Gaceta Parlamentaria, año XXVII, número 6468-III-4, martes 20 de febrero de 2024
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Bienestar a contemplar la posibilidad de realizar una modificación al acuerdo por el que se emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, publicado en el DOF el 26 de enero de 2021, a fin de apoyar a las mujeres que viven en contexto de violencia de género, a cargo del diputado Armando Antonio Gómez Betancourt, del Grupo Parlamentario del PVEM
El que suscribe, diputado Armando Antonio Gómez Betancourt, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
La violencia contra las mujeres tiene su origen en la desigualdad de género, es decir, en la posición de subordinación, marginalidad y riesgo en el cual éstas se encuentran respecto de los hombres. A lo largo de los años hemos sido testigos del aumento en la cifra de muertes violentas de mujeres por razones de género en nuestro país; este delito se encuentra tipificado en nuestro orden jurídico como feminicidio, el cual es la forma más extrema de violencia contra la mujer.
Por lo anterior es importante garantizar la prevención, atención, sanción y erradicación de todos los tipos de violencia contra las mujeres durante su ciclo de vida y promover su desarrollo integral y plena participación en todos los ámbitos de la vida.
En 2021, a nivel nacional, del total de mujeres de 15 años y más que habitaban en nuestro país, 70.1 por ciento había experimentado a lo largo de su vida al menos un incidente de violencia, la cual pudo ser psicológica, económica, patrimonial, física, sexual, o bien, discriminación en al menos un ámbito.
La violencia psicológica es la que presentó mayor prevalencia con 51.6 por ciento, seguida de la violencia sexual con 49.7 por ciento, la violencia física con 34.7 por ciento y la violencia económica, patrimonial y/o discriminación que alcanzó 27.4 por ciento.
Así mismo, de octubre 2020 a octubre 2021, 42.8 por ciento de las de mujeres de 15 años y más experimentó algún tipo de violencia, siendo la violencia psicológica la que presentó mayor prevalencia con 29.4 por ciento, seguida de la violencia sexual con 23.3 por ciento, la violencia económica, patrimonial y/o discriminación con 6.2 por ciento y, finalmente, la violencia física con 10.2 por ciento.
Respecto de 2016, los resultados de 2021 muestran un incremento de 4 puntos porcentuales en cuanto a los incidentes de violencia que las mujeres en nuestro país habían sufrido a lo largo de sus vidas.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define la violencia contra las mujeres como “Cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público”.
La violencia afecta de manera inmediata a quien la vive y tiene consecuencias negativas en la salud, física o mental, el desarrollo y la autonomía de las víctimas.
Con base en una búsqueda minuciosa en nuestras leyes no encontramos un apoyo económico gubernamental para las mujeres que sufren violencia física, patrimonial, económica o sexual por parte de la persona de quien dependen económicamente, siendo precisamente la dependencia económica el principal obstáculo para que las mujeres violentadas denuncien a su agresor.
Es obligación del Estado proteger la organización y el desarrollo de las familias tal como lo establece el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto quiere decir que tiene la obligación de apoyar a las mujeres que viven contexto de violencia de género y que presenten una condición de vulnerabilidad para que tengan apoyo económico y emocional y así puedan darle seguimiento a los procedimientos referentes al acceso a la justicia. Un apoyo económico para las mujeres que sufren violencia de género les permitiría romper con el círculo vicioso de impunidad estructural, por ello, propongo que la Secretaría de Bienestar analice la posibilidad de apoyar a las mujeres que viven en contexto de violencia de género y cuyos derechos humanos son afectados o violentados por parte de la persona de la cual dependen económicamente, mediante la entrega de un apoyo equivalente a un salario mínimo mensual de $6,223.00 pesos a través de transferencias bancarias, preferentemente a aquellas mujeres que presenten riesgo alto de violencia feminicida o mujeres víctimas de violencia recurrente. Igualmente, importante es que a las mujeres que reciban este apoyo les sea garantizado su acceso a la atención integral para proteger su integridad, tanto física como psicológica.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Bienestar a contemplar la posibilidad de realizar una modificación al acuerdo por el que se emiten los lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2021, a fin de apoyar a las mujeres que viven en contexto de violencia de género y cuyos derechos humanos son afectados o violentados por parte de la persona de la cual dependen económicamente, mediante la entrega de un apoyo equivalente a un salario mínimo mensual de $6,223.00 pesos a través de transferencias bancarias, preferentemente a aquellas mujeres que presenten riesgo alto de violencia feminicida o mujeres víctimas de violencia recurrente.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 20 días del mes de febrero de 2024.
Diputado Armando Antonio Gómez Betancourt (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno del estado de Puebla a llevar cabo las acciones y acuerdos necesarios a efecto de realizar un diagnóstico de la situación que guarda el manejo y disposición de los residuos sólidos urbanos en la entidad, a cargo del diputado Juan Carlos Natale López, del Grupo Parlamentario del PVEM
El que suscribe, diputado Juan Carlos Natale López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Según datos del Inegi, diariamente se generan en el país más de 120 mil toneladas de Residuos Sólidos Urbanos (RSU),1 de las cuales, menos de 45 por ciento recibe una gestión adecuada para su manejo y disposición final.
El estado de Puebla, con una población de 6.8 millones de habitantes, representa el 5.65 por ciento de ese total, generando 5,991 tons/día, con una cobertura de 70 por ciento del territorio que lo genera.
Dados los esfuerzos en materia de gestión de residuos sólidos urbanos y de manejo especial por parte del gobierno del Estado, se cuenta con datos acerca de la gestión más claros que en años anteriores, sin embargo, aún es necesario conocer qué sucede en el 30 por ciento restante del territorio del que no se cuenta con datos precisos.
Así mismo, el estado de Puebla cuenta con cuatro estaciones para la transferencia de residuos donde se realiza la compactación, selección, separación y otros servicios relacionados con la correcta gestión de los RSU, ingresando a este proceso una tonelada por día.2
El manejo adecuado y la disposición final de los RSU, según la NOM083 de la SEMARNAT, representa un potencial para la protección ambiental, tanto para la calidad del aire y el recurso hídrico, así mismo, eleva la calidad de vida de las personas, impactando directamente en la disminución de los índices de enfermedades gastrointestinales, respiratorias y oftálmicas, entre otras.3
El gobierno del estado de Puebla se ha caracterizado por la continua mejora y acompañamiento institucional a municipios y entidades encargadas de este tema; ha desarrollado y llevado a cabo las estrategias que integran el Programa Estatal Para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial, logrando avances en esta sensible materia.
A este respecto, y con el fin de fortalecer dicha estrategia, es necesario contar con elementos técnicos y demográficos actualizados que permitan integrar planteamientos a la federación para el fortalecimiento y la modernización de los sistemas encargados de la materia.
Además, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente prevé otorgar beneficios fiscales a ciertas actividades, por lo cual, de contar con la base técnica y presupuestaria adecuada, transitaremos y legislaremos para que toda actividad enfocada a la correcta gestión de los RSU pueda ser acreedora a estos beneficios.
Por lo anterior, propongo a esta honorable asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al gobierno del estado de Puebla para que lleve a cabo las acciones y acuerdos necesarios a efecto de realizar un diagnóstico de la situación que guarda el manejo y disposición de los residuos sólidos urbanos en la entidad, así como del estado de los sitios de disposición final.
Notas:
1 INEGI 2020, https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2022/EAP_Me dAmb22.pdf
2 SEMARNAT 2020, https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/554385/DBGIR-15-mayo-202 0.pdf
3 DOF, https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/554385/DBGIR-15-mayo-202 0.pdf
Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de febrero de 2024.
Diputado Juan Carlos Natale López (rúbrica)