Gaceta Parlamentaria, año XXVII, número 6483-II-4, martes 12 de marzo de 2024
Que reforma el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Kenia del Refugio Hernández Guerrero, del Grupo Parlamentario del PVEM
La que suscribe, diputada Kenia del Refugio Hernández Guerrero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Hasta la fecha, los pendientes sociales, económicos, políticos y culturales en materia de igualdad, equidad y no discriminación se siguen acumulando y agudizando peligrosamente, en perjuicio no sólo de todas las mujeres mexicanas y nuestro pleno desarrollo, sino también en contra de la sociedad en su conjunto.
Ello porque hemos visto cómo, ante estos rezagos, todas y todos por igual, directa o indirectamente, perdemos y salimos perjudicados.
Por eso es preocupante darse cuenta de cómo, a pesar de lo evidente que nos ha resultado lo anterior a lo largo de nuestra historia y hasta la fecha, continuamos aferrados en el mismo camino de la indiferencia social e institucional en cuanto a materia de igualdad sustantiva se refiere.
Tristemente, no hemos podido como sociedad, en primer lugar, aceptar y reconocer nuestros pendientes y carencias en materia de igualdad, género, equidad o discriminación y, en segundo lugar, no hemos podido hacerle frente, prevenir ni erradicar las graves, sistemáticas y estructurales condiciones desfavorables que diariamente en nuestro país niñas, adolescentes y mujeres padecemos.
Desgraciadamente, tanto gobierno como sociedad, en corresponsabilidad, no hemos sido determinantes para atender, erradicar y mucho menos prevenir todos los entornos y expresiones de marginación, violencia, vulnerabilidad, inseguridad y rezago que nos han mantenido históricamente a todas las mujeres mexicanas en pie de lucha para lograr el disfrute pleno de todos nuestros derechos iniciando por los más elementales, ya sea desde el cuidado de nuestra vida, integridad o libertad de decisión hasta el acceso a educación, salud, vivienda, empleo y salario justo, tan sólo por mencionar algunos de ellos. Todo esto, a pesar de nuestros logros en materia de igualdad en la redacción de nuestras leyes.
Es desafortunado que, a pesar de nuestros avances sociales y de que las mujeres somos una población sumamente significativa en cuanto a número se refiere, no hemos podido salir o despojarnos de la simulación o superficialidad que priva tanto en la sociedad como en las instituciones respecto a la atención de las demandas de nosotras las mujeres en todo el país.
Por eso, la violencia que se ejerce hacia nosotras no es vista como un hecho intolerable y condenable, sino como un hábito socialmente aceptado, cotidiano y peligrosamente normalizado.
Somos una sociedad en donde se ha reconocido y asumido como ordinario el asesinato, el hostigamiento, el acoso en todas sus formas, el abuso sexual, físico o verbal, el maltrato físico, psicológico o económico, la trata, o bien, la explotación sexual, laboral o salarial hacia las mujeres. Así nos lo dice diariamente la realidad que todas las niñas, adolescentes, adultas y adultas mayores enfrentamos y que por cierto las estadísticas reflejan también con contundencia.
Basta con señalar que somos un país en donde con total e hiriente impunidad se cometen entre 10.5 y 11 feminicidios diarios; es decir, diariamente nos matan, nos quitan y nos faltan 11 mujeres de distintas edades.1
Seguimos con récords históricos en cuanto a feminicidios se refiere, así fue el pasado año 2021 en donde, de acuerdo a cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad pública (SESNSP), nos arrebataron la vida y futuro de mil 6 mujeres; además de 2 mil 747 muertes más que conveniente y sospechosamente fueron catalogadas como simples “homicidios dolosos”.2
Continuamos inseguras en todo momento y en todo lugar, por ejemplo, el Estado de México, de acuerdo a ONU Mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), es la entidad más violenta para nosotras en nuestro país, con un registro de al menos 151 feminicidios cometidos el pasado año 2021, los demás estados, cabe señalar, no están tan lejanos a estas estadísticas.3
Y si lo anterior no fuera suficiente, también somos presa fácil y recurrente del secuestro, la trata o la violación, entre muchos delitos más.
Así nos los señalan nuevamente las estadísticas en la materia, ya que entre el año 2020 y el año 2021, al menos 416 mujeres fueron víctimas de secuestro, 957 más fueron víctimas del delito de trata y tan sólo durante el año 2021 se acumularon 21 mil 188 denuncias por el delito de violación en contra de una mujer.4
En otras palabras, un delito condenable como lo es la violación creció del año 2020 al año 2021, en 28 por ciento.5
Asimismo, tenemos que al menos, 86 por ciento de todo nuestro territorio está en alerta de violencia feminicida y de desaparición de mujeres y niñas.6
En materia de violencia, las cifras son deplorables, basta mencionar que llegamos al punto de registrar diariamente una llamada cada hora de una mujer pidiendo ayuda y apoyo a los refugios implementados para protección en contra de situaciones de violencia; tenemos más de 3 mil mujeres víctimas del delito de corrupción de menores y se contabilizan al menos 12 mil 918 menores de edad atendidas en diversos hospitales por violencia familiar, de las cuales 88.3 por ciento fueron niñas y adolescentes.7
Por igual, seguimos siendo las principales víctimas de delitos sexuales a lo largo y ancho de todo el país; ya que hay ocho casos de mujeres atacadas por cada uno en hombres, para un total de 3 mil 140 delitos registrados hacia nosotras las mujeres el pasado año 2021.8
Finalmente, y a pesar de todo lo anterior y su gravedad, también padecemos trágicamente el nulo acceso a la procuración e impartición plena de justicia.
Con todo lo anteriormente descrito y cómo podemos ver, tal y como lo mencioné en los primeros párrafos de la presente iniciativa, los pendientes y retos en materia de igualdad sustantiva, equidad, violencia y discriminación en contra de nosotras las mujeres en todo el país son grandes y también sumamente urgentes.
Si bien, gracias a la larga e incesante lucha histórica de todas las mujeres, ha habido significativos avances y conquistas relevantes, la cruda realidad nos hace ver que han sido insuficientes o que han quedado rebasados tanto para detener el daño causado, como para revertir el problema y, a la vez, prevenir la aparición de nuevos desafíos.
El acceso y disfrute para todas las mujeres de este país a una igualdad de oportunidades sustantiva y efectiva, en todos los aspectos de nuestra elección y libre decisión, sin discriminación alguna y en condiciones de plena seguridad sigue siendo una meta irresuelta.
Hablamos de una meta que, por cierto, para muchas mujeres sólo fue una ilusión y un sueño fugaz, que les arrebataron junto con su propia vida.
Por todo esto coincido con quienes afirman que todos estos problemas nos han exigido desde siempre el ser determinantes y atenderlos no sólo parcialmente, sino desde la raíz, pero no ha sido así.
Lo anterior es fundamental si como país y sociedad de verdad queremos avanzar en cuanto a garantizar y consolidar en todo momento y en todo lugar los derechos para las mujeres y su pleno disfrute.
Tenemos que reconocer que hemos sido capaces de desarrollar tanto a nivel federal como estatal una normatividad en materia de igualdad, equidad y no discriminación hacia la mujer sumamente extensa, pero que ésta no está siendo ni funcional ni efectiva, o bien, ni siquiera medianamente aplicada.
Nos guste o no, lo aceptemos o no, todo lo relacionado a la igualdad sustantiva, genera escozor en la conciencia social, reafirmamos así que socialmente no viene implícita en nuestro código genético y, a la vez, confirmamos que ni siquiera está considerada en nuestra conducta habitual o mínimamente ética.
Sencillamente, día a día con nuestras omisiones e indiferencia hacia las demandas de las mujeres ratificamos socialmente que la igualdad sustantiva no es parte de nuestra cultura.
Lo anterior nos ha salido sumamente caro, por ello, todos los esfuerzos que emprendemos pareciera que son infructuosos o insuficientes, ya que cuando de igualdad sustantiva se habla inmediatamente la conciencia social lo traslada al campo de lo reaccionario, lo inútil, negativo, repetitivo, extremista y forzado, o bien, como algo ajeno que por moda nos es impuesto y, por ende, puede ser visto tanto con desdén como también como una obligación que se vale atenderla con simulación.
Derivado de ello, todos nuestros esfuerzos se quedan en el terreno de la simulación o si bien nos va, de la superficialidad.
Como ejemplo basta señalar lo siguiente que en los tres órdenes de gobierno tanto federal, estatal y municipal, tenemos una tarea urgente en cuanto a la instalación de la igualdad sustantiva y en el acceso efectivo de todas las mujeres a todos los puestos de toma de decisiones. Actualmente esto no existe, no lo hay de manera efectiva, sólo se atiende de forma simulada.
Apenas nos congratulamos de que por primera vez en nuestra historia, en pleno año 2021, tuvimos la primera legislatura paritaria, es decir, la Cámara de Diputadas y Diputados federales por primera vez, al menos en el número, mujeres y hombres la conforman en igualdad.
Una paridad por cierto forzada gracias a resoluciones judiciales, pero suficiente para mostrarnos lo grave que está este asunto.
Por eso se vuelve imprescindible garantizar incluso constitucionalmente nuestro acceso seguro y firme a todos los lugares de toma de decisiones en este país y a los cargos de representación popular de manera efectiva, sin condicionamiento alguno y en condiciones de total igualdad sustantiva. Ese es el objetivo que busca a tender la presente iniciativa.
Propongo modificar el artículo 35 de nuestra Constitución para agregar un último párrafo que establezca que este ordenamiento reconoce y garantiza el derecho al acceso en igualdad sustantiva a los puestos de la función pública, los órganos de gobierno, los organismos constitucionales autónomos y los cuerpos administrativos de los tres órdenes de gobierno desde las personas titulares de los poderes ejecutivos y sus gabinetes, las legislaturas, los poderes judiciales, los ayuntamientos y las alcaldías.
No tenemos de otra, así deben ser las cosas, así debemos de aplicar la igualdad sustantiva en el acceso de nosotras las mujeres a los puestos de toma de decisiones.
Si no lo reconocemos así, la paridad a la que nos referimos como calificativo de la presente legislatura sólo quedará en la anécdota o como claro ejemplo de la simulación prevaleciente.
Lo anterior porque como sociedad tenemos que reconocer y aceptar que la paridad efectiva no puede versar sólo en el número de posiciones concedidas para nosotras las mujeres, porque eso ha quedado demostrado que es simulación, insuficiente, irrelevante e inservible. Esta mal llamada paridad está incompleta si no va implícita en ella una igualdad sustantiva que no conceda, sino que nos garantice a todas las mujeres en todo el país la disponibilidad y el acceso a todos los cargos de toma de decisiones en similares condiciones y circunstancias.
Si quienes integramos esta soberanía y como sociedad en su conjunto no tenemos la capacidad y la valía de dar ese paso a nivel constitucional, vamos a seguir igual de violentadas, discriminadas y excluidas de todo y en todo.
Eso no sólo es inaceptable y condenable, sino que también nos ha salido sumamente caro en materia política, social, económica, laboral o educativa, sólo por mencionar algunos aspectos.
La situación en materia de inequidad, discriminación, seguridad, violencia en todas sus formas y desigualdad hacia las mujeres en este país no puede ni debe continuar como hasta la fecha prevalece y quienes integramos la presente soberanía no podemos quedarnos sin hacer algo contundente al respecto.
Por todo ello, se somete a la consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de
Decreto por el que se reforma el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo Único. Se adiciona un último párrafo al artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía:
I. a IX. ...
Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho al acceso en igualdad sustantiva a los puestos de la función pública, los órganos de gobierno, los organismos constitucionales autónomos y los cuerpos administrativos de los tres órdenes de gobierno desde las personas titulares de los poderes ejecutivos y sus gabinetes, las legislaturas, los poderes judiciales, los ayuntamientos y las alcaldías.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 https://politica.expansion.mx/mexico/2022/03/07/datos-sobre-la-violenci a-contra-las-mujeres-mexico
2 https://politica.expansion.mx/mexico/2022/03/07/datos-sobre-la-violenci a-contra-las-mujeres-mexico
3 https://politica.expansion.mx/mexico/2022/03/07/datos-sobre-la-violenci a-contra-las-mujeres-mexico
4 https://politica.expansion.mx/mexico/2022/03/07/datos-sobre-la-violenci a-contra-las-mujeres-mexico
5 https://politica.expansion.mx/mexico/2022/03/07/datos-sobre-la-violenci a-contra-las-mujeres-mexico
6 https://politica.expansion.mx/mexico/2022/03/07/datos-sobre-la-violenci a-contra-las-mujeres-mexico
7 https://politica.expansion.mx/mexico/2022/03/07/datos-sobre-la-violenci a-contra-las-mujeres-mexico
8 https://politica.expansion.mx/mexico/2022/03/07/datos-sobre-la-violenci a-contra-las-mujeres-mexico
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de marzo de 2024.
Diputada Kenia del Refugio Hernández Guerrero (rúbrica)