Proposiciones

• Con punto de acuerdo, para exhortar al INE y a la Fepade a garantizar el sufragio universal, libre, secreto y directo de las y los ciudadanos en el proceso electoral federal y concurrentes 2023-2024, a cargo de la diputada Carolina Beauregard Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, en materia de infraestructura y mantenimiento de alumbrado público en los municipios del Estado de México para reducir los niveles de inseguridad, a cargo de la diputada Joanna Alejandra Felipe Torres, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, en materia de recuperación de escuelas de tiempo completo, a cargo de la diputada Joanna Alejandra Felipe Torres, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat, a la Conafor y a sus homólogas en las 32 entidades federativas a realizar las acciones administrativas y presupuestales que fortalezcan las tareas y programas de prevención, control y combate de incendios forestales que se susciten el país, a cargo de la diputada Krishna Karina Romero Velázquez, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa, al Sistema Nacional de Salud y al Sistema Nacional DIF a tomar todas las medidas necesarias para garantizar la nutrición y sana alimentación de niñas, niños y adolescentes, con enfoque diferenciado a la primera infancia, a cargo de la diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, del Grupo Parlamentario del PAN

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Con punto de acuerdo, para exhortar al INE y a la Fepade a garantizar el sufragio universal, libre, secreto y directo de las y los ciudadanos en el proceso electoral federal y concurrentes 2023-2024, a cargo de la diputada Carolina Beauregard Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Carolina Beauregard Martínez, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos Sexto, fracción I; 79 numeral 2 fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento la siguiente “proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta, respetuosamente, al Instituto Nacional Electoral y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales para que, en el ámbito de sus facultades y atribuciones, se garantice el sufragio universal, libre, secreto y directo de las y los ciudadanos en el proceso electoral federal y concurrentes 2023-2024”, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su artículo 21 que “1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos” y que “3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto”.

Por su parte, la Convención Americana de Derechos Humanos señala en su artículo 23 que todos los ciudadanos tendrán el derecho y la oportunidad de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; además de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores.

Del mismo modo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece en su artículo 25 que los ciudadanos participaran en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos y que votaran y serán elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores.

En el orden nacional la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 35 fracción I, como un derecho de la ciudadanía el votar en las elecciones populares y el artículo 36 fracción III lo señala como una obligación.

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE) “El voto es una forma de expresión de la voluntad de las personas que sirve para tomar una decisión colectiva. Votar es el acto por el cual un individuo manifiesta que prefiere cierta opción, fórmula o persona frente a otras. Votar siempre implica elegir entre distintas opciones”.1

Al respecto, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece en su artículo 7, que votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación que se ejerce para integrar órganos del Estado de elección popular y que este voto deberá ser universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible. Además de que señala la prohibición de los actos que generen presión o coacción a los electores.

Refiere el mismo INE que el voto en México tiene distintas características:2

• Universal: es decir que todos los ciudadanos mexicanos pueden votar sin distinción alguna.

• Libre: lo que implica que nadie puede ejercer presión sobre los votantes

• Secreto: se debe emitir de manera privada, para lo cual se debe garantizar la instalación de mamparas.

• Directo: cada ciudadano deposita su voto y elije a sus gobernantes, sin intermediarios.

• Personal: lo que significa que quien acude debe identificarse con su credencial con fotografía para poder emitir su voto.

• Intransferible: el ciudadano, no puede delegar o transferir su derecho a otra persona, para que lo ejerza en su lugar.

Sin embargo, a pesar de que tanto en el orden nacional como en el internacional se establece el derecho de los ciudadanos a votar de manera secreta y libre, y que la Ley General en materia de Delitos Electorales establece en el artículo 7, que se impondrán de 50 a 100 días multa y prisión de seis meses a tres años, a quien:

• Solicite votos por paga, promesa de dinero u otra contraprestación, o bien mediante violencia o amenaza,

• Presione a otro para votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición, el día de la jornada electoral.

• Amenace con suspender los beneficios de programas sociales, para la emisión del sufragio en favor de un candidato, partido político o coalición; o a la abstención del ejercicio del derecho de voto o al compromiso de no votar a favor de un candidato, partido político o coalición;

• Solicite u ordene evidencia del sentido de su voto o viole, de cualquier manera, el derecho del ciudadano a emitir su voto en secreto;

A pesar de lo anterior, y de que coaccionar el voto constituye un delito, durante los distintos recorridos que he realizado en diversas localidades, funcionarios públicos que trabajan en las administraciones tanto estatal como de los municipios gobernados por Morena nos han manifestado su preocupación, ya que les han advertido que para las elecciones de este 2024 deberán votar por el partido en el gobierno si desean conservar su trabajo.

Para ello, nos comentan, que les han advertido que deberán tomar una fotografía del voto que emitan con su celular para cerciorarse que efectivamente votaron por quienes les indicaron.

Y lamentablemente esta misma amenaza es utilizada para los beneficiarios de programas sociales, solo que con el chantaje de perder el acceso a estos apoyos.

Por ello, es que, de manera recurrente la petición que nos formulan es que desde el Congreso prohibamos que se pueda hacer uso del celular cuando se acude a votar.

En primer lugar, sabemos que dado el momento electoral en el que nos encontramos, ya no es posible modificar ordenamientos electorales de acuerdo con el artículo 105 constitucional, que dispone que “Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicié el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales”.

Sin embargo, consideramos que realizar esta prohibición desincentivaría que las personas acudieran a votar, además de que ocasionaría diversos problemas, entre ellos qué a dónde dejarían su celular quienes acudieran a votar, porque evidentemente no podríamos restringir su derecho al voto solo por acudir con celular. O bien, se prestaría a que las personas optaran por no acudir a su casilla para no tener que dejar su celular.

A pesar de lo anterior, no podemos pasar por alto la preocupación sobre todo de funcionarios públicos y beneficiarios de programas sociales.

Por todo lo que he señalado, es que resulta necesario hacer un respetuoso llamado al Instituto Nacional Electoral y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales para que, en el ámbito de facultades y atribuciones, se garantice el sufragio universal, libre, secreto y directo de las y los ciudadanos en el proceso electoral federal y concurrentes 2023-2024.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en su LXV Legislatura exhorta al Instituto Nacional Electoral y a la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales para que, en el ámbito de facultades y atribuciones, se garantice el sufragio universal, libre, secreto y directo de las y los ciudadanos en el proceso electoral federal y concurrentes 2023-2024

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en su LXV Legislatura exhorta al Instituto Nacional Electoral y a la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales para que, en el ámbito de facultades y atribuciones, realicen campañas de difusión permanentes sobre delitos electorales, especialmente aquellos relacionados con el uso indebido de recursos públicos, condicionar el acceso a programas sociales, o ejercer cualquier tipo de presión sobre el electorado para votar o abstenerse de votar por una o un candidato, partido político o coalición.

Notas:

1 Gutiérrez Espíndola, José Luis, “El voto, herramienta de la vida democrática”, Instituto Nacional Electoral, consultado 02 de enero de 2024, en: el_voto_herramienta.pdf (ine.mx)

2 Balbuena Cisneros, Arminda, El sistema de cómputo de votos en elecciones federales, Instituto Federal Electoral, México, 2009, p. 17-18

Dado en Ciudad de México, a los 15 días del mes de abril de 2024.

Diputada Carolina Beauregard Martínez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, en materia de infraestructura y mantenimiento de alumbrado público en los municipios del Estado de México para reducir los niveles de inseguridad, a cargo de la diputada Joanna Alejandra Felipe Torres, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Joanna Alejandra Felipe Torres, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracciones I y II y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea, proposición con punto de acuerdo, en materia de alumbrado público para reducir la inseguridad, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El alumbrado público es un servicio que consiste en proveer la iluminación mínima necesaria en los espacios públicos y vialidades, de forma que se garantice la seguridad de peatones y vehículos. Según la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, la iluminación en vialidades y espacios públicos es una medida indispensable de seguridad, que se utiliza tanto para prevenir accidentes como para impedir actos delictivos.1

En el contexto actual de inseguridad en México, es necesario considerar al alumbrado público como una herramienta fundamental para reducir los índices criminales. Se ha comprobado que la prestación adecuada de este servicio tiene un impacto significativo en la calidad de vida de las personas, ya que, además de inhibir conductas delictivas y mejorar la percepción de seguridad en la ciudadanía, permite prevenir la ocurrencia de incidentes viales y fomentar la interacción entre las personas, lo que repercute de forma directa en la reconstrucción del tejido social y en el sentido de pertenencia a la comunidad.

Un estudio de la Ciudad de Nueva York, elaborado en 2019 por el Crime Lab New York, que presenta evidencia experimental sobre la reducción de violencia a partir de pequeños cambios en los entornos urbanos, como el alumbrado público, sugiere que las características sociales y físicas del paisaje urbano podrían desempeñar un papel importante en la concentración geográfica de la delincuencia, en particular de los delitos cometidos con violencia. Por lo tanto, ciertos delitos, como los patrimoniales, obedecen a las oportunidades que producen los factores ambientales.2

Así, el alumbrado público tiene el potencial de combatir la delincuencia mediante diversas vías, principalmente psicológicas y conductuales. Por un lado, empodera a las posibles víctimas para protegerse mejor y genera mayor consciencia en los infractores respecto a la presencia de testigos o la presencia policiaca.3

Según trece estudios realizados en Estados Unidos y el Reino Unido, la incorporación de alumbrado público reduce la delincuencia en un 27 por ciento. Y de acuerdo con los resultados del Crime Lab New York, el alumbrado público puede reducir el índice de delitos nocturnos al aire libre en aproximadamente un 36 por ciento, así como el índice general de delitos en las comunidades afectadas en aproximadamente 4 por ciento, siempre que la iluminación persista en el tiempo.4

De conformidad con el artículo 115, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), los municipios tienen a su cargo la prestación del servicio de alumbrado público. Sin embargo, éste aún es deficiente en una cantidad importante de ciudades del país. Así lo revela la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (Ensu) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) al señalar que, al cuarto trimestre de 2023, el alumbrado público insuficiente es la tercera problemática urbana más importante que las y los mexicanos de 18 años y más identifican en sus ciudades, con un 59 por ciento de las y los encuestados, sólo después de los baches en calles y avenidas y las fallas y fugas en el suministro de agua potable.5

Entre las 75 ciudades que abarca la citada encuesta, se encuentran ocho pertenecientes al Estado de México: Toluca de Lerdo, Ecatepec de Morelos, Ciudad Nezahualcóyotl, Naucalpan de Juárez, Tlalnepantla de Baz, Cuautitlán Izcalli, Atizapán de Zaragoza y Chimalhuacán. En la lista de las cinco ciudades con mayor porcentaje respecto a la percepción de un alumbrado público insuficiente a nivel nacional, se ubica Ecatepec de Morelos en el primer lugar, con un 80.2 por ciento, y Toluca de Lerdo en el quinto, con 76 por ciento.

Es muy preocupante que dos municipios del Estado de México se encuentren en esa lista, más aún cuando las cifras coinciden con la alta percepción de inseguridad pública. Al respecto, la Ensu también señala que, a nivel nacional, el 59.1 por ciento de la población de 18 años y más considera que, en términos de delincuencia, vivir en su ciudad es inseguro. Se presenta a Toluca de Lerdo con una percepción de inseguridad del 80.6 por ciento; Ecatepec de Morelos con 88.7 por ciento; Ciudad Nezahualcóyotl con 58.5 por ciento; Naucalpan de Juárez con 91 por ciento; Tlalnepantla de Baz con 72.4 por ciento; Cuautitlán Izcalli con 73.6 por ciento; Atizapán de Zaragoza con 58.2 por ciento y Chimalhuacán con 79.9 por ciento. Destaca que Naucalpan y Ecatepec se ubican en la lista de las cinco ciudades más inseguras a nivel nacional, en segundo y cuarto lugar, respectivamente.6

Entre otros datos relevantes de la Ensu sobre la inseguridad que las y los mexicanos de 18 años y más perciben en sus ciudades, se encuentra que el 53.2 por ciento señaló sentirse inseguro en las calles que habitualmente usa, y el 42.7 por ciento en parques o centros recreativos. Del 69.9 por ciento que salió diariamente de su vivienda durante el cuarto trimestre de 2023, el 58.5 por ciento se sintió inseguro. El 42.1 por ciento de las y los encuestados declaró cambiar su hábito de caminar de noche en alrededores de su vivienda por temor a ser víctima de la delincuencia. En este ámbito, Toluca de Lerdo se halla en el tercer lugar de la lista de cinco de mayor porcentaje a nivel nacional, con un 70.9 por ciento.7

Durante el segundo semestre de 2023, el 8.8 por ciento de los hogares del país tuvieron al menos un integrante víctima de robo o asalto en calle o transporte público: Chimalhuacán ocupa el primer lugar con 25.7, Ecatepec el tercer lugar con 18.9 por ciento y Toluca de Lerdo el quinto lugar con 16.5 por ciento.8

Sobre las incivilidades percibidas en la vía pública, el 60 por ciento de la población de 18 años y más refirió haber visto o escuchado el consumo de alcohol en las calles, por lo cual ésta es la principal conducta delictiva o antisocial en los alrededores de las viviendas; los robos o asaltos se ubican en un 50.2 por ciento; la venta o consumo de drogas y el vandalismo en un 39.1 por ciento; los disparos frecuentes con armas en un 38 por ciento; bandas violentas o pandillerismo en un 24.2 por ciento.9

Como puede observarse, los niveles de inseguridad pública son alarmantes, tanto a nivel nacional como en el Estado de México. Las deficiencias y falta de mantenimiento de los espacios públicos y, específicamente la ausencia de un alumbrado público adecuado en las ciudades, agudizan esta situación, así como el temor con el que viven las personas en sus ciudades, la desconfianza para convivir en espacios públicos y para transitar libremente por sus calles sin sentir amenazas a su seguridad.

En virtud de la fallida estrategia actual para prevenir y atender la inseguridad pública, es imperante que los municipios del país, al ser los gobiernos más próximos a la ciudadanía y, por tanto, quienes conocen las dinámicas diarias de sus habitantes, ejerzan al máximo sus facultades constitucionales para transformar la realidad cotidiana. Por su parte, las entidades federativas deben actuar en consecuencia en aquellas vialidades que se encuentran bajo su jurisdicción y apoyar, en la medida de lo posible y conforme al principio de subsidiariedad, a los municipios, a fin de que éstos puedan cumplir cabalmente con sus funciones en la materia.

Por ello, es necesario contar con programas focalizados para la transformación de los espacios públicos que consideren la iluminación de las vialidades y espacios públicos como una medida preventiva frente a los actos delictivos, así como la necesidad de la participación de la ciudadanía para conocer sus necesidades reales.

Es importante destacar que los problemas que presenta el alumbrado público no sólo radican en la falta de este servicio, sino también en la falta de calidad y de mantenimiento, ya que aun cuando se cuente con la infraestructura, muchas veces ésta no funciona o lo hace de forma intermitente. Por lo que, con base en las anteriores consideraciones y argumentos, presento a esta honorable soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.- La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a los ayuntamientos de los 125 municipios del Estado de México a ampliar, hasta el máximo de los recursos disponibles, el presupuesto destinado a la creación de infraestructura de alumbrado público de calidad y a su mantenimiento, a fin de reforzar la seguridad en las vialidades y espacios públicos, y contribuir al fortalecimiento de la cohesión social y al mejoramiento de la calidad de vida de las y los mexiquenses.

Segundo.- La honorable Cámara de Diputados exhorta al gobierno del Estado de México para que, a través de las dependencias correspondientes, se diseñen e implementen programas dirigidos a la creación de infraestructura y mejoramiento del alumbrado público en las vialidades primarias de la entidad; así como mecanismos que, conforme al principio de subsidiariedad, proporcionen apoyos económicos o en especie a los municipios del Estado para ampliar la infraestructura y el mantenimiento del alumbrado público en las vialidades y espacios públicos locales.

Notas:

1 Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía. (2015). Estados y municipios Alumbrado público. Disponible en: https://www.gob.mx/conuee/acciones-y-programas/estados-y-municipios-alu mbrado-publico

2 Crime Lab New York. (2019). Reducing Crime Through Environmental Design: Evidence from a Randomized Experiment of Street Lighting in New York City. Disponible en:
https://urbanlabs.uchicago.edu/attachments/e95d751f7d91d0bcfeb209ddf6adcb4296868c12/store/
cca92342e666b1ffb1c15be63b484e9b9687b57249dce44ad55ea92b1ec0/lights_04242016.pdf

3 Ibid.

4 Ibid.

5 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2023). Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU). Cuarto trimestre 2023. Principales resultados. Disponible en:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ensu/doc/ensu2023_diciembre_presentacion_ejecutiva.pdf

6 Ibid.

7 Ibid.

8 Ibid.

9 Ibid.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de abril de 2024.

Diputada Joanna Alejandra Felipe Torres (rúbrica)

Con punto de acuerdo, en materia de recuperación de escuelas de tiempo completo, a cargo de la diputada Joanna Alejandra Felipe Torres, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Joanna Alejandra Felipe Torres, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracciones I y II, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea, la proposición con punto de acuerdo en materia de recuperación de escuelas de tiempo completo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La progresividad fue una de las consideraciones básicas de la reforma constitucional en materia de derechos humanos que, junto con el principio pro persona, refleja el cambio de paradigma en el entendimiento del derecho mexicano. El principio de progresividad tiene por objetivo que los derechos puedan aumentar, pero no puedan disminuirse una vez que han sido ampliados.

A pesar de ello, desde 2019, la niñez mexicana ha visto afectado el sistema educativo que violentó la progresividad de su derecho a la educación y que la afectó de manera regresiva como uno de los pilares que más impactan el desarrollo de una persona. Asimismo, las madres y los padres mexicanos son afectados directos puesto que la reducción de la calidad y de oportunidades educativas para la niñez limita sus posibilidades de ofrecer a sus hijas e hijos mejores oportunidades de vida.

La eliminación del Programa de Estancias Infantiles y la cancelación del Programa de Escuelas de Tiempo Completo afectó a la niñez mexicana, y a sus familias, con claros elementos regresivos que violentaron la Constitución, principalmente el principio de progresividad, el derecho a la educación y el interés superior de la niñez.

El Programa de Escuelas de Tiempo Completo, como el Programa de Estancias Infantiles, fue creado en 2007 en la administración del presidente Felipe Calderón Hinojosa con el objetivo de mejorar la educación básica de la niñez a través del aumento de horas de instrucción de cuatro horas a seis u ocho horas al día con la provisión directa de alimentos de calidad que permitiera la mejora de su aprendizaje. Este Programa amplió su derecho a la educación no solo en el ámbito de capacidades educativas, sino de alimentación, deporte, cultura y de convivencia social.1

Los avances conseguidos en materia educativa se perdieron prácticamente durante el actual sexenio. Además de la supresión del Programa de Estancias Infantiles en febrero de 2019, el actual gobierno desapareció al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, así como la evaluación docente por razones estrictamente políticas. Aunado a estos retrocesos, la administración actual asestó el golpe más lesivo contra la educación pública de la niñez mexicana a través de la eliminación del Programa de Escuelas de Tiempo Completo en febrero de 2022.

El gobierno federal cambió el nombre del Programa de Escuelas de Tiempo Completo por el de “La Escuela es Nuestra” en 2019 y mantuvo su existencia en los Presupuestos de Egresos de la Federación 2020 y 2021. Sin embargo, las Reglas de Operación de dicho programa, publicados el 5 de febrero de 2022, modificó el ejercicio de los recursos para destinarlos al “mantenimiento y mejoramiento de las escuelas”. Con ello desapareció la extensión del horario de clase, suprimió directamente la oferta de alimentos y las actividades adicionales del Programa de Escuelas de Tiempo Completo.2

Organizaciones de prestigio nacional como Mexicanos Primero advirtieron que la eliminación del Programa de Escuelas de Tiempo Completo acabó con el apoyo alimentario para 3.6 millones de niñas, niños y adolescentes en todo el país. Para esta organización “las escuelas de tiempo completo tenían la oportunidad de ser el vehículo para revertir la desnutrición y malnutrición, así como la recuperación de aprendizajes académicos y la salud emocional de los niños y adolescentes”.3 Este golpe final contra los derechos de las infancias se llevó a cabo en uno de los momentos más graves y urgentes de la educación en México, aún dentro de la crisis sanitaria por Covid-19 que afectó las capacidades y el aprendizaje de la niñez y adolescencia mexicanas ante un sistema educativo que no estuvo preparado para dicha situación.

Aun cuando las actividades del Programa de Escuelas de Tiempo Completo se mantuvieron hasta 2021 en el Programa La Escuela es Nuestra, la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades desde 2020 al encontrar que “1,757 planteles no demostraron que más de 573 millones 605 pesos” se hayan utilizado para mejorar y mantener la infraestructura y equipamiento de las mismas.4 Es decir que desde el primer año del Programa La Escuela es Nuestra se comenzó con la eliminación de recursos que antes se destinaron al aumento de horas educativas, alimentación, actividades culturales y deportivas para nuestra niñez.

El Consejo Nacional de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) concluyó que el Programa de Escuelas de Tiempo Completo impactó en las primarias con “una disminución significativa en las tasas de repetición y rezago educativo” de las niñas y niños en el periodo 2007-2017, con efectos “más grandes y robustos” en escuelas ubicadas en localidades de alta marginación.5

Otra importante conclusión fue que el servicio de alimentación ofrecido por el Programa de Escuelas de Tiempo Completo “es una intervención efectiva para mejorar el logro educativo y el nivel de aprendizaje, primordialmente entre la población estudiantil de escuelas primarias en localidades de alta marginación.”6 Las conclusiones señalan que el Programa se diseñó con la premisa de un “mecanismo causal” que relaciona a la población vulnerable o en contextos de riesgo social con la necesidad de mayor tiempo de instrucción y alimentación como el medio para incrementar su nivel de logro educativo.

Las recomendaciones finales de Coneval señalaron puntos de oportunidad para mejorar el programa y aumentar sus efectos. En conocimiento de que implicaba un esfuerzo presupuestal importante, indicaron que se requería garantizar la disponibilidad mínima de recursos humanos y financieros para la operación del programa, para la implementación del programa de alimentación y el pago de remuneraciones al personal docente en razón de la ampliación de la jornada laboral para asegurar una atención de calidad a sus beneficiarios y a sus operadores.

Lo anterior demuestra que existió una evaluación institucional seria de dicho programa que ya identificaba acciones necesarias para mejorar su efectividad y eficiencia. En lugar de eso, la administración actual desapareció el Programa de Escuelas de Tiempo Completo sin ofrecer un diagnóstico, una justificación ni acciones que sustituyeran los impactos positivos comprobados.

Las acciones expuestas demuestran la regresividad, y por tanto la violación al principio constitucional de progresividad en el derecho a la educación, alimentación, cultura y deporte de la niñez mexicana desde 2010.

Debe considerarse que la Ley General de Educación vigente obliga al Estado a priorizar el interés superior de la niñez, adolescencia y juventud en el derecho a la educación (artículo 2). También dispone que las autoridades educativas deben promover entornos escolares saludables, a través de acciones que permitan la disponibilidad y acceso a una alimentación nutritiva e hidratación adecuada, además de educación física y práctica del deporte.

Con base en las anteriores consideraciones y argumentos, presento a esta honorable soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.- La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al gobierno federal para que, a través de la Secretaría de Educación Pública, instrumente un programa cuyos objetivos estén exclusivamente dirigidos al establecimiento de escuelas con horario completo en educación básica en las que se ofrezcan servicios de alimentación y actividades académicas, deportivas y culturales a fin de generar un mayor desempeño académico y el desarrollo integral de los educandos.

Segundo.- La honorable Cámara de Diputados exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas, a través de sus autoridades educativas, a implementar programas y políticas que recuperen las escuelas de tiempo completo y que implementen acciones para ofrecer de manera directa alimentos de calidad, así como actividades académicas, deportivas y culturales adicionales al horario escolar obligatorio.

Notas:

1 Secretaría de Educación Pública (2009). Programa de Escuelas de Tiempo Completo. Disponible en: https://www.aefcm.gob.mx/petc/archivos-recomendaciones/buenas_practicas 1.pdf

2 José Fernando Vázquez Avedillo (2023). La eliminación de las escuelas de tiempo completo en México: Un tema de derechos humanos. En Revista Internacional de Derechos Humanos Vol. 13, No. 2.

3 El Financiero (marzo 1, 2022). SEP elimina programa ‘Escuelas de tiempo completo’; afectará a millones de niños,denuncian. Disponible en: https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/03/01/sepelimina-programa -escuelas-de-tiempo-completo-afectara-amillones-de-ninos-denuncian/

4 Forbes Política (marzo 23, 2022). Diputados citan de nuevo a Delfina Gómez por escuelas de tiempo completo. Disponible en: https://www.forbes.com.mx/diputados-citan-de-nuevo-a-delfina-gomez-por- escuelas-de-tiempo-completo/

5 CONEVAL (2018). Impacto del Programa Escuelas de Tiempo Completo 2018, Estudio Exploratorio. Disponible en: https://www.coneval.org.mx/EvaluacionDS/PP/CEIPP/IEPSM/Documents/Explor atorio_Impacto_PETC.pdf

6 Idem.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de abril de 2024.

Diputada Joanna Alejandra Felipe Torres (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat, a la Conafor y a sus homólogas en las 32 entidades federativas a realizar las acciones administrativas y presupuestales que fortalezcan las tareas y programas de prevención, control y combate de incendios forestales que se susciten el país, a cargo de la diputada Krishna Karina Romero Velázquez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal Krishna Karina Romero Velázquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido por los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes:

Consideraciones

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), los incendios forestales, se definen como los fuegos no controlados que ocurren en áreas cubiertas de vegetación, desde bosques densos hasta pastizales, los cuales representan una grave amenaza para la biodiversidad y los ecosistemas. Destruyen hábitats naturales, poniendo en riesgo la supervivencia de numerosas especies de plantas y animales.1

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) señala que cada año, 370 millones de hectáreas de bosque en todo el mundo, son devastadas por incendios forestales, los cuales representan un 5 por ciento de la tierra quemada, pero aportan más del 80 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero.2

Este año a lo largo del país, hemos sido testigos de una escalada en la frecuencia y la intensidad de los incendios forestales, que han puesto en peligro la vida silvestre, la calidad del aire y la seguridad, además de ocasionar graves repercusiones económicas y de salud de las y los mexicanos.

Datos de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), señalan que en lo que va del año, se han registrado mil 699 incendios forestales en 26 entidades federativas, en una superficie de 68 mil 539 hectáreas. De esta superficie, el 93 por ciento correspondió a vegetación en los estratos herbáceo y arbustivo y el 7 por ciento a arbóreo.3

Asimismo, señala que al día corte del 4 de abril, se reportan 80 Incendios forestales sobre la República Mexicana, de los cuales 61 activos, 8 controlados y 11 reactivados.

Abundando en dichos datos se tiene que el total nacional de incendios forestales, 224 (13 por ciento) correspondió a ecosistemas sensibles al fuego, en una superficie de 13,291.9 (19 por ciento) hectáreas.

Ante este contexto, la prevención, control y combate de incendios forestales representa un factor clave para evitar la pérdida devastadora de nuestros bosques, la destrucción de hábitats naturales y la amenaza para la vida y la propiedad de las comunidades locales.

Para ello, a nivel nacional contamos con la Conafor, quien desempeña un papel crucial en la protección y conservación de nuestros recursos forestales, y su labor en la prevención de incendios es de suma importancia. A través de programas de educación, capacitación y concientización, dicha dependencia trabaja para aumentar la sensibilización sobre los riesgos de incendios forestales y promover prácticas forestales sostenibles.

Pese a su labor fundamental que realiza para salvaguardar y proteger nuestros bosques, del año 2018 al 2024 sufrió un recorte presupuestal del 50 por ciento, al pasar de tener 5 mil 361 millones de pesos a 2 mil 672 en dichos años, recorte que ha representado un duro golpe para la protección de nuestros bosques.

La reducción de recursos presupuestarios para combatir incendios forestales es motivo de profunda preocupación y lamentación. Esta decisión pone en riesgo los avances logrados en la prevención y control de incendios, y debilita la capacidad de la Conafor para enfrentar los crecientes desafíos que representan los incendios forestales en nuestro país.

Es lamentable ver cómo, en un momento en que los incendios forestales están aumentando a un ritmo alarmante, el gobierno en turno a optado por recortar fondos en lugar de fortalecer las medidas preventivas y de respuesta.

Este recorte presupuestario es aún más inaceptable cuando se justifica bajo el discurso falso de la austeridad, dado que la verdadera austeridad no consiste en sacrificar la protección del medio ambiente y la seguridad de la población en aras de supuestos ahorros financieros. La verdadera austeridad implica una gestión responsable de los recursos públicos, que garantice el bienestar de las generaciones presentes y futuras.

Como legisladores, debemos apoyar y fortalecer los esfuerzos de la Conafor en la prevención de incendios forestales, proporcionándoles los recursos necesarios y que requieren para llevar a cabo su importante labor. La protección de nuestros bosques es fundamental para el bienestar de nuestro país y las generaciones futuras, y debemos actuar con determinación y compromiso para preservarlos.

En este sentido, el presente punto de acuerdo tiene por objeto exhortar respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno federal, a la Comisión Nacional Forestal y a las dependencias homólogas de las 32 entidades federativas, para que, en el ámbito de sus atribuciones realicen las acciones administrativas y presupuestales que fortalezcan las tareas y programas de prevención, control, y combate de incendios forestales que se susciten el país.

Desde el Grupo Parlamentario del Partido del Partido Acción Nacional, tenemos claro que la protección de nuestros bosques es fundamental para el bienestar de nuestro país y las generaciones futuras, por ende, debemos actuar con determinación y compromiso para preservarlos.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno federal, a la Comisión Nacional Forestal y a las dependencias homólogas de las 32 entidades federativas, para que, en el ámbito de sus atribuciones realicen las acciones administrativas y presupuestales que fortalezcan las tareas y programas de prevención, control, y combate de incendios forestales que se susciten el país.

Notas:

1 Incendio forestal, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), disponible en la pág.- web. https://www.fao.org/faoterm/viewentry/es/?entryId=97854, consultado el día 25/03/2024.

2 El aumento de los incendios descontrolados; ONU, disponible en la pág. web. - https://www.un.org/es/cr%C3%B3nica-onu/el-aumento-de-los-incendios-desc ontrolados-hace-que-la-adopci%C3%B3n-de-estrategias, consultada el día 25-04-2024.

3 Perspectiva Meteorológica para Incendios Forestales; SMN, disponible en la pág. web. - https://smn.conagua.gob.mx/es/incendios-forestales-diario

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 17 días del mes de abril del año 2024.

Diputada Krishna Karina Romero Velázquez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa, al Sistema Nacional de Salud y al Sistema Nacional DIF a tomar todas las medidas necesarias para garantizar la nutrición y sana alimentación de niñas, niños y adolescentes, con enfoque diferenciado a la primera infancia, a cargo de la diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada federal Margarita Ester Zavala Gómez, del Campo, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6 numeral 1 fracción I; 79, numeral 2, fracción I, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente punto de acuerdo con base en las siguientes:

Consideraciones

Primero.- Los primeros años de vida de niñas y niños son fundamentales para garantizar su desarrollo integral; la primera infancia, que comprende de los 0 a 6 años de edad.1

Las niñas y niños tienen derecho a la alimentación, definido por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura como: “el derecho a una alimentación adecuada es un Derecho Humano internacional que se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, tiene acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a los medios para obtenerla”2 y, el artículo 4º de nuestra Constitución establece que: “...Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará...”3

La realidad que viven las niñas y niños de nuestro país es muy distinta, en nuestro país existen personas que no pueden ni siquiera comer tres veces al día porque las condiciones económicas no lo permiten, lo cual afecta de manera significativa en el desarrollo de las niñas y niños, porque éstos no tendrán los nutrientes necesarios para poder avanzar en su crecimiento físico y mental.

Las niñas y niños que van a la escuela sin haber desayunado no solo no pueden retener información, sino que su aprendizaje no es igual al de otros que sí tienen las condiciones económicas para poder tener una alimentación.

Segundo.- De acuerdo con UNICEF México, la desnutrición crónica afecta a 1 de cada 8 niñas y niños en la primera infancia. La falta de una dieta suficiente, variada y nutritiva repercute directamente en su calidad de vida a corto, mediano y largo plazo.4

Las niñas, niños y adolescentes de los estados del sur del país tienen alrededor del doble de probabilidad de tener bajo peso o talla para su edad, como consecuencia de la desnutrición crónica, que los que viven en el norte del país.

Con información del Pacto por la Primera Infancia, se estima que, en el año 2020, más de 149 millones de menores de 5 años en el mundo parecieron retraso del crecimiento (su estatura era demasiado baja para su edad) y más de 45 millones padecieron emaciación (su delgadez era excesiva para su altura).5 En la misma página del Pacto por la Primera Infancia, se cita el informe: “El Estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2021”,6 elaborado por diversas agencias de la Organización de las Naciones Unidas, alerta que actualmente en el mundo se enfrenta una crisis alimentaria sin precedentes, donde los más afectados son niñas, niños y adolescentes, y en particular, la primera infancia.

Tercero.- La Ley General de Salud, en su artículo 6º, frac. XI establece que: “El Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes objetivos: ... diseñar y ejecutar políticas públicas que propicien la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, que contrarreste eficientemente la desnutrición, el sobrepeso, la obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria...”7

Por lo que es su deber encaminar políticas públicas que garanticen una alimentación sana y nutritiva que genere que niñas y niños puedan llegar a alcanzar su máximo desarrollo físico y mental, cumpliendo con su derecho a la salud y velando por el interés superior de la niñez.

La UNICEF México ha dicho que: “Es necesario desarrollar una política de salud pública integral que coordine las acciones y programas para reducir la desnutrición, apoyar a los ingresos de las familias más vulnerables y acompañar el cuidado de niñas y niños en la primera infancia”.8

Las niñas y niños deben de ser una prioridad en la toma de decisiones de gobierno.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Salud federal, al sistema nacional de salud y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a tomar todas las medidas necesarias para garantizar la nutrición y sana alimentación de niñas, niños y adolescentes, con enfoque diferenciado a la primera infancia.

Notas:

1. El Pacto por la Primera Infancia. Pacto por la Primera Infancia, México.

El Pacto - Pacto por la Primera Infancia (pactoprimerainfancia.org.mx)

2. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, “Derecho a la Alimentación”

Derecho a la alimentación | Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (fao.org)

3. Artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (diputados.gob.mx)

4. “Desnutrición infantil. En México, la desnutrición crónica afecta a 1 de cada 8 niños y niñas en la primera infancia”. UNICEF México

Desnutrición infantil | UNICEF

5. “La amenaza del hambre y la desnutrición en la Primera Infancia”. Sotomayor, Alberto. 14 de julio de 2021, Pacto por la Primera Infancia, México.

La amenaza del hambre y desnutrición en la primera infancia - Pacto por la Primera Infancia (pactoprimerainfancia.org.mx)

6. Para su versión actualizada consúltese: El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2023 (fao.org)

7. Artículo 6º, fracción XI de la Ley General de Salud

Ley General de Salud (diputados.gob.mx)

8. “Desnutrición infantil. En México, la desnutrición crónica afecta a 1 de cada 8 niños y niñas en la primera infancia”. UNICEF México Desnutrición infantil | UNICEF

9. Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, ¿Qué hacemos?

Sistema Nacional DIF | Gobierno | gob.mx (www.gob.mx)

10. “Programas alimentarios del DIF logran disminuir desnutrición severa y moderada en población escolar” , Sistema Nacional DIF, 15 de octubre de 2021.

Programas alimentarios del DIF logran disminuir desnutrición severa y moderada en población escolar | Sistema Nacional DIF | Gobierno | gob.mx (www.gob.mx)

Palacio Legislativo de San Lázaro, a la fecha de su presentación.

Diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo (rúbrica)