Proposiciones

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a evaluar y conceder una prórroga para la entrada en vigor del decreto por el que se establecen diversas acciones en materia de glifosato y maíz genéticamente modificado1 que prohíbe el uso de ciertos agroquímicos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI y diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios

Quienes que suscriben, diputada Ma. de Jesús Aguirre Maldonado, Ismael Alfredo Hernández Deras, Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda, Roberto Carlos López García; integrantes del Grupo Parlamentario del PRI; diputado Gustavo Macias Zambrano, Rodrigo Sánchez Zepeda, del Grupo Parlamentario del PAN; diputado Jesús Fernando García Hernández, del Grupo Parlamentario del PT; y diputado Juan González Lima, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6°, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se sirve de someter a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, para exhortar respetuosamente al Poder Ejecutivo federal a que otorgue una prórroga para la entrada en vigor del decreto del Diario Oficial de la Federación 13/02/2023, conforme a las siguientes:

Consideraciones

Salud, Productividad y Seguridad Alimentaria

El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce el derecho humano a la salud, que incluye la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, a la protección de la salud y a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de las personas, y establece la responsabilidad del Estado de promover, respetar, proteger y garantizar estos derechos; asimismo, requiere garantizar la seguridad alimentaria y avalar la producción agrícola del país.

La seguridad alimentaria se define como “la capacidad del Estado de establecer márgenes para asegurar el aprovisionamiento de alimentos a la población en términos de disponibilidad, accesibilidad, estabilidad de suministro, inocuidad, nutrición y calidad de los alimentos requerida por la población”.1 Para conseguirla, el Estado puede recurrir a distintas estrategias y herramientas, entre ellas, las sustancias químicas dedicadas al sector agrícola, como lo son el glifosato, bioinsumos, herbicidas y organismos genéticamente modificados.

Por sus características —efectividad, seguridad, relación costo-beneficio, etc.— el glifosato es el herbicida más utilizado a nivel global. En México, el glifosato representa una participación del 45 por ciento del total del mercado2 debido a sus resultados efectivos, versatilidad de uso, espectro de control de las malezas y las ventajas por calidad y precios.

Más de 30 cultivos en México utilizan glifosato para el control de malezas —planta que interfiere con el manejo y el desarrollo de un cultivo en un tiempo determinado—. Entre los cultivos más importantes en los que se utiliza glifosato destacan aquellos que forman parte de la alimentación básica de las y los mexicanos: maíz, sorgo, frijol, hortalizas y árboles frutales como limón y aguacate.3 Operativamente, el glifosato minimiza la necesidad de utilizar máquinas de arar (agricultura de “labranza cero”), reduciendo así la erosión del suelo y las emisiones de carbono, además de ser una de las opciones más económicas para control de malezas en el mercado.

El glifosato se aplica antes de sembrar los cultivos y elimina maleza, como pastos y plantas consideradas “mala hierba”. Al inhibir la síntesis de esos aminoácidos, los compuestos del glifosato impiden que la planta produzca las proteínas necesarias para realizar sus funciones biológicas y, en consecuencia, muere.4 El manejo de malezas es muy importante en todos los tipos de agricultura, por lo que se deben utilizar prácticas que sean eficientes y rentables para los productores y que no afecten al medio ambiente. El control de las malezas mediante la aplicación de herbicidas se realiza en la mayoría de las unidades de producción de nuestro país, ya que es un método eficiente, práctico y rentable, siempre que se utilice de acuerdo con las instrucciones de sus etiquetas. Las opciones modernas de manejo de malezas como el glifosato, además de contribuir a la rentabilidad de los productores, permiten condiciones laborales dignas para los trabajadores ya que reducen significativamente la necesidad de jornadas extensas de trabajo, en las condiciones del campo mexicano como lugares remotos, climas extremos y lesiones por uso de herramientas manuales.

Desde al año 2000 venció y, en consecuencia, se liberó la patente del ingrediente activo glifosato, por lo que actualmente existen 34 registros en el país, 216 marcas de herbicidas con base en la molécula, y 22 empresas que se dedican a la venta de este herbicida.5 En otras palabras, se trata de un herbicida de amplia comercialización, que no constituye monopolio, en ningún sentido para las empresas que tradicionalmente se señalan como productoras y distribuidoras únicas del producto.

Algunas voces ajenas al conocimiento pleno de la vida en el campo mexicano y a la producción agrícola, han intentado regular y prohibir el glifosato en las prácticas agrícolas, y, de hecho, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México anunció recientemente un esquema para eliminarlo progresivamente y buscar una alternativa para 2024. De hecho, el 31 de diciembre de 2020 el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un decreto que buscaba prohibir el uso, adquisición, distribución, promoción e importación del glifosato, así como del maíz genéticamente modificado, marcando como fecha límite para lograr la sustitución total del glifosato el 31 de enero de 2024.6

Advirtiendo una primera imposibilidad para cumplimentar el decreto, el propio Ejecutivo federal modificó el publicado en diciembre de 2020, mediante decreto publicado el 13 de febrero de 2023,7 precisando los alcances del primero y, desafortunadamente, manteniendo la restricción del glifosato en México, ahora con fecha límite para el 31 de marzo de 2024.8

Implicaciones de la prohibición del glifosato

No obstante lo mencionado en los párrafos anteriores, el problema de la estigmatización del glifosato parte de supuestos efectos negativos sobre la salud y el medio ambiente. Se mencionan genéricamente “diversos estudios” que refieren “lo nocivo del componente”, pero sin respaldo científico, sin posibilidades de replicabilidad y sin constar la supuesta afectación a la salud en los seres humanos.

En contraste, en los estudios realizados en México para cultivos como el maíz, sorgo, aguacate, cítricos, algodón y caña de azúcar se identificó que, para la mayoría de los cultivos y la mayoría de los productores, el costo de control de malezas con glifosato representa un porcentaje de costo mucho menor comparado con el beneficio que les aporta. En los diferentes cultivos, fue mencionado que el control de malezas con glifosato favorece la reducción del uso de maquinaria, propiciando ahorro de combustible, evitando la erosión del suelo y reduciendo los costos de producción.9

En tal virtud, la prohibición impacta directamente a empresas nacionales, generadoras de empleo, que se encuentran en la cadena agroalimentaria nacional. Con la prohibición, las y los agricultores tendrían que optar por herramientas más costosas y, en definitiva, mucho más tóxicas. Esto representará un impacto para el medio ambiente, la economía y la soberanía alimentaria nacional.

Con base en estudios nacionales se identificó que:

• En los 6 cultivos incluidos en el estudio, el rango de uso de glifosato es mayor a 5 años en más del 80 por ciento de los casos en los cultivos de caña, maíz y cítricos. En sorgo y algodón en más del 50 por ciento de los casos y en aguacate en el 48 por ciento de los casos.

• Las razones por las que usan el glifosato en cada cultivo varían ligeramente, pero hay tres principales razones predominantes en los cultivos: 1) Excelente control de malezas, 2) amplio espectro de control y 3) fácil de conseguir.

En este mismo estudio el análisis sobre otros herbicidas como alternativas al uso de glifosato, los cinco productos más mencionados para los cultivos de caña, cítricos, maíz, sorgo y aguacate fueron: Paraquat, Diurón, Glufosinato, 2,4-D y Heat. Para el cultivo de algodón fueron: Treflan, Retina Pro, Xtendi Max, Prowl y Diurón. De los productos listados para cada uno de los cultivos, ninguno se puede considerar un sustituto para glifosato, ya que no cuentan con los mismos atributos.

De acuerdo con los datos sobre costos por hectárea, el panorama sobre el uso de alternativas para control de malezas diferentes al glifosato representa un alto e importante impacto económico tanto en costos como en rendimiento. Cinco de los seis cultivos del estudio presentan como el principal impacto de no contar con glifosato el “mayor costo de control de malezas”. Los incrementos en costo por hectárea de otras medidas de control representan hasta un 727 por ciento más que el costo por hectárea con glifosato. A continuación, se puede visualizar el impacto por cultivo:

En síntesis, el impacto principal al no contar con glifosato en los cultivos incluidos en el estudio sería un incremento en los costos de control de malezas y, en consecuencia, el costo de producción de sus cultivos.

Los cultivos clave para la economía mexicana como el maíz, aguacate y caña de azúcar se verán afectados por la prohibición a partir del 31 de marzo de 2024. Los costos de producción aumentarían considerablemente, afectando la economía no solo de los pequeños y medianos agricultores del país, sino de la población en su conjunto, al generar un nuevo efecto inflacionario en la canasta básica de las y los mexicanos. La decisión de prohibir el glifosato no se puede dar en un contexto en donde no existen sustitutos efectivos a esta sustancia, por lo que es elemental postergar su prohibición y seguir trabajando en la transición agroecológica bajo un enfoque balanceado en términos económicos y de sustentabilidad.

A pesar de que Conahcyt ha sido la dependencia responsable de buscar alternativas al glifosato, la realidad es que, a menos de dos meses de su prohibición, no ha logrado llegar al objetivo de presentar alternativas que efectivamente sustituyan a esta sustancia. Aunado a lo anterior, es importante destacar que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), tras un estudio riguroso que analizó más de 2400 investigaciones científicas, concluyó que el glifosato no representa un riesgo para la salud humana, de los animales o el medio ambiente10 y, por lo exhaustivo de la investigación, no se esperan resultados distintos en los siguientes años. Con ello, la autoridad europea extendió el permiso de uso de glifosato en su territorio por diez años más. De ahí que la prohibición basada en la protección a la salud humana y al medio ambiente no es consecuente con el entorno internacional, y bajo alternativas inexistentes, el sector más afectado sería el agrícola y la población mexicana en su conjunto. Que el propio Conahcyt en su publicación “manejo ecológico integral de arvenses” de marzo de 2023, menciona en la página 11, sección “Otros países que están eliminando el Glifosato” como único caso el de Vietnam, sin embargo, sin mencionar el fracaso por una política similar para el caso de Sri-Lanka.

En julio de 2023, la EFSA publicó su Conclusión sobre la revisión por pares de la evaluación del riesgo de plaguicidas de la sustancia activa glifosato donde se concluye que la EFSA no ha identificado áreas de preocupación críticas en la evaluación del impacto del glifosato en la salud de las personas, los animales y el medio ambiente. La EFSA también indica que se han identificado algunas lagunas de datos, cuestiones que no han podido concluirse o cuestiones pendientes, para que la Comisión Europea y los Estados miembros las tengan en cuenta en la siguiente fase del proceso de renovación de la aprobación.

Dejar de emplear el glifosato, sin un perfecto sustituto en inocuidad, calidad, impacto, costo-efectividad y accesibilidad provocaría una disminución en la productividad agrícola, generando la necesidad de importar más alimentos, o, incluso, de incrementar los problemas de escasez y hambre que aún se padece en nuestro país a pesar de los esfuerzos de la actual administración.

La prohibición absoluta no constituye la opción más sostenible para el sector agrícola. Lo ideal sería buscar alternativas más sustentables, con menos riesgos y consecuencias tanto ambientales como sanitarias, pero que garanticen el mismo nivel de productividad y la suficiencia alimentaria para abastecer las necesidades y exigencias mínimas de la sociedad mexicana.

Los estudios y la tecnología deben concentrarse, entonces, no en la prohibición, sino en la investigación y adaptación de los agroquímicos ya utilizados, ya sea en dosis o componentes –o incluso en la implementación de sustancias alternativas– que resulten más favorecedoras para el sector. Hay preocupación en el campo agrícola sobre cómo se sustituiría un agroquímico de amplio y eficiente uso, por lo tanto, la investigación debe ser profunda, pronta y de calidad. Mientras eso ocurre, debemos seguir empleando los herbicidas que han probado efectividad y que son más atacados por una posición ideológica que por un verdadero impacto en el medio ambiente y en la salud.

Por lo anteriormente expuesto, y dada necesidad de garantizar la suficiencia alimentaria en la población mexicana, y de obtener más información sobre los agroquímicos, el glifosato y el maíz genéticamente modificado en la producción agrícola del país, para no recurrir a su prohibición absoluta, sino a alternativas más sostenibles, se propone ante esta Cámara de Diputados el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al titular del Poder Ejecutivo federal a que en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales analice, evalúe e instruya la ampliación del periodo de transición para que se puedan seguir otorgando autorizaciones y permisos para la importación, producción, distribución y uso de glifosato, considerando que aún no se cuenta con las alternativas y prácticas sostenibles que permitan mantener la producción agrícola en el país.

Notas:

1 Decreto disponible en https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5679405&fecha=13/02/ 2023#gsc.tab=0

2 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, 2012. “Estrategia para la Seguridad Alimentaria del Estado de Veracruz 2012”. Recuperado de https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/683371/Estrategia_para_l a_Seguridad_Alimentaria_2012_compressed.pdf

3 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2019. “Niega Semarnat importación de mil toneladas de glifosato, bajo el principio precautorio para la prevención de riesgos”. Recuperado de https://www.gob.mx/semarnat/prensa/niega-semarnat-importacion-de-mil-to neladas-de-glifosato-bajo-el-principio-precautorio-para-la-prevencion-d e-riesgos?idiom=es

4 Unión Nacional de Avicultores, 2021. “Glifosato, ¿hay riesgo sanitario o de desabasto alimenticio?”. Recuperado de https://una.org.mx/glifosato-hay-riesgo-sanitario-o-de-desabasto-alimen ticio/#:~:text=El%20glifosato%20es%20el%20herbicida,caf%C3%A9%20y%20ca% C3%B1a%20de%20az%C3%BAcar.

5 Guerrero, V. (2021). “Glifosato ¿herbicida que no hace daño?”. Recuperado de https://ciencia.unam.mx/leer/1089/glifosato-herbicida-que-no-hace-dano-

6 Senado de la República LXV Legislatura (2022). “Análisis en materia de plaguicidas y glifosato”. Por la Coordinación de la Consultoría Jurídica Legislativa, recuperado de https://micrositios.senado.gob.mx/consultoria_Juridica/files/Plaguicida s_Glifosato_v2thi2hg.pdf, pp. 22-30.

7 DECRETO por el que se establecen las acciones que deberán realizar las dependencias y entidades que integran la Administración Pública Federal, en el ámbito de sus competencias, para sustituir gradualmente el uso, adquisición, distribución, promoción e importación de la sustancia química denominada glifosato y de los agroquímicos utilizados en nuestro país que lo contienen como ingrediente activo, por alternativas sostenibles y culturalmente adecuadas, que permitan mantener la producción y resulten seguras para la salud humana, la diversidad biocultural del país y el ambiente. [Visible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609365&fecha=31/12/ 2020#gsc.tab=0]

8 DECRETO por el que se establecen diversas acciones en materia de glifosato y maíz genéticamente modificado. [Visible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5679405&fecha=13/02/ 2023#gsc.tab=0]

9 Cabe recordar que debido a las prohibiciones impuestas en materia de maíz genéticamente modificado, tanto Estados Unidos como Canadá iniciaron una Controversia internacional, con base en supuestos incumplimientos al T-MEC, dado que consideran que México estaría violando el tratado comercial con sendos decretos presidenciales. La controversia ya está en proceso de panel internacional y se espera su resolutivo durante los primeros meses de 2024. La regulación en materia de plaguicidas no es un tema nuevo. México cuenta con un marco regulatorio riguroso en la materia que busca la inocuidad alimentaria, la salud de las personas y la protección del medio ambiente. Por lo tanto, incluso desde antes del decreto sustancias como el glifosato ya contaban con un proceso exhaustivo para ser aprobadas y proteger la salud de quienes lo usan y consumen.

10 Labrada, J., Caseley, C. & Parker, C. (1996). “Manejo de malezas en países en desarrollo”. Recuperado de la FAO en https://ia600204.us.archive.org/10/items/bub_gb_i7inikglZZEC/bub_gb_i7i nikglZZEC.pdf

11 EFSA (2023). “La EFSA Explica la evaluación científica del glifosato”. Disponible en: https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/2023-08/glyphosate-fact- sheet-es.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de marzo de 2024.

Diputados: Ma. de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica), Ismael Alfredo Hernández Deras (rúbrica), Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda (rúbrica), Roberto Carlos López García (rúbrica), Jesús Fernando García Hernández (rúbrica), Juan González Lima (rúbrica), Gustavo Macias Zambrano (rúbrica) y Rodrigo Sánchez Zepeda (rúbrica).

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades en materia de turismo y a prestadores de los servicios turísticos en todos sus ramos a realizar campañas informativas y capacitaciones al personal, a fin de mejorar la implementación del protocolo de actuación para guías de turismo ante posibles casos de explotación sexual o laboral de niñas, niños y adolescentes, a cargo de la diputada Mariana Erandi Nassar Piñeyro, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita diputada federal, Mariana Erandi Nassar Piñeyro, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

1. El turismo en nuestro país generó en el año 2022 ingresos totales por 2 billones 372 mil 556 millones de pesos, lo que representa el 8.1 por ciento del Producto Interno Bruto, según datos de la Cuenta Satélite de Turismo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi.1 Las actividades turísticas, generan casi 2 y medio millones de empleos directos y más de cinco millones indirectos, convirtiéndose en el principal destino turístico de viajeros de los Estados Unidos.

2. Sin embargo, un dato alarmante, es que nuestro país también ha escalado posiciones como un destino preferido de los agresores sexuales y pederastas hasta colocarse en el lamentable segundo lugar mundial para la explotación sexual contra niños, niñas y adolescentes y el primer lugar, en consumo de pornografía infantil, lo anterior, con información de la organización no gubernamental World Visión México.2

3. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, advierte que el abuso sexual es una de las peores formas de violencia contra la niñez y a pesar de ello, poco se hace para detener este problema creciente, ya que la mayoría de los casos no son detectados ni denunciados, principalmente por que se llevar a cabo por personas cercanas a la víctima. En el caso del turismo sexual, las circunstancias incorporan a redes de trata que se aprovechan de las condiciones de abandono y necesidad económica donde en ocasiones llegan a ser partícipes integrantes de la familia.3

4. En una entrevista para el periódico El Financiero, en abril de 2022, Vivaldina Jaubert, fundadora y directora general de Arte Laboratorio y Activismo Sociocultural AC/ Soñando Mariposas, comentó que, de 1,000 casos de abuso sexual infantil, sólo se denuncian 100 y de estos sólo 10 llegan al Juez y donde sólo en uno se aplica sentencia. También comentó que previo a la Pandemia de Covid-19 México exportaba 60 por ciento de toda la pornografía infantil a todo el mundo y para mediados de 2022, el porcentaje subió a 73 por ciento debido al confinamiento.4

5. La Conferencia Internacional de Turismo y Explotación Sexual Comercial Infantil, aseguró que antes del confinamiento ingresaban a México en viajes de turismo, aproximadamente 600 mil depredadores sexuales al año, señalando a ciudades como Tijuana, Tapachula, Acapulco, Puerto Vallarta, Cancún, Tenancingo en Tlaxcala y las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza en la Ciudad de México, como los lugares preferidos por los agresores sexuales y donde generan cifras millonarias, en total impunidad creando contenido sobre pornografía infantil y trata de menores.5

6. World Vision México, también denunció que, quienes cometen estos delitos, lo hacen utilizando la infraestructura del sector turístico como hoteles, moteles, inmuebles rentados, empresas transportistas tanto terrestres, aéreas y marítimas, así como bares, restaurantes, spas y centros de entretenimiento. Ante lo cual, la Secretaría de Turismo implementó el Código Conducta Nacional para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes en el Sector de los Viajes de Turismo, cuyo objetivo es servir de Modelo de Protocolo de actuación para Guías de Turismo, ante posibles casos o situaciones de riesgo de explotación sexual y/o laboral de niñas, niños y adolescentes en el sector de los viajes y el turismo.

7. Sin embargo, el protocolo requiere de la implementación por parte de personas responsables de los establecimientos con una debida capacitación y conocimiento sobre las conductas de las probables víctimas y agresores sexuales, lo que sin duda complica la aplicación de esta política de prevención.6

8. Es importante precisar que la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo Primero, fracción Tercera, prevé la constitución del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que el Estado cumpla con la responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución integrales de los derechos humanos que hayan sido vulnerados.7

9. En ese sentido, el pasado 12 de noviembre de 2021, el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, aprobó el Protocolo Nacional de Coordinación Interinstitucional para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Violencia, el cual está integrado por diversas dependencias del ámbito federal como; la Fiscalía General de la República; el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; la Secretaría de Salud y la Secretaría de Protección Ciudadana, entre otros.

10. Que, si bien el protocolo es robusto en su integración, su implementación requiere de la coordinación interinstitucional de funcionarios que en muchas ocasiones no cuentan con la capacitación suficiente y necesaria para identificar las conductas de riesgo y las circunstancias que puedan vulnerar los derechos de las probables víctimas, además de actos de omisión o corrupción por parte de las autoridades responsables.

11. Por lo tanto, es necesario continuar con el fortalecimiento de la implementación del Sipinna en los municipios de México, pues si bien hay entidades federativas que tienen cubierto el 100 por ciento de sus ayuntamientos reportando un avance del 75 por ciento a nivel nacional, hay entidades federativas como Oaxaca donde el avance es sólo del 1.75 por ciento con 10 municipios donde se ha instalado el sistema.8

12. Según el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal de 2023 elaborado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, en el 2022 las fiscalías estatales iniciaron 34 915 averiguaciones previas por el delito de abuso sexual, de las cuales más de 22 mil fueron a menores, sin contar las cifras ocultas que no se denuncian.9

13. Adicionalmente, los Códigos Penales de las entidades federativas no tienen la homologación de delitos sexuales, lo que provoca confusión en las conductas sancionadas e interpretaciones jurídicas que permiten la impunidad, además de carecer de una perspectiva a favor de la niñez.

14. Es urgente que los protocolos implementados por la Secretaría de Turismo federal en coordinación con las instancias de procuración de justicia federales y estatales sean evaluados en sus resultados y en sus objetivos dado los altos índices de agresiones sexuales que han aumentado en los últimos años, como una estrategia urgente de prevención de delito y a favor de la niñez de México.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Turismo federal, la Fiscalía General de la República, a la Secretaría de Gobernación, a las Secretarías de Turismo y a las Fiscalías Generales de las entidades federativas, a las organizaciones de la sociedad civil representativas de los prestadores de los servicios turísticos en todos sus ramos, para que realicen diversas campañas informativas y capacitaciones al personal del sector turístico a fin de mejorar la implementación del protocolo de actuación para guías de turismo ante posibles casos o situaciones de riesgo de explotación sexual y/o laboral de niñas, niños y adolescentes, a fin de garantizar sus derechos fundamentales y el interés superior del menor.

Notas:

1 https://www.inegi.org.mx/temas/turismosat/#:~:text=En%202022%2C%20el%20 PIB%20tur%C3%ADstico,a%208.5%20%25%20del%20PIB%20nacional.

2 https://www.worldvisionmexico.org.mx/blog/ninez-turismo-mexico

3 https://www.unicef.org/argentina/sites/unicef.org.argentina/files/2018- 04/proteccion-AbusoSexual_contra_NNyA-2016.pdf

4 https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/lourdes-mendoza/2022/05/25/mexi co-paraiso-abierto-al-abuso-sexual-infantil/

5 Ibidem

6 https://sistemas.sectur.gob.mx/dgtic-app-114/web/admin/docs/Modelo_de_P rotocolo_ESNNA-VT_para_Guias_de_Turismo_ENTREGADO.pdf

7 www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/809090/20230313_Dossier_SIPINNA. pdf

8 www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/809090/20230313_Dossier_SIPINNA. pdf

9 www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cnpje/2023/doc/cnpje_2023_resulta dos.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de marzo de 2024.

Diputada Mariana Erandi Nassar Piñeyro (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob a que, a través de sus canales oficiales de comunicación, den a conocer a la opinión pública la situación en la que se encuentra operando el CNIH, a cargo de la diputada Sue Ellen Bernal Bolnik, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Sue Ellen Bernal Bolnik, diputada integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXV legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6 numeral I fracción I; y 79 numeral 1 fracción II y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta, respetuosamente, la Secretaría de Gobernación, a la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, y a la Comisión Nacional de Búsqueda De Personas, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, den a conocer a la opinión pública, a través de sus canales oficiales de comunicación, la situación en la que se encuentra operando el Centro Nacional de Identificación Humana, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El derecho a la vida, consagrado en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en diversos tratados internacionales, se erige como un pilar fundamental de la protección de los derechos humanos. Lamentablemente, en nuestro país, este derecho ha sido vulnerado, permitiendo que un número significativo de personas desaparezcan diariamente, sin que se conozca su paradero. Esta situación ha dado lugar a un preocupante aumento en el número de personas desaparecidas y no localizadas, que ha pasado de más de 800 casos reportados al cierre de 2007 a 11,905 casos registrados durante los 12 meses del año 2023, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

Es por ello que se crea el Centro Nacional de Identificación Humana, una gran apuesta del sexenio para atender la crisis de desaparecidos, que incluía el mayor laboratorio de genética del país, teniendo como objetivo, avanzar hacia un modelo que, desde un enfoque masivo y dirigido exclusivamente a personas desaparecidas, permita brindar una búsqueda efectiva, certera y, en su caso, un trato digno a los cuerpos sin identificar. Sin embargo, a su reciente creación esta ha quedado varada a poco más de un año después de su inauguración y tras el despido de 40 de los 59 especialistas forense.

La creación del Centro Nacional de Identificación Humana surge como una respuesta necesaria ante la crisis de desapariciones en México, donde el derecho a la vida, fundamental según la Constitución y tratados internacionales, se ve amenazado en nuestro país. A pesar de ser un espacio crucial para las familias de las víctimas, el del Centro Nacional de Identificación Humana ha quedado desatendido, con falta de personal y recursos, lo que obstaculiza los esfuerzos de identificación y resolución de casos. Urge que las autoridades proporcionen información transparente sobre el estado y funcionamiento del Centro para garantizar el derecho a la verdad y la justicia, y así avanzar en la búsqueda de las personas desaparecidas.

Hasta ahora ni la Secretaría de Gobernación, ni la Comisión Nacional de Búsqueda De Personas han emitido información oficial, ni se ha dado cumplimiento con emitir los lineamientos de operación del CNIH, que marca la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Es por ello que, solicitamos que se haga pública la información sobre el funcionamiento de la Institución debido a que las desapariciones siguen a la alza, con la finalidad de garantizar transparencia, el derecho a la verdad y a la justicia, con el objetivo de poder avanzar en la búsqueda de personas que no han sido encontrados por las autoridades, ni por sus familiares, brindando una búsqueda efectiva, certera y, en su caso, un trato digno a los cuerpos sin identificar.

En este sentido, por las consideraciones antes expuestas, someto a consideración de soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Punto de Acuerdo

Único. - La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Gobernación, a la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, y a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, den a conocer a la opinión pública, a través de sus canales oficiales de comunicación, la situación en la que se encuentra operando el Centro Nacional de Identificación Humana.

Notas:

1 https://elpais.com/mexico/2024-02-20/el-desmantelamiento-del-centro-nac ional-de-identificacion-deja-en-vilo-a-cientos-de-familiares-todo-se-fu e-por-el-cano.html

2 https://www.milenio.com/politica/onu-ordena-reactivar-centro-nacional-i dentificacion-humana

3 https://www.jornada.com.mx/2024/02/05/politica/012n1pol

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 6 días del mes de marzo del año 2024.

diputada Sue Ellen Bernal Bolnik (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Cenace a implantar las acciones correspondientes para agilizar la conclusión y operación de los proyectos eólicos enunciados por la AMDEE, a cargo de la diputada Mariana Erandi Nassar Piñeyro, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita diputada federal, Mariana Erandi Nassar Piñeiro, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

1. La energía eólica es la energía renovable más madura y desarrollada. Genera electricidad a través de la fuerza del viento, mediante la utilización de la energía cinética producida por efecto de las corrientes de aire. Se trata de una fuente de energía limpia e inagotable, que reduce la emisión de gases de efecto invernadero y preserva el medioambiente. La energía eólica ha sido aprovechada desde la antigüedad para mover los barcos impulsados por velas o hacer funcionar la maquinaria de molinos al mover sus aspas.

2. Desde principios del siglo XX, se produce energía a través de los aerogeneradores. La energía eólica mueve una hélice y, mediante un sistema mecánico, hace girar el rotor de un generador que produce energía eléctrica. Los aerogeneradores suelen agruparse en concentraciones denominadas parques eólicos con el fin de lograr un mejor aprovechamiento de la energía, lo que reduce su impacto ambiental.1

3. La energía eólica instalada en el mundo en 2022 llegó a situarse en 906 GW, según datos del Global Wind Energy Council (GWEC). Los cinco principales mercados del mundo son China, Estados Unidos, Alemania, India y España, y representan el 71 por ciento de las instalaciones mundiales realizadas en 2022, siendo un 77,6 por ciento de nueva capacidad eólica instalada y conectada en el mundo. A pesar de que disminuyó en 3,7 por ciento menos que en 2021, derivado de que los dos mayores mercados del mundo China y Estados Unidos, perdieron conjuntamente un 5 por ciento de cuota de mercado en comparación con 2021.2

4. Según datos de la Asociación Mexicana de Energía Eólica, AMDEE, en nuestro país existen 70 parques eólicos en 15 entidades federativas que generan 7,317 Mega Watts que representan el 8.1 por ciento de la capacidad instalada, con una inversión de 13,000 millones de dólares y 3,247 turbinas instaladas, evitando la emisión de 8.8 millones de toneladas de emisión de CO2 a la atmósfera.3 El Laboratorio Nacional de Energías Renovables en Estados Unidos, (NREL por sus siglas en inglés), estima que el potencial eólico de México es un estimado de 70,000 MW, siendo nuestro país uno de los calificados con mayor perspectiva de crecimiento para el sector. Los principales parques se ubican en Oaxaca, Tamaulipas y Nuevo León.

5. La energía eólica tiene un papel primordial en la lucha contra el cambio climático. La Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA por sus siglas en inglés), informó que a finales de 2022 se alcanzó un total 1.3 mil millones de dólares en inversiones de todas las tecnologías de transición energética. Sin embargo, para lograr la meta de disminuir en 1.5°C la temperatura promedio global, se requieren 150 mil millones de dólares acumulados para el 2050. En este sentido, nuestro país actualizó su compromiso en la reducción de Gases de Efecto Invernadero GEI, en el mecanismo denominado Contribución Nacionalmente Determinada CND de 22 por ciento a 35 por ciento.4

6. Este mecanismo tiene también como objetivo generar un impacto positivo para la atracción de mayores inversiones y generación de empleo, por lo que el sector energético propuso la implementación de un plan a largo plazo, definiendo los mecanismos de coordinación para que la participación del sector privado y el sector público se complementen para tratar de lograr la instalación de 40 GW (1000 millones de watts), particularmente en la ampliación y consolidación de la Red Nacional de Transmisión que es de vital importancia para el efectivo transporte de la energía a las diferentes regiones alimentando el sistema eléctrico nacional.5

7. Sin embargo, en una reciente comunicación, la presidencia de la Asociación Mexicana de Energía Eólica informó que se encuentran detenidos 28 proyectos en distintas etapas de desarrollo y 7 proyectos totalmente concluidos a los cuales sólo les faltan algunos trámites para el inicio de operaciones. La pausa obligada es resultado de la falta de certidumbre jurídica, pues no hay certeza en el tiempo para tener lista la Red Nacional de Transmisión necesaria para poder conectar los proyectos que ya están concluidos y en el caso de los proyectos en proceso, faltan permisos y resoluciones por parte del regulador, lo que estaría provocando que muchas empresas desistieran de seguir invirtiendo en el sector de energía eólica.6

8. En este sentido, el Centro Nacional de Control de Energía, (Cenace), es el responsable de ejercer el control operativo del sistema eléctrico nacional; la operación del Mercado Eléctrico Mayorista y garantizar imparcialidad en el acceso a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de Distribución, también, tiene la facultad de generar e implementar los mecanismos normativos para los proyectos mencionados por la AMEE, por lo que es fundamental su intervención en este asunto.

9. Este escenario complica las metas de México en sus compromisos del Acuerdo de Paris y de las metas de la Convención Marco de las Naciones Unidas en Materia de Cambio Climático, además de inhibir la generación de empleos y de generar dudas en el marco regulatorio por lo que es urgente una redefinición sobre la política energética y certidumbre para el futuro energético de nuestro país.7

10. Precisando que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024, en el Ramo 18 Energía, se presupuestan poco más de 5 mil millones de pesos para el cumplimiento de los objetivos del Centro Nacional de Control de Energía, entre los que destacan Recursos destinados a la transición e investigación en materia energética recursos destinados a la transición e investigación en materia energética.8

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Centro Nacional de Control de Energía para que implemente las acciones correspondientes para agilizar la conclusión y operación de los proyectos eólicos enunciados por la Asociación Mexicana de Energía Eólica.

Notas:

1 https://aeeolica.org/sobre-la-eolica/la-eolica-y-sus-ventajas/

2 https://aeeolica.org/sobre-la-eolica/la-eolica-en-el-mundo/

3 https://amdee.org/07-proyectos/

4 https://amdee.org/wp-content/uploads/INFORME-ANUAL-AMDEE-V3-LR.pdf

5 Ibidem.

6 https://www.reforma.com/estan-congelados-5-mil-mdd-de-inversiones-en-en ergia-eolica/gr/ar2761714?md5=2760ed26785bcf40bc446baa358a1523&ta=0 dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&utm_source=whatsapp&utm_medium= social&utm_campaign=promocion_suscriptor

7 https://www.un.org/fr/climatechange/paris-agreement

8 https://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/btrnZkyc/PEF2024/rpdngkxq/d ocs/18/r18_ppcer.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de marzo de 2024.

Diputada Mariana Erandi Nassar Piñero (rúbrica)