Proposiciones

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar a la FGR a que haga de forma expedita los trámites y procedimientos legales necesarios para que la Sener, el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos y cualquier otra instancia gubernamental involucrada, transparente todos los proyectos, licitaciones, adjudicaciones directas, además de todo tipo de contratos y recursos económicos asignados para la construcción de la refinería Olmeca-Dos Bocas, a cargo de la diputada Lorena Piñón Rivera, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Lorena Piñón Rivera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a escrutinio de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El fenómeno de la corrupción en México es una preocupación constante que afecta a todos los niveles de la sociedad. La corrupción socava los cimientos de la democracia y el Estado de derecho, erosionando la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas y obstaculizando el desarrollo económico y social del país. Es crucial abordar este problema de manera integral, implementando medidas efectivas para prevenir, detectar y sancionar los actos de corrupción en el sector público y privado. Solo mediante un compromiso genuino con la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento de las instituciones democráticas se podrá combatir eficazmente la corrupción y construir un México más justo y próspero para todos.

En esta lógica, México está adherido a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, también conocida como Convención de Mérida, la cual fue asignada en nuestro país en 2003 y entrando en vigor en diciembre de 2005. En el proemio de la referida Convención, se plantea que la misma se motiva en que los países participantes lo hacen:

Preocupados por la gravedad de los problemas y las amenazas que plantea la corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley,

Preocupados asimismo por los casos de corrupción que entrañan vastas cantidades de activos, los cuales pueden constituir una proporción importante de los recursos de los estados, y que amenazan la estabilidad política y el desarrollo sostenible de esos estados,

Convencidos de que el enriquecimiento personal ilícito puede ser particularmente nocivo para las instituciones democráticas, las economías nacionales y el imperio de la ley.

De forma complementaria la Convención de Mérida indica en su artículo 10, en lo concerniente al tema de acceso a la información pública que dada la importancia de combatir la corrupción, cada Estado Parte, conforme a los principios fundamentales de su derecho interno, implementará las medidas necesarias para promover la transparencia en su administración pública, incluyendo aspectos como su estructura, operaciones y procesos de toma de decisiones, según sea apropiado. Dichas medidas abarcarán entre otras: a) Establecer procedimientos o regulaciones que permitan al público obtener información sobre la organización, operación y procesos de toma de decisiones de la administración pública, respetando debidamente la privacidad y protección de datos personales, sobre decisiones y actos jurídicos relevantes para los ciudadanos; b) Simplificar los procedimientos administrativos, cuando sea adecuado, para facilitar el acceso del público a las autoridades responsables de tomar decisiones; y c) Publicar información, enfatizando la inclusión de reportes periódicos sobre los riesgos de corrupción en la administración pública.

Asimismo, el artículo 17 de la Convención de Mérida que tiene como materia: “Malversación o peculado, apropiación indebida u otras formas de desviación de bienes por un funcionario público”, establece que:

Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente, la malversación o el peculado, la apropiación indebida u otras formas de desviación por un funcionario público, en beneficio propio o de terceros u otras entidades, de bienes, fondos o títulos públicos o privados o cualquier otra cosa de valor que se hayan confiado al funcionario en virtud de su cargo.

En consecuencia, el artículo 19 de la Convención antes citada establece:

Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometa intencionalmente, el abuso de funciones o del cargo, es decir, la realización u omisión de un acto, en violación de la ley, por parte de un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener un beneficio indebido para sí mismo o para otra persona o entidad.

Para afianzar el supuesto que configura el enriquecimiento ilícito, el numeral 20 de la Convención citada indica:

Con sujeción a su constitución y a los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometa intencionalmente, el enriquecimiento ilícito, es decir, el incremento significativo del patrimonio de un funcionario público respecto de sus ingresos legítimos que no pueda ser razonablemente justificado por él.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el impulso del bloque legislativo oficialista que simpatiza con el gobierno al que sirvió Norma Rocío Nahle García, fue reformada en el artículo 19 durante el mes de abril de 2019, con el propósito de que sea aplicada la prisión preventiva oficiosa a los actos de, “corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones”.

El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND) publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2019, se asegura en la presentación del mismo que en la narrativa de lo que se afirma que fueron los gobiernos del neoliberalismo: “la corrupción fue denominada licitación o adjudicación directa”.

Asimismo en el PND se asegura que:

La característica más destructiva y perniciosa de los neoliberales mexicanos fue la corrupción extendida y convertida en práctica administrativa regular. La corrupción ha sido el principal inhibidor del crecimiento económico. Por eso estamos empeñados, en primer lugar, en acabar con la corrupción en toda la administración pública, no sólo la corrupción monetaria sino la que conllevan la simulación y la mentira.

En la primera sección del PND alusiva a “Política y gobierno”, se afirma:

Erradicar la corrupción del sector público es uno de los objetivos centrales del sexenio en curso. Con este propósito, el Poder Ejecutivo federal pondrá en juego todas sus facultades legales a fin de asegurar que ningún servidor público pueda beneficiarse del cargo que ostente, sea del nivel que sea, salvo en lo que se refiere a la retribución legítima y razonable por su trabajo.

Lo anterior significa un combate total y frontal a las prácticas del desvío de recursos, la concesión de beneficios a terceros a cambio de gratificaciones, la extorsión a personas físicas o morales, el tráfico de influencias, el amiguismo, el compadrazgo, la exención de obligaciones y de trámites y el aprovechamiento del cargo o función para lograr cualquier beneficio personal o de grupo.

Tal es el propósito de tipificar la corrupción como delito grave, prohibir las adjudicaciones directas, establecer la obligatoriedad de las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses de todos los servidores públicos, eliminar el fuero de los altos funcionarios, fomentar la colaboración internacional tendiente a erradicar los paraísos fiscales, monitorear en línea y en tiempo real el dinero para adquisiciones y realizar verificaciones obligatorias de los precios de mercado antes de cualquier adquisición. Con ese mismo objetivo se propondrá al Congreso de la Unión la Ley Federal de Combate de Conflictos de Interés, se centralizarán las instancias de contraloría, se reforzarán mecanismos fiscalizadores como la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se reorientará la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y se creará una unidad policial especializada en lavado de dinero.

Además con la expedición de la Ley de la Fiscalía General de la República, publicada ene l Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2021, se estableció en el artículo 13 fracción V, con respecto a las atribuciones legales, indica que le corresponde: “A la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción, la investigación y persecución de los delitos contenidos en el Título Décimo del Libro Segundo del Código Penal Federal”.

De forma complementara, el Código Penal Federal indica en el artículo 214, que:

Comete el delito de ejercicio ilícito de servicio público, el servidor público que:

(...)

IV. Por sí o por interpósita persona, sustraiga, destruya, oculte, utilice, o inutilice ilícitamente información o documentación que se encuentre bajo su custodia o a la cual tenga acceso, o de la que tenga conocimiento en virtud de su empleo, cargo o comisión.

Con estos antecedentes, debe advertirse que el empresario y activista veracruzano Arturo Castagné Couturier ha difundido en diversas ocasiones desde el mes de marzo de 2024, fotografías y documentos que representan información que es de carácter pública, ya que alude la posesión de inmuebles suntuosos por parte de Norma Rocío Nahle García e integrantes de su familia, lo que derivó en investigaciones periodísticas diversas, como la del periódico Excélsior, que aluden una valuación de hasta 60 millones de pesos en esas propiedades.

Esto en el contexto de que Norma Rocío Nahle García como Secretaria de Energía era hasta hace poco Presidenta del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, y con su mandato se realizó la construcción de la refinería Olmeca-Dos Bocas, la cual estaba originalmente proyectada que costaría 8 mil millones de dólares y en realidad se ha triplicado a pesar de que ni siquiera es una obra funcional.

Es preciso destacar que la autoridad gubernamental por medio de los pretendidos Comités de Transparencia, ha reservado en distintas ocasiones y hasta por un plazo de cinco años, información concerniente a la administración y erogación de recursos económicos en el proyecto de la refinería Olmeca-Dos Bocas, por lo que la opacidad en el manejo de erario genera extrañezas razonables con respecto a la coincidente prosperidad inmobiliaria de Norma Rocío Nahle García.

Considerando lo anterior, se cita el comunicado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, hecha el 22 de marzo de 2024:

La clasificación de información como reservada debe dejar de ser una moda y, para ello, es necesario continuar capacitando a personal de las Unidades de Transparencia de todas las instituciones públicas del país, afirmó Norma Julieta del Río Venegas, Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Durante la presentación del libro La debida clasificación de la información pública. Teoría y práctica, en la 12 Feria Internacional de la Lectura de Yucatán, subrayó que “se puso de moda que todo lo que no se quiere entregar por parte de las autoridades lo clasifican como un tema de seguridad nacional; por lo regular, dicen que, de darse a conocer esa información, podría causar un daño”. Del Río Venegas refirió que un ejemplo de esa situación fue el acuerdo por el que se declaraban como de seguridad nacional e interés público los proyectos y obras de infraestructura del gobierno federal, conocido como Decretazo, en contra del cual el INAI presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, instancia que declaró la invalidez del acuerdo.

En este contexto, el candidato a Gobernador de Veracruz José Francisco Yunes Zorrilla impuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de Norma Rocío Nahle García por presunto enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita. En la exposición hecha ante medios de comunicación se estimó que la señora originaria de Río Grande, Zacatecas; para acumular un patrimonio inmobiliario de 60 millones de pesos debió ahorrar durante 39 años el total de sus ingresos sin gastar un solo peso.

Posteriormente al recurso interpuesto, el antes citado Arturo Castagné Couturier reveló la posesión de un departamento con un valor comercial de 28 millones de pesos, el cual es propiedad del esposo de Norma Rocío Nahle García.

Una vez expuestos los indicios de una inexplicable riqueza inmobiliaria, resulta necesario que exista una investigación legal y financiera escrupulosa sobre la refinería Olmeca-Dos Bocas que triplicó su costo de lo originalmente previsto de 8 mil millones de dólares; y mucha de la información concerniente a la construcción de la misma se encuentra reservada con supuestos argumentos de “seguridad nacional”, lo que por ahora los hace inaccesibles porque se encuentran previstos como documentos clasificados de acuerdo a los procedimientos descritos en el Título Sexto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP).

Afortunadamente la LGTAIP tiene previsto en el artículo 101 fracción III, indica que toda información que haya sido clasificada como reservada puede hacerse pública cuando: “Exista resolución de una autoridad competente que determine que existe una causa de interés público que prevalece sobre la reserva de la información”.

Con esta última cita, se advierte que la Fiscalía General de la República tiene las atribuciones para determinar que esa información reservada puede hacerse del conocimiento público y ser parte de la carpeta de investigación iniciada en ocasión de la denuncia presentada por José Francisco Yunes Zorrilla, considerando enfáticamente el contexto en el que la opacidad en el proyecto de construcción de la Refinería Olmeca-Dos Bocas es vista con suspicacias porque coincide de forma directamente proporcional a la prosperidad inmobiliaria de Norma Rocío Nahle García.

En tal virtud, se somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión realiza un respetuoso exhorto a la Fiscalía General de la República para que haga de forma expedita los trámites y procedimientos legales necesarios para que la Secretaría de Energía, el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos y cualquier otra instancia gubernamental involucrada, para que transparenten todos los proyectos, licitaciones, adjudicaciones directas, además de todo tipo de contratos y recursos económicos asignados para la construcción de la Refinería Olmeca-Dos Bocas; con el propósito de que sean esclarecidas legalmente las acusaciones sobre presunto enriquecimiento ilícito de la exsecretaria de energía del gobierno federal, Norma Rocío Nahle García.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de abril de 2024.

Diputada Lorena Piñón Rivera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SSPC y a sus homólogas estatales a reforzar las medidas de seguridad implementada para salvaguardar la integridad de las y los ciudadanos de México, a cargo del diputado Alán Castellanos Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputado federal Alan Castellanos Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Hablar sobre la violencia en México se ha convertido en un tópico recurrente. Hoy pareciera que se ha asumido como el statu quo de la vida en todos los ámbitos de la República. Este sexenio ha alcanzado el deshonroso primer lugar en violencia de la historia reciente del país.1

Tan sólo el año 2023 terminó con una cantidad de 30,523 víctimas de homicidio.2 Según el Inegi, fueron 15,082 asesinatos registrados de enero a junio del 2023.3 Son cifras que no se pueden ignorar en lo absoluto. México vive uno de sus periodos más violentos y esto se vierte sobre toda actividad que ocurra en el país. En 2022, la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes fue de 25.6,4 si bien es cierto que esta cifra ha ido disminuyendo desde 2018, la tasa continúa con un porcentaje preocupantemente alto.

Esto es sólo considerando a la violencia de los homicidios, mas no es el único delito registrado en el país. De acuerdo con el Inegi, en 2022 se registraron un total de 289,615 delitos.5 Esta cifra, a diferencia del 2018, ha ido en aumento, en ese año se registraron 194,642 delitos.6

Además, hay que mencionar que estos delitos son por causas penales, si consideramos todo tipo de delitos, esas cifras ascienden en 2022 a 2,234,1187 comparado con 2018 el aumento es de un 9 por ciento, en ese año los delitos registrados fueron de 2,048,569 y más la mitad de ese aumento porcentual se da de 2021 a 2022. En 2021 la cifra de delitos es de 2,130,732, el aumento porcentual conforme a 2022 es de 4,9 por ciento.8

Estos diversos delitos se reparten en diferentes rubros, entre los principales se encuentran el robo, violencia familiar, lesiones, daño a la propiedad, amenazas, delitos contra la salud relacionados con narcóticos en su modalidad de narcomenudeo, fraude, homicidio, abuso sexual y abuso de confianza Conforme a lo registrado por las Fiscalías Generales de Justicia Estatales (FGE), estos delitos cuentan en el 2022, con la cantidad de 612,071 para robos, 270,502 para violencia familiar, 220,626 para lesiones, 148,230 para daño a la propiedad, 137,215 para amenazas, 108,305 para narcomenudeo, 104,569 para fraude, 45,689 para homicidios, 34,915 para abuso sexual y 31,296 para abuso de la confianza.9

Estas cifras en comparación del 2021 se mantienen prácticamente sin cambios significativos, en algunos casos aumentan y en otros decrecen, más no de una manera que valga la pena mencionar pues las cifras se encuentran estancadas en un mismo nivel. Ahora, cabe mencionar que estas cifras corresponden a delitos registrados en las averiguaciones previas, investigaciones y carpetas de investigación abiertas en las FGE, si son comparadas a delitos registrados en las causas penales ingresadas (adultos), se reducen, por ejemplo, en los casos de violencia familiar en 2022 la cifra es de 46,966 y los de robo son de 46,457.10

Como ya se ha mencionado, la violencia general del país se extrapola a los diferentes rubros de la sociedad. Como lo es el caso de las presentes elecciones. En donde podemos constatar el amplio aumento de la violencia política. La cifra de candidatos asesinados en estas campañas electorales ha ido en un incremento alarmante. La cantidad de aspirantes, precandidatos y candidatos que hasta la fecha han sido asesinados oscila entre 24 y 25.11 A la campaña electoral todavía le falta más de un mes para terminar y esta cifra seguirá aumentando hasta entonces, todo indica que México está viviendo una su campaña más violenta en la historia reciente del país.

El asesinato de la candidata Gisela Gaytán en Celaya no es un evento aislado, es un reflejo de la condición de seguridad en la que se encuentra México. Toda la violencia del país no se reduce a sus asesinatos, sin embargo, son estos lo más remarcables dada a las implicaciones que tiene asesinar a una persona. También en los procesos electorales se han tenido demasiados casos de secuestros y amenazas, eventos que no son menos relevantes.

En esta situación de emergencia que vive el país se vulneran todo tipo de derechos, tanto humanos como constitucionales. La vida democrática y la vida en sí misma no puede coexistir con una violencia que amenaza a cada ciudadano de la República en cada instante.

Adjuntando los ejemplos de todo lo que se ha nombrado, se presentan estos artículos periodísticos de la violencia del país:

México mantiene los altos niveles de violencia y registra 30.523 asesinatos en 2023

Remarca el escenario de violencia que vive el país, en concreto, la violencia en torno a los asesinatos y el preocupante aumento de estos.12

La violencia en México: un modo de vida

Se hace hincapié en cómo es que las condiciones materiales en las que vive México empoderan a la violencia y ésta se recrea en la sociedad.13

Violencia político-electoral en México llega a ‘oídos’ de la ONU: Pide proteger a candidatos

Volder Türk, un alto comisionado de la ONU, pide que se debe proteger de la violencia que se vive en México durante estas elecciones.14

Violencia en México: hallan 7 cuerpos en un automóvil en Puebla

En esta nota se habla de cómo es que en Puebla se encontraron 7 cuerpos sin vida y la ola de violencia que vive el estado de Puebla.15

Proceso electoral de 2024 ya supera en asesinatos y violencia al de 2018

Se habla de cómo es que la violencia electoral que se ha vivido en este proceso ha sido más violenta que el de 2018.16

La violencia en México, un problema histórico que vuelve a colarse en campaña.

Reitera cómo es que la violencia vuelve a ser un tema recurrido en México, lo que deja constancia que no es una novedad en el país.17

Tanto las cifras presentadas, como la evidencia en las notas periodísticas, dejan ver cómo es que esta violencia es palpable en toda la sociedad. Pero esta no puede ser una situación perenne, y medidas deben de ser tomadas para contener la violencia vivida en México.

Es por esto que se pide reforzar las medidas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel federal, y sus homólogas a nivel estatal y municipal. Esto conforme a los que se establece en el artículo 30 Bis, fracción I de la Ley Orgánica de Administración Pública Federal:

Formular la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y la propuesta de Programa Nacional de Seguridad Pública, y ejecutar, en el marco de sus atribuciones, las políticas, programas y acciones, así como el programa sectorial correspondiente, con el fin de coadyuvar a la prevención del delito; proteger a la población ante todo tipo de amenazas y riesgos, con plena sujeción a los derechos humanos y libertades fundamentales; salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos.18

De igual manera a lo establecido en la fracción II de la misma ley, que dictamina que debe:

Coordinar el gabinete de seguridad del gobierno federal y proponer acciones tendientes a asegurar la coordinación entre la Federación, la Ciudad de México, los estados y los municipios en el ámbito del Sistema Nacional de Seguridad Pública; proponer al Consejo Nacional de Seguridad Pública las políticas y lineamientos en materia de carrera policial, el Programa Rector para la Profesionalización Policial, los criterios para establecer academias e institutos para ello, el desarrollo de programas de coordinación académica y los lineamientos para la aplicación de los procedimientos en materia del régimen disciplinario policial; participar, de acuerdo con la ley de la materia, de planes y programas de profesionalización para las instituciones policiales; coordinar las acciones para la vigilancia y protección de las instalaciones estratégicas, en términos de ley.19

Asimismo, en lo dispuesto dentro de la fracción IV, determinada como:

Proponer, en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública, políticas, acciones y estrategias de coordinación en materia de prevención del delito y política criminal para todo el territorio nacional; efectuar, en coordinación con la Fiscalía General de la República, estudios sobre los actos delictivos no denunciados e incorporar esta variable en el diseño de las políticas en materia de prevención del delito.20

Además, y con especial énfasis, en su fracción V, que establece:

Auxiliar a las autoridades federales, estatales, municipales y de la Ciudad de México que soliciten apoyo, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para la protección de la integridad física de las personas y la preservación de sus bienes; reforzar, cuando así lo soliciten, la tarea policial y de seguridad de los municipios y localidades rurales y urbanas que lo requieran, intervenir ante situaciones de peligro cuando se vean amenazados por aquellas que impliquen violencia o riesgo inminente; promover la celebración de convenios entre las autoridades federales, y de éstas, con las estatales, municipales y de la Ciudad de México para la coordinación y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el combate a la delincuencia, así como establecer acuerdos de colaboración con instituciones similares, en los términos de los tratados internacionales, conforme a la legislación.21

En general, que tenga un enfoque puesto con mayor fortaleza en la atención de delitos que afectan directamente a los ciudadanos de la República. Con el fin de garantizar un bienestar en la seguridad de la población, pues como ha sido indicado por las mediciones del Inegi, así como los eventos recientes en las elecciones, como en la vida diaria de la población, todo ciudadano se encuentra amenazado por la violencia que vive el país.

Es por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno de esta honorable asamblea, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y sus homólogos estatales y municipales, en el marco de sus respectivas competencias, refuercen las medidas de seguridad implementadas para salvaguardar la integridad de los y las ciudadanos en todo el territorio nacional, lo anterior de conformidad a las garantías constitucionales y los derechos humanos que gozan los ciudadanos mexicanos.

Notas:

1 Esto se puede constatar de acuerdo a las cifras presentadas por el INEGI en cuestión de defunciones por homicidio. Vid. INEGI (2024) Defunciones por homicidio De enero a junio de 2023 (preliminar). p. 9 Obtenido de: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2024/DH/DH20 23_En-Jn.pdf

2 Ferri, P. (16/01/24) México mantiene los altos niveles de violencia y registra 30.523 asesinatos en 2023. EL PAÍS. Obtenido de: https://elpais.com/mexico/2024-01-16/mexico-mantiene-los-altos-niveles- de-violencia-y-registra-30523-asesinatos-en-2023.html

3 INEGI (2024) Defunciones por homicidio De enero a junio de 2023 (preliminar). p. 1 Obtenido de: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2024/DH/DH20 23_En-Jn.pdf

4 INEGI (s/f) Indicadores de bienestar por entidad federativa. En INEGI. Obtenido de: https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/?ind=6200108948&tm=8#D6200 108948_568

5 INEGI (2023) Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal. p. 44. Obtenido de: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cnije/2023/doc/cnije_2023 _resultados.pdf

6 Ibídem.

7 INEGI (2023) Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y Federal 2023. p.38. Obtenido de: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cnpje/2023/doc/cnpje_2023 _resultados.pdf

8 Ibídem.

9 Ibíd. p. 40

10 INEGI (2023) Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal. p. 46. Obtenido de: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cnije/2023/doc/cnije_2023 _resultados.pdf

11 Vela, D. (03/04/24) Proceso electoral de 2024 ya supera en asesinatos y violencia al de 2018. En El Financiero. Obtenido de: Proceso electoral de 2024 ya supera en asesinatos y violencia al de 2018 – El Financiero

12 Ferri, P. (16/01/24) México mantiene los altos niveles de violencia y registra 30.523 asesinatos en 2023. EL PAÍS. Obtenido de: https://elpais.com/mexico/2024-01-16/mexico-mantiene-los-altos-niveles- de-violencia-y-registra-30523-asesinatos-en-2023.html

13 Herrera, L. (14/02/20) La violencia en México: un modo de vida. El Universal. Obtenido de: https://www.eluniversal.com.mx/opinion/luis-herrera-lasso/la-violencia- en-mexico-un-modo-de-vida/

14 EFE (04/03/24) Violencia político-electoral en México llega a ‘oídos’ de la ONU: Pide proteger a candidatos. El Financiero. Obtenido de: https://www.elfinanciero.com.mx/elecciones-mexico-2024/2024/03/04/viole ncia-politico-electoral-en-mexico-llega-a-oidos-de-la-onu-pide-proteger -a-candidatos/

15 AFP (05/04/24) Violencia en México: hallan 7 cuerpos en un automóvil en Puebla. El economista. Obtenido de: https://www.eleconomista.com.mx/politica/Violencia-en-Mexico-hallan-a-7 -cuerpos-en-un-automovil-en-Puebla-20240405-0085.html

16 Vela, D. (03/04/24) Proceso electoral de 2024 ya supera en asesinatos y violencia al de 2018. Obtenido de: https://www.elfinanciero.com.mx/elecciones-mexico-2024/2024/04/03/proce so-electoral-de-2024-ya-supera-en-asesinatos-y-violencia-al-de-2018/

17 Cordero, A. (02/04/24) La violencia en México, un problema histórico que vuelve a colarse en campaña. France 24. Obtenido de: https://www.france24.com/es/programas/historia/20240402-la-violencia-en -m%C3%A9xico-un-problema-hist%C3%B3rico-que-vuelve-a-colarse-en-campa%C 3%B1at

18 Ley Orgánica de Administración Pública Federal (DOF 01-12-2023). Artículo 30 Bis, Fracción I

19 Ibíd. Artículo 30 Bis, Fracción II

20 Ibíd. Artículo 30 Bis, Fracción IV

21 Ibíd. Artículo 30 Bis, Fracción V

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de abril de 2024.

Diputado Alan Castellanos Ramírez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al INAH a efecto de que proceda al rescate de los vestigios arqueológicos ubicados en el municipio de Zacapu, Michoacán de Ocampo, a cargo de la diputada Alejandra Gutiérrez Zapien, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Alejandra Gutiérrez Zapién, diputada por el estado de Michoacán de Ocampo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura, del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como demás relativos y aplicables, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

México está atravesado de este a oeste por una cordillera conocida como Eje Neovolcánico Transversal, cuya actividad ha modificado el paisaje a lo largo de millones de años, trayendo consigo la formación de cuencas y edificios volcánicos diversos, como los célebres Iztaccíhuatl, Popocatépetl y Citlaltépetl, otros sumamente jóvenes como el Paricutín y algunos cuya erupción se cree que pudo haber incidido sobremanera en el desarrollo de nuestros antepasados, como el Xitle, en Ciudad de México.

Si hemos de ir muy atrás en la historia de Michoacán, encontramos que en lo que ahora es el municipio de Zacapu florecieron civilizaciones precolombinas hasta ahora poco estudiadas, mismas que tuvieron la capacidad de construir centros urbanos en medio de terrenos moldeados por la lava, fenómeno similar al ocurrido en otras urbes precolombinas, como Cantona y Teotenango. De acuerdo con Pétrequin, el reino purépecha se desarrolló primeramente en esta ciudad y luego en Pátzcuaro y Tzintzuntzan como resultado de una simbiosis ecológica y económica, así como a una estructura sociopolítica sumamente coercitiva.1

El arqueólogo francés afirma que la cuenca de Zacapu se halla mencionada varias veces en un conjunto de relatos dictados hacia 1540 a un religioso español por uno o varios miembros de la élite purépecha, denominado Relación de Michoacán. En dicha obra novohispana se establece que Zacapu fue el sitio donde se formó lo que él llama como el “Estado Tarasco”, antes de la fundación de otros centros urbanos, como Pátzcuaro, siendo un centro religioso y poblacional situado al borde del lago y del malpaís, una meseta de lavas volcánicas. La actual ciudad se encuentra asentada en el lugar del asentamiento prehispánico, al cual llegaron los conquistadores en 1524, donde practicaron la reducción de las poblaciones que hasta entonces se hallaban dispersas en la cuenca.2

Las formas de subsistencia tradicionales estaban vinculadas con el carácter cenagoso de la región. Así, mientras en las lomas se cazaban venados, jabalíes y patos, en la ribera se practicaba una agricultura de humedad, cosechándose maíz, frijoles y habas. También era posible la pesca de peces, ranas, tortugas y cangrejos, al igual que se recolectaban almejas. Las casas se construían con base en juncos y se explotaba el tule a fin de tejer petates, los cuales se comerciaban con los habitantes de Pátzcuaro.3

Hace aproximadamente cuarenta años se empezaron a realizar trabajos arqueológicos en Zacapu, sólo que estos se han topado con la dramática transformación del entorno iniciada a partir de la época colonial con la desecación de las ciénegas y la ampliación de las labores de labranza. El resultado de esto ha sido el hallazgo de zonas funerarias en El Moral, Guadalupe y Loma Alta, habiéndose encontrado sepulturas en urnas, e incluso, fragmentos de hueso de mamut. También se dio cuenta de la existencia de vestigios de construcciones de piedra y de pisos construidos a partir de arcilla. Tales descubrimientos permitieron suponer la existencia de una “jerarquía social dominada por jefes cuyo prestigio quedaba ratificado después de la muerte”. Estos datos designan, a decir de Pétrequin, comunidades estratificadas, prósperas, capaces de importar objetos suntuarios y dotadas de instituciones religiosas y políticas.4

Por su parte, Grégory Pereira, investigador del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, quien dirige desde 2010 el proyecto arqueológico Uacúsecha afirmó durante una conferencia de prensa organizada por el Colegio Nacional que Zacapu “es un eslabón clave para la historia prehispánica de Michoacán (...) “Tanto los datos etnohistóricos como los arqueológicos concuerdan con la idea de que ahí se dio una transformación importante previa a la formación del estado purépecha, pero de gran relevancia ya que se formalizó un estilo de vida urbano que no existía con antelación en la zona”.5

Pereira agregó que Zacapu, constituye “un patrimonio enorme con muchos sitios arqueológicos”, ya que en las cuatro ciudades hasta ahora estudiadas se han detectado más de sesenta yácatas, sesenta pirámides, miles de estructuras de todos tipos y “es un conjunto excepcionalmente bien conservado porque durante siglos estas zonas han sido consideradas por los españoles como sitios malos, las llamaron malpaís, y desde que se abandonaron nunca fueron ocupadas de forma notable, lo cual ha garantizado su conservación”.6

No es ocioso mencionar que gracias al proyecto Uacúsecha (nombre que proviene de antiguos pueblos chichimecas que, según un relato fueron gobernados por Hire Ticatame, ancestro de los cazonci o reyes purépechas) fue posible explorar en el Malpaís Prieto un sitio conocido como La Ciudad Perdida, edificado entre los siglos XII y XIV, el cual se extiende sobre una superficie de 40 ha. Hablamos de un paraje donde se conjugan el entorno histórico y ecológico que ha permitido estudiar la vida de sus antiguos habitantes, en los ámbitos cotidiano, social y político.7

Otros sitios arqueológicos ubicados en Zacapu son La Crucita y Las Iglesias, el primero de ellos cuenta con las yácatas de Tucup Achá y Querenda Angapeti, mientras que en el segundo han sido halladas una pirámide cuadrangular, yácatas y habitaciones. Nos referimos a asentamientos cívicos y ceremoniales constituidos por juegos de pelota, plazas, pirámides y plazas que revelan la existencia de sociedades complejas y sumamente avanzadas para la época, cuyo auge probablemente haya llegado a su fin tras la erupción del Malpaís Prieto, en el siglo XIII,8 lo que originó movimientos migratorios hacia otras regiones del actual estado de Michoacán.

Los trabajos arqueológicos hasta ahora realizados en Zacapu plantean más dudas que certezas sobre la historia del lugar, como las relaciones de los habitantes de la zona con los de la cuenca de México y del valle de Puebla – Tlaxcala o la siempre enigmática ciudad de Teotihuacán. También es motivo de duda para los estudiosos el probable orìgen de los purépechas en Chupícuaro. Qué decir de los posibles intercambios entre los antiguos habitantes de Loma Alta y los de Chalchihuites, Zacatecas, u otros pueblos asentados en el sur y suroeste del actual territorio de los Estados Unidos9 Otro punto de discusión entre los especialistas son las razones del abandono de los sitios del Malpaís de Zacapu, un aspecto que dista de ser aclarado y que bien valdría ser revelado por la ciencia.

Lamentablemente, los riesgos a que se enfrentan numerosos sitios arqueológicos del país van más allá del deterioro por el paso del tiempo. Los monumentos prehispánicos se enfrentan a amenazas como el saqueo, el crecimiento urbano desordenado y el tráfico ilegal de piezas, entre otros. En el caso de Zacapu, Pereira denunció en 2022 que una trinchera destrozó dos terceras partes del Malpaís Prieto. “De las sesenta yácatas son muy pocas las que no sufrieron saqueos más o menos importantes, la gente imagina que va a encontrar tesoros, que va a encontrar monedas y no es el caso”.

En abril del año pasado los medios de comunicación dieron cuenta que un desarrollo comercial se construyó en la zona de La Crucita, donde pobladores denunciaron el saqueo de piedras que conformaban las yácatas, mismas que fueron utilizadas para la construcción de bardas, esto aunado a la quema de bosque y la plantación ilegal de aguacate. Derivado de lo anterior, la Secretaría y la Procuraduría del Medio Ambiente estatales solicitaron la intervención del Instituto Nacional de Antropología e Historia, a efecto de remediar la situación.10

El problema dista de ser nuevo. Desde hace ocho años la prensa ha documentado que en La Crucita las yácatas se encuentran cubiertas por construcciones de cemento y madera, siendo ignoradas por las personas que habitan en dichas edificaciones.11

La situación de abandono descrita sólo se puede superar con la intervención del Instituto Nacional de Antropología e Historia, entidad que, por su profesionalismo y probada capacidad, merece todo nuestro respeto, y a la cual acudimos a fin de que sea rescatado el patrimonio arqueológico de Zacapu, una tarea que, hasta ahora, sentimos que no ha contado con el apoyo institucional suficiente a fin de revelar su riqueza. Es por ello que respetuosamente exhortamos al ciudadano director general de dicha institución, a efecto de que se proceda al rescate de los vestigios arqueológicos ubicados en el municipio de referencia, tarea que, de ser realizada, contribuirá a refrendar el orgullo que sentimos los michoacanos por nuestro pasado.

Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, elevo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente al ciudadano director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, a efecto de que se proceda al rescate de los vestigios arqueológicos ubicados en el municipio de Zacapu, estado de Michoacán de Ocampo.

Notas:

1 Pétrequin, Pierre, Ocho mil años de la cuenca de Zacapú, Centro de estudios mexicanos y centroamericanos, Cuadernos de estudios michoacanos no. 6, 1994, México. Consultado en https://books.openedition.org/cemca/2345?lang=es el 12 de abril de 2024 a las 16:37 horas.

2 Ib.

3 Pétrequin, op. cit.

4 Ib.

5 Consultado en https://colnal.mx/noticias/discuten-hallazgos-arqueologicos-de-zacapu-c una-del-imperio-purepecha-en-el-colegio-nacional/ el 12 de abr. de 2024 a las 17:57 horas.

6 Ib.

7 Consultado en https://desarrollo.cemca.org.mx/es/el-proyecto-arqueologico-uacusecha/ el 12 de abr. de 2024 a las 18:26 horas.

8 Consultado en https://www.geofisica.unam.mx/guias-de-campo/IGEF_guia_campo_zacapu_202 3.pdf el 12 de abril de 2024 a las 18:41 horas.

9 Consultado en http://archaeopress.com/Public/download.asp?id=%7BD5133C15-6B24-4401-8A 31-5B12EAB6B1FF%7D el 12 de abril de 2024 a las 19:10 horas.

10 Consultado en https://proam.michoacan.gob.mx/conservacion-de-zonas-naturales-una-prio ridad-para-la-proam/ el 12 de abril de 2024 a las 19:30 horas.

11 Consultado en https://www.quadratin.com.mx/municipios/regiones/yacatas-ocultas-olvida das-casas-zacapu/ el 12 de abril de 2024 a las 19:35 horas.

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, a 16 de abril de 2024.

Diputada Alejandra Gutiérrez Zapién (rúbrica)