Gaceta Parlamentaria, año XXVIII, número 6672-III-2, martes 3 de diciembre de 2024
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sedena a implementar un programa integral y permanente de capacitación y respeto a los derechos humanos, dirigido a las y los elementos de la Guardia Nacional que realizan tareas de seguridad pública en las 32 entidades federativas, a cargo del diputado Alan Sahir Márquez Becerra, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, diputado Alan Sahir Márquez Becerra, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXVI Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea de la Cámara de Diputados, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:
Consideraciones
De acuerdo con lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios con el objetivo de salvaguardar la vida de las personas, sus libertades, la integridad y su patrimonio, contribuyendo a la generación y preservación del orden público y la paz social.
Asimismo, la reciente reforma constitucional en materia de Guardia Nacional estableció que “las instituciones de seguridad pública serán disciplinadas, profesionales y de carácter civil”, señalando además que el ministerio público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno, incluida la Guardia Nacional, deberán coordinarse para cumplir los fines de la seguridad pública y conformar el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Lo anterior, se asume como una respuesta ante uno de los principales retos que han enfrentado las últimas administraciones en México, la seguridad pública. El país vive una situación compleja en materia de violencia y criminalidad, lo que ha llevado al gobierno federal a recurrir a las fuerzas armadas para que realicen tareas de seguridad pública, entre ellas la Guardia Nacional, que tiene sus orígenes en 2009 con un modelo de mando mixto entre civiles y militares y que tenía por objeto fortalecer las capacidades operativas del Estado mexicano y atender los problemas de inseguridad de diversos estados del país.
En este contexto, la seguridad ciudadana se concibe como la situación social en la que todas las personas pueden gozar libremente de sus derechos fundamentales, a la vez que las instituciones públicas deben tener la suficiente capacidad, en el marco de un Estado de derecho, para garantizar su ejercicio y responder con eficacia cuando sus derechos son vulnerados.
Sin embargo, la incorporación de elementos de las fuerzas armadas a tareas de seguridad pública plantea retos adicionales, sobre todo en lo que respecta al respeto de los derechos humanos. La militarización de funciones de seguridad pública en México ha sido motivo de debate y preocupación a nivel nacional como internacional pues existen antecedentes concisos sobre los resultados negativos de este tipo de incursiones y más aún en un contexto en donde la violencia y la delincuencia aumentan cada día en las calles de nuestro país y con ello la posibilidad de que se puedan generar abusos o violaciones a las garantías individuales de los ciudadanos.
Según información del Quinto Informe del Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización en México en conjunto con la organización Causa en Común,1 en 2019 había un total de 74 mil 473 elementos de la Guardia Nacional, de los cuales el 78 por ciento eran militares y marinos sin formación policial. En marzo de 2024, la dependencia informó de un total de 133,048 elementos de la Guardia Nacional; sin embargo, en el de seguridad de abril de 2024, se reportaron 132 mil 612 uniformados.
Se expone que Certificado Único Policial (CUP) que por ley están obligados a tener todos los elementos de la Guardia Nacional, según informe del gobierno, del 2019 al 20 de abril del 2024, se había otorgado el CUP a 96,732 integrantes de la GN. Es decir, a cinco años del inicio de operaciones, el 74 por ciento de los elementos, no cuentan con dicha certificación, cursos o preparación por lo que operan en forma irregular,2 motivo por el cual es indispensable que la Sedena implemente una estrategia clara de capacitación a dichos elementos.
A pesar de los esfuerzos y avances para que la Guardia Nacional funcione de manera profesional, eficiente y respetuosa de los derechos humanos, persisten diversos cuestionamientos sobre la actuación de sus miembros, especialmente en situaciones donde se emplea la fuerza para contener la delincuencia. Las críticas a las prácticas abusivas de algunos elementos de las fuerzas de seguridad, la falta de una formación adecuada en derechos humanos, y los casos de violaciones a las libertades fundamentales, continúan siendo un desafío para las autoridades.
El Informe del Observatorio de la Guardia Nacional y la militarización en México, también establece que, de enero de 2019 a mayo de 2024, la Sedena, la Semar y la GN han acumulado 4 mil 800 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos relacionadas con casos de supuestas torturas, desapariciones forzadas, tratos crueles, inhumanos o degradantes y detenciones arbitrarias.
No obstante, la Guardia Nacional desde su creación, sólo ha recibido 16 recomendaciones por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por violaciones graves a estos derechos, situación que a todas luces es contraria a los escándalos mediáticos en los que se puede ver como elementos de la Guardia Nacional cometen flagrantes violaciones en contra de diversa población.
Por ello, se considera urgente implementar una estrategia clara de capacitación integral en derechos humanos para los elementos de la Guardia Nacional que desempeñan tareas de seguridad pública, con el fin de asegurar que sus intervenciones respeten los principios fundamentales del estado de derecho y la dignidad humana. Estas capacitaciones permanentes deben ser consideradas como prioridad dentro de sus políticas de formación y actuación policial para con ello garantizar que los elementos de la Guardia Nacional tendrán los conocimientos para desempeñar sus funciones de forma eficaz, pero también respetuosa de los derechos fundamentales de todas las personas, sin importar su situación o contexto social.
Siendo así, frente a la postura que ha asumido el gobierno federal para combatir la delincuencia en el territorio nacional y con ello garantizar la seguridad ciudadana y mantener el orden público, es necesario contar con elementos debidamente formados en el conocimiento y respeto de los derechos humanos, como una medida preventiva para el cumplimiento del debido proceso judicial, sumada a la obligación constitucional del Estado de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Por lo antes fundado y motivado, me permito someter a la elevada consideración del pleno, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de la Defensa Nacional para que, lleve a cabo las acciones y estrategias necesarias a efecto de implementar un programa integral y permanente de capacitación y respeto a los derechos humanos, dirigido a las y los elementos de la Guardia Nacional que realizan tareas de seguridad pública en las treinta y dos entidades federativas del país.
Notas:
1 https://causaencomun.org.mx/observatorioguardiayfuerzasarmadas/wp-content/uploads/2024/07/
5TO-INFORME-OGN_WEB.pdf
2 https://www.eluniversal.com.mx/nacion/militarizacion-sin-resultados-relevantes-y-aumento-de-quejas
-por-violacion-a-derechos-humanos-revela-estudio/
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 27 días del mes de noviembre de 2024.
Diputado Alan Sahir Márquez Becerra (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a establecer los mecanismos de coordinación con las instituciones correspondientes para diagnosticar, prevenir, controlar y, en su caso, erradicar la plaga del GBG, a cargo del diputado José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, diputado federal José Guillermo Anaya Llamas, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXVI Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El gusano barrenador es una infestación provocada por las larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax, que se alimentan del tejido vivo de los mamíferos, y en raras ocasiones de las aves. Las moscas depositan sus huevos en heridas superficiales, y las larvas eclosionan en un periodo de 12 a 24 horas.
A raíz del reporte de presencia de gusano barrenador del ganado (GBG) Cochliomyia hominivorax en el sur de Nicaragua, a poco más de 700 kilómetros de la frontera de México con Centroamérica, y del incremento de casos en Panamá y Costa Rica, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) emitió medidas preventivas con el objetivo de proteger a la ganadería nacional de esta plaga, ausente en el país desde hace más de 30 años.
Desde julio de 2023, cuando se presentaron los primeros casos de GBG en Costa Rica, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) reforzó la primera barrera de defensa sanitaria, que comprende la inspección zoosanitaria en 45 aeropuertos internacionales, 24 puertos marítimos y 28 fronteras, así como en 19 Puntos de Verificación e Inspección Federal (PVIF).
Paralelamente, comunicó la alerta sanitaria a todos los eslabones de la cadena productiva y a través de su Dirección General de Salud Animal (DGSA) envió materiales de difusión a 24 452 puntos de contacto, en las 32 entidades federales, que incluyen farmacias veterinarias, rastros, uniones ganaderas, centros de acopio de animales, mercados de animales, asociaciones ganaderas locales, empresas forrajeras y dependencias locales del sector, entre otros.
Con esta acción de comunicación, el Senasica impulsa la concientización en productores y público en general sobre la importancia de notificar oportunamente cualquier tipo de herida agusanada que detecten en animales de consumo, silvestres, mascotas e incluso en personas.
Se informó que hasta el momento Panamá ha reportado 11 658 casos positivos de GBG, Costa Rica 300 y Nicaragua 13, de los cuales más del 82 por ciento corresponden a gusaneras en bovinos y 6 por ciento en caninos.
El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria el 24 de noviembre de 2024, producto de las acciones de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para prevenir el ingreso del gusano barrenador del ganado (GBG) a México, personal interceptó en el Punto de Verificación e Inspección Federal ubicado en Catazajá, Chiapas, un animal que resultó positivo en un cargamento originado fuera del territorio nacional.
Como medida precautoria, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América (USDA, por sus siglas en inglés) pausó temporalmente la internación de ganado mexicano a su país.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito presentar a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con:
Puntos de Acuerdo
Primero.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Ejecutivo federal para que establezca los mecanismos de coordinación con las demás dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los gobiernos de los estados, el Consejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal, las Organizaciones de Productores, la Confederación Nacional Ganadera, Uniones y Asociaciones de Productores, Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios Zootecnistas y con las personas físicas y morales relacionadas con la actividad pecuaria, para que proporcionen al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), todo el apoyo y colaboración técnica y administrativa, la información epizootiológica y productiva, y la información que requiera para diagnosticar, prevenir, controlar y, en su caso, erradicar la plaga del Gusano Barrenador del Ganado (GBG), después de que el pasado 24 de noviembre se interceptó en el Punto de Verificación e Inspección Federal ubicado en Catazajá, Chiapas, un animal que resultó positivo al estar infestado por el gusano barrenador del ganado.
Segundo. - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Ejecutivo federal para que establezca los mecanismos de coordinación con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América, a efecto de que se retire la medida precautoria que impuso temporalmente para la internación de ganado mexicano a su país, con el objetivo de que las y los ganaderos mexicanos no sean afectados y pueda solucionarse con la intervención pronta y expedita del gobierno de México.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 3 días del mes de diciembre de 2024.
Diputado José Guillermo Anaya Llamas (rúbrica)