Proposiciones

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia a realizar reuniones en conferencia con sus homólogas en el Senado y los 32 congresos locales, con el objetivo de generar una agenda de trabajos legislativos y foros que atienda la problemática de este sector, a cargo de la diputada Elizabeth Martínez Álvarez, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, diputada Elizabeth Martínez Álvarez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 76; 79 numeral 1, Fracción II, numeral 2 Fracción V y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia de la honorable Cámara de Diputados, para que realice reuniones en conferencia con la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia de la Cámara de Senadores, e invite a participar a las 32 Comisiones Legislativas de los Congresos Locales destinadas a atender la agenda de niñez y adolescencia, y a las autoridades del gobierno federal responsables del tema, con el objetivo de generar una agenda de trabajos legislativos y foros que atienda la problemática de este sector, conforme a los siguientes:

Considerandos

Primera.- La agenda de niñez y adolescencia, en todo nuestro país es importante porque busca garantizar el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, y para ello es necesario conocer las necesidades y problemáticas que existen en cada parte del país.

Es necesario escuchar a cada estado de la República, en la vía de la realización de una agenda que establezca acciones, foros y trabajos parlamentarios conjuntos, en ámbitos como la salud, la educación, la protección y la erradicación de la violencia:

Existen diversos temas que es muy necesario conocer cómo los están trabajando en los 32 Congresos por citar algunos:

• Promover la lactancia materna exclusiva

• Desarrollar políticas de salud pública para reducir la desnutrición

• Implementar programas para promover el consumo de alimentos sanos

• Fortalecer políticas para entornos escolares saludables

• Garantizar que todos los niños, niñas y adolescentes vayan a la escuela

• Poner fin a la violencia contra la niñez y la adolescencia

• Garantizar la protección y el acceso a derechos para los niños, niñas y adolescentes migrantes

El cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes es esencial para su desarrollo integral y para lograr una sociedad más pacífica, respetuosa y comprensiva.1

Segunda.- Fue en 2012 cuando les dieron un lugar en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), en el Anexo Transversal 18, denominado “Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes”.

Sin embargo, hasta ahora no se ha logrado un sistema de seguimiento y evaluación para medir su cumplimiento y garantizar los derechos de la niñez. En 2022, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó la respectiva metodología, pero ésta solo orienta, no mandata. Este sería uno de los temas que se debe trabajar en conjunto con las 32 comisiones legislativas locales y el gobierno federal con la finalidad de ver sí está siendo efectivo el uso de los recursos.

Tercera.- Por otra parte, cabe rememorar que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) surgió en 2014. Establece un nuevo canon para garantizar sus derechos. De este marco jurídico emana el Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Pronapinna).

Así, actualmente, para garantizar los derechos de la niñez y adolescencia se tienen dos instrumentos transversales: el Anexo 18 del PEF y el Pronapinna, aunque persiste una problemática que afecta a la niñez: el primero no tiene correspondencia con los propósitos, objetivos, estrategias y acciones del citado programa. El contenido de este Anexo 18, es muy complejo en cuanto a su estructuración, y su composición, con lo que al realizar una agenda coordinada será posible realizar capacitaciones tanto en la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia de la honorable Cámara de Diputados, como en las 32 comisiones legislativas de los Congresos locales dedicadas a este tema.

Cuarta.- Es preciso mencionar que casi todos los anexos transversales del PEF están asociados a una estrategia nacional o a un programa especial. Además, los anexos transversales están incorporados a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Este trabajo parlamentario se presenta con la finalidad de hacer una propuesta para que sea posible trabajar de forma coordinada con los Congresos locales y el gobierno federal y así, tener la generación de diversos trabajos y foros en favor de la niñez y la adolescencia.

Quinto.- La capacitación y trabajo en conjunto, permitirá a las y los legisladores federales y locales conocer el contenido del Anexo 18 del Presupuesto de Egresos de la Federación; permitirá dar conocer a detalle los factores, variables y fórmulas empleadas para estimar, identificar y consignar el monto de los recursos públicos designados a cada programa federal. Al concretar esta importante labor, se garantizarán los derechos de niños, niñas y adolescentes, y poner un especial énfasis en la primera infancia (menores de 6 años).

Sexto.- En esta propuesta se establece como un punto clave la correspondencia entre el Anexo 18 del PEF y el Pronapinna, y al trabajar en conjunto los Congresos locales, el gobierno federal y la Cámara de Diputados, vía la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia este programa (y los programas estatales) serán más eficientes en su operación.

Séptimo.- La población infantil y adolescente en México representa una parte significativa del país, y sus necesidades en salud, educación, protección y desarrollo deben ser una prioridad en la asignación de recursos públicos. Sin embargo, los recursos destinados a la niñez y adolescencia a través del Anexo Transversal de Niñez y Adolescencia suelen ser insuficientes y su distribución es muy difícil de entender. Además, hace falta un monitoreo efectivo que permita asegurar el impacto positivo de estos recursos en la calidad de vida de los menores. La agenda propuesta sin duda colaborará directamente a este fin.

Octavo.- En agosto de 2022, la SHCP presentó la metodología para calcular los recursos asignados a los programas presupuestarios del Anexo 18 del Presupuesto de Egresos de la Federación. En esa metodología se indica que el Anexo 18 se tiene que vincular a los objetivos, estrategias y líneas de acción del Pronapinna.

Sin embargo, aunque la SHCP ya emitió los lineamientos para intentar cerrar la brecha (de origen) entre el Anexo 18 y el Pronapinna, el problema es que la metodología a nivel federal (en el PEF) y en el ámbito local, en los presupuestos de egresos de las entidades del país, no tomo en cuenta a los Congresos locales y a la honorable Cámara de Diputados, concretando la agenda propuesta será posible logra cambios efectivos y beneficiosos para la niñez y adolescencia en México.

Octavo.- Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en México 52.6 por ciento de la población menor de 18 años vive en situación de pobreza. Y que 10.6 por ciento de niñas, niños y adolescentes sobreviven en pobreza extrema, concentrándose más esta problemática en la región sureste de la República. Por otro lado, existen diversas carencias que experimenta la niñez y adolescencia al no tener acceso a servicios de salud, educación, vivienda y alimentación, entre otras. La falta de acceso a la seguridad social es lo que más los afecta. De acuerdo con la Medición Multidimensional de la Pobreza elaborada por el Coneval, en 2020, 58 por ciento de personas menores de 18 años tenía carencias por acceso a la seguridad social, seguido por acceso a los servicios de salud y la carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad (27.5 y 26.3 por ciento respectivamente).

Por lo anterior, es vital optimizar los recursos del Anexo 18 del PEF, y sin duda la agenda propuesta será vital para lograrlo.

Noveno.- En la metodología diseñada por la SHCP, incluso se destaca la ponderación de los recursos presupuestarios del Anexo 18, por rangos de edad. Una vez establecido el monto específico del programa presupuestario que se destinará a este propósito, es necesario distribuirlos por grupo etario, o rangos de edad; esto es, primera infancia de 0 a 5 años, niñez de 6 a 11 años y adolescencia de 12 a 17 años. Para su cálculo existen métodos para estimar la proporción de recursos que se les asignan.

La metodología de la SHCP se resume en cuatro puntos:

1. Identificar si el programa presupuestario incluye elementos o acciones que contribuyen a garantizar alguno de los derechos considerados en el Pronapinna 2021-2024.

2. Vincular los programas presupuestarios a los objetivos prioritarios del Pronapinna 2021-2024.

3. Calcular qué proporción del gasto de los programas identificados se destina a los derechos de la infancia y la adolescencia.

4. Del resultado obtenido, establecer la ponderación del gasto a fin de distribuir los recursos por grupo etario.

Con la agenda propuesta se pueden generar datos muy importantes para beneficiar a las niñas, niños y adolescentes de todo el país.

Décimo.- Con este trabajo parlamentario se busca asegurar que el Anexo Transversal de Niñez y Adolescencia no sea solo una herramienta administrativa, sino un mecanismo de política pública efectivo que garantice recursos suficientes, su uso transparente y el monitoreo constante de los resultados en la población infantil y adolescente. Esta iniciativa refleja el compromiso del Congreso con el bienestar y desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes en México. Sin recursos claros y transparentes, las leyes, las políticas públicas y las estrategias, por más buenas que sean, no pasarán de ser sólo buenas intenciones. Si no se invierte en la niñez lo único que se conseguirá es perpetuar el ciclo de desigualdades en educación, salud, nutrición

Como lo apoyan estos razonamientos, resulta urgente que impulsemos esta agenda especial de trabajos en conferencia de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia de la honorable Cámara de Diputados, las 32 comisiones legislativas de los Congresos locales destinadas al tema de la atención de la Agenda de Niñez y Adolescencia, y el gobierno federal, y por ello, invitamos a todos los grupos parlamentarios a sumarse a este esfuerzo.

Por ello someto a la consideración, para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación del presente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta de manera respetuosa a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia de la honorable Cámara de Diputados, para que realice reuniones en conferencia con la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia de la Cámara de Senadores, e invite a participar a las 32 comisiones legislativas de los Congresos locales destinadas a atender la agenda de niñez y adolescencia, y a las autoridades del gobierno federal responsables del tema, con el objetivo de generar una agenda de trabajos legislativos y foros que atienda la problemática de este sector.

Notas:

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

2. Ley General de Salud: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGS.pdf

3. Ley General de los Derechos de Niñas, Niños Y Adolescentes:
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA.pdf

4. UNICEF México: https://www.unicef.org/mexico/media/306/file/
agenda%20de%20la%20infancia%20y%20la%20adolescencia%202019-2024.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de noviembre de 2024.

Diputada Elizabeth Martínez Álvarez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Auditoría Superior de Baja California a practicar una auditoría de la gestión financiera durante el ejercicio fiscal en curso al ISSSTECALI considerando los riesgos actuales de este instituto, a cargo de la diputada Eva María Vásquez Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Eva María Vásquez Hernández, y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior del Estado de Baja California, para que practique una auditoría de la gestión financiera durante el ejercicio fiscal en curso al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI) considerando los riesgos actuales de la situación financiera de este instituto, así como a las personas titulares del gobierno del estado de Baja California, la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, consideren los hallazgos y recomendaciones derivados de los dictámenes de las auditorías practicadas, a efecto de contar con información completa y actualizada para llevar a cabo una reforma transparente, antes de una reforma, con la información buscar soluciones donde en primera instancia se castigue a los responsables y el remanente buscar un rescate financiero si fuera necesario, y se generen propuestas sin modificar la ley o perjudicar a los trabajadores y pensionados, justa y respetuosa de los derechos laborales de las y los trabajadores de este instituto, lo anterior de acuerdo a lo siguiente:

Planteamiento del Problema

La posible reforma al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI) ha generado preocupación entre los trabajadores de la entidad, especialmente los burócratas y el magisterio, quienes temen que las modificaciones a este sistema pongan en riesgo sus derechos laborales y afecten gravemente su bienestar. Las reformas impulsadas por el gobierno del estado no han sido suficientemente transparentes ni claras en cuanto a su impacto en los trabajadores, y muchos temen que estos cambios se realicen sin la debida auditoría financiera que permita asegurar la estabilidad y el fortalecimiento del sistema.

Situación actual del ISSSTECALI y la necesidad de una auditoría

El ISSSTECALI ha jugado un papel fundamental en la seguridad social de las y los trabajadores del estado de Baja California, por lo que cualquier cambio en su estructura debe basarse en una auditoría financiera exhaustiva y transparente que conozcan la información los activos y pensionados y después de ello buscar soluciones considerando no disminuir ningún derecho o afectar derechos. Los trabajadores han exigido que antes de tomar cualquier decisión sobre reformas, se garantice que los recursos sean bien administrados, evitando así posibles desvíos financieros que afecten sus derechos.

Se manifestaron trabajadores y trabajadoras del sindicato de burócratas de los siete municipios de Baja California en el centro cívico en Mexicali, externando su desaprobación a la reforma al ISSSTECALI que se quiere implementar en el estado. En las distintas manifestaciones se han expresado personal de la base de burocracia y magisterio, tanto activos como pensionados, incluso existen muchas expresiones y movilizaciones realizadas sin gestión o intervención de los lideres sindicales de ambos sectores

Desde el mes de _____ se han realizado varias movilizaciones, entre ellas se han pegado mantas, cartelones y lonas en las oficinas de gobierno de todos los municipios, se han manifestado expresiones de magisterio y burocracia en el congreso del estado, ante la oficina de la gobernadora del estado. Se presentó un juicio político vs los exdirectores de ISSSTECALI, recientemente se presentó una iniciativa ciudadana para que gente de burocracia magisterio pudieran tener acceso a las mesas de trabajo ante el Congreso y detener un albazo de una reforma consensada entre los líderes de los sindicatos y el Ejecutivo del estado, se presentó un amparo vs el Plan de Desarrollo Institucional de ISSSTECALI 2022-2027, por parte del movimiento Unidos por la Defensa de ISSSTECALI; Se desencadenó por redes sociales una crítica fuerte por la opacidad y falta de información de los titulares sindicales de la burocracia y el magisterio, generando presión y crítica al actuar de dichos liderazgos, lo que provocó que a las 8 de la mañana del día _____ de noviembre de 2024, las y los manifestantes se dieron cita en la explanada de los tres poderes, abarcando las entradas del Poder Ejecutivo, el Congreso del Estado, el Poder Judicial y el ayuntamiento de Mexicali; argumentando que, antes de pensar en hacer una reforma al ISSSTECALI, primero se tiene que realizar una auditoría de fondo, así como buscar otras alternativas para hacerle frente al déficit de recurso que presenta la instancia médica.

Se exigió por el sindicato y delegados de burócratas de Baja California, la realización de la auditoría de la institución, además de comentar que se desconoce hasta el momento cuál empresa está llevando a cabo la auditoría.

“Estamos exigiendo la participación dentro de la auditoría. Desconozco la empresa que lo está llevando a cabo, dicen que ya inició la auditoría, necesitamos saber quién la está haciendo y necesitamos estar presentes ahí.”

El representante de los burócratas en el estado habló sobre un posible boicot en contra de la manifestación que se llevó a cabo, debido a que, durante su traslado de Tijuana hacia Mexicali, solamente una de las casetas del poblado de la Rumorosa se encontraba abierta, situación que causó extrañeza entre los manifestantes, ya que en muchas ocasiones son varias las casetas de cambio las que están habilitadas para el flujo vehicular. “Se me hace muy curioso que el día de hoy una sola caseta en la Rumorosa está funcionando, cuando siempre operan varias casetas. Me queda claro que esto lleva mensaje.”

Recomendamos que las consignas sean señaladas en lo general y no se le atribuyan a un líder en especifico para no generar cuestionamientos, por ejemplo, Selene es criticada por la base por apoyar a la gobernadora y haber sido candidata en la reciente elección municipal por el partido verde donde se evidencio que trabajó a favor de la gobernadora.

“Que no afecte nuestros derechos” fue el mensaje que emitió la Secretaria General del Sindicato de Burócratas de Mexicali, Selene Cota, además de mencionar que las y los trabajadores seguirán firmes con su postura ante una posible reforma al ISSSTECALI para no afectar a las y los pensionados y jubilados.

Fue el pasado 16 de octubre de 2024 cuando la Gobernadora de Baja

California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, durante su mañanera realizada en Mexicali, mencionó que son los propios pensionados y jubilados los que quieren ser parte de la reforma al ISSSTECALI.

“Los queremos mucho a mis jubilados, les agradezco mucho que me manifiesten su apoyo; me los encuentro, me han mandado mensajes, me buscan a través de compañeras y compañeros, todos me dicen, sí queremos una reforma, queremos ser parte de la reforma, queremos apoyar.”

Por su parte, el Secretario de Hacienda, Marco Antonio Moreno Mexía, en esa misma mañanera habló de que la reforma que se está planteando realizar se tuvo que haber hecho desde hace 20 años, por el simple hecho de que el sistema de pensiones está actualmente colapsado, y lo que se está planteando es tener un esquema de pensiones sostenible con el paso de los años.

Finalmente, las y los manifestantes burócratas sostuvieron que las autoridades solo argumentan lo que ya se sabe que ISSSTECALI es insostenible, pero su postura es clara: primero trabajar en una auditoría interna para la instancia médica y luego se habla de una reforma.

Propuesta de acción

Por lo anterior, se considera necesario que el gobierno del estado de Baja California, en conjunto con las autoridades correspondientes, lleve a cabo una auditoría financiera rigurosa al ISSSTECALI para revisar sus estados financieros y garantizar que cualquier reforma sea implementada sobre una base sólida, clara y transparente.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Auditoría Superior del Estado de Baja California para que practique una auditoría de la gestión financiera durante el ejercicio fiscal en curso al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI), considerando los riesgos actuales de la situación financiera de este Instituto.

Segundo . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a las personas titulares del gobierno del estado de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda; de la Secretaría de Hacienda del Estado, Marco Antonio Moreno Mexía; y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado, Alejandro Arreguí Ibarra, para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, consideren los hallazgos y recomendaciones derivados de los dictámenes de las auditorías practicadas por la Auditoría Superior del Estado de Baja California al ISSSTECALI, a efecto de contar con información completa y actualizada para llevar a cabo una reforma transparente, justa y respetuosa de los derechos laborales de las y los trabajadores de este Instituto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de noviembre de 2024.

Diputada Eva María Vásquez Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la FGR a acelerar la investigación del robo de minerales a la mina Peñasquito, ocurrido el pasado 31 de octubre en la carretera federal Zacatecas-Saltillo, a efecto de esclarecer dicho delito ante las repercusiones que tiene para la seguridad pública de todos los ciudadanos que radican y transitan por esa zona, a cargo de la diputada Noemí Berenice Luna Ayala, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada federal Noemí Berenice Luna Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La inseguridad que vive nuestro país es inaudita, entre muertos, desaparecidos, desplazados, robos carreteros, secuestros y extorsiones a las y los ciudadanos, nos sentimos sumamente inseguros en los lugares en donde vivimos, ya no importa la ciudad, la comunidad, estado o municipio en el que radicamos, la delincuencia rebasa por mucho a las autoridades.

Y una muestra de ello es lo acontecido en días pasados en el estado de Zacatecas en donde se cometió el robo del siglo, sí, el robo del siglo, el robo de más de 200 toneladas de minerales en el municipio de Mazapil, Zacatecas, a la altura de la comunidad San Tiburcio.

Lamentablemente, el accionar del gobierno estatal zacatecano en contra del combate a la delincuencia organizada no existe, y lo que más sorprende es su incapacidad de salvaguardar la seguridad a pesar del apoyo que se le ha brindado por parte de los más de 1000 nuevos elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano que llegaron en mayo de este año, además de los elementos de la Marina Armada de México y la Guardia Nacional destacamentados en el estado y que no han dado resultados reales ante los hechos delictivos.

Sin lugar a dudas, no han logrado establecer una estrategia eficaz que detenga a la delincuencia. Por ello, que es necesario cambiar el rumbo y la estrategia en materia de seguridad para lograr la paz y dar tranquilidad a las y los zacatecanos.

El estado de Zacatecas es minero por excelencia, líder mundial y primer lugar nacional en extracción de plata. Por ese motivo, este acontecimiento es un fuerte golpe a la economía no sólo de la empresa, también para el estado, porque la minería en Zacatecas genera 15 mil empleos directos y 75 mil indirectos aproximadamente, con una derrama económica de alrededor de 20 mil millones de pesos al año de producto interno bruto.

Sin embargo, este hecho no es el único, el 5 de octubre de 2023, un grupo de civiles armados irrumpió en las instalaciones de la mina “La Colorada”, propiedad de la empresa Pan American Silver Corporation, y sustrajo dos camiones cargados con concentrado de mineral.

Las carreteras en México y las colindantes con Zacatecas actualmente son de las más peligrosas e inseguras, siendo una de las exigencias más sentidas de la ciudadanía y necesita ser atendida de manera urgente, eficiente y oportuna por el estado mexicano.

Aunado a lo anterior, periódico Excélsior indicó que;

Mazapil, Zac.— Un comando armado robó seis contenedores que transportaban oro, plata, zinc y cobre extraídos de un complejo minero perteneciente a la trasnacional Newmont, en el municipio de Mazapil, al norte del estado que colinda con Coahuila.

Dos tráileres que cargaban seis góndolas, en cuyo interior habías 200 toneladas de dichos metales y dos autos compactos salieron de Peñasquito, en el municipio de Mazapil, Zacatecas, y una hora después, a la altura de la carretera Zacatecas-Saltillo, a la altura de la comunidad de San Tiburcio, fueron asaltados.

Hombres armados lograron que se detuviera el convoy y sometieron a los choferes de los dos tráileres y de los dos autos compactos.

Los contenedores que transportaban el concentrado de minerales, superior a las 200 toneladas fueron enganchados a otros vehículos de carga para evitar que fueran ubicados a través de los sistemas de geolocalización.

Los conductores de los tractocamiones fueron abandonados en la carretera y luego ubicados por las autoridades sin que se reportaran lesionados.

Se pudieron recuperar los tractocamiones, con los operadores y los dos conductores que iban a bordo de dos vehículos compactos, que eran la seguridad privada de las góndolas”, dijo Juan Manríquez, coordinador de la Guardia Nacional en Zacatecas.

Pero no pudimos recuperar las góndolas porque al parecer hubo otros tractocamiones que pudieron engancharlas y pudieron sustraerlas del área”, dijo.

Ante ello se implementó un operativo. Se teme que los materiales hayan salido del país.1

Todo esto nos conduce a examinar detenidamente que los sistemas policiales que se están implementando en el actual gobierno no son eficientes ni mucho menos suficientes, poniendo énfasis a la seguridad que viven las y los ciudadanos, y no solo esto ocurre en Zacatecas, esto lo está padeciendo todo el país.

Es en este contexto, el Estado debe brindar una seguridad pública efectiva, eficiente e integral, garantizado el bienestar para las y los ciudadanos, no se puede olvidar que la seguridad ciudadana es un bien público y conlleva a la defensa efectiva de los derechos humanos. No podemos caer en los mismos actos de inseguridad y el mal manejo de esta.

En 2022, las instituciones de seguridad pública estatal reportaron 280 tomas de casetas de peaje, 1,229 obstrucciones de carreteras y 1,885 probables robos y asaltos en carreteras y puentes de jurisdicción estatal. En contraste con 2021, la cantidad de probables robos y asaltos reportados aumentó 11.9 por ciento.2

De acuerdo al periódico la Jornada:

El contenido de concentrados minerales de las seis góndolas que fueron robados el pasado jueves a la minera Peñasquito tendría un costo aproximado de 42 millones de pesos (7 millones de pesos por cada una), según el cálculo hecho dentro del corporativo.

La cifra fue dada a conocer a este diario por un empleado de la trasnacional estadunidense Newmont, quien solicitó el anonimato. La compañía hasta ayer no había fijado una postura oficial sobre el asalto al convoy de camiones de carga que trasportaban dichos materiales en la autopista Zacatecas-Saltillo, a la altura de la comunidad San Tiburcio.

Mientras, la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas (SSPZ), a cargo del general Arturo Medina Mayoral, no ha podido localizar los seis remolques que se llevaron presuntos integrantes de la delincuencia organizada.

Incluso, fuentes policiales consideran que por el tiempo transcurrido, las concentraciones de oro, plata, plomo y zinc que fueron sustraídas hace seis días podrían ya no encontrarse en territorio estatal.

Al respecto, en entrevista con La Jornada, la diputada priísta Guadalupe Isidora Santibáñez, presidenta de la comisión de Seguridad Pública de la 65 Legislatura local, señaló que, en octubre pasado, cuando el general Medina Mayoral compareció ante el pleno, uno de los principales cuestionamientos que yo le hice fue la inseguridad que tenemos en las carreteras.

Recalcó que precisamente el descuido en ellas permite este tipo de situaciones, porque (los delincuentes) tuvieron todavía el tiempo de desprender los remolques de los camiones, de cambiar todo, para que no los detectaran los chips de seguridad o de geolocalización, lo cual quiere decir que cometer este atraco llevó varias horas.3

La delincuencia en carreteras es un grave contrapeso para la seguridad y la economía del país, provocando pérdidas de mercancía, afectaciones en las cadenas de suministro, afecta el derecho al libre tránsito, la seguridad, y el libre esparcimiento.

Si bien es cierto, son diversos los actores que conforman los mandos de seguridad, se considera pertinente asumir acciones conjuntas y decisivas ante la visible falta de acción por parte del Estado. Es un hecho que la inseguridad en las carreteras se le atribuye al mal manejo del gobierno, pero sin duda, es de gran importancia exhortar a las diferentes instancias públicas para el actuar, es tan solo el comienzo de una nueva era que habremos de legislar en torno a los problemas que diariamente se presentan en el país en materia de seguridad y la salvaguarda de la ciudadanía.

Ante ello, es indispensable que las autoridades responsables de atender y perseguir los delitos que se cometen a diario en todo el territorio nacional, como son la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, mantengan estrecha coordinación con las autoridades de las entidades federativas para esclarecer y evitar la comisión de los hechos delictivos que a diario se presentan, como lo fue en este caso, el robo de minerales ocurrido en el estado de Zacatecas,

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración en esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al titular de la Fiscalía General de la República a que, en el uso de sus facultades, atraiga y acelere la investigación del robo de minerales a la mina “Peñasquito”, ocurrido el pasado 31 de octubre en la carretera federal Zacatecas-Saltillo, y realice las acciones de coordinación necesarias con la Guardia Nacional y la Fiscalía del Estado de Zacatecas, a efecto de esclarecer dicho delito, ante las repercusiones que dicho acto tiene para la seguridad pública de todos los ciudadanos que radican y transitan por esa zona, y para la economía nacional y estatal.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a los titulares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Guardia Nacional a reforzar la seguridad en las carreteras federales del país, y a coordinarse con el gobierno del estado de Zacatecas para diseñar una nueva estrategia de seguridad e inteligencia para el combate a los delitos de alto impacto en dicho estado y los estados colindantes.

Notas:

1 https://www.excelsior.com.mx/nacional/atracan-200-toneladas-de-oro-plat a-y-cobre/1682907?amp

2 https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=8470

3 https://www.jornada.com.mx/noticia/2024/11/06/estados/calculan-en-42-mi llones-el-costo-de-los-minerales-robados-a-penasquito-5627

Dado en el Palacio Legislativo, a 12 de noviembre del 2024

Diputada Noemí Berenice Luna Ayala (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal y a las autoridades correspondientes a restituir la sede del Tribunal Agrario en el estado de Aguascalientes, para garantizar el acceso a la justicia agraria y proteger los derechos de los campesinos, a cargo del diputado Paulo Gonzalo Martínez López, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Paulo Gonzalo Martínez López, integrante del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y conforme a los artículos 79 y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de este pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a las autoridades correspondientes a la reapertura de la sede del Tribunal Agrario en el estado de Aguascalientes, para garantizar el acceso a la justicia agraria y proteger los derechos de los campesinos; y suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Primero. La sede del Tribunal Agrario en Aguascalientes fue cerrada hace al menos cinco meses como parte de una política federal de centralización de los procesos agrarios en la sede de Zacatecas. Esta decisión ha afectado gravemente a cientos de campesinos en el estado, quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad al no poder acceder a la justicia agraria de manera adecuada.

Segundo. El traslado obligatorio a Zacatecas para resolver disputas agrarias impone a los campesinos de Aguascalientes un alto costo económico y representa un riesgo a su seguridad debido a la creciente violencia en la región. Esto ha dejado a muchos campesinos sin posibilidades de resolver conflictos esenciales relacionados con la posesión y distribución de tierras, así como la asignación de propiedades entre familiares.

Tercero. Casos críticos, como el de los campesinos afectados por la construcción de la presa Calles, que llevan años esperando indemnización por la pérdida de sus tierras, siguen sin resolverse. El cierre del Tribunal Agrario en Aguascalientes solo ha agravado la situación, retrasando aún más la resolución de estos conflictos.

Cuarto. La Procuraduría Agraria, responsable de representar a los campesinos en estos litigios, no cuenta con los recursos necesarios para cubrir los gastos de viáticos ni para enviar abogados a Zacatecas, lo que deja a los campesinos sin representación legal efectiva.

Quinto. El acceso a la justicia es un derecho fundamental consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la falta de una sede del Tribunal Agrario en Aguascalientes vulnera este derecho, afectando a cientos de campesinos que dependen de una resolución rápida y justa de sus conflictos agrarios.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de la honorable Comisión Permanente la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Tribunal Superior Agrario para que modifique el Acuerdo General 5/2024 que emite el pleno del honorable Tribunal Superior Agrario, por el que se modifica la competencia territorial del Tribunal Unitario Agrario Distrito 1 con sede en la ciudad de Guadalupe, estado de Zacatecas, y el término en sus funciones del diverso 1A, con sede en Aguascalientes, estado Aguascalientes, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de mayo de 2024, con el objetivo de que se restituya la operación del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 1A, con sede en la Ciudad de Aguascalientes, estado de Aguascalientes.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para que destine los recursos suficientes a la Procuraduría Agraria a efecto de que los campesinos cuenten con la representación legal adecuada en sus conflictos y en su caso, se instale una oficina de atención agraria en el estado de Aguascalientes para recibir y dar seguimiento a los dichos conflictos, en tanto se lleva a cabo la reapertura de la sede del Tribunal Agrario, permitiendo así que los campesinos y productores de la entidad puedan acceder a la justicia agraria sin que deban trasladarse a otra entidad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de noviembre de 2024

Diputado Paulo Gonzalo Martínez López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a las autoridades competentes a revocar o retirar la Declaratoria de Necesidad Pública del servicio de transporte colectivo en el tramo Apizaco-Tlaxcala, publicada por el gobierno de Tlaxcala el 20 de septiembre de 2024, suscrita por las diputadas Blanca Leticia Gutiérrez Garza, Mariana Guadalupe Jiménez Zamora y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Las suscritas, diputada federal Blanca Leticia Gutiérrez Garza, Mariana Guadalupe Jimenez Zamora y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, someten a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, cuyo propósito es exhortar a las autoridades competentes a revocar o retirar la Declaratoria de Necesidad Pública del servicio de transporte colectivo en el tramo Apizaco–Tlaxcala, publicada por el gobierno del estado de Tlaxcala el 20 de septiembre de 2024, debido a posibles violaciones de competencia y normatividad federal que afectan la seguridad y el bienestar de la población.

Consideraciones

La Declaratoria de Necesidad Pública para el servicio de transporte colectivo en el tramo Apizaco–Tlaxcala, emitida por el gobierno del estado de Tlaxcala y publicada en el Periódico Oficial del Estado el 20 de septiembre de 2024, establece la intención de garantizar un servicio de transporte que responda a las necesidades de movilidad de los habitantes. Si bien el objetivo declarado es facilitar el acceso a un sistema de transporte accesible y eficiente, esta medida no contribuye de manera efectiva a resolver los problemas estructurales de movilidad en la región y, en cambio, plantea una serie de conflictos e implicaciones de orden constitucional y de competencia que deben analizarse a fondo.

En primer lugar, esta declaratoria incluye rutas de jurisdicción federal (carreteras 117D y 136), lo que implica una intervención estatal en un ámbito que, conforme a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, corresponde exclusivamente a la autoridad federal. La ausencia de un convenio formal con la federación para la gestión de transporte en carreteras federales cuestiona la validez de la medida y genera incertidumbre sobre los derechos y obligaciones de los concesionarios que pudieran participar en el servicio, poniendo en riesgo su seguridad jurídica.

Aspectos generales

Esta declaratoria supone una intervención en un sector que hasta ahora ha sido gestionado mayormente por concesionarios privados, quienes han contribuido a un mercado de transporte competitivo. Al designar el servicio como una necesidad pública y establecer itinerarios fijos, el gobierno estatal impone restricciones que limitan la flexibilidad de los operadores para adaptarse a la demanda y desincentivan la inversión en mejoras, con lo cual se reduce la calidad y eficiencia del servicio. Esto podría afectar de manera negativa a los usuarios, al reducir las opciones de movilidad y restringir el acceso a un servicio diverso y competitivo.

Además, la declaratoria carece de un análisis exhaustivo que justifique su implementación desde el punto de vista de la demanda. No se especifican datos de estudios técnicos ni de viabilidad que sustenten que esta medida sea la mejor respuesta a las necesidades de transporte en el tramo Apizaco–Tlaxcala. Alternativas menos restrictivas, como la apertura a diversos operadores privados, podrían brindar una respuesta más eficiente, permitiendo que el mercado se regule conforme a las necesidades reales de la población sin necesidad de imponer limitaciones.

De la legitimidad de la declaratoria

La convocatoria para el servicio de transporte colectivo en el tramo Apizaco–Tlaxcala constituye una posible invasión de competencias, al incluir tramos de carreteras federales (rutas 117D y 136) en su plan de ruta. De acuerdo con la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal (artículos 1, 5 y 8, fracción I) y la Ley de Vías Generales de Comunicación (artículos 3, fracción VI; 8; 49 y 50), es competencia exclusiva de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte otorgar permisos de transporte en vías de jurisdicción federal. La falta de un convenio o autorización específica de la SCT para la operación en este tramo genera un conflicto de facultades y podría resultar en la nulidad de los permisos estatales emitidos bajo esta declaratoria.

De la conectividad y la seguridad

La declaratoria, además, establece el uso de vehículos tipo midibús, lo cual contraviene el “acuerdo por el que se prohíbe la circulación de vehículos tipo minibús, microbús o combi destinados a la prestación de servicios públicos de autotransporte en carreteras federales de cuota y de cuatro carriles”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de septiembre de 1991. Este acuerdo busca garantizar la seguridad de los pasajeros al restringir el uso de vehículos que no cumplan con las especificaciones técnicas necesarias para circular en vías de alta velocidad.

Conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública del estado de Tlaxcala (artículo 49), la Secretaría de Movilidad y Transporte del estado debe seguir los criterios de seguridad y normatividad federal en sus proyectos de transporte. Sin embargo, la inclusión de midibuses en este tramo federal no se apega al Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal, el cual establece que solo autobuses con capacidad para más de 30 pasajeros pueden operar en estas vías. Los midibuses, al tener una capacidad máxima de 30 pasajeros, no cumplen con este requisito, lo que expone a los usuarios a riesgos significativos en su seguridad.

De la improcedencia de la declaratoria

El acto emitido por el gobierno del estado de Tlaxcala no cumple con las normativas vigentes y, además de invadir competencias, podría resultar improcedente al no presentar un análisis detallado que justifique la necesidad de intervención estatal en el transporte de este tramo. La falta de precisión en la determinación de puntos de ascenso y descenso y la omisión de un estudio de viabilidad y demanda generan confusión sobre el alcance real de la declaratoria, desalentando la participación de operadores privados.

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la persona titular del Poder Ejecutivo del estado de Tlaxcala y de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, procedan con la revocación o retiro de la Declaratoria de Necesidad Pública del servicio de transporte colectivo en el tramo Apizaco–Tlaxcala, publicada en el Periódico Oficial del estado de Tlaxcala el 20 de septiembre de 2024, debido a que esta declaratoria, al incluir tramos de jurisdicción federal sin un acuerdo previo con la autoridad competente, presenta posibles violaciones de competencias y de normatividad federal que no solo contravienen la legislación, sino que también podrían afectar la seguridad y bienestar de la población usuaria.

Segundo . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la persona titular del Poder Ejecutivo del estado de Tlaxcala, para que lleve a cabo un análisis exhaustivo y conforme a derecho que permita evaluar alternativas viables que respondan adecuadamente a las necesidades de movilidad de la ciudadanía tlaxcalteca, asegurando que toda medida tomada en este sentido respete las facultades establecidas en la legislación vigente, así como los principios de competencia y seguridad que favorecen un desarrollo regional equitativo y eficiente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de noviembre de 2024.

Diputada Blanca Leticia Gutiérrez Garza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SICT a considerar la asignación de recursos necesarios para la realización de labores de reencarpetado, reparación y mantenimiento de la carretera federal 80 en el estado de Jalisco, a cargo del diputado José Mario Íñiguez Franco, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado José Mario Iñiguez Franco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, fracción XX; 6, fracción I, numeral 1; 62 y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a efecto de que considere la asignación de recursos necesarios para la realización de labores de reencarpetado, reparación y mantenimiento de la Carretera Federal 80 en el estado de Jalisco, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Las vías de comunicación son parte esencial de las comunidades porque de ellas se facilita el intercambio comercial, cultural y social, promoviendo el desarrollo de la región. El estado de Jalisco cuenta con una amplia red de carreteras federales que conectan con diversas entidades, estas atraviesan numerosos municipios, economías locales que en ellas fluyen diariamente el transporte de carga, así como, el transporte local.

En los últimos años, el presupuesto para la construcción y mantenimiento de diversas carreteras federales en la entidad no han sido suficientes y en el peor de los casos los recursos ya asignados han sido destinados a otros proyectos; la falta de reparación y reencarpetamiento ha propiciado que diversos tramos carreteros se encuentren en pésimas condiciones volviéndose sumamente peligrosos.

El objetivo del presente exhorto es solicitar se atienda de manera urgente la reparación de la Carretera Federal 80 en el estado de Jalisco, derivado de las malas condiciones en que se encuentra y que, por falta de atención, se han generado accidentes lamentables donde diversos ciudadanos han perdido la vida.

Cientos de ciudadanos viven en zonas rurales y no cuentan con los recursos para pagar por transitar y pagar el peaje de una carretera federal y si lo hacen, es por necesidad, quienes desembolsan de sus escasos recursos para poder transitar arriesgando sus vidas.

Esta carretera es considerada una de las más peligrosas del estado de Jalisco, tan solo en 2019, en solo 6 meses cobró la vida de 9 personas, dejando 108 personas lesionadas, asimismo, tan solo en los primeros meses del 2024, esta zona cobró la vida de 10 personas. Diversos datos afirman que al menos se registra un accidente diario en esta carretera.

La condición en que se encuentra actualmente la Carretera Federal 80, afecta por lo menos a 19 municipios, quienes han tenido que hacer frente con sus propios recursos a los grandes baches y tramos intransitables, aun cuando no les corresponde. Los habitantes de las diversas comunidades que atraviesan esta carretera se han unido para que a través de sus propios medios puedan tapar los enormes baches o tramos que ya ni se encuentran asfaltados, lo que ha ocasionado pérdidas materiales cuantiosas.

Retomando un compromiso de campaña, la entonces candidata y ahora presidenta de la República, prometió rehabilitar la Carretera Federal 80, diversos medios periodísticos señalan que, en su visita en abril del 2024 a Autlán, Jalisco,1 prometió contemplar la rehabilitación de esta importante vía de comunicación, por lo que exhortamos a que en este presupuesto 2025 sea contemplada esta carretera y no solo quede en una promesa, por lo tanto solicitamos se atienda prioritariamente los municipios que comprenden el Distrito 3.

Las malas condiciones ya existentes, así como las fuertes lluvias, han originado que tramos de esta carretera hayan colapsado, lo que ha dejado incomunicadas a comunidades de la región que deben tomar caminos poco transitables e inseguros, lo que pone en riesgo sus vidas y sus pertenecias.

El transporte de carga que transita por esta carretera ha tenido que sortear las malas condiciones en las que se encuentran, asumiendo ellos mismos la descompostura de sus unidades, costos que van en aumento y que tienen que sacar de sus propios bolsillos, lo que afecta directamente su economía, los daños que presentan van desde neumáticos, ejes, suspensión, entre otros.

Para los usuarios de las carreteras federales, hacen que tengan que transitarlas a baja velocidad o definitivamente, detenerse para no caer en los enormes baches, lo que, a su vez, los deja a merced de la delincuencia quienes aprovechan estas paradas obligadas para atacar y robar las mercancías o los automóviles que transitan en esa zona.

De acuerdo con el portal del gobierno federal: Las carreteras federales son caminos que atiende y conserva el gobierno federal a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

La Red Nacional de Carreteras determina que en nuestro país existen 51,339 km-Carreteras federales. La mayor longitud de carreteras y caminos, por entidad federativa, corresponde en orden decreciente a: Chihuahua, Sonora, Veracruz, Jalisco, Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Durango Tamaulipas y Guerrero.2

En Jalisco existen 6,616 kilómetros de carreteras, de los cuales la mayoría (4,420.9) pertenecen a la red estatal. El resto son federales (2,196) y autopistas de cuota (599).3

De acuerdo con el periódico El Informador,4 “Se estima que para reparar el daño y modernizar algunos tramos de las carreteras federales en Jalisco se deben de etiquetar alrededor de 20 mil millones de pesos, lo cual incluiría ampliaciones y modernización, aunque si solo se conservan el gasto sería de alrededor de 8 mil millones de pesos”.

Explicó que se tiene preocupación por los recortes al presupuesto de 2 mil 471 millones de pesos al año en la infraestructura carretera, que aplicó el actual gobierno federal.5

El pasado 26 de agosto del 2024, el periódico El Universal en el artículo que escribe Salvador García Soto,6 señala que “Por órdenes de la Secretaría de Hacienda, el programa de mantenimiento y conservación de las carreteras federales se cancela para este año 2024”.

Lo grave es que “Eso significa que la red carretera de 42 mil kilómetros de vías libres de peaje en toda la República se quedará todo este año, el último del sexenio, sin las obras de señalización, reencarpetado, bacheo, barreras de protección, deshierbe, limpieza de cunetas y alcantarillado, barreras de protección y revisión de puentes, entre otras acciones de mantenimiento para las que ya no habrá recursos porque Hacienda decidió “reservar por causas de fuerza mayor” los 11 mil millones de pesos que el Congreso de la Unión autorizó para ese fin y que ahora serán reasignados a otros gastos y rubros del gobierno federal, sin que se informara del nuevo destino de esos recursos públicos”.

En fecha reciente, el actual gobernador se reunió con la presidenta de la República en donde abordaron el tema de la red carretera de la entidad, ante ello informaron que la mandataria respondió que se establecería una ruta de acción en conjunto con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para llevar a cabo estas labores, sin embargo, así han pasado otras administraciones y todo a quedado sin atender.

Sabemos que las promesas son letra muerta, si no hay recursos no hay acciones, por ello, es importante que estos se vean reflejados en el presupuesto del programa de mantenimiento y conservación de las carreteras federales.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a efecto de que considere la asignación de recursos necesarios para la realización de labores de reencarpetado, reparación y mantenimiento de la Carretera Federal 80 en el estado de Jalisco.

Notas:

1 Rodríguez, S. (2024, abril 04) Sheinbaum se compromete a rehabilitar la carretera federal 8. Letrafria. Recuperado de https://letrafria.com/sheinbaum-se-compromete-a-rehabilitar-la-carreter a-federal-80/

2 Gobierno de México (2023, diciembre 15) Red de Carreteras. Recuperado de https://www.gob.mx/imt/acciones-y-programas/red-nacional-de-caminos

3 Gobierno de Jalisco (2019-2024) Plan de Infraestructura Carretera 2019-2024. Infraestructura y Obra Pública. Recuperado de https://siop.jalisco.gob.mx/sites/siop.jalisco.gob.mx/files/plan-de-inf raestructura-carretera-2019-2024.pdf

4 Plan Informativo (2024, septiembre 13) Arreglarán ¡en 2025! carreteras federales. Recuperado de https://planoinformativo.com/1027322/arreglaran-en-2025-carreteras-fede rales-

5 Ibidem

6 García, S. (2024, febrero 15) Cancelan mantenimiento a carreteas federales. Periódico El Universal. Recuperado de https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/cancelan-ma ntenimiento-a-carreteras-federales/

Dado en el Palacio Legislativo, a 12 de noviembre de 2024

Diputado José Mario Iñiguez Franco (rúbrica)