Proposiciones

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob y a la Conavim a incluir en el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres estrategias y metas prioritarias específicas para mujeres con discapacidad, a cargo de la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quien suscribe, Ma Teresa Rosaura Ochoa Mejía, diputada del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

La organización de las Naciones Unidas (ONU) define la violencia de género como todo acto de violencia que resulte en algún daño físico, sexual o psicológico para la mujer, amenazas, coacción y privación arbitraria de la libertad.1 El contexto de violencia que viven las mujeres es realmente alarmante, ya que, de acuerdo con las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que alrededor del 30% de las mujeres en el mundo han sido víctimas de violencia.2

Por tanto, se ha demostrado que las mujeres con discapacidad son más vulnerables a sufrir violencia en mayor escala, ya sea por parte de sus familiares, pareja, cuidadores e instituciones, y uno de los factores detrás del aumento en la incidencia de la violencia contra las personas con discapacidad es el ser consideradas de menor valor, por lo tanto a nivel internacional y nacional ya existen esfuerzos normativos preocupados por la violencia de género, aunque, es necesario priorizar y especificar en mujeres con discapacidad.3

En México, la violencia contra las mujeres con discapacidad es un gran problema debido a que 7 de cada 10 mujeres con discapacidad han sufrido violencia de algún tipo, sin embargo, la situación que viven estas mujeres son poco visibilizadas.4 Las mujeres y las niñas con discapacidad experimentan una doble discriminación, de género y la relacionada con la discapacidad, por lo que corren un mayor riesgo de sufrir violencia, abandono, maltratos y explotación.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), para 2020 en México había 6,179,890 de personas con discapacidad, de las cuales el 53% son mujeres, lo que representa 3.2 millones mujeres con discapacidad, además según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) el 72.6% de las mujeres con discapacidad mayores de 15 años han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida.5

De ahí que, el 30 de diciembre de 2021 entro en vigor el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Pipasev) 2021-2024, con el objetivo de atender las causas que generan las violencias en razón de género, con la finalidad de reducir y contribuir al incremento de los niveles de bienestar de las mujeres y niñas. Dicho programa se convierte en la principal guía para construir las bases y garantizar los derechos humanos de este gran sector de la población.6

Resulta indispensable impulsar y visibilizar el grado de vulnerabilidad que sufren las mujeres con discapacidad, por lo cual es conveniente especificar y priorizar dentro de dicho programa, a las personas víctimas de violencia que sufren alguna discapacidad, para de esta forma seguir promoviendo sus derechos y bienestar, además que, la participación conjunta entre el sector público y privado con perspectiva de derechos humanos es completamente necesaria para hacer frente a los grandes retos que representa la violencia de género.

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta Honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.- La Honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaria de Gobernación para que, por conducto de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, y en coordinación con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la violencia contra las mujeres, se incluya dentro del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (PIPASEV) 2021-2024, objetivos, estrategias y metas prioritarias específicas para mujeres con discapacidad.

Notas:

1. IFPES (2024) Violencia de género. [En Línea] Disponible en Internet: https://ifpes.fgjcdmx.gob.mx/alerta-de-genero/violencia-de-genero

2. Organización Mundial de la Salud. (2021) Violencia contra la mujer. [En Línea] Disponible en Internet: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-wo men

3. INWWD (2010) Violencia contra mujeres con discapacidad. [En Línea] Disponible en Internet: Chrome- extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.bizkaia.eus/gi zartekintza/genero_indarkeria/blt20/documentos/inwwd.pdf?hash=0c4867ace 9bf501c1e375a2875b1502f

4. Oropeza, E. (2023) Invisibilización e indiferencia: la violencia que enfrentan las mujeres con discapacidad en México. [En Línea] Disponible en Internet: https://animalpolitico.com/tendencias/estilo-de-vida/violencias-que-enf rentan-mujeres-con-discapacidad

5. García, D. (2023) Mujeres con discapacidad: olvidadas por el sistema de justicia. [En Línea] Disponible en Internet: https://contralacorrupcion.mx/mujeres-con-discapacidad-olvidadas-por-el -sistema-de-justicia/

6. Gobierno de México. (2021) Entra en vigor PIPASEV. [En Línea] Disponible en Internet: https://www.gob.mx/conavim/prensa/entra-en-vigor-pipasev-2021-2024-para -atender-y-reducir-causas-que-generan-violencias-en-razon-de-genero-291 530?idiom=es

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de Febrero de 2024

Diputada Ma Teresa Rosaura Ochoa Mejía (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la CNB a colaborar con las instituciones de procuración de justicia en la investigación y persecución de los delitos en materia de desaparición de personas, a cargo de la diputada Jéssica María Guadalupe Ortega de la Cruz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, diputada Jessica María Guadalupe Ortega de la Cruz, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la presente “proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión se pronuncia en contra de la violencia estructural que viven las organizaciones y colectivos de madres buscadoras”, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

1. Derivado de la violencia imperante en el mundo y ante la ineficiencia de algunos sistemas de investigación y justicia, en diferentes latitudes, a través de organizaciones de la sociedad civil, diferentes grupos de personas, en su mayoría, familiares de personas desaparecidas, se han unido para buscar a sus seres queridos desaparecidos y para visibilizar la problemática de las desapariciones en los diferentes países. Algunos de los países donde existen colectivos similares incluyen Argentina con las Madres de Plaza de Mayo , un emblemático ejemplo de madres que buscan justicia para sus hijos e hijas desaparecidas durante la última dictadura militar en Argentina (1976-1983)1 .

En El Salvador, las Madres de Soacha buscan a sus hijos e hijas desaparecidas durante la guerra civil (1980-1992). En Guatemala, las Madres Angustiadas y otros colectivos han surgido como respuesta a la violencia y desapariciones durante el conflicto armado interno (1960-1996).

En Colombia las Madres de La Candelaria y otras organizaciones en Colombia han buscado a sus seres queridos desaparecidos en el contexto del conflicto armado y la violencia asociada con el narcotráfico. En Honduras las Madres de Abril buscan justicia para sus hijos desaparecidos en el contexto de la violencia política y social en Honduras.

Estos colectivos alrededor del mundo comparten la dolorosa experiencia de tener seres queridos desaparecidos, así como la búsqueda de justicia y respuestas. A menudo, buscan visibilizar el problema de las desapariciones, presionar a las autoridades para que tomen medidas y proporcionar apoyo mutuo entre las familias afectadas, es por ello que en ocasiones las colectivas viven violencia institucional. La lucha de estas madres y familiares destaca la importancia del activismo y la movilización civil en la búsqueda de verdad y justicia2 .

2. En México las primeras colectivas de madres buscadoras comenzaron a organizarse a partir de la década de 2000, pero la formación de colectivos específicos puede variar según las regiones y las circunstancias locales. No hay una fecha exacta o un evento específico que marque el inicio de estas organizaciones, ya que su formación ha sido un proceso gradual y en respuesta a las crecientes desapariciones y la falta de acciones efectivas por parte de las autoridades.

A medida que la crisis de desapariciones en nuestro país se intensificaba, las madres y familiares de personas desaparecidas comenzaron a unirse para compartir experiencias, buscar a sus seres queridos y abogar por sus derechos. Los colectivos y organizaciones de madres buscadoras se han multiplicado en respuesta a la urgencia de encontrar a personas desaparecidas y abordar la impunidad asociada con estos casos.

El movimiento de madres buscadoras se ha caracterizado por la acción directa de las familias afectadas, que han decidido organizarse para buscar a sus seres queridos y para visibilizar la problemática de las desapariciones en México. Estas organizaciones a menudo se forman de manera espontánea, con madres y familiares afectados uniéndose para compartir experiencias, estrategias y apoyo mutuo.

Algunas de las organizaciones más conocidas y activas son las Madres Buscadoras de Sonora, el Colectivo Solecito en Veracruz, las Madres y Familiares en Búsqueda María Herrera en Coahuila, el Grupo V.I.D.A. (Víctimas por sus Derechos en Acción) en Nuevo León, Regresando a Casa Morelos, así como la Red de Enlaces Nacionales (REN) la cual está compuesta por más de 160 colectivos locales de familiares de personas desaparecidas en 26 estados. Esta Red ha creado las Brigadas Nacionales de Búsqueda de Personas Desaparecidas (también conocidas como BNB) las cuales son un modelo de búsqueda, un ejercicio de autonomía y democracia llevado a cabo por colectivos de familiares. Estos colectivos se dedican a realizar tareas de búsqueda ciudadana de personas desaparecidas. La BNB no excluye otras formas de búsqueda, sino que contribuye a la construcción de la verdad en casos de desaparición.3

Estos colectivos operan en distintos estados realizando búsqueda de personas desaparecidas, denuncia de la falta de respuesta gubernamental, búsqueda de fosas clandestinas, identificación de restos humanos entre otras acciones orientadas a lo que debería ser el quehacer estatal de investigación y justicia, estos colectivos han sido fundamentales en la visibilización de la crisis de desapariciones en México y han jugado un papel crucial en la búsqueda de justicia y respuestas. Su activismo ha contribuido a poner el tema en la agenda pública y a presionar a las autoridades para que tomen medidas más efectivas.4

3. Los colectivos de personas y Madres Buscadoras en México enfrentan diversas formas de violencia y desafíos en su lucha por buscar a sus seres queridos desaparecidos. Las Madres Buscadoras a menudo enfrentan amenazas y hostigamiento por parte de grupos delictivos y, en algunos casos, incluso de agentes estatales. Estas amenazas buscan disuadir su búsqueda y activismo, y pueden incluir intimidaciones directas o indirectas5 .

La falta de respuesta y acción efectiva por parte de las autoridades gubernamentales es una forma de violencia institucional que las Madres Buscadoras enfrentan. La impunidad y la falta de recursos para llevar a cabo investigaciones adecuadas contribuyen a sufrimientos adicionales.

Al realizar búsquedas en terrenos peligrosos o áreas controladas por grupos delictivos, las Madres Buscadoras enfrentan riesgos físicos significativos. Pueden ser expuestas a condiciones peligrosas y enfrentarse a situaciones de violencia.

La constante incertidumbre sobre el paradero de sus seres queridos y la falta de respuestas pueden causar un profundo trauma emocional en las Madres Buscadoras. La angustia y el dolor que experimentan son a menudo exacerbados por la falta de apoyo psicológico adecuado.

Algunas Madres Buscadoras enfrentan estigmatización y discriminación por parte de la sociedad. Pueden ser señaladas o criticadas, y la falta de comprensión general sobre las circunstancias de las desapariciones puede contribuir a este problema.

Las Madres Buscadoras a menudo carecen de recursos adecuados para llevar a cabo sus búsquedas de manera efectiva. La falta de apoyo gubernamental y la dependencia de recursos limitados pueden dificultar su labor.

4. En Morelos existen mil 810 personas reportadas como desaparecidas desde 1970 y hasta agosto del 2023, de acuerdo con el centro de investigación Morelos Rinde Cuentas. De esta cifra, 603 casos corresponden a mujeres, es decir un 33 por ciento, mientras que el otro 67 por ciento restante corresponde a casos de no localización en hombres, es decir que son 1 mil 207 no localizados hasta el momento6 .

El Centro reveló que de las mil 810 personas reportadas como no localizadas, mil 159 se han registrado durante los últimos dos años y medio, es decir del 2020 a agosto del 2023. Lo cual corresponde a un 64 por ciento del total de desapariciones en el estado de Morelos.

Durante los últimos años, el número de desapariciones que se han reportado son en 2020, 289 personas, en 2021, 293 personas, en 2022, 314 personas y en 2023, 263 personas7 .

Los casos de desaparición de mujeres han ido en aumento en los últimos tres años, las más vulnerables fueron entre los 15 y 24 años de edad. La situación es alarmante en el rango de entre 15 a 19 años, pues mientras que en los hombres se han reportado 115 casos, en mujeres se suscitaron 159 desapariciones8

En Morelos se han realizado múltiples acciones por colectivos de madres buscadoras, desde denuncias, pronunciamientos, visitas a cárceles en busca de información y localización de fosas clandestinas entre otras.

La percepción de la falta de respuesta y acción efectiva por parte de las autoridades gubernamentales frente a las desapariciones ha llevado a la creación de estos grupos de búsqueda. La impunidad y la lentitud en las investigaciones han contribuido a la movilización de las familias afectadas. A pesar de estos desafíos, las Madres Buscadoras han demostrado una notable resiliencia y valentía al enfrentarse a estas violencias para buscar justicia y respuestas sobre sus seres queridos desaparecidos. Su activismo también ha contribuido a generar conciencia sobre la crisis de desapariciones en México y la necesidad de medidas más efectivas por parte de las autoridades.

Es claro que por la omisión de las autoridades gubernamentales en sus acciones e impunidad en sus responsabilidades existen estos colectivos. Es decir, la existencia misma de estas organizaciones civiles surge de la falta del quehacer gubernamental, es por ello que en lugar de exhortarlos nos dirigimos a los colectivos.

En esta Cámara de Diputados tenemos la responsabilidad de pronunciarnos en contra de las violencias estructurales que viven las madres que buscan a sus familiares, las violencias que viven al realizar las acciones de búsqueda y las que viven por parte de las autoridades al no obtener información, es nuestro deber hacerles saber que no están solas y que tienen aliados y aliadas en este recinto.

5. La Secretaría de Gobernación (Segob ) es una dependencia integrante de la administración pública centralizada del Poder Ejecutivo federal y cuenta con 27 atribuciones9 establecidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (Loapf ), entre ellas: “Crear e implementar en forma permanente una página electrónica de consulta pública en la cual se registren los datos de las personas reportadas como desaparecidas en todo el país, así como establecer otra para los casos de mujeres y niñas; ambas plataformas tendrán como fin que la población en general contribuya con información sobre la localización de las personas desaparecidas”.

Para el desempeño de sus funciones, la Segob se auxilia, entre otros, de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB ), creada de conformidad con el artículo 2 fracción IV de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda (Ley General ) de Personas publicada el 17 de noviembre de 2017.10

De conformidad con los artículos 2, apartado C, fracción VII y 153 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación11 , la CNB, es un órgano administrativo desconcentrado de la Segob.

De conformidad con el artículo 50 de la Ley General, la CNB tiene por objeto, determina, ejecuta y da seguimiento a las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en todo el territorio nacional.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, someto a consideración de esta Honorable soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión se pronuncia en contra de la violencia estructural que viven las organizaciones y colectivos de madres buscadoras.

Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, expresa su respaldo y solidaridad hacia las resilientes madres buscadoras que, en medio de circunstancias desafiantes, luchan incansablemente por encontrar a sus familiares desaparecidos.

Tercero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, condena cualquier forma de violencia, amenazas y hostigamiento dirigidas hacia estas mujeres y exigimos a las autoridades que integran el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas que tomen medidas efectivas para garantizar su seguridad y protección.

Cuarto. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, para que de manera ágil y directa asesore y canalice a las instancias correspondientes a las familias de las personas desaparecidas.

Quinto. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, para que de manera eficaz y eficiente, colabore con las instituciones de procuración de justicia en la investigación y persecución de los delitos en materia desaparición de personas.

Notas:

1. El país. Nota periodística. “Las madres buscadoras de América Latina: Sin miedo y con memoria”. Disponible en https://elpais.com/mexico/2022-05-29/las-madres-buscadoras-de-america-l atina-sin-miedo-y-con-memoria.html Consultada: 19 de febrero de 2024.

2. ONU Mujeres. Artículo “Hasta encontrarlas: la lucha inalcanzable de las madres buscadoras”. Disponible en https://mexico.unwomen.org/es/stories/noticia/2022/07/centro-de-estudio s-ecumenicos Consultada: 19 de febrero de 2024.

3. Sopitas. Nota periodística “8 colectivos que buscan a desaparecidos en México que debes conocer”. Disponible en https://www.sopitas.com/noticias/colectivos-buscan-desaparecidos-mexico -comision-nacional/ Consultada: 19 de febrero de 2024.

4. InSight Crime. Nota periodística “Las madres de México siguen buscando, a pesar de la violencia y el abandono”. Disponible en https://insightcrime.org/es/noticias/madres-mexico-siguen-buscando-viol encia-abandono/ Consultada: 19 de febrero de 2024.

5. Organización de las Naciones Unidas. Artículo “Las madres buscadoras en México no están solas, cuentan con varios aliados”. Disponible en https://news.un.org/es/story/2023/07/1523057 Consultada: 19 de febrero de 2024.

6. La Jornada Morelos. Nota periodística “Más de mil 800 desaparecidos en Morelos en los últimos tres años”. Disponible en https://www.lajornadamorelos.mx/lo-mas-visto/mas-de-mil-800-desaparecid os-en-morelos-en-los-ultimos-tres-anos/ Consultada: 21 de febrero de 2024.

7. Ídem.

8. El Sol de Cuernavaca. Nota periodística “Morelos registra más de mil personas desaparecidas”. Disponible en https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/morelos-registra-mas-de-mil- personas-desaparecidas-10617188.html#:~:text=En%20Morelos%20existen%20m il%20810%20personas%20reportadas%20como,con%20el%20centro%20de%20invest igaci%C3%B3n%20Morelos%20Rinde%20Cuentas Consultada: 19 de febrero de 2024.

9. Cámara de Diputados. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Artículos 1, 2, 26 y 27. Disponible en https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LOAPF.pdf Consultada: 19 de febrero de 2024.

10. Cámara de Diputados. Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Disponible en https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMDFP.pdf Consultada: 19 de febrero de 2024.

11. DOF. Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación. Disponible en https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5561631&fecha=31/05/ 2019#gsc.tab=0 Consultado: 20 de febrero de 2023.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de febrero de 2024

Diputada Jessica María Guadalupe Ortega de la Cruz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas dependencias a sancionar a los servidores públicos responsables del desabasto de medicamentos en el país y a los responsables de permitir que caducaran medicamentos que debieron entregarse al estado de Jalisco en abril del año pasado, a cargo del diputado Manuel Jesús Herrera Vega, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quien suscribe, diputado Manuel Jesús Herrera Vega, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo; al tenor de las siguientes

Consideraciones

El desabasto de medicamentos en México ha sido un problema que desde el año 2019 ha afectado a la población; la mal planeada decisión del Gobierno federal de centralizar las compras consolidadas de medicamentos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público1 (SHCP) trajo como consecuencia el retraso en la compra y entrega, así como la carencia de algunos medicamentos. Lo anterior debido a que la falta de experiencia y conocimiento de los servidores públicos de la SHCP encargados de llevar a cabo las compras respecto de las necesidades de las instituciones de salud ocasionó que no se tomaran las previsiones suficientes para asegurar la cobertura de medicamentos para tratamientos como el cáncer, los antirretrovirales, utilizados para hacer frente al VIH y algunos materiales de curación.

Desde que se realizó esta modificación muchas fueron las voces del sector público y privado que denunciaron el desabasto de medicamentos y que advirtieron que la medida pondría en riesgo la salud y la vida de muchas personas, incluyendo a niñas, niños y adolescentes que padecen cáncer y que el posible éxito de sus tratamientos depende fundamentalmente de que los medicamentos sean administrados en los tiempos precisos.

Al error cometido de facultar exclusivamente a la SHCP para llevar a cabo las compras de medicamentos del Gobierno federal se le sumó el hecho de que, sin prueba alguna y por instrucciones del Presidente de la República, el Gobierno federal decidió vetar a las tres principales distribuidoras de insumos médicos del país; situación que ocasionó que éstas no sólo dejaran de proveer los medicamentos, sino que también dejaran de prestar el servicio de almacenamiento y distribución de los mismos a todo el país.

Por último, es importante recordar que a pesar de que estos dos acontecimientos ya eran suficientes por sí mismos para provocar un desabasto de insumos médicos, el Gobierno federal tomó también la decisión de cerrar (sin contar con otro productor o proveedor) siete plantas productoras de la farmacéutica Laboratorios Pisa, una de las principales fabricantes de medicamentos oncológicos del país; con lo cual el impacto a directo a los tratamientos de pacientes de cáncer fue atroz e inmediato.

Debido principalmente a la falta de medicamentos oncológicos en el mes de agosto del 2019 las familias de niñas y niños con cáncer realizaron una manifestación en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), cerrando el aeropuerto y reclamando la falta de metotrexato2 , en el Hospital Infantil de México de la Secretaría de Salud y en el Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE. Días después de esta denuncia sobre la falta de medicamentos, los directivos del Hospital Infantil de México dieron a conocer que el desabasto afectaba también a los Institutos Nacionales de Pediatría y Cancerología.

Sin embargo, en un total acto de negligencia, el Secretario de Salud federal Jorge Alcocer, declaró ante medios de comunicación que “Si no se da una dosis, puede esperarse unos días, no hay ninguna urgencia médicamente ... esto es opinión técnica, médica, el Metotrexato tiene su función, es un medicamento que se requiere, que ayuda al tratamiento central de cierto tipo de cáncer, pero se puede sustituir por otro”3 .

Derivado de esta manifestación y de la cobertura que los medios de comunicación y las redes sociales dieron a este problema, el Gobierno federal se comprometió a realizar las acciones necesarias para acabar con el desabasto de los medicamentos oncológicos, los cardiovasculares, los metabólicos para la atención de diabetes, los antibióticos, los hematológicos, las vacunas, los de planificación familiar, los antirretrovirales y los medicamentos para el tratamiento de hepatitis C; sin embargo, hasta la fecha este compromiso no se ha materializado y en su afán de cubrir la falta de insumos médicos que ellos mismos provocaron han realizado compras sin contar con las autorizaciones y registros sanitarios correspondientes, han realizado adjudicaciones directas y han contratado a la Oficina de las Naciones Unidas para Servicios de Proyectos4 para que realice las compras en su nombre, pagándole una cuantiosa comisión por llevar a cabo esa labor; todas estas medidas no sólo han sido más costosas para el país sino que no han logrado solucionar el problema.

Es tan claro que el problema de desabasto no se resolvió que los familiares de pacientes con cáncer han interpuesto 200 amparos en contra del Gobierno federal para obligarlo a asegurar los medicamentos; por su parte, entre el 2019 y 2020 la CNDH recibió 552 quejas por desabasto de medicamentos y el 22 de enero del 2020 familiares y amigos de niñas y niños con cáncer realizaron otra manifestación en las inmediaciones del AICM exigiendo la entrega de medicamentos al Hospital Infantil de México.

Es necesario establecer que la decisión de centralizar las compras no sólo ha afectado a los hospitales del nivel federal puesto que la mayoría de los gobiernos estatales se unían a la compra consolidada que realizaba el IMSS anualmente para surtir sus propios insumos médicos y obtener ahorros; por lo tanto, al no permitirles unirse a la compra que actualmente realiza la SHCP tuvieron que desarrollar y llevar a cabo sus propios procesos de compra sin contar con los recursos materiales y humanos para llevar a cabo dicho labor. Aunado a ello, los gobiernos estatales que tuvieron la capacidad de desarrollar sus sistemas de compras se enfrentaron al problema de falta de existencia de medicamentos oncológicos por el cierre de las plantas mencionado con anterioridad.

Todos los hechos que brevemente se enuncian en líneas anteriores claramente denotan una falta de previsión y de conocimiento del sector salud del país y dejan en claro que la atención de la salud no es una prioridad para el gobierno federal y que, en los hechos, actualmente el desabasto de insumos médicos sigue afectando la continuidad de los tratamientos de niñas y niños con cáncer.

Un claro ejemplo de la falta de previsión y negligencia con que han actuado las autoridades del Gobierno federal en esta materia lo encontramos en el reciente caso dado a conocer por los medios de comunicación y confirmado por la Secretaría de Salud de Jalisco en el que el Gobierno federal, pretendía entregar al gobierno de Jalisco medicamentos oncológicos caducos o a punto de caducar.

De acuerdo con la información disponible, la empresa AVIOR5 informó a la Secretaría de Salud de Jalisco que tenía en su almacén las medicinas listas para su envío a su destino final en el estado y que del total de insumos más de 11 mil ya habían superado la fecha de caducidad. Al respecto, la Secretaría de Salud de Jalisco confirmó que 171 mil 93 piezas de medicamentos les debieron ser entregados en abril del año pasado, sin embargo, fue apenas en febrero de este año que les fueron entregados. Asimismo, la Secretaría informó que “el 6.8 por ciento tiene estatus de caducidad, el 19.8 ciento registra fechas con caducidades de entre uno a tres meses, y el 4.5 por ciento con caducidades de entre cuatro a seis meses”; además, 22 mil piezas de medicamentos no pudieron ser aceptadas debido a que no cuentan con el registro sanitario, certificado analítico, cartas canje y carta de vicios; documentación necesaria para asegurar la calidad fármaco biológica de los insumos6 . Estos medicamentos estaban destinados al Instituto Jalisciense de Cancerología, a hospitales estatales y almacenes de la entidad; sin embargo, las ineficiencias en la planeación y distribución de los medicamentos ocasionaron que 11 mil 695 piezas ya estén caducas y que otras 33 mil 891 estén por caducar en los próximos 3 meses.

Es inverosímil que en un país en donde cada año se diagnostican alrededor de 195 mil 500 casos de cáncer en sus diferentes tipos y que el 46 por ciento de pacientes fallezca a causa de la enfermedad, se estén desperdiciando los medicamentos para su tratamiento. Resulta inaceptable que tengamos a niñas y niños sin recibir adecuadamente sus medicamentos, incumpliendo con sus esquemas de quimioterapia y, por lo tanto, reduciendo la efectividad de sus tratamientos y sus posibilidades de vencer la enfermedad por la ineficiencia de los servidores públicos del Gobierno federal.

Tal y como lo menciona Alejandro Barbosa, director de la Asociación Nariz Roja, que atiende a niños y mujeres con cáncer la falta de medicamentos significa muerte para un enfermo de cáncer. “Es una injusticia leer esto porque se han perdido vidas... porque no ha habido medicamentos en tiempo y forma. Hay medicamentos sumamente caros, hay medicamentos que oscilan los 70 mil, 100 mil pesos mensuales que tiene estar desembolsando el paciente”7 .

Desafortunadamente a pesar de las quejas, denuncias y manifestaciones que han realizado los pacientes y sus familias, el Gobierno federal ha decidido mantener esta política de compras consolidadas y bajo el argumento de “combatir la corrupción que existía en el sector salud” y terminar con el supuesto monopolio de algunas farmacéuticas ha justificado la escasez de medicamentos y la ineficiencia en el traslado y distribución de los que sí han adquirido. A menos de un año de terminar el sexenio del Gobierno federal el panorama sigue sin ser alentador; de acuerdo con el colectivo Cerodesabasto, la incertidumbre por escasez de medicamentos, vacunas y tratamientos de diabetes, cáncer, postrasplantes e hipertensión continuará durante este año.

El derecho a la salud es un derecho humano fundamental reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en diversos tratados internacionales de los que nuestro país forma parte; sin embargo, las decisiones políticas tomadas por el Gobierno federal han ocasionado que muchos mexicanos, dolorosamente entre ellos un gran número de niñas y niños vean vulnerado su derecho a la salud y actualmente enfrenten condiciones críticas que reducen su esperanza de vida.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al Presidente de la República Mexicana para que en el ámbito de sus atribuciones requiera a la Fiscalía General de la República o a la autoridad administrativa competente para que investiguen e impongan las sanciones que correspondan a los servidores públicos que por acción u omisión resulten responsables del desabasto de medicamentos en el país.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al Gobierno de México, a planear eficazmente de manera anual las compras de medicamentos que requiere el sector salud, evitando así los sobreprecios que actualmente se pagan por las compras realizadas de manera urgente y mediante adjudicaciones directas.

Tercero. Se exhorta respetuosamente al Titular del Órgano Interno de Control del IMSS Bienestar para que en el ámbito de sus atribuciones y competencias investigue e imponga las sanciones que correspondan a los servidores públicos responsables de no enviar en tiempo y forma las 171 mil 93 piezas de medicamentos que debieron ser entregados a Jalisco durante el mes de abril del año pasado y a los servidores públicos responsables de que los medicamentos que se pretendían enviar a esta entidad federativa hubieren caducado en posesión del proveedor.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de febrero de 2023.

Diputado Manuel Jesús Herrera Vega (rúbrica)