Gaceta Parlamentaria, año XXVII, número 6488-II-5, miércoles 20 de marzo de 2024
De decreto por el que se declara el 22 de diciembre “Día Nacional para Eliminar la Violencia contra los Pueblos Indígenas y Afromexicanos”, a cargo de la diputada Concepción González Molina, del Grupo Parlamentario del PT
Concepción González Molina, diputada del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 22 de diciembre como Día Nacional para eliminar la Violencia contra los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Los pueblos originarios de México han enfrentado históricamente diversas formas de violencia, que van desde la discriminación cultural y social hasta la represión política y económica, en las últimas décadas, dos fenómenos han exacerbado esta situación: el crecimiento del crimen organizado y la sobreexplotación de los recursos naturales, estos dos fenómenos han confluido para agravar la violencia contra las comunidades indígenas del país, así lo muestran algunos reportes de organizaciones de derechos humanos.
La presencia del crimen organizado en las regiones indígenas de México ha generado un clima de terror y violencia. Los grupos criminales buscan controlar territorios estratégicos para el tráfico de drogas, armas y personas, así como para la explotación ilegal de recursos naturales como madera, minerales y biodiversidad. En su afán de expandir su dominio, recurren a tácticas brutales que incluyen asesinatos, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado de comunidades y reclutamiento forzado de jóvenes indígenas.
Un estudio realizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH) reveló que entre 2006 y 2019 se registraron más de 9 mil casos de desapariciones forzadas en el país, muchos de ellos ocurridos en regiones indígenas donde el crimen organizado tiene una fuerte presencia (CNDH, 2020).
Además de la violencia directa ejercida por el crimen organizado, los pueblos originarios también enfrentan la violencia estructural derivada de la sobre-explotación de los recursos naturales. Las políticas de desarrollo impulsadas por empresas extractivas priorizan el lucro económico sobre la preservación del medio ambiente y el respeto a los derechos de las comunidades indígenas.
La construcción de minas a cielo abierto, centrales de generación eléctrica, puertos y carreteras sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades, viola los derechos territoriales y culturales de nuestros pueblos originarios y origina la degradación del medio ambiente, la pérdida de biodiversidad y la contaminación de fuentes de agua, afectando directamente la subsistencia y el bienestar de los pueblos indígenas.
Sobran ejemplos de la presión que agentes públicos y privados han infringido contra comunidades indígenas, solo habría que recordar el conflicto ocasionado con la construcción del acueducto Independencia para desviar agua del río Yaqui para abastecer la ciudad de Hermosillo, dicha obra afectó los derechos de la comunidad yaqui en Sonora, ocasionando conflictos violentos entre la comunidad yaqui y el gobierno mexicano. Se han violado los derechos del pueblo yaqui porque a pesar de las protestas y denuncias acerca del despojo del recurso hídrico, las autoridades no han cedido o ayudado a resolver el problema, e incluso se ha agravado la violencia en la región derivada del conflicto por el acceso al agua.
En este orden de ideas el Congreso Nacional Indígena realizó su Pronunciamiento Nacional e Internacional para sumarnos a la Acción global por el alto a la guerra contra los pueblos de México y del Mundo, hacia los pueblos zapatistas y hacia los pueblos originarios de México, con la finalidad de denunciar la creciente violencia contra los pueblos originarios, el rampante ecocidio que sufren los territorios indígenas y la incursión del crimen organizado en las comunidades indígenas del país, entre otras cosas.
En el marco del LVI Congreso Nacional de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos: Pueblos y Comunidades Indígenas y Afrodescendientes dentro de la Conferencia Magistral “El desplazamiento forzado en México” a cargo de Guillermo Fernández-Maldonado, quien expuso que en nuestro país, las causas del desplazamiento están relacionados a distintos tipos de violencia, a menudo ejercida por el crimen organizado, a veces relacionadas con los proyectos de desarrollo, la minería y tala ilegal, o por los conflictos electorales, religiosos y agrarios; asimismo, el cambio climático y los desastres naturales, señalando que son los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas quienes se encuentran más vulnerables a sufrir desplazamientos forzados.
Al respecto, presentó cifras que revelan el grave problema de violencia que sufren las comunidades indígenas de nuestro país y como incide en el aumento del número de indígenas desplazados en los últimos años:
De acuerdo con los datos que esta organización ha recabado, cuya cifra acumulada va desde 2006 hasta 2020, en México habría al menos 356 mil 792 personas desplazadas internamente por la violencia, sólo en eventos masivos. Según los boletines mensuales, en 2021 hubo alrededor de 29 mil nuevos desplazamientos masivos por la violencia. Se trata de un incremento considerable respecto a años anteriores (8 mil 664 desplazados internos en 2019 y 9 mil 741 en 2020). Es importante resaltar que, a partir de 2019, estas cifras solo comprenden desplazamientos de, al menos, 5 familias o 20 personas en conjunto. Es decir, las cifras no reflejan los desplazamientos individuales ni los desplazamientos por otras causas, como por desastres relacionados con la acción humana o por peligros geológicos, hídricos y meteorológicos extremos.
En 2021, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), publicó los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020 (Censo 2020), que incluyó una pregunta sobre las causas de la “migración interna” y la “migración internacional” ocurridas entre marzo de 2015 y marzo de 2020; las causas contenidas en el Censo 2020 incluyeron movilidad asociada a “inseguridad o violencia criminal”, y “desastres naturales”. Los resultados arrojaron que 262 mil 411 personas (53 por ciento mujeres) reportaron haberse visto obligadas a cambiar de municipio o estado dentro del país por “inseguridad o violencia delictiva” y 24 mil 376 (55 por ciento mujeres) por “desastres naturales”. Por su parte, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública (Envipe) 2020, también del Inegi, arrojó que aproximadamente 371 mil personas cambiaron de vivienda o lugar de residencia para protegerse de la delincuencia en 2019 y aproximadamente 912 mil personas en 2020.
Es innegable, el apoyo de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador para el adelanto de nuestros pueblos indígenas y afromexicanos; sin embargo, las y los miembros de nuestras comunidades indígenas y afromexicanos siguen padeciendo de violencia y discriminación por su condición étnica.
En pleno siglo XXI, nuestras hermanas y hermanos indígenas y afromexicanos siguen sufriendo de desaparición forzada, homicidio, desplazamientos forzados, criminalización y despojo de sus tierras, todos ellos actos de violencia, así lo muestra el más reciente informe de la Indigenous People Rights International titulado El asedio y el desprecio: Informe de México sobre 16 casos de pueblos indígenas, donde se señala:
En este contexto, las comunidades indígenas viven una situación que profundiza las condiciones de desigualdad, pobreza, violencia e impunidad, en especial, para quienes defienden sus territorios y su libre determinación, quienes enfrentan conflictos agrario territoriales y quienes defienden sus derechos en el marco de proyectos extractivos, energéticos, hidroeléctricos, hidrológicos y turísticos. Ello sumado a la omisión por parte de las autoridades de la garantía, el respeto y la protección de manera efectiva y oportuna de los derechos de los pueblos indígenas. Lo que implica la pérdida de vidas humanas, el desplazamiento de familias y comunidades enteras, así como de autoridades y personas que defienden sus territorios. Personas que viven amenazadas y en situaciones de verdadera catástrofe y precariedad que se agravan con el paso del tiempo, sin que exista una estrategia gubernamental dirigida de manera directa a atender tales situaciones ni las causas que las originan. Vivimos un momento muy difícil, especialmente por los asesinatos de líderes comunitarios durante la actual administración, de la cual no vemos un compromiso mayor para atender las necesidades de justicia de los pueblos indígenas.
Dentro del informe publicado en junio de 2022, se menciona a las ocho entidades federativas –Campeche, Chihuahua, Guerrero, Chiapas, Sonora, Michoacán, Oaxaca y Yucatán– donde más se violentan los derechos de las comunidades indígenas, a manos de grupos de poder, paramilitares y la delincuencia organizada.
En dicho informe se analizan 16 casos, surgidos en 2021, identificando siete tipos de violaciones graves a los derechos de las y los integrantes de comunidades indígenas, enlistándose los mismos de mayor a menor: cinco eventos de desplazamiento forzado; tres de desaparición forzada; tres de homicidio; dos de violación al Consentimiento Libre, Previo e Informado; uno de criminalización; uno de despojo de territorio y un caso de violación al reconocimiento de la personalidad jurídica.
Por su violencia, destacan el homicidio de cinco defensores indígenas, en el periodo de enero a marzo de 2021, en Paso de la Reyna, Oaxaca; así como, la desaparición, en julio de 2021, de nueve indígenas en Loma de Bácum, Sonora.
En dicho informe, también se aborda el caso de los 47 ataques armados registrados contra 10 comunidades del municipio de Aldama, Chiapas, mismos que causaron el desplazamiento de las comunidades indígenas afectadas por la violencia causada por conflictos de tierras.
En el informe se documentan dos tipos de violencia contra las comunidades indígenas, las primeras de asedio –desplazamiento forzado, desaparición forzada y homicidio– y las identificadas como de desprecio, que se refieren a la violación al reconocimiento de la personalidad jurídica, criminalización, violación al Consentimiento Libre, Previo e Informado y despojo de tierras.
El estudio del Indigenous People Rights International concluye que actos de violencia son perpetrados por el crimen organizado, grupos herederos del paramilitarismo y organizaciones armadas con historia política; así como grupos delincuenciales junto con los gobiernos estatales y municipales y las fiscalías locales.
Igualmente, dentro del informe se advierte que, los gobiernos de los estados han consentido la violencia que los grupos criminales ejercen contra las comunidades indígenas; asimismo, se denuncia la falta de actuación de las fiscalías estatales y jueces, quienes son omisos en investigar y perseguir los delitos que se les denuncian, agravando con ello la impunidad que desde siempre han debido padecer nuestros hermanas y hermanos indígenas.
En relación con los casos de violencia ejercida desde las instituciones gubernamentales así, por ejemplo; se documentan las irregularidades cometidas por funcionarios del Registro Civil de Chihuahua, que han negado actas de defunción a integrantes de la comunidad rarámuri de Tehuerichi, ocasionando la imposibilidad para regularizar la tenencia de la tierra y con ello acceder a programas sociales de apoyo al campo.
Por otra parte, en el informe se denuncia que en Guerrero se ha multiplicado la operación de grupos armados dedicados a la extorsión en comunidades indígenas de la sierra y la baja de la montaña del municipio de Chilapa. Causando violencia inseguridad y desplazamiento de las comunidades indígenas de la región.
Dentro de su informe, el Indigenous People Rights International formuló cinco recomendaciones al Estado mexicano.
1. El establecimiento de un marco jurídico que garantice el reconocimiento pleno a los derechos colectivos de los pueblos indígenas, sobre todo, soluciones legislativas a la crisis humanitaria del desplazamiento forzado de pueblos indígenas.
2. La creación de una estrategia federal contra la actuación criminal de instituciones, gobiernos municipales, gobiernos estatales, fiscalías, con la finalidad de poner fin a los actos de impunidad y colusión de las autoridades con el crimen organizado.
3. Protección efectiva de las comunidades bajo asedio, a través de una coordinación interinstitucional, para que las comunidades cuenten con análisis de riesgo apropiados, planes de protección acordados con ellas y que sean implementados en su totalidad.
4. El Estado mexicano debe adoptar medidas suficientes para garantizar condiciones para el acceso a la justicia a las comunidades indígenas que han sido víctimas de violaciones de derechos humanos.
5. El diseño e implantación de una estrategia federal de atención a los conflictos que enfrentan las comunidades, particularmente los conflictos agrarios respetando el marco jurídico nacional e internacional de protección a los derechos de los pueblos indígenas.
La violencia creciente que están padeciendo nuestras hermanos y hermanos indígenas en muchas partes del país, nos obliga, hoy más que nunca a rememorar Acteal y la muerte de 45 hermanos tzotziles.
Fue el 22 de diciembre de 1997, en la localidad de Acteal, municipio de Chenalhó, Chiapas, aproximadamente a las 10 de la mañana, un grupo de alrededor de 60 paramilitares con vestimenta negra, dispararon con armas reservadas para uso exclusivo del ejército a un grupo de tzotziles pertenecientes al grupo de “Las abejas”, quienes se encontraban orando dentro de su templo.
Siete horas después del inicio del cobarde ataque se contabilizaban 45 muertos; 21 de ellos eran mujeres –cuatro se encontraban embarazadas–, 15 niñas y niños y 9 hombres. Además, resultaron con heridas graves otras 26 personas.
Para los expertos que han documentado tan penoso episodio de la historia reciente del país, Acteal debe ser observada desde el violento contexto generado por el gobierno mexicano para hacer frente al fenómeno social que representó el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Para cumplir el cometido, el gobierno federal y el de Chiapas, apoyaron la creación y fortalecimiento de grupos paramilitares que, como se ha podido probar en trabajos de investigación periodística, fueron los que perpetraron un sinnúmero de actos violentos antes y después del 22 de diciembre de 1997.
El Estado mexicano negó su participación y redujo el cobarde ataque a un enfrentamiento entre indígenas. Desde entonces, los sobrevivientes de Acteal, familiares de las víctimas e integrantes de “Las abejas”, junto con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, AC, han seguido clamando por justicia.
La presión mediática nacional e internacional, obligó al gobierno a detener y procesar a los supuestos autores materiales de la masacre; sin embargo, nunca se dio con los autores intelectuales de la matanza.
En septiembre de 2020, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, ofreció disculpas a las víctimas y sus familiares, admitió la participación de grupos paramilitares con la complacencia de las autoridades.
Hoy nuestras hermanas y hermanos chiapanecos, siguen sufriendo del acoso del crimen organizado que busca despojarlos de sus tierras. De igual manera, son miles de indígenas en los Altos de Chiapas, los que han sido desplazados por traficantes de personas, drogas y armas.
Actualmente, como hace 25 años, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas sigue denunciando las intimidaciones y agresiones que siguen sufriendo nuestras hermanas y hermanos indígenas en Chiapas, ante la permanente inacción del Estado mexicano.
Los ataques y asesinatos de indígenas y defensores de derechos humanos siguen ocurriendo; solo durante la primera mitad de 2021, 14 indígenas fueron asesinadas como venganza por su colaboración en procesos para la defensa de sus derechos, tierra y territorios.
A pesar de las medidas emprendidas por la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, para buscar, por todos los medios, el adelanto social de los pueblos originarios y el reconocimiento pleno de todos sus derechos; hoy nuestras hermanas y hermanos indígenas siguen sufriendo violencia, por su condición.
En este sentido, la presente iniciativa busca decretar el 22 de diciembre de cada año como Día Nacional para Eliminar la Violencia contra los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, con la finalidad de visibilizar la violencia que siguen sufriendo nuestras hermanas y hermanos indígenas y afromexicanos.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se propone establecer al 22 de diciembre de cada año, como el Día Nacional para Eliminar la Violencia contra los Pueblos Indígenas y Afromexicanos
Artículo Único. El honorable Congreso de la Unión declara el 22 de diciembre como el Día Nacional para Eliminar la Violencia contra los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Referencias
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https://hchr.org.mx/discursos_cartas/conferencia-magistral-de-guillermo-fernandez-maldonado-el-desplazamiento
-forzado-en-mexico/#:~:text=Cifras%20sobre%20el%20desplazamiento%20interno%20en%20M%C3%A9xico&
text=De%20acuerdo%20con%20los%20datos,violencia%2C%20s%C3%B3lo%20en%20eventos%20masivos.
https://cmdpdh.org/episodios-de-desplazamiento-interno-forzado-en-mexico-informe-2021/
#:~:text=Pueblos%20originarios&text=14%20de%20los%2042%20episodios,representa%20el%2028.24%25%20del%20total.
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https://www.redalyc.org/pdf/325/32523118012.pdf
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/12/22/
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https://culturacolectiva.com/historia/la-masacre-de-acte al-a-20-anos-crimen-estado-impune
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de marzo de 2024.
Diputada Concepción González Molina (rúbrica)