Proposiciones

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Condusef a intensificar y mejorar la accesibilidad de la información para los usuarios en su portal web, a cargo del diputado Jaime Bueno Zertuche, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputado Jaime Bueno Zertuche, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracciones II y III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes, somete a consideración de este honorable pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Consideraciones

Las instituciones financieras ilegales y fraudulentas siguen dañando el patrimonio de las y los mexicanos que buscan mejorar su situación económica o solucionar algún problema imprevisto. Desafortunadamente muchas de las víctimas no cuentan con las herramientas e información necesaria para detectar a tiempo los fraudes, o bien, de un día para otro se percatan de que la supuesta institución financiera ha desaparecido para siempre sin dejar rastro alguno.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el fraude es uno de los delitos más comunes en nuestro país con más de 45 mil denuncias reportadas sólo entre enero y mayo de 2023. Los fraudes más comunes son los préstamos exprés, las pirámides financieras, las llamadas de extorsión y el robo de identidad.1

Estas instituciones engañan a los potenciales clientes o usuarios ofreciendo créditos prácticamente inmediatos sin cumplir con requisito alguno, prometiendo rendimientos financieros exorbitantes o ganancias elevadas, utilizando su información personal con fines ilícitos como extorsiones o fraudes cibernéticos, entre muchas otras estrategias.

Desafortunadamente podríamos recordar múltiples ejemplos de casos reales, como lo sucedió con la financiera Yox Holding presuntamente especializada en trading y apuestas deportivas que incumplió con pagos defraudando a usuarios de diversas entidades federativas; se estima que sólo en Jalisco el monto reclamado por las víctimas es de más de 565 millones de pesos.

Otro caso reciente es el de 20 personas del municipio de Saltillo, Coahuila, que se manifestaron víctimas de la empresa Petty Motors que les ofreció financiamiento para la compra de vehículos. Desafortunadamente, cuando la Fiscalía General del Estado acudió a entregar el citatorio, las oficinas estaban cerradas.

De acuerdo con la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, la Condusef cuenta con diversas herramientas para verificar la constitución y operación legal de las instituciones financieras, así como para difundir información relevante a sus usuarios.

Entre estas herramientas se encuentran el Registro de Prestadores de Servicios Financieros, la base de datos de las comisiones ofertadas por los prestadores, el Buró de las Entidades Financieras; así como diversas atribuciones como son proporcionar información a los usuarios relacionada con los servicios y productos que ofrecen las instituciones financieras, o bien, informar al público sobre la situación de los servicios que prestan las instituciones financieras y sus niveles de atención, así como de aquellas instituciones financieras que presentan los niveles más altos de reclamaciones por parte de los usuarios.

Desafortunadamente, aunque mucho se ha avanzado en materia legislativa fortaleciendo el marco normativo para prevenir, procesar y sancionar estas conductas, y que la Condusef ha hecho un gran esfuerzo de difusión de empresas ilegales, herramientas de prevención y actualización de los registros correspondientes a través de medios digitales, los casos de mexicanas y mexicanos defraudados siguen a la orden del día. Esto nos indica que aún tenemos trabajo por hacer.

En virtud de lo anterior, a través de esta Proposición con Punto de Acuerdo, proponemos hacer un exhorto respetuoso a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a intensificar la difusión de campañas y herramientas para la prevención de fraudes financieros, así como a simplificar y mejorar la accesibilidad de la información para los usuarios en su portal web.

Resulta indispensable que la información de la Condusef llegue a un mayor número de personas, es urgente que se implementen campañas de difusión nacionales y que se busquen medios de difusión masiva adicionales a los medios electrónicos pues millones de mexicanos y mexicanas no tienen acceso a internet o no conocen el sitio web de la Institución.

Por otro lado, la información contenida en el portal de la Comisión Nacional presenta dificultad para ser interpretada o segmentada, por lo que no es accesible, especialmente para personas con discapacidad y personas adultas mayores, estas últimas consideradas como las principales víctimas de fraudes financieros.

Como legisladoras y legisladores, tenemos el deber de asegurar que los derechos de la población sean respetados y que su patrimonio sea protegido; la situación económica que viven millones de familias en el país ha generado que tengan que hacer uso de estos servicios financieros con más frecuencia cada vez, aun cuando estos se ofrezcan en términos dudosos o absolutamente desventajosos, poniendo en riesgo sus ingresos e incluso la satisfacción de las necesidades más básicas.

Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único . Se exhorta, respetuosamente, a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a intensificar la difusión de campañas y herramientas para la prevención de fraudes financieros, así como a simplificar y mejorar la accesibilidad de la información para los usuarios en su portal web.

Notas:

1 Aguirre Quezada, J.P. (2023). “El fraude en México: daños patrimoniales y trabajo legislativo para enfrentarlo” Cuaderno de investigación No.99, Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República, Ciudad México, 27p.

Palacio Legislativo de la Ciudad de México, a de febrero de 2023.

Diputado Jaime Bueno Zertuche (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP y a la CNDH a iniciar los procedimientos pertinentes para determinar si se han violado los derechos humanos de los estudiantes afectados y tomar las medidas necesarias para garantizar su acceso continuo a la educación, a cargo de la diputada Sayonara Vargas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada indígena Sayonara Vargas Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 numeral 1, fracción I; y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que, con pleno respeto de la soberanía la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a realizar una investigación exhaustiva sobre los hechos reportados en la Universidad del Bienestar en Tlanchinol, así como en el resto de Universidades para el Bienestar “Benito Juárez García” en Hidalgo y en las más de 200 universidades del país, donde las y los estudiantes enfrentan la posibilidad de ser dados de baja debido a una supuesta modificación en el reglamento interno que podría estar limitando su acceso a la educación superior y se insta a las autoridades correspondientes a iniciar los procedimientos pertinentes para determinar si se han violado los derechos humanos de los estudiantes afectados y tomar las medidas necesarias para garantizar su acceso continuo a la educación, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En la localidad de Tlanchinol, Hidalgo, se ha suscitado un caso preocupante que involucra a 20 estudiantes de la Universidad del Bienestar, ubicada en la cabecera municipal. Estos estudiantes recibieron notificaciones de su posible baja de la institución debido a que, en el pasado, fueron alumnos de otra universidad y causaron baja en dichas instituciones. Las autoridades educativas indicaron a las y los estudiantes que dicha situación es ocasionada como consecuencia de una supuesta modificación en el reglamento interno de la Universidad del Bienestar, la cual establece como requisito para la inscripción que los estudiantes no hayan estado previamente inscritos en otra institución educativa y causado baja.

Tal medida plantea serias preocupaciones en relación con los derechos fundamentales de los estudiantes, en particular su derecho al acceso a la educación, protegido por el artículo 3o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversos instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por México. El acceso a la educación es un derecho esencial que debe ser garantizado por las autoridades mexicanas, y cualquier medida que lo limite debe ser cuidadosamente examinada para asegurar su conformidad con el marco legal y los estándares internacionales de derechos humanos.

En una región como Tlanchinol, donde la marginación social y la presencia de comunidades indígenas son factores prominentes, es crucial que las políticas y regulaciones educativas promuevan la inclusión y la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes, sin importar su historial educativo o su origen étnico. Es responsabilidad del Estado mexicano proteger y promover el acceso a la educación de todos los ciudadanos, sin discriminación ni exclusión injustificada.

Por lo tanto, se hace necesario que las autoridades competentes realicen las acciones correspondientes para investigar y atender esta situación, con el fin de proteger los derechos fundamentales de los estudiantes afectados y garantizar su acceso continuo a la educación superior, especialmente en una región donde los desafíos socioeconómicos y culturales pueden agravar su vulnerabilidad.

Es imperativo que las autoridades competentes lleven a cabo una investigación exhaustiva sobre los hechos relatados y se inicien los procedimientos correspondientes para determinar si se han violado los derechos humanos de los estudiantes por parte de las autoridades educativas de la Universidad del Bienestar. Negar el acceso a la educación a estos estudiantes podría constituir una clara violación de sus derechos fundamentales, en particular el derecho reconocido en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, que garantizan el acceso universal a la educación. Por lo tanto, es esencial que se realicen las acciones necesarias para salvaguardar estos derechos y asegurar que todas las personas tengan igualdad de oportunidades en el ejercicio de su derecho a la educación.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a realizar una investigación exhaustiva sobre los hechos reportados en la Universidad del Bienestar en Tlanchinol, así como en el resto de Universidades para el Bienestar “Benito Juárez García” en Hidalgo y en las más de 200 universidades del país, donde las y los estudiantes enfrentan la posibilidad de ser dados de baja debido a una supuesta modificación en el reglamento interno que podría estar limitando su acceso a la educación superior y se insta a las autoridades correspondientes a iniciar los procedimientos pertinentes para determinar si se han violado los derechos humanos de los estudiantes afectados y tomar las medidas necesarias para garantizar su acceso continuo a la educación.

Palacio Legislativo San Lázaro, 21 febrero del 2024.

Diputada Sayonara Vargas Rodríguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP a condonar la deuda generada por el fideicomiso del programa Escuelas al 100 en Hidalgo, a cargo de la diputada Sayonara Vargas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada indígena Sayonara Vargas Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 numeral 1, fracción I; y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de punto de acuerdo por el que, con pleno respeto de la soberanía, la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del gobierno federal a considerar la posibilidad de condonar la deuda generada por el fideicomiso del programa “Escuelas al 100” en la entidad federativa de Hidalgo, para liberar recursos financieros y poder mejorar y dar mantenimiento a la infraestructura educativa, especialmente de las zonas rurales e indígenas, garantizando así una educación de calidad y más equitativa en la entidad federativa, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El programa “Escuelas al 100” fue una iniciativa del gobierno de México destinada a mejorar la infraestructura educativa en el país. Se implementó con el objetivo de rehabilitar y mejorar las condiciones de miles de escuelas públicas en diversas entidades federativas.

El programa “Escuelas al 100” se ejecutó a través de un fideicomiso creado para tal fin. Este fideicomiso proporcionó recursos financieros a las entidades federativas para que pudieran llevar a cabo las obras necesarias en las escuelas, como reparaciones, mantenimiento, construcción de aulas, instalación de servicios básicos, entre otros.

Cada entidad federativa recibió una asignación específica de recursos del fideicomiso, que debían utilizarse exclusivamente para mejorar las condiciones de las escuelas dentro de su territorio. La idea era garantizar que todas las escuelas del país tuvieran infraestructura adecuada para ofrecer una educación de calidad. Es relevante señalar que Hidalgo, recibió una asignación significativa de 1,650 millones de pesos a través de este mecanismo.

??Sin embargo, a pesar de esta asignación de recursos, la realidad muestra que Hidalgo se enfrenta a una situación financiera complicada debido a que este fideicomiso ha generado una carga adicional para las finanzas públicas de la entidad federativa, ya que representan una deuda a un plazo de 25 años, con intereses acumulados por el fideicomiso bancario.

Durante el año 2023, se destinó una parte considerable del Presupuesto de Egresos de la Federación para la mejora en infraestructura escolar en Hidalgo al pago de esta deuda generada por el fideicomiso del programa “Escuelas al 100”. Este porcentaje alcanzó el 49 por ciento del monto asignado, y se espera que la misma situación se repita en el año en curso. Esta situación, sin duda, representa un obstáculo significativo para la atención de la infraestructura escolar en Hidalgo.

La realidad es que, aproximadamente, 260 millones de pesos se destinan anualmente al pago de la deuda generada por el fideicomiso del programa de una parte sustancial de los recursos presupuestarios que podrían ayudar a mejorar las condiciones de las escuelas, hoy se desvían para cubrir esta deuda heredada de administraciones anteriores.

En el estado de Hidalgo existen 7 mil 200 de primarias y secundarias, de las cuales 5 mil 500 requieren atención inmediata, sin embargo este año la Secretaría de Educación Pública Estatal sólo podrá atender las 250 con más problemas estructurales que ponen en riesgo a la comunidad educativa.

Algunos datos importantes para reflexionar la viabilidad de esta propuesta,

- Según el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE) realizado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) en 2019: el 15.7 por ciento de las escuelas en Hidalgo no contaban con servicios sanitarios adecuados, el 17.6 por ciento no tenían acceso a agua potable y el 12.3 por ciento carecían de energía eléctrica, el 23.4 por ciento presentaban problemas estructurales en sus instalaciones, tales como techos dañados, paredes agrietadas o pisos en mal estado, el 18.9 por ciento carecían de mobiliario escolar adecuado, lo que afecta negativamente el ambiente de aprendizaje y el confort de los estudiantes.

- Según datos recopilados por organizaciones de la sociedad civil, sólo el 60 por ciento de las escuelas en Hidalgo cuentan con infraestructura adecuada para personas con discapacidad, lo que representa un desafío importante en términos de inclusión educativa.

- Según informes de la Comisión Nacional de Seguridad, el 10.5 por ciento de las escuelas en Hidalgo reportaron problemas de seguridad, como vandalismo, robos o presencia de pandillas, lo que afecta el entorno escolar y la seguridad de los estudiantes y el personal docente.

- Datos del Sistema Nacional de Información de Salud (Sinais) indican que solo el 45 por ciento de las escuelas en Hidalgo cuentan con programas de salud escolar activos, lo que limita el acceso de los estudiantes a servicios de atención médica preventiva y de promoción de la salud.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto de la soberanía, exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del gobierno federal a considerar la posibilidad de condonar la deuda generada por el fideicomiso del programa “Escuelas al 100” en la entidad federativa de Hidalgo para liberar recursos financieros y poder mejorar y dar mantenimiento a la infraestructura educativa, especialmente de las zonas rurales e indígenas, garantizando así una educación de calidad y más equitativa en la entidad federativa.

Palacio Legislativo San Lázaro, 21 febrero del 2024.

Diputada Sayonara Vargas Rodríguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Fonart y al IMPI a difundir la cultura de protección de creaciones, diseños, innovaciones, productos o servicios y que éstos sean protegidos de conformidad con la Ley de la Propiedad Industrial, a cargo del diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Marco Antonio Mendoza Bustamante, diputado federal de la LXV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 3, numeral 1, fracción XX, artículo 6, numeral 1, fracción I; y artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete ante el pleno de esta honorable Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

México es un país pluricultural sustentado en sus pueblos indígenas, lo cual implica que existan ciertas normas de comportamiento para los ciudadanos y el Estado, en relación con el reconocimiento y respeto de la diversidad cultural.1

La noción del patrimonio implica un señalamiento de aquello que es valioso para una agrupación humana, para un conjunto sociocultural determinado en un momento histórico dado; al hablar de los pueblos y personas indígenas también se debe de hablar de un régimen jurídico especializado en definir, proteger, controlar y desarrollar su patrimonio cultural.

En relación con el reconocimiento y respeto de la diversidad cultural; es ineludible reconstruir una cultura de respeto hacia los alcances de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas; puesto que la mayoría de los artesanos viven en condiciones de pobreza, y en lugares donde no existen las condiciones mínimas para que puedan generar ingresos sustentables por medio de la producción de artesanías.2

México, a nivel mundial, es el tercer país más importante en la actividad artesanal.3 Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 10 por ciento de la población que contribuye a la economía de nuestro país son cerca de 12 millones de artesanos.

La comercialización de artesanías aporta el 20.3 por ciento del PIB, en el sector cultural, equivalente a poco más de 91 mil millones de pesos; en cuanto, al sector turismo su aportación es poco más de 62 mil millones de pesos; lo que hace del artesano, un generador de economías locales contribuyendo al desarrollo de las regiones.

En nuestro país la protección de los derechos culturales cuenta con diversos instrumentos para la defensa de los derechos culturales, prescritos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, el principal versa en el artículo 2 que a la letra menciona:

“...La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciar la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.”

Es un mandato constitucional e internacional gozar de los beneficios de los avances culturales.4 Los derechos culturales convergen estrechamente con otros derechos humanos, los principales componentes de los derechos culturales contenidos en el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales son:

“El derecho a participar en la vida cultural, el derecho a disfrutar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones, el derecho a la protección de la propiedad intelectual y la libertad indispensable para la investigación científica y la actividad creadora.“

Es por ello por lo que considero importante, la protección intelectual y el beneficio progresivo para moldear un marco normativo a fin de facilitar su desarrollo en la esfera de los derechos culturales colectivos con el sector económico.5

Para lograr lo anterior, es importante dar a conocer a los verdaderos creadores de las obras artesanales, por eso la integración del Padrón Nacional de Artesanos, que permite identificar y contar a través de una credencial que los acredita como artesanos.

No obstante, se debe tener en cuenta que la difusión y protección de los derechos de propiedad en la comunidad artesanal de nuestro país, ha sido propiciado a través de las marcas colectivas a fin de distinguir y posicionar sus productos; además de aportar valor agregado y abrir amplias posibilidades en los mercados locales e internacionales, toda vez que está legalmente respaldada.

En México, la Ley de Propiedad Industrial contempla diversos tipos de marcas, en los cuales tenemos a las marcas colectivas, las cuales son signos distintivos y tangibles y son utilizados por colectividades organizadas, es decir, por quienes los producen o los fabrican. La mayoría de las veces, ellos son quienes están legalmente constituidos y pueden diferenciar los artículos en el mercado.

De acuerdo con el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, (IMPI) se entiende por marca todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de sus mismas características o clase en el mercado; de ahí la importancia de que los industriales, comerciantes o prestadores de servicios puedan hacer uso de marcas en la industria, ya sea el comercio o en los servicios que presten. El derecho al uso exclusivo se obtiene mediante registro ante el IMPI.

Por otro lado, relativo a las marcas colectivas nos encontramos que las mismas son un tipo de marca contemplado en la Ley de la Propiedad Industrial (LPI), en virtud de la cual sólo las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios, podrán solicitar el registro de dicha marca colectiva para distinguir en el mercado los productos o servicios de sus miembros; pero, esta no podrá ser transmitida a terceras personas y su uso será únicamente para los miembros de la asociación.

Este tipo de marcas sigue el mismo procedimiento de registro para su concesión que una marca “normal”, sin embargo, debido a que las características de las marcas colectivas se encuentran dirigidas a las asociaciones o sociedades de productores, o prestadores de servicios, es decir a una colectividad, se deben cumplir con requisitos que le den esa característica especial.

Los requisitos para adquirirla son: presentar la respectiva solicitud y los pagos correspondientes, acreditar que las asociación o sociedad de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios, que solicite la marca se encuentre legalmente constituida, así como exhibir las reglas para su uso. El uso de las marcas colectivas otorga a las asociaciones o sociedades que la solicitan no sólo la posibilidad de identificar sus productos o servicios en el mercado frente a los de su misma especie, sino da ventajas y beneficios a una colectividad organizada como:

I. Acceso a mercados de mayor demanda de productos con mejor calidad.

II. Son útiles para obtener financiamiento y apoyo del sistema gubernamental o privado ya que los productores están organizados.

III. Adecuadas para ser usadas por grupos de pequeños productores debidamente organizados.

IV. Más marcas en el mercado, más productos reconocidos en el comercio.

V. Más competencia en el mercado para obtener el reconocimiento y preferencia de los consumidores.

VI. Mejora la calidad de servicios y productos.

VII. Medios de desarrollo de las comunidades y sociedades.

VIII. La marca colectiva identifica a la organización titular de ella y los productos o servicios de sus miembros.

IX. Utilizadas bajo el control de la colectividad (autorregulación).

Como podemos observar, el beneficio social y económico de las marcas colectivas es muy alto. Ya que estas son las marcas colectivas que distinguen a diversas entidades de nuestro país como Hidalgo, Michoacán, Guanajuato y Morelos: Tenangos Bordados de Hidalgo, Cajeta de Celaya, Mayolica de Dolores Hidalgo, Mezcal San Felipe Torres Mochas, Guitarra Paracho, Arroz en Morelos, entre otras.6

Por ejemplo, en el caso de Hidalgo, con la producción de los bordados de Tenangos; a fin de impedir la apropiación cultural de las expresiones culturales, un grupo de artesanos conformaron la sociedad de Tenangos Bordados Textiles y obtuvieron la marca colectiva “Tenangos Bordados de Hidalgo” ante Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), lo cual les aseguró la protección de la calidad de su trabajo.

Dicha marca colectiva reconoce plenamente que los pueblos y comunidades deben ser los titulares del derecho para el uso y aprovechamiento de sus elementos culturales.7

A mayo de 2018, eran 174 los registros de marcas colectivas concedidas por el IMPI, para asociaciones o sociedades de distintos estados de la República mexicana, las cuales distinguen productos agroalimentarios, artesanías, cerámicas, sombreros, ropa y muebles entre otros; por lo que en éste sentido se desprende el auge de dichas figuras para proteger y amparar servicios y productos por asociaciones o sociedades de productores debidamente organizados.

Como lo hemos mencionado, las marcas colectivas, permiten a los titulares destacar particularidades de sus productos o servicios, tales como el origen, los materiales o el modo de fabricación, teniendo como beneficios directos una mayor preferencia por productos o servicios de mejor calidad, aumento en la competitividad de las asociaciones y sociedades para afianzar su lugar en el mercado mediante la preferencia y reconocimiento de los consumidores, así como buscar nuevos mercados.

Para las comunidades de nuestro país, esto representa un gran beneficio indirecto pues propicia el desarrollo de las comunidades y el crecimiento de los apoyos del gobierno para pequeños productores. Vale la pena destacar que, como se ha mencionado en estas consideraciones, la marca colectiva es una gran herramienta utilizada por las Pymes para impulsar su crecimiento sin importar a qué sector comercial pertenezcan.

Por ello, el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías Fonart debe colaborar con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) con el propósito de difundir la cultura de protección de sus creaciones, diseños, innovaciones, productos o servicios generados, y que sean protegidos de conformidad con la Ley de la Propiedad Industrial. Asimismo, proteger y conservar el patrimonio cultural de la comunidad artesanal de nuestro país, con el registro de marcas colectivas, así como su aprovechamiento legítimo de su capacidad creativa e inventiva.

Por todo lo anterior, someto a consideración del pleno de esta honorable Cámara la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, para que, en coordinación con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, difunda la cultura de protección de creaciones, diseños, innovaciones, productos o servicios y que estos sean protegidos de conformidad con la Ley de la Propiedad Industrial

Segundo . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, a que en el ámbito de sus atribuciones promueva el registro de marcas colectivas a fin de proteger y conservar el patrimonio cultural de la comunidad artesanal de nuestro país.

Notas:

1 López Bárcenas, F. (2017), “El sistema jurídico mexicano y los derechos culturales” en Diario de campo, cuarta época, núm. 1, p. (80) pp. 71-98

2 (DIAGNÓSTICO DE LA CAPACIDAD DE LOS ARTESANO EN POBREZA PARA GENERAR INGRESOS SOSTENIBLES , 2009)

3 (Medina, 2017)

4 (Unión Parlamentaria y las Naciones Unidas, 2016)

5 Pérez Villareal, Juan Sebastián, La artesanía en el derecho, 125 Vniversitas, 287-318 (2012)

6 https://www.gob.mx/impi/articulos/ventajas-de-contar-con-una-marca-cole ctiva

7 (Tenangos de Hidalgo, la magia de los hilos y los bordados., 2016)

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 21 de febrero de 2024.

Diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante (rúbrica)