Proposiciones


Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal, a través de la Sader, a implementar políticas públicas efectivas que protejan a los pequeños y medianos productores de leche y establezca mecanismos para fijar un precio de compra justo que permita la viabilidad económica de las explotaciones ganaderas, a cargo del diputado Alonso de Jesús Vázquez Jiménez, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado federal Alonso de Jesús Vázquez Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXVI Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa al gobierno federal para que, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, implemente políticas públicas efectivas que protejan a los pequeños y medianos productores de leche y; establezca mecanismos para fijar un precio de compra justo que permita la viabilidad económica de las explotaciones ganaderas.

Exposición de Motivos

El sector lechero en México enfrenta una crisis profunda que amenaza no solo la subsistencia de miles de productores, sino también la estabilidad de la cadena de valor de uno de los alimentos más importantes para la dieta de la población. Durante el último año, pequeños y medianos productores se han visto obligados a desechar litros de leche fresca y en excelentes condiciones, ya que las empresas procesadoras han reducido sus compras, dejando a los ganaderos con una materia prima perecedera y sin opciones de venta.

Esta problemática es especialmente grave en el estado de Jalisco, líder nacional en producción lechera, con 21 por ciento de la producción nacional, junto con Coahuila, Durango y Chihuahua contribuyen con más de la mitad de la producción nacional.

En esta región, la situación se ha intensificado debido a la saturación del mercado, causada en gran parte por la importación de leche en polvo extranjera. Como resultado, muchos productores han tenido que tomar medidas drásticas, ya que no logran venderla a un precio que cubra tan solo el costo de producción.

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Jalisco, en una entrevista para Milenio, enfatizó la gravedad de la situación al señalar que “miles de litros de leche se han desperdiciado al irse al drenaje debido a la saturación del mercado, causada principalmente por la entrada masiva de leche en polvo extranjera”.1

Ante este panorama, hizo un llamado urgente al gobierno para que implemente políticas públicas que fomenten la producción lechera local y establezcan un precio justo para los productores primarios, con el fin de evitar la pérdida de alimentos y proteger la viabilidad económica del sector, sin embargo, no ha tenido la visibilidad necesaria.2

La crisis que atraviesa el sector lechero no solo amenaza el sustento de los productores locales, sino que también pone en riesgo la capacidad del país para abastecerse de productos lácteos de calidad, incrementando la dependencia de insumos extranjeros. Si no se implementan medidas oportunas, esta problemática podría llevar a la desaparición de numerosas pequeñas y medianas explotaciones ganaderas, generando un aumento del desempleo y afectando significativamente la economía local y regional.

Ante la falta de ingresos suficientes y el incremento de los costos de producción, muchas de las familias ganaderas incapaces de sostener sus operaciones, han optado por abandonar sus tierras y buscar nuevas oportunidades en Estados Unidos. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2020, aproximadamente 60 mil 587 personas emigraron de Jalisco hacia el extranjero, y de ellas, el 79 por ciento se dirigió a Estados Unidos, reflejando el impacto de esta crisis en las comunidades rurales.3

En este contexto, es urgente exhortar al gobierno federal y estatal a implementar acciones concretas que aseguren la viabilidad del sector lechero, con el fin de frenar la migración de los productores y preservar la estabilidad de la industria lechera en Jalisco y el resto del país.

Con base en los argumentos anteriormente presentados, se somete a la consideración de este pleno el siguiente punto de acuerdo en los términos que se detallan a continuación:

Punto de Acuerdo

Único. - El honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al gobierno federal para que, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, implemente políticas públicas efectivas que protejan a los pequeños y medianos productores de leche y; establezca mecanismos para fijar un precio de compra justo que permita la viabilidad económica de las explotaciones ganaderas.

Notas:

1 Rodríguez, K. V. (2023, abril 20). Productores de Jalisco tiran miles de litros de leche, piden políticas para un precio justo. Grupo Milenio. https://www.milenio.com/politica/comunidad/ jalisco-tiran-miles-litros-leche-piden-precio-justo

2 del Centro, A. E. /. E. S. (2024, julio 16). Productores de leche exigen mejor precio por incremento en costos. El Sol del Centro | Noticias Locales, Policiacas, sobre México, Aguascalientes y el Mundo. https://www.elsoldelcentro.com.mx/
local/productores-de-leche-exigen-mejor-precio-por-incremento-en-costos-12247029.html

3 Movimientos migratorios. Jalisco. (s/f). Org.mx. Recuperado el 8 de octubre de 2024, de
https://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/jal/poblacion/m_migratorios.aspx

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de noviembre de 2024.

Diputado Alonso de Jesús Vázquez Jiménez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la CFE, así como al gobierno federal, a través de la SHCP, a implementar subsidios específicos dirigidos a los municipios que enfrentan altos costos energéticos, permitiéndoles mantener la operación de extracción de los servicios de agua potable, a cargo del diputado Luis Enrique García López, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado federal Luis Enrique García López, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXVI Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta, respetuosamente, a la Comisión Federal de Electricidad a establecer una tarifa especial a los municipios para los sistemas de extracción de agua destinados al abastecimiento público. Así como, al gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que implemente subsidios específicos dirigidos a los municipios que enfrentan altos costos energéticos, permitiéndoles mantener la operación de extracción de los servicios de agua potable; a cargo del diputado Luis Enrique García López, del Grupo Parlamentario del PAN.

Consideraciones

El 28 de julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la Resolución 64/292, reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, destacando que el acceso a agua potable limpia y a servicios de saneamiento adecuados es esencial para la realización de todos los derechos humanos. Este reconocimiento conlleva una exhortación a los estados y a las organizaciones internacionales para que proporcionen recursos financieros, fomenten la capacitación y faciliten la transferencia de tecnología con el fin de garantizar un suministro de agua potable saludable, limpio, accesible y asequible para todos, especialmente en los países en desarrollo.1

Sin embargo, en México, este derecho enfrenta grandes desafíos, particularmente en estados como Aguascalientes, esto debido a su ubicación geográfica y condiciones climáticas, depende en gran medida de la extracción de agua subterránea para cubrir sus necesidades. Más del 70 por ciento del suministro de agua en la entidad proviene de pozos profundos, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Esta situación genera una alta vulnerabilidad energética y económica, ya que el costo de la electricidad representa entre el 40 por ciento y el 60 por ciento de los gastos operativos de los organismos operadores de agua, según la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento (ANEAS).2 Durante las horas punta, las tarifas aplicadas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pueden ser hasta un 50 por ciento más altas que en otros horarios, incrementando considerablemente los costos de operación.

Esta problemática tiene un impacto directo en las finanzas de los municipios, que ya enfrentan serias limitaciones presupuestales. Según el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2023, los recursos destinados al fortalecimiento de servicios municipales representaron menos del 0.5 por ciento del gasto público total, dejando a los gobiernos locales en una posición de vulnerabilidad frente a los crecientes costos energéticos.3 En varios municipios de estados de la República, como lo es Aguascalientes, los costos de la electricidad para operar pozos de agua han excedido los recursos disponibles, lo que ha obligado a trasladar estos costos a los usuarios mediante incrementos en las tarifas del agua.

El impacto de estas medidas recae principalmente en las familias más vulnerables, quienes destinan una mayor proporción de sus ingresos al pago de servicios básicos. En 2022, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) reportó que el 30 por ciento de la población de Aguascalientes vivía en condiciones de pobreza;4 en este contexto, el aumento de las tarifas del agua reduce significativamente la capacidad de las familias para satisfacer otras necesidades esenciales, profundizando las desigualdades sociales y económicas.

Además, una encuesta del Inegi reveló que el 46 por ciento de los hogares en México experimentó dificultades para cubrir el costo de servicios básicos como agua, electricidad y gas, subrayando la urgencia de implementar políticas que alivien esta carga económica.5 Hay que entender que, el agua no es un bien comercial ordinario; es un recurso esencial que debe gestionarse bajo principios de equidad y sostenibilidad.

Países como España y Chile han implementado esquemas tarifarios diferenciados que priorizan el acceso a servicios básicos, incluyendo subsidios directos y tarifas reducidas para el suministro público de agua. Estos modelos son ejemplos a seguir para México, donde resulta imperativo diseñar políticas energéticas que reflejen el valor social del agua.

La falta de una tarifa eléctrica justa para los sistemas de extracción de agua pone en riesgo el derecho humano al agua, afectando tanto las finanzas municipales como las economías familiares. Por tal motivo, es necesario implementar un esquema de tarifas diferenciadas que contemple las necesidades específicas del suministro público de agua, promoviendo un enfoque integral que incluya subsidios específicos, reformas legislativas y la adopción de tecnologías más eficientes.

Solo a través de estas medidas se puede construir un modelo de gestión hídrica equitativo y sostenible que garantice el acceso al agua para todos, sin importar su situación económica.

Por lo antes expuesto, sometemos a consideración de este pleno, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero . – La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Comisión Federal de Electricidad a establecer una tarifa especial a los municipios para los sistemas de extracción de agua destinados al abastecimiento público.

Segundo . – La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al gobierno federal para que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, implemente subsidios específicos dirigidos a los municipios que enfrentan altos costos energéticos, permitiéndoles mantener la operación de extracción de los servicios de agua potable.

Notas:

1 Decenio Internacional para la Acción “El agua, fuente de vida” 2005-2015. Áreas temáticas: Derecho humano al agua y al saneamiento. (s/f). Recuperado el 23 de noviembre de 2024, de

https://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/human_righ t_to_water.shtml

2 de Estudios Demográficos, C., & de México, U. y. A. E. C. (s/f). ANÁLISIS DE LAS TARIFAS ELÉCTRICAS EN LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE MÉXICO. Com.mx. Recuperado el 23 de noviembre de 2024, de https://aneas.com.mx/wp-content/pdf/libros/04-libro-las-tarifas-electri cas-y-su-impacto-en-los-sistemas-de-agua-potable-y-saneamiento-de.pdf

3 PEF. (s/f). Gob.mx. Recuperado el 23 de noviembre de 2024, de https://www.pef.hacienda.gob.mx/es/PEF2023

4 Pobreza lal segundo trimestre 2023. (s/f). Org.mx. Recuperado el 23 de noviembre de 2024, de
https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobreza_laboral_2doTrim2023.aspx

5 (S/f). Org.mx. Recuperado el 23 de noviembre de 2024, de
https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825107116.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2024.

Diputado Luis Enrique García López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal, a través de la Sader y el Senasica, a prevenir la diseminación y se erradique el gusano barrenador del ganado del territorio nacional, a cargo del diputado Luis Agustín Rodríguez Torres, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Luis Agustín Rodríguez Torres, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura, con fundamento los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos a la consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados, del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, a que prevenga la diseminación y la erradicación del gusano barrenador del ganado del territorio nacional, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Primera. Que el gusano barrenador del ganado es la larva de la mosca Cochliomyia hominivorax que se alimenta de carne viva de animales o humanos.

Segunda. Que en 1972 se creó la Comexa (Comisión México Americana para la Erradicación del Gusano Barrenador del Ganado) mediante un acuerdo binacional que firmaron los gobiernos de México y Estados Unidos, con la finalidad de evitar que esta plaga afectara a la ganadería de la región.1

Tercera. Que durante muchos años se realizaron acciones para su erradicación en el territorio nacional y fue hasta el año 1991 que México ha sido considerado un país libre del gusano barrenador del ganado y en el año 2019 se realizó la autodeclaración como país libre de miasis por C. hominivorax y miasis por C. bezziana a nivel internacional2 .

Cuarta. Que se sabe que el parásito tiene actualmente presencia en el continente americano en: Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela; mientras que en Costa Rica, Ecuador, Panamá y Perú es una enfermedad “Presente limitada a zonas”.3 Derivado de su cercanía al territorio nacional es de vital importancia las acciones que se tomen para prevenir su entrada.

Quinta. Que derivado de los acontecimientos del pasado 24 de noviembre de 2024 en donde se interceptó en el Punto de Verificación e Inspección Federal ubicado en Catazajá, Chiapas, un animal que resultó positivo a estar infestado por el gusano barrenador del ganado. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América como medida precautoria pausó temporalmente la internación de ganado mexicano a su país, por lo que las y los ganaderos mexicanos se encuentran en un estado de vulneración que el gobierno de México debe actuar a la brevedad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito presentar a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, active y coordine de manera urgente el Dispositivo Nacional de Emergencia de Salud Animal (Dinesa) a efecto de controlar la diseminación y erradicar el gusano barrenador del ganado ocasionado por la mosca (cochliomyia hominivorax) del territorio nacional.

Notas:

1 https://www.gob.mx/senasica/prensa/finaliza-la-campana-contra-del-gusano-barrenador-del-ganado#
:~:text=El%20gusano%20barrenador%20es%20la,septiembre%20de%202003%2C%20a%20Chiapas.

2 https://ciencia.unam.mx/contenido/infografia/272/el-ataque-del-gusano-b arrenador-

3 https://ciencia.unam.mx/contenido/infografia/272/el-ataque-del-gusano-b arrenador-

Cámara de Diputados, Recinto Legislativo de San Lázaro, a los 25 días del mes de noviembre de 2024.

Diputado Luis Agustín Rodríguez Torres (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal, a través de la SICT, en coordinación con el gobierno del estado de Tamaulipas, a realizar lo necesario para elevar la categoría de la carretera federal 54-2-83 en su tramo de carretera federal 2 conocido como “La Ribereña” que actualmente es categoría “C” para que sea categoría “A”, a cargo de la diputada Blanca Leticia Gutiérrez Garza, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Blanca Leticia Gutiérrez Garza, y suscrita por las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I; 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El comercio entre México y Estados Unidos es uno de los más grandes y dinámicos del mundo, consolidando una relación económica de gran relevancia para ambas naciones. Esta estrecha vinculación se ha construido a lo largo de décadas y se fundamenta en acuerdos comerciales como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y, más recientemente, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Por lo que, seguirá siendo un motor clave para el crecimiento económico de ambos países. A pesar de los desafíos, la estrecha integración económica y los beneficios mutuos del comercio bilateral hacen que esta relación sea fundamental para el futuro de ambas naciones.

Cabe destacar que dentro de los Beneficios del Comercio Bilateral entre ambos países se encuentra:

1. Crecimiento económico: El comercio ha impulsado el crecimiento económico de ambos países, generando empleos y mejorando los estándares de vida.

2. Mayor variedad de productos: Los consumidores tienen acceso a una mayor variedad de productos a precios más competitivos.

3. Inversión extranjera directa: El comercio ha atraído una gran cantidad de inversión extranjera directa, lo que ha contribuido al desarrollo de infraestructura y la creación de empleos.

4. Cooperación en materia de regulación: La estrecha relación comercial ha llevado a una mayor cooperación en materia de regulación, lo que ha facilitado el comercio y la inversión.

Es de especial atención observar que, el intercambio comercial entre Texas y México ha crecido un 728 por ciento en los últimos 30 años, destacando la frontera de Tamaulipas y Nuevo León como una ruta estratégica para el cruce de mercancías.

Por lo que, para consolidar el crecimiento aduanero y de infraestructura entre Tamaulipas y Texas, desde años pasados se contemplan varios proyectos de crecimiento y desarrollo de infraestructura.

Este año, continúan los proyectos para consolidar la infraestructura de comercio exterior en la región. Recientemente, con la ampliación del Puente Internacional Starr-Camargo, puente ampliado con el objetivo de mejorar la logística del comercio internacional, reduciendo tiempos de cruce y aumentando la eficiencia de las cadenas de suministro. Estas mejoras fortalecen la relevancia de La Ribereña como un eje logístico principal, por lo que es fundamental que su infraestructura esté a la altura de las demandas actuales y futuras del comercio exterior.

Por solo mencionar otros proyectos considerados destacan la rehabilitación de rutas estratégicas y la construcción de nuevos cruces fronterizos como el Puerto de Entrada de Roma, con la apertura de un carril exclusivo para unidades de carga, a través de la rehabilitación del área colgante del Puente Internacional Roma-Miguel Alemán, con una aduana de revisión conjunta; la inauguración del Parque Industrial “Nuevo Santander”, y el análisis para construir un nuevo puente entre las ciudades de Mier, Miguel Alemán y Roma, asi como la promoción de la ruta 54/2/83, que resalta por ser el itinerario más corto entre Nuevo León y Texas, el cual conecta la ciudad de Monterrey con los cruces fronterizos de Miguel Alemán-Roma y Camargo-Rio Grande City, y de ahí, en Texas, con la autopista 83, Brownsville-Laredo.

El código 54-2-83. es un conjunto de rutas, que, por su condición Binacional entre Texas, Tamaulipas y la región Noreste de Nuevo León. la posiciona como la ruta logística más cercana entre el centro de las ciudades industriales y la frontera con Texas. La Ruta 54 está conformada por los pueblos aledaños a la Carretera Miguel Alemán: Apodaca, Pesquería, Marín, Higueras, Doctor González, Cerralvo y Treviño en Nuevo León y Ciudad Mier y Miguel Alemán en Tamaulipas. En total tiene una extensión de 179 kilómetros, correspondientes a 164 kilómetros de la Carretera Federal 54, de Monterrey a Mier, y 14.5 kilómetros de la Carretera Federal 2 (La Ribereña), de Mier a Miguel Alemán.

Uno de los beneficios de implementar acciones que impulsen el desarrollo y tránsito de la Ruta 54-2-83, es que promueve el turismo responsable, invitando a los visitantes a explorar los pueblos y disfrutar de su riqueza natural como la Sierra de Picachos, que es un ente natural icónico, cultural e histórico para Nuevo León. Este enfoque no solo atrae a turistas, sino asegura que las comunidades locales crezcan en armonía con su entorno.

Es importante observar que esta ruta, no solo impulsa el turismo, sino que facilita el comercio y el transporte entre México, EU y Canadá, como un fuerte apoyo al Tratado de Libre comercio que existe entre estas tres naciones del hemisferio Norte del mundo, sino que también impulsa el desarrollo económico de las regiones que atraviesa.

Ahora bien, cabe mencionar que nuestra legislación actual establece Clasificación de las carreteras en México, de manera específica, la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal establece que las carreteras y puentes federales se clasifican según su función y características técnicas. Estas categorías definen la capacidad, diseño y uso permitido de cada vía, incluyendo la circulación de vehículos de carga pesada. Conforme al artículo 2 del reglamento correspondiente, las especificaciones incluyen el ancho de calzada, número de carriles, peso soportado y capacidad de tránsito diario promedio.

La Carretera Federal 54-2-83, en su tramo conocida como de Carretera Federal 2 “La Ribereña”, es crucial para el comercio exterior en Tamaulipas, conectando estratégicamente cruces como el Puente Internacional Starr-Camargo.

Su categoría actual “C” limita su capacidad para atender el crecimiento logístico que traerá la ampliación del puente de 2 a 14 carriles. Esto hace necesaria su reclasificación a una categoría que permita su ampliación y adecuación para la circulación segura y eficiente de vehículos de carga.

En este contexto, el cambio de categoría de “C” a “A”. Es urgente ya que el Texas Departament of transportation (TX D.O.T.), la incluirá en los mapas terrestres.

Es por ello que elevar la categoría de La Ribereña es esencial para maximizar el impacto positivo de dichas inversiones en el comercio bilateral y el desarrollo económico regional.

Gracias a este desarrollo carretero se espera una mayor presencia y expansión de parques industriales en el municipio de Marín, con lo que desde ahora se están generando empleos y una mejoría en la economía local.

Este corredor internacional no solo es vital para el comercio, los servicios y el turismo, sino que también tiene un impacto significativo en la calidad de vida de los pobladores de comunidades periféricas, rurales y ejidales, estableciendo así las condiciones iniciales para fomentar un crecimiento y desarrollo ordenado y sostenible.

Esta vía carretera también es una alternativa estratégica a otros cruces con mayor tráfico como es el caso de Port-Laredo, en donde diariamente unos 10 mil camiones cruzan en dirección Norte, un número que se espera crezca a medida que aumente el comercio entre los EU y México, según datos del censo de EU, y McAllen, con lo cual se espera sea un desfogue y sirva de apoyo para estas rutas del comercio entre ambos países.

También se analizan las ventajas de transitar por la Ruta 54-2-83 , que es un itinerario corto entre Nuevo León y Texas, pues conecta a Monterrey con los cruces de Miguel Alemán, Tamaulipas y Roma, Texas, entra en la carretera 2 y de ahí toma la autopista 83 Brownsville, Laredo.

Por ejemplo, de Apodaca a Roma, Texas, son alrededor de 149 kilómetros y el viaje se realiza en menos de dos horas.

En cambio, el tránsito por la autopista Monterrey/Nuevo Laredo Ruta 85D, recorre 243 kilómetros en casi tres horas.

Esta proximidad permite a las empresas mejorar la exportación e importación de sus mercancías, reduciendo costos y tiempos de traslado.

La promoción de la Ruta 54-2-83 enfrenta importantes retos, principalmente la competencia de otros corredores comerciales transfronterizos y la inseguridad. En primer lugar, los mayores flujos comerciales (camiones con carga y ferrocarril) entre México y Estados Unidos se dan a través de los cercanos cruces fronterizos de Nuevo Laredo, Tamaulipas-Laredo, Texas y Reynosa, Tamaulipas-Pharr, Texas; Igualmente, el flujo turístico de Nuevo León a Texas cruza principalmente por los puentes internacionales de Nuevo Laredo y de Reynosa. En este sentido, es indispensable mejorar a) la capacidad de tráfico comercial y vehicular en los cruces fronterizos de Miguel Alemán-Roma y Camargo-Rio Grande City, y b) la infraestructura de transporte (calidad de la pavimentación, número de carriles por sentido, etc.).

En segundo lugar, el tráfico comercial y turístico disminuyó considerablemente debido a la inseguridad generada por el crimen organizado y la guerra entre y contra los cárteles de la droga. En este sentido se debe encontrar la forma de garantizar la seguridad tanto de las personas como de las mercancías que circulen por esta ruta.

Con el fin de implementar acciones conjuntas entre ambos países que permitan enfrentar los retos de esta ruta, desde el 2016 se reúnen periódicamente en los llamados “Encuentros de Alcaldes y Sectores Productivos de la Región Ribereña de Tamaulipas, Noreste de Nuevo León y Valle de Texas”, los diversos sectores interesados en incrementar el uso de esta red carretera,

En la coalición se han unido diversos actores, tanto del sector privado (organizaciones empresariales) como autoridades de los diferentes gobiernos estatales y locales (municipios, y condados y ciudades) Se reúnen periódicamente en los llamados “Encuentros de Alcaldes y Sectores Productivos de la Región Ribereña de Tamaulipas, Noreste de Nuevo León y Valle de Texas”, de los que por el momento se han celebrado 6, una vez en cada estado: Mier, Tamaulipas (noviembre 2016), Cerralvo, Nuevo León (febrero 2017), Roma, Texas (mayo 2017), Miguel Alemán, Tamaulipas (noviembre 2017), Agualeguas, Nuevo León (abril 2018) y Rio Grande City, Texas (septiembre 2018).

Es por ello, que la ruta 54-2-83 especialmente en su tramo de Carretera Federal 2 “La Ribereña” representa para México, pero sobre todo para los estados de Tamaulipas y de Nuevo León, un gran impulso para su desarrollo económico, de ahí, la importancia de que los gobiernos federales en coordinación con los gobiernos estatales implementen acciones para mejorar la vialidad, los servicios públicos y el estado de las carreteras, entre otros.

Por lo anteriormente expuesto, una servidora junto con las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al gobierno federal para que, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y en coordinación con el gobierno del estado de Tamaulipas, instrumenten las acciones y estrategias necesarias a efecto de elevar la categoría de la Carretera Federal 54-2-83 en su tramo de Carretera Federal 2 conocido como La Ribereña que actualmente es “categoría C”, para que sea “categoría A”. Esto con el propósito de realizar las ampliaciones y adecuaciones necesarias que permitan su uso eficiente y seguro como corredor logístico principal, respondiendo a las necesidades actuales de transporte de mercancías y comercio exterior.

Segundo: Se exhorta, respetuosamente, al gobierno federal, a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, al gobierno del estado de Tamaulipas y a la Agencia Nacional de Aduanas, a implementar acciones que promuevan el tránsito seguro y eficiente por la Ruta 54-2-83.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 26 días del mes de noviembre de 2024.

Diputada Blanca Leticia Gutiérrez Garza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP a convocar a una asamblea extraordinaria de la Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales, con el objeto de que se atiendan las demandas de los gobiernos locales que han sido afectados por la injusta distribución de las participaciones presupuestales a los estados, a cargo del diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Marcelo de Jesús Torres Cofiño, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción l; 79, numeral 2, fracción I, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, doctor Rogelio Ramírez de la O, a efecto de que convoque de manera urgente e inmediata a una asamblea extraordinaria de la Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales, en la que también participen los integrantes del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, con el objeto de que se atiendan inmediatamente las justas demandas de los gobiernos locales que han sido afectados por la injusta distribución de las participaciones presupuestales a los estados que conforman nuestra República federal, y se determinen mejores participaciones hacendarias conforme al legitimo reclamo de una mejor distribución a dichas entidades, y se materialice una necesaria revisión del convenio fiscal, mediante un análisis objetivo y a fondo sobre los factores económicos, demográficos, eficiencia en la recaudación, carga impositiva justa, así como de un nuevo marco constitucional de tal convenio, lo anterior con base en las siguientes:

Consideraciones

La Ley de Coordinación Fiscal representa el marco jurídico en el que se establecen las disposiciones que mandatan que todas las autoridades de recaudación de las entidades federativas, los municipios y demarcaciones territoriales de México, colaboren en orden y en aras de una justa y equitativa distribución de los recursos que se recauden. Tales disposiciones normativas, tienen su origen en la Convención Nacional Fiscal de 1947, donde se planteó la idea de crear un sistema federal donde cada estado tendría acceso a una parte de los ingresos para aprovecharlos como necesitaran, y además establecería un sistema fiscal que debería garantizar la uniformidad y coherencia en el cobro de impuestos y su forma de repartirlos entre los estados, como resultado de estas propuestas, nació lo que hoy conocemos como la Ley de Coordinación Fiscal que entró en vigor en 1953.

En ese sentido, y de conformidad con lo expresamente dispuesto en el artículo primero de la actual Ley de Coordinación Fiscal, dicha reglamentación tiene como objetivo principal coordinar el sistema fiscal de la Federación con las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales para establecer la participación que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales.

Así mismo, dicho ordenamiento tiene también como especial propósito, el de distribuir entre ellos las participaciones y fijar las reglas de colaboración administrativa entre las diversas autoridades fiscales, para esto, dicha ley también se encarga de constituir los organismos de coordinación fiscal y dar las bases de su organización, en donde cada estado puede decidir si se une o no, al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que establece esta la ley de referencia, y si lo hacen participarán en el total de los impuestos federales y en los otros ingresos señalados en ella.

Actualmente, todos los estados de la federación han firmado convenios, en los que renuncian a la facultad de cobrar impuestos por sí mismos a nivel estatal y municipal, esto, claro, a cambio de que la federación les dé una parte de los impuestos federales, entre los que destacan por su mayor recaudación el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), mismos que son administrados exclusivamente en el ámbito federal. Conforme a lo antes expuesto, resulta conveniente destacar que el estado de Coahuila de Zaragoza, entre otros más, así como las autoridades municipales, Instituciones Empresariales, Organizaciones Sindicales, de la Sociedad Civil, Instituciones Educativas, Públicas y Privadas, Investigadores, Deportistas y Sociedad en general, estamos unidos y decididos para lograr que el gobierno federal que encabeza, Claudia Sheinbaum Pardo, entregue a Coahuila, y a las demás entidades afectadas, lo que justamente le corresponde en materia presupuestaria, anhelando lograr tal propósito a través de todos los caminos que la ley y la justicia lo permitan.

Nuestro afán de justicia presupuestaria, va acorde a las legítimas exigencias que han planteado públicamente otros gobiernos estatales, quienes han denunciado públicamente un categórico rechazo a los injustos e ilegales recortes en el gasto federalizado para los estados y municipios, mismos que hemos sido afectados por la política centralista y autoritaria del gobierno central, lastimando particularmente y de forma muy grave su estabilidad económica, en donde también la arbitraria política económica de este gobierno, ha eliminado los fideicomisos y fondos federales que les corresponden, sin alguna razón legítima o que esté debidamente justificada, lo cual representa un posible rompimiento del orden federalista de gobierno, por el abuso de poder en perjuicio de las entidades y organismos afectados, ya que tales recortes en infraestructura, seguridad, salud, educación, deporte y cultura, impacta no solo a la buena administración de los gobiernos estatales y municipales, sino a toda la sociedad, la cual se verá seriamente perjudicada por no poder acceder a servicios de salud suficientes y de calidad, así como a otros que son de los más sentidos por la gran mayoría de la población.

Lo anterior se agrava aún más, porque ilegalmente, también han sido nulos los apoyos extraordinarios a esas entidades por parte del actual gobierno centralista, situaciones que rayan en posibles actos de índole criminal, porque dichos recortes los realizan en medio de una evidente crisis de la seguridad pública e integridad de la ciudadanía, quienes están indefensos ante los grupos criminales que amenazan a la población, situación de extrema gravedad en la que este gobierno federal, se ve totalmente insensible y apático al sufrimiento de miles de familias mexicanas, que hoy más que nunca exigen de sus autoridades, que los recursos públicos estén disponibles para atender la seguridad, la salud, infraestructura pública, y de educación de calidad para todos los mexicanos, y no para propósitos electoreros a través de programas clientelares que solo favorecen al Partido de Morena, mismas que no favorecen a la estabilidad económica, política y social que merece nuestro país, ni mucho menos auxilian y reconfortan la desgracia que están padeciendo miles de familias y hogares mexicanos.

Conforme a lo antes dicho, este es el momento oportuno para que el gobierno a cargo de Claudia Sheinbaum Pardo, reconsidere su postura respecto a dichos recortes y afectaciones económicas a los habitantes de Coahuila, y otros estados que han sido afectados presupuestariamente, y por dicha razón, es que presento a esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, doctor Rogelio Ramírez de la O, a efecto de que convoque de manera urgente e inmediata a una asamblea extraordinaria de la Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales, en la que también participen los integrantes del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, con el objeto de que se atiendan inmediatamente las justas demandas de los gobiernos locales que han sido afectados por la injusta distribución de las participaciones presupuestales a los estados que conforman la República federal, y se determinen mejores participaciones hacendarias conforme al legítimo reclamo de una mejor distribución a dichas entidades, y se materialice una necesaria revisión del convenio fiscal, mediante un análisis objetivo y a fondo sobre los factores económicos, demográficos, eficiencia en la recaudación, carga impositiva justa, así como de un nuevo marco constitucional de tal convenio.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2024.

Diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno del estado de Jalisco a destinar los recursos necesarios e impulsar los acuerdos y convenios que se requieran para la construcción, ampliación, operación y rehabilitación de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento en dicha entidad, a cargo del diputado Omar Antonio Borboa Becerra, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Omar Antonio Borboa Becerra, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracción I, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Jalisco para que destine los recursos necesarios e impulse los acuerdos y convenios que se requieran en materia de agua y para la construcción, ampliación, operación y rehabilitación de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento en esa entidad, con base en las siguientes:

Consideraciones

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, cada año, más de 100 millones de hectáreas de tierra se degradan a través de la urbanización, la deforestación y la sobreexplotación, tendencias aceleradas por el cambio climático. La degradación de la tierra afecta ahora a una de cada cuatro personas en todo el mundo, mientras que las sequías son cada vez más frecuentes y graves.

En México, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) declaró en el año 2022 el inicio de la emergencia por sequía severa en las cuencas del país debido a la falta de lluvias, mientras que, en 2023, el gobierno de Nuevo León también publicó una declaratoria de emergencia por el mismo motivo. Por su parte, el Monitor de Sequía en México, del Servicio Meteorológico Nacional, declaró que el 30 de abril de 2024 el número de municipios con sequía fueron 1,963 es decir, 79.4 por ciento de los 2 mil 469 municipios y alcaldías de los 32 estados del país. De estos municipios, 380 sufrían sequía extrema y 215 sequía excepcional, es decir, escasez total de agua en embalses, arroyos y pozos, con probable situación de emergencia.

Para Sandra López, investigadora del Instituto Mexicano de la Competitividad, “las sequías tienen múltiples causas interconectadas que incluyen el cambio climático, el crecimiento poblacional, la sobreexplotación del agua y la deforestación. El cambio climático altera los patrones de precipitación y vuelve a las lluvias impredecibles. El aumento de la población conduce a un mayor consumo, mientras que la deforestación disminuye la capacidad de los ecosistemas para retener agua y regular el ciclo hidrológico”.

Según el doctor José Antonio Gómez Reyna, asesor del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo, de la Universidad de Guadalajara, algunas de las causas de desabasto que aquejan actualmente a alrededor de 60 colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) es que el abastecimiento normal de agua no es suficiente, ya que se ubica entre los 9.5 a 10.5 metros cúbicos del líquido por segundo, cuando debería de ser de 14 a 15 metros cúbicos por segundo para los cinco millones de habitantes que tiene la ZMG, aproximadamente.

Por otro lado, el doctor Gómez Reyna mencionó que 60 por ciento del agua que llega a la ciudad proviene del Lago de Chapala; poco más de 30 por ciento de los pozos y el resto (alrededor de medio metro cúbico por segundo) de la Presa Elías González Chávez (La Zurda-Calderón), construida en 1991.

Además, hizo hincapié en que dicha presa se planeó para abastecer entre tres y cuatro metros cúbicos, pero que no ha dado más de medio metro cúbico por segundo, debido a que se suponía que iba a llover más y por ende sería mayor la cantidad de agua captada, pero resulta que no se cumplió ese pronóstico. En referencia a los pozos, mencionó que se les extrae más agua de la que captan, sobre todo en temporada de lluvias. En consecuencia, se tienen que hacer cada vez más profundos. Otro problema que salió a relucir es que el agua de algunos mantos acuíferos de la ciudad se desperdicia al tirarla al drenaje sin haberla utilizado.

Aunado a lo anterior, de acuerdo con una nota periodística publicada el 13 de febrero de 2024, firmada por Patricia Romo, especialistas del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, advirtieron que, en Jalisco, 106 de los 125 municipios que tiene el estado, presentaban algún grado de sequía, misma que podría agravarse en el segundo semestre del mismo año debido al fenómeno de La Niña.

Se menciona que, de acuerdo con información del Monitor de Sequía de México de la Conagua, al 31 de enero de 2024, 23 por ciento del territorio de Jalisco se encontraba anormalmente seco; 24.1 por ciento con sequía moderada; 36.6 por ciento con sequía severa y 2.4 por ciento con sequía extrema. Es decir, 17 municipios de Jalisco estaban en el estatus de anormalmente seco; 27 en sequía moderada; 71 en sequía severa y ocho municipios en sequía extrema, por lo que, según Conagua, 84.8 por ciento de los municipios jaliscienses se ubicaban en condición de sequía a principio de año.

En materia de legislación, el artículo 115, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los municipios tienen a su cargo los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.

En este precepto constitucional también se prevé que los municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan y que, cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio municipio.

Por otro lado, la Ley del Agua para el estado de Jalisco y sus municipios establece en su artículo 21 que, la Comisión Estatal del Agua de Jalisco es un organismo descentralizado del gobierno del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propios, y que es el organismo que se encarga de coordinar, planificar y regular los usos del agua en la entidad, con funciones de derecho público en materia de la gestión de las aguas de jurisdicción estatal y de sus bienes públicos inherentes y funciones de autoridad administrativa, con autonomía técnica, ejecutiva, administrativa, presupuestal y de gestión, para la consecución de su objeto, la realización de sus funciones y atribuciones y la emisión de actos de autoridad que dicha ley dispone para esta.

El mismo ordenamiento le confiere a la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, en su artículo 23 fracción XLVIII, la atribución de promover la celebración de convenios con los municipios para la operación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de manera coordinada con el Estado de las cabeceras municipales y en los centros de población rural y urbana.

Es por todo lo anterior, que se presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar, por un lado, al gobierno del estado de Jalisco para que destine los recursos necesarios, e impulse los acuerdos y convenios que se requieran en materia de agua y para la construcción, ampliación, operación y rehabilitación de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento en esa entidad.

Y, por otro lado, para exhortar a la Comisión Estatal del Agua de Jalisco para que celebre convenios con los municipios del estado de Jalisco a efecto de mejorar y reforzar la operación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de manera coordinada con el Estado de las cabeceras municipales y en los centros de población rural y urbana.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al gobierno del estado de Jalisco para que destine los recursos necesarios, e impulse los acuerdos y convenios que se requieran en materia de agua y para la construcción, ampliación, operación y rehabilitación de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento en esa entidad.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Comisión Estatal del Agua de Jalisco para que celebre convenios con los municipios del estado de Jalisco a efecto de mejorar y reforzar la operación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de manera coordinada con el Estado de las cabeceras municipales y en los centros de población rural y urbana.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2024.

Diputado Omar Antonio Borboa Becerra (rúbrica)