Proposiciones

Proposiciones

Con punto de acuerdo, en materia de apoyo a las niñas, niños y adolescentes que practican actividades deportivas o artísticas a nivel competitivo en el Estado de México, a cargo de la diputada Joanna Alejandra Felipe Torres, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Joanna Alejandra Felipe Torres, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracciones I y II, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea, proposición con punto de acuerdo, para el apoyo a las niñas, niños y adolescentes que practican actividades deportivas o artísticas a nivel competitivo en el Estado de México:

Consideraciones

El deporte, además de representar una actividad física, organizada y reglamentada con el logro de resultados en competiciones, permite preservar y mejorar la salud física y mental, así como fomentar el desarrollo social, ético e intelectual. Su importancia queda reflejada en el reconocimiento a nivel federal como un derecho humano en el artículo 4° de la Constitución, así como a nivel local en el Estado Libre y Soberano de México, que distingue su relevancia al otorgarle un espacio en el artículo quinto de su Constitución, estableciendo que “toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte”. Además, la Carta Magna del Estado de México postula que el Estado tiene la responsabilidad de promover, fomentar y estimular la práctica deportiva en su territorio.

En el ámbito federal, la Comisión Nacional del Deporte (Conade) es la encargada de conducir la política nacional deportiva, de gestionar las aportaciones que le realicen los gobiernos de las entidades federativas y los Municipios, y de definir las prioridades a las que deberá sujetarse el Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte respecto a la dirección, desarrollo, promoción, fomento, difusión e investigación de la activación física, la cultura física y el deporte.

En el ámbito local, el Estado de México ha reducido a su mínima expresión las áreas de gobierno que tenían como finalidad apoyar, impulsar, fomentar y promover la activación física, la cultura física y el deporte, con el óptimo aprovechamiento de los recursos humanos, financieros y materiales. El Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte (Imcufide) ha sido reducido a una Dirección General de Cultura Física y Deporte dentro de la estructura de la Secretaría de Educación.

Debido a ello, las y los deportistas han visto paulatinamente una pérdida de apoyo institucional, pese a que la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de México contempla la existencia de 125 Institutos Municipales de Cultura Física y Deporte. Además, el Estado de México carece de un Programa Estatal de Cultura Física y Deporte que esté publicado y sea de acceso general.

En poco más de dos años, México vivirá una de las co-anfitrionías más importantes del mundo deportivo con la Copa Mundial de Fútbol. En menos de medio año, el mundo tendrá sus XXXIII Juegos Olímpicos en Francia. Este entorno debe ser aprovechado por la autoridad federal del deporte y también por sus homólogas estatales para dar un impulso al deporte mexicano, a fin de identificar a las y los deportistas talentosos y apoyarlos con las herramientas económicas y de infraestructura necesaria para mejorar su nivel de competencia.

La existencia de Institutos Municipales del Deporte en cada uno de los 125 municipios del Estado de México es una oportunidad que la Conade y el deporte nacional deben aprovechar para reconocer de cerca, con apoyo de las personas servidoras públicas municipales, a las semillas de talento que serán el futuro del deporte mexiquense y mexicano.

Con base en las anteriores consideraciones y argumentos, presento a esta honorable soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.- Exhortar al Ejecutivo federal, a través de la Comisión Nacional del Deporte, a fortalecer los programas de apoyo a las y los deportistas y a promover mecanismos institucionales de vinculación con el gobierno del Estado de México y los gobiernos de las 31 entidades federativas, para impulsar al deporte de alto rendimiento identificado por los gobiernos estatales y municipales.

Segundo.- Exhortar al gobierno del Estado de México, a través de las Secretarías de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, y la Secretaría de Salud, a vincularse con los Institutos Municipales de Cultura Física y el Deporte para identificar y apoyar a las niñas, niños y adolescentes con habilidades deportivas de alto rendimiento para apoyarlos en actividades de nivel competencia.

Tercero.- Exhortar al gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación a emitir el Programa Estatal de Cultura Física y Deporte, para emitir los lineamientos del otorgamiento de estímulos y apoyos a talentos y deportistas de alto rendimiento.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de abril de 2024.

Diputada Joanna Alejandra Felipe Torres (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y a las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana o equivalentes de las 32 entidades federativas a garantizar las prestaciones laborales y fortalecer la capacitación y profesionalización de las y los integrantes de los cuerpos de policía del país, a cargo de la diputada Joanna Alejandra Felipe Torres, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Joanna Alejandra Felipe Torres, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracciones I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo para atender las condiciones laborales, salariales y de capacitación de los cuerpos policíacos, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La situación de inseguridad que vive el país es crítica. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2023 cerró con altos índices de criminalidad que nos mantienen como uno de los países del continente con más violencia. Al cierre de 2023 se registraron a nivel nacional 42 mil homicidios, 832 feminicidios (más de dos al día), 458 secuestros, 9 mil 181 robos a transportistas, 77 mil 645 robos a negocio y 10 mil 336 extorsiones.

No obstante, la estrategia en materia de seguridad se ha orientado a fortalecer a las Fuerzas Armadas, en detrimento de los cuerpos policiacos del país. Asimismo, el presupuesto de seguridad pública a nivel estatal y municipal ha ido paulatinamente descendiendo. Dicho presupuesto está integrado por los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y por aquellos que estaban asignados al Subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México (Fortaseg), mismo que desapareció en 2020.

Los recursos de estas partidas son estratégicos para el fortalecimiento de las capacidades institucionales de las corporaciones policiacas en todo el territorio nacional, toda vez que están destinados al diseño de políticas públicas para la prevención social de las violencias y la delincuencia; el desarrollo, profesionalización y certificación policial; la inversión en tecnologías, infraestructura y equipamiento de apoyo a la operación policial; así como el sistema nacional de información para la seguridad pública.

Sin embargo, el descenso en los recursos asignados a labores de seguridad en estados y municipios, así como a nivel federal, ha tenido un importante impacto negativo en las capacidades operativas, salarios, condiciones de trabajo y demás recursos para las corporaciones policiacas. A ello se debe añadir que nuestro país cuenta con un déficit importante de elementos policiacos.

De acuerdo con el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2023 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), al cierre de 2022 existían en el país 222 mil 727 personas adscritas a instituciones de seguridad pública de las entidades federativas, de las cuales 180 mil 588 pertenecían directamente a las policías.1

En este sentido, la tasa nacional de elementos de policía se mantiene marcadamente baja, pues en promedio existen 0.9 policías por cada mil habitantes a nivel nacional. Solamente diez estados de la República reportaron una tasa mayor a la media nacional: Guerrero, Nuevo León, San Luis Potosí, Tlaxcala, Campeche, Tamaulipas, Yucatán, Nayarit, Tabasco y Ciudad de México.

Una de las razones por las que nuestro país no cuenta con el número de elementos policiacos recomendados por las Naciones Unidas (cuya recomendación es contar con 1.8 policías por cada mil habitantes), atiende a las precarias condiciones laborales que nuestros elementos policiacos padecen. Información oficial señala que solo 32.4 por ciento de los elementos policiacos del país gana entre 15 y 20 mil pesos mensuales, mientras que 42 por ciento gana entre 5 y 15 mil pesos al mes.

A ello debe añadirse que la mayor parte de los elementos policiacos del país manifiesta tener únicamente salario, prima vacacional y vacaciones, pero la gran mayoría carece de otras prestaciones como acceso a créditos para vivienda o auto, seguro de retiro, seguro de gastos médicos o ahorro solidario, entre otras.2

Por otra parte, el estudio denominado “Hallazgos sobre la aplicación de la herramienta de verificación del Sistema de Indicadores del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica (MNPJC)” señala que buena parte de las instituciones policiales enfrentan rezagos en la compra de armamento, falta de recursos para mejorar las instalaciones de armería e incluso retos para cubrir la compra de uniformes y equipamiento.3

Ninguna política pública en materia de seguridad puede fincarse sobre la ausencia de recursos financieros, capacitación de policías, salarios dignos y buenas prestaciones. Para atender la situación de inseguridad actual y procurar el fortalecimiento de las capacidades del Estado en esta materia, es urgente mejorar las condiciones laborales de nuestros elementos policiacos.

Con base en las anteriores consideraciones y argumentos, presento a esta honorable soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Se conmina al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y a las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana o equivalentes de las 32 entidades federativas a revisar y, en su caso, actualizar los tabuladores salariales aplicables a las y los integrantes de los cuerpos policiales del país, garantizando en todo momento sus prestaciones salariales.

Segundo. Se exhorta al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y a las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana o equivalentes de las 32 entidades federativas a fortalecer la capacitación y profesionalización de las y los integrantes de los cuerpos policiales del país, garantizando en todo momento sus prestaciones salariales.

Notas:

1 Inegi, Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2023, México, 28 de septiembre de 2023, en https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cnspe/2023/doc/cnspe_ 2023_resultados.pdf

2 Ídem.

3 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública e Insyde, “Hallazgos sobre la aplicación de la herramienta de verificación del Sistema de Indicadores del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica”, México, 2021, http://insyde.org.mx/wp-content/uploads/2021/11/SIMNPJC_INFORME_11n ov2021_Insyde.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de abril de 2024.

Diputada Joanna Alejandra Felipe Torres (rúbrica)

Con punto de acuerdo, en materia de recuperación y creación de centros de desarrollo infantil, a cargo de la diputada Joanna Alejandra Felipe Torres, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Joanna Alejandra Felipe Torres, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracciones I y II, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea, proposición con punto de acuerdo, en materia de recuperación y creación de centros de desarrollo infantil, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En febrero de 2019 el gobierno federal decidió eliminar el Programa de Estancias Infantiles creado en 2007 para sustituirlo por el “Programa para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras”.1 Esta acción representó el cierre del 80 por ciento de las unidades de atención infantil2 por falta de recursos y afectó directamente a miles de niñas y niños, así como a miles de madres, padres y familias, mayoritariamente familiares mujeres, que de un momento a otro se quedaron sin una opción con apoyo público para el cuidado seguro de las infancias de su familia, lo cual dificultó la permanencia en el trabajo de las mujeres y aumentó la carga de cuidado para las familias.

En 2007 el gobierno federal, a través de la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), decretó el establecimiento del Sistema Nacional de Guarderías y Estancias Infantiles en coordinación y colaboración con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), destinado a familias que no laboraban en un esquema formal y que, por tanto, no tenían seguridad social a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Este programa buscaba prestar un servicio universal de guarderías con apoyo del Estado, en un formato colectivo en el que el sector público pagaba apoyos directamente a las personas responsables de las Estancias Infantiles a través de un proceso de certificación que beneficiaba a decenas de niñas, niños y familias en una sola guardería.3

La siguiente información muestra también datos de las niñas y niños y centros de atención considerando las Estancias Infantiles (ahora desaparecidas):

La ampliación de cobertura de servicios también puede garantizarse a partir de centros privados (como lo eran las estancias infantiles) que pueden ser financiados con recursos federales o de gobiernos locales que atienden a la población sin seguridad social.

El Programa para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras planteó un esquema de transferencias directas que, desde 2019, entrega mil 600 pesos, sin ningún tipo de ajuste derivado de la pandemia o, de manera mínima, correspondiente a la inflación.

De acuerdo con el “Diagnóstico y mapeo de evidencia sobre cuidado infantil”, un estudio realizado por el Consejo Nacional de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en conjunto con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés), el universo actual a atender asciende a 12.23 millones de niñas y niños. Señala que el costo promedio de las actividades de cuidados de infancias de 0 a 5 años es de 2 mil un pesos mensuales y que el 88.7 por ciento de infantes son cuidados por sus abuelas o sus madres, trabajen o no.4

Las 129 guarderías de prestación directa tienen únicamente 13 mil 623 beneficiarios, y las guarderías de prestación indirecta tienen 156 mil 724 beneficiarios, con cifras de noviembre de 2023. Es decir, que atiende a menos del 1.4 por ciento de la población infantil de 0 a 5 años que requiere cuidados.

Lo anterior significa que hoy en día las guarderías públicas del IMSS e ISSSTE no cubren ni siquiera a las infancias de sus derechohabiente,s como mandatan sus obligaciones establecidas en los artículos 171, 283 fracción XIII de la Ley Federal del Trabajo; 11 fracción V y 201 al 207 de la Ley del Seguro Social, y la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

Ley Federal del Trabajo (extracto)

Artículo 171.- Los servicios de guardería infantil se prestarán por el Instituto Mexicano del Seguro Social, de conformidad con su ley y disposiciones reglamentarias. (...)

Artículo 283. - En materia de seguridad y salud, las personas empleadoras tienen las obligaciones especiales siguientes: (...)

XIII. Brindar servicios de guardería a los hijos e hijas de las personas trabajadoras del campo, durante todo el tiempo que dure la jornada laboral, independientemente del esquema de contratación.

Ley del Seguro Social (extracto)

Artículo 11. El régimen obligatorio comprende los seguros de: (...)

V. Guarderías y prestaciones sociales.

Artículo 201. El ramo de guarderías cubre los cuidados, durante la jornada de trabajo, de las hijas e hijos en la primera infancia, de las personas trabajadoras, mediante el otorgamiento de las prestaciones establecidas en este capítulo. (...)

En adición, el monto del Programa para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, que es de únicamente mil seiscientos pesos bimestrales, es decir, solo ochocientos pesos mensuales, resulta completamente insuficiente para cubrir los costos de actividades relacionadas con los cuidados infantiles.

Lo anterior implica que las madres, abuelas y mujeres familiares subsidian esas actividades con trabajo no remunerado, limitando sus posibilidades de crecimiento y desarrollo personal, y replicando esquemas de desigualdad y discriminación basada en el género. En términos de horas dedicadas a la semana, tanto a nivel internacional como en México, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que las mujeres invierten tres veces más horas que los hombres para el desarrollo de estas actividades.5

Con base en las anteriores consideraciones y argumentos, presento a esta honorable soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.- Se exhorta, respetuosamente, al gobierno federal para que promueva, fortalezca y amplíe la red de centros de atención para la prestación de servicios de atención, cuidado y desarrollo integral infantil para personas que cuentan con seguridad social así como para las personas que no cuentan con este derecho social.

Segundo.- Se conmina a través de la Secretaría de Bienestar, a evaluar y reformular el Programa para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, para que en sus reglas de operación se garantice que las madres, padres o tutores tengan acceso a los servicios de los centros de atención y cuidado infantil públicos y privados, para eliminar gradualmente la responsabilidad del cuidado que recae principalmente en las mujeres y madres.

Notas:

1 Diario Oficial de la Federación (febrero 28, 2019). Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal 2019. Disponible en: https://qrcd.org/4jOS

2 Ana Karen García, El Economista (marzo 7, 2023). Corte de caja: las estancias infantiles, las mujeres, las infancias y los cuidados en México. Disponible en: https://qrcd.org/4jOU

3 Diario Oficial de la Federación (mayo 10, 2007). Reglas de Operación del Programa de Guarderías y Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras. Disponible en: https://qrcd.org/4jOZ

4 CONEVAL y UNICEF (2022). Diagnóstico y mapeo de evidencia sobre cuidado infantil. Disponible en: https://qrcd.org/4jOg

5 Organización Internacional del Trabajo (OIT) (2019). El trabajo de cuidados y los trabajadores de cuidados: Para un futuro con trabajo decente. Disponible en: https://bit.ly/3mbQqty

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de abril de 2024.

Diputada Joanna Alejandra Felipe Torres (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para brindar atención prioritaria a las mujeres con cáncer, urgir la creación del Registro Nacional de Cáncer y fortalecer la documentación de cáncer en las mujeres, a cargo de la diputada Joanna Alejandra Felipe Torres, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Joanna Alejandra Felipe Torres, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracciones I y II, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea, proposición con punto de acuerdo para brindar atención prioritaria a las mujeres con cáncer, urgir la creación del Registro Nacional de Cáncer y fortalecer la documentación de cánceres en las mujeres, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Actualmente, el cáncer es la principal causa de muerte en el mundo de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cual afirma que una de cada seis defunciones son atribuidas a este padecimiento.1 El cáncer es una enfermedad que ocurre cuando las células de algún tipo de tejido se multiplican sin control y se propagan a otras partes del cuerpo.2 Estas células con multiplicación rápida y anormal suelen formar tumores apreciables como bultos de tejido.

Los tumores cancerosos, también llamados malignos, tienen la característica de diseminarse o desplazarse a órganos cercanos u otras partes del cuerpo, este proceso es la metástasis. La extensión de la metástasis es la principal causa de muerte por cáncer.3

A nivel internacional, los tipos de cáncer con mayor incidencia de nuevos casos en 2020 fueron, en primer lugar, el de mama con más de 2.26 millones de casos, seguido del cáncer de pulmón con 2.21 millones de casos; cáncer colorrectal, de próstata, de piel y gástrico. El cáncer de pulmón es el tipo de cáncer que causó el mayor número de defunciones con 1.8 millones; mientras que el cáncer de mama se encuentra en el quinto lugar de tipos de cáncer que ocasionan más muertes (685 mil defunciones).4

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que en México, en el año 2022, el 10.6 por ciento de las defunciones -casi 90 mil personas- murieron por cáncer. La atención al cáncer es uno de los principales problemas de salud pública en la actualidad. Ejemplo de ello es que la tasa de defunción por cáncer ha aumentado casi 7 por ciento (6.88 por ciento) desde 2012. Los estados con más muertes por tumores malignos son Ciudad de México, Sonora, Veracruz de Ignacio de la Llave, Colima, Morelos y Chihuahua.5

En general, las mujeres tienen una mayor tasa de defunción que los hombres con 70.28 muertes por cada 100 mil mujeres, particularmente en los grupos de edad entre los 30 y los 59 años de edad, con un repunte entre los 40 y los 49 años.

Los cánceres de cuello del útero, de ovario y de mama son, en ese orden, los que causan el mayor número de muertes en mujeres.6 Estos tres tipos de tumores malignos forman parte de los cuatro cánceres con mayor número de muertes tanto en el grupo de edad de 20 a 29 años, como de 30 a 59 años. Por otro lado, el cáncer de ovario está presente en los cánceres de mayor mortalidad femenina desde el grupo de 0 a 19 años de edad. En suma, el cáncer de mama y el de cuello uterino representan la causa principal de muerte por cáncer en las mujeres con tasas de 14.61 y 8.90 defunciones, respectivamente, por cada 100 mil mujeres.7

El pasado 4 de febrero se conmemoró el Día Mundial contra el Cáncer. Esta fecha debe servirnos para reflexionar sobre las acciones realizadas y los retos que tenemos por delante. Las estadísticas disponibles evidencian que en México solo tenemos registros públicos sobre las defunciones por cáncer pero no existen sobre incidencia, atención, evolución y su eventual recuperación o defunción.

Es por ello que, en junio de 2017, esta Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley General de Salud que creó el Registro Nacional de Cáncer para que México contara con un registro de cáncer con base poblacional, herramienta recomendada por la OMS y el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC, por las siglas en inglés de International Agency for Research on Cancer) para “identificar las posibles causas del cáncer en la comunidad y para evaluar el impacto de las actividades de control de esta enfermedad”.8

Ley General de Salud (extracto)

Artículo 161 Bis.- El Registro Nacional de Cáncer tendrá una base poblacional, se integrará de la información proveniente del Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud y contará con la siguiente información:

I. Información del paciente, que se agrupa en los siguientes rubros:

a) Datos relacionados con la identidad, historial ocupacional y laboral, observando las disposiciones relativas a la protección de datos personales de los pacientes.

b) Información demográfica.

II. Información del tumor: Incluye la fecha de diagnóstico de cáncer; la localización anatómica; de ser el caso, la lateralidad; la incidencia y el estado de la enfermedad; la histología del tumor primario y su comportamiento.

III. Información respecto al tratamiento que se ha aplicado al paciente y el seguimiento que se ha dado al mismo de parte de los médicos. Además, se incluirá información de curación y supervivencia.

IV. La fuente de información utilizada para cada modalidad de diagnóstico y de tratamiento.

V. Toda aquella información adicional que determine la Secretaría.

VI. El Registro contará adicionalmente, con un rubro específico para la información a que se refiere el Capítulo II del Título Tercero de la Ley General para la Detección Oportuna del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia.

La Secretaría integrará la información demográfica del Registro Nacional de Cáncer de todo el territorio nacional dividido en regiones norte, centro y sur.

A pesar de lo anterior, y del mandato del artículo 12 del Reglamento del Registro Nacional de Cáncer que obliga a la Secretaría de Salud y al Instituto Nacional de Cancerología a publicar y difundir información derivada del Registro en comento, a más de 5 años de la aprobación de esta reforma no hay información clara, transparente, y mucho menos anual de la incidencia de cáncer en el país.

Artículo 12. La información estadística derivada del Registro Nacional será difundida semestralmente a través de los medios que determine la Secretaría. Esta información se presentará a nivel nacional y desagregada por entidad federativa, instituciones del Sistema Nacional de Salud, unidades médicas, tipo de tumor, sexo y grupo etario.

La Secretaría conjuntamente con el Instituto Nacional de Cancerología publicará anualmente en su página de Internet, un informe que contendrá el acumulado de mortalidad e incidencia de casos de cáncer por región, así como el análisis específico de sobrevida.

En México, además, tenemos el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva cuyos últimos datos estadísticos se limitan a 2015.9 No obstante, el Programa de Acción Específico de Prevención y Control de Cáncer 2021-2024 afirma la existencia de un “Programa de prevención y control del cáncer de la mujer” que se limita a 2 menciones del mismo.10

En conclusión, si el cáncer es la principal causa de muerte en el mundo, con un escenario de tendencia en aumento en la incidencia de cáncer en México de casi 7 por ciento desde 2012, con una mayor tasa de defunción en mujeres e identificación de los principales cánceres en nosotras; es urgente cumplir con la ley en materia de Registro Nacional de Cáncer, tomar acciones para atender la incidencia de los cánceres que afectan a las mujeres y fortalecer las acciones para su prevención y tratamiento.

Con base en las anteriores consideraciones y argumentos, presento a esta honorable soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.- Se exhorta, respetuosamente, al gobierno de México, a través de la Secretaría de Salud y los Institutos Nacionales de Salud, a fortalecer la atención y acciones para prevenir, detectar, atender y tratar a las mujeres respecto a los cánceres con mayor incidencia en las mujeres.

Notas:

1 Organización Mundial de la Salud (OMS) (febrero 2, 2022). Cáncer. Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cancer

2 Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) (febrero 4, 2022). Día Mundial contra el Cáncer. Disponible en: https://qrcd.org/4jME

3 OMS. Op. Cit.

4 INSABI . Op. Cit.

5 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (febrero 2, 2024). Estadísticas a propósito del Día Mundial contra el Cáncer. Disponible en: https://qrcd.org/4jMk

6 Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) (2020). Cáncer de mama, una prioridad para la salud de las mexicanas. Disponible en: https://www.insp.mx/avisos/5090-octubre-cancer-mama-19.html

7 INEGI. Op. Cit.

8 Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC). El rol y la situación de los registros de cáncer de base poblacional. Disponible en: https://publications.iarc.fr/_publications/media/download/4256/486be5c0 97ec559c4eed9cef504e57f153b79893.pdf

9 Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (diciembre 2, 2016). Información Estadística Cáncer de Mama Disponible en: https://www.gob.mx/salud/cnegsr/es/acciones-y-programas/informacion-est adistica-cancer-de-mama

10 Idem.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de abril de 2024.

Diputada Joanna Alejandra Felipe Torres (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Zacatecas y a la SSPC y la Sedena, con motivo de la inseguridad que se presenta en la comunidad de Juanchorrey, municipio de Tepetongo, Zacatecas, a cargo de la diputada Noemí Berenice Luna Ayala, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Noemí Berenice Luna Ayala, e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Ante el posible retiro de las Fuerzas Armadas del municipio de Tepetongo, Zacatecas y, en particular de la comunidad de Juanchorrey perteneciente a dicho municipio, las y los pobladores, a través de la Unión Nacional de Industriales de la Masa y la Tortilla, A.C., que radica en esa localidad, solicitan que por conducto de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se exhorte al gobierno de Zacatecas a atender sus peticiones.

Considerando que la seguridad pública es una de las funciones indispensables para la ciudadanía que está a cargo de los tres niveles de gobierno, y que obligatoriamente cada gobierno asume la responsabilidad de brindársela a la ciudadanía con integridad y eficiencia. Sin duda, es una de las exigencias más sentidas de la ciudadanía y que debe ser atendida de manera urgente, eficiente y oportuna por todo el Estado mexicano.

Sin embargo, para las y los zacatecanos nuestra prioridad número uno es la seguridad de nuestras familias. Lamentablemente vivimos con miedo, la percepción de seguridad es muy alta, la más alta del país y no podemos quedarnos tranquilos ante los hechos que se presentan día a día en todo el estado de Zacatecas.

Un gobierno que se jacta de contar con una gobernanza adecuada y segura también debe garantizar que las y los ciudadanos tengan una mejor calidad de vida que contribuya a su desarrollo pleno. Tristemente, hablar de seguridad pública en el estado de Zacatecas es inaudito, el 98 por ciento de los zacatecanos viven inseguros y temen salir a las calles por la ineficiencia en materia de seguridad en el Estado.

La asociación expone textualmente lo siguiente:

“La comunidad de Juanchorrey, Tepetongo, Zacatecas (pilar de la industria de la masa y la tortilla).

Por este conducto le pide su valiosa intervención ante las instancias del gobierno federal.

Juanchorrey es una comunidad de relevancia nacional ya que actualmente contamos con más de 20,000 unidades económicas de molinos / tortillerías distribuidas a lo largo y ancho de la República mexicana produciendo aproximadamente 10 millones de kg de tortilla diarios, del principal alimento de los mexicanos.

Como es de su conocimiento el estado de Zacatecas en los últimos años ha sido presa de la inseguridad y Juanchorrey por su ubicación geográfica ha sido azotada por esta inseguridad y que en el 2023 se convirtió en un pueblo fantasma, ya que se distinguía por ser visitado todo el año por sus paisanos.

En abril del año pasado y gracias a las gestiones realizadas el día 19 se instaló un batallón del ejército mexicano en la escuela primaria que a la fecha sigue en el lugar esto ha permitido el regreso de sus habitantes y en gran medida se ha retornado a la normalidad de años anteriores.

El 2 de febrero, día de sus fiestas patronales, se tuvo una afluencia de visitantes de hasta un 50 por ciento en relación al año 2020.

Los Juanchorreyenses estamos muy agradecidos con el gobierno federal por el apoyo brindado, pero en especial con el comandante de la 11 Zona Militar el General Alejandro Vargas Gonzalez, pero estamos muy preocupados por la incertidumbre que se tiene cuando se decida retirar el apoyo militar ya que consideramos que si esto sucede el pueblo quedaría a merced de la delincuencia con más crudeza.

Diputada Noemi le pedimos tenga a bien apoyarnos para de ser posible se pueda construir un cuartel de guardia nacional o el ejército la comunidad está dispuesta a contribuir con lo necesario para que esto se lleve a cabo.

Conocedores de su capacidad de gestión en bien de los zacatecanos le agradecemos de antemano su intervención”.

En relación a lo anterior, es importante mencionar que la comunidad de Juanchorrey es una localidad del Municipio de Tepetongo, Zacatecas, reconocida como “la cuna de los tortilleros” a nivel nacional.

Sin embargo, a causa de la inseguridad que vive el país en este sexenio, los habitantes se han visto en la necesidad desplazarse a otras regiones ante el arribo de distintos grupos violentos que azotan la región.

En el caso que nos ocupa, en diversos diarios de circulación nacional1 se documentó que los primeros desplazamientos de la población de los Municipios de Juanchorrey, La Tinaja, Santa Rosa y la Joya se dieron en el año 2021 a causa de las amenazas, extorsiones, cobros de piso, actos violentos en contra de las comunidades, entre otros.

Pero lo más grave que aún viven dichas comunidades son los casos de reclutamiento forzado de jóvenes para integrarse a las filas de los grupos armados y del crimen organizado. Con estos hechos y a causa del miedo, las fiestas terminaron, la paz se perdió, la tranquilidad se fue con la llegada de extraños y, Juanchorrey se convirtió en un pueblo fantasma.

Ante este escenario, el gobierno del Estado instaló un campamento militar en las cercanías de comunidad de Juanchorrey y lograron mitigar un poco los actos delictivos. Estas acciones han traído consigo un poco de tranquilidad a los pocos habitantes que quedan en las localidades aledañas.

Con la llegada de los militares la ciudadanía se siente un poco más segura. Incluso, el gobierno del Estado comunicó el 12 agosto del 2023 lo siguiente:

“Tepetongo, Zac., 12 de agosto de 2023.- Como resultado de la presencia y las acciones policiales en todo el territorio zacatecano para fortalecer la paz social; en Tepetongo, las Fuerzas de Seguridad ubicaron y desmantelaron cuatro campamentos utilizados por grupos delincuenciales.

Las diversas acciones operativas llevadas a cabo por las Fuerzas de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ) de la Policía Estatal Preventiva, Ejército Mexicano y Guardia Nacional, en la comunidad Juanchorrey, del municipio referido, permitió que, tras recorridos pie tierra, se ubicaran cuatro puntos que, por sus características y hallazgos, corresponden a campamentos utilizados por grupos delincuenciales que fueron abandonados ante la presencia policial.

Algunos de estos campamentos fueron localizados en zonas altas de los cerros, por lo que tenían funciones de puntos de observación.

En estos sitios se localizaron alimentos, utensilios de cocina, ropa y diversos artículos de uso personal; ante ello, fueron destruidos por los agentes policiales para evitar su reutilización.

Con acciones como ésta, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con las Fuerzas de Seguridad federales, refrendó su compromiso de trabajar de manera ardua para recuperar la tranquilidad y avanzar en la pacificación de Zacatecas”.2

De nadie es desconocido que en los últimos tiempos Zacatecas ha vivido situaciones inéditas en materia de seguridad, la delincuencia organizada está llegando a cifras alarmantes, al grado de poner en riesgo y clara vulnerabilidad a la ciudadanía, tal como lo describen la asociación de comerciantes, antes vivían en un pueblo fantasma siendo este el caso de muchas comunidades de Zacatecas donde no cuentan con una seguridad pública adecuada.

Lamentablemente, el Estado tiene una de las tasas más altas de asesinatos y desaparecidos a nivel nacional poniendo en alerta máxima a la población y a las autoridades en focos de atención. Es claro que las policías municipales y estatales se encuentran totalmente rebasadas y, con la administración del gobierno estatal, que aún no se conoce la postura, estrategias y acciones que tomarán en materia de seguridad para la ciudadanía.

No obstante, a los buenos resultados que ha traído la presencia de las fuerzas castrenses a las zonas aledañas del municipio de Tepetongo, los habitantes de Juanchorrey muestran preocupación ante el rumor de que el campamento militar pueda ser retirado de la comunidad por instrucciones del gobierno federal.

Es por todo ello, que las y los pobladores Juanchorrey, por conducto de la Unión Nacional de Industriales de la Masa y la Tortilla, A.C., presentan este exhorto ciudadano, para que las y los diputados federales, de la manera más respetuosa, escuchemos sus voces y sus inquietudes y, de ser posible, se vote favorablemente a su petición.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en su LXV Legislatura exhorta a los titulares de las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana y de Defensa Nacional, a mantener integrantes de esas dependencias en la comunidad de Juanchorrey del municipio de Tepetongo, Zacatecas, con el fin de salvaguardar la integridad de las y los habitantes de la región.

Segundo. - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en su LXV Legislatura exhorta al gobernador constitucional del estado de Zacatecas para que, en el ámbito de sus facultades y atribuciones, se refuerce la coordinación en materia de seguridad pública con las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana y de Defensa Nacional y se implementen estrategias de inteligencia focalizada con el objetivo de prevenir, contener, reducir y combatir el crimen que se presente en esa entidad federativa.

Notas:

1 https://www.efinf.com/clipviewer/files/862eea0528d1445bac9d0cb247613e65 .pdf

2 https://www.zacatecas.gob.mx/fuerzas-de-seguridad-desmantelan-cuatro-ca mpamentos-en-tepetongo/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de abril de 2024.

Diputada Noemí Berenice Luna Ayala (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la colegisladora a concluir el proceso de dictamen, discusión y votación de la legislación pendiente en materia de cannabis, a cargo del diputado Roberto Valenzuela Corral, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, diputado Roberto Valenzuela Corral, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, fracción XX; 6, fracción I, numeral 1; 62; y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de este pleno, la presente proposición con punto de acuerdo para exhortar al Senado de la República para que concluya el proceso de dictamen, discusión y votación de la legislación pendiente en materia de cannabis, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Durante la LXIV Legislatura del Senado de la República se presentaron 10 iniciativas,1 con el fin de emitir la legislación necesaria para la regulación y control de la cannabis. En dichas iniciativas se incluyen propuestas de reforma y/o adición a diferentes ordenamientos, como lo son la Ley General de Salud, al Código Penal Federal, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y la Ley de Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, así también, se plantea expedir una Ley General para la Regulación y Control de Cannabis.

Cabe resaltar que las propuestas son diferentes, porque algunas se enfocan meramente en la parte de su utilidad terapéutica y otras abordan los límites o procedimientos legales para, en algunos casos, importarla o producirla, procesarla, comercializarla y consumirla en nuestro país, con fines médicos, pero también, en otros casos, con propósitos lúdicos.

Sin embargo, en su mayoría coinciden en la importancia de superar la actual regulación prohibicionista y lograr acuerdos para construir juntos un ordenamiento con enfoque en los derechos humanos, en la salud pública, en el desarrollo sostenible y, por supuesto, en la paz y la seguridad.

En este tenor, considerando que ya se han dado pasos en la materia, con las modificaciones a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal, publicadas el 19 de junio de 2017, en las que se establece el permiso para su uso científico, médico e industrial.

A lo cual se suma la jurisprudencia fijada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 15 de julio de 2021, relacionada con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos y no solamente médicos, como parte del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, reconocido por el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Es necesario retomar el análisis y valorar con responsabilidad todas las iniciativas, con el propósito de finalmente aprobar una legislación adecuada a la realidad actual en México.

Pensando ciertamente en la prevención y protección de nuestras niñas, niños y adolescentes, de nuestra juventud y todas las personas vulnerables, para que cuenten con información y políticas públicas que sensibilicen sobre las consecuencias del consumo; considerando los casos de prescripción médica y siempre bajo supervisión de especialistas en la materia.

Al mismo tiempo, resulta urgente establecer claramente regulaciones sobre todo el proceso de producción, almacenamiento, distribución y comercialización de cannabis y sus productos derivados, para los fines legales correspondientes. Pensando también en la aplicación de medidas de seguridad y control sanitario correspondientes, así como incluyendo en la legislación las sanciones a que se harían acreedores quienes no respeten las disposiciones en la materia.

Todo ello con el objetivo principal de desincentivar las actividades ilegales y aprovechar el mercado que ya existe, al mismo tiempo que se obtienen beneficios económicos tanto para el gobierno mexicano (a través de los impuestos y pago de diversos derechos) como a los productores o cooperativas de producción que participen, con toda la protección de la ley, en cualquiera de las etapas del proceso.

Por lo anterior, reitero mi convicción en la importancia de legislar en la materia, siempre pensando en que, al ser una actividad regulada y supervisada, se disminuyan los riesgos y se incrementan los potenciales beneficios.

Por las razones anteriormente expuestas, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Senado de la República para que concluya el proceso de dictamen, discusión y votación de la legislación pendiente en materia de cannabis.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Senado de la República para que en sus consideraciones incluya la participación y beneficios posibles para que los pueblos originarios, comunidades indígenas y afromexicanas en nuestro país puedan participar en el proceso de producción y comercialización de cannabis y sus derivados, para fines de investigación y medicinales.

Notas:

1 https://cannabis.senado.gob.mx/iniciativas/camara-de-senadores En este sitio web se puede consultar los archivos con las 10 iniciativas referidas, así como los tratados internacionales y la regulación específica en la materia que se ha aprobado en otras naciones.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de abril de 2024.

Diputado Roberto Valenzuela Corral (rúbrica)