Proposiciones

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sader a establecer un mecanismo de control en relación con la importación de ganado y se realice una campaña de revisión permanente que evite la propagación del gusano barrenador en el país, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos César Alejandro Domínguez Dominguez, Juan Antonio Meléndez Ortega, Noel Chávez Velázquez, Graciela Ortiz González y Paloma Domínguez Ugarte, en nuestro carácter de diputados y diputadas de la Sexagésima Sexta Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, número 1, fracción II, número 2, fracciones I,II, III, IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, y demás relativos, acudo ante esta honorable asamblea legislativa, a someter a consideración la presente proposición con carácter de punto de acuerdo a efecto de exhortar, respetuosamente, al gobierno federal por conducto de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a fin de que se establezca un mecanismo de control exhaustivo en relación a la importación de ganado y se realice una campaña revisión permanente, que evite la propagación del gusano barrenador en el país, lo anterior bajo la siguiente:

Exposición de Motivos

En primer término, es preciso señalar que el gusano barrenador del ganado es un parásito que desde la década de los 90 fue erradicado en México. La infestación es provocada por las larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax, que se alimentan del tejido vivo de los mamíferos, lo cual al anidarse en el ganado produce un efecto devastador.

Es de señalar que hace poco más de 30 años el gobierno de la República, emprendió una campaña con la finalidad de lograr la erradicación de esta tipo de plaga que afecta el ganado; lo realizó a través de moscas estériles; sin embargo, esta práctica se vino dejando de lado, por lo que a la fecha la producción de este tipo de mosca para el combate del Gusano Barrenador es muy baja, ya que oscila en un aproximado de 60 mil moscas diarias, cuando se requieren 160 mil unidades diarias para combatir este tipo de plaga.

La preocupación del sector ganadero de Chihuahua tiene fundamenta en que el año pasado se detectó el primer caso de Gusano Barrenador del Ganado, particularmente el 5 de julio de 2023 cuando Panamá fue el primer país en alertar; posteriormente le siguió Costa Rica el 18 de julio de 2023. El asunto no se detuvo en esos países, ya que en este 2024, la alerta la lanzó Nicaragua el 26 de abril de 2024, mientras que Honduras fue el 16 de septiembre 2024 y en Guatemala el pasado mes de octubre se emitió una alerta al respecto.

Es por lo anterior que, en el escenario de que la plaga de gusano barrenador llegue a nuestro país, y alcanzara la frontera norte, el cierre del comercio hacia Estados Unidos es la amenaza más grande para los estados que somos exportadores de ganado a pie, entre los que Chihuahua ocupa el primer lugar, con un valor de mercado aproximado de mil 300 millones de pesos con el vecino país.

Chihuahua, existen cerca de 80 mil productores ganaderos, quienes durante el ciclo ganadero 2023-2024 lograron exportar 556 mil 263 cabezas, lo anterior, de acuerdo con el informe semanal de exportación de ganado bovino a EU emitido por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), lo que se traduce en alrededor de mil 300 millones de pesos. Además, en el presente ciclo se espera incrementar la exportación de ganado y las ganancias que genera el sector; lo anterior, debido al precio alto del ganado y a la política permanente de protección del estatus sanitario; lo que sin duda estaría en riesgo a consecuencia de la plaga del gusano barrenador, provocando una gran afectación a este sector de la economía.

Si el gusano barrenador, llega hasta el Norte del país, se provocaría una catástrofe en el sector de la ganadería; el cierre de la frontera seria inminente; por ello, resulta prioritario implementar una política publica firme de control de la importación y venta de ganado ilegal. Aunado a lo anterior, es menester mantener trazar una estrategia conjunta en los estados de Durango y Coahuila, para establecer el mismo protocolo de inspección y proteger el estatus sanitario. Y con ello, mantener comunicación y reuniones permanentes con el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal, del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA- APHIS, por sus siglas en inglés).

Si bien es cierto, a Chihuahua le ayuda el clima frío para acabar con las moscas, y la posibilidad de propagación del Gusano Barrenador; sin embargo, no podemos descartar que una vez que lleguen los meses cálidos del 2025, como lo son marzo, abril, mayo y junio vuelva haber mosca y la posibilidad de que se acerque, con mayor intensidad este tipo de plaga.

En Chihuahua, mediante una coordinación estratégica entre el gobierno del estado de Chihuahua, encabezado por la gobernadora María Eugenia Campos Galván, y los más de 80 mil productores ganaderos se mantiene una política pública permanente de protección de nuestro estatus sanitario, generan un cerco a través de estaciones cuarentenarias, mismas que se encargan de recibir e inspeccionar el ganado que entra al estado o que va en tránsito; además, se acordó la inspección permanente a fin de que los verificadores del Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria de la Senasica realicen la inspección visual del ganado y si hay existieran señales de que algún ganado que cruce por el estado, pone en riesgo nuestra producción, se tomen las medidas y decisiones pertinentes para salvaguardar el estatus sanitario.

Por otra parte, nos permitimos señalar que la Unión Ganadera Regional de Chihuahua (UGRCh), ha realizado los planteamientos pertinentes al doctor Julio Berdegué Sacristán, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, del gobierno de la República; así como el ingeniero Francisco Javier Calderón Elizalde, director jefe del Senasica; Sin embargo, es preciso que desde esta Soberanía, se realice este planteamiento, a fin de que se actúe de inmediato para evitar que el gusano barrenador atente contra la sanidad de México y los estados exportadores; además, el desarrollo de una política pública firma de control permitirá proteger la producción pecuaria y el sustento de las personas productoras de pequeña y mediana escala, dado que una infestación podría mermar de manera considerable el hato ganadero, lo cual además, es un riesgo para la vida silvestre y la salud humana.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición de:

Punto de Acuerdo

Primero. – La Sexagésima Sexta Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a fin de que se establezca un mecanismo de control exhaustivo en relación a la importación de ganado y se realice una campaña revisión permanente, que evite la propagación del gusano barrenador en el país

Segundo. – Remítase copia del presente acuerdo a las autoridades señaladas a efecto de que actúen en consecuencia.

Económico. Aprobado que sea, remítase copia del presente a la Secretaría para que elabore la minuta de acuerdo en los términos que correspondan.

Dado en el salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 20 días del mes de Noviembre del año 2024.

Diputados: César Alejandro Domínguez Dominguez (rúbrica), Juan Antonio Meléndez Ortega (rúbrica), Noel Chávez Velázquez (rúbrica), Graciela Ortiz González (rúbrica), Paloma Domínguez Ugarte (rúbrica).

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sedena y a la Semar, en coordinación con diversas instituciones y dependencias, a diseñar programas enfocados en la prevención de la cooptación de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado, suscrita por los diputados Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel y Miguel Alejandro Alonso Reyes, del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscribimos, Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel y Miguel Alejandro Alonso Reyes, diputados federal de la LXVI Legislatura del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno de esta soberanía la presente “proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina para que, en coordinación con las instituciones y dependencias que forman parte de la Administración Pública Centralizada para que, en el marco de sus competencias, diseñen programas enfocados en la prevención de la cooptación de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado”, considerando los siguientes:

Antecedentes

México es un país con una riqueza cultural basta y diversa, no obstante, hay una realidad cruel y distante a esto. Pues existe un México con desigualdad, en el que la pobreza es una realidad en el día a día de millones de personas.

Existe un México en el que sus niñas, niños y jóvenes son prisioneros de su contexto socioeconómico, convirtiéndose en un lujo el siquiera pensar lo que se desea estudiar o en lo que se busca desempeñarse en el futuro.

Existe un México en el que las opciones para salir de la pobreza son prácticamente nulas, orillando a las personas a buscar formas de sostenerse y llevar la comida a casa con la mínima esperanza de sobrevivir al otro día.

Ese es el México del que poco o nada se habla, el México que solo se muestra en publicidad partidista como botín político con el que se puede lucrar. Algo completamente deleznable, pero que el actual gobierno ha usado como bandera proselitista.

De acuerdo con datos del 2023 de Coneval, alrededor del 35.8 por ciento de la población en México vive en condición de pobreza extrema.1

Este esquema de pobreza que se ha alimentado por un gobierno populista enfocado en las dádivas y no en las soluciones contiene un amplio espectro de carencias sociales, como:

• Actualmente existen 27 millones 158 mil personas que sufren rezago educativo, situación que deja en alta vulnerabilidad a niñas, niños y jóvenes.2

• El fracaso en el sector salud por parte de este gobierno y el constante cambio administrativo ha orillado a 50.4 millones de personas a vivir carencia en el acceso a la salud.3

• Actualmente alrededor de 64.7 millones de personas no tienen acceso a la seguridad social.4

• 11.7 millones de personas presentan carencia por calidad y espacios de vivienda, mientras que, en los servicios básicos, 22.9 millones enfrentan esta carencia.5

• Más de 23 millones de personas en México presentan carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad.6

• 15.5 millones de personas perciben un ingreso inferior a la línea de pobreza extrema, mientras que, más de 56 millones de personas perciben ingresos inferiores a la línea de pobreza; es decir, más de 71 millones de personas.7

Estas cifras tienen una correlación directa con la cantidad de personas, sobre todo niñas, niños y adolescentes que copta el crimen organizado en el país.

Este es un grave problema que forma parte de ese México que se ha mencionado que se prefiere ocultar, no hacer algo o, en el peor de los casos, utilizarlo solo como proselitismo.

Se desconocen las cifras exactas de la cantidad de niñas, niños y adolescentes que actualmente militan en las filas del crimen organizado. Sin embargo, se tiene un estimado de entre 35 mil y 460 mil menores de edad.8

Diversos estudios realizados han mostrado la cruda realidad de los menores que copta el crimen organizado. Empezando como “halcones”, es decir, vigilan y alertan sobre la presencia de autoridades o enemigos, ascendiendo a labores de tráfico e incluso sicarios.

Su reclutamiento, en el mejor de los casos, es bajo la promesa de que se allegarán de mucho dinero rápidamente, que mejorarán su calidad de vida e, incluso, que podrán ejercer poder. Mientras que en otras ocasiones los obligan bajo amenazas y violencia física y/o psicológica.

Por lo que se requiere de un marco normativo fortalecido y programas diseñados específicamente para evitar y prevenir que el crimen organizado siga cooptando más menores.

Por lo anteriormente expuesto, solicito:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina para que, en coordinación con las instituciones y dependencias que forman parte de la Administración Pública Centralizada para que, en el marco de sus competencias, diseñen programas enfocados en la prevención de la cooptación de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado.

Notas:

1 https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/2024/
Comunicado_06_ITLP_primer_trimestre_2024.pdf

2 https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/habra-27-millones-de-p ersonas-en-rezago-educativo-al-concluir-gobierno-de-amlo-inea-11224383. html#:~:text=En%20M%C3%A9xico%20alrededor%20de%2027.8,Artemio%20Guerra% 20Baz%20/%20Cuartoscuro.com&text=El%20Instituto%20Nacional%20de%20E ducaci%C3%B3n,la%20primaria%20o%20la%20secundaria.&text=Al%20public ar%20las%20Reglas%20de,lograr%C3%A1n%20concluir%20sus%20estudios%20b%C3 %A1sicos.

3 https://www.coneval.org.mx/InformesPublicaciones/Documents/Compendio_De recho_Salud_Int.pdf

4 https://ciss-bienestar.org/2024/07/15/
64-7-millones-de-mexicanos-no-cuentan-con-acceso-a-seguridad-social-revela-el-coneval/

5 https://siesco.conavi.gob.mx/doc/analisis/2024/Metodologia_deficit_cual itativo_ENIGH_2022.pdf

6 https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/2024/
Comunicado_14_Evaluacion_integral_alimentacion.pdf

7 https://www.coneval.org.mx/EvaluacionDS/PP/CEIPP/Documents/Informes/IEP DS_2024.pdf

8 https://www.gaceta.unam.mx/menores-reclutados-por-el-crimen-organizado- deben-ser-atendidos-como-victimas/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2024.

Diputados: Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel (rúbrica), Miguel Alejandro Alonso Reyes (rúbrica).

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sedena y a la GN, así como a los elementos de seguridad estatales y municipales, a realizar operativos en las carreteras de México para proteger a las y los paisanos y sus bienes en su regreso a casa en las fechas decembrinas, suscrita por los diputados Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel y Miguel Alejandro Alonso Reyes, del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscribimos, Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel y Miguel Alejandro Alonso Reyes, diputados federal de la LXVI Legislatura del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración del pleno de esta soberanía la presente “proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Guardia Nacional y a los demás elementos de seguridad estatales y municipales a realizar operativos, en las carreteras de México, para proteger a las y los paisanos y sus bienes en su regreso a casa en las fechas decembrinas”, considerando los siguientes:

Antecedentes

Para todas y todos, es conocido la gran cantidad de mujeres, hombres y jóvenes mexicanos que radican en los Estados Unidos de América en búsqueda de trabajo para poder brindar una mejor vida a sus familias que siguen en México.

A este tipo de personas, las denominamos “paisano” y año con año, el gobierno ha implementado diversos programas y acciones para protegerles en las épocas de vacaciones decembrinas en sus recorridos en México para llegar a sus casas.

Es conocido, sobre todo por gente que vivimos en estados como Zacatecas, la gran cantidad de mexicanas y mexicanos que regresan en diciembre para pasar con sus familias estas épocas.

Es visto por todos, que estos paisanos vienen con camionetas o autos llenos de regalos y de cosas necesarias para mejorar la calidad de vida de sus familias.

Y, en muchos casos, traen dinero legal a México para invertirlo en nuestro país o para mejorar las condiciones de sus casas o de sus negocios en México.

Sin embargo, esta actividad altruista y de gran reconocimiento, se ha generado como un blanco fácil para robarlos y para despojarlos de sus bienes y de su dinero; o, en muchos casos, son extorsionados con tal de dejarlos seguir el trayecto a sus casas.

Esto simplemente es inhumano y la traición más grande entre connacionales, ellas y ellos son gente que dejaron todo por el bienestar de sus familias.

Ellas y ellos, son personas que, pasan por condiciones laborales denigrantes y que sufren la peor discriminación, con tal, de darle una mejor vida a sus familias.

Por ello, y ante diversos hechos recientes de la gran cantidad de delitos y el peligro que se vive al recorrer las carreteras de este país, se vuelve necesario solicitar el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional para proteger a las y los paisanos en su regreso a sus domicilios en México.

De no poner un alto a estos lamentables hechos, ponemos en peligro la vida de las y los paisanos y su patrimonio y es decremento claro al porvenir de las familias que esperan añoradamente estos bienes que mejoran su calidad de vida.

Incluso, a esas niñas y niños, que esperan con ansias ver a sus padres y éstos de esforzarse, día con día, para llevarles un presente que le alegre la noche en las fechas decembrinas.

Por lo anteriormente expuesto, solicito:

Punto de Acuerdo

Primero. - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Guardia Nacional y a los demás elementos de seguridad estatales y municipales a realizar operativos, en las carreteras de México, para proteger a las y los Paisanos y sus bienes en su regreso a casa en las fechas decembrinas.

Segundo. - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Guardia Nacional y a los demás elementos de seguridad estatales y municipales a atender las quejas y denuncias que presenten las y los paisanos en módulos instalados a lo largo de las carretas del país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2024.

Diputados: Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel (rúbrica), Miguel Alejandro Alonso Reyes (rúbrica).

Con punto de acuerdo, para exhortar a la GN, al gobierno de Zacatecas y a los elementos de seguridad estatales a reforzar las medidas de seguridad durante la temporada decembrina en vía pública y transporte público, suscrita por los diputados Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel y Miguel Alejandro Alonso Reyes, del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscribimos, Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel y Miguel Alejandro Alonso Reyes, diputados federal de la LXVI Legislatura del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración del pleno de esta soberanía la presente “proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Guardia Nacional, al gobierno del estado de Zacatecas y a los elementos de Seguridad estatales a que refuercen las medidas de seguridad durante la temporada decembrina en vía pública y transporte público”, considerando los siguientes:

Antecedentes

Nos encontramos en la temporada decembrina, momento del año en el que la mayoría de las personas en el estado de Zacatecas tienden a salir con frecuencia de sus hogares para desplazarse a diversos sitios y eventos.

Van a reuniones y brindis de su trabajo, fiestas familiares, posadas, entre otro tipo de eventos. Muchas salen a comprar los regalos para sus parejas, padres, madres, hijos, hermanos, amigos y más, por motivo de la temporada decembrina.

Lo que significa que una parte considerable de la población mexiquense pasa una parte considerable de sus días y la rutina de sus vidas fuera de sus hogares. Asimismo, esta situación se traduce también en que la mayor parte de las personas que salen a reuniones o a comprar, portan dinero o tienen en sus cuentas de banco el capital para realizar sus fines.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el estado de Zacatecas cuenta con una población total de 1 millón 622 mil 138 habitantes. De los que 831 mil 080 son mujeres, lo que representa el 51.2 por ciento y 791 mil 058 son hombres, que representa el 48.8 por ciento.1

Para el segundo trimestre del año 2024, la tasa de participación laboral en Zacatecas fue 55.8 por ciento, lo que implicó un aumento de 0.62 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior (55.2 por ciento). La población ocupada en Zacatecas en el segundo trimestre del año 2024 fue 674 mil personas, siendo superior en 0.73 por ciento al trimestre anterior (669 mil personas ocupadas).2

Como resulta notorio, el universo poblacional que se encuentra en posibilidades de desplazarse dentro de los límites de la entidad es considerable, aunado a las personas que llegan de otras entidades a reunirse con amistades y familiares, así como a realizar sus compras de temporada.

Por lo que resulta necesario que elementos de la Guardia Nacional se sumen a los esfuerzos del gobierno estatal y el sector empresarial estableciendo operativos de vigilancia y respuesta ante el fenómeno de la delincuencia que tiende a proliferar en esta temporada.

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos:

Punto de Acuerdo

Único. - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Guardia Nacional, al gobierno del estado de Zacatecas y a los elementos de Seguridad estatales, para que refuercen las medidas preventivas en materia de seguridad en la vía pública, así como que establezcan operativos de control y revisión en las bases y paraderos de las principales rutas de transporte público de la entidad durante la temporada decembrina.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre de 2024.

Notas:

1 https://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/zac/poblacion/

2 https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/geo/
zacatecas-za?occupationMetrics=workforceOption&redirect=true#education-and-employment

Diputados: Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel (rúbrica), Miguel Alejandro Alonso Reyes (rúbrica).

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP a que se modifiquen las Reglas de Operación del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro, suscrita por los diputados Christian Mishel Castro Bello y Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quienes suscriben, diputado Christian Castro Bello y diputado Rubén Ignacio Moreira Váldes, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXVI Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción l; 79, numeral 1, fracción ll; numeral 2, fracciones l y ll y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración del pleno de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes:

Exposición de Motivos

Para el ciclo escolar 2023-2024 la matrícula de licenciatura (incluidos técnico superior, licenciatura en educación normal y licenciatura universitaria y tecnológica) fue de 5,393,387 estudiantes, de los cuales 3,329,499 estuvieron inscritos en instituciones públicas de educación superior mientras que en instituciones privadas del mismo nivel educativo, la matrícula fue de 2,063,888 estudiantes lo que representa un porcentaje cercano al 38.3 por ciento de alumnos inscritos en instituciones privadas respecto de la matrícula total a nivel nacional.

En el último Censo de Población y Vivienda del Inegi se indica que en México la población de 18 a 22 años fue de 10,668,312 jóvenes. Si complementamos ambos datos encontramos que apenas la mitad de la población total de jóvenes en nuestro país tuvieron acceso a la educación superior pero sólo el 31.2 por ciento del total de jóvenes en el país tuvieron acceso a alguna institución pública de educación superior.

Con los datos anteriormente expuestos, se comprueba que el Estado se ha visto rebasado para poder cumplir con la obligación expresa dispuesta en el artículo 3º constitucional que a la letra dice:

“Artículo 3º. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado - Federación, estados, Ciudad de México y municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia.

...

X. La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado.

Las autoridades federales y locales establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad, en términos que la ley señale.

Asimismo, proporcionarán medios de acceso a este tipo educativo para las personas que cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas.”

El acceso de alumnos a las instituciones públicas de educación superior se ve afectado por diversas limitantes como lo son las distancias, los procesos de admisión o simplemente el cupo que cada casa de estudios tiene.

Las instituciones públicas de educación superior más grandes del país han incrementado sus matrículas, pero eso no ha sido suficiente para garantizar el acceso a las juventudes a dichos espacios, para ejemplo tenemos a la Universidad Nacional Autónoma de México que para el ciclo escolar 2023-2024 tuvo un total de 380,000 estudiantes y ésta es, la casa de estudios con mayor matrícula que existe en el país, seguida del Instituto Politécnico Nacional que para el mismo ciclo escolar tuvo una matrícula de 216,000 estudiantes, ambas operan a su máxima capacidad y atienden apenas al 5.6 por ciento del total de la población joven que existe en México y el 11 por ciento del total de alumnos matriculados en alguna institución pública de educación superior.

Este rebase del Estado mexicano para garantizar el acceso a la educación pública a nivel superior nos obliga a la reflexión, sobre si realmente en las instituciones de educación superior de régimen privado únicamente se matriculan estudiantes que tienen los recursos suficientes para solventar sus estudios o llegan también quienes no tienen otra opción y tienen que esforzarse de manera extraordinaria para poder cursar una carrera por esta insuficiencia educativa arriba expuesta, o, en sentido contrario, si en las instituciones de educación superior del orden público se inscriben exclusivamente alumnos que no tienen el recurso económico necesario para cursar sus estudios en otra institución o también se matriculan estudiantes que bien podrían cursar sus estudios en instituciones privadas sin complicación alguna.

La respuesta a la reflexión planteada es muy sencilla, ni a las instituciones privadas llegan quienes más recursos tienen ni a las instituciones públicas llegan quienes menos tienen, por ende, es un despropósito la discriminación que se hace al alumnado de las instituciones privadas de educación superior para acceder a las becas “Jóvenes Escribiendo el Futuro” cuando también podemos estar refiriéndonos a tos jóvenes más desfavorecidos del país a los que el Estado mexicano afecta de dos maneras:

l. No se les garantiza el acceso a una institución pública de educación superior; y

ll. Se les excluye de un programa social creado con la finalidad de que los jóvenes cursen la educación superior.

Si el noble propósito del Programa “Jóvenes Escribiendo el Futuro” es brindarle las herramientas necesarias a los jóvenes para poder escribir su futuro, se debe retirar de las reglas de operación del mismo, la exclusión de jóvenes que estudian en las instituciones privadas de educación superior, y tomar en consideración como criterio de asignación del apoyo, el estado socioeconómico de los jóvenes.

Por lo anteriormente expuesto y debidamente fundado y considerando la petición e inquietud de jóvenes de las 32 entidades federativas, integrantes de la organización Red Júvenil por México, cuyo dirigente es el joven Luis Eduardo Vega Dulac es que sometemos a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública para que, en beneficio de las juventudes mexicanas, se modifiquen las Reglas de Operación del Programa “Jóvenes Escribiendo el Futuro”, de tal manera que la única causa de exclusión al programa sea el estado socioeconómico de las y los jóvenes, y no el carácter de las instituciones educativas (públicas o privadas) en las que realicen sus estudios.

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre del 2024.

Diputados: Christian Castro Bello (rúbrica), Rubén qIgnacio Moreira Váldes (rúbrica).

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SSPC, a través del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para que se haga de conocimiento público la cantidad de feminicidios cometidos desde el 1 de diciembre de 2018, y la publicación mensual, permanente y pormenorizada de los feminicidios cometidos en el país; asimismo a la Segob, a través de la Conavim, a coordinarse con las dependencias correspondientes en las entidades federativas y municipios en los que se han declarado alertas de violencia de género contra las mujeres, a cargo de la diputada Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Xitlalic Ceja García, diputada federal de la LXVI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; con fundamento en lo dispuesto por lo establecido en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79 numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción III y III del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar al gobierno federal y al gobierno del estado de Puebla en materia de salud pública.

Exposición de Motivos

El feminicidio es la forma más extrema de violación a los derechos humanos; no solo es un acto de violencia física, sino la aniquilación de la vida en las mujeres. Desafortunadamente en la mayoría de los casos, es el resultado de una sociedad machista y desigual, donde no se garantiza la seguridad e integridad. Pero lo más alarmante es que en la mayoría de los casos, estas agresiones se ven facilitadas por fallas estructurales dentro de las instituciones al carecer de políticas públicas, ejercicio de justicia y trabajos de inteligencia. Es aquí donde las autoridades, deberían velar por la seguridad de las mujeres, de manera que, muchas veces no cumplen con su deber, haciéndose presente la negligencia, omisión o, peor aún, por la colusión con los feminicidas. Esta privación de justicia no solo aumenta la vulnerabilidad, sino que perpetúa la impunidad de quienes cometen estos crímenes.

De manera paralela la violencia de género no solo se presenta de forma física; también es emocional, psicológica, sexual, económica y laboral, afectando profundamente la dignidad y derechos de mujeres y niñas. En nuestro país, esta violencia no ocurre de manera aislada, como se mencionó anteriormente forma parte de un entramado institucional y jurídico que continúa aumentando, por ejemplo, la falta de recursos, corrupción y la falta de voluntad política son factores determinantes en este fracaso. Mientras tanto, las mujeres siguen siendo asesinadas, secuestradas, violentadas, y muchas veces, sus casos permanecen en la impunidad.

Es importante señalar que el marco jurídico que protege las mujeres tiene como pilares fundamentales la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales ratificados por México, y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,1 los cuales a lo largo de muchos años han sentado las bases tratando de garantizar la igualdad, la protección y la erradicación de cualquier forma de violencia de género.

Esta última tiene como objetivo primordial, la coordinación entre la Federación, las Entidades Federativas, la Ciudad de México y los municipios a fin de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Con ello se busca garantizar una vida libre de violencia a las mujeres y así promover su desarrollo y bienestar, bajo los principios de igualdad y no discriminación. Además, se enfoca en fortalecer la democracia, el desarrollo integral y sustentable, así como el régimen democrático, conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De igual manera y como se encuentra establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se establece la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), que consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida y/o la existencia de un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres en un territorio específico (municipio o entidad federativa), que a la letra dice:

Artículo 22.- Alerta de Violencia de Género contra las mujeres: Es el conjunto de acciones gubernamentales coordinadas, integrales, de emergencia y temporales realizadas entre las autoridades de los tres órdenes y niveles de gobierno, para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado; así como para eliminar el agravio comparado, resultado de las desigualdades producidas por ordenamientos jurídicos o políticas públicas que impiden el reconocimiento o ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, las adolescentes y las niñas, a fin de garantizar su pleno acceso al derecho a una vida libre de violencias. El procedimiento para la emisión de la Alerta de Violencia de Género contra las mujeres deberá ser pronto y expedito, atendiendo a la situación de urgencia de los hechos documentados que motiva su solicitud y al territorio especificado en la misma, así como al principio de debida diligencia.2

Para cumplir con lo anterior se crea la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. Actualmente, esta comisión además de lo anterior tiene los siguientes objetivos fundamentales:

• Es el encargado de diseñar la política nacional para promover una cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres y erradicar la violencia de género.

• Formulan las bases de coordinación entre los tres niveles de gobierno, impulsando el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado mexicano en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

• Elaboran y dan seguimiento al Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el cual integra las acciones del gobierno de la República orientadas a promover la igualdad de género y combatir la discriminación contra mujeres y niñas.

• Además, fungen como la Unidad de Género de la Secretaría de Gobernación, promoviendo un clima laboral que garantice los derechos humanos, la no discriminación y la igualdad sustantiva.

Dentro de sus facultades, la Secretaría de Gobernación por medio de la Conavim ha declarado 26 Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en 24 entidades federativas en las que se incluyen 643 municipios.3

A pesar de los esfuerzos realizados, a lo largo de los años no se ha logrado que las declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres tengan el impacto esperado en la erradicación de la violencia hacia las mujeres en México. Las cifras inconsistentes revelan una prevalencia alarmante y un aumento continuo que pone en evidencia la mejora en el mecanismo.

En este contexto, resulta preocupante que, a pesar de que algunas declaratorias de alerta, en muchos de los casos, los gobiernos de las entidades federativas y los municipios involucrados han limitado sus acciones a una mera simulación de esfuerzos en beneficio de las mujeres, siendo omisos con las recomendaciones emitidas por los grupos de trabajo y/o los grupos interinstitucionales y multidisciplinarios con perspectiva de género, encargados de dar seguimiento a las alertas, conforme a lo dispuesto en la fracción I del artículo 23 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y en el Reglamento correspondiente, en su artículo 54, fracción VII, entre otros.

Aun cuando el feminicidio se visibiliza más, la urgencia de implementar acciones efectivas e integrales se vuelve innegable, para ello es sumamente importante tener las estadísticas claras, transparentes y accesibles, como se mencionó detrás de cada cifra hay una historia de violencia acompañada de otro tipo de delito.

Cabe resaltar que el panorama en todo el territorio nacional es profundamente desalentador, ya que desde 2018, el número de casos reportados ha mostrado un incremento alarmante con base en informes de los 3 órdenes de gobierno y de organizaciones independientes, esto sin contar la cifra negra que nunca será precisa, lo que refleja la tendencia de la violencia. Con ello se hace evidente la carencia de una base sólida de información actualizada y confiable, lo que hace ineficaz atender el problema en su magnitud real. Sin datos precisos, resulta imposible diseñar e implementar estrategias que tengan un impacto significativo en la reducción de estos crímenes.

Luego entonces, otra de las principales carencias en la lucha contra el feminicidio en México radica en la recolección y manejo de datos. Las cifras disponibles suelen ser inconsistentes, fragmentadas, de difícil acceso, temporales inclusive carecen del nivel de detalle necesario para una correcta interpretación. Esta inconsistencia en la información impide dimensionar la gravedad del problema, limitando la capacidad de los gobiernos para formular políticas públicas efectivas, actuaciones de la sociedad civil organizada, legisladores o cualquier otra persona que los requiera. Sin una base estadística sólida, cualquier iniciativa y acción de mejora corren el riesgo de quedarse en buenas intenciones.

En numerosos casos, las diferencias en los criterios para clasificar un homicidio como feminicidio entre las distintas entidades federativas generan confusión y subregistro. Además, aspectos como la edad de las víctimas, el lugar donde ocurrieron los hechos, el tipo de violencia previa y las relaciones con los agresores son datos que con frecuencia no se registran de manera adecuada, lo que dificulta identificar patrones y contextos que podrían ser clave para implementar estrategias preventivas.

Por consiguiente, no solo se deben unificar los criterios de clasificación en todo el país, sino también garantizar que la información se recopile de manera oportuna y con estándares claros. Además, es fundamental incluir variables relevantes, como las circunstancias del delito, antecedentes de violencia, intervención previa de las autoridades y perfiles tanto de las víctimas como de los agresores.

Sin este diagnóstico integral, las autoridades continuarán actuando a ciegas, sin entender realmente las dinámicas que perpetúan estos crímenes. La falta de información es, en sí misma, una forma de negligencia institucional que condena a miles de mujeres a la violencia y la muerte. Es urgente que se asuma la responsabilidad de implementar mecanismos efectivos de recopilación y análisis de datos, con un enfoque en la transparencia y la rendición de cuentas. Solo entonces se podrá enfrentar el feminicidio como lo que es, una emergencia nacional que demanda respuestas inmediatas y contundentes.

La sociedad exige justicia, la falta de cifras claras y detalladas sobre los feminicidios en México representa un obstáculo para enfrentar este problema de manera integral. La publicación mensual y pormenorizada de estos datos es una necesidad imperativa para la transparencia y rendición de cuentas. Sin estadísticas confiables y accesibles, es imposible evaluar el impacto de las políticas públicas existentes o diseñar acciones correctivas que respondan a la gravedad de la situación. El acceso a estas cifras debe convertirse en un compromiso prioritario del gobierno para garantizar que cada caso sea visibilizado y que las víctimas no queden relegadas al olvido, así como la revisión de la información actualizada del estatus en cuanto a los avances, eficiencia y seguimiento correspondiente de cada una de las declaratorias de Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres en las entidades federativas y los municipios involucrados, para la toma de decisiones y que se analice una posible reforma que ayude a solucionar la problemática aquí expuesta con el único propósito de resolver y garantizar la seguridad, libertad y derechos humanos de las mujeres y la paz social en el país.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara De Diputados exhorta al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se haga de conocimiento público la cantidad de feminicidios cometidos desde el 1 de diciembre de 2018, así como informe mensualmente, permanente y pormenorizada los feminicidios cometidos en el país.

Segundo. La Cámara De Diputados exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación para que, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres se coordine con las dependencias correspondientes en las entidades federativas y municipios en los que se han declarado Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), para hacer público los resultados y avances actualizados en el seguimiento y atención de las observaciones, recomendaciones y circunstancias que dieron origen a dichas declaratorias, dado el aumento y prevalencia que el fenómeno de feminicidios ha presentado en los últimos meses.

Notas:

1 Secretaría de Gobernación. (2009). Decreto por el que se crea como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Diario Oficial de la Federación. Obtenido de https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5092144&fecha=01/06/2009 #gsc.tab=0

2 Congreso de la Unión. (2007). Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Diario Oficial de la Federación. Obtenido de https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV.pdf

3 La Prensa. (2024, noviembre 24). Del 2015 a la fecha se han declarado 26 alertas de violencia de género en 24 entidades: Conavim. La Prensa. Obtenido de https://www.la-prensa.com.mx/mexico/del-2015-a-la-fecha-se-han-declarad o-26-alertas-de-violencia-de-genero-en-24-entidades-conavim-12877892.ht ml

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2024

Diputada Xitlalic Ceja García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a las fiscalías y procuradurías de justicia de las 32 entidades federativas a fortalecer y aplicar los protocolos de investigación con perspectiva de género, de derechos humanos y de interseccionalidad, con la finalidad de evitar la revictimización y se garantice el derecho de acceso a la justicia, a cargo de la diputada Mónica Elizabeth Sandoval Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Mónica Elizabeth Sandoval Hernández, diputada federal a la LXVI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracciones I y II Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Actualmente vivimos una crisis de inseguridad y violencia en México, datos oficiales, investigaciones y notas periodísticas son testigo de esto. Lamentablemente, la ciudadanía es susceptible de sufrir las consecuencias de esta violencia. Con preocupación observamos el aumento de casos de violencia contra las mujeres al grado que se ha llegado a considerar la existencia una diversificación de la violencia. En 2020 los registros en materia de delitos como homicidios dolosos, feminicidios y homicidios culposos, mostraron un crecimiento sostenido en los últimos años.1

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) para 2020, el setenta y uno por ciento de las mujeres en nuestro país ha experimentado al menos una situación de violencia a lo largo de su vida.2 Adicionalmente, organizaciones no gubernamentales señalan que, en 2024, cada hora se denuncian en México en promedio entre tres y cuatro casos de abuso o violaciones.3

Nuestra constitución y marco legal reconoce el derecho a la igualdad y no discriminación en los artículos 1o. y 4o. Los datos y realidades observadas en nuestro país nos obligan a reflexionar y actuar en consecuencia, la violencia contra la mujer causa un número considerable de víctimas, circunstancias relacionadas con estas problemáticas empeoran las condiciones en las que se enfrentan estos retos del Estado mexicano, la falta de información sobre cómo denunciar un delito, así como la pérdida de confiabilidad en la policía, afecta distintos sectores del país y contribuye a generar y eternizar formas de violencia en la sociedad sin distinguir entre ámbitos sociales, generando a su vez, una pérdida de confianza al sistema público.

Datos oficiales revelan que, a pesar de existir un nivel alto de violencia ejercida en contra de las mujeres, el porcentaje de quejas o denuncias ante alguna autoridad por violencia aún es muy bajo. La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021 (Endireh), revela que cuando estas violencias son ejercidas por la pareja sólo el 13.1 por ciento denuncia, cuando sucede en la escuela solo es denunciada por 7.8 por ciento de las mujeres y el 7.1 por ciento cuando ocurren en la familia.4 Se observa que los espacios con más cercanía en los que se vive violencia también son aquellos en los que menos se denuncia.

A pesar de esto, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a nivel nacional tan solo en el mes de octubre de 2024, 10,262 mujeres fueron víctimas de algún presunto delito. Esta violencia no solo se traduce en agresiones físicas o psicológicas, sino que encuentra sustento en un entramado cultural, social e institucional que permite su perpetuación.

Investigaciones periodísticas han documentado diversos y múltiples casos, relacionados con acoso, violencia sexual, extorsión e intimidación, así como violencia Vicaria, en las que las “Instituciones encargadas de garantizar justicia y protección a las víctimas, como ministerios públicos, tribunales y corporaciones policiacas, con frecuencia reproducen dinámicas de misoginia, revictimización hasta la omisión de investigaciones”.5

Lo anterior sumado a situaciones que revelan que en las tres mil 881 agencias del Ministerio Público que hay en las 32 entidades federativas, solamente 138 están especializadas en la investigación de feminicidios y 207 se enfocan en los delitos contra las mujeres, lo que representa 8.8 por ciento del total, revela el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y Federal 2024, elaborado por el Inegi,6 revelan que la violencia contra las mujeres es un obstáculo que impide el libre desarrollo de sus derechos y restringe su libertad.

Conforme a lo dispuesto por el artículo 1 de nuestra Constitución establece que, “todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”.7

En concordancia con el artículo 1 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que prevé la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y los municipios, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas, así como los principios y mecanismos para garantizar su acceso a una vida libre de violencias que favorezca su desarrollo y bienestar, conforme a los principios de igualdad y de no discriminación.

Considerando que el artículo 2 de la Ley en comento, señala que la Federación, las entidades federativas, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias tomarán las medidas presupuestales y administrativas correspondientes, para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, de conformidad con los tratados internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, ratificados por el Estado mexicano;

Pensamos que frente a las problemáticas que enfrentan las mujeres en el territorio y considerando que lastimosamente estos son una prueba de que nuestro Estado de derecho no ha logrado adaptar políticas públicas eficientes que ayuden a disminuir las cifras actuales de violencia como integrante del grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional someto a consideración de este honorable pleno la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a las fiscalías y procuradurías de justicia de las 32 entidades federativas a fortalecer y aplicar los protocolos de investigación con perspectiva de género, de derechos humanos y de interseccionalidad, con la finalidad de evitar la revictimización y se garantice el derecho de acceso a la justicia, en relación con el derecho a la igualdad y a la no discriminación de mujeres adolescentes y niñas víctimas de delitos relacionados con violencias en razón de género.

Notas:

1. Chávez Daniar. Las violencias en México, fenómeno en expansión (2006-2022) Inventio Vol. 19, núm. 48, 2023 Universidad Nacional Autónoma de México (unam) Disponible en: http://doi.org/inventio/10.30973/2023.19.48/2

2. INEGI. Comunicado de prensa Núm. 485/22 30 de agosto de 2022 página 1/36 Comunicación Social Encuesta Nacional Sobre La Dinámica De Las Relaciones En Los Hogares (ENDIREH) 2021.Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/endireh /Endireh2021_Nal.pdf

3. Duran Valeria. 7 de marzo de 2024. México padece epidemia de abuso sexual: ocurren 4 agresiones cada hora. Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad en: https://contralacorrupcion.mx/mexico-padece-epidemia-de-abuso-sexual-oc urren-4-agresiones-cada-hora/.

4. INEGI. 4 abril de 2023. Las mujeres en la procuración y acceso a la justicia. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021 (ENDIREH) Año 9, Boletín N° . Disponible en: http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/BA9N04.pdf

5. Raúl Flores Martínez Raúl 24 noviembre 2014. La violencia institucional contra las mujeres dificulta el acceso a la justicia. Imagen Informativa Segunda Emisión Francisco Zea. Disponible en: https://www.imagenradio.com.mx/la-violencia-institucional-contra-las-mu jeres-dificulta-el-acceso-la-justicia

6. Mendoza Andrés.15 de octubre de 2024. Sólo 9% de fiscalías indagan delitos contra mujeres; sólo 138 de 3,881 agencias del MP están especializadas. Excélsior. Disponible en: https://www.excelsior.com.mx/nacional/solo-9-de-fiscalias-indagan-delit os-contra-mujeres-solo-138-de-3881-agencias-del-mp-estan

7. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [CPEUM]. Art. 1. 5 de febrero de 1917 (México). Recuperado de: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdftas:

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2024.

Diputada Mónica Elizabeth Sandoval Hernández (rúbrica)