Gaceta Parlamentaria, año XXVII, número 6468-III-3, martes 20 de febrero de 2024
Con punto de acuerdo, para exhortar al ISSSTE y al Fovissste a calcular y otorgar créditos de UMA a pesos con tasa de interés preferencial del 4 al 6 por ciento, y reestructurar los créditos cuyo saldo actual sea mayor a la cantidad otorgada, a cargo de la diputada Norma Graciela Treviño Badillo, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, Norma Graciela Treviño Badillo , diputada de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito someter a la consideración de la asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Uno de los derechos elementales de todas y todos los trabajadores es tener una vivienda digna para habitar y que sea parte de su patrimonio, que les dé seguridad, estabilidad social y financiera.
Contar con un lugar adecuado en el cual vivir, es una necesidad básica del ser humano, ya que en él establece su núcleo familiar, que es el centro del engranaje social. De esta forma, entre mejor sea la vivienda que se habita aumentan considerablemente las opciones de que las interrelaciones familiares sean óptimas y por ende las relaciones sociales mejorarán considerablemente.
Este derecho se encuentra reconocido en los artículos 25 numeral 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 11 numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y 4o párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; último ordenamiento que señala que: “... toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa ...”.
Tal y como lo establece el artículo 4o de nuestra Constitución antes referido, la vivienda es considerada como un derecho humano, y por tanto inherente a todo individuo.
A pesar del mandato Constitucional, el desarrollo y distribución de la vivienda en nuestro país, no se ha reflejado equitativamente. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], en México la vivienda suele ser la mayor inversión y el principal patrimonio de las familias, por ello es concebida como una necesidad básica y su provisión se considera factor de bienestar social. Además, en nuestra sociedad su producción es esencial dentro de la actividad económica y constituye un importante indicador del nivel de desarrollo social alcanzado.
Partiendo del principio Constitucional, todas las y los trabajadores, particularmente los del sector educativo, tienen derecho a obtener un crédito hipotecario a través del “Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado” (Fovissste), que fue creado como un órgano desconcentrado del “Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado” (Issste), mediante Decreto emitido por el H. Congreso de Unión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 1972, en donde, de conformidad con lo establecido en los artículos 167, 168 y 169 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con el objetivo de constituir depósitos a favor de los trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a estos crédito barato, suficiente para que adquieran en propiedad habitaciones cómodas, higiénicas o bien para construirlas, repararlas, mejorarlas o pagar pasivos adquiridos por estos conceptos.
En 1993 y coincidiendo con la entrada en vigor del “Sistema de Ahorro para el Retiro” (SAR), se brinda a las y los derechohabientes del Fondo de la Vivienda la libertad de elección para adquirir una vivienda nueva o usada aun cuando no formara parte del conjunto habitacional edificado por el Gobierno.
Esto contribuyó en un beneficio directo a las y los derechohabientes, ya que pudieron elegir entre múltiples oferentes la vivienda que más le acomodara en función de ubicación, calidad, precio, servicios y equipamiento, lo que originó precios más accesibles.
Desafortunadamente, los lineamientos con los que se crea el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado presentaron diversas problemáticas que debían ser atendidas, revisadas y analizadas, ya que el derecho a la vivienda digna es un derecho que debe otorgar la seguridad y el bienestar a las y los trabajadores; sin embargo, convirtiéndose en un obstáculo para lograr la estabilidad y seguridad patrimonial, alejándose el Fondo de Vivienda de su objetivo principal, afectando de manera significativa la economía de las y los trabajadores.
I. Es pertinente señalar que los créditos hipotecarios que se otorgaron a través del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a las y los trabajadores del Estado a partir de enero de dos mil dieciséis –por Decreto-, se calcularon en Unidades de Medida y Actualización (UMA’s), incluidos aquellos que se ejercieron antes de esa fecha; por lo tanto, cada año se venía actualizando el valor de la UMA, de manera automática, y por tanto, también lo hacían los créditos hipotecarios.
II. Los créditos hipotecarios tradicionales que ha otorgado el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, les habían requerido a las y los trabajadores una obligación de pago equivalente a un porcentaje de la UMA, mismo que las y los trabajadores –en la mayoría de los casos- no logran a cubrir, con el descuento que por Ley está permitido vía nómina y que equivale a un treinta por ciento del salario base de las y los trabajadores; por lo éstos estaban obligados a hacer depósitos en una Institución Bancaria para completar la “obligación de pago”, que les exigía el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, convirtiéndose la suma de estos pagos hasta en un cuarenta por ciento o más del salario base, violentando lo que por Ley se estableció para proteger el salario de quienes pagan dicho crédito. Lo anterior, generó que en algunos “estados de cuenta” aparezca el concepto de “saldo vencido”, este saldo es la diferencia que el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, pedía a las y los trabajadores como “obligación de pago”, y al no ser cubierta vía depósito bancario, se acumulaba a la cuenta, ocasionando el incremento de la deuda y generando intereses.
III. Algunos de las y los trabajadores jubilados han tenido el interés en ejercer un segundo crédito hipotecario tradicional, y aunque el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), los promociona como un derecho de las y los trabajadores, no así para las y los jubilados.
El pasado ocho de mayo de 2023, se publica en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y que impactan de forma sustantiva al Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Reforma que entre otras disposiciones establece en su artículo Quinto Transitorio que: “... A efecto de cumplir con la reforma establecida en este Decreto, el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado tendrá 180 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para realizar las adecuaciones administrativas conducentes ...”.
En cumplimiento al Decreto en cita, el 10 de agosto de 2023, se publica en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo emitido por la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por el cual se modifican los Criterios y Mecánica de Operación para el Programa “Reestructura de UMA a Pesos”, y –entre otros-, se emiten los criterios siguientes:
• Se considerarán créditos individuales en salarios mínimos o en Unidad de Medida y Actualización (UMA) destinados a la adquisición de vivienda y redención de pasivos;
• El saldo insoluto del crédito en pesos debe ser mayor al monto inicial otorgado por el Fondo de Vivienda en pesos;
• El acreditado puede tener cualquier estatus laboral;
• Para los acreditados que califiquen para este Programa obtendrán una quita del cinco por ciento del saldo insoluto de su crédito. En caso de que el análisis de su reestructura arroje que, de realizar todos sus pagos conforme a las nuevas condiciones en pesos, no cubrirá el saldo insoluto actual del crédito, se les podrá aplicar una quita mayor de hasta el cien por ciento de la diferencia que no se pagará; esto, con la intención de que el acreditado tenga la posibilidad de pagarlo conforme a su ingreso actual y que el Fondo pueda recuperar el monto máximo posible en pesos de dicho crédito;
• El crédito estará denominado en pesos;
• El crédito se devengará con una tasa de interés fija nominal. Al mes de abril se estimó una tasa de interés del diez punto cincuenta y cuatro por ciento anual, la cual se revisará semestralmente y, en su caso, se actualizará de acuerdo con las condiciones macroeconómicas, informándose a la Comisión Ejecutiva y la Junta Directiva; y
• La obligación de pago será de monto fijo en pesos conforme a su salario base actual, debiendo así estipularse en el Convenio Modificatorio al Contrato de mutuo que se celebre.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece claramente que los créditos que se otorguen a los trabajadores al servicio del estado para adquirir vivienda, deben ser baratos y suficientes y que la naturaleza del Fondo de Vivienda debe ser eminentemente social, buscando siempre el bienestar de sus afiliados. Nunca menciona que debe operar como una sociedad mercantil que persigue fines de lucro.
El Programa “UMA a Pesos” tiene como propósito principal el de beneficiar a los trabajadores que cuentan con un crédito de vivienda y que les permitirá garantizar su patrimonio, sin embargo, aún existen algunas preocupaciones por parte de las y los trabajadores que presentan adeudos con el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, es por ello que, en la implementación del Programa se busca:
Primero. Que los créditos hipotecarios tradicionales [primeros y segundos créditos hipotecarios para adquisición, construcción en terreno propio, ampliación o mejoramiento de la vivienda, construcción y adquisición de suelo, o redención de pasivos], que se calcularán y otorgarán en pesos, sean con una tasa de interés preferencial que apoye la economía de las y los trabajadores (del cuatro al seis por ciento anual);
Segundo. Que las y los trabajadores que ya hayan pagado más de la cantidad que el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado les prestó, se les considere para la reestructura de sus créditos, a partir de lo que ya pagaron y no de lo que actualmente adeudan, considerando que, sin las actualizaciones y los adeudos vencidos, la gran mayoría de los créditos que hoy presentan problemas, estarían a punto de liquidarse. Por ello, se pide una reestructura justa que corresponda a un Fondo de Vivienda con sentido social y no uno que otorga condiciones como si fuera banca privada; y
Tercero. Que la reestructuración en pesos sea en pagos fijos, congelados y que el interés que se cobre anualmente sea con un Interés con sentido social sobre los saldos insolutos y que correspondan a las condiciones y economía de los derechohabientes, y no del diez punto cincuenta y cuatro por ciento como se establece en el Programa, ya que el porcentaje que fija la banca comercial si bien es cierto que en unos casos es del doce por ciento, también es cierto que algunos otros Bancos cobran hasta el diez por ciento, por lo que se considera que cobrar el diez punto cincuenta y cuatro por ciento no apoya a la economía de las y los trabajadores.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la consideración del pleno de esta Honorable soberanía, para su aprobación, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único.- Se exhorta al Director General del Instituto de Seguridad y Servicio Sociales de los Trabajadores del Estado, instruir al Vocal Ejecutivo del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Estado para que en la implementación del Programa “UMA a Pesos”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de agosto de 2023, contemple:
a) Que los créditos hipotecarios que se calculen y otorguen en pesos sean con una tasa de interés preferencial del cuatro al seis por ciento anual, sobre los saldos ‘insolutos y de acuerdo con las condiciones y economía de los derechohabientes;
b) Que los créditos hipotecarios que sean susceptibles de verificación, se reestructuren sin considerar solo aquellos créditos en los que el saldo actual sea mayor a la cantidad que se le prestó al derechohabiente; y
c) Que las y los trabajadores que ya hayan pagado más de la cantidad que el Fondo de la Vivienda les prestó, se les considere para la reestructura de sus créditos, a partir de lo que ya pagaron y no de lo que actualmente adeudan,
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de febrero de 2024.
Diputada Norma Graciela Treviño Badillo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SSPC a coordinar los mecanismos de seguridad del sistema de carreteras y autopistas en Nuevo León, para evitar ataques y reducir los delitos en contra del autotransporte de carga, a cargo del diputado Andrés Mauricio Cantú Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI
Quien suscribe, diputado Andrés Mauricio Cantú Ramírez , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En el constante esfuerzo por garantizar el bienestar de la población y promover un entorno propicio para el desarrollo económico, es imperativo abordar la creciente problemática relacionada con la seguridad de los transportistas en las carreteras federales de Nuevo León.
Debemos destacar la urgencia de implementar medidas concretas para salvaguardar la integridad física y patrimonial de los trabajadores del transporte, quienes desempeñan un papel esencial en la economía regional y nacional.
La magnitud de este problema no solo se refleja en las pérdidas materiales y económicas para las empresas e inversionistas, sino también en las consecuencias humanas, donde la vida y la seguridad de los trabajadores del transporte se ven amenazadas.
La falta de medidas efectivas para contrarrestar estas amenazas ha generado un deterioro progresivo en la confianza de los transportistas y ha obstaculizado el desarrollo económico de la región.
La seguridad en las carreteras de Nuevo León ha experimentado desafíos significativos en los últimos años, de acuerdo con el sondeo a nivel nacional emitido por la “CAINTRA” sobre el incremento de inseguridad en el transporte de carga en México el costo de robo en carretera fue de 5,822 millones de pesos solamente en 2022.
Con respecto a 2021 ha representado un alza del 43.3%; afectando directamente a los transportistas que transitan por la región, las estadísticas no mejoraron durante el año 2023 dado que durante ese año se incrementó un 23% en el municipio de García, 16% en Apodaca y 10% en Santa Catarina.
Los incidentes de robo, asalto y violencia han aumentado, generando un clima de inseguridad que no solo impacta a los conductores, sino también a las empresas transportistas y, en última instancia, a la economía en su conjunto, los números de la encuesta realizada a 1,000 socios de la cámara indican que el foco principal de atención radica en el municipio de García el cual ha presentado uno de los mayores porcentajes de incremento desde el 2023.
Sin embargo, aunque el porcentaje de los demás municipios es menor, el problema de robo al transporte de carga en todo el estado de Nuevo León representa para las empresas una pérdida de más de 926 millones de pesos.
De forma más precisa hay que señalar que dentro de las carreteras más peligrosas de México se encuentra la de Monterrey - Nuevo Laredo, esta misma cuenta con una fama terrible, tiene el apodo “La carretera de la muerte”.
El robo de mercancía en esta carretera originó incluso desabasto en algunos productos y cifras inhumanas de más de 200 desapariciones, de las cuales solo 18 personas fueron encontradas con vida.
Esta carretera es un principal foco rojo por ende dadas las circunstancias, así como falta de seguridad y alumbramiento en ese tramo permiten que se cometan delitos de cualquier rango; de igual manera se cometen actos delictivos de cualquier nivel afectando la estabilidad, seguridad e integridad de las y los habitantes del estado, así como visitantes y transportistas por igual.
La seguridad en carreteras federales es indispensable pues entre los desaparecidos no solo hay choferes de empresas sino también choferes de tráiler, conductores particulares, conductores de Apps y taxistas.
El rango de edad de las victimas oscila de entre los 18 y 40 años principalmente en hombres.
La raíz de dicha problemática es dada la falta de infraestructura en las vialidades, mayormente estos actos delictivos transcurren en las madrugadas o en la tarde-noche cuando el alumbramiento no está presente o es casi nulo en las vialidades.
Por ende, el fortalecimiento de la vigilancia y coordinación federal ayudará a las fuerzas de seguridad municipales, estatales y federales para establecer estrategias integrales de vigilancia en las carreteras de Nuevo León.
Estrategias de solución:
• Tecnología y Sistemas de Monitoreo ; Implementar tecnologías avanzadas, como cámaras de vigilancia, sistemas de rastreo y comunicación, para monitorear en tiempo real los tramos carreteros con mayor índice de riesgo y responder eficientemente a situaciones de emergencia.
• Fortalecimiento del Marco Legal ; revisar y fortalecer el marco legal para endurecer las sanciones contra aquellos que atenten contra la seguridad de los transportistas, garantizando así un sistema de justicia efectivo y disuasivo.
La seguridad de los transportistas en las carreteras federales de Nuevo León no solo es un imperativo moral, sino también una necesidad estratégica para el desarrollo económico y la prosperidad de la región.
La implementación de medidas efectivas y la asignación de recursos suficientes son esenciales para restaurar la confianza en la red vial y fomentar un entorno propicio para el crecimiento sostenible.
Nuevo León al igual que muchas entidades de México, requieren más allá de una coordinación, de la presencia e intervención estratégica del ámbito federal, para que se implementen soluciones efectivas que atiendan la situación de violencia e inseguridad que se vive en la entidad.
Nuestro estado es uno de los principales motores de crecimiento económico nacional, por lo que, para seguir atrayendo inversión y promover el desarrollo, se necesita reducir y eliminar cualquier riesgo que afecte el dinamismo comercial de la región.
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Honorable asamblea, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único . La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal para que, en el ámbito de sus atribuciones, coordine y fortalezca los mecanismos de seguridad del sistema de carreteras y autopistas en el estado de Nuevo León para reducir los delitos en contra del autotransporte de carga.
Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Diputados, a 20 de febrero de 2024
Diputado Andrés Mauricio Cantú Ramírez (rúbrica)