Proposiciones

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a crear e instrumentar, a través de la SICT, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales, un programa con recursos federales para la pavimentación y renivelación de la carpeta asfáltica urbana estatal y municipal, a cargo de la diputada Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Verónica Martínez García, diputada federal de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Exposición de Motivos

Nuestro país cuenta con una amplia red de carreteras federales, caminos rurales y vialidades urbanas que permiten el traslado y libre tránsito de personas, así como el movimiento de mercancías e insumos que hacen que la economía avance.

Según el anuario estadístico de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes de 2023, la extensión de la Red Carretera Nacional cuenta con una longitud total de 407,783 kilómetros, los cuales transportaron en ese periodo a más de 3,729 millones de pasajeros, así como también se transportaron más de 556 millones de toneladas de materiales, materia primas e insumos a través de ellas.1

De ellos vale la pena resaltar que 51,819 kilómetros corresponden a carreteras federales, 40,690 son de uso libre y 11,139 son de cuota, estos conforman la red de carreteras que comunican al país.

En 2024 la Cámara de Diputados aprobó un monto de 11,000 millones de pesos para el programa plurianual de conservación de la red federal de carreteras libre de peaje, los cuales, según el segundo informe trimestral de las finanzas públicas, elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se habían ejercido cerca de 6,248.4 millones de pesos, lo que representa el 56.8% del total aprobado

Sin embargo, no ha sido suficiente, ya que, en el 2023 según el anuario estadístico de colisiones en carreteras federales de la Secretaría de Infraestructura, Comunicación y Transportes, se registraron 12,099 colisiones que dejaron un saldo de 1,864 personas fallecidas y 6,403 lesionados y los daños materiales ascendieron a 2,066 millones de pesos.2

Tal es la magnitud y la importancia del asunto, que es necesario mantener en buen estado dicha red que la actual administración ha decido lanzar un programa denominado “Bacheton”, con el cual se pretende conservar y dar mantenimiento a los 44 mil 574 kilómetros de carreteras federales que recorren las 32 entidades federativas del país con acciones como tapar baches, renivelación, deshierbe y limpieza de obras de drenaje.

Para esto ha destinado una inversión federal de 4 mil millones de pesos, los cuales se pretenden ejercer de noviembre de 2024 a febrero de 2025, generando un aproximado de 8 mil 500 empleos.

A pesar de esas acciones, la infraestructura carretera estatal y municipal se encuentra en grave deterioro y ha ocasionado una gran cantidad de siniestros.

Es ahí donde deben realizarse un análisis que permita tener un diagnóstico para reencarpetar el sistema de movilidad urbano, por lo que en ese sentido la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial señala en su artículo 7, lo siguiente:

Artículo 7. Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial. El Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial será el mecanismo de coordinación entre las autoridades competentes en materia de movilidad y seguridad vial, de los tres órdenes de gobierno, así como con los sectores de la sociedad en la materia, a fin de cumplir el objeto, los objetivos y principios de esta Ley, la política, el Plan Nacional de Desarrollo, la Estrategia Nacional y los instrumentos de planeación específicos.

Es así como los 3 órdenes de gobierno deben coadyuvar en el mejoramiento de las viabilidades, si bien es obligación de los municipios y de los estados mantener en buen estado su infraestructura carretera, son ellos quienes dentro de sus respectivos presupuestos deben destinar recursos para dichas finalidades, también la misma ley estipula en su artículo 66, la posibilidad de promover mecanismos de financiamientos que permitan mayor inversión en infraestructura.

Debe mencionarse que en la administración federal también existe el programa de mejoramiento urbano, ejecutado por la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), en el que en algunos municipios seleccionados puede haber obras de pavimentación, sin embargo, dicho programa abarca la remodelación de plazas, parques, quioscos, por lo que los recursos son limitados.

Al revisar algunos programas que benefician a los estados y municipios, se debe analizar la urgencia de operar un programa que permita a los estados y municipios contar con recursos extraordinarios para reparar el deterioro de sus vialidades.

En nuestro país, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del tercer trimestre del año 2024, a nivel nacional, 81.7 de cada 100 personas mayores de edad consideraron a los baches en calles y avenidas como la principal problemática en las ciudades, seguida por las fallas y fugas en el suministro de agua potable con 61.1 por ciento, en tercero por el alumbrado público insuficiente con 56.5 por ciento y por las coladeras tapadas por acumulación de desechos en cuarto sitio con 55.4 por ciento.3

Si bien el INEGI tiene el reporte denominado “accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y suburbanas”, en el que se registran los accidentes reportados en los estados, que durante 2023 ascendieron a 381, 048, solo que no se especifican las causas que los ocasionaron, por lo que no es posible atribuir todos a fallas en el mantenimiento de la carpeta asfáltica.5

Es por eso que, el presente punto de acuerdo plantea que en el diseño y planteamiento del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2025, la actual administración incorpore una partida para la creación de programa de renivelación, mantenimiento y pavimentación de la carpeta asfáltica de las vialidades urbanas y suburbanas de los 2,486 municipios distribuidos a lo largo del país, con reglas claras de operación y mecanismos suficientes de fiscalización y transparencia de los recursos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la titular del Ejecutivo federal, para que, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte en coordinación con los gobiernos estatales y municipales, se creé e incorpore para 2025, un programa con recursos federales para la pavimentación, reencarpetamiento y renivelación de la carpeta asfáltica urbana estatal y municipal de las 32 entidades federativas, con el fin de reparar las vialidades de los 2,469 municipios del país.

Notas

1 Consultado el 29 de octubre de 2024 en Anuario_SICT_2023.pdf

2 Consultado el 29 de octubre de 2024 en Publicación

3 Consultado el 29 de octubre de 2024 en inegi.org.mx/contenidos/programas/ensu/doc/ensu2024_septiembre_presenta cion_ejecutiva.pdf

4 Baches son la principal problemática en las ciudades, revela Inegi- Grupo Milenio

5 Consultado el 29 de octubre de 2024 en Consulta interactiva de datos

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2024.

Diputada Verónica Martínez García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a impulsar, a través de la Sedatu, la creación de un programa para que, mediante un fondo, se destinen recursos a las zonas metropolitanas y conurbadas en el país a fin de que mejoren sus infraestructuras urbanas y servicios públicos, a cargo de la diputada Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Verónica Martínez García, diputada federal de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Exposición de Motivos

Es una realidad que los asentamientos humanos y su incremento en diferentes zonas o regiones ha dado lugar al surgimiento o extensión de localidades sobre espacios que no eran habitables, sin embargo, cuando esto sucede de manera descontrolada y sin planeación puede generar problemas como la insuficiencia de los servicios públicos o de la infraestructura urbana previamente establecida.

Ante la demanda de atención es que la urbanización avanzara y dará acceso paulatino a servicios básicos, colocación de vialidades, entre otros aspectos que hagan posible que la zona sea habitable, lo que puede irse fortaleciendo y ampliarse con el reconocimiento gubernamental que esa localidad tenga a través del tiempo.

En ese sentido, la urbanización es un fenómeno que va teniendo lugar debido al crecimiento de los asentamientos humanos en una región o zona, lo que obliga a las autoridades a la cimentación de una infraestructura como lo es la pavimentación, instalación de drenaje, alcantarillado, agua potable y/o alumbrado público, generación de espacios públicos como parques, deportivos, de recreación, esparcimiento, o bien, mercados, limpieza y recolección de residuos, seguridad pública, planteles de educación básica, clínicas, centros de salud, calles, carreteras, u otro tipo de vialidades, entre otros, lo que constituye el progreso de esas localidades al contar con lo necesario para que sus residentes satisfagan diferentes aspectos básicos.

Lo anterior dará condiciones para dinamizar la economía de esas localidades, ya que paulatinamente podrían establecerse actividades productivas o diferentes tipos de comercios dando lugar a la generación de empleos directos e indirectos, sin embargo, ello también va a crear mayores demandas cuya satisfacción permitirá que esas actividades se sostengan en la zona, así también para que la ciudadanía siga atendida con el fortalecimiento o ampliación de la cobertura de los servicios públicos.

Al existir una interacción económica, productiva, social, cultural, laboral, académica en dicha localidad, es posible que influya o atraiga a las poblaciones más cercanas para incorporarse a su dinámica, por lo que ante tales circunstancias los gobiernos municipales, e incluso los gobiernos estatales involucrados, de ser el caso, deben trabajar coordinadamente para responder a las exigencias ciudadanas sobre la mejora de los servicios públicos e infraestructura urbana que existe entre ambas localidades, con una visión de progreso y desarrollo.

Tal situación corresponde a la formación de las zonas metropolitanas, en la que de manera desordenada y sin planeación da lugar al crecimiento o extensión demográfica entre zonas urbanas, lo que puede ocasionar que se rebasen los límites políticos de los municipios o de las entidades federativas, según el caso.

Al respecto, una zona metropolitana puede definirse como “el conjunto de dos o más municipios donde se localiza una ciudad de 50 mil o más habitantes, cuyas funciones y actividades rebasan el límite del municipio que originalmente la contenía, incorporando como parte de sí misma o de su área de influencia directa a municipios vecinos predominantes urbanos, con los que mantiene un alto grado de integración socioeconómica” .1

Sobre el particular, la fracción XXXVII del artículo 3 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Humano, también señala lo siguiente:

“Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

XXXVII. Zona Metropolitana: Centros de Población o conurbaciones que, por su complejidad, interacciones, relevancia social y económica, conforman una unidad territorial de influencia dominante y revisten importancia estratégica para el desarrollo nacional...”

En ese sentido, el inciso c) de la fracción I del artículo 41 de la Ley General de Administración Pública Federal, establece que:

“Artículo 41. A la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Elaborar y conducir las políticas de vivienda, ordenamiento territorial, desarrollo agrario y urbano, así como promover y coordinar con las entidades federativas, municipios y en su caso las alcaldías de la Ciudad de México, la elaboración de lineamientos para regular:

c) La elaboración y aplicación territorial de criterios respecto al desarrollo urbano, la planeación, control y crecimiento de las ciudades y zonas metropolitanas del país, además de los centros de población en general, así como su respectiva infraestructura de comunicaciones, movilidad y de servicios, para incidir en la calidad de vida de las personas...”

Una zona metropolitana se caracteriza por contar con rasgos físicos, así como con una continuidad urbana como ya ha quedado descrito anteriormente, por lo que resulta indispensable que se homologue no solo la infraestructura urbana y los servicios públicos, sino también los criterios y políticas públicas entre los municipios o entidades federativas involucradas, lo que les dará mayor funcionalidad entre los residentes, además que es fundamental que haya una constante comunicación entre sus respectivas autoridades para facilitar una planeación que les permita avanzar de manera ordenada y sustentable en el crecimiento y desarrollo de la zona.

En octubre de 2023, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), el Consejo Nacional de Población (Conapo) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), como grupo interinstitucional encargado de la delimitación de la zonas metropolitanas, publicaron el informe “Metrópolis de México 2020”, en el que se establecen 92 nuevas metrópolis en México, mismas que están divididas en 48 zonas metropolitanas, 22 metrópolis municipales y 22 zonas conurbadas, compuestas por 421 municipios habitados por 82.5 millones de personas, lo que equivale al 65.6 por ciento de la población nacional.2

De esta forma es como estas autoridades delinearon la urbanización a lo largo del país el grupo, mediante criterios técnicos que han dado certeza y claridad en el panorama urbano de las diferentes entidades federativas y municipios.

En dicho informe se señala que se han logrado identificar 7 metrópolis interestatales en territorio nacional, los cuales obedecen a circunstancias que han integrado a sus respectivas poblaciones, por ejemplo la de La Laguna (Coahuila de Zaragoza y Durango), Ciudad de México (Ciudad de México, Hidalgo y México), Puerto Vallarta (Jalisco y Nayarit), La Piedad-Pénjamo (Guanajuato y Michoacán de Ocampo), Puebla-Tlaxcala (Puebla y Tlaxcala), Tampico (Tamaulipas y Veracruz) y la zona conurbada de Moroleón-Uriangato (Guanajuato y Michoacán de Ocampo).3

Es fundamental que desde la Cámara de Diputados podamos contribuir a la mejora de las condiciones que permitirán el desarrollo y la planificación del fenómeno de la urbanización a lo largo del territorio nacional, lo que permitirá atender las diferentes problemáticas suscitadas por la insuficiencia o deficiencia de los servicios públicos, deterioro en los espacios públicos o en otros elementos de la infraestructura urbana, lo que invariablemente compromete el bienestar de todos los residentes y el desarrollo.

La conservación de los espacios públicos, de la infraestructura urbana y de los diferentes servicios públicos en una ciudad es indispensable para tener un entorno seguro, sostenible y habitable que contribuya a que sus residentes, independientemente de sus respectivas particularidades personales, tengan una calidad de vida digna, además del sostenimiento de las diferentes actividades económicas y productivas establecidas en la zona.

Por tales motivos es que el fortalecimiento y mejora de la infraestructura urbana, así como de los servicios públicos, es un factor que debe atenderse constantemente, y hoy en día debe dársele un matiz de sostenibilidad en aras de que haya un bienestar generalizado para la población, evitando que las actividades que se desarrollen en la zona afecten el medio ambiente, el uso de sustancias contaminantes o que generen gases de efecto invernadero.

De ahí que sea indispensable que la Sedatu, en el ejercicio de sus atribuciones conferidas en la legislación, considerando los compromisos internacionales y los derechos humanos, diseñe las acciones que sean necesarias para tal efecto, y que al aprobarse el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2025 por esta Cámara de Diputados, se etiqueten los recursos suficientes para que a través de los gobiernos estatales y municipales se atiendan las diferentes necesidades que hoy en día existen en las áreas conurbadas identificadas en el país.

Se debe mencionar que, en caso de aprobarse esta proposición con punto de acuerdo, se abonará al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU. Sobre el particular debe mencionarse que es de especial trascendencia el objetivo 11, relativo al impulso de las ciudades y comunidades sostenibles , ya que, al restituir al crear un fondo que destine recursos suficientes para las metrópolis, zonas metropolitanas, metrópolis municipales y zonas conurbadas con la finalidad de ampliar y fortalecer la infraestructura urbana, de mejorar los servicios públicos, lo que permitirá que las respectivas poblaciones eleven su calidad de vida, y que dichas condiciones propicien el crecimiento y desarrollo sostenible de dicha zona a mediano y largo plazo.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la titular del Ejecutivo federal, para que, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano se impulse la creación de un programa para que a través de un fondo destine recursos a las metrópolis, zonas metropolitanas, metrópolis municipales y zonas conurbadas en el país, con la finalidad de que mejoren sus respectivas infraestructuras urbanas, sus servicios públicos, además de propiciar su desarrollo y elevar la calidad de vida de sus residentes.

Notas

1 Consultado el 29 de octubre de 2024 en https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ce/2014/doc/minimonografi as/m_zmm_ce2014.pdf

2 Consultado el 29 de octubre de 2024 en https://www.gob.mx/sedatu/documentos/metropolis-de-mexico-2020?state=pu blished

3 Ídem.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2024.

Diputada Verónica Martínez García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a impulsar nuevamente, a través de la SSC, la operación con recursos suficientes del Fortaseg; así como a continuar la operación del FASP con incremento de recursos y, de esa forma, fortalecer las corporaciones policiacas estatales y municipales, a cargo de la diputada Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Verónica Martínez García, diputada federal de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Exposición de Motivos

La seguridad pública es una de las principales exigencias de la ciudadanía, la cual debe ser atendida de manera eficiente y oportuna por el gobierno, quien tiene la obligación de garantizarla.

De esa manera es que la seguridad pública de la ciudadanía es una corresponsabilidad del gobierno federal, de los gobiernos estatales y de los gobiernos municipales, quienes a través de sus respectivas corporaciones se encargan de enfrentar al delito y al crimen organizado, como los factores que desequilibran la paz y la tranquilidad de las y los mexicanos.

Al respecto, el noveno párrafo del artículo 21 constitucional, al referirse a la seguridad pública establece lo siguiente:

“...es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.”

Es importante que dichas corporaciones sean capacitadas, que cuenten con equipamiento y con una infraestructura que les permita realizar eficazmente el desempeño de sus atribuciones, lo que implica la necesidad de tener los recursos necesarios para ello, solo que a diferencia de como lo hace el gobierno federal mediante asignación directa de esos recursos a sus corporaciones, los estados y municipios deben cumplir con reglas de operación de algunos programas para acceder a ellos.

De ese modo es que la Federación establece 2 mecanismos por los cuales los municipios podrán acceder a dichos recursos, en aras de tener mejores condiciones para el desempeño de sus atribuciones y garantizar la seguridad pública en sus respectivas demarcaciones,

Por un lado, se encuentra el Programa del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), el cual es previsto desde la Ley de Coordinación Fiscal para transferir recursos a las entidades federativas con la idea de darle cumplimiento a la Estrategia Nacional en materia de Seguridad Pública, para diseñar políticas públicas destinadas a la prevención de la violencia y la delincuencia, para su profesionalización y certificación policial, para adquirir tecnologías y equipamiento, fortalecer su infraestructura de apoyo a la operación policial, e incluso para el avance del sistema de justicia penal, entre otras acciones a realizar.

Es importante resaltar que el FASP hoy en día no cuenta con presupuesto suficiente para cumplir con su objetivo, por lo que se ha visto rebasado ante la gran crisis de violencia e inseguridad que actualmente se vive en nuestro país.

Por otro lado se observa al Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), el cual es un subsidio que se otorga a los municipios y, en su caso, a los estados, para el ejercicio de la función de seguridad pública, con la finalidad de financiar los costos de los controles de confianza de los elementos de las corporaciones policiales municipales, para su capacitación, de igual manera también busca la mejora de condiciones laborales de esos elementos, adquirir equipamiento, para la construcción de infraestructura, prevención del delito y la conformación de bases de datos de seguridad pública y centros telefónicos de atención de llamadas de emergencia y en general apoyar la profesionalización, certificación y equipamiento de los elementos de las instituciones de seguridad pública.

Por lo que son instrumentos importantes para las corporaciones policiacas a nivel estatal y municipal, ya que a través de ellos es posible que se fortalezcan en el desempeño de sus funciones, por lo que cualquier reducción a las cifras representa un debilitamiento y un obstáculo para alcanzar sus objetivos.

Solo que, sin importar los resultados obtenidos por este programa, desde 2021 se le dejaron de asignar recursos y ya no figura como subsidio, lo que ha provocado condiciones de precariedad, falta de equipamiento, falta de exámenes de confianza y de capacitación entre los elementos de las corporaciones policiacas estatales y municipales, exponiéndolos gravemente frente al crimen organizado, quienes paradójicamente tienen un mejor armamento y están mejor equipados. Es urgente que estas corporaciones policiacas cuenten con apoyo para puedan realizar con eficiencia en su labor, así como para que haya políticas públicas de prevención del delito en el ámbito local.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en su reporte de incidencia delictiva nacional de 21 de octubre pasado, determinó que en lo va del año existe registro de 1 millón 594 mil 244 delitos.1 Es importante señalar que durante agosto y septiembre de 2024, se reportó la comisión de 175, 842 y 170, 751 delitos, respectivamente, los cuales se distribuyen entre homicidios dolosos, homicidios culposos, feminicidios, secuestros, extorsiones, delitos en contra del patrimonio, violencia familiar, trata de personas, narcomenudeo, entre otro tipo de ilícitos.2

Aunado a ello, al finalizar el sexenio anterior, hasta septiembre pasado se alcanzó la cifra de 199 mil, 619 homicidios dolosos en México, la cifra más alta en la historia reciente.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, al realizar su Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) durante el segundo trimestre de 2024, en junio pasado el 65.1 por ciento de las mujeres y 52.4 por ciento de los hombres consideraron que vivir en su ciudad era inseguro. Las áreas urbanas (ciudades) de interés con mayor porcentaje de personas de 18 años y más que consideraron que vivir en su ciudad es inseguro fueron: Fresnillo (94.7 por ciento), Naucalpan de Juárez (89.2 por ciento), Uruapan (86.8 por ciento), Irapuato (84.8 por ciento), Tapachula (84.7 por ciento) y Zacatecas (84.7 por ciento). En contraste, las áreas urbanas donde la percepción de inseguridad resultó menor fueron: San Pedro Garza García (11.7 por ciento), Piedras Negras (14.3 por ciento), Los Cabos (16.7 por ciento), Los Mochis (18.7 por ciento), Benito Juárez (18.9 por ciento) y Saltillo (21.4 por ciento).3

Al mismo tiempo, entre la población consultada se mencionó haber visto o escuchado conductas delictivas o antisociales en los alrededores de su vivienda durante el segundo trimestre de 2024, 60.3 por ciento se relacionó con consumo de alcohol en las calles; 47.8 por ciento, con robos o asaltos; 39.9 por ciento, con vandalismo en las viviendas o negocios; 39.5 por ciento, con venta o consumo de drogas; 36.4 por ciento, con disparos frecuentes con armas; 24.3 por ciento, con bandas violentas o pandillerismo; 15.1 por ciento, con tomas irregulares de luz (diablitos) y 3.3 por ciento, con robo o venta ilegal de gasolina o diésel (huachicol).4

La manera en que la inseguridad se ha normalizado desde hace algunos años en el país es algo preocupante, por lo que es indispensable que los 3 órdenes de gobierno además de combatir al delito, también implementen políticas públicas encaminadas a prevenir los ilícitos y la violencia, por lo que estamos frente a un gran problema que debe afrontarse mediante una estrategia en la que su trabajo deba estar coordinado con otras dependencias públicas para que la atención sea integral.

Por esa razón es que la inseguridad se sigue manteniendo como uno de los principales pendientes y desafíos de la actual administración del gobierno federal cuyo ejercicio está iniciando.

Al verificar los resultados de la ENSU antes citada, se advierte que la población de 18 años y más identificó a las diversas autoridades de seguridad pública y percibió su desempeño como muy o algo efectivo en sus labores para prevenir y combatir la delincuencia, por lo que consideraron a la Marina con 86.9 por ciento, al Ejército con 82.9 por ciento, a la Fuerza Aérea Mexicana con 82.4 por ciento, a la Guardia Nacional con 74.1 por ciento, a la policía estatal con 56.8 por ciento y a la policía preventiva municipal con 48.7 por ciento, por lo que estos 2 últimos son quienes tienen el porcentaje más bajo en la percepción de ese sector poblacional y ello puede obedecer a la situación de precariedad que presentan y que incide en el desempeño de su trabajo.5

Es desde los municipios donde se debe comenzar la lucha contra la inseguridad, al que también las entidades federativas se enfrentan cotidianamente, por lo que es indispensable contar con los instrumentos necesarios para impulsar las estrategias que busquen proporcionar una mayor seguridad a la ciudadanía. Sin una dirección sólida, sin el involucramiento de actores locales del sector privado, de la sociedad civil, así como de un presupuesto adecuado, será difícil generar el impulso necesario para obtener resultados positivos.

Actualmente nuestro país cuenta con 2,478 municipios, por lo que, de acuerdo con su naturaleza, son el primer frente de autoridades que conoce de las necesidades ciudadanas en su demarcación, y al mismo tiempo, toma las decisiones por medio de las cuales se gobierna y se atiende a los diferentes problemas, entre ellos el de la inseguridad.

Debe mencionarse que la Secretaría de Seguridad Ciudadana debe considerar se retome la operación del Fortaseg dotándolo de recursos, así como de incrementar los que le son etiquetados al FASP, lo anterior con la idea de que fortalecer a las corporaciones policiacas estatales y municipales en sus labores de seguridad pública en sus respectivas demarcaciones, para que al aprobarse el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2025 por esta Cámara de Diputados, se etiqueten los recursos suficientes a dichos programas para tales efectos.

Con la operación de este tipo de programas, sin duda alguna se contribuye a la pacificación y tranquilidad del país, lo que genera condiciones para que nuestro país sea atractivo para el capital extranjero, ya que un país con altos índices de violencia genera incertidumbre en los inversionistas, por lo que, de aprobarse este punto de acuerdo, se encaminará no solo hacia la disminución de la inseguridad, sino también para la prevención del delito.

Se debe mencionar que, en caso de aprobarse esta proposición con punto de acuerdo, se abonará al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU. Es de especial trascendencia el objetivo 16, relativos al 1 impulso de la paz, justicia e instituciones sólidas , ya que, al destinar recursos para la prevención del delito, su combate, reducción de la inseguridad pública, levantamiento de una infraestructura, consolidar la profesionalización y certificación policial, adquisición de tecnología y equipamiento de apoyo a la operación policial; permitirá que los 3 órdenes de gobierno realicen un trabajo coordinado en todo el territorio nacional en materia de seguridad pública.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la titular del Ejecutivo federal, para que, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se impulse nuevamente la operación con recursos suficientes del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), así como también se continúe con la operación del programa Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) con el incremento de recursos, y que de esa forma se fortalezca a las corporaciones policiacas estatales y municipales en sus labores de seguridad pública.

Notas

1 Consultado el 29 de octubre de 2024 en https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-299 891?state=published

2 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Informe de Incidencia Delictiva Fuero Común, 30 de septiembre de 2024, página 4.

3 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana Segundo trimestre de 2024, publicado el 24 de julio de 2024, página 1.

4 Ibídem, página 2.

5 Ibídem, página 16.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2024.

Diputada Verónica Martínez García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a adoptar, a través del SAT, medidas preventivas y un protocolo de seguridad, robusto y eficiente que proteja la confidencialidad y operatividad de las e-firmas de los contribuyentes, a cargo de la diputada Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Verónica Martínez García, diputada federal de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Exposición de Motivos

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) es un organismo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), cuya responsabilidad es aplicar la legislación fiscal y aduanera, con el fin de que los contribuyentes aporten sus impuestos proporcional y equitativamente al gasto público, además se encarga de fiscalizar a los contribuyentes para que cumplan con sus obligaciones tributarias, generando mecanismos que faciliten e inventen el cumplimiento voluntario, además de generar y proporcionar la información necesaria para el diseño y la evaluación de la política recaudatoria.

Es a través del SAT que podemos realizar diversos trámites. tanto para las personas físicas, como para las morales, entre ellas sobresalen:

• Descargar el certificado de E. firma (antes FIEL, firma electrónica)

• Habilitar el buzón tributario del contribuyente.

• Consultar los acuses generados en la aplicación contabilidad electrónica.

• Generar la constancia de situación fiscal.

• Consultar los ingresos y retenciones.

• Obtener copias certificadas de las declaraciones presentadas por medios electrónicos.

• Inscripciones en el RFC (Registro Federal de Contribuyentes).

• Tramitar el CURP ante Renapo (Registro Nacional de Población).

• Gestionar sus facturas electrónicas.

• Realizar sus declaraciones y pagos.

• Obtener opinión de cumplimientos.

• Impresión de la cédula de identificación fiscal.

• Reimpresión de declaraciones pasadas.

• Solicitar orientación e información sobre temas fiscales.

• Presentar solicitudes de donatarias autorizadas.

• Dar seguimiento a quejas, sugerencias y reconocimientos.

El SAT se ha convertido en el órgano facilitador de tramites fiscales con base en la tecnología, por lo que su gran mayoría se pueden realizar en línea, sin embargo, también es necesario mencionar que una falla puede ocasionar la caída de miles de tramites que se realizan cotidianamente, además de que ello puede obstruir el flujo económico de diversos sectores.

Tal es el caso que recientemente se está viviendo, donde el Servicio de Administración Tributaria (SAT) revocó masivamente las E. Firma (firmas electrónicas) de diversos contribuyentes, generando incertidumbre por no poder realizar trámites fiscales esenciales.

Con la revocación de las E. Firma (firmas electrónicas), no se pueden tramitar:

• Certificados digitales para emitir facturas.

• No se pueden presentar ningún tipo de declaración.

• No se pueden realizar trámites de importación, lo que cuesta que las mercancías estén hay varadas.

Además, la E. Firma (firma electrónica) es un requisito indispensable que se utiliza por los agentes aduanales para validar los pedimentos de las mercancías que deben entrar o salir del país, lo que genera preocupación por todos los sectores implicados en el comercio exterior.

Ante esto el SAT no ha emitido ningún comunicado oficial, sin embargo el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMPC) dio a conocer, que ya se encontraban en comunicación con los funcionarios del SAT, quienes les confirmaron que ya se estaba atendiendo la situación, “con la prioridad que amerita y que en breve el estatus de dichos certificados se reflejará como activo y no será necesario que el contribuyente presente algún caso de aclaración o se acuda a las oficinas”, aunque no se dio un plazo específico, la autoridad pide a los contribuyentes que mantengan la calma.

La cancelación masiva de las E. Firmas (firmas electrónicas) que se dio recientemente, es una llamada de atención sobre la vulnerabilidad de nuestro sistema electrónico, no es la primera vez que sucede en este gobierno, ya que la Secretaría de la Defensa, así como la Cofece han sufrido fallas y ataques a sus bases de datos y sistemas informativos.

Es por eso qué, hacemos un llamado para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2025 se destinen los recursos suficientes para reforzar los sistemas de seguridad informática, además de fortalecer y dar mantenimiento a las redes y bases de datos que manejan la administración pública.

Hoy con esa falla se pierden miles de pesos, al dejar de operar miles de acciones de comercio exterior, por la falta de presentación de miles de declaraciones y avisos, así como emitir facturas y cancelar facturas.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que a través del Servicio de Administración Tributaria adopten medidas preventivas y un protocolo de seguridad robusto y eficiente que proteja la confidencialidad y operatividad de las E. Firma (firmas electrónicas), así como su disponibilidad, para evitar incidentes similares en el futuro que afecten la operatividad del sistema tributario y mercantil del país.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2024.

Diputada Verónica Martínez García (rúbrica)