Proposiciones

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar a la FGJ de la Ciudad de México a considerar como línea de investigación el sabotaje en el STC Metro, a cargo del diputado Manuel Alejandro Robles Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Manuel Alejandro Robles Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78 párrafo segundo, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los demás aplicables.

Someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, por la que se exhorta a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México considere como línea de investigación el sabotaje en el Sistema de Transporte Colectivo Metro al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Primera. El Sistema de Transporte Colectivo (STC) inició operaciones el cuatro de septiembre de 1969, por lo que este año cumplirá 54 años. En la inauguración, el servicio se prestó de la estación Chapultepec a Zaragoza.

Segunda. En la actualidad, el Sistema de Transporte Colectivo cuenta:

“...con 12 líneas (10 líneas neumáticas y 2 férreas), constando con un total de 195 estaciones distribuidas de la siguiente forma: 44 estaciones de correspondencia; 12 estaciones terminales con correspondencia; 24 estaciones terminales; 127 estaciones de paso; 115 estaciones subterráneas; 54 de superficie y 26 elevadas. Lo anterior, permite al Sistema cubrir más de 226 kilómetros, con un gran número de trenes (390) distribuidos entre todas sus líneas.” (STC, 2017)

Tercera. Es del dominio público que, en fechas recientes, el Sistema de Transporte Colectivo ha tenido varios accidentes y fallas. La continuidad de las mismas hace pensar que podría haber interés de algunos grupos por utilizar esos accidentes y fallas en el metro como una estrategia de golpeteo político.

Cuarta. El lunes 9 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló, en su conferencia matutina que se debía aclarar si el fatídico accidente en la interestación Potrero-La Raza fue una falla o fue provocado. “Se tiene que ver si fue falta de mantenimiento, si se debió a una falla eléctrica, a un acto premeditado, en fin. Se tiene que saber qué sucedió, que originó el accidente”, dijo el presidente en su conferencia mañanera de este lunes 9 de enero, desde Palacio Nacional.” (LaLista, 2023)

Quinta. Es evidente que existe una intención clara por parte de los panistas y de la derecha en general restar legitimidad y golpear políticamente todo proyecto de izquierda, democrático y popular, como el que encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador en el país y la doctora Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México.

Sexta. Los actos que inmediatamente realizaron en nado sincronizado alcaldes de la derecha como Lía Limón y Sandra Cuevas, además darlos a conocer de cuerpo entero, lleva a sospechar que quizá, tenían conocimiento de que alguna tragedia podría suceder en el Metro.

Séptima. Por otro lado, no debe pasar inadvertido que el líder del sindicato del Sistema de Transporte Colectivo, Fernando Espino Arévalo, quien lleva más de 40 años al frente del sindicato del Metro, proviene de las filas del PRI, partido político que tiene alianza con el PAN.

Octava. Por otro lado, los mismos trabajadores del metro se han quejado de la corrupción que este líder sindical ha instaurado al interior del sindicato afectado a todo el Sistema de Transporte Colectivo.

Infobae, medio de comunicación a quienes varios trabajadores del Metro le concedieron una entrevista, refieren, respecto del líder del sindicato Fernando Espino, lo siguiente:

“De acuerdo con un grupo de trabajadores de esa red de movilidad, innumerables eventos se han suscitado en los últimos cuatro años en toda la red del también conocido como “gusano naranja”e incluso algunos sin documentar, donde la actual administración y corrupción o falta de capacitación por parte del sindicato son los principales problemas.”

...

“Se refieren a Fernando Espino, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores, quien milita en el PRI y tiene alrededor de 42 años al frente del Metro. Incluso ha modificado los estatutos para mantenerse en ese cargo, sin importar quién gobierne.”

...

“En ese sentido, aseguraron que el sindicato es liderado o gran parte de las áreas del metro se dirigen por la familia del priista, es decir, esposa, hijos, primos, tíos, entre otros se han colocado en funciones dentro del STC y por eso los accidentes a gran escala continúan.

“Muchos que están en el sindicato se les solapan muchas cosas como la capacitación, refacciones, etc.

Según los datos, Espino tiene alrededor de 18 familiares de los más cercanos, trabajando con sueldos que van de los 17 mil pesos a los más de 40 mil pesos. Lo que quiere decir que, cada mes le cuesta al erario, más de 600 mil pesos aproximadamente, para poder depositar nómina tan solo a sus familiares.

A pesar de que todo apunta a que al parecer no fue un error humano, sino falta de iluminación y condiciones con las que se movilizan conductores a diario, tampoco rechazan la idea de que los trabajadores también deben pagar en caso de encontrarse y evidenciarse culpables, ya sea por conducir en estado de ebriedad o en cualquier otro panorama.” (Flores, 2023)

Novena. El tema presupuestal no es el quid del asunto, pues a contrario de lo que la derecha ha manifestado con la clara intención de golpear políticamente a la doctora Claudia Sheinbaum, siempre se ha asignado presupuesto suficiente al Sistema de Transporte Colectivo, tal como los mismos trabajadores del metro lo manifiestan:

“En el caso del presupuesto, será necesario resaltar que siempre se ha dado lo suficiente y se ha mantenido a lo largo de los años en al menos 17 mil 548 millones de pesos, aunque para este 2023 la Secretaría de Finanzas asignó el monto de 18 mil 847 millones de pesos .

Sin embargo, pese al presupuesto ni el gobierno ni el sindicato han demostrado que el dinero se está invirtiendo para el buen funcionamiento del transporte público.

Según investigaciones, incluso Espino ha sido acusado de desviar dinero del sindicato para financiar a practicantes de box, ya que se trata de un deporte del gusto del líder sindical .” (Flores, 2023)

Por lo tanto, fundado y motivado en lo expuesto, someto a consideración de esta asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente exhorta, de manera respetuosa, a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a considerar como línea de investigación el sabotaje en el Sistema de Transporte Colectivo.

Bibliografía

Flores, C. (10 de enero de 2023). Infobae . Obtenido de Trabajadores acusan al gobierno de la Ciudad de México y al líder sindical por tragedias en el Metro: https://www.infobae.com/america/mexico/2023/01/10/trabajadores-acusan-a l-gobierno-de-la-cdmx-y-al-lider-sindical-por-tragedias-en-el-metro/

LaLista. (10 de enero de 2023). La Lista . Obtenido de Líder del sindicato del Metro niega sabotaje en la Línea 3: No culpen a trabajadores: https://la-lista.com/mexico/2023/01/10/lider-del-sindicato-del-metro-ni ega-sabotaje-en-la-linea-3-no-culpen-a-trabajadores

STC. (diciembre de 2017). Sistema de Transporte Colectivo. Obtenido de Manifestación de asuntos relevantes:

https://metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Informacion%20L12/
Manifestaciones%20escritas%20de%20Asuntos%20Relevantes/SISTEMA%20DE%20RADIOCOMUNICACION.pdf

Dado en el Palacio Legislativo sede de la Comisión Permanente, a 24 de enero de 2023.

Diputado Manuel Alejandro Robles Gómez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades de Oaxaca a realizar diversas acciones e implementar medidas tendentes a garantizar la vida, la integridad y seguridad personal de la ciudadana María Elena Ríos, a cargo de la diputada Mariana Gómez del Campo y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Las diputadas y los diputados federales en la LXV Legislatura integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta a diversas autoridades del estado de Oaxaca a realizar diversas acciones e implementar medidas tendientes a garantizar los derechos humanos, entre los que se encuentra la vida, la integridad y seguridad personal de la ciudadana María Elena Ríos, así como a garantizar el acceso a la justicia y el debido proceso en el proceso seguido en contra de su agresor, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. El 9 de septiembre de 2019, María Elena Ríos, saxofonista de 28 años de edad, sufrió graves quemaduras en cara y cuerpo, luego de ser rociada con ácido sulfúrico por Juan Antonio Vera Hernández, quien es hijo del presunto autor intelectual de este ataque, Juan Antonio Vera Carrizal, a su vez expareja de la agredida.

II. El 6 de abril de 2020, el autor intelectual fue detenido y sometido a proceso. Como medida cautelar le fue impuesta la prisión preventiva.

III. Como parte del proceso que se sigue en contra del agresor, el juez de control Teódulo Pacheco Pacheco ordenó el pasado 21 de enero el cambio de la medida cautelar dictado a Juan Antonio Vera Carrizal, quien se encontraba en prisión preventiva desde abril del 2020. Por lo anterior, a partir del sábado se modificó a prisión domiciliaria.

A decir de la víctima, la audiencia tuvo aplazamientos ordenadas por el Juez de Control. Lo anterior, supone la realización de desacato por parte del juzgador local, toda vez que un juez federal ordenó desde el pasado miércoles que la audiencia fuera suspendida.

Ante diversas irregularidades, se ha planteado la recusación de Teódulo Pacheco, misma que hasta la fecha no ha procedido. A través de sus redes sociales, la víctima ha explicado que el juez aprobó ‘todos los medios de prueba falsificados y sin metodología de mi agresor’, los cuales pretenden hacerlo pasar por enfermo, asegurando que fueron seis días en los que vivió “una audiencia simulada, ya todo estaba arreglado y un arreglo pactado”.

IV. El contexto de impunidad respecto de la violencia contra las mujeres se mantiene intacto. Acciones y omisiones como las señaladas por las autoridades de Oaxaca, en donde además de la seguridad de la víctima se pone en entredicho son inadmisibles. Consideramos que, sin violentar los derechos fundamentales del imputado, es indispensable que se fortalezca el contexto de seguridad de la víctima y su familia. Se deben atender con perspectiva de género estos procesos para que se haga justicia de manera cabal y además de sancionar a los responsables, se genere una reparación integral del daño.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este Pleno, con el carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente Proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca, a ordenar la aplicación de las medidas de protección idóneas y urgentes que garanticen la vida, la seguridad y la integridad de la ciudadana María Elena Ríos, ante el riesgo inminente en que se encuentra derivado de la resolución judicial de dictar arraigo domiciliario a su agresor, el pasado 21 de enero del 2023.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobernador del estado de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, a que ordene la implementación de medidas de protección a favor de la ciudadana María Elena Ríos y de su familia, a efecto de garantizar su vida, seguridad e integridad personal, ante el arraigo domiciliario dictado a su agresor. Dichas medidas de protección deben ser dictadas para ser eficaces en todo lugar donde se encuentren las víctimas, no solamente en Oaxaca.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, a garantizar el acceso a la justicia de la ciudadana María Elena Ríos. a través de autoridades independientes, imparciales y competentes, que garanticen la toma de decisiones de manera diligente a favor de la protección de sus derechos humanos.

Cuarto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Consejo de la Judicatura del Estado de Oaxaca a realizar las investigaciones pertinentes a efecto de revisar la actuación del Juez de Control Teódulo Pacheco Pacheco, durante el proceso seguido en contra del C. Juan Antonio Vera Carrizal, en el cual se dictó su arraigo domiciliario, en perjuicio de la seguridad de la ciudadana María Elena Ríos.

Quinto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca a realizar las acciones conducentes a efecto de investigar las posibles violaciones a los derechos humanos y al debido proceso en el caso de la ciudadana María Elena Ríos, quien fuera agredida con ácido y quemada en el 90% de su cuerpo el pasado 9 de septiembre del 2019.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 24 de enero del 2023.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar Ejecutivo federal a cumplir con el compromiso de descentralizar el gobierno y con ello reubique Pemex en Ciudad del Carmen, Campeche, suscrita por el diputado Pedro Armentía López, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Pedro Armentía López, diputado a la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que a la brevedad cumpla el compromiso presidencial de descentralizar el gobierno y con ello reubique Petróleos Mexicanos en Ciudad del Carmen, Campeche, e implemente un programa de planificación y financiación para reubicar Petróleos Mexicanos en Ciudad del Carmen, a fin de urbanizar de manera sostenible a la entidad al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

A una semana de que ganó las elecciones como presidente, el titular del Ejecutivo aseguró que la descentralización de las secretarías comenzaría desde el inicio del sexenio 2018-2024.

El lunes 9 de julio de 2018, tras reunirse en privado con empresarios de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), el candidato presidencial electo, dio una conferencia de prensa y prometió ubicar Petróleos Mexicanos (Pemex) en Ciudad del Carmen, Campeche.

Sostuvo que su plan para descentralizar las dependencias federales busca que haya desarrollo en todo el territorio, no solamente en el centro de México. Declaró lo siguiente:

“¿Qué queremos con la descentralización y con otras acciones? Que todo el territorio nacional pueda crecer parejo. No es justo ni recomendable que la inversión pública o la inversión privada se concentren solo en algunas regiones del país”.1

El 1 de diciembre de 2018, tras asumir formalmente la presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, dio su primer discurso en el Zócalo capitalino frente a miles de personas. Reiteró ahí sus 100 compromisos.

Uno de los 100 compromisos sexenales que enunció en este discurso fue el siguiente:

“Se descentralizará el gobierno y las secretarías van a estar en distintos estados”.2

El anterior corresponde al compromiso número 54, es importante señalar que siempre que se hace mención de la descentralización del gobierno, Petróleos Mexicanos, está considerada.

En julio de 2019, el Ejecutivo federal reconoció que el proceso de descentralización se encontraba pendiente e informó que no se había cumplido este compromiso, argumentó que el enfrentar la pandemia por Covid fue un motivo que causó daño y se retrasó su cumplimiento, pero nuevamente reiteró avanzar en este propósito.3 Asimismo, de acuerdo con el titular del Ejecutivo, esta acción permitiría reactivar la economía en diversas regiones del país.4

Durante una visita del mandatario federal al estado de Campeche, desde donde se llevó a cabo la conferencia matutina, el gobierno estatal a solicitud del gobierno municipal, solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador, que revalore el traslado de las oficinas de Pemex a Ciudad del Carmen, Campeche; debido a que se presentaría una saturación de la zona.

El titular del Ejecutivo respondió que sí hay forma para que Pemex se mude al estado, ya que es en el sureste mexicano donde se concentran los pozos petroleros, además de que tiene una deuda con el estado.

López Obrador indicó que la mudanza de Pemex a Campeche había quedado en espera debido a una caída en la producción de petróleo.

“... En lo de Ciudad del Carmen, falta que se vaya Pemex, pero estamos invirtiendo bastante en su fortalecimiento.”5 Declaró el Presidente.

Existen las siguientes ventajas para considerar y hacer justicia a un estado petrolero como lo es Campeche:

• El potencial de crecimiento económico se expande con efectos positivos en el ingreso y nivel de vida de las personas,

• Elevar el nivel de vida de los ciudadanos,

• Existen mayores oportunidades laborales,

• Mejora la prestación de servicios por el sector público,

• Mejora la planificación y prestación de servicios públicos,

• Hay una mayor eficiencia administrativa y económica en la asignación de recursos escasos, ya que hay una mejor comprensión de las necesidades locales,

• Aumenta la recaudación de impuestos debido a un incremento en el número de contribuyentes,

• Puede atraer inversión extranjera.

Mudar Petróleos Mexicanos a Ciudad del Carmen, Campeche, permitiría mejorar las condiciones de los carmelitas y tendría beneficios para todo el estado.6

Pero es necesario que el gobierno federal y el gobierno estatal lleven a cabo una urbanización sostenible, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU): “La urbanización es un proceso que tiene que ver con los tres pilares de desarrollo sostenible: el económico, el social y el ambiental”.7

La ONU señala que los gobiernos deben emprender políticas públicas que mejoren la calidad de vida y que el aumento de la población implica prestar atención a aspectos como el alojamiento, el transporte, la energía, los servicios educativos y sanitarios para poder satisfacer las necesidades.

Asimismo, ONU Hábitat resalta que el valor de la urbanización sostenible solo se puede desbloquear siempre que se den diversas condiciones de planificación, financiación y gobernanza.8

Teniendo en cuenta lo anterior, y lo planteado por el alcalde del Carmen, es primordial que los titulares de los gobiernos federal y estatal colaboren entre sí, y de manera coordinada ejecuten un programa de planificación y financiación para reubicar de Petróleos Mexicanos en Ciudad del Carmen.

El programa de planificación y financiación para reubicar Petróleos Mexicanos en Ciudad del Carmen, Campeche, deberá contener los compromisos siguientes:

1. Fortalecer la movilidad y el transporte sostenibles y las redes e infraestructura de tecnología y comunicaciones. Incluir la conectividad entre las ciudades y sus alrededores, y entre las zonas periurbanas y rurales, así como una mayor interrelación entre la tierra y el mar, cuando proceda. (Deberá ser implementado sobre la base de instrumentos de planificación fundados en un enfoque urbano y territorial integrado).

2. Promover el financiamiento de la vivienda para que los nuevos residentes cuenten con viviendas asequibles y sostenibles.

3. Garantizar el acceso equitativo a las oportunidades y los beneficios que puede ofrecer la urbanización, que a su vez permitan a los residentes y a los nuevos habitantes, llevar una vida decente, digna y plena.

4. Promover la creación de espacios públicos seguros, integradores, accesibles, verdes y de calidad que fomenten el desarrollo social y económico, con el fin de aprovechar de manera sostenible su potencial para generar mayores valores sociales y económicos el acceso al agua potable, a la energía eléctrica, al drenaje y a la eliminación de los desechos.

5. Fortalecer la infraestructura de salud pública y garantizar su acceso y servicio de calidad.

6. Garantizar el acceso a espacios educativos que contribuyan al desarrollo pleno de la familia. El sistema educativo que se implante en Campeche deberá considerar por lo menos los niveles capacitación, medio básico y medio superior.

7. Generar las condiciones necesarias para que micro, pequeñas y medianas empresas se integren en cadenas de valor de los residentes y los nuevos habitantes con el propósito de mejorar la productividad, la cohesión social, económica y territorial; y la seguridad y la sostenibilidad ambiental.9

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, presento ante esta soberanía, la siguiente proposición de obvia y urgente resolución con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que a la brevedad cumpla el compromiso presidencial de descentralizar el gobierno y con ello reubique Petróleos Mexicanos en Ciudad del Carmen, Campeche.

Segundo. Se solicita respetuosamente al Poder Ejecutivo implementar un programa de planificación y financiación para reubicar de Petróleos Mexicanos en Ciudad del Carmen, que atienda la movilidad, el transporte sostenible, las redes e infraestructura de tecnología y comunicaciones; el financiamiento de la vivienda asequible y sostenible; el acceso equitativo a las oportunidades y los beneficios que puede ofrecer la urbanización; los espacios públicos seguros, integradores, accesibles, verdes y de calidad; la infraestructura de salud pública y garantía en su acceso al servicio y de calidad; el acceso a espacios educativos que considere por lo menos los niveles de capacitación, medio básico y medio superior y las condiciones necesarias para que micro, pequeñas y medianas empresas se integren en cadenas de valor con el propósito de mejorar la productividad, la cohesión social, económica y territorial; y la seguridad y la sostenibilidad ambiental.

Bibliografía

1. A todo esto, ¿cómo va la descentralización de secretarías de Estado que propuso AMLO? (2021, octubre 12). El Financiero.

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/10/12/a-to do-esto-como-va-la-descentralizacion-de-secretarias-de-estado-que-propu so-amlo/

2. AMLO no se olvida del compromiso de descentralizar secretarías; afirma que se irá avanzando. (2021, julio 22). El Financiero.

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/07/22/amlo -no-se-olvida-del-compromiso-de-descentralizar-secretarias-afirma-que-s e-ira-avanzando/

3. De las Naciones Unidas, O. (2017). Nueva Agenda Urbana. Habitat3.org. https://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-Spanish.pdf

4. De las Naciones Unidas Para La Agricultura Y La Alimentación, O. (2004). Descentralización e impuesto predial rural. Fao.org. https://www.fao.org/3/y5444s/y5444s04.htm

5. Gas Magazine. (2022, diciembre 7). Pide gobernadora no mudar a Pemex a Campeche. Oil & Gas Magazine. https://oilandgasmagazine.com.mx/2022/12/pide-gobernadora-no-mudar-a-pe mex-a-campeche/

6. La urbanización sostenible es fundamental para la recuperación económica del COVID-19. (2020, octubre 31). Noticias ONU. https://news.un.org/es/story/2020/10/1483362

7. Las ciudades seguirán creciendo, sobre todo en los países en desarrollo. (s/f). Www.un.org. Recuperado el 16 de enero de 2023, de https://www.un.org/development/desa/es/news/population/2018-world-urban ization-prospects.html

8. Pide Layda Sansores a AMLO que revalore traslado de Pemex a Campeche. (2022, diciembre 5). Ucol.mx; El Comentario. https://elcomentario.ucol.mx/pide-layda-sansores-a-amlo-que-revalore-tr aslado-de-pemex-a-campeche/

9. Política, E. (2018, julio 9). La descentralización de secretarías arrancará desde inicio de sexenio: AMLO. ADNPolítico. https://politica.expansion.mx/presidencia/2018/07/09/la-descentralizaci on-de-secretarias-arrancara-desde-inicio-de-sexenio-amlo

Notas

1 ADNPolítico. (2018a, julio 9). La descentralización de secretarías arrancará desde inicio de sexenio: AMLO. https://politica.expansion.mx/presidencia/2018/07/09/la-descentralizaci on-de-secretarias-arrancara-desde-inicio-de-sexenio-amlo

2 ADNPolítico. (2018b, diciembre 2). Estos son los 100 puntos del plan de gobierno de López Obrador.

https://politica.expansion.mx/presidencia/2018/12/02/est os-son-los-100-puntos-del-plan-de-gobierno-de-lopez-obrador

3 Redacción. (2021, 22 julio). AMLO no se olvida del compromiso de descentralizar secretarías; afirma que se irá avanzando. El Financiero. Recuperado 5 de enero de 2023, de https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/07/22/amlo-no-se-olvida-d el-compromiso-de-descentralizar-secretarias-afirma-que-se-ira-avanzando /

4 Redacción. (2021, 12 octubre). A todo esto, ¿cómo va la descentralización de secretarías de Estado que propuso AMLO? El Financiero. Recuperado 5 de enero de 2023, de https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/10/12/a-todo-esto-como-va -la-descentralizacion-de-secretarias-de-estado-que-propuso-amlo/

5 Con información de El Heraldo de México. (2022, 5 diciembre). Pide Layda Sansores a AMLO que revalore traslado de Pemex a Campeche. Universidad de Colima. El Comentario. Recuperado 9 de enero de 2023, de

https://elcomentario.ucol.mx/pide-layda-sansores-a-amlo- que-revalore-traslado-de-pemex-a-campeche/

6 FAO. (2004). Descentralización e impuesto predial rural. Organización De Las Naciones Unidas Para La Agricultura Y La Alimentación Roma, 2004. Recuperado 9 de enero de 2023, de

https://www.fao.org/3/y5444s/y5444s04.htm#TopOfPage

7 Las ciudades seguirán creciendo, sobre todo en los países en desarrollo. (s/f). Www.un.org. Recuperado el 16 de enero de 2023, de https://www.un.org/development/desa/es/news/population/2018-world-urban ization-prospects.html

8 De las Naciones Unidas, O. (2017). Nueva Agenda Urbana. Habitat3.org. https://habitat3.org/wpcontent/uploads/NUA-Spanish.pdf

9 De las Naciones Unidas, O. (2017). Nueva Agenda Urbana. Habitat3.org. https://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-Spanish.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 24 de enero de 2023.

Diputado Pedro Armentía López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la CRE a llevar a cabo las acciones necesarias a fin de garantizar equidad a los usuarios de gas natural en el estado de Zacatecas, que cuenten con accesos a precios iguales a los que se pagan en el resto del país, suscrita por el diputado Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputado Carlos Alberto Puente Salas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El gas natural es un combustible fósil compuesto por una mezcla de hidrocarburos gaseosos, principalmente metano, el cual se localiza en reservorios o campos puros de gas (gas libre), o bien, en campos de petróleo o carbón (gas asociado).

El gas natural es visto en la actualidad como una de las principales y más relevantes fuentes de energía, usada tanto para uso doméstico como para uso industrial o comercial; es un tipo de energía menos dañina para el medio ambiente, además de que se considera seguro y accesible en términos económicos. Hoy en día el gas natural es una de las pocas alternativas que en la práctica puede sustituir masivamente al carbón y a los petrolíferos usados en diversos ámbitos.1 De hecho, se considera que el gas es el puente para transitar de las energías fósiles a las renovables y será la energía más consumida hacia 2035, manteniendo su dominio hasta 2050 de acuerdo con los escenarios mundiales.2

El gas natural representa uno de los principales insumos para la generación de energía eléctrica, Además, se emplea a gran escala como fuente de calor para hornos industriales en la producción de vidrio, acero, cemento, cerámica, papel, etcétera. En el sector petroquímico el gas natural es usado para la obtención de combustibles fósiles purificados como metanol, amonio, butano, etano, propano y ácido acético, lo cual permite, a su vez, el desarrollo de fertilizantes, pesticidas, fibras sintéticas y asfalto, entre otros derivados.

Por otra parte, el gas natural comprimido también se emplea como combustible para el transporte, en muchos casos unidades de transporte público. Dado que el gas natural comprimido resulta más barato que otros combustibles, se prevé que su uso en el sector transporte podría aumentar sustancialmente en los siguientes años.

El gas natural ha sido la energía más consumida en el país desde 2014. Su participación en el consumo primario alcanza el 48%. El avance del gas en la oferta de energía ha sido espectacular, con un crecimiento del 3.5% en promedio anual entre 2000 y 2019.3

Como puede verse, son muchos los beneficios del uso del gas natural en diversos ámbitos, pues éste tiene un impacto positivo en el desarrollo productivo de un país, una región o una entidad, particularmente en cuanto respecta al desarrollo industrial.

Gracias al acceso al gas natural, es posible que regiones o entidades cuya vocación sea fundamentalmente agrícola, comercial o incluso extractiva agreguen valor industrial a sus procesos productivos y tengan una mayor participación en la actividad manufacturera. Este puede ser el caso, por ejemplo, de Zacatecas.

Zacatecas es uno de los estados del centro-norte del país, sus límites colindan con Aguascalientes, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Nuevo León y San Luis Potosí y conforma una de las regiones más potentes del país en lo que se refiere a la actividad económica. La zona está abocada, principalmente, a la actividad manufacturera, sin embargo, la actividad económica predominante en Zacatecas se ubica en el sector terciario, el cual equivale al 57.4?por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del estado. A pesar de ubicarse en una región con un peso relevante en la actividad económica mexicana, la cual aporta casi el 30 por ciento del PIB nacional, Zacatecas es uno de los estados que menos contribuyen a éste.4

Uno de los factores que en los últimos años han desincentivado el desarrollo de la industria en Zacatecas y en consecuencia han representado un obstáculo para un mayor dinamismo de su economía es el precio del gas natural que se paga en la entidad.

Zacatecas tiene acceso al gas natural desde 2014, año en que comenzó a crecer la inversión para ampliar la red de gasoductos en todo el país, pero desafortunadamente es el estado con el precio de dicho energético más caro de México.

El precio final del gas natural está integrado por el costo de la molécula, la tarifa de transporte del gas y el costo del servicio. La determinación de la metodología para establecer las tarifas del sistema de transporte y almacenamiento de gas natural depende de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Para efectos de lo anterior, el país se encuentra dividido en nueve zonas geográficas. Zacatecas se encuentra ubicada en la zona 6, sin embargo, debido a que se le aplica una tarifa diferente, en la entidad se paga por concepto de transporte de gas natural más del doble de lo que se paga en el resto de la propia zona 6 y en otras zonas del país. Esta situación impacta, desde luego, en el precio final del gas que pagan las empresas y los hogares en Zacatecas, lo cual implica pérdida de competitividad en la entidad.

Muchas empresas que han considerado a Zacatecas como una opción para instalarse e invertir, al ver el diferencial existente en el costo del gas natural en la entidad y otros estados, optan llevar sus inversiones a otros lugares como Guanajuato, Aguascalientes, Michoacán, Jalisco y San Luis Potosí, lo cual afecta el desarrollo productivo y la generación de empleo.

Los problemas en el acceso a precios competitivos del gas natural inhiben el desarrollo de la actividad industrial y por tanto limitan también el crecimiento económico. En el siguiente cuadro comparativo puede apreciarse claramente que existe una correlación importante entre el acceso a precios competitivos del gas natural y la participación del sector manufacturero en el producto interno bruto de los estados:

Buscando que Zacatecas tenga condiciones de mayor equidad con respecto al resto de las entidades del país en materia de precios del gas natural, un grupo de empresarios zacatecanos, en conjunto con el gobierno estatal, han venido impulsado diversos espacios de diálogo con la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía y el Centro Nacional de Control del Gas Natural con el propósito de que a la entidad le sea aplicada la metodología MCF-Mile para la determinación de las tarifas de transporte del hidrocarburo.

Derivado de lo anterior se inició un proceso administrativo en donde las autoridades reguladoras han establecido los requisitos y los pasos a seguir para lograr que se reduzca la tarifa de transporte de gas natural que se aplica en Zacatecas. No obstante, a pesar de que se ha cumplido con los requisitos solicitados por la autoridad, a la fecha los usuarios de gas natural en Zacatecas siguen pagando una tarifa de transporte del mismo mucho mayor que en otros estados, lo cual, como ya se dijo, afecta a la competitividad de la entidad, al desarrollo productivo, al crecimiento económico y a la generación de empleos.

En virtud de lo aquí expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Reguladora de Energía para que lleve a cabo las acciones necesarias a fin de garantizar equidad a los usuarios de gas natural en el estado de Zacatecas y que cuenten con acceso a precios iguales a los que se pagan en el resto del país.

Notas

1 Véase, Centro Nacional de Control del Gas Natural, “Importancia del gas natural”, 11 de abril de 2016. Disponible en:
https://www.gob.mx/cenagas/articulos/importancia-del-gas-natural?idiom=es#:~:text=
El%20gas%20natural%20es%20visto,alternativa%20que%2C%20en%20la%20pr%C3%A1ctica%2C

2 Véase, V. Rodríguez, J. Estrada y V. H. Ventura, “El gas natural en México. Impacto de la política de autosuficiencia, seguridad y soberanía en la transición y la integración energética regional”, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, México, 2022. Página 10. Disponible en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47981/1/S2200638_e s.pdf

3 Ibídem. Página 9.

4 Véase, Tamón Takahashi Iturriaga y Rodolfo Gutiérrez, “Zacatecas: un estado económicamente débil en una región potente”, México cómo vamos, 24 de marzo de 2021. Disponible en: https://mexicocomovamos.mx/nexos/zac-mcv/2021/03/zacatecas-un-estado-ec onomicamente-debil-en-una-region-potente/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 24 de enero de 2023.

Diputado Carlos Alberto Puente Salas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al INM a redoblar esfuerzos en la protección de niñas, niños y adolescentes migrantes, garantizar la unidad familiar y evitar toda forma de explotación infantil, suscrita por los senadores Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Martha Cecilia Márquez Alvarado, Cora Cecilia Pinedo Alonso y Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del PT

De las senadoras Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Cora Cecilia Pineda Alonso, Martha Cecilia Márquez Alvarado y del senador Joel Padilla Peña, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta, respetuosamente, al Instituto Nacional de Migración para que, en el ámbito de sus atribuciones, redoblen esfuerzos en la protección de niñas, niños y adolescentes migrantes, garanticen la unidad familiar y eviten toda forma de explotación infantil de las niñas, niños y adolescentes migrantes, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Como lo señala la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el trabajo infantil es una violación de los derechos humanos fundamentales, que ha demostrado perjudicar el desarrollo de los niños, pudiendo conducir a daños físicos o psicológicos que les durarán toda la vida.1

Desafortunadamente, esta terrible y nociva práctica sigue presente en nuestro planeta. Con información del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, los avances para erradicar el trabajo infantil se han estancado por primera vez desde hace 20 años y se ha invertido la tendencia hacia su disminución, que venía registrando una importante disminución de 94 millones de 2000 a 2016.2

Lo anterior puede explicarse por la pandemia de Covid-19, que a su vez derivó en condiciones económicas desfavorables para la comunidad, así como el cierre de las escuelas corno medida para evitar la propagación del virus. De hecho, para 2021 se estimó que la cantidad de niños que trabajan se elevó a 160 millones en todo el mundo.3

México, tristemente, no es ajeno a esta situación. La Encuesta Nacional de Trabajo Infantil 2019 estimó que, en nuestro país, 3.3 millones de niños y niñas de 5 a 17 años se encuentran en condiciones de trabajo infantil, lo que representa una tasa de 11.5 por ciento.4

Además, en el país tenemos población infantil y adolescente migrante que vienen en busca de trabajo para mejorar las condiciones por la que salieron de su país de origen . De acuerdo con la organización Save The Children, en 2021 el número de menores migrantes fue de 29 mil 467.5

Lamentablemente, este sector se encuentra en una doble vulnerabilidad; ser migrantes y ser menores de edad. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, este grupo representa una gran parte de las personas migrantes del mundo, los cuales migran con o sin sus padres o madres.6

Aunque en ocasiones migrar pueda ofrecerles una vida mejor, así como mejores oportunidades y condiciones, también representa un riesgo, ya que si migran sin documentos migratorios a un país donde se les impida tener acceso a servicios básicos, lo único que les queda es buscar fuentes de ingreso, por lo que se vuelven susceptibles de trabajo infantil informal y explotación.

La OIT menciona que los menores de edad migrantes están expuestos a maltratos, aislamiento, violencia, malas condiciones de trabajo, omisión del pago de salarios y la amenaza de ser denunciados con las autoridades migratorias. Aunado a esto se ha demostrado que este sector recibe menor salario y trabajan más horas.7

El trabajo infantil informal es un gran problema para las autoridades debido a que como no se encuentran empleados conforme a la ley, no existe un registro sobre cuantos menores se encuentran en esta situación. Lo anterior también causa una vulneración a su protección social y jurídica.

Ante estos hechos y cifras, es prioritario actuar. Tanto la niñez como la adolescencia representan nuestras primeras etapas de desarrollo humano. Son las etapas cuando comenzamos a desarrollar independencia, aprendemos a explorar al mundo y empezamos a comprender situaciones en específico que moldean nuestro futuro como adultos.

Recordemos que derivado de la reforma del año 2011 se reconoce el principio del interés superior de la niñez, el cual debe guiar el diseño y la implementación de las políticas públicas que afecten a la niñez.

El interés superior de la niñez obliga a las esferas pública y privada, autoridades jurisdiccionales, autoridades administrativas, órganos legislativos y demás actores que interactúan, directa o indirectamente, con la infancia y adolescencia a determinar en cada caso su interés individual y tomarlo como consideración primordial en todas las medidas que tomen o afecten a las niñas, niños y adolescentes.

Aunque la búsqueda de protección y de hacer efectivos todos los derechos que deberían gozar ha sido vasta, lamentablemente, el hacerlos efectivos no se ha logrado del todo debido a que se siguen encontrando en constante vulneración por diversos factores como la migración, pobreza, falta de oportunidades, inseguridad y la delincuencia.

En este sentido, el trabajo infantil es un reto fundamental del Estado mexicano para disminuir y erradicar. Los sueños, esperanzas y anhelos de niñas, niños y adolescentes tienen que estar en centros escolares, en convivencia con sus familiares y amigos, en el parque y en actividades recreativas, nunca en centros laborales.

Como lo señaló Constanza Tort San Román, encargada de Despacho de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes: “El trabajo infantil es una de las violencias más crueles que puede sufrir un ser humano, privándoles el derecho de ser niños. Cada peso que gana una niña o un niño empobrece su futuro y el de todo México”.8

En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo defendemos y nos pronunciamos en todo momento por la niñez de nuestro país. No podemos ser ajenos ante la realidad que viven niñas, niños y adolescentes migrantes que, por su condición, se ven obligados a trabajar en condiciones y lugares precarios para subsistir.

Hay que ser contundentes, el trabajo infantil merma el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, restringe sus derechos y limita sus oportunidades en el futuro, así como da lugar a círculos intergeneracionales de pobreza, desigualdad y trabajo infantil.

Es momento de alzar la voz por aquellas voces inocentes, de redoblar esfuerzos y de garantizar que el interés superior de niñas, niños y adolescente sea una realidad.

Por lo anteriormente expuesto, presentamos ante esta honorable Comisión Permanente, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. - La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Instituto Nacional de Migración para que, en el ámbito de sus atribuciones, redoblen esfuerzos en la protección de niñas, niños y adolescentes migrantes, garanticen la unidad familiar y eviten toda forma de explotación infantil de las niñas, niños y adolescentes migrantes.

Segundo. - La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría del Trabajo y Previsión social, así como a sus homólogas en las treinta y dos entidades federativas, para que fortalezcan los mecanismos de inspección en centros laborales donde se presentan con mayor frecuencia casos de explotación laboral infantil.

Tercero. - La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, así como a sus homólogas en las entidades federativas, para que en coordinación con las autoridades en materia de trabajo y Previsión Social y el Instituto Nacional de Migración , redoblen esfuerzos en las labores de protección y cuidado de niñas, niños y adolescentes, con especial atención en aquellos casos de menores de edad migrantes.

Cuarto. - La Comisión Pe1manente del honorable Congreso de la Unión, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como a sus homólogas en las treinta y dos entidades federativas, a difundir o, en su caso, elaborar programa s para concientizar, prevenir y erradicar el trabajo infantil mediante una campaña masiva en medio s de comunicación.

Notas

1 Organización Internacional del Trabajo. Información de base sobre el trabajo infantil y la OIT. Disponible en: https://www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/Youthinaction/C182-Youth-o rientated/C182YouthBackground/lang—es/index.htm, consultado el 20 de enero de 2023.

2 UNICEF. Trabajo Infantil. Disponible en: https://www.unicef.es/trabajo-infantil, consultado el 20 de enero de 2023.

3 UNICEF. Los casos de trabajo infantil se elevan a 160 millones, al alza por primera vez desde hace dos decenios. Disponible en: https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/trabajo-infantil-elevan-16 0-millones­al-alza-primera-vez-dos-decenios, consultado el 20 de enero de 2023.

4 INEGI. Estadísticas a propósito del Día Mundial Contra el Trabajo Infantil. Datos Nacionales. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/ EAPTrabInf2J.pdf, consultado el 20 de enero de 2023.

5 Forbes México. Crece 6 veces presencia de niños migrantes en México: Save the Children. Disponible en:

https://www.forbes.com.mx/noticias-crece-6-veces-presenc ia-ninos-migrantes-mexico-save-the­children/#:-:text=EFE.,la%20organiza ci%C3%83n%20Save%20The%20Children., consultado: 23 de enero de 2023.

6 Organización Internacional del Trabajo. Trabajo infantil y migración. Disponible en: https://www.ilo.org/ipec/areas/Migration_and_CL/lang—es/index.htm, consultado: 23 de enero de 2023.

7 Ibid.

8 Reporte Índigo. Trabajo infantil: ‘Cada peso que ganan los menores nos empobrece’. Disponible en: https://www.reporteindigo.com/reporte/trabajo-infantil-cada-peso-que-ga nan-los-menores-nos-empobrece/, consultado el 20 de enero de 2023.

Dado en el salón de la Comisión Permanente, a 24 de enero de 2023.

Senadores: Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Cora Cecilia Pineda Alonso, Martha Cecilia Márquez Alvarado, Joel Padilla Peña (rúbricas).

Con punto de acuerdo, para exhortar a la FGR, a las Fiscalías Generales de Michoacán y de Colima, y a la CNB a realizar la localización de manera urgente de los activistas de derechos humanos Ricardo Arturo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia, desaparecidos desde el 15 de enero de 2023, suscrita por el diputado Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, Jorge Álvarez Máynez Diputado Federal, y a nombre de las diputadas y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base a la siguiente

Exposición de Motivos

I. La seguridad pública en nuestro país, como lo señala el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es una función directa de la federación, las entidades federativas y los municipios con sus respectivas competencias y atribuciones que le confieren las leyes, contribuyendo a la preservación del orden público y la paz social.

Asimismo, es importante destacar que ya desde hace más de una década debe revisarse y abordarse de manera urgente la estrategia de seguridad pública que se ha implementado en la presente administración ya que se ha dejado en un estado de indefensión a las y los ciudadanos de este país que son los principales afectados ante los altos índices de criminalidad prevalente en todo el territorio nacional.

El abogado defensor de Derechos Humanos, Ricardo Arturo Lagunes Gasca, y el profesor Antonio Díaz Valencia, líder de comunidad indígena de Aquila, Michoacán, y trabajaban con la comunidad indígena de Aquila, evidenciando los daños ambientales ocasionados por la minera de dicha zona. El pasado 15 de enero, acababan de salir de una asamblea en el auditorio comunal de Aquila y posteriormente se trasladaron con dirección a la capital de Colima, comunicándose por última vez en el puente Coahuayana, en el estado de Michoacán a las 18:50 horas.1 Ese día ambos fueron víctimas de secuestro y desaparición forzada.

Cabe señalar que ambos viajaban en una camioneta pick up blanca marca Honda, que fue encontrada el domingo en la carretera federal en la zona de topes de Cerro de Ortega, presentando impactos de bala, pero en la unidad no se encontró a ninguna persona. Por tanto, se presume que el profesor Valencia y el defensor Ricardo Lagunes fueron privados de su libertad por desconocidos, situación que pone en grave riesgo su integridad física y su vida, por lo que el Estado está obligado, tanto a nivel constitucional como legal, a realizar su búsqueda en aras de protección de sus derechos humanos.

Después de que docenas de grupos de derechos, colegas y familiares exigieron a las autoridades que tomaran medidas urgentes para encontrar a los dos ciudadanos que defienden a un sector de la sociedad que se encuentra en situación de vulnerabilidad las unidades estatales de personas desaparecidas emitieron alertas de búsqueda.

Asimismo, es importante destacar que Ricardo Arturo Lagunes Gasca es abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con un máster en Protección de Derechos Humanos en la Universidad de Alcalá (Madrid, España) y se ha desempeñado como abogado defensor de derechos humanos en el sureste y occidente del país por más de 15 años. Al ser un abogado de alto perfil especialmente en temas relacionados con los derechos ambientales y de la tierra, ha sido amenazado de muerte en diversas ocasiones sin que las autoridades estatales hayan actuado para protegerlo, considerando especialmente que está representando a la comunidad de Aquila contra las operaciones mineras que han generado una miríada de daños ambientales, de salud y sociales.

Resulta fundamental destacar que Ricardo Lagunes fundó Asesoría y Defensa Legal del Sureste y tiene una larga trayectoria nacional e internacional en la defensa de derechos colectivos y de tierras ejidales y comunales frente a megaproyectos, despojos y violaciones de derechos humanos. Su acompañamiento legal en diversos estados (Chiapas, Oaxaca, Yucatán, Campeche) ha dado como resultado la protección de miles de hectáreas de tierras colectivas, de valiosos ecosistemas y de derechos colectivos, especialmente de comunidades indígenas. Asimismo, ha logrado la protección internacional de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para las comunidades a las que representa. Su desaparición se da en un contexto en el que distintas personas defensoras del territorio y del medio ambiente han sido víctimas de delitos y amenazas a sus vidas. En los últimos 3 años, más de 50 personas han sido asesinadas, además de que se han documentado diversas agresiones como la intimidación, el hostigamiento; las amenazas y las agresiones físicas.2

Por otro lado, Antonio Díaz Valencia es comunero de Aquila Michoacán, candidato a la presidencia del comisariado ejidal de Aquila Michoacán y defensor del medio ambiente.

Ana Lucía Lagunes Gasca, hermana de Ricardo Lagunes, explicó en entrevista que las desapariciones se dan en un contexto comunitario dividido y violento, en parte por los impactos ocasionados por la presencia de la minera Ternium.3

Ante tal situación el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano hace un atento llamado a las autoridades para que en el ámbito de sus facultades y atribuciones legales realicen de manera urgente la búsqueda y localización de ambos ciudadanos. Asimismo, a que se realicen las investigaciones correspondientes para la detención de las personas que realizaron dichas conductas señaladas por la Ley como delito, actividades que atentan en contra del Estado de derecho y la seguridad de las y los ciudadanos que se dedican a la defensa de los derechos ambientales en comunidades indígenas del territorio nacional.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. - La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Fiscalía General de la República para que de forma urgente, en el ámbito de sus facultades y atribuciones legales y en coordinación con las autoridades estatales se realicen las investigaciones correspondientes y la búsqueda de los ciudadanos Ricardo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia desaparecidos desde el día 15 de enero de 2023.

Segundo.- La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a los titulares de la Fiscalía General del Estado de Michoacán y de Colima para que en el ámbito de sus respectivas facultades y atribuciones y en coordinación con la Fiscalía General de la República se realicen las acciones necesarias y urgentes para la localización de los ciudadanos Ricardo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia, ambos desaparecidos desde el 15 de enero de 2023 y posibles víctimas de secuestro o desaparición forzada.

Tercero.- La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de Búsqueda para que realice de manera urgente las acciones de su competencia para la localización de los ciudadanos Ricardo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia, ambos desaparecidos desde el 15 de enero de 2023 y posibles víctimas de secuestro o desaparición forzada.

Cuarto.- La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas implemente los protocolos y medidas urgentes ante los hechos ocurridos de la desaparición de los ciudadanos Ricardo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencias, dedicados a la protección de derechos humanos de las comunidades indígenas y en su caso se garantice la protección de los familiares ante la evidente situación de riesgo en la que se encuentran.

Notas

1 Demandamos presentación con vida de Ricardo Arturo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia, Change ORG, enero de 2023, recuperado de:
https://www.change.org/p/cndh-busqueda-mx-fiscaliamich-adrian-lopezs-a-encinas-r-kiquinta-demandamos-
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2 Ídem

3 Protestan en CDMX por la aparición con vida de los defensores Ricardo y Antonio; ambos desaparecieron tras asamblea en Michoacán, Animal Político, 22 de enero de 2023, recuperado de: https://www.animalpolitico.com/estados/protestan-en-cdmx-por-la-aparici on-con-vida-de-los-activistas-ricardo-y-antonio

Dado en la sede de la Comisión Permanente, a 24 de enero de 2023.

Diputado Jorge Álvarez Máynez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SICT a remitir a esta soberanía un informe de la factibilidad del proyecto de la carretera Willy-Huachinera y, en su caso, el estatus de registro en la cartera de proyectos, a cargo del senador Rafael Espino de la Peña, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Rafael Espino de la Peña, senador de la República de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; fracción II numeral 1 del artículo 8 y numeral 1 y 2 del artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de la Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El plan de la carretera Willy-Huachinera es un proyecto que cuenta con grandes bondades, entre otras, comunicar a las poblaciones aledañas e intermedias de Sonora y Chihuahua.

El proyecto carretero Willy-Huachinera, (Carretera Guaymas-Ciudad Juárez), Carretera interestatal Chihuahua-Sonora se encuentra ligado a Nuevo Casas Grandes, la cual nace con la construcción en 1897 del ferrocarril de Ciudad Juárez a Casas Grandes, primero como la estación del tren a 5 kilómetros de Casas Grandes y después en 1923 se crea el municipio de Nuevo Casas Grandes por el crecimiento de la población y su desarrollo económico.

Los habitantes de la región Sonora-Chihuahua llevan años insistiendo en la importancia de que sea terminada la carretera Willy-Huachinera, ya que son múltiples los beneficios que una obra de esta naturaleza traería en lo inmediato, sobre todo del lado mexicano, con impacto económico, turístico, pero sobre todo social, porque permitiría la conexión del puerto de Guaymas con la intermodal del ferrocarril Santa Teresa, así como el puente de Tornillo, Texas, y las ciudades conurbadas de El Paso y Ciudad Juárez.

En la actualidad, derivado de la globalización económica, es necesario contar con infraestructura moderna, por ser de vital importancia para el desarrollo de los pueblos la carretera Willy-Huachinera conocida también como Juárez- Guaymas, que tal y como ya se dijo, conectará las fronteras de Chihuahua, Nuevo México y Texas con el Pacífico donde actualmente se desarrolla la mayor parte de comercio mundial.

Asimismo, entre otros beneficios que traería la nueva carretera Willy- Huachinera, es que se reducirían cuando menos 200 kilómetros de distancia y, hasta dos horas y media en tiempo, ahorrando tiempo y costos en el traslado de mercancías entre las principales ciudades de Sonora y Chihuahua y la frontera con Texas y Nuevo México.

La construcción de la carretera de tan sólo 70 kilómetros, 30 en Chihuahua y 40 en Sonora, completaría un eje transversal carretero, de la frontera entre los estados de Nuevo México, Texas, Chihuahua y Sonora, a Puerto Palomas- Columbus, Santa Teresa-Jerónimo, El Paso-Ciudad Juárez, Guadalupe-Tornillo, con el puerto de carga más cercano en el Pacifico que es Guaymas, Sonora. Guaymas es el puerto de carga más seguro por su ubicación en el golfo de California, y es el principal en el norte del país.

A la fecha, ya han sido múltiples las gestiones que han llevado a cabo, horas de reuniones con funcionarios de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), además, los impulsores de esta importante obra, han manifestado de forma persistente la viabilidad del proyecto.

Actualmente, personal de la SICT en México, ha dicho a los peticionarios que, no se ha podido hacer nada porque la obra no está registrada en la cartera de proyectos, según la información otorgada al Congreso del Estado mediante oficio SG/UE/230/1999/22, a raíz de un exhorto enviado a la Secretaría de Gobernación.

Dentro de dicho comunicado, les dicen a los peticionarios que, para construir o modernizar dicha red de caminos, es necesario realizar el trámite de registro en la Cartera de Proyectos en la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Lo anterior les resulta inverosímil, toda vez que, consideran que la respuesta fue una salida burocrática, en virtud de los años que lleva de iniciada la solicitud del trámite, piden que haya mayor voluntad y certeza.

Compañeros y compañeras de esta honorable tribuna, vivimos en un momento de transformación para el país y eso no excluye las regiones del país que puedan generar riqueza para México, impulsemos este proyecto y los que resulten necesarios para generar nodos de inversión en diversos lugares de México.

Hoy levanta la mano la región de Sonora y Chihuahua, el día de mañana pueden llegar de otras zonas del país, que cuenten con nodos estratégicos para impulsar el desarrollo y el bienestar, es importante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, informe a esta soberanía el resultado del análisis realizado al proyecto y en su caso, el de registro en el sistema de cartera de proyectos.

Lo anterior con el propósito de que, en caso de existir algún obstáculo legal o administrativo, sea subsanado y en consecuencia se proceda su registro en la cartera; en caso de ya haber culminado los análisis de factibilidad, que se informe cual es causa fundamental por la cual no se logra a la fecha el registro.

Por lo expuesto, se somete a consideración de esta honorable soberanía, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente exhorta a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a que remita a esta soberanía un informe de la factibilidad del proyecto de la carretera Willy-Huachinera y, en su caso, el estatus de registro en la cartera de proyectos.

En el informe se solicita la presentación puntual de datos que ilustren el estado administrativo por el cual no se ha consumado el registro en la cartera de proyectos para la carretera Willy-Huachinera.

Ciudad de México, a 24 de enero de 2023.

Senador Rafael Espino de la Peña (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a dejar sin efectos el decreto por el que se modifica la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, publicado en el DOF el 16 de enero de 2023, suscrita por el diputado Enrique Godínez del Río, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Enrique Godínez del Río, diputado por Michoacán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión,con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 a 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo de urgente u obvia resolución, por los que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Poder Ejecutivo federal a dejar sin efectos el decreto por el que se modifica la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación sobre aranceles a la exportación de maíz blanco, publicado el 16 de enero de 2023, así como a las Secretarías de Economía, y de Agricultura y Desarrollo Rural a elaborar de manera coordinada un programa de importaciones del maíz blanco orientado a la generación de competencia, el aumento de la oferta del recurso y la estabilización de los precios en el sector, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 16 de enero se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se modifica la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación.

El decreto modifica temporalmente el arancel de exportación de la fracción arancelaria 1005.90.04, correspondiente al maíz blanco (harinero) de la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, pasando de estar exento a tener un arancel de 50 por ciento.1

El 16 de mayo de 2022 se publicó el “Decreto por el que se exenta el pago de arancel de importación a las mercancías que se indican”. A fin de contrarrestar los efectos sobre los precios derivados de la tendencia inflacionaria, el Poder Ejecutivo federal consideró necesario y urgente exentar temporalmente el pago de arancel a la importación a los productos clasificados en 66 fracciones arancelarias que forman parte de la canasta básica e insumos, donde se incluía el maíz blanco. Este decreto seguirá vigente hasta el 17 de mayo de 2023, con posibilidad de prorrogarse un año más.2

En el decreto del 16 de enero se menciona:“De acuerdo con el Panorama Agroalimentario 2021, el maíz blanco es un producto básico en la alimentación en México porque es una fuente importante de energía calórica de la dieta de los mexicanos y el grano de mayor producción, con 89 por ciento en la participación de la producción nacional de granos y con un consumo anual per cápita de 332 kilogramos y que la oferta y producción de maíz blanco en nuestro país son factores importantes en la determinación de su precio y, por tanto, también de los diversos productos de consumo elaborados a base del mismo, principalmente la tortilla, para garantizar un abasto suficiente es necesario mantener la producción nacional en el país y asegurar condiciones de mercado que permitan estabilizar su precio”.3

Sin embargo, este Decreto en vez de controlar el incremento del precio de la tortilla, atenta contra los acuerdos comerciales en materia de prohibiciones y restricciones a la exportación.

El Instituto Mexicano para la Competitividad, AC, ha alertado que la imposición de un arancel de exportación a este insumo no es el medio para alcanzar el objetivo de estabilizar su precio y, además, representa un riesgo para la competitividad por infringir las obligaciones adquiridas en 14 tratados de libre comercio.4

El análisis del Instituto indica que esta medida genera preocupaciones sobre la posibilidad de restricciones adicionales en otros productos de exportación, lo que crea incertidumbre sobre las reglas del juego en el sector agrícola. En consecuencia, se reduce la competitividad del sector, al volverlo menos atractivo para inversiones potenciales. Esto es un grave, ya que se suma a todas las amenazas que tiene, como el incremento en el costo de fertilizantes, las sequías, incendios, inundaciones, falta de acceso a agua riego, la delincuencia organizada, entre otras.

Durante la última década, la suma de los inventarios y la producción nacional de maíz blanco ha superado la demanda total, incluyendo las exportaciones. Como ejemplo está el ciclo agrícola octubre de 2021-septiembre de 2022: 99 por ciento del maíz blanco fue demandado por México para fines de consumo humano, autoconsumo, consumo pecuario, semillas para siembra, incluyendo las mermas. Las exportaciones representaron apenas 1 por ciento de la demanda.

Tal es el grado de producción masiva de este recurso escaso que la Sader lo incorporó junto con otros bienes agroalimentarios para construir su dudoso “coeficiente de autosuficiencia alimentaria” (que por cierto abarca sólo 13 productos y es una de las principales políticas de este gobierno) y argumentar que somos autosuficientes en el sector alimentario.5

El mercado nacional tiene garantizadoel suministro de maíz blanco por ser autosuficiente. La oferta incluso excede la demanda desde 2012. Consecuentemente, desincentivar las exportaciones con medidas como la imposición de aranceles es absurdo si lo que busca es la estabilidad de su precio.6

Eliminar el incentivo a exportar no aumentaría en el margen la oferta nacional de dicho producto y hay que poner atención en este punto: recordemos que las exportaciones son en economía los excedentes no consumidos de producción y por más pequeñas que sean, al reducir los incentivos de exportación, los productos excedentes pueden quedarse en inventario y generar desperdicio de alimentos al ser un producto perecedero, generando una disminución en la producción y una entrada menos de recursos para los productores.

Violaciones de tratados de comercio

El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio señala que ningún país podrá imponer restricciones a la exportación de un producto y México, como miembrode la Organización Mundial de Comercio, está obligado a no establecer restricciones a la comercialización de algún producto.

Sus disposiciones únicamente permiten establecer una prohibición o restricción a la exportación (distinta a un arancel, impuesto u otro cargo, y con un aviso de 30 días previos) cuando tenga como motivo prevenir o remediar una escasez de productos alimenticios o esenciales; en tal caso, se advierte que la medida debe estar justificada y ser de carácter temporal.7 Como expuse en párrafos anteriores, éste no es el caso del maíz blanco.Los datos de producción y consumo del producto no muestran evidencia de escasez.

Esta medida también viola nuestro principal acuerdo comercial, el T-MEC, donde seque prohíbe el incremento de cualquier arancel aduanero de algún producto originario o la restricción de su importación o exportación.Para imponer una restricción a la exportación se debe presentar evidencia de una escasez crítica y medidas alternativas contempladas antes de imponer restricciones. El T-MEC sí permite modificar un arancel a la exportación de alguna mercancía, siempre y cuando el mismo arancel sea aplicado también cuando dicha mercancía esté destinada al consumo interno, pero el Decreto no pone restricciones al consumo interno.8

La pérdida de competitividad que genera esta medida afecta no sólo a México sino a la región de América del Norte, algo inaceptable considerando los acuerdos de la reciente Cumbre de líderes de América del Norte.

La cooperación entre los países de América del Norte hace que estos sean más seguros, que sus economías sean más competitivas y sus cadenas de suministro más resilientes.9

El comunicado del gobierno de México de fecha 10 de enero de 2023 señala que los líderes de los tres países de la región de comprometieron a tomar acción en torno a seis pilares, y uno de ellos es la competitividad.

El comunicado expresa:“Buscamos profundizar nuestra capacidad regional para atraer inversiones de alta calidad, impulsar la innovación y fortalecer la resiliencia de nuestras economías, reconociendo los beneficios que trae el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Para impulsar la competitividad regional, los tres países buscarán forjar cadenas de suministro regionales más sólidas...”10

De igual forma, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó al término de la décima Cumbre de líderes de América del Norte: “México, Estados Unidos y Canadá acordaron fortalecer sus relaciones económicas y comerciales a través de la creación de un comité conjunto de planeación y sustitución de importaciones en América del Norte que impulse el desarrollo, la cooperación y el bienestar en todo el continente”.11

Tener menos barreras para la exportación beneficia también al país, ya que mandamos al extranjero recursos valiosos excedentes de lo que producimos de mejor calidad y a menor costo (ventajas comparativas) para beneficiar a los consumidores de otros países, y así, se generan entradas de dinero para los productores locales para seguir incentivando la producción del recurso, empero, las barreras al comercio vía aranceles solo perjudican a los consumidores de cada país con escasez de productos que se pueden producir a mejor calidad y menor costo en otros países, en este caso, a los que se perjudican son a los consumidores estadounidenses y canadienses. Por tanto, es claro que el decreto en cuestión se opone a compromisos adquiridos hace apenas unos días.

La solución más acertada es eliminar todas las barreras a los intercambios libres y voluntarios entre naciones para que el objetivo ulterior sea ampliar la baraja de bienes y servicios que puedan disfrutar los consumidores de todos los países al menor costo posible y la mayor calidad.

Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Poder Ejecutivo federal a dejar sin efectos el decreto por el que se modifica la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación sobre aranceles a la exportación de maíz blanco, publicado el 16 de enero de 2023.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Ejecutivo federal y las Secretarías de Economía, y de Agricultura y Desarrollo Rural a elaborar de manera coordinada un programa de importaciones del maíz blanco orientado a la generación de competencia, el aumento de la oferta del recurso y la estabilización de los precios en el sector.

Notas

1 Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación,
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LIGIEx.pdf

2 Decreto por el que se exentan del pago de arancel de importación las mercancías que se indican, https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5652070&fecha=16/05/ 2022#gsc.tab=0

3 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5677205&fecha=16/01/ 2023#gsc.tab=0

4 “Los aranceles a la exportación de maíz blanco arriesgan la competitividad de México”, https://imco.org.mx/los-aranceles-a-la-exportacion-de-maiz-blanco-arrie sgan-la-competitividad-de-mexico/

5 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (2020). Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 2020-2024, https://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5609192

6 Ídem.

7 Ídem.

8 Ídem.

9 Hoja informativa: Objetivos de cumplimiento clave para la Cumbre de Líderes de América del Norte 2023,

https://www.state.gov/translations/spanish/hoja-informat iva-objetivos-de-cumplimiento-clave-para-la-cumbre-de-lideres-de-americ a-del-norte-2023/

10 Declaración de Norteamérica, https://www.gob.mx/presidencia/prensa/declaracion-de-norteamerica-dna

11 México logra acuerdos de cooperación para el desarrollo regional en X Cumbre de América del Norte,

https://lopezobrador.org.mx/2023/01/10/mexico-logra-acue rdos-de-cooperacion-para-el-desarrollo-regional-en-x-cumbre-de-america- del-norte/

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 24 de enero de 2023.

Diputado Enrique Godínez del Río (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP a resolver las fallas técnicas que actualmente existen en Compranet, así como a enviar un informe pormenorizado a esta soberanía para conocer la fecha y las medidas que se llevarán a cabo para evitar que las deficiencias detectadas en el sistema impidan el acceso a la información almacenada en dicha plataforma digital, a cargo del senador Miguel Ángel Osorio Chong, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, senador Miguel Ángel Osorio Chong, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXV Legislatura y de la Comisión Permanente, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Lo que está sucediendo con Compranet en esta administración es altamente preocupante e inadmisible. En julio de 2022 se presentó una caída del sistema y, ahora, durante las primeras semanas de enero de 2023, se han reportado problemas de acceso y para realizar procesos en la plataforma creada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en su nueva versión, siendo la segunda ocasión en menos de un año que la plataforma digital presenta fallas.

Compranet es una plataforma electrónica que tiene como fines el contribuir a la generación de una política general en la administración pública federal en materia de contrataciones; propiciar la transparencia y seguimiento de las adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, así como de las contrataciones de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, con el propósito de generar la información necesaria que permita la adecuada planeación, programación y presupuestación de las contrataciones públicas.

Como se aprecia, el funcionamiento de la plataforma digital Compranet es fundamental para realizar la contratación de bienes y servicios necesarios para la operación del sector público, pero también, funciona como un instrumento que sirve para transparentar la información de las licitaciones y de vigilancia por parte de la sociedad mexicana para exigir rendición de cuentas de parte de quienes intervienen en ellas.

El año pasado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) responsabilizó de las fallas de Compranet a la empresa con razón social Bravosolution México, proveedora que le daba soporte técnico y mantenimiento a la plataforma. En la caída más reciente, la dependencia explicó que las fallas se debieron a la falta de mantenimiento sin que hasta el día de hoy funcione adecuadamente y sin que se las autoridades hayan dado alguna fecha específica para que esto ocurra.

Lo cierto, es que, en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), que incorpora las acciones de control donde todas las dependencias informan a la Secretaría de la Función Pública (SFP) sobre los riesgos que podrían impedirles el cumplimento de metas y objetivos, funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) venían advirtiendo acerca de inconsistencias en la banda ancha y en el hardware como un potencial riesgo de operación de la plataforma Compranet.

En cuanto al marco jurídico cabe señalar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) refiere en su artículo 134 que “los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.”

Las fallas técnicas en el funcionamiento de la plataforma digital Compranet vulnera la seguridad jurídica y la transparencia de las compras que realizan las dependencias y entidades del sector público. Sin su buen desempeño lo que priva son las adjudicaciones directas y, como consecuencia, múltiples irregularidades administrativas y posibles actos de corrupción en contra de lo que establece la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Es por ello, que es necesario revisar con cuidado que los procesos de contratación y adjudicación de bienes y servicios que realiza el sector público se lleven de manera transparente conforme a la Ley, así como exigir mayor eficiencia por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para evitar que se sigan presentando fallas en la plataforma digital Compranet con el objetivo de permitir mejores condiciones de compra para las dependencias y entidades en el ejercicio de los recursos públicos a través de una verdadera competencia entre proveedores.

Hay que recordar que la plataforma Compranet se utiliza para la consulta de información, configuración de procedimientos, carga de documentación y descarga de propuestas en procedimientos de contratación para el buen desarrollo de los procedimientos regulados por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Como se aprecia, las fallas en la plataforma Compranet significa un grave retroceso en materia de transparencia y de rendición de cuentas, ya que aumenta la opacidad y propicia la corrupción.

Las fallas de la plataforma Compranet resulta algo inusual y causa muchas suspicacias después de más de 26 años de funcionamiento ininterrumpido desde su creación en 1996, ya que las fallas en el sistema y el aplazamiento en las licitaciones genera incertidumbre para los participantes e irregularidades en los procedimientos para poder llevarlas a cabo conforme el marco jurídico.

Esto es aún más grave cuando se pone en riesgo la salud de los mexicanos, nos referimos específicamente a la licitación LA-12-M7B-012M7B997-I-1-2023, en la que se busca adquirir alrededor de 700 millones de piezas de las 639 claves de medicamentos y materiales de curación que deberán surtir durante este año a por lo menos nueve instituciones públicas.

Todo ello ocurre cuando el presidente de la República, en una de sus conferencias de prensa más recientes, afirma que el abasto de medicamentos no solo está asegurado para el 2023 sino para el año 2024, lo cual parece una insensatez cuando vemos estas dolencias en las compras del sector público de salud.

La obligación de transparentar el ejercicio del gasto público representa un mandato establecido en el 6o constitucional y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que a la letra dice:

“El Estado garantizará el efectivo acceso de toda persona a la información en posesión de cualquier entidad, autoridad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos; así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito de la federación, de las entidades federativas y los municipios.”

Por su parte, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación faculta a la Auditoría Superior de la Federación a fiscalizar las operaciones que involucren recursos públicos federales o participaciones federales a través de contrataciones, subsidios, transferencias, donativos, fideicomisos, fondos, mandatos, asociaciones público-privadas o cualquier otra figura jurídica y el otorgamiento de garantías sobre empréstitos de Estados y municipios, entre otras operaciones.

Adicionalmente, este marco normativo establece la organización de la Auditoría Superior de la Federación, sus atribuciones, incluyendo aquéllas para conocer, investigar y substanciar la comisión de faltas administrativas que detecte en sus funciones de fiscalización.

Finalmente, la Ley General de Responsabilidades Administrativas tiene por objeto distribuir competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como los procedimientos para su aplicación.

Debe resaltarse la estrecha relación entre la transparencia y el combate a la corrupción. De ahí que el marco normativo deba ser respetado a cabalidad si queremos combatir el mal manejo de recursos públicos.

Es por ello, que no se puede vulnerar un sistema como lo es la plataforma digital Compranet que sirve no solo para mantener, sino para actualizar y mejorar el sistema de compras y adquisición de bienes y servicios por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de los gobiernos estatales y municipales cuando realizan procedimientos de contratación pública conforme a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.- La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión en el ámbito de colaboración entre los Poderes, exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que resuelva de manera pronta las fallas técnicas que actualmente existen en Compranet, así como enviar un informe pormenorizado a esta Soberanía para conocer la fecha y las medidas que se llevarán a cabo para evitar que las deficiencias detectadas en el sistema impidan el acceso a la información almacenada en dicha plataforma digital, y garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción en materia de contrataciones públicas en términos del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo.- La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión en el ámbito de colaboración entre los Poderes, exhorta a la Secretaría de la Función Pública para conocer, investigar y substanciar la comisión de posibles faltas administrativas acerca de las causas que originaron las presuntas fallas técnicas en la plataforma digital Compranet y que han originado la suspensión y retraso en las licitaciones de compra de medicamentos para el sector público, así como deslindar responsabilidades de aquellos funcionarios públicos encargados del soporte técnico y mantenimiento para el buen desempeño de dicha plataforma.

Tercero.- La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a que, conforme a sus atribuciones, verifique y se pronuncie respecto de las irregularidades encontradas en la información publicada en plataforma digital de Compranet durante el mes de enero de 2023, relativa a las contrataciones y las adjudicaciones directas que se hubieren efectuado por parte la Administración Pública Federal, las entidades federativas, los municipios, las alcaldías de la Ciudad de México y otros entes públicos.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 24 de enero de 2023.

Senador Miguel Ángel Osorio Chong (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a autoridades de Michoacán y Colima a llevar a cabo de manera diligente las acciones de búsqueda y rescate del abogado defensor de derechos humanos Ricardo Arturo Lagunes Gasca y del profesor Antonio Díaz Valencia, líder de la comunidad indígena de Aquila, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena

Las diputadas Érika Vanessa del Castillo Ibarra, Evangelina Moreno Guerra, Andrea Chávez Treviño así como el diputado Alfredo Vázquez Vázquez, integrantes de la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Exposición de Motivos

El domingo 15 de enero el abogado defensor de derechos humanos, Ricardo Arturo Lagunes Gasca y el profesor reconocido Antonio Díaz Valencia, líder de comunidad indígena de Aquila, Michoacán desaparecieron.

Ricardo Arturo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia, acababan de salir de una asamblea en el auditorio comunal de Aquila y se dirigían a la capital de Colima. La última comunicación la tuvieron ese mismo día a las 18:50 estando aún en el municipio de Coahuayana en Michoacán. Ambos viajaban en una camioneta pick up blanca, la cual fue encontrada en la zona de topes de Cerro de Ortega, presentando impactos de bala, pero sin rastros de sus dos tripulantes.

La Asamblea General de las Naciones Unidas en su Declaración de los Defensores Humanos define a los defensores como individuos o grupos que actúan para promover, proteger o luchar por la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales por medios pacíficos.

A manera de contexto el defensor de derechos humanos, Ricardo Lagunes realizaba acompañamiento legal a la comunidad indígena de Aquila, donde hay una gran actividad minera que está generando grandes impactos en la zona, sin embargo, la desaparición se da en un contexto de amenazas, intimidación, hostigamientos y agresiones físicas a comunidades de la región.

Diversos han sido ya los esfuerzos emprendidos por sus defensoras y defensores de las cuáles se identifican el registro ante las Comisiones de Búsqueda en Michoacán y Colima, debido a que Ricardo Arturo Lagunes tenía medidas de protección desde 2013, luego en 2015 y 2019 se debió a la participación en la defensa de una defensora comunitaria en Guerrero. Ya se ha notificado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y se notificó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que activen los protocolos de búsqueda correspondientes.

Es importante mencionar que ambos tienen actividades nacionales e internacionales en la defensa de los derechos colectivos y de tierras. En el caso de Ricardo Arturo Lagunes tiene una trayectoria de defensa de derechos de los pueblos frente a megaproyectos, despojos y violaciones de derechos humanos en Chiapas, Oaxaca, Yucatán y Campeche, gracias a su trabajo se ha logrado la protección de miles de hectáreas de tierras colectivas, de valiosos ecosistemas y de derechos colectivos, especialmente de comunidades indígenas.

Por su parte, Antonio Díaz Valencia es comunero de Aquila Michoacán, candidato a la presidencia del comisariado ejidal de esta comunidad y defensor del medio ambiente.

Hasta el martes 17 de enero de 2023, Amnistía Internacional, México; la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y una acción urgente de change con cerca de 4 mil firmas han expresado su preocupación respecto a la vida y seguridad de Ricardo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia.

Organismos no Gubernamentales se han pronunciado al respecto al hecho. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova y el consejo de la organización de la sociedad civil Las Abejas.

Además, legisladoras como la senadora Nestora Salgado, el senador Emilio Álvarez Ícaza, las diputadas Julieta Vences y Sofía Carvajal Insunza han expresado su solidaridad y exigencia para la presentación con vida de ambos defensores de derechos humanos.

Es por lo anterior expuesto que someto a su consideración los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a las Fiscalías del estado de Colima y Michoacán reforzar las acciones de manera inmediata para localizar con vida a Ricardo Arturo Lagunes Gasca y al profesor Antonio Díaz Valencia.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a las Comisiones de Búsqueda de Colima y Michoacán y al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras y Periodistas, realicen y articulen las acciones necesarias en la búsqueda y localización con vida de Ricardo Arturo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos supervise, en el ámbito de su competencia, las acciones implementadas por las autoridades implicadas para prevenir que se presentan casos de negligencia o vacíos en la investigación que puedan poner en riesgo la integridad física o la vida de Ricardo Arturo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia.

Notas

- Arrieta, C. (2023, 17 enero). “Lo que sabemos de la desaparición de Ricardo Arturo Lagunes y líder comunitario indígena de Aquila”. El Universal. Recuperado 17 de enero de 2023, de https://www.eluniversal.com.mx/estados/lo-que-sabemos-de-la-desaparicio n-de-ricardo-arturo-lagunes-y-lider-comunitario-indigena-de-aquila.

- Mandujano, I. (2023, 17 enero). “ONG exigen la aparición con vida de los activistas Ricardo Arturo Lagunes y Antonio Díaz Valencia”. Proceso. Recuperado 17 de enero de 2023, de https://www.proceso.com.mx/nacional/2023/1/17/ong-exigen-la-aparicion-c on-vida-de-los-activistas-ricardo-arturo-lagunes-antonio-diaz-valencia- 300519.html

- Amnistía Internacional, América 2023

- Zerega, G. (2023, 18 enero). “Desaparecidos un defensor de derechos humanos y un líder indígena en la frontera de Colima y Michoacán”. El País. https://elpais.com/mexico/2023-01-18/desaparecidos-un-defensor-de-derec hos-humanos-y-un-lider-indigena-en-la-frontera-de-colima-y-michoacan.ht ml

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 24 de enero de 2023.

Diputadas y diputado: Érika Vanessa del Castillo Ibarra (rúbrica), Evangelina Moreno Guerra, Andrea Chávez Treviño y Alfredo Vázquez Vázquez.

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a cesar sus expresiones de descrédito contra la prensa, suscrita por el diputado Gerardo Peña Flores, del Grupo Parlamentario del PAN

El diputado Gerardo Peña Flores, y suscrita por los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 a 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Organización Article 19 documentó que el primer semestre de 2022 como el periodo más letal contra la prensa desde que se llevan registros. Refirió que para finales de junio ya habían sido asesinados 12 periodistas. A la fecha son 18; la mayoría estaría vinculada a la labor periodística.

La organización Article 19 documentó 331 agresiones contra la prensa de enero a junio de 2022, equivalentes a 1 ataque contra periodistas o medios de comunicación cada 14 horas. El Estado es su principal pendenciero, con 128 agresiones (38.67).

En el primer semestre de 2022, Article 19 registró 331 agresiones contra periodistas y medios de comunicación. En comparación, en el primer semestre del 2016 Article 19 registró 218 ataques contra la prensa, en el mismo periodo del gobierno de Enrique Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador hay un incremento de 51.83 por ciento de agresiones contra la prensa.2

El desplazamiento forzado interno y el exilio de periodistas se han incrementado, principalmente ante la ausencia de garantías que les permitan ejercer de manera segura su labor, se vieron obligados abandonar sus hogares. Article 19 documentó cuatro casos de ese tipo de desplazamiento y dos de exilio.

En el primer semestre de 2022, la organización registró la persistencia de discursos estigmatizantes contra la prensa desde la Presidencia de la República, generando un efecto que desde cualquier nivel de gobierno las autoridades deslindan su responsabilidad e inclusive justifican la violencia contra la prensa al designarles adjetivos como conservadores o adversaria.

Compañeras y compañeros legisladores, la libertad de expresión no sólo es un derecho fundamental consagrado en los artículos 6 y 7 de la Carta Magna, nos reconocen la libertad de las ideas y su manifestación por cualquier medio.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha expresado lo siguiente al respecto:

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, ya sea oralmente, por escrito, o a través de las nuevas tecnologías de la información, el cual no puede estar sujeto a censura previa sino a responsabilidades ulteriores expresamente fijadas por la ley.

No se puede restringir el derecho de expresión por medios indirectos, como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos; de frecuencias radioeléctricas; de enseres y aparatos usados en la difusión de información; mediante la utilización del derecho penal o por cualquier medio encaminado a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

México tiene problemas de amplio espectro, como la inseguridad pública que padece todo el territorio nacional, debilidades estructurales en el sistema de salud expuestas durante las etapas más agudas de la pandemia, feminicidios, casos de corrupción en Segalmex, desempleo, hermanos del presidente recibiendo dinero en efectivo, primos con contratos en Pemex, sólo por mencionar algunos. Ahí es donde México merece la atención de su presidente.

Históricamente, la prensa cómoda al gobierno es propaganda, mientras que la prensa disidente ha sido no sólo necesaria sino hasta heroica, como el caso de la prensa que cuestionó al porfiriato:

- Regeneración;

- Restauración;

- Democracia Cristiana;

- El imparcial.

Muchos otros medios de comunicación de la época fueron reprimidos por el régimen porfirista. Un caso destacable es el de los hermanos Flores Magón editorialistas del periódico Regeneración, quienes fueron juzgados y encarcelados por el gobierno en turno.

Más recientemente, el tristemente célebre caso del atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva el pasado 15 de diciembre, que distrae al Ejecutivo de sus ocupaciones de Estado en un espacio de propaganda, para manifestar sus conclusiones al respecto, calificando de probable autoatentado para desestabilizar a su gobierno.

En Acción Nacional hacemos un llamado al presidente de la República: el débil estado de derecho por sus omisiones y la fracasada estrategia demanda su atención ése podría ser lo que desestabilice su gobierno.

Por lo expuesto, junto con los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional un servidor somete a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión en la LXV Legislatura exhorta al titular del Ejecutivo federal a cesar sus expresiones contra quienes ejercen la labor periodística y respetar los derechos humanos de libertad de expresión y de información.

Notas

1 V. Primer semestre de 2022: La impunidad y negación ante la violencia extrema contra la prensa persiste, Artículo 19 (articulo19.org).

2 Ibídem.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de enero de 2023.

Diputado Gerardo Peña Flores (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a las fiscalías de los estados a brindar especial protección a las madres y padres de personas víctimas de desaparición, que se involucran en las labores de búsqueda de sus hijas e hijos, suscrita por la diputada Sofia Carvajal Isunza, del Grupo Parlamentario del PRI

La diputada Sofia Carvajal Isunza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

El 15 de enero de 2023 Ricardo Arturo Lagunes Gasca, abogado defensor de derechos humanos y el líder de la comunidad indígena de Aquila, Antonio Díaz Valencia, fueron víctimas de desaparición forzada.

Ambos asistieron a una asamblea en el auditorio comunal de Aquila, terminando ésta, se trasladaron con dirección a la capital de Colima; desapareciendo en el tramo carretero que comunica Coahuayana, Michoacán con Tecomán, Colima, teniendo su última comunicación por última vez en el puente de Coahuayana a las 18:50 horas.

Ricardo Arturo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia viajaban en una camioneta pick up blanca marca Honda, que fue encontrada el domingo en la carretera federal en la zona de topes de Cerro de Ortega, presentando impactos de bala, pero en la unidad no se encontró a ninguna persona. En por ello que se presume que Ricardo Arturo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia fueron privados de su libertad por desconocidos con motivo de silenciar su actividad legal y activista en relación con la actividad minera que está generando grandes impactos en la zona.

La desaparición forzada de Ricardo Arturo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia se dio bajo las circunstancias de asesinatos, amenazas, intimidación hostigamientos y agresiones físicas a la comunidad regional, con la finalidad de silenciar exigencias fundadas por la actividad minera.

Su desaparición se da en un contexto en el que distintas personas defensoras del territorio y del medio ambiente han sido víctimas de delitos y amenazas a sus vidas. En los últimos tres años, más de 50 personas han sido asesinadas, además de que se han documentado diversas agresiones como la intimidación, el hostigamiento, amenazas y agresiones físicas.

A una semana de su desaparición siguen sin ser encontrados. El caso ya ha sido atraído por la Fiscalía General de la República y ya se ha conformado un grupo especial en su búsqueda, sin embargo, ahora es necesario que estas autoridades mantengan informada diariamente a la familia sobre los avances y labores de búsqueda que realizan.

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de la Fiscalía Generales de la República, a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y a la Comisión de Derechos Humanos; a que en toda acción relacionada con la búsqueda y localización de Ricardo Arturo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia, se brinde todo el apoyo institucional y presupuestal necesario que se requiera para acelerar su localización.

Segundo. Se exhorta a las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno, a establecer protocolos de vigilancia y protección permanente a los familiares víctimas de amenazas o agresiones por parte de las autoridades o particulares que obstaculizan o buscan inhibir las labores de búsqueda o la persecución de justicia, así como el acceso a la verdad.

Tercero. Se exhorta a la Fiscalía General de la República y a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas a mantener diariamente informada a las familias de víctimas acerca de los avances de la investigación y de las labores y/o bitácoras de búsqueda que realizan.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 24 de enero de 2023.

Diputada Sofía Carvajal Isunza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a distintas dependencias federales a tomar las medidas necesarias a fin prohibir y evitar todo tipo de acciones y experimentos de geoingeniería en el territorio nacional, a cargo de la diputada Adriana Bustamante Castellanos, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada Adriana Bustamante Castellanos, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta a distintas dependencias federales para tomen las medidas necesarias para que prohíban y eviten todo tipo de acciones y experimentos de geoingeniería en el territorio nacional, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Primera. La geoingeniería o ingeniería climática es un conjunto de prácticas que buscan la modificación deliberada del clima terrestre bajo pretexto de combatir los efectos del calentamiento global.1 Los promotores de estas prácticas afirman que es posible contrarrestar los efectos del cambio climático, por ejemplo, en la geoingeniería solar, a través de la emisión de gases a la atmósfera como: dióxido de azufre y sulfato de aluminio, entre otros, para con ello bloquear la entrada de los rayos solares disminuyendo supuestamente la temperatura de una determina región. Sin embargo, no existen estudios sólidos que respalden su eficiencia y al contrario hay suficientes estudios que demuestran impactos negativos y contraproducentes, asociados con la liberación de dichos componentes.

Un escaneo de impactos realizado a un selecto grupo de expertos identificó siete cambios potenciales en la biodiversidad y los ecosistemas como los de mayor riesgo y complejidad. Los cambios identificados se asocian con las técnicas de gestión de la radiación solar, las cuales están dirigidas a restringir la entrada de radiación de onda corta con el fin de reducir la temperatura superficial promedio a escala global; sin embargo, argumentan los expertos, éstas producirían cambios en las condiciones climáticas regionales cuyos efectos ecológicos son complejos y difícilmente predecibles.2

Segunda. Si bien, la experimentación científica es necesaria para el progreso de la humanidad esta debe hacerse en estricto apego a la legalidad y a la ética. No puede realizarse sin pensar en los efectos tanto a corto como largo plazo que puede tenerse en contra de las poblaciones y el medio ambiente en general. No hay hasta el momento ningún sustento científico sólido que nos permita considerar que se trata de elementos que efectivamente permitirán reducir los impactos del cambio climático y que además no provocan impactos ambientales negativos o que sus consecuencias podrían ser más dañinas que benéficas.

La experimentación en materia de geoingeniería pareciera más bien otra trampa del neoliberalismo y los peores intereses capitalistas para continuar contaminando el planeta y lavar sus culpas a través de una falsa promesa de que a través de estas tecnologías se ha encontrado la solución a los problemas que su ambición ha ocasionado al planeta.

Tercera. Es profundamente inquietante que en pasados días se realizaron dos experimentos en Baja California, México, en las que se liberó dióxido de azufre desde globos meteorológicos, para impedir que el calor del sol llegue a la tierra. Este experimento estuvo a cargo de los empresarios de Make Sunsets, quienes operaron sin haber solicitado ningún permiso a las autoridades nacionales y de las comunidades de los alrededores. ni para sus actividades empresariales, ni mucho menos para desarrollar experimentos de geoingeniería solar.

Esto, más allá de los hechos de ilegalidad y de la injusticia ambiental, muestra una actitud neocolonialista por parte de los responsables de emplear territorios del sur global para que sean ellos quienes carguen con los costos asociados a posibles fallas y riesgos de la experimentación científica, ya que la misma experimentación no cuenta con todas las autorizaciones para realizarse en el país de origen de dicha empresa. Esta actitud de soberbia y ventajismo recuerda a las prácticas de experimentación racial realizadas durante la era de la segregación racial o era Jim Crow a principios del siglo XX.

Cuarta. Es menester mencionar que los mecanismos internacionales como el Protocolo de Montreal se oponen a la realización de dichos experimentos y que, al contrario, instan a seguir los principios de máxima protección y precaución al tratarse de la liberación deliberada de aerosoles a la atmósfera.

Asimismo, el Convenio de la Biodiversidad Biológica de la Organización de las Naciones Unidas, estableció en 2010 una moratoria aún vigente contra el despliegue de la geoingeniería; porque a la fecha, no existen acuerdos internacionales que permitan o supervisen estas manipulaciones climáticas. Tampoco existe sustento científico alguno que las avale como tecnologías alternativas para enfrentar los impactos del cambio climático.

Por último, el principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo dispone que, con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. Asimismo, se consideran medidas que se adoptan en casos donde no existe certeza científica sobre el impacto que pueda tener una actividad en el medio ambiente

Como legisladores conscientes y comprometidos con el bienestar sustentable de nuestro país hay que sumarnos a las acciones emprendidas por el gobierno para garantizar la protección al medio ambiente y a las comunidades que hoy viven los efectos adversos al cambio climático, no siendo presas del oportunismo y falsas promesas de un supuesto avance tecnológico que encubre las responsabilidades de la mayor crisis existencial de nuestra humanidad, la cual es el cambio climático.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública en coordinación con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que se realicen los estudios y las investigaciones pertinentes; así como, su divulgación a la población, sobre los riesgos e impactos ambientales que representa la implementación de la geoingeniería y su experimentación.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios para que, en colaboración con el Conacyt, den a conocer a esta soberanía información sobre los riesgos sanitarios y ambientales de la experimentación con geoingeniería en nuestros centros de educación superior y en nuestro territorio nacional.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Judicial de la federación a que, con respeto a su autonomía, informe y sensibilice a los Magistrados y jueces sobre los riesgos e impactos ambientales que representa la implementación de la geoingeniería en nuestro territorio, para que prevalezcan los derechos y el bienestar de las comunidades del país.

Cuarto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para que, dentro de sus atribuciones legales, realice las acciones necesarias a fin de evitar futuras experimentaciones con la geoingeniería solar, toda vez que comprometen la seguridad, el medio ambiente y la salud de los mexicanos.

Quinto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales en conjunto con la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad de la Cámara de Diputados, para que convoquen a distintos foros de Parlamento Abierto con el objetivo de informar y sensibilizar a la población sobre los riesgos ambientales de los proyectos de geoingeniería, además, de que permita legislar de forma urgente a fin de prohibir su indebida experimentación en el territorio nacional.

Notas

1 https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-4 5572012000200008

2 https://www.revistaciencia.amc.edu.mx/online/IngenieriaClimatica.pdf

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 24 de enero de 2023.

Diputada Adriana Bustamante Castellanos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la ciudadana Yasmín Esquivel Mossa a solicitar licencia de su cargo como ministra de la SCJN, en tanto la autoridad competente resuelve la legalidad de su grado académico, suscrita por el diputado Gerardo Peña Flores, del Grupo Parlamentario del PAN

El diputado Gerardo Peña Flores, y suscrita por los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 a 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguiente

Consideraciones

En febrero de 2019, la ciudadana Yasmín Esquivel Mossa fue propuesta por el Ejecutivo federal como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ratificada por el Senado de la República. Ese año se le nombró presidenta de la Segunda Sala de ese alto tribunal para el periodo 2021-2022 y designada por el ministro presidente del alto tribunal como representante de ese órgano jurisdiccional ante el Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación.

El nombramiento de la ciudadana Yasmín Esquivel como ministra de la Suprema Corte desató polémica porque es esposa de José María Rioboó, contratista frecuente y principal asesor en temas de infraestructura del Ejecutivo federal, ello, porque implica un potencial conflicto de interés.

La ciudadana Yasmín Esquivel Mossa se declaró como aspirante a presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el marco de dicha pretensión, declaró que la corrupción es “un cáncer que aqueja en las sociedades” perjudicando la impartición de justicia, destacando la denuncia como un arma valiosa y convoca a la ciudadanía a denunciarla donde se perciba.1

Derivado de una investigación periodística se descubre el plagio académico, por la tesis para obtener el grado de licenciatura en derecho en la entonces Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón, hoy Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), nuestra máxima casa de estudios.

La tesis postulada por la ciudadana Yasmín Esquivel Mossa en septiembre de 1987, Inoperancia de los sindicatos en los trabajadores de confianza del artículo 123 Apartado A, 2 es un presunto plagio de una tesis previa, denominada “Inoperancia del sindicato de los trabajadores de confianza del Artículo 123 Constitucional Apartado A”, de julio de 1986, ostentada por el licenciado Édgar Ulises Báez Gutiérrez en la Facultad de Derecho de la UNAM.

La UNAM reconoció el alto nivel de coincidencias entre ambas tesis. La Dirección General de Bibliotecas informó haber detectado “un alto nivel de coincidencias” entre la tesis de la ministra Yasmín Esquivel, presentada en 1987, y la publicada por Edgar Ulises Báez justo un año antes. Dicho “cotejo pormenorizado” se entregó al Comité de Integridad Académica y Científicas de la FES Aragón, la instancia encargada de investigar el caso.

En virtud de que en días pasados las autoridades universitarias han determinado oficialmente que efectivamente la tesis de mérito fue un plagio por parte de la Ministra Esquivel Mossa, es claro que debería perder toda validez dicho documento y correr la misma suerte su título profesional de licenciada en derecho, en virtud de que este último se obtuvo sustentando la tesis plagiada misma que es elemento ineludible para su obtención; es así, que por obtenerse el título mediante un engaño a los sinodales de la máxima casa de estudios, a todas luces demerita su alto cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La comunidad académica expresó su sentir, dado que investigadores y académicos que cotejaron el plagio de la tesis de licenciatura de la ciudadana Yasmín Esquivel Mossa, revelado por el medio de comunicación Latinus, exigieron su renuncia y sanciones también para la asesora, Martha Rodríguez Ortiz, quien habría dirigido al menos cuatro tesis iguales.3

Para la UNAM, el plagio se atiende por su Comisión de Ética de Humanidades, mediante regulación elaborada en febrero de 2020, sin embargo, la legislación de la universitaria no clasifica específicamente los casos de plagio, los artículos 95 y 97 del Estatuto General de la UNAM indican una ruta aplicable, comenzando por una revisión.4

Luego de la denuncia ante la Dirección de la Facultad en cuestión seguida de la atención del Consejo Técnico de Humanidades, quienes revisan el caso, para ser resueltas por el Tribunal Universitario, con sanciones previstas y que ya se han aplicado como la suspensión de hasta por un año, pérdida de empleos y retiro de premios o de grados académicos.

Entre los precedentes por plagios de tesis destacan los siguientes:5

• El ex presidente Enrique Peña Nieto, según lo dado a conocer por la periodista Carmen Aristegui, plagió casi un tercio de su tesis para obtener la licenciatura en derecho por la Universidad Panamericana, en 1991.

• En 2006, la Secretaría de la Función Pública le retiró el tercer lugar del premio anual de Investigación sobre Corrupción en México a César Vladimir Juárez Aldana, pues se comprobó que cometió un plagio.

• En 2015, el investigador chileno Rodrigo Núñez Arancibia perdió el doctorado que estudió en El Colegio de México y su trabajo en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo porque se comprobó que durante 11 años plagió al menos 12 artículos y capítulos de libros, incluyendo prácticamente toda su tesis doctoral.

Entre otra de las consecuencias de este grave caso que continúa pendiente de resolverse, el Código Penal Federal reconoce el delito de plagio bajo la siguiente redacción:

Artículo 427.- Se impondrá prisión de seis meses a seis años y de trescientos a tres mil días multa, a quien publique a sabiendas una obra substituyendo el nombre del autor por otro nombre.

La ciudadana Yasmín Esquivel podría tener seis años de cárcel por no tener licenciatura, y ejercer como ministra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación si la UNAM resuelve retirar sus grados académicos.

En el caso que la UNAM anule su grado de licenciatura, su cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resultaría fraudulento, por haber incumplido uno de los requisitos señalados en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya fracción III dispone lo siguiente:

Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello;

En el artículo 95 constitucional, en su último párrafo: “Los nombramientos de los ministros deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad , competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica.”

No es menor el caso, pues se trata del presunto plagio de una tesis de licenciatura cometido hace 35 años por la ministra Yasmín Esquivel Mossa, generando una aguda crisis institucional para la Suprema Corte de Justicia y la UNAM.

Compañeras y compañeros, es de la mayor gravedad que uno de los integrantes del Pleno del máximo tribunal reconocido por nuestro sistema legal, pueda tener entre sus miembros a quien fraudulentamente accedió a dicho lugar. Sus resoluciones y actos jurídicos se empañarían por un posible fraude lastimando seriamente a nuestra Suprema Corte.

Las diputadas y los diputados del Partido Acción Nacional llamamos a la ciudadana Yasmín Esquivel a sujetarse a la licencia reconocida en el artículo 98, último párrafo, constitucional mientras la UNAM resuelve el presunto plagio que respalda su grado de licenciatura en derecho:

(...)

Las licencias de los ministros, cuando no excedan de un mes, podrán ser concedidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; las que excedan de este tiempo podrán concederse por el presidente de la República con la aprobación del Senado. Ninguna licencia podrá exceder del término de dos años.

Por lo expuesto, un servidor, junto con los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sometes a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la ciudadana Yasmín Esquivel Mossa a solicitar una licencia de su cargo como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en tanto la autoridad competente resuelve la validez de su grado académico, para no perjudicar el prestigio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y mientras ella, en su caso, hace valer los derechos que considere.

Notas

1 “Una ministra pasante: Yasmín Esquivel, candidata a presidir la SCJN, plagió su tesis de licenciatura” (latinus.us)

2 Tesis digital.

3 Académicos e investigadores de la UNAM piden que se sancione el plagio de la tesis de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel (latinus.us)

4 “¿Cómo se sanciona el plagio de una tesis en la UNAM?” (nacion321.com)

5 Ibídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de enero de 2023.

Diputado Gerardo Peña Flores (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al INE a emprender una investigación respecto al acto encabezado por el secretario de Gobernación, en el que se reunió la dirigencia de Morena con gobernadoras y gobernadores, suscrita por senadores integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Quienes suscriben, senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura y de la Comisión Permanente, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Una vez más, en este sexenio, nos encontramos ante un hecho de desprecio a la ley.

Nos referimos al acto encabezado por el secretario de Gobernación (Segob), en la que, a puerta cerrada, el pasado 14 de enero, en instalaciones de la propia Segob, se reunieron la dirigencia del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) con gobernadoras y gobernadores emanados de ese partido a fin de solicitarles “piso parejo” en la pasarela de los aspirantes en la que se elegirá a quien abandere la candidatura de Morena a la Presidencia de la República en 2024.

El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) establece claramente:

Los servidores públicos de la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

Es inconcebible que se viole la Constitución de una manera tan flagrante y, que desde la propia Segob, se desprecie el estado de derecho al que estamos llamados hacer prevalecer.

En el salón Juárez del Palacio de Cobián estuvieron presentes además de gobernadoras y gobernadores morenistas, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, y la secretaria general de ese partido, Citlalli Hernández Mora.

Como si de un acto partidista se tratará, se les exhortó para que el proceso interno de Morena a partir del cual se elegirá a su candidato o candidata rumbo a las elecciones presidenciales se dé en igualdad de circunstancias para los aspirantes, pero también, se les conminó a fungir como promotores en sus respectivas entidades.

Al desayuno del sábado 14 de enero acudieron la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo (aspirante a participar); las gobernadoras de Campeche, Layda Sansores; de Colima, Indira Vizcaíno; de Guerrero, Evelyn Salgado; y de Tlaxcala, Lorena Cuéllar.

Así como los gobernadores de Chiapas, Rutilio Escandón; de Nayarit, Miguel Ángel Navarro; de Puebla, Sergio Salomón; de Sonora, Alfonso Durazo; de Tabasco, Carlos Merino; y de Veracruz, Cuitláhuac García.

Debido a que la Carta Magna establece que los funcionarios públicos no pueden interferir en los procesos electorales, consideramos que este acto debe ser analizado e investigado por el Instituto Nacional Electoral (INE) y, en caso de encontrar violaciones a la legislación electoral, tomar las medidas pertinentes.

Es preocupante que, rumbo a las elecciones de este año en Coahuila y estado de México, y las que se llevarán a cabo en el año 2024en donde el 2 de junio los mexicanos elegirán nuevo presidente, además de 128 senadores y 500 diputados federales, y se renovarán nueve gubernaturas, así como treinta congresos locales, exista un desacato reiterado a las reglas del juego de parte de los funcionarios públicos de todos los niveles, ya que la democracia podría estar en un grave riesgo en caso de no erradicar estas prácticas perniciosas.

Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al Instituto Nacional Electoral emprender una investigación respecto al acto encabezado por el secretario de Gobernación donde, a puerta cerrada el pasado 14 de enero en instalaciones de la propia Secretaría de Gobernación, se reunió la dirigencia del Partido Movimiento Regeneración Nacional con gobernadoras y gobernadores emanados de ese partido a fin de solicitarles “piso parejo” en la pasarela de los aspirantes en la que se elegirá a quien abandere la candidatura de Morena a la Presidencia de la República en 2024.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 24 de enero de 2023.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a crear una NOM para la promoción de la medicina de precisión, suscrita por el diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputado Emmanuel Reyes Carmona, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea la proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

De acuerdo con la Clínica Mayo el cáncer “se refiere a cualquiera de un gran número de enfermedades que se caracterizan por el desarrollo de células anormales que se dividen sin control y tienen la capacidad de infiltrarse y destruir el tejido corporal normal”1 . En este sentido el cáncer es fundamentalmente una enfermedad genética, esto porque es resultado de cambios a nivel del ácido desoxirribonucleico (ADN) lo que provoca que genes asociados a la regulación de nuestras células sean afectados. Cuando esto sucede, las células comienzan a comportarse de forma anormal para crecer y dividirse sin control (masas sólidas, tumores), lo que puede provocar una invasión a tejidos circundantes (in-situ) o lejanos (metástasis).

Actualmente el cáncer representa la segunda causa de muerte en el mundo, siendo los países con ingresos medios y bajos, los llamados países en vías de desarrollo, los que experimentan el mayor número de casos, lo que demuestra una relación entre el nivel de desarrollo y la salud. En el caso de México el cáncer representa la tercera causa principal de muertes. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud se estima que hay más de 80 mil defunciones y 160 mil casos nuevos cada año. El cáncer más frecuente en México es el de mama, con 27 mil 500 casos por año; seguido del de próstata con 25 mil; colon 15 mil; tiroides 12 mil; cervicouterino 7 mil 870 y pulmón 7 mil 810.

Una manera de prevenir y atender el cáncer es a través de la llamada medicina de precisión (MP). La medicina de precisión implica realizar tratamientos personalizados a partir de las características genómicas y moleculares de los tumores de cada paciente para así identificar el riesgo de enfermedades, lo que les permitirá tomar mejores decisiones terapéuticas ya que se podría tener un diagnóstico temprano o una terapia génica dirigida con el genotipo y fenotipo como base fundamental para el manejo médico individualizado del paciente.

El Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos señala que la MP utiliza información específica del tumor de una persona a fin de facilitar el diagnóstico, planificar el tratamiento, determinar si el tratamiento es eficaz o dar un pronóstico para posibles tratamientos más efectivos contra el cáncer2 . Se estima que, en nuestro país de los cánceres señalados, serían candidatos a prueba de MP, al menos, 7 mil 150 casos por año de cáncer de mama; 6 mil 639 casos de cáncer de pulmón; 3 mil 480 casos de cáncer de tiroides; 3 mil 300 de cáncer colorrectal y 2 mil 500 de próstata.

Gobiernos de todo el mundo han iniciado programas nacionales de medicina genómica para aprovechar los beneficios de la MP. En Singapur, la MP ha sido identificada como una prioridad por el Ministerio de Salud, con el objetivo final de hacer la transición a la atención médica individualizada de manera sostenible y rentable. En Tailandia, está en marcha una iniciativa para implementar una tarjeta de identidad fármaco genómica para identificar el riesgo adverso de los medicamentos comunes en un programa de fármaco vigilancia a nivel nacional. Mientras tanto, Australia, Bélgica, Canadá, Francia, Japón, Corea y los Estados Unidos de América han realizado un esfuerzo sustancial y han introducido iniciativas para implementar programas nacionales de MP.

Es por lo anterior, y con el fin de contribuir a la salud y calidad de vida de las personas que se propone la creación de una norma oficial para la promoción de la medicina de precisión. Esta acción ayudará a sistematizar un acceso a tecnologías de alta calidad para los pacientes y sus médicos tratantes, lo que les permitirá tomar una decisión informada a partir de múltiples terapias compatibles, o si no hay terapias dirigidas disponibles, puede dirigir al paciente a un ensayo clínico local relevante.

Diversas investigaciones realizadas en el mundo han determinado que la medicina de precisión es una herramienta muy útil en la atención y tratamiento del cáncer. Al respecto en un estudio realizado por la Asociación Mexicana de lucha contra el Cáncer, AC, señala lo siguiente:

El futuro de la medicina de precisión es prometedor y muchos países apuestan por ello, invirtiendo en investigación y desarrollo. En los últimos 5 años, 14 países han invertido casi 4 mil millones de dólares. En China, hay un programa de medicina de precisión que para el año 2030 tiene el gran objetivo de secuenciar el genoma de 100 millones de individuos, con una inversión de más de 9 mil millones de dólares. Para que nuestro país pueda estar a la vanguardia, se necesita inversión y establecer mediante leyes y normas las bases para su implementación sobre todo en la práctica clínica3 .

Finalmente, es importante señalar que con la implementación de la MP en nuestro país se podría generar un ahorro del 22% para el gobierno federal, esto solamente en pacientes con cáncer avanzado. De igual forma se lograría que México fuera la primera entidad de América Latina en establecer MP dentro de su ley de salud nacional.

Con base en lo antes dicho se presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para crear una norma oficial mexicana que regule la medicina de precisión.

Notas

1 Cáncer, descripción general. Disponible en: https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/cancer/symptoms-ca uses/syc-20370588

2 https://www.cancer.gov/espanol/publicaciones/diccionarios/diccionario-c ancer/def/medicina-personalizada-de-precision

3 Asociación Mexicana de lucha contra el cáncer A.C. Medicina de precisión en oncología: Importancia y retos para su implementación en México. Disponible en:

https://www.congresopacientes.org/wp-content/uploads/202 1/09/MedicinadePrecision.pdf

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 24 de enero de 2023.

Diputado Emmanuel Reyes Carmona (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la FGR y a la GN a esclarecer los hechos suscitados tras la persecución por parte de elementos de la institución hacia dos jóvenes, mismos que perdieron la vida en el municipio de Jiménez, Chihuahua, suscrita por la diputada Daniela Soraya Álvarez Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Daniela Soraya Álvarez Hernández, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 58 a 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás aplicables, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

En días pasados se dio a conocer un video a través de redes sociales donde se observa la actuación de los elementos de la Guardia Nacional en la que se observala persecución de dos jóvenes quederivado de una acción operativa perdieron la vida. Los hechos ocurrieron en una carretera del municipio de Jiménez, Chihuahua, en donde diversos automovilistas grabaron los hechos.

Por lo registrado y dado a conocer, la Guardia Nacional emitió una tarjeta informativa, en la cual indica: “En relación con los videos difundidos en redes sociales y medios de comunicación, donde se observa a integrantes de la Guardia Nacional interceptar a los tripulantes de una camioneta, quienes se negaron a detener su marcha, en Ciudad Jiménez, Chihuahua, se informa lo siguiente:

Las imágenes corresponden a hechos registrados el pasado 1 de enero en las inmediaciones de Jiménez, Chihuahua, instantes después que personal de la Guardia Nacional manifestara que fue objeto de disparos en su contra”.1

Por estas acciones diversas autoridades y ciudadanosnos hemos manifestado para que se esclarezca con total puntualidad e imparcialidad la actuación de los elementos que participaron en esta operacióny que,se determine si procedieron conforme a la ley, atendiendo el Protocolo sobre el Uso de la Fuerza, asimismo, para que se informesi existió abuso de la autoridado uso excesivo de la fuerza.

Como sabemos, las quejas por el uso desmedido de la fuerza y la violación de los derechos humanos por elementos de la Guardia Nacional han sido constantes. De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Alerta de Violación de los Derechos Humanos, la Guardia Nacional cuenta de 2020 a 2022 con mil 330 quejas, 350 en 2020, 504 en 2021 y 476 en 2022. Ante esto, diversas organizaciones de la sociedad civil han solicitado que se dé a conocer el uso de la fuerza en las actuaciones dando información poco transparente.

De las 20 quejas suscitadasen Chihuahua tan solo en 2022 tienen que ver con hechos violatorios en donde en 3 se determinaron,causar un daño derivado del empleo de la fuerza pública, 4 en donde se estableció falta a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones y en 9 no se acreditó el hecho violatorio, sin embargo, estos datos de queja fueron aún más altos en 2021, en donde 30 de ellos se determinó falta a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, 16 por detenciones arbitrarias, entre otros, ocupando el cuarto lugar nacional, con 34 quejas.2 En la mayoría de los estados las quejas son por omisiones contrarias a la legalidad y por prestar indebidamente el servicio público.

El Alto Comisionado de Derechos Humanos en México ha manifestado su preocupación por el uso desmedido de la fuerzaante esta actuación y señalan que, de conformidad con los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y Armas de Fuego, los funcionarios encargados de hacer valer ley deben regirse por los principios de necesidad y proporcionalidad en el uso de armas de fuego, por lo tanto, urgen a la Guardia Nacional a revisar a la luz de las obligaciones de los derechos humanos del Estado mexicano, las órdenes operativas que autorizan el uso de la fuerza letal.

Por ello se considera primordial atender y validar el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que “la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Carta Magna, es que se pide se esclarezca laactuación de los elementos castrenses”.3

El país cuenta desde 2019 con la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, cuyo fin estriba en “regular el uso de la fuerza que ejercen las instituciones de seguridad pública del Estado, así como de la Fuerza Armada permanente cuando actúe en tareas de seguridad pública”.4 De ello, se deben atender los estándares nacionales e internacionalesen materia de derechos humanos.

Con fecha 26 de enero de 2021 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los anexos de los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública,5 donde en el anexo 6 se publica el Protocolo Nacional sobre el Uso de la Fuerza, cuyo objetivo es claro: “regular la actuación de los agentes de las instituciones de seguridad pública en materia de uso de fuerza cuando actúen en el ejercicio de sus funciones con la finalidad de otorgar certeza y seguridad jurídica tanto a las personas representantes de la autoridad como a la población o grupos vulnerables en general en el marco de respeto de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y en todos los tratados internacionales de que el Estado mexicano sea parte”.6

Entre sus objetivos específicos, se encuentran:

- Fijar los principios que rigen el uso de la fuerza.

- Establecer los niveles de uso de la fuerza, así como las acciones que el agente puede llevar a cabo en cada uno de ellos.

- Delimitar las conductas que justifican actuación del agente en cada nivel de uso de fuerza.

- Establecer el procedimiento para el adecuado ejercicio del uso de la fuerza, conforme a los principios que rigen la actuación de las instituciones de seguridad pública.

- Orientar y facilitar los procesos de profesionalización en la materia.

- Contribuir a la rendición de cuentas de parte de los agentes sobre el uso de la fuerza como una obligación de las instituciones de seguridad pública y sus integrantes.

- Aplicar técnicas tendentes a controlar o encapsular a las personas participantes en manifestaciones, protestas sociales o reuniones públicas.

La Guardia Nacional tieneel compromiso constitucional de preservar la paz y la seguridad de los ciudadanos, ante ello y en todo momento no debe quedar duda de su actuar en cumplimiento de la Carta Magna. Su actuación debe estar concebida sin duda en el respeto de los derechos humanos.

Por lo expuesto pongo a consideración de la Comisión Permanente el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía General de la República y al titular de la Guardia Nacional a esclarecer que de manera pronta e imparcial los hechos suscitados tras la persecución por elementos de la institución hacia dos jóvenes, que perdieron la vida, en Jiménez, Chihuahua; asimismo, a revisar y atender los protocolos de actuación sobre el uso de la fuerza.

Notas

1 https://www.gob.mx/guardianacional/prensa/tarjeta-informativa-323467

2 https://appweb2.cndh.org.mx/SNA/ind_Autoridad_SM_3.asp?Id_Aut=29100&Id_Estado=6&valorEF=34&mpa=1

3 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm

4 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LNUF.pdf

5 https://normas.cndh.org.mx/Documentos/Federal/Protocolo_AUFPISPF.pdf

6 https://dof.gob.mx/2021/SSPC/SEGURIDADyPC_260121.pdf

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 24 de enero de 2023.

Diputada Daniela Soraya Álvarez Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al estado de Jalisco y al gobierno de Zacatecas a implementar inmediatamente estrategias y políticas de seguridad integrales y presentar un plan de trabajo para el cuidado de sus zonas limítrofes, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Rubén Ignacio Moreira Valdez, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 20 de enero de 2023, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) halló los restos de tres mujeres y un hombre en el municipio de Tepetongo. Las cuatro personas se habían reportado desaparecidas desde el 25 de diciembre de 2022, en Colotlán, Jalisco.1

De acuerdo con los reportes, las víctimas, Daniela Márquez, de 31 años; Viviana Márquez, de 26 años; Irma Paola Vargas, de 27 años y José Melesio Gutiérrez, de 36 años, desaparecieron en un vehículo a la altura de la población de Víboras, en el estado de Zacatecas.2 Los padres de las víctimas han señalado que habían salido del municipio a pasar las fiestas decembrinas en compañía de sus amigos.

Al darse cuenta de su desaparición, los padres reportaron la situación a las autoridades correspondientes y emprendieron una búsqueda personal. Esto provocó la reacción de las y los jaliscienses, que marcharon para manifestarse en la Glorieta de las y los Desaparecidos en Guadalajara el 2 de enero de 2023. En las consignas, señalaban que además de las cuatro personas reportadas como desaparecidas, también había otras tres que no lograron encontrar en el mismo lapso de tiempo.3

El viernes 20 de enero, la FGJEZ confirmó que en días anteriores había realizado un análisis a restos encontrados en una fosa clandestina en la comunidad de El Cuidado, Zacatecas, y que correspondían a los desaparecidos de Colotlán.4

Cabe destacar que Zacatecas es una de las entidades más peligrosas del país. De acuerdo con la encuesta sobre percepción de inseguridad realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2022, las ciudades de Fresnillo y Zacatecas encabezan el listado nacional de percepción del país en la materia.5 Según los datos, 97 y 93 por ciento de su población considera un riesgo constante, respectivamente.

De igual forma, los índices delictivos en la entidad han ido en aumento. En el último año, Zacatecas ha tenido la mayor tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) registró 964 homicidios y 11 feminicidios entre enero y septiembre de 2022.

Estas cifras son reflejo de la ingobernabilidad y crisis en materia de seguridad que sufre la entidad. Las víctimas del crimen se conforman por ciudadanía, pero también ha alcanzado a agentes de seguridad y servidores públicos. Por ejemplo, el pasado mes de noviembre, la Guardia Nacional (GN) confirmó que el comisario José Silvestre Urzúa, coordinador de la GN en Zacatecas había perdido la vida en un operativo en contra de la delincuencia organizada.6

En Jalisco se vive una situación similar. Un reportaje reciente sobre un operativo del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, indica que en más de 3 comisarías municipales se reportan anomalías como falta de certificación de agentes y armas no registradas. Los municipios de Villa Guerrero y Colotlán, municipio donde desaparecieron las cuatro víctimas en diciembre, figuran entre ellos.7

En 2022, Jalisco registró 9 mil 800 delitos. Esta cifra los sitúa junto a estados como Zacatecas y Durango, donde la percepción de inseguridad es de las más altas del país.8

Es en este sentido que se deben tomar acciones inmediatas para reducir la inseguridad y sus efectos en las familias de ambas entidades. El caso de los cuatro jóvenes desaparecidos en Colotlán representa la grave crisis que atraviesan los municipios limítrofes y la limitada capacidad institucional para responder.

El Grupo Parlamentario del PRI solicita a esta soberanía exhorte a los titulares del Poder Ejecutivo y a las autoridades de ambas entidades federativas a formular un plan de trabajo responsable que blinde a todos los municipios fronterizos, así como el resto de las ciudades. De igual manera, se solicita se exhorte a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, así como a la Fiscalía del Estado de Jalisco a dar celeridad a los trámites de colaboración institucional para resolver los casos de desapariciones y fincar responsabilidades.

Garantizar la seguridad es crítico para la competitividad de un gobierno. A través de estas garantías se promueve el bienestar de la ciudadanía, se mantiene el desarrollo y se crea un entorno de comunidad. Permitir el crecimiento de los delitos puede conducir a la pobreza, pérdidas irreparables y un crecimiento económico reducido en todo el país.

Por lo anteriormente fundado y motivado, someto a consideración los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Jalisco y al gobierno del estado de Zacatecas a ofrecer seguridad a la población de sus entidades y en el caso concreto, a las zonas limítrofes de sus entidades.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a los señores gobernadores Enrique Alfaro Ramírez y David Monreal Ávila, de los estados de Jalisco y Zacatecas, respectivamente, a construir políticas públicas y den una respuesta institucional inmediata al grave problema de desaparición de personas en las entidades.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a los gobernadores de los estados de Jalisco y Zacatecas, así como a las autoridades de seguridad pública de las dos entidades y sus municipios a combatir el narcotráfico y ofrecer seguridad a la población que prometieron cuidar.

Notas

1 Desaparecen cuatro jóvenes de Jalisco en carretera de Zacatecas durante Navidad. Disponible en:

https://www.animalpolitico.com/estados/desaparecen-joven es-jalisco-carretera-zacatecas

2 La Fiscalía confirma que los cuerpos hallados en la fosa clandestina de Zacatecas pertenecen a las tres jóvenes de Colotlán. Disponible en: https://elpais.com/mexico/2023-01-20/la-fiscalia-confirma-que-los-cuerp os-hallados-en-la-fosa-clandestina-de-zacatecas-pertenecen-a-las-tres-j ovenes-de-colotlan.html

3 Con una marcha, exigen habitantes de Colotlán coordinación entre Jalisco y Zacatecas para localizar a desaparecidos. Disponible en: https://udgtv.com/noticias/exigen-habitantes-colotlan-coordinacion-jali sco-zacatecas-localizar-desaparecidos/

4 Hallan cuerpos en Tepetongo, Zacatecas; podrían ser los jóvenes de Jalisco desaparecidos. Disponible en:

https://aristeguinoticias.com/1801/mexico/
hallan-cuerpos-en-tepetongo-zacatecas-podrian-ser-los-jovenes-de-jalisco-desaparecidos/

5 Zacatecas, la tierra donde casi nadie se siente a salvo. Disponible en: https://elpais.com/mexico/2022-04-19/zacatecas-la-tierra-donde-casi-nad ie-se-siente-a-salvo.html

6 Coordinador de la Guardia Nacional en Zacatecas es asesinado durante operativo anticrimen. Disponible en: https://www.animalpolitico.com/seguridad/coordinador-guardia-nacional-z acatecas-jose-silvestre-urzua-asesinado

7 Identifican anomalías en comisarías de Colotlán y Villa Guerrero, Jalisco. Disponible en: https://www.jornada.com.mx/notas/2023/01/19/estados/identifican-anomali as-en-comisarias-de-colotlan-y-villa-guerrero-jalisco/

8 Cierra Jalisco 2022 con indicadores debajo de media nacional en delitos. Disponible en:

https://jalisco.quadratin.com.mx/sucesos/cierra-jalisco- 2022-con-indicadores-debajo-de-media-nacional-en-delitos/

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 24 de enero de 2023.

Diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Salud, a sus homólogas de las 32 entidades del país, al IMSS y al ISSSTE a generar campañas de información y realización de pruebas para el diagnóstico oportuno de cáncer de próstata, suscrita por el diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputado Emmanuel Reyes Carmona, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea la proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Exposición de Motivos

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), citados por la Secretaría de Salud (Ssa) en el Programa de Acción Específico de Prevención y Control de Cáncer 2021-2024 (PAE)1 , el cáncer en México ocupa la cuarta causa de muerte y en materia de enfermedades sólo está por debajo de las cardiovasculares y la diabetes mellitus. En cuanto a mortalidad se refiere, en 2020 más de un millón de personas murieron por cáncer, siendo próstata, mama, colorrectal y pulmón los tipos más letales.

El cáncer de próstata, específicamente, es uno de los problemas de salud masculina con mayor impacto en México, no sólo por el gran número de nuevos casos que se detectan en el país, sino por las altas tasas de mortalidad que tiene debido a su diagnóstico tardío. Este tipo de cáncer se genera en esta glándula pequeña con forma de nuez, responsable de la producción del líquido seminal que nutre y transporta el esperma2 , y aparece mayoritariamente en personas con próstata mayores de 50 años y alcanza su máximo de casos a los 65 años.

En nuestro país, este tipo de cáncer ha tenido un incremento en su incidencia y mortalidad a lo largo de los últimos 15 años. Esta situación lo ha convertido en el segundo cáncer con más número de muertes, de acuerdo con la Agencia Globocan (2020), solo ligeramente por debajo de cáncer de mama, sin embargo, estos datos pueden ser mayores si se consideran los problemas causados por la pandemia de Covid-19.

El motivo principal del aumento sostenido observado en la mortalidad de cáncer de próstata es la dificultad para realizar diagnósticos oportunos cuando este padecimiento se encuentra todavía en etapas con una alta expectativa de curación, ya que es asintomático. Autoridades sanitarias y organizaciones civiles estiman que 70 por ciento de los cánceres de próstata son diagnosticados en estados tardíos; es decir, cuando el tumor ha salido ya de la glándula prostática, invadido otros tejidos y con ello compromete las posibilidades de curación y reduciendo la expectativa de vida.

El cáncer de próstata es el cáncer más común en hombres en el país, representa prácticamente un tercio de todos los tipos de cáncer (gráfica 1), de ahí la importancia de implementar las acciones necesarias para abordar el padecimiento desde etapas tempranas y con ello reducir el número de muertes evitables, sobre todo priorizando aquellos estados donde existen mayor índice de marginación, toda vez que el Instituto Nacional de Salud Pública ha encontrado que existe una correlación entre una alta mortalidad y el grado de marginación de los estados. Traducido en términos llanos podría afirmarse que, a mayor pobreza en los estados o regiones, mayor probabilidad de morir por cáncer de próstata, de ahí se desprende la necesidad de que las autoridades de salud respectivas a las distintas entidades federativas en el país implementen esfuerzos para una pronta identificación del cáncer de próstata en la población.

La clave para revertir el alza en la mortalidad reside en fortalecer el diagnóstico oportuno. Las autoridades sanitarias en conjunto con la sociedad civil organizada han avanzado en los últimos años en la creación de instrumentos y acciones para aumentar el número de casos detectados con oportunidad. Uno de los ejemplos más emblemáticos en este sentido fue la creación y entrada en vigor de la norma oficial mexicana (NOM) 048 SSA2 2017 Para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, vigilancia epidemiológica y promoción de la salud sobre el crecimiento prostático benigno (hiperplasia de la próstata) y cáncer de próstata (tumor maligno de la próstata)5 . En ella se establece que las pruebas diagnósticas a realizar a los hombres que cumplan con ciertos criterios para generar una sospecha de cáncer creíble e incrementar el número de diagnósticos de cáncer de próstata son, en resumen, dos: la prueba de tacto rectal (TR) y la prueba del antígeno prostático específico (APE). Ambas pruebas pueden realizarse en los primeros niveles de atención y si bien no confirman de manera definitiva el padecimiento, sí pueden generar un alto nivel de sospecha que ahorra tiempo significativo en el proceso de referencia del paciente a un especialista que pueda elaborar pruebas más sofisticadas para la posible confirmación diagnóstica y eventual tratamiento.

El problema del diagnóstico tardío es multifactorial, sin embargo, a pesar de que las pruebas del TR y el APE para detectarlo a tiempo requieren poca sofisticación técnica, son ambulatorias y no representan mayor intervención física para las personas a las que se les aplican, aún hay una gran cantidad de prejuicios, barreras culturales y mitos que limitan que los hombres acudan de forma habitual a realizarse chequeos de salud rutinarios después de los 45 años de edad, ya sea a centros de salud o con médicos privados. Por lo general, las personas sólo acuden al doctor cuando existe ya alguna molestia y hablando de cáncer de próstata, en ocasiones éstas pueden ser consecuencia ya de una evolución avanzada de la enfermedad.

El reto hoy es cambiar la realidad actual para que 70 por ciento de los casos sean oportunos y no tardíos como ocurre ahora. Para que esto suceda, es fundamental actuar con determinación desde las instituciones de salud para fortalecer en todos los niveles de salud la implementación de mecanismos que permitan la detección temprana del cáncer de próstata.

En este sentido, la administración actual ha emprendido una cruzada de transformación del sistema de salud que busca transitar de un modelo curativo como el anterior a un modelo preventivo. En este marco de transformación es imperativo no dejar de lado la importancia de considerar el cáncer de próstata en los programas de detección oportuna desde el primer nivel de atención y de referenciar en el menor tiempo posible a los pacientes con sospecha o confirmación diagnóstica.

Esta propuesta es consistente con los objetivos, estrategias y metas del Programa Sectorial de Salud 2020-2024, que en su meta 2.2, establece con toda claridad el objetivo de “disminuir la probabilidad de muerte entre los 30 y los 70 años por enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes o enfermedades respiratorias crónicas”6 , siendo el cáncer de próstata, como ya se ha expuesto, una de las neoplasias de mayor mortalidad. Esta meta también la retoma el Programa de Acción Específico para la Prevención y Control del cáncer el cual tiene por objetivo: “contribuir a la disminución de la mortalidad de los principales tipos de cáncer en México, a través de un tamizaje poblacional organizado, detección oportuna, confirmación diagnóstica y referencia pronta y articulada de casos a tratamiento multidisciplinario en unidades especializadas, con enfoque de curso de vida y perspectiva de género”,

Con base en los argumentos presentados, se presenta a consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, a sus 32 homologas en las entidades federativas, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y facultades, implementen campañas de información y realización de pruebas para el diagnóstico oportuno de cáncer de próstata.

Segundo. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, a sus 32 homologas en las entidades federativas, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y facultades, realicen acciones permanentes de prevención respecto al cáncer de próstata en beneficio de la población mexicana.

Notas

1 Programa de Acción Específico de Prevención y Control de Cáncer 2021 – 2024. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/706943/PAE_CAN_cF.pdf

2 Cáncer de Próstata. Clínica Mayo. Disponible en:

https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/pro state-cancer/symptoms-causes/syc-20353087

3 Globocan 2020, Mexico fact sheet. Disponible para consulta en: https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/484-mexico-fact-s heets.pdf

4 Globocan

5 NOM 048 SSA2 2017. Disponible en:

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5507972&fe cha=15/12/2017

6 Prosesa 2020-2024. Disponible en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5598474&fecha=17/08/2020

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 24 de enero de 2023.

Diputado Emmanuel Reyes Carmona (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SICT y a Capufe a implementar nuevas modalidades de pago electrónico en todas las casetas de cobro de la red nacional de caminos, suscrita por el diputado Lázaro Cuauhtémoc Jiménez Aquino, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Lázaro Cuauhtémoc Jiménez Aquino, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Tal y como lo define el Estatuto Orgánico de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, la institución comúnmente conocida como Capufe, es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo objetivo prioritario es administrar y explotar por sí o a través de terceros, mediante concesión otorgada en términos de las disposiciones legales aplicables, los caminos y puentes federales que ha venido operando, así como en los que en lo futuro se construyan con cargo a su patrimonio o les sean entregados para tal objeto.

Ahora bien, en un comunicado de Twitter de fecha 20 de diciembre del 2018, Capufe anunció que el organismo dejaría de recibir en las 133 plazas de cobro que administraba en aquel entonces, el pago de peaje mediante tarjetas de crédito y débito, supuestamente con el propósito brindar un mejor servicio y agilizar el cruce de los usuarios por la red de puentes y autopistas que opera el organismo en el país.1

Asimismo, en 2020, mediante oficio identificado con número de folio DGV/1.3.-0036/2020, suscrito por el director general de Vinculación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, informó que “Mantener un cobro a través de este sistema de tarjetas bancarías no contribuye de manera positiva en el otorgamiento de un servicio de calidad en el pago de peaje, lo cual ocasiona retraso y largas filas para cruzar en nuestras plazas de cobro; por lo que es importante destacar que al día de hoy sólo se cuenta con dos modalidades de pago, el efectivo y el telepeaje, no omitiendo comentar que en esta última modalidad, se tiene la opción de utilizar el prepago o incluso la vinculación de su TAG a una tarjeta bancaria”.2

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2021, alrededor de 41.1 millones de personas de 18 a 70 años tenían al menos una cuenta de ahorro formal (cuenta bancaria o en institución financiera), cifra que representa 49.1 por ciento de la población en ese rango de edad.

Además, en México, los sistemas viales están agrupados en la Red Nacional de Caminos, y suman un total aproximado de 582 mil 175 kilómetros (km), los cuales se encuentran distribuidos por: 171 mil 347 km de carreteras pavimentadas; 50 mil 435 km de carreteras federales; 101 mil 460 km carreteras federales; 19 mil 452 km de caminos municipales y particulares; 70 mil 541 km de vialidades urbanas e infraestructura de enlace, 340 mil 287 km de caminos no pavimentados; 10 mil 341 km de veredas 10 mil 274 kilómetros de carreteras de cuota y dos mil plazas de cobro.3

Ante tales cifras, es evidente que el Estado mexicano debe asumir el compromiso de garantizar modalidades de pago electrónicas a los usuarios de los sistemas viales, que permitan impulsar una verdadera inclusión financiera y faciliten el ejercicio del derecho de tránsito del que gozamos.

A mayor abundamiento, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Al respecto, la protección más amplia para las personas implica que quien interprete la norma reconozca el contexto social en que se inserta su decisión y pueda entender los efectos que ésta generará.4

Del mismo modo, el tercer párrafo de la norma constitucional invocada, señala que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

En ese sentido, el principio de progresividad de los derechos humanos conlleva un avance periódico para el goce y reconocimiento efectivo de los mismos, obligación que el Estado mexicano debe procurar cumplir por todos medios a su alcance y en la medida máxima de sus posibilidades.

Dicho principio ha sido definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los siguientes términos:

Principio de progresividad de los derechos humanos. Su naturaleza y función en el Estado mexicano 5

“El principio de progresividad que rige en materia de los derechos humanos implica tanto gradualidad como progreso. La gradualidad se refiere a que, generalmente, la efectividad de los derechos humanos no se logra de manera inmediata, sino que conlleva todo un proceso que supone definir metas a corto, mediano y largo plazos. Por su parte, el progreso implica que el disfrute de los derechos siempre debe mejorar. En tal sentido, el principio de progresividad de los derechos humanos se relaciona no sólo con la prohibición de regresividad del disfrute de los derechos fundamentales, sino también con la obligación positiva de promoverlos de manera progresiva y gradual, pues como lo señaló el Constituyente Permanente, el Estado mexicano tiene el mandato constitucional de realizar todos los cambios y transformaciones necesarias en la estructura económica, social, política y cultural del país, de manera que se garantice que todas las personas puedan disfrutar de sus derechos humanos. Por tanto, el principio aludido exige a todas las autoridades del Estado mexicano, en el ámbito de su competencia, incrementar el grado de tutela en la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos y también les impide, en virtud de su expresión de no regresividad, adoptar medidas que sin plena justificación constitucional disminuyan el nivel de la protección a los derechos humanos de quienes se someten al orden jurídico del estado mexicano”.

Por otra parte, el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra el derecho de todas las personas que se encuentren dentro del territorio nacional, a transitar libremente con las condiciones que establezcan las leyes.

A su vez, el artículo 20 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, dispone que el sistema de movilidad deberá ofrecer múltiples opciones de servicios y modos de transporte debidamente integrados, que proporcionen disponibilidad, calidad y accesibilidad; que satisfagan las necesidades de desplazamiento y que logren un sistema de integración física, operativa, informativa, de imagen y de modo de pago.

Aunado a lo anterior, la fracción II del artículo 3 del decreto que crea el organismo público federal descentralizado denominado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, establece que las cuotas de peaje, conforme con las tarifas respectivas que sean cubiertas por los usuarios por el aprovechamiento de los caminos administrados por el organismo, constituyen su propio patrimonio, por lo que, en esa lógica, el limitar las formas de pago puede estar obstaculizando el incremento del patrimonio.

Por otra parte, el artículo 36, fracción XXVII, del Estatuto Orgánico de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, establece que la Dirección de Administración y Finanzas de Capufe, tendrá a su cargo la función de implementar y administrar los sistemas electrónicos de pago, con el objeto de disminuir el uso de dinero en efectivo en las plazas de cobro.

Del mismo modo, la fracciones V y XI del artículo 40 del referido Estatuto, disponen que la Subdirección de Operación y Supervisión de Capufe, deberá supervisar el cobro de peaje e implementar medidas para evitar desvíos en el cobro de peaje en la Red Operada; así como coordinar las acciones de operación a efecto de obtener el control y aseguramiento de los ingresos y manejo de los diversos recursos en las plazas de cobro.

De igual manera, las fracciones VII y IX del artículo 54 del citado ordenamiento establece que la Subdirección de Desarrollo Institucional de Capufe, tendrá la función de elaborar estudios económicos y metodologías de cobro de proyectos institucionales que sustenten nuevos modelos tarifarios, mejores prácticas y generen ingresos adicionales sustentables para el Organismo; así como elaborar estudios económicos y metodologías de cobro por el uso, aprovechamiento y explotación del derecho de vía de la red operada que generen ingresos adicionales sustentables para el organismo.

En ese tenor, desde el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, somos conscientes de que, en pleno 2023, debemos modernizar y actualizar nuestro sistema de cobro de peaje en las casetas operadas por Capufe a lo largo de todo el país; en primer término porque limitar las modalidades de pago representa una fuga de recursos para Capufe y para el Estado mexicano, y en segundo lugar, representa una limitante y un obstáculo al ejercicio efectivo del derecho de tránsito que gozamos todas las personas en este país.

No resulta un argumento suficiente para negar la implementación de nuevos métodos de pago, el argumento esgrimido por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en 2020, relativo a que se disminuirá la velocidad de operación y la eficiencia de las casetas de cobro, ya que para evitar dicho inconveniente, proponemos que en todas las plazas de cobro exista mínimo una caseta en la que se pueda pagar el peaje con las distintas alternativas electrónicas tales como tarjeta débito o crédito, transferencias, o incluso mecanismos como el Código QR y o la plataforma CoDi; mientras que en las demás casetas se continúe con el cobro exclusivo mediante dinero en efectivo y TAG.

Por todo lo anteriormente expuesto, consideramos pertinente someter a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos para que implementen nuevas modalidades de pago electrónico en todas las casetas de cobro de la Red Nacional de Caminos.

Notas

1 Consultado el 20 de enero de 2023 en la página electrónica: https://twitter.com/Capufe/status/
1076130168446636032?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1076130168446636032&ref
_url=https%3A%2F%2Fwww.eleconomista.com.mx%2Fpolitica%2FCasetas-de-Capufe-ya-no-recibiran-pagos
-con-tarjeta-a-partir-de-enero-20181221-0057.html

2 http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2020/02/asun_4000971_ 20200218_1582044147.pdf

3 http://www.gob.mx/imt/acciones-y-programas/red-nacional-de-caminos

4 https://www.corteidh.or.cr/tablas/r37507.pdf

5 Semanario Judicial de la Federación. Disponible para su consulta en la siguiente liga electrónica: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2019325

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 24 de enero de 2023.

Diputado Lázaro Cuauhtémoc Jiménez Aquino (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SICT y a la SSPC a implementar acciones y operativos de seguridad en el tránsito para la reducción de accidentes en la carretera Saltillo-Matehuala, en el tramo conocido como Los Chorros, suscrita por el diputado Jaime Bueno Zertuche, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Jaime Bueno Zertuche, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

Una vez más el pasado 18 de enero de este año en la carretera Saltillo a Matehuala, en el tramo conocido como Los Chorros, se presentó un accidente que la mantuvo cerrada por horas.

El pasado 8 de noviembre un trágico accidente cobró la vida de un operador de carga. Y así podemos mencionar centenares de accidentes que han sucedido a través de los años.

En este tiempo alcaldes, legisladores locales, diputados federales, senadores, funcionarios, hemos hecho intensos llamados al Gobierno federal para solicitar acciones integrales, desde operativos, hasta la rectificación del trazado, que ayuden a reducir la peligrosidad de la vía y consecuentemente el número de accidentes que se presentan.

En 2021 Coahuila fue la novena entidad donde más se registraron pérdidas por daños materiales en accidentes carreteros, de acuerdo con el más reciente Censo Nacional de Seguridad Pública Federal realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con los registros de llenado de la Guardia Nacional, durante ese año, los daños materiales contabilizados como pérdidas ascendieron a 66 millones 524 mil pesos.

Vemos con preocupación cómo se han desplegado 6 mil efectivos de la Guardia Nacional en las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, en tanto en Coahuila, principalmente en este tramo son limitados.

No podemos permitir que una administración más termine sin brindar una solución efectiva. Es urgente la atención a esta situación. Los coahuilenses hemos expuesto este tema de todas las formas posibles y sin embargo la respuesta es la misma. Anticipo que seguiremos insistiendo, señalando y solicitando el apoyo de la federación para que la siniestralidad de la carretera se reduzca a su mínima expresión.

Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno federal para que implementen acciones y operativos de seguridad en el tránsito para la reducción de accidentes en la carretera Saltillo-Matehuala, en el tramo conocido como Los Chorros.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 24 de enero de 2023.

Diputado Jaime Bueno Zertuche (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a dar atención al síndrome postcovid, en el que se establezcan mecanismos oportunos y eficientes de seguimiento en centros de salud a las personas por secuelas agudas de la infección, a cargo del diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El primer caso de Covid-19 en México se detectó el 27 de febrero de 2020 en la Ciudad de México, la fase 1 comenzó ese día. El 18 de marzo de ese año, se reportaron 118 casos confirmados, un aumento de 26 por ciento, en un solo día, la Secretaría de Salud confirmó la primera muerte por Covid-19 en México.1

Actualmente se vive la sexta ola de Covid-19, de acuerdo con cifras del Informe Técnico sobre la Evolución de la Pandemia, elaborado por la Secretaría de Salud, el país suma más de 7 millones 222 mil 611 casos y 331 mil 30 defunciones por coronavirus.2

La mayoría de las personas que contraen la enfermedad por coronavirus se recupera en unas semanas. Pero algunas personas, incluso aquellas que se enfermaron levemente, pueden seguir teniendo síntomas por mucho tiempo después de la recuperación inicial. En ocasiones, a estos problemas de salud persistentes se les denomina síndrome pos-Covid-19, afecciones pos-Covid-19, Covid-19 persistente, síndrome crónico de Covid-19 y secuelas agudas de la infección por el virus SARS-CoV-2.3

El síndrome pos-Covid-19 implica una variedad de síntomas nuevos, recurrentes o continuos que las personas presentan después de las cuatro semanas posteriores a contraer el virus. En algunos casos, el síndrome pos-Covid-19 dura meses o años y en otros puede causar discapacidad en la persona.

Según las investigaciones, entre uno y 12 meses después de tener Covid-19, una de cada cinco personas de 18 a 64 años presenta al menos una afección médica que podría deberse al Covid-19. Entre las personas de 65 años y mayores, una de cada cuatro tiene al menos una afección médica que podría deberse a la enfermedad.

Entre los síntomas más frecuentes podemos mencionar los siguientes: fatiga, síntomas que empeoran después de hacer esfuerzo físico o mental, fiebre, síntomas pulmonares (respiratorios) que incluyen dificultad para respirar o falta de aliento y tos.

Otros síntomas posibles son: síntomas neurológicos o afecciones de salud mental, como dificultad para pensar o concentrarse, dolores de cabeza, problemas para dormir, mareos al ponerse de pie, sensación de punzadas, pérdida del olfato o del gusto y depresión o ansiedad; dolor articular o muscular; afecciones o síntomas cardíacos, como dolor en el pecho y latidos rápidos o palpitaciones; síntomas digestivos, como diarrea y dolor de estómago; coágulos y problemas de los vasos sanguíneos (vasculares), como un coágulo que se traslada desde las venas profundas de las piernas hacia los pulmones y bloquea la irrigación sanguínea de los pulmones (embolia pulmonar); otros síntomas, como sarpullido y cambios en el ciclo menstrual.

De acuerdo con estudios de Mayo Clinic Healthcare, en Londres, las personas que tuvieron Covid-19 grave, podrían tener daños en el corazón, los riñones, la piel y el cerebro. También puede haber inflamación y problemas en el sistema inmunitario. No se sabe cuánto podrían durar estos efectos. Las secuelas también podrían provocar el desarrollo de afecciones nuevas, como la diabetes o alguna enfermedad del corazón o del sistema nervioso.

Según estudio del Comité Científico sobre Covid del Colegio de Médicos de Madrid, las cifras pueden ser más elevadas si el seguimiento se hace a pacientes que requirieron hospitalización y, por tanto, con más gravedad de síntomas iniciales.4

Dado el carácter multisistémico del síndrome post-Covid, en el proceso de atención al paciente deben participar múltiples especialistas de cara a implementar planes terapéuticos, rehabilitadores y de cuidados individuales que faciliten una atención integral del enfermo con el objetivo de mejorar su calidad de vida. Deben definirse protocolos y vías clínicas de actuación que aseguren la coordinación entre especialidades y los diferentes niveles asistenciales, incluyendo la esfera médica y social.

Por lo anterior, la importancia de que la Secretaría de Salud implemente una agenda de prestación específica para patologías concretas dentro de la cartera de servicios de cada especialidad que de atención a los pacientes que padecieron Covid-19.

Dado el alto número de incertidumbres sobre la persistencia de estas afecciones en el tiempo y su abordaje diagnóstico y terapéutico, es importante recoger indicadores de seguimiento del proceso, incluyendo información acerca del número de pacientes evaluados y en seguimiento activo, consultas específicas, diagnósticos finales, número de procesos resueltos e ingresos hospitalarios de los pacientes.

Por lo anteriormente fundado y motivado, se somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud para que en el ámbito de sus atribuciones, de atención al Síndrome Post Covid, en el que se establezcan mecanismos oportunos y eficientes de seguimiento en centros de salud a las personas por secuelas agudas de la infección.

Notas

1 Epidemiología de Covid-19 en México: del 27 de febrero al 30 de abril de 2020

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7250750/#:~ :text=El por ciento20primer por ciento20caso por ciento20de por ciento20Covid,(9 por ciento2C67 por ciento25) por ciento20fallecidos

2 Sexta ola de Covid-19 en México: 7 mitos y realidades, según la Secretaría de Salud

https://www.elfinanciero.com.mx/salud/2023/01/05/
sexta-ola-covid-19-en-mexico-mitos-y-realidades-del-coronavirus-segun-ssa/

3 Covid-19: efectos a largo plazo https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/coronavirus/in-dep th/coronavirus-long-term-effects/art-20490351#

4 Síndrome post-Covid: Un documento de reflexión y opinión https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8329562/

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 24 de enero de 2023.

Diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobernador de Veracruz a fortalecer la implementación de campañas de canje de armas en la entidad, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Rubén Ignacio Moreira Valdez, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 15 de enero de 2023, un menor de 10 años asesinó a otro niño de 11 con un arma de fuego en la comunidad de El Tejocote, Veracruz. Los hechos ocurrieron en una tienda local del municipio La Perla, después de que el menor agresor perdiera ante la víctima en una partida de videojuegos.1

De acuerdo con autoridades locales, el atacante se trasladó a su hogar después de finalizar el juego para tomar un arma de fuego y regresar a dispararle a la víctima en la cabeza. A los pocos minutos, el menor lesionado fue trasladado al hospital regional de Río Blanco, donde perdió la vida.2 Hasta el momento, se desconoce el paradero del menor atacante y su padre, quienes presuntamente se dieron a la fuga.

Este suceso visibiliza los problemas estructurales de violencia, normalización de la misma y la presencia de armas en México. En primer lugar, se suma a los altos índices de violencia relacionados al uso de armas de fuego en la entidad y el resto del país. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), tan sólo en 2022, Veracruz registró 854 homicidios dolosos, de los cuales 513 se cometieron con arma de fuego.3 Asimismo, tan sólo durante los primeros doce días de enero de 2023, la entidad ha registrado 40 homicidios dolosos.4

Al respecto, el mismo SESNSP ha señalado que hasta el corte de abril de 2022, en México se reportaron casi 86 mil lesiones contra niñas, niños y adolescentes con armas de fuego. Dentro de esa cifra, se estima que 70 por ciento se puede catalogar como violencia en contra de la niñez.5

Cabe destacar que, dentro del estudio de la presencia de armas de fuego en hogares con menores, también existen hipótesis sobre la relación que tienen con el consumo de juguetes que las representan. La investigación Educar en la complejidad , publicada en 2022, encontró que aunque los juegos violentos no tienen efectos detectables, los juguetes de armas refuerzan aprendizaje violento.6

En segundo orden, los hechos de la comunidad de El Tejocote reflejan el problema de sobrepoblación de armas en el país. Según el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), México es el quinto país del mundo con más armas de fuego sin registrar.7 De acuerdo con su encuesta Small Arms, hay más de 13 millones de armas sin registro en circulación en el territorio nacional, y cerca de 17 mil asesinatos han sido cometidos con ellas.8

Otras organizaciones como World Vision México (WVM), calculan que existen alrededor de 17 millones de armas ilegales en circulación en el país.9 WVM afirma que la presencia de estas armas, además de representar una amenaza constante para la detonación de la violencia, también influye en la probabilidad de que las y los menores de edad accedan a ellas y sean sus víctimas.

Para resolver estos problemas, los gobiernos han implementado políticas y programas de canjes de armas que permiten desarmar a la ciudadanía y generar beneficios de largo plazo. Entre ellos, destaca la reducción de la violencia sin la necesidad de legislar al respecto, así como la promoción de incentivos para pacificar los hogares y aumentar los índices de participación ciudadana.10

Países como Argentina, Colombia y Estados Unidos de América (EUA) tienen experiencia positiva en la implementación de estos programas. Destacan las campañas en la ciudad de Nueva York de cambiar armas por juguetes y la de Argentina para realizar los intercambios de manera anónima.11

En nuestro país destacan programas federales conducidos por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en coordinación con las entidades para disminuir la circulación de armamento. Estas prácticas se han llevado a cabo en los últimos años de manera exitosa, recuperando alrededor de 10 mil piezas hasta 2022.12

Al respecto, destacan programas de estados como Michoacán, que, en coordinación con dependencias federales, instaló módulos de canje en todo el estado.13 Asimismo, los de entidades como Estado de México y Chiapas que fueron implementados durante el año pasado en comunidades cercanas a regiones militares y ofrecían incentivos desde los 200 hasta los 20 mil pesos, dependiendo el tipo de arma y calibre.14

En este sentido, destaca la campaña permanente en el estado de Veracruz desde el año 2022 para recaudar las armas de las comunidades en un intento de pacificar la entidad. De acuerdo con reportes oficiales, se ha tenido un éxito moderado recolectando alrededor de 40 armas por módulo instalado.15 Sin embargo, los hechos recientes han demostrado que se requiere reforzar las campañas para lograr un esquema de comunidades limpias de armas de fuego.

En el contexto internacional, es importante mencionar que México está suscrito a los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde se considera que, para alcanzar la paz, la justicia e instituciones sólidas se requiere reducir significativamente las corrientes de armas. Su presencia amenaza la capacidad de los países en desarrollo de prevenir la violencia y combatir la delincuencia.16

Por lo anteriormente expuesto, en el Grupo Parlamentario del PRI solicitamos a esta soberanía, exhorte al titular del gobierno de Veracruz y a su administración a realizar distintas acciones para:

1. Fortalecer las campañas de canje de armas en todo el territorio estatal y garantizar comunidades limpias para las y los menores de edad.

2. Supervisar el funcionamiento de las máquinas de videojuego ilegales, a fin de que no se promueva la violencia a través de estos.

3. Tome medidas efectivas para regular la venta de juguetes bélicos que pueda afectar la formación de las niñas y niños.

4. Implemente programas sociales infantiles y juveniles, a fin de evitar la normalización de la cultura de la violencia en la vida cotidiana de las personas.

4. Que la Fiscalía del estado continúe con las investigaciones correspondientes a fin de determinar el estatus de la portación del arma de fuego y garantizar la reparación del daño para la familia del infante fallecido.

Por lo anteriormente fundado y motivado, se somete a consideración los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobernador del estado de Veracruz para instrumentar campañas de canje de armas en la entidad.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Veracruz a retirar máquinas de videojuegos ilegales en todos los municipios de la entidad e instrumentar programas que terminen con la ludopatía y fomente los valores cívicos en la comunidad.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Veracruz a tomar medidas efectivas para la construcción de una cultura de la paz y para la protección efectiva de las niñas y los niños.

Notas

1 Niño mata a su amigo al perder en las “maquinitas” en Veracruz. Disponible en: https://www.eluniversal.com.mx/estados/nino-mata-su-amigo-al-perder-en- las-maquinitas-en-veracruz

2 Niño mata de un balazo en la cabeza a su amigo tras perder en las “maquinitas.” Disponible en:
https://www.informador.mx/mexico/Veracruz-Nino-mata-de-un-balazo-en-la-cabeza-a-su-amigo-tras-perder
-en-las-maquinitas-20230116-0124.html

3 Veracruz acumuló 854 homicidios dolosos, 68 feminicidios y 35 secuestros, en 2022. Disponible en:

https://horacero.mx/2023/01/18/197431/

4 Van 40 homicidios dolosos en los primeros 10 días de la entidad; cifras a detalle. Disponible en:

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/homicidios-dolos -en-veracruz-las-cifras-del-2022-9454767.html

5 Violencia normalizada en niñas y niños en México. Disponible en: https://www.worldvisionmexico.org.mx/blog/violencia-normalizada-en-nina s-y-ninos-en-mexico

6 El debate de las armas de juguete para niños: ¿son violentas o un juego simbólico?. Disponible en:
https://elpais.com/mamas-papas/2022-07-22/el-debate-de-las-armas-de-juguete-para-ninos-son
-violentas-o-un-juego-simbolico.html

7 México es el quinto país del mundo con más armas sin registrar. Disponible en: https://www.dw.com/es/
m%C3%A9xico-es-el-quinto-pa%C3%ADs-del-mundo-con-m%C3%A1s-armas-sin-registrar-seg%C3%BAn-el-gobierno/a-61386135

8 México denuncia a fabricantes estadounidenses por el comercio ilegal de armas. Disponible en:
https://www.dw.com/es/
m%C3%A9xico-denuncia-a-fabricantes-estadounidenses-por-el-comercio-ilegal-de-armas/a-58761042

9 Niño agresor en Veracruz también es víctima. Disponible en: https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/
preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=/nino-agresor-en-veracruz-tambien-es-victima/ar2537455

10 Gun Exchange Programs. Disponible en:
https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/gun-exchange-programs#:~:text=Benefits%20of%
20gun%20exchange%20programs,a%20firearm%2C%20the%20incorporation%20of

11 El Canje de Armas nació en Nueva York. Disponible en: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-628916

12 La campaña de desarme en la 4T. Disponible en: https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/se-desploma-la-campana -de-desarme-en-la-4t-8402760.html

13 No son para jugar: Sedena inicia campaña de canje de armas en Michoacán. Disponible en: https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2022/07/07/no-son-para-jugar-se dena-inicia-campana-de-canje-de-armas-en-michoacan/

14 Sedena inicia canje de armas en Chenalhó, Chiapas. Disponible en:
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/12/02/estados/sedena-inicia-canje-de-armas-en-chenalho-chiapas/

15 Colectaron 40 armas y tres granadas en campaña de canje de armas. Disponible en:
https://www.masnoticias.mx/colectaron-40-armas-y-tres-granadas-en-campana-de-canje-de-armas/

16 Armas de fuego en la sociedad mexicana. Riesgos a la paz y la seguridad pública. Disponible en:

http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/1 23456789/5034/ML_193.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 24 de enero de 2023.

Diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SICT a realizar ajustes tarifarios por las malas condiciones para el tránsito de autopista Saltillo-Monterrey, suscrita por el diputado Jaime Bueno Zertuche, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Jaime Bueno Zertuche, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la presente proposición con puntos de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

El 10 de noviembre de 2009 se inauguró la autopista Saltillo-Monterrey, construida y operada a través del título de concesión otorgado a la empresa Isolux-Corsan. Cuenta con 50 kilómetros de longitud y está construida con concreto hidráulico. Para su operación se invirtieron 5 mil 800 millones de pesos.

La autopista es parte de dos ejes carreteros importantes: i) México – Nuevo Laredo, que conecta el centro del país y la frontera con Estados Unidos; y ii) Mazatlán – Matamoros que conecta el Golfo de México con el Océano Pacífico.

La autopista es utilizada principalmente por usuarios frecuentes (viajes de trabajo - escuela), los que representan alrededor de la mitad del ingreso y han demostrado ser la base de tráfico más estable y resistente.

Las últimas cifras disponibles establecen que, hasta abril 2022, el tráfico promedio diario anual de la autopista fue de 13 mil 946, cifra que refleja una recuperación, en relación con 2019, de 88.7 por ciento.

En dos años se han presentado aumentos tarifarios, mismos que se encuentran programados en el título de concesión para pasar de 106 en 2020 a 130 pesos en 2023 el encarecimiento para recorrer el tramo de 50 kilómetros se elevó de 106 pesos que costaba en el 2020, a 121 en el 2021 y ahora 130 pesos, para automóviles y pickups. En tan solo tres años, el aumento ha sido del 18.4 por ciento.

Sin embargo, las quejas de los usuarios son constantes. Reparaciones que llevan más tiempo de lo programado, deslaves, reducción de carriles, accidentes e inseguridad son sólo algunas de las situaciones que se presentan diariamente durante el tránsito por esta vía de comunicación.

Por otra parte, no existe equipo de emergencia para la atención de accidentes, ni equipos de seguridad efectuando rondines. La instalación de luminarias esta constreñida a unos cuantos kilómetros en la parte correspondiente a Nuevo León.

Así los usuarios están pagando un precio mayor por un servicio deficiente. El concesionario en su defensa aludirá a las condiciones orográficas y meteorológicas, así como señalar que los usuarios cuentan con la carreta 40 vía libre, la cual está saturada por el transporte de carga.

De tal forma los usuarios se encuentran obligados a elegir la opción menos deficiente para trasladarse por temas económicos, laborales, educativos, médicos entre muchos otros, corriendo el riesgo innecesario.

Por lo anterior es necesario que, a pesar de las condiciones y autorizaciones establecidas en el título de concesión, se apliquen los descuentos correspondientes por las condiciones que se presentan en la autopista Saltillo-Monterrey.

Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. - Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes del gobierno federal para que se realicen ajustes tarifarios por las malas condiciones para el tránsito de autopista Saltillo-Monterrey.

Ciudad de México, a 24 de enero de 2023.

Diputado Jaime Bueno Zertuche (rúbrica)