Proposiciones

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar al IMSS a realizar una campaña informativa sobre la posibilidad de poder inscribirse bajo la modalidad de aseguramiento de personas trabajadoras independientes, a cargo del diputado Martín Alejandro Flores Vázquez, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Martín Alejandro Flores Vázquez, y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y de acuerdo con los datos del Cuestionario Ampliado del Censo de Población y Vivienda 2020, se estima que en México residían 37.7 millones de personas jóvenes (de 12 a 29 años), que representaron 30 por ciento de la población del país.

Al analizar la condición de asistencia escolar de las personas jóvenes 44.5 por ciento (10.6 millones) de quienes residían en zonas metropolitanas, asistía a la escuela. En cambio, para quienes no vivían en alguna zona metropolitana, 38.5 por ciento (5.3 millones) asistía a la escuela. Tanto en hombres como en mujeres, fue mayor el porcentaje que asistía a la escuela y vivía en zonas metropolitanas, comparado con el porcentaje de las personas jóvenes que vivía fuera de estas.1

De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), cada vez hay más jóvenes que concluyen el bachillerato y estudian una carrera. En 2019, 1.4 millones de jóvenes se graduaron del bachillerato, cifra 1.6 veces mayor que hace una década. De esos graduados, dos de cada tres iniciaron una licenciatura o una carrera técnica. Sin embargo, 33 por ciento de la población en edad de estudiar una carrera decide no hacerlo y comienza a trabajar sin estudios superiores en un mercado laboral cada día más exigente y complicado.2

Ahora bien, en 2019 fue lanzado el programa social Jóvenes Construyendo el Futuro para “impulsar las oportunidades laborales de la juventud que no trabaja ni estudia”. Sin embargo, hasta la fecha no ha logrado que más jóvenes consigan un trabajo digno. Al iniciar este programa social, se identificó un total de 5.7 millones de jóvenes fuera de la escuela y sin trabajo, los cuales constituían la población potencial del programa.

De 2019 a marzo de 2023, 2.7 millones de estos jóvenes habían recibido el apoyo, según informó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), dependencia a cargo de la iniciativa. Los beneficiarios de 18 a 29 años han recibido transferencias monetarias, que pasaron de 3 mil 600 pesos mensuales a 6 mil 310. El requisito es que participen durante un año en una de las empresas registradas en el programa, a cambio del dinero y de seguro social.

Las personas que tienen entre 15 y 29 años son sólo 27 por ciento de la población ocupada, pero representan 54 por ciento de las personas desocupadas.3 Dos terceras partes de los jóvenes que trabajan tienen salarios insuficientes para superar el umbral de pobreza. Seis de cada diez no tienen Seguro Social. Había 9.4 millones de jóvenes trabajadores sin seguridad social en 2018. Hay 9.6 millones en 2023.

Un estudio oficial de la STPS, titulado El efecto del programa Jóvenes Construyendo el Futuro , concluye que seis de cada 10 que participan en el programa encuentran trabajo.

En 2018, el grupo de 15 a 29 años representaba 33 por ciento del total de los trabajos formales registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Cinco años después, en 2023, esta proporción bajó a 30 por ciento.

Pese a que en cinco años se han invertido 91 mil millones de pesos en Jóvenes Construyendo el Futuro, como reportó la STPS, no hay certeza del impacto positivo en el empleo formal de este programa.

De acuerdo con el informe de Acción Ciudadana frente a la Pobreza, existen 7 millones de personas de 12 a 24 años con rezago educativo. De ellas, 3 millones se ubican en los cuatro primeros deciles con menos ingresos y 91 por ciento son mujeres. Estos jóvenes pobres tienen cuatro veces más probabilidades de rezago educativo. Sin educación, las oportunidades laborales dignas son escasas para ellos y no es suficiente con un apoyo económico.4

Este mismo informe señala que seis de cada diez personas que trabajan en México carecen de salario suficiente para superar el umbral de pobreza, esto significa que 35.6 millones de personas siguen en pobreza. Existe un altísimo porcentaje de la población que trabaja en la informalidad, pero también por la enorme cantidad de personas que trabajan en la “formalidad” y no está cubierta por la seguridad social.

Las personas que tienen entre 15 y 29 años son sólo 27 por ciento de la población ocupada, pero representan 54 por ciento de las personas desocupadas. Dos terceras partes de los jóvenes que trabajan tienen salarios insuficientes para superar el umbral de pobreza. Seis de cada diez no tienen seguro social. Había 9.4 millones de jóvenes trabajadores sin seguridad social en 2018. Hay 9.6 millones en 2023. 5

De acuerdo con todas estas cifras y con los recursos destinados al programa, que en cinco años han invertido 91 mil millones de pesos de acuerdo con la STPS, no existe una certeza del impacto positivo en el empleo formal de este programa.

Es difícil evaluar si el programa está funcionando. Pero las cifras nos muestran que no es mayor el incremento en participación laboral de jóvenes del que había antes y tampoco hay más jóvenes en trabajos formales que los que había en el inicio del sexenio.

Ahora bien, el IMSS cuenta con una la modalidad de aseguramiento de Personas Trabajadoras Independientes, a inicios de 2021, el IMSS puso en marcha una prueba piloto con la finalidad de mejorar y ampliar la cobertura de seguridad social al incluir a personas, muchas de ellas jóvenes, que generan sus ingresos sin estar ligados a una relación laboral subordinada y se puede realizar su incorporación en línea.6

El costo anual del seguro es de 17 mil 410.83 pesos, vigente a partir del 1 de febrero de 2024. Los trabajadores en industrias familiares y los independientes, como profesionales, comerciantes en pequeño, artesanos y demás trabajadores no asalariados (modalidad 44), podrán realizar el pago de forma bimestral o anual.

De ahí que sólo aquellos jóvenes que siguen con trabajo formal podrían ser incorporados al régimen obligatorio, mientras que aquellos que trabajen por su cuenta y tengan ingresos suficientes para solventar su seguridad social podrán optar por la modalidad de aseguramiento de personas trabajadoras independientes.

Desafortunadamente esta información no está al alcance de la mayoría de la población del país, razón por la cual considero que es preciso poner a las y los jóvenes del país al tanto de que es posible inscribirse al IMSS en esta modalidad y con ello contribuir a que miles de personas puedan contar con los beneficios de la seguridad social.

Por esta razón, pongo a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social para que realice una campaña informativa sobre la posibilidad de inscribirse al IMSS bajo la modalidad de aseguramiento de personas trabajadoras independientes.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que inicie una campaña de información a fin de que los beneficiarios del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, puedan invertir parte de los recursos recibidos en su inscripción al IMSS, bajo la modalidad de aseguramiento de personas trabajadoras independientes y con ello continuar recibiendo los beneficios de la seguridad social.

Notas

1 Inegi, Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Juventud, comunicado de prensa núm. 476/23 10 de agosto de 2023. Visible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2023/EAP_JU V23.pdf Fecha de consulta; 2 de abril de 2024.

2 IMCO, Los jóvenes sin preparación son más vulnerables en el mercado laboral, visible en: https://imco.org.mx/los-jovenes-sin-preparacion-son-mas-vulnerables-en- el-mercado-laboral/ Fecha de consulta 02 de abril de 2024.

3 Luis Miguel González, miércoles 18 de octubre de 2023 El Economista . Visible en https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Los-working-poor-en-Mexico-suma n-35.6-millones-que-ha-pasado-con-AMLO-20231018-0032.html Fecha de consulta 2 de abril de 2024.

4 Expansión . Menos jóvenes con empleo formal, pese al programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Visible en https://politica.expansion.mx/mexico/2023/10/19/menos-jovenes-con-emple o-formal-pese-al-programa-jovenes-construyendo-el-futuro Fecha de consulta 2 de abril de 2024.

5 Op. Cit. El economista.

6 https://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202202/075

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de abril de 2024.

Diputado Martín Alejandro Flores Vázquez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a realizar la Declaratoria de Emergencia Climática por crisis hídrica en la zona metropolitana de la Ciudad de México, a cargo del diputado Gabriel Ricardo Quadri de la Torre, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Gabriel Ricardo Quadri de la Torre, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

Impactos del Cambio Climático

El calentamiento global tiene como una de sus consecuencias la alteración de los regímenes de precipitación pluvial, lo que provoca severas sequías en las regiones tropicales de mayor latitud y en zonas subtropicales del planeta. Esto se asocia a la alteración de las Celdas de Hadley lo que implica áreas más grandes de alta presión o anticiclónicas que impiden la entrada de masas de aire húmedo del mar. En este contexto, el centro y norte de México han sido particularmente afectados durante varios años, lo que ha reducido los volúmenes de lluvia de manera considerable. Por ello, por ejemplo, las presas del Sistema Cutzamala que abastece a agua a la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCDMX) se encuentran en niveles históricamente bajos de menos de 40 por ciento. Así, ha sido necesario recortar en suministro a la ZMCM hasta en 8 metros cúbicos por segundo, lo que ha impactado a numerosas colonias, alcaldías y municipios del Estado de México. Se espera que los recortes sean mayores conforme transcurre la época de estiaje, situación que tenderá a agudizarse con el paso de los años, lo que representa, por otra parte, un obvio riesgo a la seguridad nacional.

Reportes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indican que del total de municipios en el territorio nacional 2 mil 471, en condiciones de sequía se encuentran mil 613.

Las regiones centro y norte de México enfrentan una crisis hídrica sin precedentes, marcada por la sequía y escasez de agua, la sobreexplotación de acuíferos, la degradación de la calidad del agua, la contaminación de los cuerpos de agua, la variabilidad climática y un aumento en la demanda de recursos hídricos debido a la agricultura de riego, la urbanización, la industrialización, y el crecimiento demográfico.

Los modelos climáticos proyectan un incremento en la frecuencia e intensidad de eventos extremos de sequía y olas de calor, lo que agrava aún más la crisis hídrica en estas áreas metropolitanas. La precipitación en el territorio nacional, claramente muestra un déficit creciente.

Los acuíferos que abastecen en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México están siendo explotados a un ritmo insostenible, lo que ha llevado a un acelerado proceso de agotamiento y al hundimiento del suelo, lo que causa graves daños a las edificaciones. La contaminación de ríos y cuerpos de agua superficiales por actividades agrícolas, industriales y domésticas ha reducido drásticamente la disponibilidad de agua apta para el consumo humano y ha afectado negativamente los ecosistemas acuáticos.

Conscientes de que la magnitud y urgencia de esta crisis representa una amenaza directa para la seguridad hídrica, la salud pública, la estabilidad económica, el ejercicio pleno de los derechos humanos y el bienestar social de millones de habitantes, planteamos que es necesaria una firme acción inmediata.

La disponibilidad y gestión del agua están intrínsecamente ligadas al bienestar de la población, y a sectores clave como la salud, la agricultura, la energía y la biodiversidad, haciendo que la crisis hídrica tenga efectos transversales en múltiples aspectos de la sociedad y la economía, y desde luego, en la seguridad nacional. Por tanto, se requiere un enfoque urgente, integrado y adaptativo para la gestión de los recursos hídricos que considere los aspectos ambientales, socioeconómicos y culturales, y que se ajuste a las realidades y necesidades específicas de cada región.

La estrecha relación entre los efectos del cambio climático y los derechos humanos es cada vez más evidente, el derecho al agua es un derecho humano esencial, reconocido por nuestra Constitución y por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que se ve directamente amenazado por la falta de atención a los efectos del cambio climático. La inacción del gobierno no sólo socava la sostenibilidad de los recursos hídricos, sino que también representa una violación grave de la dignidad humana y los derechos fundamentales, despojando a la población, especialmente a las más marginadas y vulnerables, del acceso a agua segura, suficiente y asequible, necesaria para la vida y el bienestar. Por tanto, la inacción frente al cambio climático no sólo es una negligencia ambiental y de seguridad nacional, sino también un abandono de la responsabilidad moral y legal de proteger y garantizar los derechos humanos y bienes públicos fundamentales.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 4. Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.

El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.

Ley de Seguridad Nacional

Artículo 3. Para efectos de esta Ley, por Seguridad Nacional se entienden las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, que conlleven a:

La protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país. (La crisis hídrica es una amenaza y un riesgo crítico a la integridad y permanencia del Estado mexicano).

Soluciones

La sequía ya de varios años en gran parte del país, vinculada al calentamiento global, impone un enorme desafío de abastecimiento de agua para la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. Nuestra metrópolis consume alrededor de 70 metros cúbicos por segundo de agua (70 m3/seg), de los cuales aproximadamente 20 m3/seg han provenido de cuencas externas, como lo son la de Lerma y Cutzamala; el resto, esencialmente, se extrae de los acuíferos subterráneos, cuya sobreexplotación provoca su agotamiento, además del hundimiento de la ciudad y graves daños a muchas edificaciones.

Como se ha señalado, con la sequía, las presas del Sistema Cutzamala se encuentran a menos de 40 por ciento de su capacidad, lo que impondrá una escasez sin precedente y la necesidad de racionamientos.

Los modelos y escenarios climáticos regionales no permiten algún optimismo para el futuro previsible. Es imperativo pues considerar acciones radicales a largo plazo que deberían significar un caudal adicional de al menos 10 m3/seg. (Desde luego, aparte de medidas de eficiencia y rehabilitación de la red para reducir pérdidas –que son de 40 por ciento– y de captación de agua pluvial). Es importante señalar las opciones existentes, que son acciones estratégicas de adaptación al cambio climático, con la finalidad de que el Gobierno federal, en concurrencia con gobiernos estatales y municipales, actúe de manera inmediata.

Recuperar las aguas residuales de la Ciudad de México que desde hace décadas se vierten al Valle del Mezquital en Hidalgo, y a la presa de Zimapán, entre Hidalgo y Querétaro, y que podrían ser extraídas del subsuelo, tratadas y reconducidas a la ciudad, en un proceso de macro reciclaje. Ayudaría mucho la operación de la gran planta de tratamiento de Atotonilco, construida durante gobiernos anteriores, así como la filtración y depuración natural a través del subsuelo.

Importar agua de las cuencas de Tecolutla en Veracruz o del Amacuzac, entre Morelos y Guerrero. Cualquiera de los dos proyectos sería de una magnitud mayor al Cutzamala, y conllevaría sistemas de presas, de potabilización, y de bombeo con un gasto muy importante de energía eléctrica. Sin embargo, las propias veleidades climáticas y sequías, así como dificultades políticas y sociales en ambos proyectos les restarían viabilidad.

Explotar los acuíferos fósiles del Valle de México, que se encuentran a varios miles de metros de profundidad. No existen estudios suficientes de caracterización ni sobre su potencial real de abastecimiento. Se sabe, en todo caso, que son salinos y podrían presentar contaminación con metales tóxicos como el arsénico, además de que los costos de bombeo y tratamiento podrían ser enormes.

Desalación de agua de mar en el Golfo de México, y su importación a la Ciudad de México a lo largo de un acueducto de poco más de 300 kilómetros, opción que sería inmune a las sequías. Dos posibles sitios para la instalación de la planta desaladora serían Laguna Verde y Tuxpan, para aprovechar la energía eléctrica generada por las dos grandes centrales: termoeléctrica de Tuxpan, y nuclear de Laguna Verde. Se trataría de una gran planta de Ósmosis Inversa , que consiste en hacer pasar agua de mar o salobre a gran presión a través de membranas venciendo la presión osmótica; sólo las moléculas de agua (H2O) logran cruzar, pero no las de sal (NaCl). Podría combinarse este caudal con agua dulce de alguno de los numerosos ríos que desembocan en la región, con la finalidad de abatir costos. Por cada metro cúbico (m3) de agua potable se requieren 2 m3 de agua marina o salobre, lo que implica 1 m3 de agua de rechazo con altas concentraciones de sales, cuyo impacto ambiental por vertido al mar puede ser minimizado por medio de grandes difusores mar adentro. Aproximadamente se requieren 4 Kilovatio-hora (kWh) de energía eléctrica por cada m3 de agua potable producido por Ósmosis Inversa, y al menos 15 Megavatio (MW) de potencia en una central eléctrica.

La inversión requerida por m3 sería de alrededor de 200 millones de dólares, mientras que el costo por m3 se estima en un dólar estadounidense, para cubrir la amortización de la inversión, la energía eléctrica y el mantenimiento (reposición de membranas, insumos, manejo de aguas de desecho, personal, etcétera). Escalando los datos de manera lineal, para producir 10 metros cúbicos por segundo (m3/seg) de agua potable se requeriría una inversión de 2 millones millones de dólares para la planta desaladora, y entre 200 y 500 millones de dólares para una nueva unidad de generación en Tuxpan o Laguna Verde de 200 MW de potencia (depende si es convencional o nuclear). Esto cubriría la energía para desalación y para bombeo a la Ciudad de México. Hablamos así de un costo inversión local de unos 2 mil 500 millones de dólares, más otro tanto del acueducto, obras complementarias y los sistemas de bombeo.

Tenemos así que el costo total de resolver de esta forma los problemas de abastecimiento de agua de nuestra metrópolis sería del orden de 5 mil millones de dólares. Esto representaría la quinta parte del costo de proyectos absurdos e improductivos como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas.

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal para declarar Emergencia Climática y de Seguridad Nacional por Crisis Hídrica en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, a fin de tomar medidas urgentes y efectivas que aborden esta crisis de manera eficaz, integral y sostenible a largo plazo, a través de las siguientes acciones:

1. Decretar a la crisis hídrica en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México como una amenaza a la Seguridad Nacional y actuar en consecuencia.

2. Elaborar un programa para la modernización de infraestructuras hidráulicas, la promoción de tecnologías de ahorro de agua, de captación de agua pluvial, y la implementación de sistemas de reciclaje y reutilización de aguas grises.

3. Elaborar un programa para la rehabilitación de la red de distribución en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México con la finalidad de reducir las fugas a menos de 10 por ciento de los caudales totales (las fugas actuales son de más de 40 por ciento), para lo cual es conveniente desarrollar alianzas público privadas.

4. Llevar a cabo estudios estratégicos y decisiones firmes para el desarrollo de una nueva fuente de abastecimiento externa para la Zona Metropolitana de la Ciudad de México que pueda ofrecer certeza de abastecimiento pleno de agua a largo plazo para nuestra metrópolis. Deberá para ello convocarse al Instituto de Ingeniería de la UNAM, al Instituto Mexicano de Tecnología el Agua, y a los expertos que aún permanecen en la Comisión Nacional del Agua y en el Organismo de Cuenca del Valle de México.

5. Establecer un programa para la recuperación de acuíferos subterráneos de Valle de México, reducción de la sobreexplotación y mitigación de hundimientos.

Segundo. Esta declaratoria entrará en vigor inmediatamente y permanecerá activa hasta que se resuelva la crisis hídrica en las zonas afectadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de abril de 2024.

Diputado Gabriel Ricardo Quadri de la Torre (rúbrica)