Proposiciones

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar a autoridades de las entidades federativas y de la CdMx, así como a las municipales y alcaldías a que, de manera coordinada con las instancias gubernamentales encargadas de la asistencia social, refuercen acciones e implementen los mecanismos necesarios encaminados a la atención integral de las personas en situación de calle o indigentes que se encuentren en su demarcación, a cargo de la diputada Alma Cristina Rodríguez Vallejo, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal Alma Cristina Rodríguez Vallejo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración del pleno la proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La “Declaración Universal de los Derechos Humanos” adoptada el 1948, fue un gran instrumento legal que ha servido como base ante de la observancia en el respeto pleno a los derechos que tiene toda persona sin importar origen, raza, género o cualquier otra distinción, para el desarrollo y bienestar.

En nuestro país uno de los flagelos sociales que ha ido incrementándose e visibilizándose, es el grave problema que viven día a día las persona en situación de calle, quienes además de no contar con los recursos necesarios para disfrutar a plenitud de sus derechos fundamentales, sufren discriminación excesiva y mayor riesgo en su integridad física, psicológica y social.

Uno de los problemas al que nos enfrentamos, es que no existe una definición homologada de lo que se considera como persona en situación de calle, pues mientras algunas instituciones las refieren como “toda persona o grupos de personas con o sin relación entre sí, que subsisten en la calle o el espacio público utilizando recursos propios y precarios para satisfacer sus necesidades elementales”,1 otras retoman la definición de organismos de derechos humanos refiriéndolas como “un grupo social excluido, donde coexisten niñas, niños, jóvenes, mujeres, familias, personas adultas y adultas mayores, que sobreviven con sus propios recursos en medio de las adversidades de la calle.”2

Por otro lado, el no contar con datos estadísticos precisos de personas que se encuentra bajo esta situación, agrava más el problema; no obstante, es de reconocer que algunos Sistemas de Desarrollo Integral de las Familias en los Estados, hacen lo posible por contar con cifras lo más apegado a la realidad, sin embargo, es complejo precisar el número de la población en situación de calle dada la movilidad de la persona.

Ejemplo de lo anterior, es la discrepancia entre datos del Censo 2020 realizado por el Inegi que señalaba en la Ciudad de México a más de mil doscientas personas habitando en la calle, mientras que la Secretaría de Inclusión y Bienestar de la propia Ciudad de México, en el mismo año dio cuenta de una “población callejera”, de 900 personas.

Resulta preocupante que pese a existir un vasto número de instrumentos legales garantes de los derechos humanos en nuestro sistema, las personas en situación de calle, no puedan acceder a por lo menos su inclusión en programas y acciones de gobierno que faciliten el disfrute de sus derechos, especialmente en aquellos que son básicos para la atención especial a la salud, a la alimentación, a la vivienda digna y a la educación.

No debemos ignorar o menospreciar la realidad a las que se enfrenta este sector poblacional, quienes a decir de Luis Enrique Hernández, director de la organización “El Caracol A.C”,3 están más expuestos a un “deterioro físico y mental que en la mayoría de los casos conlleva a problemas de salud muy previsibles como son la neumonía, problemas respiratorios graves que pueden terminar con la vida, intoxicaciones, así como mayor exposición a heridas graves y accidentes de tránsito.”4

Invocando el espíritu del artículo 4 y 22 de la Ley de Asistencia Social, que establece el derecho y los sujetos a la asistencia social, así como la concurrencia entre entidades y dependencias federales, estatales y municipales, dependencias gubernamentales, órganos desconcentrados y, la participación de los sectores público, privado y las comunidades, vinculados a acciones de asistencia social en favor de las personas y familias, es que me permito hacer un llamado para que de manera coordinada y conforme a las atribuciones de cada instancia señalada, reforcemos acciones e implementemos mecanismos que respondan a la demanda social que hoy se aborda y que será en beneficio de personas y grupos poblacionales altamente sensibles a la vulnerabilidad de sus derechos, lo cual genera una condición de desventaja significativa.

Es por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente:

Punto de acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, a las autoridades de las entidades federativas y de la Ciudad de México, así como a las municipales y alcaldías, respectivamente para que, en el ámbito de sus atribuciones y de manera coordinada con las instancias gubernamentales encargadas de la asistencia social, refuercen acciones e implementen los mecanismos necesarios encaminados a la atención integral de las personas en situación de calle o indigentes que se encuentren en su demarcación.

Notas:

1 https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5a1/ef8/35a/5a1ef 835a79ba819774826.pdf

2 https://igualdad.ine.mx/igualdad/personas-en-situacion-de-calle/

3 https://www.facebook.com/elcaracolac/?locale=es_LA

4 https://contralinea.com.mx/portada/la-calle-no-hace-caricias-en-2022-1- mil-indigentes-murieron-en-mexico/

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 11 días del mes de abril de 2024.

Diputada Alma Cristina Rodriguez Vallejo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SICT a modificar la norma N-LEG-3/07, correspondiente al libro legislación parte 3, “Ejecución de Obras”, a cargo del diputado Carlos Fernando García Astorga, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, Carlos Fernando García Astorga, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 6 numeral 1 fracción I; 79 numeral 1 fracción II y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta asamblea, proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 25 de marzo de 2021, el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión aprobó con 456 votos el Dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 22 Bis a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal,1 con el objeto de que en el diseño de nuevas construcciones de caminos, carreteras y autopistas, así como en la modernización de las existentes, se contemple la implantación de pasos de fauna.

Definiendo como pasos de fauna a las estructuras transversales a un camino, carretera o autopista para habilitar el paso seguro de fauna silvestre a los hábitat (sic), fragmentados por la construcción de dichas vías de comunicación, con la finalidad de proteger y conservar los ecosistemas.

El 4 de octubre de 2023, el Senado de la República, avaló con 79 votos, la minuta con proyecto de decreto mencionado,2 y en este marco, reconoció que las carreteras si bien son uno de los vínculos principales entre el desarrollo social y económico de los países industrializados y en desarrollo, también generan impactos negativos en la dinámica natural de los ecosistemas y de la fauna silvestre asociada a ellos por asociarse a fuentes de contaminación acústica y lumínica, de desechos sólidos y de contaminantes como CO, CO2, y aquellos generados por el derrame de combustibles y aceites automotores además de promover la degradación del hábitat debido a que facilitan el acceso a áreas remotas, desencadenando procesos como la deforestación y los cambios de uso de suelo, lo que en última instancia, limita la movilidad e incrementa la mortalidad de organismos silvestres debido a la ocurrencia de atropellamientos por automóviles.

En concordancia con la cámara de origen, consideró prioritario promover y proteger la fauna megadiversa del país a través de acciones concretas que den mayor certidumbre a las estrategias propuestas para la protección de estas especies de fauna en nuestro país, en materia de reducción de colisiones y muerte de animales terrestres por atropellamiento.

La reforma mencionada prevé en el segundo transitorio que, a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, efectuándose el 15 de noviembre de 2023,3 el titular del Ejecutivo federal por conducto de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SCT), en un plazo no mayor de 90 días naturales, deberá modificar la norma N-LEG-3/07 correspondiente al libro legislación parte 3, “Ejecución de obras”. Plazo que feneció el pasado martes 13 de febrero de 2024 y que a la fecha la SCT ha sido omisa respecto a lo mandatado por el Congreso de la Unión.

La falta de actualización a la norma N-LEG-3/07 mencionada, adquiere relevancia debido a que su contenido establece criterios de carácter general en materia de ejecución, medición, base de pago y estimación de las obras para la infraestructura del transporte, que lleve a cabo la SCT de manera directa o a través de un contratista de obra, así como los correspondientes para la aplicación de sanciones por incumplimiento del programa de ejecución o de la calidad establecida y la aplicación de estímulos en términos de calidad lograda en dichas obras. Asimismo, contiene requisitos para la ejecución de una obra pública, sin los cuales no es posible iniciar la misma, dentro de los que destacan:

C.1. El proyecto ejecutivo completo de la obra, que incluya los trabajos de mitigación al impacto ambiental, totalmente terminado, o bien, en el caso de obras públicas de gran complejidad, con avance tal que sea ejecutable sin interrupción, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en cuyo caso se requerirá el dictamen técnico que justifique el carácter de dichas obras, a que se refiere la fracción IX del artículo 1 del Reglamento de esa ley. El proyecto estará formado por:4

C.1.1. La descripción de la obra y de sus partes , así como de los trabajos generales que sean necesarios para ejecutar la obra conforme al proyecto.

...

C.1.3. Las especificaciones del proyecto, es decir, las especificaciones generales y particulares de construcción que incluyan las normas de calidad de los materiales, a que se refieren la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, debidamente aprobadas por las Autoridades competentes de la Secretaría.

C.2. El catálogo de conceptos y cantidades de obra, que contenga todos los conceptos de obra por ejecutar con sus cantidades.

C.3. En su caso, relación de materiales, equipos de instalación permanente e instalaciones o servicios que proporcione la Secretaría para la ejecución de la obra y el programa de suministro de los mismos.

...

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C.9. Los programas, tanto para la obra como para los trabajos de mitigación al impacto ambiental .

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...

Si bien, de acuerdo con el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), por sus siglas en inglés),5 nuestro país ocupa el quinto lugar a nivel mundial en variedad de plantas y anfibios, el tercero en mamíferos y el segundo en reptiles, por lo se denomina como país megadiverso. El principal criterio para pertenecer a este grupo es el endemismo y para considerarse como como tal, debe tener por lo menos 5,000 especies endémicas de plantas y, adicionalmente, datos de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, confirman que, en 2002 se creó el grupo de Países Megadiversos Afines (LMMC, por siglas en inglés) en Cancún, Quintana Roo, en el que se incluyó a Guatemala, Costa Rica, Kenia, Etiopía e Irán) México es uno de los tres países megadiversos (junto con Estados Unidos y Colombia) con litorales tanto en el Atlántico como en el Pacífico;6 la fragmentación de ecosistemas acuáticos, terrestres y mixtos, derivado de la construcción de caminos, carreteras y autopistas y del proceso de modernización de las existentes, continúa en aumento.

Expertos aseguran que el proceso de fragmentación tiene efectos negativos: interrumpe los corredores biológicos naturales, cambia el microclima, e incluso causa la extinción de la flora y la fauna.7 En este contexto, se coincide en que es importante señalar las siguientes consecuencias directas de la fragmentación:

a) La fragmentación presenta una reducción de la cobertura boscosa que tiene como consecuencia la disminución de la biodiversidad . Esta reducción de áreas boscosas afecta no solo a las especies que allí habitan , sino también a aquellos individuos que requieren áreas grandes de hábitat continuo (corredores biológicos) para mantener poblaciones viables.

b) La fragmentación aísla poblaciones en los parches de hábitat, lo que reduce las probabilidades de supervivencia de las especies que dependen del tamaño del fragmento y de su grado de aislamiento.

c) La fragmentación modifica el proceso de interacción entre las especies, por lo que provoca indirectamente su extinción en el área .

Por lo que, queda clara la necesidad urgente de realizar un manejo integrado de los recursos naturales, mediante una estrategia que involucre las características de la diversidad biológica y su entorno, así como los aspectos socioeconómicos y culturales del área, con la finalidad de conocer, restaurar y respetar la complejidad de los procesos ambientales.8

Adicionalmente, el actual contexto de ejecución de obras de infraestructura del presente sexenio como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la Refinería Olmeca o “Refinería Dos Bocas” y el Tren de Maya, por mencionar algunas de ellas, ha fragmentado exponencialmente los ecosistemas del perímetro de cada obra. Problemática por la que diversas organizaciones de la sociedad civil han denunciado la deforestación de al menos 6 659 hectáreas, tratándose del Tren Maya. En febrero de 2023, en una respuesta a una solicitud de información, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) —dependencia que está a cargo del proyecto del Tren Maya— aseguró que se habían talado o removido 3.4 millones de árboles por los trabajos realizados en los diferentes tramos de la obra. De acuerdo con esa respuesta de Fonatur, en los tramos 4 y 5 es donde más se han talado o removido árboles.9

Otro de los temas de alta relevancia son la conservación de la fauna y establecimiento de puentes ecológicos, derivado de la construcción de los tramos 5, 6 y 7 que pasan por áreas naturales protegidas, como la reserva de la Biosfera de Calakmul y la zona de Balamkú, con muchas especies endémicas; es decir, aquellas que sólo habitan en un lugar de la Tierra. Entre ellas está el jaguar, pero también el tapir, el loro yucateco y el ocelote.10

Organizaciones medioambientales como Greenpeace y el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil; entre otras, han encontrado que sólo en Calakmul hay 20 especies en peligro de extinción, 59 amenazadas, y 91 sujetas a protección especial. Esto acorde al registro de la NOM-059, la norma establecida para identificar y proteger las especies silvestres que están en riesgo. En Balamkú se calcula que existen 109 especies de árboles y 383 especies de animales vertebrados terrestres, de los cuales el 26 por ciento se encuentran en estado especial de protección.11

Ante el panorama de riesgo prevaleciente en términos de protección y conservación de ecosistemas por la construcción de caminos, carreteras y autopistas en nuestro territorio nacional, se confirma la urgencia que la SCT en su carácter de autoridad responsable para realizar la modificación de la norma N-LEG-3/07 correspondiente al libro legislación parte 3, “Ejecución de obras” y cumplir con lo mandatado por el Congreso de la Unión, el 15 de noviembre de 2023.

Por lo expuesto, en mi calidad de secretario de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, someto a consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a que, en términos de lo previsto en el segundo transitorio del decreto por el que se adiciona un artículo 22 Bis a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de noviembre de 2023, modifique la norma N-LEG-03/07 correspondiente al libro legislación parte 3, “Ejecución de Obras”.

Notas:

1 Gaceta Parlamentaria 5744-V, 23 de marzo de 2021. https://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2021/mar/20210323-V.pdf2Gac eta Parlamentaria, LXV/3PPO-23-3284/138420, 04 de octubre de 2023.
https://www.senado.gob.mx/65/gaceta_del_senado/documento/138420

3 DECRETO por el que se adiciona un artículo 22 Bis a la Ley de Caminos, Puentes yAutotransporte Federal. DOF 15/11/2023. https://www.dof.gob.mx/

4 Norma N.LEG.3/07, Libro: LEG. LEGISLACIÓN, parte 3, Ejecución de obras.https://normas.imt.mx/normativa/N-LEG-3-07.pdf

5 World Wide Fund for Nature, https://www.worldwildlife.org/

6 México megadiverso, Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad,
https://www.biodiversidad.gob.mx/pais/quees

7 Navarro Rodríguez, María del Carmen, et al., Fragmentación y sus implicaciones, Análisisy reflexión documental, Departamento de Ciencias Biológicas, Guadalajara, Jalisco, Centro

Universitario de la Costa, Universidad de Guadalajara, 2015, p. 7-10.
http://www.cuc.udg.mx/sites/default/files/publicaciones/2015%20-%20Fragmentaci%C3%B3n%20y%
20sus%20implicaciones.%20An%C3%A1lisis%20y%20reflexi%C3%B3n%20documental.pdf

8Idem.

9 Gómez Durán, Thelma, “México: organizaciones denuncian que obras del Tren Maya han deforestado hasta el momento 6 659 hectáreas”, Mongabay, periodismo ambiental

independiente en Latinoamérica, 04 de agosto de 2023.https://es.mongabay.com/2023/08/mexico-organizaciones-denuncian-de forestacion-por-tren-maya/

10 Alemán, Ricardo, “Al menos 170 especies están en riesgo por culpa del Tren Maya”, Laotra Opinión, 18 de noviembre de 2023. https://laotraopinion.com.mx/al-menos-170-especies-estan-en-riesgo-por- culpa-del-tren-maya/

11 Idem.

Dado en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, 16 de abril de 2024.

Diputado Carlos Fernando García Astorga (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Cofepris y a la Cofece a instrumentar acciones en el ámbito de su competencia, para frenar la operación irregular y la competencia desleal, así como para intensificar la verificación sanitaria de tortillerías en el territorio nacional, a cargo de la diputada Diana María Teresa Lara Carreón, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Diana María Teresa Lara Carreón, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y a la titular de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), instrumentar acciones en el ámbito de su competencia, para frenar la operación irregular y la competencia desleal, así como para intensificar la verificación sanitaria de tortillerías en el territorio nacional, al tenor de los siguientes:

Consideraciones

La tortilla de maíz es un alimento que forma parte de la dieta básica de nosotros los mexicanos. Se trata de un alimento rico en nutrientes y con un sabor inigualable, que puede combinarse con cualquier guiso salado o dulce. Todo mexicano ha comido, por lo menos una vez en su vida, un taco de sal o de azúcar. La tortilla de maíz puede aportar vitamina C, hierro, vitamina B6 y magnesio.

La tortilla de maíz tiene sus orígenes en Mesoamérica, donde se convirtió en uno de los principales elementos de la dieta de los mexicanos. Su elaboración se realizaba en cada hogar, transmitiendo el conocimiento de generación en generación.

En la década de 1940 inició su producción industrial, lo cual obligó a que se incrementara la producción de maíz, con la finalidad de cubrir la demanda de la población en constante crecimiento.

A finales de esa década, en 1947, Fausto Celorio Mendoza inventó una máquina. La producción en masa permitió que el consumo de popularizará aún más, garantizando el acceso a los lugares más recónditos del país, homogeneizando la producción.

En el presente, la popularidad de la tortilla se ha incrementado. Es por todos conocido que se ha convertido en la base de infinidad de platillos, a lo que se agrega la gran popularidad que han adquirido los tacos en el país y en diversas partes del mundo. Cada año se consumen 30 millones de toneladas en el país.

La producción industrial de la tortilla se ha diversificado en cuanto a los ingredientes con los que se elabora, actualmente se venden a nivel masivo las tortillas de harina y nopal.

El consumo de tortilla puede contribuir a que las personas fortalezcan su salud, proporciona magnesio; fósforo; potasio; niacina y hierro; pero la aportación más relevante la realiza la interacción de las vitaminas C y D con el calcio.

Es importante destacar que la producción de alimentos debe ser vigilada por diversas autoridades, las encargadas de vigilar y proteger la economía, la competencia económica con equidad, pero también las autoridades de salud.

En los últimos años se ha difundido entre la población que muchos productores de tortilla con la finalidad de disminuir costos no emplean maíz para producir la tortilla, que en realidad utilizan solamente el olote, que es el corazón de la mazorca de maíz, lo que genera un producto más económico pero de baja calidad.

Así mismo, los productores se han quejado de que muchos productores de tortilla no cumplen con las condiciones de producción que las autoridades han establecido para asegurar que el consumo de ese producto no se convierta en un problema para la salud pública. Por ello se exige que las máquinas sean fabricadas con acero inoxidable de grado alimenticio, sin embargo, hay quienes emplean metal galvanizado.

Así mismo, refieren que el agua que emplean para la producción no cumple con las condiciones de salubridad exigidas por norma, sin embargo, las autoridades de salud, entiéndase la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), así como las autoridades estatales han sido omisas en las acciones de vigilancia sanitaria y verificación del cumplimiento de la ley. Es importante mencionar que dicha situación puede estar generando competencia desleal.

La producción de tortillas representa 211 mil millones de pesos al año. Ello le otorga una gran relevancia en la economía nacional. Por ello es necesario contar con políticas públicas que generen mejores condiciones para la industria de la tortilla. En ello debe intervenir la Cofepris con apoyo de las Cofeprises, así como de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

Con base en lo aquí expuesto, pongo a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), licenciado Alejandro Ernesto Svarch Pérez, y a la titular de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), licenciada Andrea Marván Saltiel, a instrumentar acciones en el ámbito de su competencia, para frenar la operación irregular y la competencia desleal, así como para intensificar la verificación sanitaria de tortillerías en el territorio nacional.

Dado en la Ciudad de México, a los 15 días, del mes de abril del 2024.

Diputada Diana María Teresa Lara Carreón (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP a reconsiderar la cancelación del programa de mantenimiento y conservación de las carreteras federales para 2024, con especial atención en Durango, a cargo de la diputada María Elena González Rivera, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada María Elena González Rivera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes:

Consideraciones

En México, la infraestructura carretera es un pilar fundamental para el desarrollo económico, la integración territorial y la cohesión social del país. Constituye la red que facilita el movimiento de personas y mercancías, conectando comunidades, ciudades y regiones, lo que permite no solo impulsar el comercio interno y externo, sino también promover el turismo y la inversión. Una red carretera eficiente y bien mantenida es esencial para garantizar la seguridad vial, reducir los costos de transporte y mejorar la competitividad de la economía mexicana en el ámbito global. Además, juega un papel crucial en la respuesta rápida ante emergencias y desastres naturales, asegurando el acceso oportuno a servicios esenciales y la distribución eficaz de ayuda. En este sentido, invertir en el mantenimiento y expansión de la infraestructura carretera no es solo una cuestión de progreso económico, sino también de equidad y bienestar social para todos los mexicanos.

No obstante, recientemente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante una decisión que ha generado profunda preocupación, ha cancelado el programa de mantenimiento y conservación de carreteras federales para el año 2024. Esta medida afecta de manera directa a la carretera roja de 42 mil kilómetros de vías libres de peaje en toda la República mexicana. Este vasto sistema de carreteras se quedará sin las esenciales obras de señalización, reencarpetado, bacheo, barreras de protección, deshierbe, limpieza de cunetas y alcantarillado, y revisión de puentes, entre otras acciones críticas de mantenimiento, dejando a los usuarios ya la infraestructura en una situación de riesgo y vulnerabilidad.1

Es entonces, que la decisión de cancelar 380 licitaciones nacionales, argumentando razones de fuerza mayor, repercute negativamente no solo en la infraestructura vial del país sino también en el tejido económico que sustenta a las empresas privadas contratistas. Estas empresas, que habían cumplido con todos los trámites y se habían preparado para iniciar las obras, se ven ahora enfrentadas a pérdidas económicas significativas, estimadas en conjunto en 171 millones de pesos, además de la desestabilización laboral y económica de cientos de trabajadores y sus familias.2

En el estado de Durango, el impacto de esta decisión se ha sentido con particular gravedad. Se han cancelado 21 licitaciones, lo que ha sido descrito como un recorte “brutal” de 370 millones de pesos en el rubro carretero. Esta medida afecta directamente a más de 500 personas, equivalente a un igual número de familias que dependían de estos ingresos, exacerbando las condiciones de desempleo y desestabilidad económica en la región.3

La reasignación de 11 mil millones de pesos del presupuesto destinado originalmente para el mantenimiento carretero hacia otros rubros ha dejado en un estado de abandono a importantes rutas federales en Durango, incrementando el riesgo para la seguridad de los usuarios debido a la falta de mantenimiento adecuado y de alumbrado, particularmente en túneles, lo que incrementa el riesgo de accidentes. Esta situación pone de manifiesto una preocupante falta de consideración por las necesidades y el bienestar de los duranguenses y de todos los mexicanos que transitan por estas vías.4

Es por ello, que presento el presente exhorto para que las autoridades competentes, evalúen y consideren el impacto a largo plazo que el descubierto y la falta de inversión en la infraestructura vial pueden tener en la seguridad pública, la economía y el bienestar general de los ciudadanos, subrayando la importancia crítica de estas vías para la movilidad y el desarrollo. sustentable del país.

En esencia, este punto de acuerdo es un llamado a la acción urgente y responsable por parte del gobierno federal, enfatizando la necesidad de revertir decisiones que comprometen la seguridad, la economía y la calidad de vida de los mexicanos, con una mención específica a las necesidades y retos enfrentados por el estado de Durango debido a estas políticas.

Por lo antes expuesto y fundamentado, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea para pedir la solidaridad de ustedes para reconsiderar la decisión de cancelar el programa de mantenimiento y conservación de las carreteras federales para el año 2024 y asegurar que se destinan los fondos necesarios para garantizar la seguridad y funcionalidad de estas vías, por lo que me permito proponer, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a reconsiderar la decisión de cancelar el programa de mantenimiento y conservación de las carreteras federales para el año 2024 y asegurar que se destinan los fondos necesarios para garantizar la seguridad y funcionalidad de estas vías, con especial énfasis en la situación crítica del estado de Durango.

Segundo . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a priorizar la seguridad vial y el bienestar económico de las familias afectadas por la cancelación de licitaciones y proyectos de mantenimiento, buscando soluciones inmediatas para mitigar el impacto económico y social.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a garantizar la transparencia y rendición de cuentas en la reasignación de fondos originalmente destinados al mantenimiento de carreteras federales, proporcionando información clara sobre el uso de estos recursos.

Notas:

i Juan Carlos Chávez, Quita gobierno federal 370 mdp a Durango, Periódico Victoria de Durango, consultado por última vez en https://periodicovictoria.com/quita-gobierno-federal-370-mdp-a-

durango/, 1 abril, 2024

ii Ibidem.

iii Salvador García Soto, Cancelan mantenimiento a carreteras federales, EL UNIVERSAL. Consultado por última vez el 08 de abril de 2024 en https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/cancelan-ma ntenimiento-a-carreteras-federales/

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 13 días del mes de abril de 2024.

Diputada María Elena González Rivera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP a impulsar la inscripción a la educación inicial y preescolar de niñas y niños en la etapa de primera infancia, a cargo de la diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracción I, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente punto de acuerdo con base en las siguientes:

Consideraciones

Primero. La educación inicial es el servicio educativo que se brinda a niñas y niños menores de seis años, con el propósito de potencializar su desarrollo armónico e integral.1 Desde los primeros años de vida de las y los niños, es que se construyen las bases del aprendizaje, las cuales les servirán para impulsar su potencial y adquirir nuevas habilidades por el resto de su vida.

Segundo. La Educación es un derecho constitucional al que todas las niñas y niños deberían, según la constitución, tener acceso. Sin embargo, en 2020, el 36.5 por ciento de la población de entre 3 y 5 años en México no asistía a la escuela.2 Es fundamental que se entienda la importancia de inscribir a las niñas y niños a la Educación Inicial, pues es ésta la que tiene un papel decisivo en su vida. El que toda la primera infancia3 tenga acceso a una educación inicial y estén inscritos a las escuelas, es sinónimo de niñas y niños ejercitando su derecho a la educación desarrollando habilidades, experiencias sociales, educativas que permitirán que puedan desarrollar nuevos hábitos y valores para vivir en sociedad y poder desarrollarse como profesionales en un futuro.

Necesitamos un país en donde las niñas y niños del hoy sean las personas que tomen las acciones y decisiones necesarias para poder construir una sociedad que haga valer sus derechos, que cumpla sus sueños y que no vean frenados sus anhelos por falta de oportunidades, o porque no son una prioridad para un gobierno.

A través de la educación inicial, las niñas y niños tendrán una oportunidad de tener éxito en su educación futura y terminar con las altas tasas de abandono escolar.4 Es en esta etapa que se fortalecerá su autonomía, creatividad y las actitudes necesarias para su desempeño personal y social.

Tercero. “La falta de una educación preescolar de calidad limita el futuro de la niñez al negarle la oportunidad de alcanzar todo su potencial. También limita el futuro de los países, robándoles el capital humano necesario para reducir las desigualdades y promover sociedades pacíficas y prósperas.”5

Sí todas las niñas y niños fueran inscritos para recibir una educación inicial estaríamos sentando las bases para formar un país más preparado y prospero, pensando no solo en las niñas y niños del presente, sino para las y los niños del futuro que necesitaran más escuelas con mejores maestros, escuelas en donde no solo se les enseñen cursos básicos sino que los impulsen a innovar y desarrollar nuevas habilidades, necesitamos que las niñas y niños se den cuentan que la educación es la única herramienta para construir y cambiar la sociedad de manera progresiva, hacia un México Libre para ellas y ellos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Educación Pública a impulsar la inscripción a la educación inicial y preescolar.

Notas:

1 https://www.gob.mx/consejonacionalcai/acciones-y-programas/educacion-in icial-secretaria-de-educacion-publica

2 https://blog.derechosinfancia.org.mx/2022/02/24/inasistencia-escolar-en-la-infancia-y-adolescencia
-demexico/#:~:text=A%202020%2C%20el%2036.5%25%20de,de%2015%20a%2017%20añs

3 En México la Estrategia Nacional para la Primera Infancia la define como el periodo de vida hasta antes de los seis años. Recuperado de: https://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/guarderias/PrimeraInfanci a.pdf

4 https://www.unicef.org/lac/educación-de-la-primera-infancia-preescolar

5 Ibid

Palacio Legislativo de San Lázaro, a la fecha de su presentación

Diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al INE a hacer todo lo posible por garantizar el derecho humano de votar a los miles de mexicanos residentes en el extranjero, a cargo de la diputada Paulina Rubio Fernández, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Paulina Rubio Fernández, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 62, 76 fracción IV; y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El numeral 3 del artículo 133 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), señala que es obligación del Instituto Nacional Electoral (INE), brindar las facilidades necesarias a los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, para realizar los trámites que les permitan formar parte del Padrón Electoral y de la lista de electores, para las elecciones correspondientes, desde el extranjero.

El Libro Sexto de la LGIPE, “Del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero”, establece la forma en que los mexicanos que residen en el extranjero podrán hacer efectivo su derecho al voto.

El INE presentó las fechas y procedimientos de acuerdo con las diferentes modalidades de votación para votar en el extranjero: Voto por internet; voto postal o voto presencial.1

El caso es que reciénteme, varios mexicanos residentes en el extranjero reclamaron que el INE rechazó su incorporación a la Lista Nominal, impidiendo la posibilidad de ejercer su voto en las próximas elecciones del 2 de junio.

Decenas de mexicanos denunciaron en las redes sociales que habían recibido una notificación por correo electrónico, en el que se indicaba que su estatus había cambiado a “improcedente”, alegando supuestas “inconsistencias o una situación registral no válida”, lo que resultaba en su exclusión de la Lista Nominal.2

El INE ha tratado de excusarse, refiriendo que, tras una revisión minuciosa de las solicitudes de registro, resultaron improcedentes 39 mil 724 solicitudes (equivalentes al 0.04 por ciento de la Lista Nominal Nacional) por “presentar irregularidades o inconsistencias en los documentos soporte”.

Sin embargo, el Instituto como garante del derecho humano de ser votado, debió prevenir a los ciudadanos que pudieran presentar anomalías procesales o en la documentación requerida, con el tiempo suficiente, para que éstos pudieran solventarlas y estar en posibilidad de votar.

“El derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, que incluye el derecho a votar y a ser elegido, forma parte del núcleo mismo de los gobiernos democráticos que se fundamentan en la voluntad popular. Las elecciones auténticas son componentes necesarios y fundamentales de un contexto que proteja y promueva los derechos humanos.”3

Que casi 40 mil personas queden excluidas resulta excesivo, y es necesario que el INE explique a fondo este lamentable hecho y realice los actos necesarios para garantizar el derecho de los mexicanos migrantes a acceder a su derecho de votar.

Proposición con punto de acuerdo para exhortar al Instituto Nacional Electoral a garantizar el derecho humano de votar a los mexicanos residentes en el extranjero.

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, al Instituto Nacional Electoral a explicar a la opinión pública las razones por las que casi 40 mil ciudadanos mexicanos residentes en extranjero, no fueron debidamente prevenidos para subsanar posibles deficiencias administrativas en su registro en la Lista Nominal electoral, y estar así en posibilidad de votar el próximo 2 de junio.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, al Instituto Nacional Electoral a realizar los trámites necesarios que garanticen a todos los mexicanos residentes en extranjero a ejercer su derecho humano a votar, en las próximas elecciones del 2 de junio, pese a anomalías administrativas que pueden ser subsanadas.

Notas:

1 Véase: https://votoextranjero.mx/web/vmre/inicio Consultado el 14 de abril de 2024.

2 Véase: https://www.elfinanciero.com.mx/elecciones-mexico-2024/2024/04/13/mexic anos-en-el-extranjero-no-podran-votar-el-2-de-junio-ine-explica-por-que -rechazo-registros/ Consultado el 14 de abril de 2024.

3 Véase: https://www.ohchr.org/es/elections Consultado el 14 de abril de 2024.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de abril de 2024.

Diputada Paulina Rubio Fernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat y a la Profepa a aumentar el número de inspectores federales, en proporción al número de empresas que se encuentran en jurisdicción federal susceptibles a revisión dentro del estado de Nuevo León, a fin de prevenir y controlar la contaminación ambiental, evitar el deterioro del entorno y que se pueda conocer la eficiencia de los procesos productivos y las actividades económicas que se realizan en el estado, a cargo del diputado Pedro Salgado Almaguer, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Pedro Salgado Almaguer, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que en el ámbito de sus facultades se aumente el número de inspectores federales en proporción al número de empresas que se encuentran en jurisdicción federal susceptibles a revisión, dentro del estado de Nuevo León, a fin de prevenir y controlar la contaminación ambiental, evitar el deterioro del entorno y se pueda conocer la eficiencia de los procesos productivos y las actividades económicas que se realizan en el estado, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El estado de Nuevo León continúa con elevados niveles de contaminación atmosférica, diversas investigaciones confirman que dicho incremento en los niveles de contaminación han sido los causantes del aumento de enfermedades respiratorias agudas comparadas con otros años, problema que necesita ser atendido de manera urgente.

Datos de la Secretaría de Salud, a través del Boletín Epidemiológico Nacional revelan que, en la segunda semana del año 2024, en el estado de Nuevo León aumentaron las enfermedades debido a la mala calidad del aire.

Es lamentable que se haya vuelto habitual que el Sistema Integral de Monitoreo Ambiental (SIMA) registre mala calidad del aire en la Zona Metropolitana de Monterrey.

A pesar de que diversas autoridades se han comprometido a trabajar para disminuir las emisiones contaminantes, a la fecha esto no ha ocurrido, muestra de ello es que en el año 2020 se registraron 9 alertas ambientales, 11 en 2021, 14 en y 10 en el 2023 sin contar las de este año.

Datos de AirVisual de IQAir, herramienta informativa sobre la calidad del aire, reveló a principio de este año que Monterrey se posicionó en uno de los primeros lugares en el ranking de las ciudades más contaminadas del mundo.1

Especialistas en medio ambiente, a través de una entrevista realizada por un conocido medio de comunicación, informaron que son diversos factores los que provocan que la contaminación sea tan elevada en el estado, entre los que se encuentra la ubicación geográfica, las actividades industriales, la gran cantidad de obras de construcción, el uso continuo de automóviles, la falta de un adecuado sistema de transporte público y las condiciones atmosféricas causadas por las estaciones del año, entre otros.

Datos de la Oficina de Evaluación de Peligros para la Salud Ambiental de California del gobierno de Estados Unidos2 informan que el principal contaminante ambiental es el PM 2.5, compuesto de partículas muy pequeñas y sustancias químicas peligrosas, como polvo, hollín y metales que provienen de autos, camiones, fábricas, quema de maderas y otras actividades, que al entrar directamente al torrente sanguíneo afecta la salud. Datos brindados por especialistas revelan que en Monterrey el mayor causante de PM 2.5 es el azufre, el cual genera estas partículas cuando entra en contacto con la atmósfera.

A pesar de que el Plan Integral de Gestión Estratégica de la Calidad del Aire (PIGECA)3 es una estrategia creada por el gobierno para reducir emisiones y mejorar la calidad del aire en Nuevo León, le faltan acciones concretas para combatir la problemática de contaminación en el estado. De igual manera es fundamental que se fortalezca la obligatoriedad y la adecuada ejecución de sanciones hacia las empresas que no cumplan con lo establecido en dicho plan.

Debido al alto índice de partículas contaminantes en los últimos años, se dio a conocer que diversas empresas en el estado siguen contaminando de manera excesiva, es por ello que en el mes de febrero del presente año, a través de la Secretaría del Medio Ambiente se intentaron reforzar algunas acciones a través de operativos, recorridos nocturnos, medidas correctivas y de seguridad e inspecciones, a fin de detectar emisiones y con ello poder tener un mayor control de las industrias contaminantes en el estado, pero no ha sido suficiente, ya que a la fecha esta problemática continúa.

Desgraciadamente los recortes presupuestales en la última década aplicados a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) cuya tarea principal es incrementar los niveles de observancia de la normatividad ambiental, a fin de contribuir al desarrollo sustentable y hacer cumplir las leyes en la materia, han mermado su capacidad para cumplir con su función principal, ya que siendo éste un órgano operativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), no ha podido realizar de manera adecuada sus funciones por la falta de personal.

Es de no creerse que de 20 inspectores que tenía la Profepa en Nuevo León para atender, investigar y sancionar casos de posibles delitos ambientales al inicio del actual sexenio, a finales del 2018 sólo se quedó con la mitad de personal, debido a la disminución en los recursos presupuestales para su operación. Lo que habla de la falta de interés y el poco valor que le da este gobierno federal a la sustentabilidad y al medio ambiente.

Problemática

El estado de Nuevo León es uno de los cinco estados con el menor número de personal federal destinado a verificar que las industrias cumplan con las normas ambientales, así lo documentó un ejercicio de investigación realizado por Redes Quinto Poder IDEA. En dicho ejercicio se informó que en el estado existen 9,999 empresas que se encuentran bajo la jurisdicción federal para ser revisadas por parte de Profepa, a pesar de este gran número de empresas existentes, este organismo solo cuenta con tan solo 9 inspectores para vigilar a las empresas que se encuentran bajo la jurisdicción federal y que son susceptibles a revisiones, lo que deja ver la gran desproporcionalidad en relación al número de empresas por inspector en uno de los estados con más industrias en el país, el cual necesita mayor fortalecimiento en el monitoreo y regulación en el tema ambiental.4 Al 2023 se realizaron tan solo 96 vistas a empresas por parte de sus respectivos inspectores, lo que corresponde a menos del uno por ciento del total de empresas instaladas en el estado a cargo de la federación.

En base a lo antes mencionado, es fundamental que exista un adecuado número de inspectores asignados para llevar a cabo las revisiones correspondientes en estado, que verdaderamente se ajuste al número de empresas que existen en el estado bajo la jurisdicción federal, ya que es un gran problema que en el estado no se cuente con suficientes inspectores ambientales.

De igual manera es necesario que se revisen y actualicen las Normas Oficiales Mexicanas en materia ambiental relacionadas con el índice de calidad del aire y riesgos de salud, así como la que establece los métodos de medición para determinar la concentración de ozono en el aire ambiente y los procedimientos para la calibración de los equipos de medición y la que maneja el establecimiento y operación de sistemas de monitoreo de la calidad del aire. Asimismo es de gran importancia desarrollar estrategias para una actuación inmediata ante las contingencias que se están dando de manera constante.

A pesar de que desde hace tiempo se ha solicitado el cierre de la Refinería de Cadereyta debido a la gran cantidad de emisiones contaminantes que despide, la decisión definitiva se encuentra en manos del gobierno federal, para lo cual existen pocas probabilidades de que ocurra, ya que para el actual gobierno su operación es muy importante para sus proyectos.

No es secreto que gran parte de la contaminación en Monterrey y zonas aledañas es a causa de la gran cantidad de emisiones que despide la refinería de Cadereyta, ya que además de tener sus plantas recuperadoras de azufre fuera de servicio, es la única empresa en toda la región que utiliza combustóleo en todos sus procesos.

De acuerdo con un informe del colectivo Un minuto para la Naturaleza, se menciona que a pesar de que esta refinería es responsable del 94 por ciento de las emisiones de dióxido de azufre (SO2), provocando diversos eventos contaminantes, además, éste es un gas tóxico responsable de aumentar el número de muertes diarias en 2.4 por ciento,5 no se integró al Plan Integral de Gestión Estratégica de la Calidad del Aire (PIGECA) para bajar la polución. Es importante saber que el dióxido de azufre es precursor de la formación de sulfato amónico, substancia que produce partículas contaminantes causantes de las diversas contingencias ambientales.

De acuerdo con un informe de la Organización Mundial de la Salud, este gas representa una seria amenaza para la salud humana y el medio ambiente, destacando su peligrosidad y la urgencia de abordar su mitigación.

De igual manera se han mostrado los factores contaminantes que incluyen a la refinería de Cadereyta, la industria pesada, industria de la construcción, automóviles y el transporte público son los sectores emisores más importantes.

De acuerdo con el Plan Integral de Gestión Estratégica de la Calidad del Aire (PIGECA) el 62 por ciento de las emisiones de fuentes fijas provienen de industrias de jurisdicción federal, son las principales emisoras de partículas PM10 y PM 2.5, en contraste con el 39 por ciento y 35 por ciento que corresponde a la responsabilidad estatal.

Es inaceptable que en un estado industrial como Nuevo León exista un número tan reducido de inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, mientras que en otros estados como Michoacán y Veracruz, se cuentan con 27 cada uno. La falta de personal en el estado ocasionó que únicamente se pudieran verificar 96 empresas en 2023, de casi 10 mil.

Es fundamental que exista coordinación entre los tres niveles de gobierno y la Profepa, para realizar las acciones correspondientes, a fin de dar solución a este problema ambiental y de salud pública.

Es derecho de las y los neoloneses a un aire limpio, por lo que es imperante fortalecer acciones para lograrlo, para ello es necesario que se regularice esta situación y que el gobierno les exija a las empresas las certificaciones de control en sus procesos ambientales ya que actualmente existen muy pocas restricciones. De igual manera es fundamental exigirle a la Profepa que fortalezca sus acciones en esta materia.

La gravedad del problema es que la contaminación va en aumento, por lo que es fundamental que exista una adecuada coordinación de los tres niveles de gobierno y de la sociedad, para que en el ámbito de facultades frenen este problema que se está agravando cada día más.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a esta soberanía, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que, en el ámbito de sus facultades, se aumente el número de inspectores federales, en proporción al número de empresas que se encuentran en jurisdicción federal susceptibles a revisión dentro del estado de Nuevo León, a fin de prevenir y controlar la contaminación ambiental, evitar el deterioro del entorno y se pueda conocer la eficiencia de los procesos productivos y las actividades económicas que se realizan en el estado.

Notas:

1 https://www.iqair.com/mx/mexico

2 https://oehha.ca.gov/calenviroscreen/indicator/pm25

3 https://www.nl.gob.mx/boletines-comunicados-y-avisos/presentan-plan-int egral-de-gestion-estrategica-de-la-calidad-del-aire

4 https://redesquintopoder.org.mx/2024/03/25/profepa-2024/

5 https://www.infobae.com/mexico/2024/03/10/cuanto-contamina-la-refineria-de-cadereyta-estas-son-las
-cifras-y-los-danos-que-provoca-esta-planta-de-pemex/#:~:text=De%20acuerdo%20con%
20el%20colectivo,un%20gas%20t%C3%B3xico%20responsable%20de

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de abril de 2024.

Diputado Pedro Salgado Almaguer (rúbrica)