Gaceta Parlamentaria, año XXVII, número 6643-II-5, miércoles 23 de octubre de 2024
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal, a la FGR y a las fiscalías de las entidades federativas a realizar las acciones necesarias, encaminadas a garantizar la seguridad e integridad de las y los ciudadanos, a cargo de la diputada Mónica Elizabeth Sandoval Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI
Quien suscribe, Mónica Elizabeth Sandoval Hernández, diputada federal a la LXVI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
La cuestión de la seguridad pública ha sido un tema central durante mucho tiempo, el debate en nuestra comunidad referente a esta problemática en nuestra sociedad ha puesto en el centro la seguridad y la justicia, como resultado de las condiciones en las que vivimos, lo cual resulta razonable. Pues recordemos que “la seguridad pública es una de las exigencias más sentidas de la ciudadanía y necesita ser atendida de manera eficiente y oportuna por el gobierno”.1
La seguridad es un derecho humano, que es garantizado por tratados internacionales suscritos por nuestra nación, así como por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece es sus artículos 4, 18, 21, y la fracción XIII del artículo 1232 los principios de protección y promoción de la seguridad pública.
Los anteriores son principios que indiscutiblemente son condición necesaria para el funcionamiento de la sociedad y uno de los principales criterios para asegurar la calidad de vida.3 El marco general de la seguridad se encuentra contenido en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ley en la que se establecen las bases de coordinación del Sistema de Seguridad Pública, y en ella se establecen la integración, organización y funcionamiento de dicho sistema.
En la mencionada ley reglamentaria del artículo 21 constitucional se establecen las “Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública así como las responsabilidades y la distribución de competencias de la Federación, las entidades federativas y los municipios, con el fin de salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos,4 por medio de la prevención del delito, la persecución y sanción de las infracciones y delitos.
Con preocupación se observa en el país que la existencia de un marco normativo de acción para enfrentar a la delincuencia, no se refleja en acciones concretas que generen condiciones de seguridad en el territorio nacional, al grado tal que existen territorios en el país en los que la percepción de inseguridad por parte de la población ronda en porcentajes alarmantes, por ejemplo, en Fresnillo un 94.7 por ciento y Zacatecas un 84.7 por ciento, se sienten inseguros, además el 65.1 por ciento de las mujeres y 52.4 por ciento de los hombres consideraron que vivir en su ciudad era inseguro de la población se siente inseguro, según revelaron datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (Ensu), en el segundo trimestre de 2024.5
La problemática se distribuye lastimosamente en la gran mayoría del territorio nacional regiones del país como lo es el estado de Michoacán, en el que por ejemplo en el municipio de Uruapan un 86.8 por ciento de la población se siente inseguro o en zonas fronterizas como con un Tijuana en el que un 71 por ciento, Mexicali con un 69,6 por ciento, Ciudad Juárez un 72 por ciento, Reynosa con un 72, por ciento, o Chiapas con un 84.7 por ciento representan un claro ejemplo de la problemática de inseguridad que lastimosamente ya no queda solamente en un esquema de percepción, los diversos índices en materia de inseguridad se han disparado en el sexenio que termina y no parece disminuir en el que comienza.
La inseguridad sigue siendo un reflejo de la problemática que aún queda por resolver, el objetivo aún se ve lejano y lastimosamente no queda mucho tiempo.
La trasformación del país será una realidad si y solo si se cumplen con el objetivo fundamental del Estado que es el de la seguridad, el pacto social tiene como origen esa garantía la protección última de la vida de las personas, tema pendiente en un país en el que la violencia se ha desbordado al grado tal que se observa que las primeras dos semanas del sexenio de la actual presidenta, las Fuerzas Armadas han estado involucradas en la presunta ejecución extrajudicial de por lo menos 15 civiles y la privación ilegal de la libertad de 10 personas en distintos eventos en estados como Tamaulipas, Chiapas, Colima y Guerrero.6
La violencia ha alcanzado todos los niveles socioeconómicos, políticos y sociales, así lo demuestran casos como el feminicidio a plena luz del día de la abogada penalista Oralia Pérez Garduño, sucedido en la Alcaldía Cuauhtémoc sobre el Viaducto Miguel Alemán, en la Colonia Roma Sur, en la alcaldía Cuauhtémoc.
O el lamentable y violento asesinato y decapitación del alcalde de Chilpancingo, Guerrero; y del cual los homicidas dejaron su cabeza en el toldo de una camioneta y en el interior el cuerpo cubierto con una sábana. O el intento de secuestro del diputado en la actual legislatura del Congreso de Tamaulipas. Verástegui Ostos, en Tamaulipas.
Estos preocupantes y lastimosos casos se han vuelto visibles por el hecho de que les han sucedido a figuras públicas, sin embargo no son privativos de estas, preocupantemente la inseguridad se vive y sufre en cientos de miles de casas, en el transporte, los trabajos, las calles, las escuelas, los centros de trabajo y en prácticamente todos los territorios del país.
La atención de la seguridad debe ser la columna vertebral y debemos buscar atenderla desde la educación, la salud el trabajo y la construcción de oportunidades, es indispensable ocuparse de un tema tan fundamental para el país, ya que, si este gobierno y las diversas fiscalías no son capaces de atender un tema tan trascendental como este, como podrán garantizar el Estado de derecho.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este honorable pleno la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta al gobierno federal, a la Fiscalía General de la Republica y a las fiscalías de las entidades federativas para que, en el ámbito de sus atribuciones y facultades, realicen las acciones necesarias encaminadas a garantizar la seguridad e integridad de las y los ciudadanos.
Notas:
1.Gonzalez F. José A. La Seguridad Pública en México. En: Los desafíos de la seguridad pública en México. Peñaloza José, Garza Mario. Coordinadores. Instituto de Investigaciones Jurídicas Serie Doctrina Jurídica, Núm. 120 Universidad Nacional Autónoma de México. México 2002.
2. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [CPEUM]. Arts. 4,8,21 y 123. 5 de febrero de 1917 (México). Recuperado de: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdftas:
3. Cartagena Ilda. Seguridad Ciudadana un Derecho Humano. Revista Regional de Derechos Humanos, disponible en https://www.corteidh.or.cr/tablas/r26029.pdf
4. Zarazúa Martínez A. ¿La Naturaleza Jurídica De La Seguridad Pública Corresponde A La De Un Servicio Público? El Caso De México. Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México disponible en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2654/19.pdf
5. INEGI. (24 DE JULIO 2024) Comunicado de prensa número 421/24. Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) Segundo trimestre de 2024, disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2024/ENSU/EN SU2024_07.pdf
6. Lozano Fernando (15 de octubre, 2024). Muertes, desapariciones y arrestos arbitrarios: los abusos de las Fuerzas Armadas al inicio del sexenio de Sheinbaum. El sabueso, disponible en: https://animalpolitico.com/verificacion-de-hechos/te-explico/abusos-fue rzas-armadas-marina-ejercito
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de octubre de 2024.
Diputada Mónica Elizabeth Sandoval Hernández (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de la Ciudad de México y a la FGJCDMX a determinar la realización de una investigación pronta y expedita con la intención de esclarecer los hechos y fincar responsabilidades a quien o quienes resulten responsables de los hechos acontecidos el pasado jueves 17 de octubre en el cruce de Motolinia y 5 de mayo, en el centro histórico, en el que resultó herida Diana Sánchez Barrios, a cargo de la diputada Mónica Elizabeth Sandoval Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI
Quien suscribe, Mónica Elizabeth Sandoval Hernández, diputada federal a la LXVI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El artículo 40 constitucional, establece que “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal”,1 así mismo, el artículo 9 de dicho ordenamiento reconoce el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito.
Estos derechos consagrados en la constitución representan pilares fundamentales del desarrollo de nuestra nación como una República democrática, pues a través de la implementación efectiva de estos, es que se constituye la viabilidad del ejercicio democrático, con la finalidad de que todas las personas puedan tener diferentes recursos para manifestar sus opiniones y participar en la vida pública.
Tanto el marco constitucional como los marcos legales que se desprenden de estos artículos citados y otros más refieren que es una responsabilidad del Estado mexicano el garantizar el libre desarrollo de la democracia en nuestro país a través de la implementación efectiva de las garantías individuales, y del cumplimiento de las responsabilidades de los diferentes niveles de gobierno y de las instituciones creadas para dichos fines.
La garantía de la libertad y de la participación democrática se encuentra íntimamente ligada a la garantía de la seguridad, la seguridad concebida desde tratados internacionales como la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789, en su artículo 2º se subraya la finalidad de toda asociación política como la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre, y es dentro de estos derechos que encontramos a la seguridad.2
Con base en estos principios nuestro marco legal partiendo de lo establecido en el artículo 21 constitucional, se define a la seguridad pública como “la función a cargo del Estado que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos”3 y a su vez se establece la necesidad de a través de leyes secundarias establecer los principios y mecanismos para lograr lo establecido.
Es así que dentro de la Ley General de Seguridad Publica se establecen las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y se define y describe a la seguridad pública como una función “a cargo de la federación, las entidades federativas y municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del sentenciado, en términos de esta ley, en las respectivas competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.4
Lo anterior con la finalidad de que la población en general se encuentre en una situación de vida bajo los principios de la seguridad ciudadana reconocida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que define a esta como “aquella situación donde las personas viven libres de las amenazas generadas por la violencia y el delito, y en la que el Estado tiene la capacidad necesaria para garantizar y proteger los derechos humanos directamente comprometidos frente a las mismas”.5
Si bien normativamente nuestra nación cuenta con un marco constitucional y legal robusto en materia de seguridad pública, lastimosamente esto no se ha transformado en el goce del efectivo del derecho humano a la seguridad. Así lo hacen ver datos revelados por la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (Ensu)6 que indican que, a nivel nacional, en junio de 2024, el 59.4 por ciento de la población de 18 años y más consideró inseguro vivir en su ciudad. Además de que 65.1 por ciento de las mujeres y 52.4 por ciento de los hombres respondieron que es inseguro vivir en su ciudad.
El clima de inseguridad y violencia que se registra en nuestro país es preocupante datos oficiales; revelan que en México se comete un asesinato cada 15 minutos, lo anterior con datos al mes de marzo de 2024 y como consecuencia hemos llegado a cifras que dejaran al sexenio que concluyó con más de 199 mil homicidios.7 Además de registrar cifras también preocupantes en materia de asesinatos a candidatos y figuras públicas.
Las circunstancias y alcances de la violencia en México lastimosamente son sufridas por millones de mexicanas y mexicanos como lamentablemente sucedió en las calles del corazón de la capital del país cuando en un ataque directo, la lideresa y activista social Diana Sánchez Barrios fue herida de bala, junto a dos hombres que la acompañaban quienes también resultaron lesionados y uno de ellos murió en el hospital.
Frente a esta situación y con la firme convicción de que se respeten los derechos de cualquier ciudadano y de que se cumpla con la obligación constitucional de garantizar el derecho de acceso a la justicia pronta y expedita en este caso como en las más de 191 mil carpetas de investigación por homicidio doloso8 acumuladas en este sexenio.
En términos de lo dispuesto la Constitución, como integrante del grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional someto a consideración de este honorable pleno la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta a la ciudadana Clara Brugada Molina, jefa de gobierno; y al titular o encargado de la Fiscalia General de Justicia de la Ciudad de México, para que en uso de sus atribuciones y facultades determine la realización de una investigación pronta y expedita con la intención de esclarecer los hechos y fincar responsabilidades a quien o quienes resulten responsables de los hechos acontecidos el pasado jueves 17 de octubre en el cruce de Motolinia y 5 de mayo, en el Centro Histórico, en el que resulto herida Diana Sanchez Barrios. Asímismo, se tomen las medidas de protección necesarias a fin de garantizar la seguridad e integridad de la legisladora suplente al Congreso de la CDMX.
Notas:
1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [CPEUM]. Art. 40. 5 de febrero de 1917 (México). Recuperado de: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdftas:
2. ONU. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, Disponible en: https://www.cndh.org.mx/noticia/se-aprueba-la-declaracion-de-los-derech os-del-hombre-y-del-ciudadano
3. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [CPEUM]. Art. 21. 5 de febrero de 1917 (México). Recuperado de: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdftas:
4. ONU. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, Disponible en: https://www.cndh.org.mx/noticia/se-aprueba-la-declaracion-de-los-derech os-del-hombre-y-del-ciudadano
5. OEA (31 diciembre 2009), Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe Sobre Seguridad Ciudadana Y Derechos Humanos 2009 disponible en: http://www.cidh.org
6. INEGI. (24 DE JULIO 2024) Comunicado de prensa número 421/24. ENCUESTA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA URBANA (ENSU) Segundo trimestre de 2024, disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2024/ENSU/EN SU2024_07.pdf
7. Martinez Rubi. (1 de octubre de 2024) Sexenio de AMLO cierra con 91 homicidios; éste fue el mes más violento de su último año de gobierno. Ifoae. Disponible en: https://www.infobae.com/mexico/2024/10/01/sexenio-de-amlo-cierra-con-91 -homicidios-este-fue-el-mes-mas-violento-de-su-ultimo-ano-de-gobierno/
8. Vega Carlos. (29 de septiembre 2024). Sexenio de AMLO acumula 191 mil carpetas de investigación por asesinatos. Milenio disponible en: https://www.milenio.com/politica/sexenio-amlo-acumula-191-mil-carpetas- investigacion-asesinato
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de octubre de 2022.
Diputada Mónica Elizabeth Sandoval Hernández (rúbrica)