

- El artículo 133 de la Constitución establece la jerarquía normativa en que la Constitución, las leyes emanadas del Congreso federal y los tratados internacionales deberán prevalecer por encima de las leyes locales y entiéndase a su vez por encima de los reglamentos emitidos por los municipios.

- Las disposiciones de todos los reglamentos taurinos expedidos por los municipios contemplan la utilización de picas y puyas de acero punzocortantes y con filo con los cuales se les infieren lesiones a los toros y novillos provocándoles dolor, estrés y sufrimiento, hasta terminar muertos por medio de una espada teniendo una muerte agonizante.

- Los espectáculos taurinos violan flagrantemente la Ley Federal de Sanidad Animal y la Norma Oficial Mexicana NOM-033-SAG-ZOO-2014 las cuales se deben observar en todo el país, incluso los propios municipios tienen la atribución de vigilar el cumplimiento de la NOM-033 en sus territorios.

- Al contravenir los reglamentos taurinos o los simples reglamentos de espectáculos expedidos por los municipios a una ley federal, están incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 115 y 133 constitucionales, por lo que éstos reglamentos son inconstitucionales, además de ser los espectáculos taurinos ilegales dentro del marco jurídico federal.

? El 18 de marzo, el Congreso local de la Ciudad de México votó la prohibición del maltrato animal en las corridas de toro, estableciendo una nueva normatividad para el desarrollo del “fiesta brava” que conlleva lo siguiente:

- Prohibición de las corridas con violencia: eliminar el uso de objetos punzantes que dañen al toro.

- Se creará la nueva figura ‘Espectáculo taurino libre de violencia’.

- Prohibición de la muerte del toro: Al terminar el espectáculo, el toro será devuelto intacto y se evitará su sacrificio.

- Se protegen los cuernos del toro para evitar que se lastimen entre otros animales o personas.

- Limitación de tiempo por toro: Cada toro estará en el ruedo durante 10 minutos como máximo.

Por último, a finales del 2024 se incorporó a la Constitución la prohibición del maltrato animal y se les otorgaron 180 días a los congresos locales para adicionar este mandato a su normatividad local. Sin embargo, resulta oportuno mencionar que con anterioridad ya existía normatividad suficiente para hacer esas modificaciones, por lo tanto, no se puede perder la oportunidad de prevenir que los congresos locales cumplan con la obligación de prohibir el maltrato animal.

Ante esta situación, se hace un exhorto respetuoso a los congresos estatales para que armonicen su legislación en materia de protección y bienestar animal. Finalmente, prohibir el maltrato animal no es solo una medida de justicia para con los seres vivos con los que compartimos nuestro entorno, sino también un paso fundamental hacia una sociedad más empática, civilizada y en armonía con la naturaleza.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los congresos locales de las 32 entidades federativas a armonizar las Constituciones locales con las disposiciones a nivel federal y constitucional que prohíben el maltrato animal.

Notas:

1 Jiménez, C. (18 jun, 2023). Maltrato animal en México: siete de cada 10 son violentados, sanciones alcanzan varios años de cárcel. Infobae. https://www.infobae.com/mexico/2023/06/18/maltrato-animal-en-mexico-sie te-de-cada-10-son-violentados-sanciones-alcanzan-varios-anos-de-carcel/

2 NORMA Oficial Mexicana NOM-033-SAG/ZOO-2014, Métodos para dar muerte a los animales domésticos y silvestres: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5405210&fecha=26/08/ 2015#gsc.tab=0

3 Animanaturalis: https://www.animanaturalis.org/n/46695/la-inconstitucionalidad-de-los-r eglamentos-taurinos-en-mexico

Dado en la honorable Cámara de Diputados en la LXVI Legislatura, a abril de 2025.

Diputada Amancay González Franco (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al INM a agilizar la expedición de la tarjeta de visitante por razones humanitarias a aquellas personas en territorio mexicano que, al no poder acceder a su derecho a solicitar asilo en Estados Unidos debido a la cancelación de la aplicación móvil CBP One, a cargo de las diputadas Amancay González Franco y Patricia Flores Elizondo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quienes suscriben, diputadas Amancay González Franco y Patricia Flores Elizondo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXVI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79 numeral 2, fracciones I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente:

Exposición de Motivos

Aplicación digital CBP One en México

El 12 de enero de 2023, el gobierno de México autorizó el uso de la herramienta digital CBP One, desarrollada por el gobierno de Estados Unidos, destinada a personas en contexto de movilidad que se encontraran en territorio mexicano. Esta herramienta permitía agendar una cita para presentarse ante la autoridad migratoria estadounidense en alguno de los ocho puertos de entrada de Estados Unidos. El propósito de la cita obtenida a través de CBP One era que las personas pudieran exponer su caso en el puerto de entrada y se les permitiera ingresar de manera regular a Estados Unidos para iniciar un proceso de solicitud de asilo. Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), hasta finales de 2024, 936,000 personas lograron ingresar de manera regular a Estados Unidos a través de esta aplicación desde México.1

No obstante, organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional señalaron que el uso de esta aplicación implicó una serie de barreras significativas, especialmente para aquellas personas que carecen de acceso a teléfonos móviles, internet o tienen dificultades para usar la tecnología debido a barreras idiomáticas, de alfabetización digital o de discapacidad.2 Asimismo, se identificó que las personas se veían obligadas a esperar entre 2 a 9 meses para obtener una cita.

Durante estos largos períodos de espera, las personas con necesidades de protección internacional enfrentaron violencia, riesgos graves y la escasez de alimentos, agua potable y otras necesidades básicas. Al no poder regresar a sus países de origen ni ingresar a Estados Unidos sin una cita programada a través de la aplicación CBP One, la población se veía atrapada en México durante extensos períodos de tiempo. En su mayoría, permanecieron en asentamientos irregulares o albergues, convirtiéndose en un grupo altamente expuesto para el crimen organizado.

Organizaciones de la sociedad civil documentaron abusos por parte de oficiales del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Guardia Nacional en contra de personas usuarias de CBP One en México. Asimismo, advirtieron de casos de personas registradas en la aplicación CBP One o con citas programadas que han sido privadas de la libertad en estaciones migratorias y retornadas al sur del país con el fin de evitar que se presenten en los puertos de entrada de Estados Unidos. También las organizaciones de la sociedad civil condenaron desalojos forzados mediante tratos violentos, intimidación y amenazas contra la población usuaria de CBP One.3

A mediados de 2024, el gobierno de Estados Unidos anunció la expansión de la geolocalización al sur de México para poder acceder a la aplicación CBP One, que anteriormente sólo permitía a las personas usuarias acceder a la aplicación arriba del paralelo 19.4 Por consecuencia, y ante la advertencia de las organizaciones de mayor exposición a peligros a la integridad y seguridad de las personas usuarias de CBP One, el gobierno de México a través del INM anunció la puesta en marcha de un “Corredor emergente de movilidad segura” para trasladar de forma terrestre a personas extranjeras que cuenten con una cita CBP One desde Chiapas y Tabasco hacia el norte del país.5

Adicionalmente, el INM anunció que se otorgaría Forma Migratoria Múltiple (FMM) con vigencia de 20 días para aquellas personas que con cita CBP One confirmada opten por trasladarse al lugar programado para su cita a través del Corredor emergente de movilidad segura, lo que les permitirá contar con una condición de estancia regular durante su trayecto.

Cancelación de la aplicación CBP One

A mediados de 2024, el entonces candidato presidencial de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que, al asumir la presidencia, emitiría una serie de órdenes ejecutivas en materia migratoria, incluida la cancelación inmediata de la aplicación CBP One.5 A finales de ese mismo año, diversas organizaciones solicitaron al gobierno federal mexicano que negociara con la administración de transición estadounidense una ruta gradual que permitiera a las personas continuar solicitando asilo en los puertos de entrada sin que éstas pudieran verse afectadas por los cambios.6

Tal como se había anticipado, el 20 de enero de 2025, el gobierno entrante de Estados Unidos anunció la suspensión inmediata de la aplicación CBP One y la cancelación de las citas previamente otorgadas. Esta medida afectó a 270 mil personas registradas en la aplicación y en proceso de obtener una cita sin opciones viables.8 La decisión tuvo un impacto negativo considerable en la salud mental de las y los afectados, ya que generó gran incertidumbre y falta de información sobre cómo acceder al territorio estadounidense para ejercer su derecho a solicitar asilo.9

En respuesta, INM emitió una orden que suspendía también el corredor emergente de movilidad segura y la emisión de FMM.10 Se estima que cerca de 30 mil personas en México ya tenían citas confirmadas, y algunas de ellas esperaban llegar a la frontera norte a través de ese corredor. Es relevante señalar, que muchas de las personas afectadas habían adquirido boletos de avión u otros transportes para llegar a la frontera norte y perdieron la oportunidad de viajar o habían dejado trabajos en entidades en el sur o centro de México, lo que ocasionó importantes pérdidas económicas.

Además, la falta de claridad en los procesos migratorios en Estados Unidos y en México ha generado una espera prolongada para muchas personas, sin acceso a vivienda digna, empleo formal ni otros derechos fundamentales. Una encuesta realizada por el International Rescue Committee a personas varadas en la frontera norte tras la cancelación de CBP One reveló que el 54 por ciento de las y los encuestados señalaron la falta de documentación como uno de los principales obstáculos para acceder a oportunidades de medios de vida. Además, el 44 por ciento mencionó que, aunque inicialmente tenían planes de viajar a Estados Unidos, ahora contemplan integrarse en México.11

Ante la imposibilidad de acceder al asilo en Estados Unidos, muchas personas que no pueden regresar a sus países están optando por solicitar protección internacional en México. Esta situación presenta un desafío, ya que muchas de estas personas habían estado esperando meses para obtener una cita en Estados Unidos y ahora se encuentran fuera del plazo de 30 días hábiles establecido por la Ley de Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político.

En el norte del país, también se presentan casos de personas que iniciaron su solicitud de asilo en otros Estados, pero que abandonaron el proceso para llegar a Estados Unidos vía CBP One.12 Debido a este cambio de circunstancias, algunas de estas personas desean retomar sus solicitudes, pero ahora en el norte, donde algunas ya cuentan con un lugar para residir y además porque no tienen recursos económicos para regresar. Este proceso está siendo complicado, ya que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados no realiza traslados de procedimientos, sino que instruye a las personas a esperar a que se cierre su solicitud original y luego apliquen de nuevo. Esto genera retrasos innecesarios y aumenta la burocracia, lo que podría evitarse para no sobrecargar ni retrasar aún más las respuestas de asilo en México.

Dada la emergencia humanitaria que enfrenta esta población, en la cual no cuentan con una comunicación clara sobre las alternativas disponibles para regularizar su estatus migratorio en México, ni sobre las opciones para solicitar asilo en Estados Unidos, es urgente que el INM emita un programa de expedición de Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias, similar al que implementó en 2018.13

Esto garantizaría que las personas afectadas puedan residir en condiciones dignas y con todos los derechos fundamentales mientras eligen entre las diversas opciones que pudieran contar para integrarse en el país o regresar a sus países de origen de manera segura. Asimismo, es necesario que instituciones federales, estatales y municipales, generen una coordinación para poder atender las necesidades inmediatas de esta población como lo son medios de vida, documentación migratoria, alimentación, vivienda, salud, trabajo, etcétera.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero .- Que la honorable Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, al titular del Instituto Nacional de Migración para agilizar e incrementar la expedición de la Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias a personas en territorio mexicano que, al no poder acceder a su derecho a solicitar asilo en los Estados Unidos debido a la cancelación de la aplicación móvil CBP One, se encuentran en una condición de vulnerabilidad e irregularidad migratoria.

Segundo.- Que la honorable Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, a los titulares del Instituto Nacional de Migración, de la Secretaría de Gobernación y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, a establecer una mesa con organizaciones de la sociedad civil con el fin de establecer una política de regularización y protección de las personas en territorio mexicano que, al no poder acceder a su derecho a solicitar asilo en los Estados Unidos debido a la cancelación de la aplicación móvil CBP One, se encuentran en una condición de vulnerabilidad e irregularidad migratoria.

Con base en el artículo 79 numeral 3, fracción IV, las proposiciones con punto de acuerdo no son la herramienta parlamentaria para establecer mesas de trabajo entre las instituciones y las organizaciones de la sociedad civil para tratar o analizar temas de interés.

Notas:

1 United States Government. (2025, 14 enero). CBP Releases December 2024 Monthly Update. U.S Customs And Border Protection. Recuperado el 21 de febrero de 2025, de https://www.cbp.gov/newsroom/national-media-release/cbp-releases-decemb er-2024-monthly-update

2 Human Rights First. (2023). Trapped, preyed upon and punished: One Year of the Biden Administration Asylum Ban. Recuperado el 21 de febrero de 2025, de https://humanrightsfirst.org/wp-content/uploads/2024/05/Asylum-Ban-One- Year-Report_final-formatted_5.13.24.pdf

3 IBERO Ciudad de México. (2024, 22 marzo). Situación migratoria en la Ciudad de México y área metropolitana. Formación E Incidencia Ignacianas/Programa de Asuntos Migratorios. Recuperado el 21 de febrero de 2025, de https://prami.ibero.mx/otros-comunicados/situacion-migratoria-en-la-ciu dad-de-mexico-y-zona-metropolitana/

4 United States Government. (s.f.). Recuperado el 21 de febrero de 2025, de https://www.cbp.gov/newsroom/national-media-release/statement-cbp-cbp-o ne-appointment-scheduling

5 Instituto Nacional de Migración [INM]. (2024, 31 agosto). Gobierno de México y el INM articulan Corredor emergente de movilidad segura para el traslado de personas extranjeras con cita CBP One. Gobierno de México. Recuperado 21 de febrero de 2025, de https://www.gob.mx/inm/prensa/el-gobierno-mexicano-y-el-inm-articulan-c orredor-emergente-de-movilidad-segura-para-el-traslado-de-personas-extr anjeras-con-cita-cbp-one

6 Ávila, J. L. (2024, 27 septiembre). Trump threatens to shut down humanitarian parole and CBP One if he wins: ‘Get ready to leave’: The Customs and Border Protection Office says 1.3 million immigrants have legally entered the United States with these programs from the Biden-Harris administration. El País. https://english.elpais.com/usa/elections/2024-09-27/trump-threatens-to- shut-down-humanitarian-parole-and-cbp-one-if-he-wins-get-ready-to-leave .html

7 Instituto para las Mujeres en la Migración A.C. [IMUMI]. (2024, 5 diciembre). Carta abierta, Medidas en México ante la llegada de Trump. IMUMI. Recuperado 21 de febrero de 2025, de https://imumi.org/sala-prensa/carta-abierta-medidas-en-mexico-ante-la-l legada-de-trump/

8 Aleaziz, H., & Villegas, P. (2025, 20 enero). Trump Shuts Down Migrant Entry App, Signaling the Start of His Crackdown: The president moved quickly to cancel the CBP One app, which allowed migrants to schedule appointments to gain entry into the United States, turning away potentially tens of thousands of migrants. The New York Times. https://www.nytimes.com/2025/01/20/us/politics/trump-shuts-down-migrant -entry-app-cbp-one.html

9 Peters, M. (2025, 21 enero). INM suspende apoyo a extranjeros con cita. El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/mundo/inm-suspende-apoyo-a-extranjeros-c on-cita/

10 Coutiño, G. (2025, 22 enero). INM cancela corredor de movilidad segura para migrantes tras cancelación del programa CPB One. Proceso. https://www.proceso.com.mx/nacional/2025/1/22/inm-cancela-corredor-de-m ovilidad-segura-para-migrantes-tras-cancelacion-del-programa-cpb-one-34 4188.html

11 International Rescue Committee [IRC]. (2025, 7 febrero). ¿Cuáles son las necesidades y riesgos que enfrentan las personas varadas en México? La situación de las personas en movilidad en México, tras los recientes ajustes a las políticas de asilo en los EE.UU - Análisis Rápido de Necesidades | Enero 2025. ReliefWeb. Recuperado 21 de febrero de 2025, de https://reliefweb.int/report/mexico/cuales-son-las-necesidades-y-riesgo s-que-enfrentan-las-personas-varadas-en-mexico-la-situacion-de-las-pers onas-en-movilidad-en-mexico-tras-los-recientes-ajustes-las-politicas-de -asilo-en-los-eeuu-analisis-rapido-de-necesidades-enero-2025

12 Amnistía Internacional [A.I.]. (2025, 20 febrero). EEUU: Vidas en el limbo. Las devastadoras consecuencias de las políticas de Trump sobre migración y asilo. Amnistía Internacional. Recuperado 21 de febrero de 2025, de https://www.amnesty.org/es/documents/amr51/9029/2025/es/

13 Secretaría de Gobernación. (2019). Finaliza Programa Emergente de emisión de Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias. Recuperado 21 de febrero de 2025, de http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2909/1/images/ MaD184.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de abril de 2025.

Diputadas: Amancay González Franco (rúbrica), Patricia Flores Elizondo (rúbrica).

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semovi de la CDMX a instalar una mesa con expertos, usuarios y legisladores para resolver la crisis de mantenimiento en ecobicis, así como a desarrollar un plan integral de mantenimiento y expansión del transporte, a cargo de la diputada Laura Iraís Ballesteros Mancilla, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXVI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracciones I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados el presente punto de acuerdo, con base en la siguientes:

Consideraciones

I. Antecedentes.

En los últimos años, México ha transitado hacia un nuevo paradigma de movilidad sustentable, impulsado por la aprobación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, publicada el 17 de mayo de 2022 en el Diario Oficial de la Federación.1 Esta ley, resultado de una amplia articulación entre sociedad civil, academia, legisladores y colectivos ciudadanos, reconoce que la movilidad no es un privilegio, sino un derecho humano, tal como lo establece su artículo primero, que obliga a garantizar condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad para todas las personas.

Este marco legal establece los principios rectores que deben regir los sistemas de transporte en el país, y llama a los tres órdenes de gobierno a actuar de forma coordinada y responsable, especialmente en contextos metropolitanos. La Ciudad de México, como núcleo de la zona metropolitana más grande del país, enfrenta retos estructurales que exigen la participación de autoridades federales, locales y de la ciudadanía.

En ese sentido, el Sistema de Transporte Individual en Bicicleta Pública Ecobici (en adelante ECOBICI), implementado por el gobierno de la Ciudad de México desde 2010,2 ha sido una política pública pionera en movilidad activa. Sin embargo, el aumento en su demanda no ha ido acompañado de mejoras sostenidas en infraestructura, mantenimiento o calidad del servicio.

Según la propia Secretaría de Movilidad (SEMOVI), el sistema ECOBICI registró en 2024 un total de 22,242,869 viajes —más de 10 millones más que en 2023— y un promedio diario de 456,892 viajes en bicicleta, lo que representa un incremento del 71 por ciento respecto a 2018, cuando se contabilizaban 267 mil viajes diarios.3 Actualmente, ECOBICI cuenta con 689 ciclo estaciones y 18,603 bicicletas.4 No obstante, el sistema se encuentra en una situación crítica debido a la falta de mantenimiento y a la alta proporción de bicicletas en mal estado. Entre el 24 de febrero y el 2 de marzo de 2025, se atendieron 710 reportes de bicicletas defectuosas, de las cuales solo 94 fueron documentadas en redes sociales,5 esta estadística está sustentada por los mismos testimonios y reportes en redes sociales por parte de los usuarios de la red de ecobicis, en donde resaltan fallas en frenos, timbres, llantas ponchadas, pedales faltantes, asientos rotos y estaciones vacías en horarios de alta demanda.6

II. Vulneración de principios a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y exclusión estructural en el acceso a la movilidad no motorizada.

La crisis en la red del sistema de ECOBICI, vulnera los principios establecidos en la Ley General de Movilidad, particularmente el de calidad previsto en el artículo 4to fracción II y el de accesibilidad contemplado por el artículo 4to fracción I. Además, genera un efecto disuasorio para el uso de medios sustentables de transporte, afectando negativamente la movilidad urbana y la salud pública.

De manera paralela, la Ciudad de México enfrenta una emergencia en materia de seguridad vial. Según reportes oficiales de SEMOVI, tan solo en 2024 se registraron 378 muertes viales, 26,400 personas lesionadas y más de 7,000 siniestro, en 45.3 por ciento de estos incidentes involucraron motociclistas y el 30.4 por ciento a peatones, lo cual evidencia la ausencia de una cultura vial sólida que garantice la seguridad de los usuarios más vulnerables.7

Además, debe señalarse que las mujeres enfrentan una doble exclusión en el espacio público y en los sistemas de transporte: no solo por su menor participación como usuarias de bicicleta (solo el 33.14 por ciento de las personas usuarias de ECOBICI son mujeres, según su encuesta 2023,8 sino también por las condiciones de inseguridad, acoso y falta de infraestructura adecuada a sus trayectos y tiempos.

Desde una perspectiva de género y derechos humanos, esto constituye una barrera estructural que impide el ejercicio pleno del derecho a la movilidad, tal como lo reconoce la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4°, y la Constitución de la Ciudad de México en su artículo 13, fracción E.

Como legisladora federal e impulsora de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, hago este exhorto con la convicción de que el sistema ECOBICI —y otros similares en todo el país— deben ser fortalecidos desde una visión metropolitana, interinstitucional y basada en derechos. No basta con expandir estaciones o sumar bicicletas: es indispensable garantizar que estas unidades funcionen adecuadamente, que se dé mantenimiento a la infraestructura ciclista, y que se desarrollen campañas efectivas de educación vial y cambio cultural, en favor de una ciudad segura, accesible y humana.

III. Importancia del diagnóstico técnico y mantenimiento del sistema ECOBICI.

Garantizar el derecho a la movilidad —tal como lo establece el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial— no es únicamente una cuestión de infraestructura visible o expansión territorial. Es, ante todo, una cuestión de funcionamiento efectivo, calidad del servicio y condiciones de seguridad para las personas usuarias. En ese sentido, el diagnóstico técnico y el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de transporte no motorizado son condiciones mínimas para la garantía plena de este derecho.

En el caso de ECOBICI, no se trata únicamente de contar con estaciones o bicicletas disponibles en la ciudad, sino de asegurar que esas bicicletas funcionen correctamente, que las estaciones estén operativas, que los anclajes estén íntegros, que el mobiliario urbano no represente un riesgo y que la experiencia de uso sea segura y eficiente.

Un diagnóstico técnico integral permite conocer cuántas unidades están realmente en funcionamiento, cuáles presentan fallas mecánicas, cuántas estaciones necesitan rehabilitación y cuáles son las zonas con mayor saturación o desabasto de unidades. Sin este levantamiento de información preciso y periódico, cualquier esfuerzo por ampliar o reforzar el sistema carece de rumbo y puede incluso ser contraproducente.

De acuerdo con la información publicada por ECOBICI, durante tan solo una semana (24 de febrero al 2 de marzo de 2025), se reportaron 710 bicicletas en mal estado, lo cual representa un volumen significativo de fallas que puede comprometer la seguridad de miles de personas usuarias.9 A pesar de que solo algunos reportes han sido visibilizados en redes sociales, la falta de canales eficientes de atención y el desconocimiento sobre el estado del parque vehicular ciclista deja a la ciudadanía en la incertidumbre constante sobre si podrá o no acceder a una bicicleta funcional.

Esta situación no solo obstaculiza el derecho a la movilidad, sino que también tiene un efecto disuasorio para muchas personas, especialmente mujeres, personas jóvenes o adultas mayores que dependen de un servicio confiable para moverse de forma segura. La ausencia de mantenimiento, además, puede generar costos mucho más altos a mediano plazo, al requerir reemplazo total de unidades que pudieron haberse reparado con acciones oportunas.

La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, en su artículo 4to, fracción II, establece la obligación de las autoridades de garantizar sistemas de transporte que cuenten con las condiciones necesarias para su óptimo funcionamiento, asegurando calidad en el servicio.10 Además, el artículo 31, fracciones VI y VII11 , prioriza la planeación de los sistemas de movilidad no motorizada, así como la implementación de acciones afirmativas y ajustes razonables en materia de accesibilidad, lo cual no puede lograrse si el sistema en operación presenta deterioro estructural o fallas generalizadas.

En zonas metropolitanas como el Valle de México, donde los sistemas de transporte atraviesan distintos municipios y alcaldías, el mantenimiento no puede entenderse como una responsabilidad exclusivamente local. Por el contrario, debe ser parte de una política federal de fortalecimiento a la movilidad activa y sustentable, especialmente cuando hablamos de sistemas de transporte público o semipúblico como ECOBICI.

Además, la propia jerarquía de movilidad reconocida por la Ley General —donde se otorga prioridad a peatones y ciclistas sobre vehículos motorizados— implica un compromiso institucional para garantizar que los sistemas no motorizados operen con estándares adecuados. Esto incluye tanto la funcionalidad de las unidades como la calidad del mobiliario urbano, el estado de las ciclovías y la seguridad en los entornos de uso.12

En este marco, el presente punto de acuerdo hace énfasis en la necesidad de que las autoridades competentes —tanto a nivel local como federal— realicen un diagnóstico técnico riguroso sobre el estado actual de ECOBICI, y que a partir de sus resultados, se diseñe e implemente un plan de mantenimiento integral que permita corregir fallas, prevenir accidentes, garantizar disponibilidad, y generar confianza en las personas usuarias.

Es importante señalar que el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Congreso de la Ciudad de México presentó recientemente un punto de acuerdo en el que se exhorta a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (SEMOVI) y al Sistema ECOBICI a realizar un diagnóstico técnico del estado actual de las bicicletas públicas y su mobiliario urbano, así como a brindar mantenimiento integral, adquirir nuevas unidades y fortalecer la infraestructura ciclista.

Este exhorto, impulsado por los diputados locales Patricia Urriza, Luisa Fernanda Ledesma y el diputado Royfid Torres, refleja el compromiso de nuestra bancada con una movilidad segura, sustentable y basada en derechos. La presente proposición ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión busca reforzar dicha acción desde el ámbito federal, con base en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, reconociendo que los retos en materia de movilidad no motorizada requieren coordinación interinstitucional y visión metropolitana.

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México a que instalen con calidad de urgente una mesa de trabajo con expertos, usuarios y legisladores para resolver la actual crisis de mantenimiento y balanceo, e impulsar un plan de seguridad vial para los usuarios.

Segundo . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México a desarrollar un plan integral de subsidios para el mantenimiento y expansión del sistema de transporte.

Tercero . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Sistema de Transporte Individual en Bicicleta Pública a brindar mantenimiento a las unidades del sistema ECOBICI así como al mobiliario urbano de las estaciones.

Notas:

1 Conoce más de ECOBICI, ECOBICI, Disponible en https://ecobici.cdmx.gob.mx/conoce-la-historia-del-sistema-de-bicicleta s-compartidas/

2 SEMOVI, Conteo Ciclista 2024, Disponible en
https://www.semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Publicaciones/Conteo_Ciclista_2024.docx.pdf

3 SEMOVI, “Renovación y expansión de Ecobici 2023, Disponible en https://www.tianguis.ecobici.cdmx.gob.mx/

4 Ibidem.

5 ¿Qué Pasará Con Ecobici? Multan A Empresa Tras Quejas Por Falta De Mantenimiento, Revista Chilango, Disponible en
https://www.chilango.com/noticias/transporte/que-pasara-con-ecobici-multan-a-empresa-tras-quejas-por-falta-de
-mantenimiento/#:~:text=Entre%20las%20fallas%20reportadas%20por,y%20frenos
%20y%20pedales%20descompuestos .

6 Reportes Trimestrales de Hechos de Tránsito, SEMOVI, 2025, Disponible en, https://www.semovi.cdmx.gob.mx/tramites-y-servicios/transparencia/repor tes-e-informes/hechos-de-transito

7 Ecobici, Encuesta 2023, Disponible en, https://ecobici.cdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2024/10/Encuesta-ECOBICI -2023.pdf

8 Reportes Trimestrales de Hechos de Tránsito, SEMOVI, 2025, Disponible en, https://www.semovi.cdmx.gob.mx/tramites-y-servicios/transparencia/repor tes-e-informes/hechos-de-transito

9 Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, artículo 4. Principios de movilidad y seguridad vial.La Administración Pública Federal, de las entidades federativas, municipal, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, y demás autoridades en la materia, de acuerdo con sus facultades, considerarán los siguientes principios:(...)II. Calidad. Garantizar que los sistemas de movilidad, infraestructura, servicios, vehículos y transporte público cuenten con los requerimientos y las condiciones para su óptimo funcionamiento con propiedades aceptables para satisfacer las necesidades de las personas;

10 Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, artículo 31. Criterios de Movilidad y Seguridad Vial.La Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México integrarán la planeación de movilidad y seguridad vial en los instrumentos territoriales, metropolitanos, urbanos, rurales e insulares vigentes.Asimismo, gestionarán conjuntamente los planes, programas, estrategias y acciones de desarrollo urbano, de movilidad y de seguridad vial y desarrollarán legislación o mecanismos de coordinación y cooperación administrativa para disminuir la desigualdad que resulta de la segregación territorial.La planeación de la movilidad y de la seguridad vial realizada por cualquiera de los tres órdenes de gobierno, integrará los principios y jerarquía de la movilidad establecidos en esta Ley, observando las siguientes acciones:(...)VI. Priorizar la planeación de los sistemas de transporte público, de la estructura vial y de la movilidad no motorizada y tracción humana;VII. Establecer acciones afirmativas y ajustes razonables en materia de accesibilidad y diseño universal, en los sistemas de movilidad y en la estructura vial, con especial atención a los requerimientos de personas con discapacidad y movilidad limitada, y otros grupos en situación de vulnerabilidad que así lo requieran;

11 Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, artículo 6. Jerarquía de la movilidad.La planeación, diseño e implementación de las políticas públicas, planes y programas en materia de movilidad deberán favorecer en todo momento a la persona, los grupos en situación de vulnerabilidad y sus necesidades, garantizando la prioridad en el uso y disposición de las vías, de acuerdo con la siguiente jerarquía de la movilidad:I. Personas peatonas, con un enfoque equitativo y diferenciado en razón de género, personas con discapacidad y movilidad limitada;II. Personas ciclistas y personas usuarias de vehículos no motorizados;III. Personas usuarias y prestadoras del servicio de transporte público de pasajeros, con un enfoque equitativo pero diferenciado;IV. Personas prestadoras de servicios de transporte y distribución de bienes y mercancías, yV. Personas usuarias de vehículos motorizados particulares.Las autoridades de los tres órdenes de gobierno establecerán en sus respectivos reglamentos el uso prioritario de la vía a vehículos que presten servicios de emergencia, cuando la situación así lo requiera.

Dado en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en la LXVI Legislatura, Abril de 2025.

Diputada Laura Iraís Ballesteros Mancilla (rúbrica)