Proposiciones


Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a que, a través de la Cofepris, remita a esta soberanía un informe detallado de las acciones emprendidas por el gobierno federal para garantizar el cumplimiento, en el territorio nacional, de lo establecido en el artículo 216 Bis de la Ley General de Salud, suscrita por el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal Éctor Jaime Ramírez Barba, integrante de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguiente:

Consideraciones

El pasado 9 de febrero de 2023 el pleno de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 216 Bis a la Ley General de Salud, en materia de regulación de grasas trans; el mismo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 24 de marzo y que entró en vigor el miércoles 20 de septiembre de 2023, es decir, hace ya más de cuatro meses.

El contenido decreto de adición a la Ley General de Salud plantea:

1) Puntualiza que los aceites y grasas comestibles, así como los alimentos y bebidas no alcohólicas, no podrán contener en su presentación para venta al público aceites parcialmente hidrogenados, conocidos como grasas trans, que hayan sido añadidos durante su proceso de elaboración industrial;

2) Determina que los alimentos, bebidas no alcohólicas, aceites y grasas no podrán exceder dos partes de ácidos grasos trans de producción industrial por cada cien partes del total de ácidos grasos;

3) Facultar a la Secretaría de Salud para establecer las bases de regulación para los ácidos grasos trans de producción industrial; y,

4. En las disposiciones transitorias, establecen un plazo de ciento ochenta días para la entrada en vigor del decreto, a partir de su publicación del Diario Oficial de la Federación; y, la obligación del Ejecutivo Federal para adecuar los reglamentos y acuerdos correspondientes.

Como antecedentes, tenemos lo siguiente:

2018 : La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó una guía para eliminar los ácidos grasos trans de producción industrial del suministro mundial de alimentos.

2020 : La Organización Panamericana de la Salud (OPS) publicó “Plan de Acción para eliminar los ácidos grasos trans de producción industrial 2020-2025” para prevenir enfermedades no transmisibles, como cardiopatías coronarias.

• La eliminación de las grasas trans del suministro de alimentos se puede lograr a través de enfoques de políticas, incluido el uso de medidas legislativas o reglamentarias para limitar el contenido de AGT-PI a no más de 2 gramos por cada 100 gramos de grasas totales (es decir, 2 por ciento) en todos los alimentos, prohibir los aceites parcialmente hidrogenados, que son la fuente principal de AGT-PI; y / o una combinación de las dos políticas mencionadas anteriormente.

- 24 marzo 2023: México, como parte de las tendencias internacionales, emitió el “Decreto por el que se adiciona un artículo 216 Bis a la Ley General de Salud”, que limita el contenido de AGT generados durante la producción/elaboración de alimentos y bebidas no alcohólicas, a saber:

Artículo 216 Bis.- Los aceites y grasas comestibles, así como los alimentos y bebidas no alcohólicas, no podrán contener en su presentación para venta al público aceites parcialmente hidrogenados, conocidos como grasas trans, que hayan sido añadidos durante su proceso de elaboración industrial.

Los alimentos, bebidas no alcohólicas, aceites y grasas no podrán exceder dos partes de ácidos grasos trans de producción industrial por cada cien partes del total de ácidos grasos.

La Secretaría de Salud establecerá las bases de regulación para los ácidos grasos trans de producción industrial en los términos de este precepto.

Sin embargo, a casi un año de su publicación en el Diario Oficial de la Federación no conocemos los avances en el cumplimiento de dicho decreto; así como de los avances respecto de las modificaciones reglamentarias y normativas que derivan del mandato en las disposiciones transitorias del decreto.

Como se ha señalado, la mayoría de las grasas trans se forman a través de un proceso industrial que añade hidrógeno al aceite vegetal, lo que hace que el aceite se vuelva sólido a temperatura ambiente. Proceso que hace menos probable que se descomponga este aceite parcialmente hidrogenado, por lo que, los alimentos elaborados con él tienen una mayor vida útil.

La forma manufacturada de la grasa trans, conocida como aceite parcialmente hidrogenado, puede encontrarse en una variedad de productos alimenticios, incluidos: productos horneados, como pasteles, galletas y tartas, palomitas de maíz para microondas, frituras, margarina, entre otros; aunque, cabe señalar, algunos productos cárnicos y lácteos tienen una pequeña cantidad de grasas trans naturales.1

Diversos expertos señalan que el consumo alto de grasas trans aumenta considerablemente el riesgo de muerte por cardiopatías coronarias en 28 por ciento; así como el riesgo de aparición de cardiopatías coronarias en 21 por ciento. También se han observado aumentos no significativos de 7 por ciento y 10 por ciento en el riesgo de muerte por accidente cerebrovascular isquémico y por diabetes, respectivamente.2

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), “los ácidos grasos trans de producción industrial (AGT-PI) son un factor prevenible que contribuye de forma importante a la carga de las enfermedades cardiovasculares, la principal causa de muerte en la Región de las Américas”.3

Con la adición aprobada por el Congreso de la Unión a la Ley General de Salud se da cumplimiento a la recomendación hecha por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de regular el contenido de grasas trans en los alimentos procesados, de ahí la importancia de contar con la aplicación y observancia estricta de dichas disposiciones jurídicas.

Desde 2018, la OMS publicó una guía para eliminar los ácidos grasos trans de producción industrial del suministro mundial de alimentos, y en 2020, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) publicó el “Plan de Acción para eliminar los ácidos grasos trans de producción industrial 2020-2025”, con el objetivo de prevenir enfermedades no transmisibles, como cardiopatías coronarias.

El consumo de grasas trans tiene un impacto muy importante en la salud de las personas y contribuye con los altos índices de obesidad como el nuestro. Además, de acuerdo con el INEGI, durante varios años, las enfermedades del corazón han sido una de las principales causas de defunción, con una alta incidencia entre la población mayor a 45 años. De hecho, hubo un incremento alarmante en la tasa de defunciones registradas por enfermedades del corazón por cada 100 mil habitantes, pues pasó de 97.3 en 2013 a 155.5 en 2022.

En ese sentido, la reforma aplica al uso de aceites parcialmente hidrogenadas, siendo que, las grasas trans de origen animal (lácteas y cárnicas) presentes naturalmente no están incluidas en la medición, y por ende en la limitación. Si el contenido de aceites parcialmente hidrogenados no excede 2g de grasas trans de producción industrial por 100 g las grasas totales, el producto no se encuentra en incumplimiento con artículo 216 Bis. Además, si un producto tiene el sello de “Exceso en grasas trans”, no implica que incumple con el artículo 216 Bis, es decir, los parámetros y cálculo que se utiliza para determinar el sello “Exceso en grasas trans” es diferente a la parámetros y cálculos correspondientes a la limitación del 2 g por cada 100 g de grasas totales.

Por ello, es necesario conocer cuáles han sido las acciones de la autoridad sanitaria en nuestro país en cumplimiento de lo establecido en el artículo 216 Bis de la Ley General de Salud, teniendo como referente también el boletín que emitió la Cofepris el 20 de septiembre de 2023, por medio del cual anunció que la emisión de las bases de regulación no condiciona la entrada en vigor inmediata del artículo señalado.

A cuatro meses de que entró en vigor de la regulación de las grasas trans, es necesario que la Secretaría de Salud informe sobre las acciones emprendidas en la materia, por lo que solicitamos informe sobre qué productos y empresas han dado cumplimiento a las nuevas disposiciones.

El consumo de grasas trans causan casi 20 mil muertes prevenibles al año en México;4

Un informe de la OMS señala que cinco mil millones de personas en todo el mundo siguen sin tener protección frente a las dañinas grasas trans, lo que incrementa el riesgo de que padezcan enfermedades cardiacas y mueran.5

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el suscrito, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Salud para que a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios remita a esta soberanía un informe detallado de las acciones emprendidas por el gobierno federal para garantizar cumplimiento, en el territorio nacional, de lo establecido en el artículo 216 Bis de la Ley General de Salud publicado en el Diario Oficial de la Federación en decreto de fecha 24 de marzo y que entró en vigor el miércoles 20 de septiembre de 2023.

Notas:

1 Mayo Clinic. (2020). Las grasas trans son un problema doble para la salud del corazón. https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/high-blood-cholest erol/in-depth/trans-fat/art-20046114

2 Institute for Health Metrics and Evaluation. (2019). GBD Compare/Viz Hub. https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/.

3 Organización Panamericana de la Salud. (2020). Plan de Acción para eliminar los ácidos grasos trans de producción industrial 2020–2025. https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52231/OPSNMHRF200006_spa .pdf?sequence=1&isAllowed=y

4 Ver, https://www.gob.mx/salud/prensa/031-secretaria-de-salud-celebra-modific aciones-legales-para-eliminar-grasas-trans-del-sistema-alimentario

5 Ver, https://www.who.int/es/news/item/23-01-2023-five-billion-people-unprote cted-from-trans-fat-leading-to-heart-disease

Sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 29 de enero de 2024.

Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, y del director general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, Juan José Padilla Olmos, con la finalidad de que informen a esta soberanía, en uso de sus facultades y atribuciones, las razones por las cuales no se destinan fondos suficientes al AICM y temas relacionados, a cargo del diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Héctor Saúl Téllez Hernández , diputado en la LXV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, y del Director General del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, Juan José Padilla Olmos, con la finalidad de que informen a esta soberanía en uso de sus facultades y atribuciones las razones por las cuales no se destinan fondos suficientes al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, además del porqué se tomó la decisión de destinar a un fin distinto para el que fue creado la Tarifa de Uso Aeroportuario del Aeropuerto Internacional Benito Juárez (TUA) y se realizaron transferencias monetarias ilegales para la construcción del Tren Maya, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Tras ganar las elecciones presidenciales de 2018, Andrés Manuel López Obrador convocó una consulta popular informal para que el pueblo decidiera si se seguía la construcción o proceder cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), dicho proyecto era una de las insignias de su antecesor, Enrique Peña Nieto, la intención era la sustitución del saturado aeropuerto Benito Juárez de la capital.

Han transcurrido ya casi 6 años de aquella simulación para satisfacer los deseos de López Obrador que a pesar de contar con la opinión de expertos que le hicieron saber que era mala idea cancelar el NAIM, decidió lavarse las manos con la realización de una encuesta que no era vinculatoria y estuvo plagada de irregularidades.

El resultado de dicho ejercicio que fue vendido como un avance democrático, es de todos conocido, se procedió a cancelar el proyecto del NAIM, y se puso en marcha el proyecto que había anunciado el Presidente López Obrador, el aeropuerto de Santa Lucia.

Una reciente investigación publicada por el portal Aristegui1 Noticias2 donde revela que la cancelación del NAIM no fue más que otra de las ocurrencias del presidente y sin importar las consecuencias que tendría se continuó con el proceso de cancelación; dicha decisión derivó en una serie de irregularidades que solo han afectado a las personas usuarias del Aeropuerto Internacional Benito Juárez (AICM).

En el reportaje realizado por Regina Diez Gutiérrez se revela que el costo astronómico de cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco; se trata de 196 mil 350 millones de pesos que han sido pagados hasta el momento por los pasajeros del AICM por medio de la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA), ya que todo lo que se les cobra a los usuarios por este concepto se destina al pago de la cancelación.

Lo anterior ha generado que las condiciones del AICM sean deplorables, ya que uno de los objetivos de la TUA es destinar recurso para el mantenimiento de las instalaciones y de las pistas, al carecer de este recurso es que se ha descuidado a un grado alarmante todas las instalaciones del aeropuerto.

De acuerdo con la investigación, el adeudo que se está pagando mediante el desvió de la TUA , está configurado por un capital de 4,200 millones de dólares más intereses. Los 196 mil millones equivalen a 130 años del presupuesto programado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el propio aeropuerto capitalino para 2024 ; este 2024, el presupuesto del AICM es de 1,500 millones de pesos para el aeropuerto capitalino, es decir, solo el 12.5 % de lo que podría recibir el AICM a través de la TUA.

La gravedad de esta situación es que las y los mexicanos están haciendo una doble tributación, ya que con el pago de la TUA y el pago de sus impuestos se financian mejoras y operaciones del aeropuerto que deberían estar cubiertas por esa tarifa. De nueva cuenta queda de manifiesto que este gobierno por quien menos se preocupa es por los ciudadanos, pues este tipo de acciones afectan su economía y su calidad de vida toda vez que al usar un aeropuerto en condiciones paupérrimas se pone en riesgo su vida y se genera un desgaste por el servicio deficiente que se les brinda.

Pero tristemente la situación no se queda en el desvió de la TUA sino que de igual modo este capricho se utilizó para destinar recursos para concluir otro de los caprichos de López Obrador, el Tren Maya.

En la misma investigación citada se establece que 1,200 millones de dólares , originalmente destinados para el NAIM, fueron desviados para financiar el Tren Maya, lo que equivale a cerca de 21 mil millones de pesos , es una muestra de la administración irregular de recursos que ha tenido este gobierno. Para dimensionar el tamaño de esta atrocidad solo basta con conocer lo que declaró el ex secretario de Comunicaciones y Transportes de AMLO, Javier Jiménez Espriú, donde reconoce que esa transferencia por 1,200 millones de dólares carece de justificación legal.

A consideración de diversos especialistas estas dos acciones constituyen potencialmente dos delitos que son el Peculado, (en el caso del destino de la TUA para fines para los que no fue creado) y el de desvió de recursos (en lo que se refiere el cambio de destino de los 1,200 millones de dólares destinados al NAIM y que fueron al final implementados en la construcción del Tren Maya).

Es vergonzoso que el presidente en su toma de posesión3 refirió que “Habrá un auténtico Estado de derecho, tal como lo resume la frase de nuestros liberales del siglo XIX, al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie ” haya realizado estas acciones que distan mucho de su discurso, porque en la realidad el desvío de recursos realizado gracias a la cancelación del NAIM está más cerca del “No me vengan a mí de que la ley es la ley 4 .

Derivado de la situación tan alarmante que se ha generado después de conocer toda esta serie de irregularidades y de abusos por parte de la 4T es que resulta imperioso que se le rindan cuentas al pueblo de México.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita la comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O y del Director General del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, Juan José Padilla Olmos, con la finalidad de que informen a esta soberanía en uso de sus facultades y atribuciones las razones por las cuales no se destinan fondos suficientes al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, además del porqué se tomó la decisión de destinar a un fin distinto para el que fue creado la Tarifa de Uso Aeroportuario del Aeropuerto Internacional Benito Juárez (TUA) y se realizaron transferencias monetarias ilegales para la construcción del Tren Maya.

Segundo.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía General de la Republica a que en uso de sus facultades y atribuciones, y de conformidad con los hechos vertidos que pueden resultar constitutivos de delitos, inicie de oficio las carpetas de investigación correspondientes con la finalidad de que se esclarezca el uso de recursos públicos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México para fines distintos a los establecidos por la ley.

Notas:

1. https://aristeguinoticias.com/2101/investigaciones-especiales/pasajeros -del-aicm-financian-desvio-de-196000-mdp-con-tua/

2. https://aristeguinoticias.com/2201/investigacionesespeciales/el-desvio- del-desvio-pasajeros-del-aicm-pagan-con-tua-obras-tren-maya/?s=08

3. https://www.gob.mx/presidencia/es/articulos/discurso-del-lic-andres-man uel-lopez-obrador-durante-su-toma-de-posesion-como-presidente-de-los-es tados-unidos-mexicanos-331219

4. https://www.jornada.com.mx/notas/2022/04/06/politica/no-me-vengan-con-e se-cuento-de-que-la-ley-es-la-ley-dice-amlo-a-la-corte/

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 29 de enero de 2024

Diputado Héctor Saúl Téllez Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal, a la Semarnat y a la Conagua a garantizar el abasto y suministro del agua en cantidad y calidad suficiente en todos los municipios del estado de Chihuahua, suscrita por el diputado Salvador Alcántar Ortega, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Salvador Alcántar Ortega, y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y artículos 58o, 59o y 60o del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

El agua, es un fluido vital para los seres humanos, así como para el resto de los seres vivos, sin ella, no se podría concebir ningún tipo de vida como la que conocemos hoy día. El agua, además de ser un recurso vital, también es un recurso utilizado para diversos fines como el industrial y el económico.

El cambio climático, así como los diversos usos que se le han dado al agua en las industrias económicas e industriales, han originado que empiece a escasear en diferentes entidades federativas que conforman nuestro país, como lo son Chihuahua o Nuevo León, originando con ello caos y problemas sociales en las comunidades donde este vital liquido escasea.

En los últimos años, la problemática de la escasez del agua ha tomado un papel relevante en las mesas de análisis y discusiones en nuestro país, así como en los foros internacionales. Podemos notar que este tema ha sido retomado y se ha visto reflejado en la Agenda 2030, para el Desarrollo Sostenible, la cual está conformada por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el que específicamente el Objetivo número 6: “Agua limpia y saneamiento”, tiene como meta principal que al año 2030, pueda lograrse el acceso universal y equitativo al agua potable.

Es así que la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la resolución 64/292, el 28 de julio de 2010, hizo el reconocimiento del derecho humano al agua y al saneamiento. Mientras que, en nuestro país, con el objetivo de reconocer y garantizar el derecho humano al agua, el 8 de febrero del 2012 se reformó la Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos, específicamente el párrafo sexto del artículo 4o, para quedar como sigue:

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.

Sin embargo, aunque México ha sido pionero en ratificar instrumentos internacionales que reconocen el derecho humano al agua y al saneamiento, e incluso hemos reformado nuestra Carta Magna para reconocer dicho derecho, la realidad, es que la implementación de políticas públicas y estrategias que garanticen el acceso al agua, así como su distribución y saneamiento han fracasado, siendo el caso del estado de Chihuahua.

Actualmente, el estado de Chihuahua está atravesando por una de las crisis de agua más fuertes que ha registrado históricamente ya que, de acuerdo con el Monitor de Sequía de México, emitido por la CONAGUA, en su último informe reportado al 15 de junio del 2022, se examinó que más de la mitad del estado de Chihuahua registra una sequía severa, siendo 67 municipios con sequía (D1 moderada a D4 excepcional); el 97% del territorio sufre algún tipo de aridez, siendo la predominante la clasificada en la categoría D2, es decir, SEVERA.

La sequía por la cual está atravesando el estado ha originado problemas en el suministro del agua en los diferentes municipios, vulnerando el acceso al derecho humano del agua, en cantidad y calidad suficiente, de los chihuahuenses.

Los medios periodísticos, han reportado que en la capital el suministro de agua se ha realizado de forma inequitativa, favoreciendo más a algunas colonias en comparación de otras, ya que se les abastece de agua durante diferentes momentos del día durante 4 o 5 horas, mientras que colonias menos favorecidas, sólo les permiten el abastecimiento de agua durante una o dos horas en el día, resultando totalmente insuficiente para poder realizar sus actividades diarias, además de no existir una justificación o motivo para diferenciar los tiempos en el abastecimiento del agua en las distintas colonias de la capital, lo cual, resulta totalmente injusto para la mayoría de los chihuahuenses.

Como consecuencia ante la sequía por la que atraviesa el estado, se ha reportado el desabasto de garrafones de agua, así como de tinacos en Ciudad Juárez, los que se han visto como una alternativa para poder almacenar más agua, evidenciando la falta de soluciones ante esta problemática.

Sin embargo, la falta de agua, ha afectado la calidad de vida de los chihuahuenses, en varios sectores, tales como el educativo, ya que, ante las altas temperaturas y la falta de agua, la Secretaría de Educación y Deporte de Chihuahua, ha decidido adelantar la fecha del fin del ciclo escolar.

Es así que con la finalidad de no exponer a los estudiantes de educación básica a las altas temperaturas que se han registrado en Chihuahua y ante la falta de agua, el ciclo escolar fue adelantado para que termine el día 7 de julio del 2022 y ya no el 29 de julio, como se había planeado en un inicio.

Denotando lo anterior, como la escasez del agua es una problemática tan relevante, que afecta de forma multisectorial a la sociedad, teniendo que vulnerar el derecho a la educación de los infantes, por interponer primero su salud, ante la falta de acceso de agua potable para uso diario.

Chihuahua en México es el estado posicionado número uno como el mayor productor de alimentos, tales como la cebolla, manzana, chile verde, alfalfa, el algodón hueso, la avena forrajera, avena en grano, y nuez; en segunda posición están el durazno y sandía. Ubicándose como el cuarto productor de alimentos a nivel nacional.

Sin embargo, la producción de estos alimentos se ha visto afectada por la sequía y la falta de suministro de agua, lo que puede desencadenar en una crisis alimentaria para nuestro país y en un detrimento económico, en lo que respecta a los alimentos que este estado exportaba.

Además, Chihuahua se ubica como el noveno productor de carne y el cuarto productor de leche a nivel nacional, pero ante esta inminente crisis de agua, el poder satisfacer las necesidades que requiere el ganado respecto al agua, ha resultado imposible, viéndose muchos casos en el que el ganado muere por falta de acceso a este vital líquido.

La producción agrícola y ganadera se ha visto totalmente colapsada por la escasez de agua y, por ende, varias familias que se sostenían con estos ingresos. Ante esta problemática, se han detectado tomas clandestinas de agua que abastecían granjas y ranchos ganaderos.

La situación para los chihuahuenses se ha vuelto tan complicada que han aprovechado las fugas de agua para poder recolectarla y almacenarla, así como para bañarse.

Lo anteriormente expuesto resulta alarmante, ya que el derecho al acceso humano al agua en cantidad y calidad suficiente, se ha visto vulnerado, por la falta de planeación en la distribución, abastecimiento y suministro del agua.

Es necesario que se le garantice a los chihuahuenses una calidad de vida digna y el acceso de manera equitativa y justa del agua, en la cantidad y con la calidad suficiente para su uso, por lo que es necesario que las autoridades competentes, creen estrategias y políticas publicas orientadas en la solución del problema del abastecimiento del agua, además de que estas soluciones se basen en principios de igualdad y justicia, para que todos los ciudadanos tengan acceso al agua en las mismas condiciones.

Por lo expuesto y fundado, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a la división de poderes, y en el ámbito de sus atribuciones, exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del Agua, para que en el uso de sus respectivas atribuciones garanticen el abasto y suministro del agua en cantidad y calidad suficiente en todos los municipios del estado de Chihuahua.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de enero del 2024.

Diputado Salvador Alcántar Ortega (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a considerar, de forma rigurosa, los estudios y evaluaciones presentados por el Coneval, suscrita por el diputado Salvador Alcántar Ortega, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Salvador Alcántar Ortega, y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y artículos 58o, 59o y 60o del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

Existe plena coincidencia en el sentido de que el desarrollo social1 en México y en muchos otros países, que consiste en el mejoramiento del nivel de bienestar que es un conjunto de variables que contribuyen a establecer un determinado nivel de la calidad de vida de las personas, se incluyen aspectos tanto económicos, culturales y sociales de una región determinada2 , para que éstos puedan alcanzar un nivel de vida digno y cercano a los distintos parámetros de crecimiento que para tal fin puedan proyectarse, y esto es así porque no hay discusión alguna en afirmar que el éxito de cualquier sociedad está estrechamente vinculado al bienestar de todos y cada uno de sus integrantes.

Paralelamente tenemos que en el ámbito del desarrollo social, la visión más avanzada es la que se dirige invariablemente a destacar, que uno de sus componentes más valiosos es el que tiene que ver con la necesidad de invertir en el bienestar de las personas; porque más allá de que dicha inversión pueda ser considerada simplemente como un gasto social del presupuesto que el Estado destina a satisfacer las necesidades básicas de los ciudadanos. Las necesidades básicas son imprescindibles para lograr una vida digna, sana, prolongada, creativa y productiva, lo que realmente se necesita es que los diseñadores de las políticas públicas orienten el proceso completo hacia el avance en la eliminación paulatina de las barreras que impiden que los ciudadanos puedan transitar hacia la autarquía, generando para este efecto las oportunidades complementarias de empleo, autoempleo y emprendedurismo.

En el contexto anterior, recobra importancia la prioridad de no perder el rumbo, ya que como país hemos coincidido desde hace mucho tiempo en la urgente necesidad de avanzar hacia la ruptura de la brecha intergeneracional de la pobreza; porque no es posible que como nación estemos dispuestos a aceptar que las personas que viven actualmente en situación de pobreza cuando tienen al menos una carencia social (en los seis indicadores de rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación) y su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias3 , tendrán que conservarse permanentemente en esa condición, por lo que es altamente deseable que la sociedad en su conjunto, incluyendo por supuesto al gobierno, al sector privado, académico, social y cualquier otro que estuviera interesado en el tema, avancemos unidos en el noble objetivo de generar las sinergias necesarias -que bien estructuradas y correctamente orientadas- nos llevarán invariablemente a crear las mejores condiciones de calidad y equidad en la educación de promoción de una vida saludable, de vivienda digna y decorosa y obviamente de seguridad. Elementos que, a mediano y largo plazo, permitirán el arribo de una mayor fuerza laboral y, por ende, redundarán en un funcionamiento más productivo de las comunidades.

Estamos plenamente conscientes de que no es tarea fácil ni sencilla lograr la transformación de la sociedad que todos anhelamos, que se traduce en una vida digna4 y dignidad humana5 para todos los mexicanos, pero que, mediante la construcción de ciudadanía auto generadora de oportunidades, estamos seguros de que será posible avizorarla en un futuro no muy lejano.

Lo anterior, con base en la prestación de servicios de desarrollo social bien planeados y diseñados, por lo que se resalta la urgente necesidad de actualizar algunos aspectos de las políticas públicas, que en la materia que nos ocupa se están llevando a cabo, puesto que resulta inminente la necesidad de mitigar los riesgos que conlleva para cualquier gobierno y sociedad, el caer en la atractiva tentación de utilizar las transferencias monetarias, los servicios, y apoyos prestados, así como las intervenciones proporcionadas, para abonar hacia fines políticos, agendas personales o proyectos partidistas.

El pueblo mexicano espera que se avance en una mayor productividad y desarrollo nacional, los esfuerzos colectivos deben apuntar decididamente al blanco de encontrar el fiel de la balanza; es decir, que todas esas medidas e intervenciones -que dicho sea de paso deben considerarse como temporales, bajo ciertas características monitoreadas y supervisadas- deben redundar al final de cuentas, en paliativos eficaces, que sólo verán los niveles de éxito deseados si se ponen en marcha a la par de impulsar otras medidas colaterales, que bien direccionadas debieran incidir en el logro la modificación del entorno social, de forma estructural, integral y permanente.

Resulta relevante recordar la importancia del concepto de pobreza “La pobreza es una condición socioeconómica en la que escasean los recursos, o bien las herramientas necesarias para adquirirlos de manera regular. Quien la padece no puede satisfacer sus necesidades básicas, físicas y mentales, que garantizan una adecuada calidad de vida: alimentación, vivienda, asistencia sanitaria, educación formal6 , que como ya se ha reiterado en diversas ocasiones, es reconocido como un fenómeno que contiene muchos factores; por sus propias características, tiende a ser complejo. En el interactúan variadas dimensiones, ya sean las del plano psicológico, las del económico o las del social, entre otras. En general - destacan diversos autores - que se refiere a toda aquella situación que, por la falta de recursos, no es posible lograr la satisfacción de las necesidades básicas de una persona determinada; carencias que inciden de manera directa en aspectos esenciales de su vida cotidiana, como lo son las de salud, alimentación, la educación, el empleo, o el abastecimiento de los servicios indispensable para lograr una vida saludable.

Todo esto se traduce desafortunadamente en tiempos de COVID-19, en que algunas personas experimentan privaciones de una gama multidimensional, con indicadores asociados actualmente a los objetivos de desarrollo sostenible7 , y que tienen que ver por ejemplo, con que haya miembros desnutridos en el hogar, que las familias estén experimentado mortalidad infantil, un bajo nivel educativo de los adultos -donde ningún integrante de la familia completó al menos 6 años de educación-, presencia de niños que no asisten a la escuela, así como la carencia de agua potable, saneamiento mejorado, electricidad, energía limpia para cocinar, vivienda adecuada -incluyendo materiales de piso, paredes o techo- y un mínimo de activos o de bienes durables.

Paralelamente a los anteriores objetivos globales, resulta oportuno recordar que el término de la línea de pobreza 8 , no es más que el indicador que se construye a partir de la consideración de los ingresos y los gastos de los hogares. Con esta metodología, conocida como LP por sus siglas, se determina si los hogares cuentan con los ingresos suficientes para adquirir los bienes y servicios necesarios para satisfacer sus necesidades básicas; tomando como referencia la canasta básica de bienes y servicios que cumple con los requisitos de satisfacción de dichas necesidades, que una vez definida, valora su costo de acuerdo con los precios del mercado. Este costo define la línea, por lo que se infiere que, si el ingreso se encuentra por debajo de la línea, el hogar es pobre.

El CONEVAL da a conocer la actualización de la Línea de Pobreza por Ingresos (canasta básica más no alimentaria) y la Líneas de Pobreza Extrema por Ingresos (canasta alimentaria), correspondientes a la tercera edición de la metodología para la medición multidimensional de la pobreza. Con esta actualización, y como se ha hecho hasta este momento, se publicará mensualmente el valor monetario de las líneas, según lugar de residencia rural y urbano, a partir de la información del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El INPC, tiene como finalidad medir la evolución del nivel general de precios de los bienes y servicios consumidos por los hogares mexicanos a través del tiempo. Para esto, se le da seguimiento a los precios de los productos que forman parte de una canasta que se define con base en los patrones de consumo de la población. De acuerdo con el comunicado de prensa número 142/20 del INEGI, el Instituto tomó medidas extraordinarias adoptadas ante la COVID-19, por lo que desde de abril de 2020, la recolección de la información para calcular el INPC fue por medios electrónicos.

Por otro lado, tenemos el no menos importante referente denominado estado de bienestar , que establece el conjunto de acciones y ejercicios por parte del Estado (a través del Gobierno) en búsqueda de una mayor atención a la redistribución y bienestar general de la población9 que es el que se correlaciona con el conjunto de estrategias que se generan a través de las agencias gubernamentales y que son aplicadas en forma de políticas públicas, que buscan incidir en una mayor atención en la distribución y cuya mejora en la calidad de vida de los grupos humanos, es la que se direcciona invariablemente hacia la reducción de la desigualdad económica, que se basa en el ejercicio de la función pública, es decir, la intervención del estado en la economía y sociedad, para una mayor redistribución de la riqueza que mejora las condiciones socioeconómicas y de salud de la población.

Para mitigar todos los problemas descritos con anterioridad, en México contamos actualmente con una muy valiosa Institución, como lo es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) que es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con autonomía y capacidad técnica para generar información objetiva sobre la situación de la política social y la medición de la pobreza en México, que permita mejorar la toma de decisiones en la materia,10 la cual tiene como funciones principales:

1. Normar y coordinar la evaluación de la Política Nacional de Desarrollo Social y las políticas, programas y acciones que ejecuten las dependencias públicas; y

Establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza, garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico en dicha actividad.11

2. Es importante conocer a mayor detalle el trabajo que desarrollan y utilizar las valiosas herramientas de información y medición que nos brindan, así como lograr su fortalecimiento a través de la legislación correspondiente, las políticas públicas, así como los presupuestos necesarios.

Continua vigente el planteamiento presentado en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, el cual es el documento en el que el Gobierno de México, a través de consultas públicas, explica cuáles son sus objetivos y estrategias prioritarias durante el sexenio12 , donde se destaca que los programas de la Administración Pública Federal, tienen como uno de sus principales objetivos, el de priorizar las necesidades de los sectores marginados, indefensos y depauperados, e impulsar acciones en las zonas más pobres del país, con el ánimo transformado de una mejora radical en sus niveles de bienestar.

Aunado esto al Programa Sectorial de Bienestar 2020-2024, que está encaminado a delinear la política social de México que la propia Secretaría del Bienestar encabeza y que busca construir el inicio de un estado de bienestar para todas y todos los mexicanos y en donde se hace una clara referencia a que dicho Plan está centrado en las personas, entiendo a estas como sujetos de derechos.

Es por todos los argumentos anteriormente expuestos, que, desde el ámbito de mis atribuciones como representante popular, tengo a bien presentar ante la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, a que, para efectos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024, en materia de desarrollo social, se consideren de forma rigurosa, objetiva, imparcial y transparente los siguientes aspectos:

a) El detalle de las evaluaciones de resultados de los estudios de medición de la pobreza presentados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social CONEVAL, pretendiendo que se favorezca de manera efectiva el desarrollo y las capacidades de educación, salud, nutrición, empleo y autoempleo.

Notas:

1. Es un proceso que, en el transcurso del tiempo, conduce al mejoramiento de las condiciones de vida de toda la población en diferentes: salud, educación, nutrición, vivienda, vulnerabilidad, seguridad social, empleo, salarios, principalmente. Implica también la reducción de la pobreza y la desigualdad en el ingreso. En este proceso, es decisivo el papel del Estado como promotor y coordinador de este, con la activa participación de actores sociales, públicos y privados. Consultado en; http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Comisiones/d_dso cial.htm

2. https://paot.org.mx/centro/ine-semarnat/informe02/estadisticas_2000/compendio_2000/01dim_social/
01_05_Pobreza/data_pobreza/RecuadroI.5.4.htm#:~:text=Niveles%20de%20bienestar%20es%20la,
o%20no%20a%20bienes%20duraderos%2C

3. https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Glosario.aspx

4. Entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus características (vivir como quiera).

5. Entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia (vivir bien).

6. https://concepto.de/pobreza/#:~:text=Pobreza%20en%20M%C3%A9xico-,%C2%BFQu%C3%A9%20es%20la%
20pobreza%3F,para%20adquirirlos%20de%20manera%20regular.

7. Los objetivos de desarrollo sostenible, son el plan maestro para conseguir un futuro sostenible para todos. Se interrelacionan entre sí e incorporan los desafíos globales a los que nos enfrentamos día a día, como la pobreza, la desigualdad, el clima, la degradación ambiental, la prosperidad, la paz y la justicia. Para no dejar a nadie atrás, es importante que logremos cumplir con cada uno de estos objetivos para 2030.

8. Valor monetario de una canasta de alimentos, bienes y servicios básicos. Consultado en: https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Glosario.aspx

9. https://economipedia.com/definiciones/estado-del-bienestar.html

10. Para mayor información puede revisarse el sitio: https://www.coneval.org.mx/quienessomos/Paginas/Quienes-Somos.aspx página consultada el 20 de Junio del 2023.

11. https://www.coneval.org.mx/quienessomos/Paginas/Quienes-Somos.aspx

12. https://www.planeandojuntos.gob.mx/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de enero del 2024.

Diputado Salvador Alcántar Ortega (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat y a la Conagua a establecer convenios de colaboración que permita el acceso al agua en toda la República Mexicana, en especial a los estados que sufran de sequía, suscrita por el diputado Salvador Alcántar Ortega, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Salvador Alcántar Ortega, y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y artículos 58o, 59o y 60o del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

El sector agroalimentario en México contribuye en un 8.5% al PIB nacional, del cual el 3.7% corresponde al Sector Primario mientras que el 4.8% a la agroindustria. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señalan que genera el 15% de los empleos formales, ya que emplea a 7.5 millones de personas. El valor de la industria agropecuaria de nuestro país a nivel mundial se explica por las exportaciones agroalimentarias con valor de 32,500 millones de dólares en el año 2017, por lo que ocupa el 3er lugar de exportaciones en América Latina y el lugar número 12 a nivel mundial, con lo cual se ha logrado que el sector agroalimentario mexicano genere más divisas que el turismo y las remesas. Históricamente, la actividad ganadera ha sido un pilar fundamental en el desarrollo económico e incluso social de nuestro país, su aportación es de vital importancia debido que a través de los años la ganadería ha sido sustento de familias mexicanas de manera directa e indirecta, además de que, en el ámbito económico, la ganadería representa el 30% del sector agropecuario dentro del PIB nacional.

Dentro de la actividad ganadera se reconoce a la ganadería intensiva, la extensiva y la de autoconsumo. La primera tiene como característica la inversión tecnológica que promueve la productividad, por lo que el ganado se encuentra dentro de un proceso con ciertas condiciones que permiten la producción intensiva.

La segunda se refiere a la actividad de crianza y mantenimiento del ganado en extensiones considerables para su desarrollo en cierta libertad, buscando su propio alimento. Finalmente, la ganadería de autoconsumo se refiere a la crianza de animales por parte de una familia para obtener los productos derivados como la leche y el huevo, o bien, para el consumo de carne.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los estados de mayor productividad en la ganadería intensiva son Sonora, Chihuahua y Sinaloa, mientras que los estados que ocupan los primeros lugares en la ganadería extensiva son Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche y Quintana Roo.

La ganadería representa una fortaleza económica dentro del sector primario debido a que nuestro país ocupa, a nivel mundial, el 5o. lugar en la producción de huevo, 6o. lugar en producción de miel y 13o. lugar en producción de leche.

Sin embargo, la sequía que ha azotado al país hace que la ganadería sufra de manera negativa su impacto. En Estados como Sonora, Baja California, Coahuila o Chihuahua la situación se ha vuelto “crítica” en el 90% del territorio, según la terminología oficial.

Por el momento, las 210 principales presas del País registran en un nivel promedio de llenado del 45% con un déficit del 10% respecto al promedio habitual y en lugares como la Ciudad de México se apuesta por las presas de Michoacán para paliar la escasez.1

Esto propicia a que el ganado tenga que morir por falta de agua y de alimento, ya que el agua es indispensable para poder nutrir a los animales y que estos no sufran de enfermedades o incluso la muerte.

En la ganadería el impacto inicial de la sequía se percibe en la reducción del forraje disponible y, posteriormente, en la disminución de su producción, misma que se refleja en el peso del ganado, sus tasas de reproducción y en la producción de leche.2

Teniendo en cuenta que una parte de la población mexicana consume alimentos que provienen de la ganadería, así como también los productores tienen que seguir con la producción ya establecida debida la demanda del producto, y los animales deben de tener ciertas características especiales para poder ser considerados para el ganado, las personas no solamente han sido las que han sufrido los estragos de la sequía, sino que los animales en este caso también, no teniendo una vida digna que les permita seguir con su planeación.

Asimismo, el hecho de que la sequía comience a hacer efecto en una parte del país es un llamado de atención para las autoridades a establecer nuevas acciones para contener y superar este problema, en donde la planeación a futuro, así como también la aplicación de diferentes técnicas puedan hacer efecto a las sequías.

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero.- La Comisión Permanente, con pleno respeto a la división de poderes, y en el ámbito de sus atribuciones, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del Agua a establecer convenios de colaboración que permitan llegar a toda la República Mexicana, en especial a los estados que sufran de sequía, el acceso al agua para continuar con las actividades económicas correspondientes así como también darle una vida digna a los animales.

Segundo.- La Comisión Permanente, con pleno respeto a la división de poderes, y en el ámbito de sus atribuciones, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del Agua, informar a esta Soberanía sobre los resultados y avances obtenidos en todos los estados de la República Mexicana, en especial en los estados en donde se sufra de sequía.

Notas:

1. Consultado en: https://elpais.com/mexico/2022-07-18/el-norte-de-mexico-se-seca.html

2. Consultado en: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-45572009000300010#
:~:text=En%20la%20ganader%C3%ADa%20el%20impacto,en%20la%20producci%C3%B3n%20de%20leche.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de enero de 2024.

Diputado Salvador Alcántar Ortega (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno del estado de Chihuahua, a la Semarnat y a la Conagua a emitir la Declaratoria de Emergencia por sequía en la entidad, suscrita por el diputado Salvador Alcántar Ortega, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Salvador Alcántar Ortega, y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y artículos 58o, 59o y 60o del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

México es un país considerado mega diverso, debido a que por su ubicación geográfica concentra muchos tipos de ecosistemas conformados por distintos tipos de climas, lo que caracteriza a la región sur del país como una zona donde llueve mucho, sin embargo, el norte se define por climas cálidos y con pocas lluvias, lo que hace que estados como Baja California, Sonora, Chihuahua y Coahuila, sean más propensos a sufrir de fuertes sequías durante el año.

En México el organismo encargado de medir los niveles de sequía es la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que a través del “Monitor de Sequía” reporta cada quince días los niveles de sequía en los estados de la República Mexicana, utilizando como escala de medidas los de: anormalmente seco (D0), siendo esta categoría la menos grave, después sequía moderada (D1), sequía severa (D2), sequía extrema (D3) hasta sequía excepcional (D4), la cual es la más grave que puede presentarse en una región.

De acuerdo con el Monitor de Sequía de México, en su último reporte fechado al 15 de octubre del 2023, se examinó que el estado de Chihuahua registra una sequía extrema, siendo que el área ya está clasificada con sequía de nivel severo a extremo (D2 a D3); en la clasificación D2 se encuentran 18 municipios y en el D3 a 49, es decir, que el 100% de los municipios de Chihuahua ya se encuentra en emergencia por sequía y lamentablemente es puesto como un tema de exageración por otros poderes políticos debido a las elecciones.

Lo anterior es un resultado alarmante ya que el estado de Chihuahua sigue registrando el 36.4% de municipios en sequía en comparación con el resto de los estados de la República Mexicana, reportando 896 municipios, de los cuales, algunos se ubican en el máximo grado de sequía, situándose junto con los estados de Coahuila y Tamaulipas.

Aunado a esto, investigaciones realizadas por El Heraldo de Chihuahua , señalan que: se posicionó un sistema anticiclónico en 500 hPa, lo que propició temperaturas altas y cielo despejado en varias regiones del país, por lo que los déficits de precipitación prevalecieron en la mayor parte del territorio nacional, principalmente a lo largo del Golfo de México, la región del Pacífico Sur y la Península de Yucatán.1

Las anteriores condiciones han ocasionado el aumento de sequía moderada (D1) en Veracruz y Oaxaca, así como el incremento de sequía severa (D2) en Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa y Sonora y el surgimiento de sequía extrema (D3) en la Península de Baja California y Sonora.

Acorde con la fracción I del artículo 7 de la ley de Aguas Nacionales, será considerado como un asunto de prioridad y de seguridad nacional la gestión integrada de los recursos hídricos, superficiales y del subsuelo y la fracción IX del artículo referido, a la letra indica que será de utilidad pública: “La prevención y atención de los efectos de fenómenos meteorológicos extraordinarios que pongan en peligro a personas, áreas productivas o instalaciones”.

Ante la grave situación de sequía que presenta la región chihuahuense, que podría poner en peligro a las personas y a las áreas productivas y económicas de la región, es necesario que el Gobierno del estado de Chihuahua, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a la Comisión Nacional del Agua, dentro de sus ámbitos de atribuciones tomen las medidas de precaución y mitigación correspondientes para lograr el uso eficiente del agua en esta región.

En consecuencia, con base en los resultados expuestos por el Monitor de Sequía de México realizados por la Comisión Nacional del Agua, es necesario que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales emita una declaratoria de emergencia por sequía en el estado de Chihuahua, derivado de que varios municipios de esta entidad federativa presentan algún tipo de aridez severa, en sus distintas modalidades de severa, extrema o excepcional.

De igual modo es necesario que el gobierno estatal de Chihuahua ante la sequía extrema que predomina en gran parte de su región garantice una buena calidad de vida a los ciudadanos chihuahuenses, por lo que se recomienda que sigan los lineamientos emitidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, publicado en el DOF el 22 de noviembre del 2012, por el cual “establecen los criterios y mecanismos para emitir acuerdos de carácter general en situaciones de emergencia por la ocurrencia de sequía, así como las medidas preventivas y de mitigación, que podrán implementar los usuarios de las aguas nacionales para lograr un uso eficiente del agua durante sequía”.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente, con pleno respeto a la división de poderes, y en el ámbito de sus atribuciones, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a la Comisión Nacional del Agua a emitir un acuerdo por el cual declaren el inicio de emergencia por ocurrencia de sequía en el estado de Chihuahua, con la finalidad de lograr un uso eficiente del agua de la sequía en esta región.

Segundo. La Comisión Permanente, con pleno respeto a la división de poderes, y en el ámbito de sus atribuciones, exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Chihuahua para que en el ámbito de sus atribuciones tome las medidas preventivas y de mitigación contenidas en el “Programa de Medidas Preventivas y de Mitigación de sequía”, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre del 2012, con el objetivo de lograr un uso eficiente del agua en esa región.

Nota:

1. https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/local/chihuahua/ya-que-llueva-sufre-51-del-estado-de-chihuahua-sequia-severa-8317542.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de enero de 2024.

Diputado Salvador Alcántar Ortega

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP, a la Semarnat, a la CFE y a la CRE a revisar y, en su caso, modificar las tarifas de energía eléctrica de los organismos y sistemas operadores de agua en el país, suscrita por el diputado Salvador Alcántar Ortega, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Salvador Alcántar Ortega, y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y artículos 58o, 59o y 60o del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

México se encuentra en momentos difíciles y complicados, problemas económicos, sociales y de seguridad; la pandemia impacto severamente la actividad económica en todo el país y a nivel mundial ha sido muy significativo, en la actualidad los servicios básicos como lo es el agua potable y saneamiento, son esenciales para nuestra vida diaria, ya que en estos momentos es imperante el recurso del agua como principal medida de sanidad y poder así combatir el coronavirus (COVID-19).

Los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento enfrentan una situación económica crítica, ya que tienen efectos adversos en su capacidad para hacer frente al pago de energía eléctrica.

Como consecuencia el precio elevado de la energía eléctrica representa un obstáculo al desarrollo de las actividades requeridas para fortalecer y mejorar el sector de los organismos y sistemas operadores de los servicios de agua, lo cual deriva en un aumento inmediato en los costos de operación.

De acuerdo a datos del Inegi (2014), los organismos operadores de agua, gastaron 24 mil 935.3 millones de pesos en consumo de bienes y servicios, de los cuales el 35.9 por ciento se destinó al pago de energía eléctrica en algunas entidades federativas, por citar un ejemplo en el estado de Yucatán, la factura eléctrica para la extracción de agua ascendió al 71.7 por ciento de los gastos totales destinados para el consumo de bienes y servicios.

Con información de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México, AC (ANEAS), antes de la reforma energética de 2013, el esquema tarifario aplicado al servicio de energía eléctrica calculaba las tarifas con base en una metodología tendencial que emitía la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en la cual se incluían los siguientes conceptos: un factor de ajuste por inflación, el precio del diésel, el precio del gas y el precio de otros productos derivados del petróleo.

Asimismo, el acuerdo número A/058/2017, vigente a partir del 1 de diciembre de 2017, expidió una nueva metodología para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas finales y tuvo dos propósitos: 1) recuperar el costo de generación de la electricidad y 2) recaudar los recursos suficientes para la inversión en la red de transmisión. Los usuarios de suministro básico de energía fueron agrupados de acuerdo a sus características de consumo, nivel de tensión y tipo de medición. Los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (SAPyS) pasaron de la categoría tarifaria 6 –Servicio Público de Bombeo de Agua Potable o Negras– a ser usuarios de alguna de las siguientes categorías: pequeña demanda baja tensión (PDBT), gran demanda baja tensión (GDBT), gran demanda media tensión horaria (GDMTH) y gran demanda media tensión ordinaria (DMTO).

Dentro de estas tarifas además de incluirse los cargos fijos y variables sobre el consumo de energía, también se añaden los siguientes cargos variables: distribución, transmisión, operación del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), operación del suministrador de servicios básicos, servicios no conexos al mercado eléctrico mayorista (MEM) y capacidad demandada.1

Tanto el Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos (Interapas) como otros organismos operadores de agua en el país se han acercado con autoridades de la Comisión Federal de Electricidad y la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento, con la finalidad de lograr una tarifa acordé y evitar perjuicios a la población.2

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) señala que la mayor cantidad de agua disponible se concentra en los estados del sur-sureste (67 por ciento). En los estados del centro y norte que son los más urbanizados, habita el 76 por ciento de la población y se concentra la mayor actividad económica (82 por ciento del PIB) sólo disponen del 33 por ciento del agua susceptible de ser utilizada.3

Resulta imperante mencionar que el agua para uso urbano en México es un asunto imprescindible en la agenda pública debido a la demanda creciente de servicios de agua potable y saneamiento, lo que se relaciona con el incremento demográfico y la rápida urbanización del país durante las últimas décadas.

La mayor parte del agua para uso consuntivo (75.7 por ciento) se destina a riego agrícola. Sin embargo, el agua destinada al uso urbano, es decir, lo que en las estadísticas oficiales es denominado “abastecimiento público” (uso doméstico y uso público urbano) corresponde al 14.6 por ciento del total y el volumen empleado para estos fines va en ascenso.4

Los organismos operadores de agua potable en México enfrentan el enorme reto de proporcionar agua cada vez a más personas; lo anterior, debido a los posibles efectos del cambio climático global, existe incertidumbre con respecto a la disponibilidad de agua en el futuro.

Por consiguiente, es imperante reflexionar de manera permanente sobre su situación, que lamentablemente desde el año 2018 se ha intensificado, el alto precio de la electricidad se ha traducido en cuentas de energía impagables que en otros lugares han llevado a la suspensión del servicio por parte de la CFE, lo que provoca la suspensión de sus operaciones y constituye un verdadero problema que obliga a los organismos a disminuir la operación de equipos electromecánicos, dejar de operar plantas de tratamiento o posponer el pago de la factura eléctrica. Además de que su importancia en la salud pública es indudable y en este momento juegan un papel muy importante en la difícil contención de la pandemia.

Es necesario replantear el modelo de prestación de servicios para lograr que esas soluciones técnicas tengan viabilidad financiera y de mantenimiento, se requiere de las mejores soluciones técnicas para lograr la gestión adecuada para abastecer de agua a todo el país.

En consecuencia y considerando como premisa que el acceso al agua no sólo es un servicio, sino un derecho humano que debe ser garantizado a todas las personas, de conformidad con lo establecido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente, con pleno respeto a la división de poderes, y en el ámbito de sus atribuciones, exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Reguladora de Energía, a fin de revisar y, en su caso, modificar las tarifas de energía eléctrica de los organismos y sistemas operadores de agua en el país.

Notas:

1. Las tarifas eléctricas y su impacto en los sistemas de agua potable y saneamiento de México (ANEAS). Marzo de 2020, disponible en: https://aneas.com.mx/wp-content/uploads/2020/04/AyS-86.pdf

2. Tarifa de electricidad afectan a organismos de agua: Interapas. El Universal. Metrópoli, mayo de 2020. Disponible en:https://sanluis.eluniversal.com.mx/metropoli/12-04-2019/tarifas-de-e lectricidad-afectan-operatividad-de-organismos-de-agua-interapas

3. Comisión Nacional del Agua. Estadísticas del agua en México, edición 2018. Disponible en: https://sina.conagua.gob.mx/publicaciones/EAM_2018.pdf.

4. Financiamiento y sustentabilidad del agua para uso urbano en México. Disponible en
http://dcsh.xoc.uam.mx/produccioneconomica/publicaciones/financiamiento_y_sustentabilidad_del_agua_para_uso_urbano_en_mexico.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de enero de 2024.

Diputado Salvador Alcántar Ortega (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sedatu y al Infonavit a establecer convenios de colaboración que permitan implementar en toda la República Mexicana el programa de Regeneración de Vivienda Abandonada, suscrita por el diputado Salvador Alcántar Ortega, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Salvador Alcántar Ortega, y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y artículos 58o, 59o y 60o del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

En México durante los sexenios de los presidentes de la República, Vicente Fox Quezada y Felipe Calderón Hinojosa, se vendió la idea que la construcción de casas habitacionales de interés social se convertiría en una forma de solucionar el problema de falta de vivienda a un precio accesible para toda la población.

Ello, tenía la finalidad de garantizar el derecho a una vivienda “digna y decorosa”, establecido en el artículo 4o de nuestra Constitución Política, sin embargo, la construcción masiva de estas casas, hechas con materiales de baja calidad, con espacios muy reducidos, lejos de los centros de trabajo, escuelas y otros factores como falta de transporte público o de servicios básicos cercanos, hizo que estas casas solo se convirtieran en una promesa a los problemas de vivienda de la sociedad.

Las casas de interés social, en su mayoría, al ser construidas sin una debida planeación urbana, se convirtieron en imposibles de ser habitadas para la población por lo cual, ante las dificultades de poder pagar los créditos y los problemas de vivir en estos desarrollos, muchas personas decidieron abandonar sus casas, las que en su mayoría siguen pagando, aunque ya no vivan ahí.

Aunado a ello, los problemas de inseguridad y la pandemia por Covid-19 favorecieron el aumento de abandono de viviendas de interés social, ya que muchas personas al perder sus empleos no pudieron seguir pagando sus créditos hipotecarios.

Estas casas que se pretendía que fueran una solución para la población mexicana, no solamente no fueron una solución, sino que al pasar los años se han convertido en un grave problema para la sociedad generando millones de pesos perdidos para el erario público desde su construcción.

Por ejemplo, de acuerdo con datos proporcionados por el INEGI en México en el año 2020 se registraron 6.15 millones de viviendas particulares en abandono.

El gobierno federal ha calculado que aproximadamente existen 650 mil casas de interés social, construidas en otros sexenios, en situación de abandono por lo que se han planeado diversas estrategias para que antes de terminar el presente sexenio, renovar por lo menos 175 mil de viviendas.

El Ejecutivo federal a través del programa de Regeneración de Vivienda Abandonada, que encabezan el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), se ha puesto como meta el recuperar 119 casas por día en un periodo de cuatro años.

Dentro de los estados con un mayor porcentaje de viviendas abandonadas en la República Mexicana se encuentran Ciudad Juárez 31 mil casas abandonadas, Reynosa con 25 mil, Mexicali cuenta con 18 mil y Tijuana 16 mil.

El mayor registro de viviendas deshabitadas en la zona metropolitana del Valle de México son Zumpango y Tecámac a causa de la inexistencia de desarrollo de actividades económicas en la periferia.

El Programa de Regeneración de Vivienda Abandonada, que se enmarca en el Programa Nacional de Vivienda de la Sedatu, comenzó operaciones el 22 de enero del 2020 con la firma del primer convenio de colaboración con el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco1

De acuerdo con el sitio web oficial de la SEDATU, comunicaron el 19 de febrero del 2020 que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), dentro del Programa de Regeneración de Vivienda Abandonada, habían firmado diferentes convenios de colaboración con los municipios de Tijuana y Mexicali, en Baja California, con el objetivo de regenerar viviendas inmuebles que presentan condición de abandono.2

En la firma del convenio, el titular de Infonavit, dijo que: “No solo queremos recuperar un buen número de viviendas para darle acceso a quienes más lo necesitan, también vamos a regenerar el entorno para que se conviertan en un verdadero patrimonio de las familias, y evitar así que el tema se convierta en el lucro de unos cuantos mercaderes del desarrollo urbano que se dedicaban a engañar a las familias ”.

Se informó que estos convenios firmados tienen como objetivo “llevar a cabo un diagnóstico y “Plan Maestro Participativo” de los polígonos de interés, así como la rehabilitación, conservación, mejoramiento, construcción y comercialización de las viviendas recuperadas, o en su caso, desarrollo de comercios, a través de operadores o algún otro organismo .”3

Sin embargo, en todos los estados de la República Mexicana se presentan situaciones graves de abandono de casas de interés social, generando problemas a las comunidades.

Por ejemplo en 2020 durante la presentación de los resultados del Censo de Población y Vivienda, el presidente del Inegi indicó que los estados con mayor porcentaje de viviendas deshabitadas son “Morelos, Hidalgo, Guerrero, Oaxaca, Zacatecas y Michoacán, mientras que los estados con menos porcentaje de viviendas deshabitadas son la Ciudad de México, Baja California, Estado de México, Coahuila y Aguascalientes .”4

Por lo que el programa de Regeneración de Vivienda Abandonada debería ser implementado en todo el país y no solo en unas cuentas entidades, ya que la problemática de viviendas abandonadas ocurre en todas las entidades federativas, siendo que algunas tienen un mayor o menor porcentaje.

De acuerdo con datos proporcionados por especialistas durante el panel “El reto de la vivienda en la nueva normalidad”, la secretaria técnica del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad (PUEC ) de la UNAM, Mariana Sánchez Vieyra indicó en octubre del 20221, que en México hay más de 8 millones 669 mil viviendas deshabitadas, lo cual representaría el 19% del total en el país.

Lo datos anteriores comparados con los datos proporcionados por el INEGI en el año 2020, donde se habían registrado 6.15 millones de viviendas particulares en abandono, denotan un visible y notorio aumento de este problema.

Sin embargo, al día de hoy la Sedatu y el Infonavit no han hecho público algún informe de actividades con los logros o resultados obtenidos durante la gestión de este programa, así mismo si bien se han rendido algunas declaraciones por parte de los titulares de estos organismos, públicamente no existe un documento que de forma fehaciente compruebe lo dicho o incluso que estos programas sigan siendo vigentes.

Las casas abandonadas son un grave problema en todo el país, ya que se han convertido en un peligro para las personas que viven en estos desarrollos habitacionales, así como alrededor de ellos.

La población denuncia el mal uso de las casas, siendo utilizadas como centros de drogadicción o lugares para tirar la basura. Además, son utilizadas como baños dejando sus desechos fisiológicos, convirtiéndose así en serios focos de infección para toda la población, incluso las casas deshabitadas son usadas como una forma fácil de entrar a las viviendas aledañas a robar.

Como representantes de la sociedad en el Congreso, tenemos la obligación de visibilizar las denuncias de los ciudadanos y es necesario que se les dé seguimiento a las estrategias púbicas diseñadas a eliminar el problema de las viviendas abandonadas, así como que se le informe a la población los resultados de las acciones que está tomando el gobierno federal para erradicar con el problema que dejaron los sexenios anteriores.

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero.- La Comisión Permanente, con pleno respeto a la división de poderes, y en el ámbito de sus atribuciones, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a establecer convenios con todas las entidades federativas del país que aún no han sido favorecidas con el programa de Regeneración de Vivienda Abandonada.

Segundo.- La Comisión Permanente, con pleno respeto a la división de poderes, y en el ámbito de sus atribuciones, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, informar a esta Soberanía sobre los resultados y avances obtenidos en todos los estados de la República Mexicana con los que han firmado convenios como parte del Programa de Regeneración de Vivienda Abandonada.

Notas:

1. Consultado en: https://www.gob.mx/sedatu/prensa/infonavit-y-sedatu-avanzan-en-la-estrategia-de
-regeneracion-de-vivienda-abandonada

2. idem

3. idem

4. Consultado en: https://www.informador.mx/economia/En-abandono-6.1-millones-de-viviendas-de-Mexico
-Inegi-20210310-0091.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de enero de 2024.

Diputado Salvador Alcántar Ortega (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México y a la Fiscalía de dicha entidad a reestablecer el orden y la seguridad en La Marquesa, en beneficio de los turistas y de las y los pobladores de la zona, suscrita por la diputada Cristina Ruiz Sandoval, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Cristina Ruíz Sandoval, diputada federal de la LXV Legislatura del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados y, 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno de esta soberanía la presente “proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Cultura y Turismo del gobierno del Estado de México, y a la Fiscalía del Estado a restablecer el orden y la seguridad en “La Marquesa” en beneficio de los turistas y de las y los pobladores de la zona”, considerando los siguientes:

Antecedentes

La zona de La Marquesa, conocida como uno de los corazones mexiquenses, es y será uno de los lugares favoritos de nacionales y extranjeros para pasar un rato agradable con la familia y donde se pueden realizar diversas actividades.

Además, en dicha zona, se concentran una gran cantidad de familias, que al prestar sus diversos servicios, obtiene ingresos para salir adelante tanto ellos como su familias.

En esta zona, las actividades como pesca, la elaboración de comida, la venta de productos alimenticios de la zona y también de ropa, de la renta de caballos, de cuatrimotos y así como otras actividades, han hecho de La Marquesa un lugar para la preferencia de niños y grandes.

Estar en La Marquesa, es una distracción clara y diferente, de todas las familias que viven en la Ciudad de México y de otros Estados; es ahí, donde la familia encuentra un espacio de recreación y de desarrollo familiar.

En La Marquesa, las familias y las y los pobladores de la zona han encontrado un espacio histórico para que todas y todos salgamos adelante; desde los visitantes hasta las familias que viven de esas visitas.

Es difícil contabilizar o dar un rato real de la cantidad de personas que visitan y las que viven de los servicios de La Marquesa; pero algo es cierto, la cantidad que llegue a miles cada día es creíble, porque La Marquesa es el lugar predilecto de todo público para pasar un rato agradable y seguro con la familia.

La Marquesa es un lugar óptimo para que las familias se diviertan; disfrutando de sus diversos valles y sus inigualables paisajes; donde el calor te hace sentir vivo de día y donde el frío en las noches, te hace arroparte de manera inusual y para disfrutar de un buen café.

Es por ello, que es lamentable los diversos hechos que se dieron a conocer a través de las redes sociales y que ahora está en todos los medios; los excesos y los malos hábitos de algunos cuantos, perjudicaron a visitantes y a las familias que todos los fines de semana visitan esta zona.

Para dar un claro ejemplo de lo sucedido, se presenta la siguiente información:

Derivado de este video, se han viralizado otros tantos donde los turistas han sido agredidos por “algunos comerciantes” que se han cometido diversos delitos contra ellos, desde lo patrimonial y hasta la salud”.

Los hechos de unos cuantos no pueden perjudicar a las y los demás comerciantes que de manera honrada viven y salen adelante de prestar sus servicios en la zona.

Muchas y muchos hemos sido testigos, de la calidad de las personas mexiquenses que prestan diversos servicios en la zona de La Marquesa.

Es por ello, que tales hechos han perjudicado al turismo y a las familias de la zona; y derivado de eso, se han dado las siguientes notas:


Derivado de estas notas y de lo que hoy se vive en la zona; es por ello, que de manera propositiva se exhorta a las autoridades involucradas a realizar diversas acciones en la zona para poner orden y seguridad a los visitantes y a las personas que prestan servicios ahí.

Por lo anteriormente expuesto, solicito:

Punto de Acuerdo

Primero: La Comisión Permanente del honorable Congreso la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Cultura y de Turismo del gobierno del Estado de México, a realizar diversas acciones conjuntas para recuperar la afluencia de turismo en La Marquesa en favor de las y los visitantes, así como de las familias que prestan servicios.

Segundo: La Comisión Permanente del honorable Congreso la Unión exhorta, respetuosamente, a la Fiscalía del Estado de México a realizar diversos operativos de seguridad y vigilancia para recuperar el orden y la paz en la zona de La Marquesa para el beneficio del turismo, así como de las familias que prestan servicios en la zona.

Notas:

1 https://www.excelsior.com.mx/nacional/la-marquesa-video-viraliza-nueva- golpiza-comerciantes-turistas/1631516

2 https://www.eluniversal.com.mx/edomex/se-pierde-hasta-60-de-asistencia- en-la-marquesa-tras-agresiones-a-jovenes/

3 https://www.infobae.com/mexico/2024/01/21/hubo-consecuencias-ejidatario s-de-la-marquesa-reportan-baja-afluencia-tras-golpiza-a-jovenes-y-dan-s u-version/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de enero de 2024.

Diputada Cristina Ruíz Sandoval (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal y al gobierno de Guerrero a emplear una estrategia de seguridad efectiva que permita atender los recientes casos de violencia generalizada en el municipio de Taxco y a detallar una ruta clara con objetivos puntuales de combate a los grupos criminales de la región, suscrita por la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, integrante del Grupo Parlamentario del PRI de la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El fracaso en la estrategia de seguridad de esta administración es alarmante , la política implementada por el dirigente de Palacio Nacional no puede ser más ineficaz y peligrosa para las y los mexicanos, los índices de violencia en toda la república son la evidencia de un fracaso de una supuesta estrategia , pero aún más preocupante es que los discursos y narrativas de los dirigentes actuales intentan hacernos creer que vivimos en un país “con otros datos ”.

Los grupos criminales fueron los verdaderos caciques de este gobierno, y el pueblo mexicano otra vez el que pagó las consecuencias. El pasado 16 de enero, en la localidad de La Panorámica, en Taxco Guerrero se registró el asesinato de un chofer a manos de un grupo criminal , cuatro días después se registró un segundo asesinato de un transportista, esta vez en el centro de Taxco. Esto según reportes por amenazas del grupo criminal “La Familia Michoacana y “La Federación”, como resultado de estas amenazas desde el lunes 22 de enero el transporte público en Taxco quedó paralizado y con total ausencia de los operadores.1

Derivado de esto, las clases y comercios se suspendieron en Taxco , dando nuevamente un pueblo fantasma donde la única autoridad era el miedo ocasionado por los grupos criminales , registrando que la ciudad cumplió tres días paralizada y con suspensión de actividades. Por su parte, diversos medios de comunicación afirman que existe una doble amenaza por parte de las organizaciones criminales, por un lado, la Federación Guerrerense pidiendo que se pare todo el transporte; por el otro, la Familia Michoacana que les pide a los transportistas que sigan trabajando, con la amenaza de que si no obedecen sufrirán las consecuencias. 2

Además, recientemente se reportó que dos agentes de la Policía Investigadora Ministerial fueron privados de su libertad en el municipio de Pilcaya , mientras que sus cuerpos fueron hallados el miércoles 24 en la localidad de Tlamacazapa , municipio de Taxco de Alarcón.3 No obstante que pareciera ser una historia de terror, en la que los pobladores viven atemorizados y con miedo constante, el gobierno estatal emitió un comunicado donde con otros datos afirmaron que la ciudadanía está mal informada , y que el miedo es producto de un ataque colectivo de psicosis y zozobra generado por la desinformación.4

Como si fuera burla, tal afirmación se realizó una semana después de que el propio presidente municipal de Taxco afirmara que “están pasando momentos difíciles ” ante la ola de violencia registrada en el municipio donde la tarde del martes 26 de diciembre de 2023 se registró la desaparición de 12 trabajadores de servicio de limpia de este municipio , iniciando una carpeta de investigación por la desaparición estas personas de las cuales se señala una está embarazada .5

Pero la máxima expresión de la inoperancia en materia de seguridad del gobierno federal se dio el miércoles 24 de enero, cuando en el municipio de Ayahualtempa, Guerrero, autoridades comunitarias integraron a la policía comunitaria de la localidad a 20 niños y adolescentes, de los cuales cinco son niñas , difundiendo imágenes de los menores de edad mientras rendían protesta como policía comunitaria y juraban ante su pueblo y autoridades estar dispuestos a defender a su gente , pues uno de de los integrantes del sistema comunitario afirmó que los mayores de edad se integraran a las labores de búsqueda de las personas que se encuentran desaparecidas , mientras que los menores se quedaron a cuidar su pueblo .

Los pobladores afirman que tal decisión se dio a raíz de que a pesar de los reportes de personas y familias desaparecidas la policía estatal y la Guardia Nacional no les hacen caso , ante una ausencia de autoridad y de seguridad los afectados fueron niñas y niños que por consecuencia de la ineficacia de un gobierno inservible tienen que pagar con sus propias vidas , teniendo que defenderse con sus propios recursos de un grupo criminal denominado “Los Ardillos”. Los pobladores le han pedido al presidente de la república y a la gobernadora, Evelyn Salgado, que ayuden a la localización de la familia indígena.6

Tal es la ausencia de un gobierno que los pobladores le recordaron a las autoridades “que la actuación de la policía comunitaria es legal, la ley reconoce su función como actos de autoridad, tenemos el aval de nuestras comunidades y de diferentes leyes y tratados, entre los que destacan la Constitución, la Constitución del estado de Guerrero, la Ley 701 de Derecho y Cultura Indígena, la Ley de Seguridad Pública de Guerrero así como el convenio, 169, de la OIT”.7

Estos extremos son inaceptables, el gobierno federal ha olvidado cuál es su obligación y en lugar de atender la crisis en materia de seguridad prefiere escudarse en sus datos tergiversados mientras en la realidad las y los mexicanos día con día enfrentan delitos y atentas contra su integridad, patrimonio y familias. Es enérgicamente inadmisible observar los casos a los que los pobladores han tenido que llegar para poder vivir con un mínimo de condiciones de seguridad, no hay otra definición, el empleo de niñas y niños en conflictos armados es muestra de la falla total del sistema de seguridad, es muestra de una ausencia de un gobierno, es la evidencia más grande de la inoperancia de esta administración.

Pero pareciera que este problema de seguridad no es una situación aislada, recientemente el Observatorio Nacional Ciudadano publicó su informe titulado Final de Sexenio, se Confirma el Fracaso de Cumplir la Metas de Seguridad,8 en el que se hace un balance de cuentas en materia de delitos, seguridad y justicia, y como era de esperar los datos son preocupantes .

De acuerdo con este informe se detalla que la administración de Andrés Manuel en comparación con la administración pasada, se vivió un incremento del 39.36 por ciento en el delito de Homicidio Doloso , un aumento del 35.05 por ciento en el delito de extorsión y un preocupante incremento del 43.18 por ciento en el delito de violación . Lo cual dista mucho y fracasa rotundamente con respecto de las metas establecidas con los objetivos del final del sexenio plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo, pues afirmaban:

“Disminuciones de incidencia delictiva prometidas por el gobierno federal Plan Nacional de Desarrollo (2020-2024)

En el último año del sexenio [...] Los índices delictivos de homicidios dolosos, secuestros, robo de vehículos, robo a casa habitación, asalto en las calles y en el transporte público y otros se habrán reducido en 50 por ciento en comparación con los de 2018 y México habrá dejado de ser la dolorosa y vergonzosa referencia internacional como tierra de violencia, desapariciones y violaciones a los derechos humanos (pág 19.)”

Además de señalar en su supuesta estrategia de seguridad pública que:

“Dentro de los objetivos de la ENSP está el erradicar la corrupción, pretendiendo resolver exitosamente los fenómenos de delincuencia - la delincuencia común y la delincuencia organizada (pág. 14). La supresión de las prácticas corruptas [...] tendrá por sí misma, un efecto positivo en la reducción de los índices delictivos (pág. 15) y la prevención del delito, a través de estrategias específicas las cuales ayudaran a la construcción de paz mediante la prevención y reducción de la violencia [...] (pág. 53 y 54).”

De manera muy puntual se detalla en este reporte como la tasa en el delito de violación por cada 100,000 habitantes pasó de 12.23 en 2018 a 17.32 en 2023 , así como a pesar de que la tendencia general de la incidencia de los secuestros disminuye desde el primer trimestre de 2019, el número de delitos clasificados como “Otros delitos que atentan contra la libertad” va en aumento y ni hablar de los delitos cometidos por servidores públicos, los cuales alcanzaron valores históricos teniendo un registro de 100 mil carpetas de investigación por delitos cometidos por servidores públicos entre 2019 y 2023 .

Lamentablemente, como se ha reiterado, los niños, niñas y adolescentes fueron de los más afectados por esta administración, pues entre 2019 y 2023 se tiene registro de al menos 152 mil niñas, niños y adolescentes víctimas de algún delito, registrando que en esta administración la incidencia delictiva contra niñas y niños creció 35 por ciento en este periodo .

En concordancia con delitos denunciados en los hechos en comento, este informe expuso que, a pesar de la narrativa falsa del gobierno para minimizar las desapariciones, hay evidencia de que dicha crisis permanece , señalando que del 1 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2023 se registraron 48,235 personas desaparecidas y no localizadas. Basta de una ausencia de gobierno, basta de narrativas falsas que pretenden engañar a la población, necesitamos un gobierno con una estrategia de seguridad clara, concisa y puntual que haga frente a los delitos y que no pretenda que no existen . Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, enérgicamente, al gobierno federal, y al gobierno del estado de Guerrero para que de manera inmediata empleen una estrategia de seguridad efectiva que permita atender los recientes casos de violencia generalizada en el municipio de Taxco a manos de grupos armados y a detallar una ruta clara con objetivos puntuales de combate a los grupos criminales de la región, así como para que de manera coordinada la policía estatal y la Guardia Nacional garanticen la seguridad de la población del municipio de Ayahualtempa, con especial atención a las niñas, niños y adolescentes de dicha localidad.

Notas:

1 Suspenden clases y cierran comercios por crimen organizado en Taxco, Guerrero. Disponible en: https://www.adn40.mx/mexico/suspenden-clases-taxco-guerrero-crimen-orga nizado-amenaza-transporte-comercios

2 Taxco continúa sin transporte público por amenazas a choferes; escuelas suspenden clases. Disponible en: https://www.excelsior.com.mx/nacional/taxco-continua-sin-transporte-pub lico-por-amenazas-a-choferes-escuelas-suspenden-clases?utm_source=globa l_estados-unidos&utm_medium=ultimahora&utm_campaign=sidebar

3 Taxco suma cuatro días sin transporte público y Zihuatanejo suspende el servicio parcialmente ante ataques del crimen organizado. Disponible en: https://latinus.us/2024/01/24/taxco-suma-cuatro-dias-sin-transporte-zih uatanejo-suspende-servicio-parcialmente-ante-ataques-del-crimen-organiz ado/

4 El crimen organizado paraliza Taxco: sin clases, sin transporte, ni comercios. Disponible en: https://elpais.com/mexico/2024-01-23/el-crimen-organizado-paraliza-taxc o-sin-clases-sin-transporte-ni-comercios.html

5 Secuestrados 12 trabajadores de los servicios de limpia en Taxco, Guerrero. Disponible en: https://elpais.com/mexico/2023-12-29/secuestrados-12-trabajadores-del-s ervicios-de-limpia-en-taxco-guerrero.html?event_log=go

6 Arman a niños y adolescentes como policías comunitarios en montaña de Guerrero. Disponible en: https://www.excelsior.com.mx/nacional/arman-ninos-adolescentes-policias -comunitarios-montana-guerrero/1632047

7 Dan armas a grupo de cinco niñas y 15 niños en comunidad en Guerrero para enfrentar al crimen organizado. Disponible en: https://latinus.us/2024/01/24/dan-armas-a-grupo-de-cinco-ninas-y-15-nin os-en-comunidad-en-guerrero-para-enfrentar-al-crimen-organizado/

8 Final de Sexenio, se Confirma el Fracaso de Cumplir la Metas de Seguridad. Disponible en: https://onc.org.mx/rednacionaldeobservatorios/public/onc_site/uploads/c omunicados/finaldesexenio/ppt_finalsexenio.pdf

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, el día 29 de enero de 2024.

Diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa y a la SRE a conformar una delegación plural que incorpore a legisladores interesados en la regulación del tabaco, sus derivados y productos alternativos de consumo de nicotina y sin nicotina, para asistir a la décima Reunión de la Conferencia de las Partes (COP10), a cargo del diputado Sergio Barrera Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quien suscribe, diputado Sergio Barrera Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículo 78, párrafo segundo, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

El Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT de la OMS) es el primer tratado internacional negociado bajo los auspicios de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Fue adoptado por la Asamblea Mundial de la Salud el 21 de mayo de 2003 y entró en vigor el 27 de febrero de 2005. Desde entonces, se ha convertido en uno de los tratados de mayor y más amplia adhesión en la historia de las Naciones Unidas, con 182 Partes. El CMCT de la OMS se elaboró en respuesta a la globalización de la epidemia de tabaquismo y es un tratado basado en pruebas que reafirma el derecho de todas las personas al máximo nivel de salud posible. El convenio representa un hito para la promoción de la salud pública y proporciona nuevas dimensiones jurídicas de cooperación internacional en materia de salud.

El Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco es el primer protocolo del CMCT de la OMS, y constituye un nuevo tratado internacional independiente. Se basa en el artículo 15 del CMCT de la OMS y lo complementa, un artículo que aborda los medios para contrarrestar el comercio ilícito de productos del tabaco, un aspecto clave de una política global de control del tabaco. Se adoptó por consenso el 12 de noviembre de 2012 en la quinta reunión de la Conferencia de las Partes en el CMCT de la OMS (Seúl, República de Corea, 12-17 de noviembre de 2012) y entró en vigor el 25 de septiembre de 2018. Actualmente cuenta con 67 Partes. Se elaboró en respuesta a la creciente preocupación por el comercio ilícito de productos del tabaco, que supone una grave amenaza para la salud pública. El comercio ilícito aumenta la accesibilidad y asequibilidad de los productos del tabaco, alimentando así la epidemia de tabaquismo y socavando las políticas de control del tabaco. Asimismo, ocasiona considerables pérdidas en los ingresos públicos, al tiempo que contribuye a financiar actividades delictivas transnacionales.1

A 20 años de la firma del Convenio Marco de Control del Tabaco, estamos convencidos en la importancia de refrendar nuestro compromiso con la salud de nuestro país y en el trabajo comprometido de buscar mejores políticas públicas y leyes para combatir la adicción a fumar, así como informar a la población de los impactos negativos en la salud.

Es por lo anteriormente mencionado que es de suma importancia que una delegación de legisladores mexicanos interesados en el tema, puedan asistir a la décima reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco y en el tercer periodo de sesiones de la Reunión de las Partes en el Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco, y que es ahí donde se toman decisiones a futuro de políticas públicas, y de esta manera, si es posible aportar y, o escuchar cuales son las actualizaciones que se proponen, de forma que podamos seguir protegiendo a los menores de edad de las nuevas tendencias de consumo de tabaco y nicotina, así como a la población en general.

En la Cámara de Diputados buscamos establecer un compromiso que trascienda, es nuestro deber regular y coadyuvar en la generación de políticas públicas que avancen en el sentido de disminuir las adicciones y combatir ilícitos relacionados con el contrabando, la piratería y la producción de dispositivos relacionados con el tabaco de procedencia no regulada.

Estamos en un escenario en el que la investigación, la consulta, la discusión el acceso a la información y la transparencia, nos ayuda a generar regulaciones y políticas públicas en favor de la salud y es indispensable que el poder legislativo no quede rezagado de discusiones trascendentales como las que tendrán lugar en la Décima Reunión del Convenio Marco para el Control de tabaco que se llevará a cabo en Panamá en febrero de 2024.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que, con base en sus atribuciones legales, conformen una delegación plural que incorpore a legisladores interesados en la regulación del tabaco, sus derivados y productos alternativos de consumo de nicotina y sin nicotina, para asistir a la décima reunión de la Conferencia de las Partes (COP10) en el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT de la OMS), que se celebrará del 5 al 10 de febrero de 2024; y al tercer período de sesiones (MOP3) de la Reunión de las Partes en el Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco del 12 al 15 de febrero de 2024, que tendrán lugar en la Ciudad de Panamá, capital de Panamá.

Notas:

1 https://fctc.who.int/es/newsroom/news/item/05-07-2023-provisional-agend as-are-out-and-registration-is-open-to-attend-the-global-tobacco-contro l-meetings-cop10-and-mop3-in-panama

Dado en la sede de la Comisión Permanente, a 29 de enero de 2024.

Diputado Sergio Barrera Sepúlveda (rúbrica)