Gaceta Parlamentaria, año XXVII, número 6473-III-4, martes 27 de febrero de 2024
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Puebla a que lleve a cabo la actualización o, en su caso, elaboración de sus programas de acción climática y Proaire, dándolos a conocer por los medios oficiales establecidos para dicho fin, a cargo del diputado Juan Carlos Natale López, del Grupo Parlamentario del PVEM
El que suscribe, diputado Juan Carlos Natale López , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Los impactos negativos por el Cambio Climático cada vez son más visibles, afectando a un sinnúmero de ciudadanos, ya sea por inundaciones, sequías, pérdida y cambios de uso de suelo integrados, etcétera. Los esfuerzos del gobierno federal, por medio de las instituciones encargadas de la política ambiental y forestal, se han visto reducidos, dado la situación presupuestal, sin embargo, existen instrumentos de planeación y operación que han demostrado su eficiencia en materia de prevención y mitigación por efectos causados por el cambio climático global, por ello, es importante retomarlos para su actualización y ejecución.
En 2012 se crea la Ley General de Cambio Climático, misma que contempla diversas acciones transversales en los tres órdenes de gobierno encaminadas a la creación y aplicación de políticas públicas para la adaptación a este fenómeno y, específicamente, la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero, además, esta ley es modelo para que las entidades federativas realicen de igual forma los esfuerzos necesarios para garantizar un medio ambiente sano a la población.
En 2008, en la Ciudad de México, antes Distrito Federal, se planteó un Plan de Acción Climática, donde se propuso reducir 7 millones de toneladas de gases efecto invernadero, por medio de este instrumento de planeación, al final de 2012 se informó que se había cumplido la meta, rebasando los 7 millones de toneladas de reducción que se habían propuesto.
Este instrumento, que mejoró sustancialmente la calidad del aire en el periodo 2007-2012, proveyó los elementos suficientes para convocar al Pacto de Acción Climática de la Ciudad de México, mismo que se firmó en 2011 y que actualmente cuenta con 260 ciudades del mundo afiliadas y cuyo seguimiento se ha encomendado a la “Fundación Pensar de México” y a la “Carbonn Initiative”, con sede en Bonn, Alemania.
En recientes días, la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México, así como de su zona de influencia en las entidades que conforman la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME), ha rebasado de forma peligrosa los límites máximos establecidos para la salud humana; ello representa diversas complicaciones que impactan directamente en la calidad de vida y la salud de los habitantes y también en la dinámica económica del centro y sureste del país, dado la ralentización del flujo vehicular por las medidas de contingencia respecto a la circulación.
De no habilitar, con urgencia, medidas suficientes para hacer frente y comenzar a mitigar y prevenir las condiciones que generan este tipo de contingencias, comenzaremos a experimentar crisis de salud pública y un reordenamiento de las actividades de logística que seguro impactará negativamente en la capacidad adquisitiva de la sociedad en general.
Esta urgencia de instrumentar acciones específicas en materia de mitigación es impostergable, por ello, y dado que la Ley General de Cambio Climático contempla en su artículo 8o, fracción IV, que las entidades federativas tienen la atribución de “Elaborar e instrumentar su programa en materia de cambio climático, promoviendo la participación social, escuchando y atendiendo a los sectores público, privado y sociedad en general” , considero necesario que se actualicen y se den a conocer sus programas de Acción Climática y Programas para Mejorar la Calidad del Aire (PROAIRE)
Por lo anterior, propongo a esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del estado de Puebla para que lleve a cabo la actualización o, en su caso, elaboración de sus programas de acción climática y PROAIRE (Programa para la Mejora de la Calidad del Aire, dándolos a conocer por los medios oficiales establecidos para dicho fin.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de febrero de 2024.
Diputado Juan Carlos Natale López (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a que, a través de la Segob, se consideren las necesidades lingüísticas de las mujeres indígenas dentro del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, así como dentro del PIPASEVM, a cargo del diputado Juan Carlos Natale López, del Grupo Parlamentario del PVEM
El que suscribe, diputado Juan Carlos Natale López , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La consideración de las necesidades lingüísticas de las mujeres indígenas es imperativa para garantizar un enfoque inclusivo y efectivo en la lucha contra la violencia de género. Estos programas y sistemas deben reconocer la diversidad cultural y lingüística que caracteriza a México y, especialmente, la rica herencia de las mujeres indígenas. Es crucial integrar estrategias específicas que aborden las barreras lingüísticas que las mujeres indígenas pueden enfrentar al buscar ayuda o denunciar casos de violencia. Esto implica garantizar la disponibilidad de intérpretes o profesionales capacitados que puedan ofrecer servicios en las lenguas indígenas, permitiendo a las mujeres expresar sus experiencias de manera efectiva y comprensible. Además, se deben implementar campañas de concientización y materiales informativos en las lenguas indígenas para asegurar que las mujeres conozcan sus derechos y las opciones disponibles.
I. La capacitación profunda y constante de los profesionales y personal que participan en el Sistema Nacional y los programas integrales es un componente clave para abordar las necesidades específicas de las mujeres indígenas de manera efectiva. Este proceso de capacitación no solo debe centrarse en aspectos técnicos y procedimentales, sino también en la comprensión profunda de las diferencias culturales y lingüísticas que definen a las comunidades indígenas. La capacitación debe destacar la importancia de respetar y valorar estas diferencias, reconociendo que las estrategias de intervención deben adaptarse a contextos culturales específicos. La sensibilización sobre las particularidades lingüísticas es un aspecto crucial de esta formación. Los profesionales deben comprender la importancia de las lenguas indígenas como vehículos esenciales para la transmisión de conocimientos, expresión cultural y, en el contexto de la violencia de género, para compartir las experiencias de las mujeres.
Esto implica la promoción activa de servicios de interpretación y traducción en lenguas indígenas para garantizar la comunicación efectiva y el entendimiento mutuo. Además, la formación debe abordar las manifestaciones específicas de la violencia de género en contextos indígenas.
Esto puede incluir formas particulares de violencia, patrones culturales que pueden influir en la dinámica de género y las barreras específicas que las mujeres indígenas enfrentan al buscar ayuda. Fomentar la empatía y la comprensión de estas realidades contribuirá a la construcción de relaciones más efectivas y respetuosas entre los profesionales y las mujeres indígenas que buscan apoyo. La integración de enfoques basados en la diversidad cultural y en la capacitación no solo mejorará la eficacia de las intervenciones, sino que también contribuirá a mejorar la confianza de las mujeres indígenas.
Con el fin de apoyar y facilitar que las mujeres indígenas puedan denunciar cualquier tipo de violencia, pongo a consideración de esta asamblea el presente punto de acuerdo cuyo propósito es crear entornos seguros y comprensivos que fomenten la denuncia de la violencia de género y la búsqueda de apoyo por parte de las víctimas de la misma cuya lengua materna no sea el español.
Finalmente, una capacitación integral y centrada en la diversidad cultural es esencial para avanzar hacia un sistema de prevención y atención de la violencia contra las mujeres que sea verdaderamente inclusivo y equitativo.
En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Gobernación, se consideren, en todo momento, las necesidades lingüísticas de las mujeres indígenas dentro del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, así como dentro del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de febrero de 2024.
Diputado Juan Carlos Natale López (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la CFE y a la Conagua a considerar la posibilidad de otorgar subsidios para el alumbrado público y para el consumo de electricidad a las instituciones educativas y de salud públicas ubicadas en los municipios donde se encuentra la cuenca hidroeléctrica de Necaxa, a cargo del diputado Marco Antonio Natale Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PVEM
El que suscribe, diputado Marco Antonio Natale Gutiérrez , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Las presas en México desempeñan un papel integral y multifacético en el desarrollo económico y social del país. Estas infraestructuras, diseñadas para almacenar agua, cumplen funciones cruciales en diversos sectores. En primer lugar, son fundamentales para el suministro de agua destinada al consumo humano, abasteciendo a comunidades y ciudades en todo el territorio nacional. Además, juegan un papel vital en la agricultura al proporcionar agua para el riego de cultivos, contribuyendo así a la seguridad alimentaria.
También son esenciales para la generación de energía eléctrica, contribuyendo a diversificar la matriz energética y a satisfacer las crecientes demandas de electricidad. Otro aspecto significativo es su capacidad para regular las avenidas, mitigando los riesgos de inundaciones y protegiendo las áreas circundantes de eventos climáticos extremos. Este papel en la gestión del agua se traduce en beneficios tanto para la infraestructura como para la población, al reducir los impactos negativos de eventos climáticos adversos. Además de sus funciones prácticas, muchas presas también se han convertido en destinos turísticos, ofreciendo oportunidades recreativas y bellos paisajes.
I. Según datos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en México hay un total de 57 presas hidroeléctricas en operación. De éstas, 15 son de gran escala, 10 son de mediana escala y 32 son de pequeña escala. Las presas hidroeléctricas de gran escala son las que tienen una capacidad de generación de más de 100 megavatios, mientras que las presas hidroeléctricas de mediana escala son las que tienen una capacidad de generación de entre 10 y 100 megavatios. Las presas hidroeléctricas de pequeña escala son las que tienen una capacidad de generación de menos de 10 megavatios. Es así, que las presas hidroeléctricas de gran escala representan el 68% de la capacidad de generación hidroeléctrica total de México; por otro lado, las presas hidroeléctricas de mediana escala representan el 21% de la capacidad de generación hidroeléctrica total, mientras que las presas hidroeléctricas de pequeña escala representan el 11% de la capacidad de generación hidroeléctrica total.
Estas estructuras, erigidas estratégicamente en ríos y arroyos, desempeñan un papel multifacético al almacenar agua en embalses y controlar su flujo para optimizar la generación de electricidad. Al bloquear el curso natural del agua, las presas crean embalses, acumulando grandes cantidades de agua que, al ser liberada de manera controlada, desencadena un flujo que mueve turbinas conectadas a generadores eléctricos.
Este proceso, conocido como generación de energía hidroeléctrica, aprovecha la energía cinética del agua en movimiento para producir electricidad de manera sostenible y renovable. Además de su función energética, las presas hidroeléctricas desempeñan un papel esencial en la gestión de recursos hídricos, al regular las avenidas y asegurar un suministro constante de agua para consumo humano, riego agrícola y otros usos industriales. Asimismo, la formación de embalses puede tener beneficios turísticos y recreativos, proporcionando entornos propicios para actividades recreativas y paisajes escénicos. En este sentido, las presas hidroeléctricas se han convertido en elementos fundamentales para el desarrollo económico y social al ofrecer una fuente confiable y sostenible de electricidad y, al mismo, tiempo cumplir diversas funciones en la gestión integral del agua.
II. La presa de Necaxa, construida en el cauce del río Necaxa, es una obra de ingeniería colosal que ha tenido un impacto significativo en el desarrollo económico y social de México. Construida en 1905, es la presa hidroeléctrica más grande de México y una de las más importantes de América Latina. La presa tiene una capacidad de almacenamiento de 1,500 millones de metros cúbicos y una capacidad instalada de 300 megavatios. Genera electricidad para la Ciudad de México y otras partes del centro del país. También ha ayudado a regular las avenidas y ha brindado oportunidades para la recreación y el turismo, es así que la presa de Necaxa es un ejemplo de cómo las presas pueden desempeñar un papel fundamental en el desarrollo económico y social de un país.
La presa de Necaxa es una fuente de agua, energía y turismo que ha beneficiado a millones de mexicanos, igualmente, la cuenca hidroeléctrica de Necaxa que abarca una superficie aproximada de 41,691.5 hectáreas (las cuales se ubican en la Sierra Norte y el Eje Neovolcánico en los estados de Puebla e Hidalgo), dentro de los municipios que abarca (Acaxochitlán y Cuautepec de Hinojosa en Hidalgo; y Ahuazotepec, Chiconcuautla, Huauchinango, Jopala, Juan Galindo, Naupan, Tlaola, Xicotepec, Zacatlán y Zihuateutla en el estado de Puebla) se encuentran diversas instituciones educativas y de salud, cuyas necesidades energéticas representan un componente vital de su funcionamiento diario. En este contexto, la implementación de un subsidio federal destinado a eximir del pago de electricidad a estas instituciones, no solo se traduciría en un ahorro significativo en los costos operativos, sino que también desencadenaría una serie de beneficios económicos, de salud, ambientales y educativos de gran alcance.
Es por lo anteriormente expuesto, que presento ante esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Electricidad y a la Comisión Nacional del Agua a considerar la posibilidad de otorgar subsidios para el alumbrado público y para el consumo de electricidad a las instituciones educativas y de salud públicas ubicadas en los municipios donde se encuentra la cuenca hidroeléctrica de Necaxa.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de febrero de 2024.
Diputado Marco Antonio Natale Gutiérrez (rúbrica)