Proposiciones

• Con punto de acuerdo, para exhortar a la SICT y a Capufe a rehabilitar la autopista 150D en el tramo afectado de la ruta Puebla-Orizaba, asegurando la liberación del tránsito vehicular a la brevedad posible, suscrita por los diputados Lorena Piñón Rivera y Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal, por conducto de la SHCP, a convocar a una convención nacional hacendaria para analizar, evaluar y proponer soluciones estructurales a las problemáticas fiscales, fomentando un federalismo fiscal equitativo, eficiente y sostenible, a cargo del diputado César Alejandro Domínguez Domínguez, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal para que, a través de la Sader, se tomen las medidas necesarias orientadas a instalar controles zoosanitarios a lo largo del territorio nacional para verificar exhaustivamente el ingreso, flujo y salida de ganado bovino, así como de sus insumos, a cargo de la diputada Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del PRI

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Con punto de acuerdo, para exhortar a la SICT y a Capufe a rehabilitar la autopista 150D en el tramo afectado de la ruta Puebla-Orizaba, asegurando la liberación del tránsito vehicular a la brevedad posible, suscrita por los diputados Lorena Piñón Rivera y Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, Rubén Ignacio Moreira Valdez y Lorena Piñón Rivera, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a escrutinio de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. El deslave ocurrido el pasado 25 de octubre de 2024 en el kilómetro 230 de la autopista 150D, conocido como “El Mirador”, generó la caída de más de 150,000 metros cúbicos de material, obstaculizando un tramo clave para el tránsito entre Puebla, Veracruz y el sureste de México. Este evento constituye no solo una afectación geológica y estructural de gran magnitud, sino un desafío de orden público que incide en la seguridad vial y la funcionalidad económica del país. La magnitud del derrumbe evidencia la necesidad de una infraestructura resiliente y planes de contingencia efectivos, conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que obliga al Estado a coordinar las actividades de interés público para garantizar el desarrollo nacional.

2. La autopista 150D es una de las vías más transitadas del país, movilizando diariamente alrededor de 30,000 vehículos, incluyendo transporte de mercancías, turismo y carga pesada. Esta vía es estratégica para la conectividad entre el centro y el sureste de México, impactando directamente el cumplimiento del derecho humano al transporte eficiente y seguro, reconocido implícitamente en los artículos 4o. y 11 constitucionales. Además, la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial establece en su artículo 3 que el transporte debe promover la sostenibilidad, seguridad y equidad, objetivos que se ven comprometidos por el cierre prolongado de este tramo carretero.

3. La obstrucción del tránsito no solo afecta a los viajeros, sino que también tiene repercusiones económicas severas en el sector del transporte y la logística.

El encarecimiento de mercancías, la interrupción del comercio y la pérdida de competitividad en mercados estratégicos se traducen en un deterioro económico regional, que vulnera los derechos sociales y económicos consagrados en el artículo 4 constitucional.

4. El cierre del tramo afectado ha provocado graves afectaciones económicas, logísticas y sociales, incluyendo:

• Retrasos en la cadena de suministro y distribución de productos perecederos. Esto infringe la obligación del Estado a reducir márgenes de desperdicio y garantizar el uso eficiente de los recursos en beneficio de la población.

• Incremento en los costos de transporte debido a rutas alternas más largas y en mal estado. Esto afecta no solo al comercio sino también a las condiciones de trabajo de los operadores de transporte, vulnerando el derecho a condiciones laborales seguras y equitativas, previsto en el artículo 123 constitucional.

• Saturación de carreteras alternas como la federal 150 y la autopista Córdoba-La Tinaja, con riesgos de accidentes y mayor tiempo de traslado. Estos efectos contravienen las obligaciones establecidas en el artículo 21 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que busca garantizar la seguridad en las vías de tránsito.

5. Según Caminos y Puentes Federales (Capufe), la rehabilitación total del tramo podría extenderse hasta enero de 2025, lo cual es inaceptable debido al impacto en sectores estratégicos como comercio, turismo y transporte. La lentitud en los trabajos de remoción y rehabilitación requiere atención prioritaria, pues la falta de acción expedita podría infringir el artículo 134 constitucional, que establece la obligación del Estado de administrar los recursos públicos con eficiencia y eficacia en beneficio de la población.

6. Es fundamental que las autoridades competentes actúen con urgencia para coordinar esfuerzos que aseguren la pronta rehabilitación de la autopista. La coordinación interinstitucional es indispensable para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible a nivel nacional. La Ley de Planeación, en su artículo 2, establece que la infraestructura debe ser diseñada y mantenida en beneficio del desarrollo económico y social, con especial atención a las regiones más afectadas.

7. El derecho a una infraestructura adecuada que garantice la movilidad es esencial para el desarrollo económico y social. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 25 y 26, señala que el desarrollo debe ser planificado con criterios de sustentabilidad y equidad regional. La autopista 150D es un eje vertebrador de estas metas y su rehabilitación es crucial para garantizar el acceso equitativo a oportunidades económicas en todo el país.

8. De acuerdo con el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho al libre tránsito es fundamental y debe garantizarse mediante la pronta intervención en la autopista afectada. La demora en la rehabilitación del tramo no solo vulnera este derecho, sino que también impone cargas económicas desproporcionadas a los sectores productivos y ciudadanos afectados, lo que puede ser interpretado como una omisión en el cumplimiento de los principios de progresividad y no regresividad de los derechos humanos reconocidos en el artículo 1 constitucional.

En tal virtud, se somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y a Caminos y Puentes Federales para que, con carácter de urgencia

• Refuercen los trabajos de rehabilitación de la autopista 150D en el tramo afectado, con mayor asignación de maquinaria, recursos y personal especializado.

• Establezcan un plazo perentorio para la reapertura parcial o total del tránsito en esta vía.

Segundo. Se exhorta al Poder Ejecutivo Federal para incrementar el presupuesto asignado a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y a Caminos y Puentes Federales, a fin de garantizar la atención oportuna y eficaz de contingencias como la ocurrida en la autopista 150D.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de diciembre de 2024.

Diputados: Rubén Ignacio Moreira Valdez, Lorena Piñón Rivera (rúbricas).

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal, por conducto de la SHCP, a convocar a una convención nacional hacendaria para analizar, evaluar y proponer soluciones estructurales a las problemáticas fiscales, fomentando un federalismo fiscal equitativo, eficiente y sostenible, a cargo del diputado César Alejandro Domínguez Domínguez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, César Alejandro Domínguez Domínguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracción II; y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) de 2025 y la Ley de Ingresos y la Ley Federal de Derechos han generado diversas preocupaciones en torno a la sostenibilidad fiscal, la distribución de recursos y las implicaciones para distintos sectores económicos y sociales.

1. Endeudamiento y déficit fiscal

El PPEF de 2025 proyecta ingresos totales por 9.3 billones de pesos, lo que representa una reducción de -3.3 por ciento en términos reales respecto a los recursos previstos por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para el cierre de este año. De este monto 1.25 billones de pesos corresponden a ingresos derivados de financiamiento; es decir, recursos provenientes principalmente de la contratación de deuda pública para cubrir las necesidades de gasto previstas en el PPEF.

El déficit fiscal estimado del 3.9 por ciento del PIB, aunque menor al proyectado para este año, sigue siendo elevado para las finanzas públicas del país. Este nivel de déficit implica una dependencia constante del endeudamiento público, lo que podría comprometer la sostenibilidad fiscal a largo plazo y afectar la calificación crediticia del país. Se estima que la deuda ampliada del sector público federal se situará al cierre de 2024 en 51.4 por ciento del PIB.

2. Reducción en inversión física

Se prevé una disminución del 12.7 por ciento en el gasto destinado a infraestructura, pasando de 932.4 mil millones de pesos en 2024 a 848.7 mil millones en 2025. Esta reducción podría afectar el desarrollo de proyectos clave para el crecimiento económico y la competitividad del país, limitando la capacidad de modernizar y expandir la infraestructura necesaria para el desarrollo sostenible.

3. Incrementos en derechos y cargas fiscales

La Ley Federal de Derechos 2025 propone aumentos en diversas cuotas:

• Sector minero: Incremento de la tasa del derecho especial sobre minería de 7.5 a 8.5 por ciento sobre los ingresos derivados de la enajenación de minerales, y del derecho extraordinario de 0.5 a 1.0 por ciento para metales preciosos como oro, plata y platino.

• Servicios migratorios: Aumento de 20 por ciento en la cuota por prestación de servicios migratorios en aeropuertos a pasajeros de vuelos internacionales.

• Áreas naturales protegidas: Incremento de 100 por ciento en las cuotas por el uso o aprovechamiento de estas zonas.

Estos incrementos podrían generar una mayor carga fiscal para las empresas y ciudadanos, afectando la competitividad y el costo de servicios esenciales.

4. Dependencia de ingresos petroleros

Aunque no se prevén nuevos impuestos ni incrementos en los existentes, el presupuesto continúa dependiendo en gran medida de los ingresos petroleros y de financiamientos. Esta dependencia expone a las finanzas públicas a la volatilidad de los precios internacionales del petróleo y a las condiciones del mercado financiero, lo que podría generar incertidumbre en la ejecución del gasto público.

5. Insuficiencia en la recaudación tributaria

La proyección de ingresos tributarios para 2025 se basa en estimaciones optimistas que no abordan las deficiencias estructurales del sistema fiscal mexicano. Sin una reforma fiscal integral que amplíe la base gravable y mejore la eficiencia recaudatoria, es probable que persistan brechas significativas entre los ingresos proyectados y los efectivamente recaudados, limitando la capacidad del Estado para financiar programas y servicios públicos esenciales.

6. Recortes en sectores clave

El PPEF 2025 contempla reducciones presupuestarias en áreas fundamentales:

• Seguridad: Disminución de -36.2 por ciento en el presupuesto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, lo que podría afectar las estrategias de seguridad pública en un contexto de creciente violencia.

• Salud: Recortes de -34.1 por ciento a la Secretaria de Salud lo que afectará programas sensibles como la vacunación entre otros, comprometiendo la calidad y cobertura de los servicios de salud para la población.

Estas reducciones generan preocupación sobre la capacidad del gobierno para atender adecuadamente las necesidades básicas de la ciudadanía.

Redefinición de responsabilidades fiscales

En resumen, el PPEF de 2025, junto con la Ley de Ingresos y la Ley Federal de Derechos, presenta desafíos significativos en términos de sostenibilidad fiscal, distribución equitativa de recursos y atención a sectores prioritarios. Por ello, una redefinición de la distribución de responsabilidades de gasto, facultades tributarias y fuentes de financiamiento entre los tres niveles de gobierno sigue siendo necesaria en México.

1. Dependencia financiera de los estados y municipios

La actual estructura fiscal mexicana mantiene una fuerte centralización de recursos, donde los estados y municipios dependen en gran medida de las transferencias federales (participaciones y aportaciones) para financiar sus operaciones. Esta dependencia limita la capacidad de los gobiernos locales para responder a las necesidades específicas de sus comunidades y ejercer autonomía en la planeación de su desarrollo. El PPEF de 2025 refuerza esta tendencia al priorizar el gasto federalizado, pero no amplía significativamente las facultades recaudatorias locales.

2. Inequidad en la distribución de recursos

La distribución de participaciones y aportaciones entre las entidades federativas se basa en fórmulas que no siempre reflejan las necesidades actuales de cada región ni sus esfuerzos en generación de ingresos propios. Esto genera disparidades significativas en el acceso a recursos entre estados ricos y pobres. La falta de flexibilidad en el diseño actual dificulta la atención de problemas emergentes como la pobreza, la marginación o las demandas de infraestructura en zonas marginadas.

3. Limitaciones en las facultades tributarias locales

Los estados y municipios tienen facultades recaudatorias limitadas y dependen principalmente de impuestos como el predial y algunos derechos locales, que tienen bajos niveles de recaudación debido a problemas de administración, falta de actualización de catastros y resistencias políticas. Una reforma que amplíe sus facultades para crear o modificar impuestos locales podría reducir esta dependencia y aumentar su capacidad de inversión.

4. Retos en la rendición de cuentas y la eficiencia del gasto

El diseño actual dificulta la fiscalización y la transparencia en el uso de los recursos transferidos. Muchas veces, los recursos etiquetados tienen reglas de operación estrictas que no siempre se alinean con las prioridades locales, lo que genera ineficiencias. Esto se observa en los debates en torno al PPEF 2025, donde sectores como la salud y la seguridad han recibido recortes significativos, mientras se privilegian programas sociales directos con baja rendición de cuentas.

5. Nuevas demandas económicas y sociales

El contexto actual, marcado por la transición energética, los impactos del cambio climático y la necesidad de infraestructura moderna, requiere una mayor flexibilidad en la asignación de recursos. Esto implica que los gobiernos estatales y municipales deberían tener más autonomía para recaudar y decidir sobre el gasto que mejor responda a sus realidades locales.

Comisión Nacional Hacendaria

La primera Convención Nacional Hacendaria de 2004 fue un foro histórico en México, convocado para analizar y reformar el sistema hacendario con el fin de fortalecer el federalismo fiscal como respuesta a la necesidad de redefinir la relación fiscal entre los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal.

Antecedentes

Los problemas estructurales del sistema fiscal mexicano, como la centralización de recursos, la baja recaudación tributaria, la dependencia de ingresos petroleros y la inequidad en la distribución de recursos, llevaron a la formulación de iniciativas previas como la Declaración de Mazatlán (2001) y la Declaración de Cuatro Ciénegas (2003). Estas buscaban promover un nuevo federalismo que descentralizara funciones y fortaleciera la autonomía de los estados y municipios.

Objetivos

La convocatoria de la primera Convención Nacional Hacendaria respondió a la necesidad urgente de revisar la relación fiscal entre los tres órdenes de gobierno frente a problemas estructurales como la centralización excesiva de los recursos, la dependencia financiera de los gobiernos locales y las desigualdades en la distribución de ingresos.

Uno de los objetivos principales fue redefinir las responsabilidades de gasto entre los niveles de gobierno. En el modelo fiscal vigente, el gobierno federal concentra la mayor parte de los recursos, mientras que los estados y municipios dependen de transferencias federales para atender sus funciones. La convención buscaba equilibrar esta relación, asignando competencias claras a cada nivel y asegurando que los recursos llegaran de manera equitativa a todas las regiones del país.

Asimismo, se planteó fortalecer la capacidad recaudatoria de los gobiernos locales. Esto implicaba ampliar las facultades tributarias de estados y municipios, promoviendo su autonomía financiera y reduciendo su dependencia de los recursos federales. En este sentido, se propuso optimizar la administración de impuestos locales, como el predial, y explorar nuevas fuentes de ingreso.

Otro aspecto fundamental fue la revisión de las fórmulas de distribución de recursos federales. La Convención buscó garantizar una asignación más justa que priorizara las necesidades sociales y económicas de las entidades más marginadas, reduciendo las brechas entre regiones ricas y pobres. A esto se sumó el compromiso de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, promoviendo un uso más eficiente de los recursos públicos y una mayor supervisión ciudadana.

Además, la convención tuvo como meta modernizar el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, creado en 1980, para adaptarlo a las necesidades del país en el siglo XXI. Este sistema, que regula la recaudación y distribución de ingresos entre los niveles de gobierno, había mostrado signos de obsolescencia, limitando su eficacia y equidad. La actualización de este marco era indispensable para construir un federalismo fiscal funcional y sostenible.

En conjunto, los objetivos de la primera Convención Nacional Hacendaria respondían a una visión integral que buscaba atender las desigualdades estructurales del sistema fiscal y adaptarlo a los desafíos contemporáneos. La Convención dejó un legado importante como ejercicio de análisis y debate sobre el federalismo fiscal en México. Su relevancia persiste como un recordatorio de que la transformación del sistema hacendario es esencial para lograr un desarrollo más equilibrado y justo en el país.

Ejercicios posteriores

En México, la primera Convención Nacional Hacendaria de 2004 fue la única iniciativa de esta magnitud orientada específicamente a la reforma integral del sistema fiscal y hacendario en un contexto nacional y participativo. Sin embargo, ha habido otros intentos y espacios de discusión que, aunque no tuvieron el mismo alcance ni formalidad, buscaron abordar problemáticas relacionadas con la coordinación fiscal y la relación entre los niveles de gobierno:

Iniciativas fiscales de los sexenios posteriores:

• En los años posteriores a la Convención de 2004, algunos gobiernos han intentado implementar reformas fiscales parciales, enfocándose en aspectos específicos como la recaudación del IVA, el ISR o las contribuciones especiales. Sin embargo, ninguna de estas iniciativas retomó el enfoque integral y participativo de la Convención Hacendaria.

Esfuerzos de diálogo fiscal en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago):

• La Conago ha sido un espacio donde se han discutido temas relacionados con el federalismo fiscal, aunque con resultados limitados. A diferencia de la Convención de 2004, estas discusiones no han derivado en propuestas de reforma estructural.

Propuestas de reforma fiscal en los últimos años

• Durante los sexenios recientes, se han presentado propuestas de reforma fiscal, pero éstas han sido limitadas en alcance y han enfrentado fuertes resistencias políticas. La ausencia de otra convención hacendaria refleja la dificultad de alcanzar consensos amplios sobre temas tan sensibles como la redistribución de recursos y las facultades tributarias.

La necesidad de una nueva convención nacional hacendaria en México surge de los desafíos persistentes en el sistema fiscal y hacendario del país, los cuales no han sido resueltos de manera integral desde la convención de 2004. Estos problemas afectan la eficiencia, equidad y sostenibilidad del federalismo fiscal y la capacidad del gobierno para responder a las necesidades de la población.

Una nueva convención nacional hacendaria es necesaria para abordar las deficiencias estructurales del sistema fiscal mexicano y adaptarlo a las demandas del contexto actual. La falta de equidad en la distribución de recursos, la limitada autonomía de los gobiernos locales y los desafíos sociales emergentes hacen urgente una reforma integral. Este esfuerzo debería centrarse en fortalecer el federalismo fiscal, garantizar una distribución justa de responsabilidades y recursos, y promover la transparencia y corresponsabilidad entre los diferentes niveles de gobierno. Sólo a través de un diálogo amplio y consensuado será posible avanzar hacia un sistema fiscal más eficiente, equitativo y sostenible.

Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a convocar una convención nacional hacendaria como un espacio de diálogo nacional, incluyente y democrático, en el que participen representantes del gobierno federal, la Cámara de Diputados y el Senado de la República; los treinta y dos congresos locales y los 32 representantes del poder ejecutivo de las entidades federativas, así como actores clave de la sociedad civil, el sector privado, la academia y especialistas en temas fiscales. Esto, con el propósito de analizar, evaluar y proponer soluciones estructurales a las problemáticas fiscales y hacendarias del país, fomentando un federalismo fiscal equitativo, eficiente y sostenible.

Fuentes

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (2004). Primera Convención Nacional Hacendaria. En varios autores, Temas hacendarios. Coincidencias y convergencias. Hacia una política hacendaria de Estado. Agenda básica para la Convención Nacional Hacendaria (páginas 269-396). Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial.

Dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos. Recuperado de https://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/66/2024/nov/20241126-IV.pdf

Dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2025. Recuperado de https://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/66/2024/nov/20241126-V.pdf

Proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2025. Recuperado de https://www.ppef.hacienda.gob.mx/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de diciembre de 2024.

Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal para que, a través de la Sader, se tomen las medidas necesarias orientadas a instalar controles zoosanitarios a lo largo del territorio nacional para verificar exhaustivamente el ingreso, flujo y salida de ganado bovino, así como de sus insumos, a cargo de la diputada Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Verónica Martínez García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracción II; y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La ganadería es una de las principales actividades del sector primario, por lo que resulta muy relevante para la economía regional, e incluso, a nivel nacional, al tener su esencia en la cría, tratamiento y reproducción de ganado bovino, porcino, caprino, aves de corral para consumo humano, sin omitir los productos que se derivan de ello, como lo son los lácteos, el huevo, la lana, fertilizantes, fuerza de trabajo en actividades agrícolas, entre otros insumos.

Según datos proporcionados por la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el ganado contribuye a casi 40 por ciento de la producción agrícola total en los países desarrollados y el 20 por ciento en los países en desarrollo, contribuyendo con la alimentación de al menos mil 300 millones de personas en todo el mundo, proporcionando el 34 por ciento del suministro mundial de proteínas.1

México cuenta con cerca de 197 millones de hectáreas totales para el desarrollo de esta actividad, mismas que están ubicadas en las diferentes regiones, además de contar con características físicas y climáticas específicas que le favorecen a cada especie.

La ganadería es una de las actividades económicas más importantes en nuestro país, por lo que, de acuerdo con el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, durante 2023 el valor de la producción agropecuaria fue de más de 1 548 millones de pesos, de los cuales 626 338.524 correspondieron al sector pecuario, siendo la carne de res el tercer producto pecuario de mayor consumo, superado por la carne de cerdo y pollo.2

También se informó que, al cierre de ese año, nuestro país contaba con 36,339,884 cabezas de ganado en pie, lo que comprende al ganado caprino, porcino, ovino, y bovino, colocándolo como el 6º productor de carne de este último.3

Aunado a que es una actividad que no solo genera empleos, sino que contribuye con el 39.7 por ciento del producto interno bruto del sector primario, su producción durante 2022 y 2023 reportó 2.2 millones de toneladas de carne de res, 1.7 millones de toneladas de carne de cerdo, así como 100 mil toneladas de carne de ovinos y caprinos, además de 13 mil millones de litros de leche al año.4

En lo que hace a ganado bovino, la producción recae principalmente en los estados de Veracruz, Coahuila, Jalisco, San Luis Potosí, Sinaloa y Baja California, quienes frecuentemente han sido exportadores a países como Estados Unidos de América, Japón, Hong Kong, Canadá y Corea del Sur.

Coahuila de Zaragoza tiene en la ganadería una de las principales actividades económicas, generadoras de empleos directos e indirectos, por lo que debido a la calidad y características físicas del ganado bovino que se desarrolla en la entidad, es que como se ha referido anteriormente, comúnmente es exportada, sobre todo a Estados Unidos de América.

Sólo que el ganado también es susceptible de tener ciertos padecimientos como la miasis del gusano barrenador, “una infestación provocada por las larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax en heridas generadas por el descorne, la castración, el marcado a hierro, las picaduras de garrapatas y, en particular el parto y el ombligo de los animales recién nacidos, donde se alimentan del tejido vivo de los mamíferos, y en raras ocasiones de las aves, durante un periodo de 4 a 8 días, causando graves daños al animal”,5 incluso su muerte en un plazo de 15 días.

Dicha plaga fue erradicada de nuestro país en 2003. En el 2005 la miasis producida por el gusano barrenador del ganado, fue establecida como prioritaria para las Américas desde los inicios de las acciones regionales, en el Programa Global- Enfermedades Animales Transfronterizas (GF-TAD). En 2017 fue registrada en el Código Sanitario para los Animales Terrestres de la Organización Mundial de Sanidad Animal, como una de las 116 enfermedades de notificación obligatoria.6

Desde julio de 2023 hasta octubre pasado, ha habido reportes de animales que padecen dicha plaga en países centroamericanos como Panamá, Costa Rica, Nicaragua y Guatemala, solo que dicho ganado ingresó a territorio nacional a través de la frontera con Chiapas.

Ante la detección del primer caso de animal afectado por el gusano barrenador en Chiapas, provocó que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América y del Servicio de Inspección Sanitaria de Plantas y Animales (USDA-APHIS) determinó cerrar temporalmente la frontera y suspender la importación de ganado proveniente de cualquier entidad de nuestro país, lo que termina por perjudicar a la producción de ganado que se encuentra sana y que se encuentra lista para ser exportada, como es la del norte del país.

Si bien es cierta la existencia de un caso de gusano barrenador en el sur del país, la realidad es que la producción de ganado generada en Coahuila se encuentra sana y situada al noreste del territorio nacional, por lo que tal medida de restricción resulta perjudicial para el sector, y por ende, las estaciones cuarentenarias de Piedras Negras y Acuña suspenderán sus servicios de revisión y exportación de ganado a los Estados Unidos de América hasta que se levante la restricción decretada por la USDA el 24 de noviembre pasado, por lo que se ha pedido que los propietarios no movilizar más ganado a la frontera temporalmente.

Aunado a ello, el gobierno de Coahuila ha tomado medidas en aras de que dicha plaga se propague en la entidad y que al mismo tiempo garantice la sanidad del ganado bovino y la calidad e inocuidad de la carne, por lo que determinó instalar permanentemente al Comité Técnico para la Contingencia Zoosanitaria por gusano barrenador del ganado quien implementara acciones de vigilancia y control.

Tal medida se complementará con la restricción de la movilización de ganado de otros estados al interior de Coahuila, suspendiendo temporalmente la emisión de permisos de internación con motivo acopio, exportación, repasto, sacrificio y reproducción o pie de cría, y en su momento serán sujetas a rigurosas evaluaciones y a un protocolo de inspección y seguimiento.

Del mismo modo resulta indispensable que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, aun cuando solo existe un caso confirmado hoy en día, tome las medidas necesarias para detener la propagación de la plaga en territorio nacional verificando exhaustivamente el flujo de animales, así como de sus insumos, en el territorio nacional, tal como lo señala la fracción I del artículo 6 de la Ley Federal de Sanidad Animal, la cual establece lo siguiente:

Artículo 6. Son atribuciones de la secretaría

I. Prevenir la introducción al país de enfermedades y plagas que afecten a los animales y ejercer el control zoosanitario en el territorio nacional sobre la movilización, importación, exportación, reexportación y tránsito de animales, bienes de origen animal y demás mercancías reguladas...

Tomando en cuenta las implicaciones económicas que este problema podría generar, es que es necesario un acercamiento del gobierno federal con la USDA y la APHIS, debido a la incertidumbre que existe entre el sector ganadero, ya que, al no haber posibilidad de realizar exportaciones por ninguna entidad federativa se tendrían que comercializar a costos bajos en el mercado nacional debido a la sobreproducción existente hoy en día, lo que traería importantes pérdidas económicas al continuar vigente esta restricción para el ganado mexicano en Estados Unidos de América, máxime que la temporada decembrina regularmente registra un alza en este tipo de operaciones.

Por ello es qué, resulta urgente que el gobierno federal alcance un acuerdo con dichas autoridades norteamericanas con la finalidad de establecer en territorio nacional un protocolo de revisión minuciosa del ganado de a pie, con presencia de agentes norteamericanos, con la idea de contar con un control zoosanitario que determine su sanidad e inocuidad de la carne para continuar con las exportaciones e importaciones entre ambos países.

Al mismo tiempo resultaría muy pertinente que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, ejerciera plenamente las atribuciones que le confiere la Ley Federal de Sanidad Animal para ejercer un control exhaustivo del flujo de los animales en territorio nacional, así como de las autorizaciones para ingresar a él, lo que abonaría de maneta importante en las negociaciones con la USDA y APHIS para lograr aquel cometido.

Es importante considerar que, ante una eventual negativa de las autoridades norteamericanas en la instalación de un protocolo de revisión del ganado, el gobierno federal deberá brindar un paquete de apoyos e incentivos económicos y fiscales a nivel nacional que contribuyan a mitigar los efectos de esta situación en el sector ganadero.

La reactivación de este padecimiento en México, además de ser un problema de salud pública, constituye un riesgo de ocasionar infecciones secundarias en los animales, escasa ganancia de peso, disminución de la producción de carne y leche, baja calidad de las pieles y ocasionalmente la muerte, lo que incidirá en la baja de su consumo y propiciaría pérdidas económicas.

Por lo expuesto someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la titular del Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural se tomen las medidas necesarias para detener la propagación la plaga del gusano barrenador entre el ganado bovino en nuestro país, instalando controles zoosanitarios a lo largo de territorio nacional para verificar exhaustivamente el ingreso, flujo y salida de ganado bovino, así como de sus insumos.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la titular del Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural gestione ante el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América y del Servicio de Inspección Sanitaria de Plantas y Animales el establecimiento de protocolo de revisión minuciosa del ganado bovino de a pie en el estado de Coahuila de Zaragoza para determinar su sanidad e inocuidad de la carne, y que de esa forma, se continúe con las exportaciones e importaciones entre ambos países, con la idea de evitar graves pérdidas económicas en dicho sector económico.

Notas

1 Consultado el 3 de diciembre de 2024 en http://www.fao.org/animal-production/es/#:~:text=El%20ganado%20contribu ye%20a%20casi,prote%C3%ADnas%20alimentarias%20procede%20del%20ganado

2 Consultado el 3 de diciembre de 2024 en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/924006/siacon_2023.pdf

3 Consultado el 3 de diciembre de 2024 en https://nube.siap.gob.mx/poblacion_ganadera/

4 Consultado el 3 de diciembre de 2024 en https://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/65/2023/dic/20231215-B-4.pdf

5 Consultado el 3 de diciembre de 2024 en https://www.gob.mx/agricultura/es/articulos/ganaderia-bovina-en-mexico- un-orgullo-nacional

6 Gobierno de México, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, y Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Plan de Emergencia para Hacer Frente a la Presencia de Gusano Barrenador del Ganado en el Sur de México, Ciudad de México, 2024, página 6.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de diciembre de 2024.

Diputada Verónica Martínez García (rúbrica)