Prevenciones Iniciativas Actas Convocatorias Invitaciones

Prevenciones

De la Mesa Directiva

Presidentes de Comisiones

Presentes

La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento en el artículo 88, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, emite prevención, a efecto de que presenten los dictámenes correspondientes de los asuntos que les han sido turnados, a las comisiones siguientes:

1. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Suscrita por la diputada Yessenia Leticia Olua González, Morena.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Expediente 1774.

Primera sección.

2. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Suscrita por la diputada Julieta Andrea Ramírez Padilla, Morena.

Comisión de Puntos Constitucionales.

Expediente 1775.

Segunda sección.

3. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 4o. y 6o. de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Presentada por la diputada Brenda Ramiro Alejo, Morena y suscrita por diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios.

Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, con opinión de la de Pueblos Indígenas y Afromexicanos.

Expediente 2929.

Tercera sección.

4. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación (en materia de educación agrícola básica).

Presentada por la diputada Jazmín Jaimes Albarrán, PRI.

Comisión de Educación.

Expediente 2931.

Quinta sección.

5. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 14 de la Ley de Transición Energética.

Presentada por la diputada Mirza Flores Gómez y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Comisión de Energía, con opinión de la de Igualdad de Género.

Expediente 2934.

Primera sección.

6. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (en materia de modificaciones al Código de Ética de Concesionarios).

Presentada por el diputado Alejandro Carvajal Hidalgo y suscrita por las diputadas Aleida Alavez Ruiz y Rosa Hernández Espejo, Morena y diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios.

Comisión de Radio y Televisión.

Expediente 2936.

Tercera sección.

7. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 37 Bis a la Ley sobre el Contrato de Seguro y reforma el artículo 200 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Presentada por el diputado Pedro Salgado Almaguer y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.

Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Expediente 2938.

Quinta sección.

8. Iniciativa con proyecto de decreto que declara el 20 de octubre de cada año como el “Día del Himno Nacional Mexicano”.

Presentada por el diputado Eduardo Zarzosa Sánchez, PRI y suscrita por diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios.

Comisión de Gobernación y Población.

Expediente 2939.

Sexta sección.

9. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 142, 143 y 160 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (en materia de eliminación de requisitos para acceder a la pensión por viudez).

Presentada por la diputada Angélica Ivonne Cisneros Luján y suscrita por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de Morena, PAN y PRI.

Comisiones Unidas de Defensa Nacional, y de Seguridad Social.

Expediente 2940.

Séptima sección.

10. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (en materia de incentivos fiscales a empresas que contratan adultos mayores y personas con discapacidad).

Presentada por el diputado Xavier Azuara Zúñiga y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.

Comisión de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la de Atención a Grupos Vulnerables.

Expediente 2941.

Primera sección.

11. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal.

Presentada por la diputada María Guadalupe Román Ávila, Morena.

Comisión de Justicia.

Expediente 2942.

Segunda sección.

12. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 6o. de la Ley de Vivienda.

Presentada por la diputada Martha Azucena Camacho Reynoso, Morena.

Comisión de Vivienda.

Expediente 2945.

Quinta sección.

13. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aeropuertos (en materia de manejo hídrico sostenible).

Suscrita por la diputada Rocío Alexis Gamiño García, PVEM.

Comisión de Comunicaciones y Transportes.

Expediente 2947.

Séptima sección.

14. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 29 de la Ley General de Educación (en materia de establecer como principio en los planes y programas de estudio la concientización de la violencia de género hacia las mujeres en educación básica).

Suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Comisión de Educación, con opinión de la de Igualdad de Género.

Expediente 2948.

Primera sección.

15. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Suscrita por el diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, Morena.

Comisión de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la de Federalismo y Desarrollo Municipal.

Expediente 2950.

Tercera sección.

16. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aeropuertos.

Suscrita por la diputada Rocío Alexis Gamiño García, PVEM.

Comisión de Comunicaciones y Transportes.

Expediente 2953.

Sexta sección.

17. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 37 de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal.

Suscrita por la diputada Nelly Maceda Carrera, PT.

Comisión de Economía, Comercio y Competitividad.

Expediente 2954.

Séptima sección.

18. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Suscrita por el diputado Alberto Villa Villegas, Morena.

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Expediente 2956.

Segunda sección.

19. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 139 y 140 de la Ley de la Industria Eléctrica.

Suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Comisión de Energía.

Expediente 2957.

Tercera sección.

20. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 252 y 269 del Código Nacional de Procedimientos Penales (en materia de muestra de voz).

Suscrita por la diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega, Morena.

Comisión de Justicia.

Expediente 2958.

Cuarta sección.

21. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 310 del Código Penal Federal.

Suscrita por la diputada María Guadalupe Román Ávila, Morena.

Justicia, con opinión de la de Igualdad de Género.

Expediente 2959.

Quinta sección.

22. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 3o. y 6o. de la Ley General de Salud.

Suscrita por el diputado Jorge Ángel Sibaja Mendoza, Morena.

Comisión de Salud.

Expediente 2960.

Sexta sección.

23. Iniciativa con proyecto de decreto que declara el 14 de julio de cada año como “Día Nacional de la Mujer Migrante”.

Suscrita por las diputadas Mariana Gómez del Campo Gurza y Rosa María González Azcárraga, PAN.

Comisión de Gobernación y Población.

Expediente 2961.

Séptima sección.

24. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Suscrita por la diputada María del Rocío Corona Nakamura, PVEM.

Comisión de Comunicaciones y Transportes.

Expediente 2962.

Primera sección.

Ciudad de México, a 17 de mayo de 2022.

Atentamente

Diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna (rúbrica)

Presidente


De la Mesa Directiva

Presidentes de Comisiones

Presentes

La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento en el artículo 88, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, emite prevención, a efecto de que presenten los dictámenes correspondientes de los asuntos que les han sido turnados, a las comisiones siguientes:

1. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal.

Suscrita por las diputadas Martha Tagle Martínez, Movimiento Ciudadano, Dulce María Sauri Riancho, Cynthia Iliana López Castro, Lourdes Érika Sánchez Martínez, María Lucero Saldaña Pérez, Laura Isabel Hernández Pichardo, Frinné Azuara Yarzábal, PRI.

Comisiones Unidas de Justicia, y de Igualdad de Género.

Expediente 11972.

Primera sección.

LXIV Legislatura.

2. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones al Código Federal de Procedimientos Civiles.

Suscrita por el diputado Héctor Guillermo de Jesús Jiménez y Meneses, Morena.

Comisión de Justicia.

Expediente 11979.

Sexta sección.

LXIV Legislatura.

3. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo del artículo 16 y se adiciona un artículo 36 Bis a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

Suscrita por el diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera, Morena.

Comisión de Cultura y Cinematografía.

Expediente 11982.

Segunda sección.

LXIV Legislatura.

4. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo séptimo del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Suscrita por el diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera, Morena.

Comisión de Justicia.

Expediente 11987.

Séptima sección.

LXIV Legislatura.

5. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 42 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en materia Energética.

Suscrita por el diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, Morena.

Comisión de Energía.

Expediente 11998.

Tercera sección.

LXIV Legislatura.

6. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 84 del Código Penal Federal.

Suscrita por el diputado Alejandro Viedma Velázquez, Morena.

Comisión de Justicia.

Expediente 12000.

Quinta sección.

LXIV Legislatura.

7. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 213 Bis 1 al Código Penal Federal.

Suscrita por la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, PES.

Comisión de Justicia.

Expediente 12005.

Tercera sección.

LXIV Legislatura.

8. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 323 BIS y 406 BIS al Código Federal de Procedimientos Civiles.

Suscrita por el diputado Rubén Cayetano García, Morena.

Comisión de Justicia.

Expediente 12019.

Tercera sección.

LXIV Legislatura.

9. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 73 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Suscrita por el diputado Marco Antonio Medina Pérez, Morena.

Comisión de Justicia.

Expediente 12027.

Cuarta sección.

LXIV Legislatura.

10. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma las fracciones I y III del artículo 36 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos (en materia de inclusión en el Catálogo de Monumentos Históricos a los bienes vinculados con la historia de la nación del siglo XX).

Suscrita por el diputado Mario Ismael Moreno Gil, Morena.

Comisión de Cultura y Cinematografía.

Expediente 12032.

Segunda sección.

LXIV Legislatura.

11. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Presentada por el diputado Manuel Jesús Herrera Vega y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, y de Seguridad Ciudadana, con opinión de la de Presupuesto y Cuenta Pública.

Expediente 44.

Segunda sección.

LXV Legislatura.

12. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Impuesto sobre la Renta (para crear el seguro de desempleo) (la parte que le corresponde).

Presentada por la diputada María Teresa Jiménez Esquivel y suscrita por los diputados integrantes del PAN.

Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Hacienda y Crédito Público.

Expediente 51.

Sexta sección.

LXV Legislatura.

13. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Presentada por el diputado José Mauro Garza Marín y suscrita por diputados integrantes de Movimiento Ciudadano.

Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Expediente 92.

Cuarta sección.

LXV Legislatura.

14. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Presentada por la diputada Lidia Pérez Bárcenas, Morena.

Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Expediente 94.

Sexta sección.

LXV Legislatura.

15. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 11 y 56 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

Presentada por la diputada Blanca Araceli Narro Panameño, Morena.

Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.

Expediente 103.

Primera sección.

LXV Legislatura.

16. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 311 del Código Civil Federal.

Suscrita por la diputada María del Rocío Corona Nakamura, PVEM.

Comisión de Justicia.

Expediente 126.

Segunda sección.

LXV Legislatura.

17. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 221 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Presentada por el Congreso del Estado de Oaxaca.

Comisión de Justicia.

Expediente 140.

Cuarta sección.

LXV Legislatura.

18. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 381 del Código Penal Federal.

Presentada por la diputada Sonia Rincón Chanona, Morena.

Comisión de Justicia.

Expediente 142.

Quinta sección.

LXV Legislatura.

19. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 24 de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales y 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Presentada por la diputada Ana Cecilia Luisa Gabriela Fernanda Sodi Miranda, PRD.

Comisiones Unidas de Cultura y Cinematografía, y de Presupuesto y Cuenta Pública.

Expediente 148.

Cuarta sección.

LXV Legislatura.

20. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal (en materia de tipificación y sanciones a delitos o crímenes de odio motivados por la preferencia u orientación sexual y/o identidad de género).

Presentada por la diputada Socorro Irma Andazola Gómez, Morena.

Comisión de Justicia.

Expediente 150.

Sexta sección.

LXV Legislatura.

21. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Presentada por la diputada Maribel Martínez Ruiz y suscrita por el diputado Ángel Benjamín Robles Montoya, PT.

Comisiones Unidas de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y de Reforma Política-Electoral.

Expediente 208.

Sexta sección.

LXV Legislatura.

22. Iniciativa con proyecto de decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, la frase “14 de septiembre de 1824, por voluntad del Pueblo Chiapaneco, Expresada por Votación Libre y Directa, se anexa a los Estados Unidos Mexicanos”.

Presentada por el diputado José Luis Elorza Flores, Morena.

Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Expediente 211.

Segunda sección.

LXV Legislatura.

23. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Presentada por la diputada Adriana Bustamante Castellanos, Morena.

Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Expediente 217.

Primera sección.

LXV Legislatura.

24. Iniciativa con proyecto de decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor de la H. Cámara de Diputados la leyenda “Independencia Nacional”.

Presentada por el diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, PRI.

Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Expediente 226.

Tercera sección.

LXV Legislatura.

25. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

Presentada por la diputada Santy Montemayor Castillo y suscrita por el diputado Carlos Alberto Puente Salas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM.

Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.

Expediente 227.

Cuarta sección.

LXV Legislatura.

26. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones al Código Penal Federal.

Presentada por la diputada Andrea Chávez Treviño, Morena y suscrita por diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios.

Comisión de Justicia.

Expediente 231.

Primera sección.

LXV Legislatura.

27. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 10 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (en materia de establecimiento de senderos seguros anti delincuencia en el desarrollo urbano).

Presentada por la diputada Juanita Guerra Mena, Morena.

Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.

Expediente 232.

Segunda sección.

LXV Legislatura.

28. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal.

Presentada por la diputada Salma Luévano Luna, Morena.

Comisiones Unidas de Justicia, y de Diversidad.

Expediente 235.

Quinta sección.

LXV Legislatura.

29. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 13 y 15 de la Ley General de Educación.

Presentada por la diputada Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas, Morena.

Comisión de Educación.

Expediente 274.

Sexta sección.

LXV Legislatura.

30. Iniciativa con proyecto de decreto para que se inscriba con letras de oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones el nombre de “Escuadrón 201”.

Presentada por la diputada Rosa Hernández Espejo, Morena.

Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Expediente 278.

Tercera sección.

LXV Legislatura.

31. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 17 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos (en materia de elección de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados).

Suscrita por la diputada Laura Imelda Pérez Segura, Morena.

Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Expediente 282.

Séptima sección.

LXV Legislatura.

32. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General de Partidos Políticos (en materia de paridad de género en cargos de elección popular).

Suscrita por la diputada Laura Imelda Pérez Segura, Morena.

Comisión de Reforma Política-Electoral, con opinión de la de Igualdad de Género.

Expediente 284.

Segunda sección.

LXV Legislatura.

33. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 159 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

Presentada por el Congreso del Estado de Oaxaca.

Comisión de Cultura y Cinematografía.

Expediente 298.

Sexta sección.

LXV Legislatura.

34. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, del Código Penal Federal y de la Ley General de Víctimas (en materia de seguridad en infraestructura para transporte público).

Presentada por el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández y suscrita por Diputados Federales de la CDMX y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.

Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con opinión de la de Justicia.

Expediente 317.

Cuarta sección.

LXV Legislatura.

35. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 110 y 132 de la Ley Federal del Trabajo y 25 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (en materia de deducibilidad de pensiones).

Presentada por la diputada Maribel Martínez Ruiz y suscrita por el diputado Ángel Benjamín Robles Montoya, PT.

Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Hacienda y Crédito Público.

Expediente 320.

Séptima sección.

LXV Legislatura.

36. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos (en materia de paridad de género en la conformación de los Órganos de Gobierno de la Cámara de Diputados).

Presentada por la diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos, Morena y suscrita por diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios.

Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con opinión de la de Igualdad de Género.

Expediente 323.

Tercera sección.

LXV Legislatura.

37. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 20 y 21 del Reglamento de la Cámara de Diputados (en materia de paridad de género en la conformación de los Órganos de Gobierno de la Cámara de Diputados).

Suscrita por la diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos, Morena y suscrita por diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios.

Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con opinión de la de Igualdad de Género.

Expediente 324.

Cuarta sección.

LXV Legislatura.

38. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 329 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (en materia del derecho al voto de las y los mexicanos).

Presentada por la diputada Olga Leticia Chávez Rojas, Morena y suscrita por diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios.

Comisión de Reforma Política-Electoral.

Expediente 333.

Sexta sección.

LXV Legislatura.

39. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo y adiciona un artículo 11 Bis a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Presentada por la diputada Jasmine María Bugarín, PVEM.

Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Atención a Grupos Vulnerables.

Expediente 397.

Quinta sección.

LXV Legislatura.

40. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal.

Presentada por el diputado Arturo Roberto Hernández Tapia, Morena.

Comisión de Ganadería.

Expediente 403.

Cuarta sección.

LXV Legislatura.

41. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 388 de la Ley Federal del Trabajo (en materia de sindicatos minoritarios).

Presentada por la diputada Susana Prieto Terrazas, Morena.

Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Expediente 410.

Cuarta sección.

LXV Legislatura.

42. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. de la Ley Federal del Trabajo.

Presentada por la diputada Lilia Aguilar Gil, PT.

Comisión de Trabajo y Previsión Social, con opinión de la de Diversidad.

Expediente 415.

Segunda sección.

LXV Legislatura.

43. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos (en materia de paridad de género).

Presentada por la diputada María Macarena Chávez Flores, PRD.

Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con opinión de la de Igualdad de Género.

Expediente 417.

Cuarta sección.

LXV Legislatura.

44. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 115 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Presentada por el diputado Navor Alberto Rojas Mancera, Morena.

Comisión de Justicia.

Expediente 419.

Sexta sección.

LXV Legislatura.

45. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 11 y 13 de la Ley de la Fiscalía General de la República.

Presentada por la diputada Alma Carolina Viggiano Austria, PRI.

Comisión de Justicia, con opinión de la de Igualdad de Género.

Expediente 421.

Primera sección.

LXV Legislatura.

46. Iniciativa con proyecto de decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados la Leyenda “Acta de la Independencia Nacional del 28 de Septiembre de 1821”.

Presentada por el diputado René Figueroa Reyes y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.

Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Expediente 423.

Tercera sección.

LXV Legislatura.

47. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 43 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (en materia de plazos en lo que respecta a la prueba pericial).

Suscrita por el diputado Brasil Alberto Acosta Peña, PRI.

Comisión de Justicia.

Expediente 488.

Tercera sección.

LXV Legislatura.

48. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (a fin de fortalecer el Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad).

Suscrita por la diputada Norma Angélica Aceves García, PRI.

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Expediente 489.

Cuarta sección.

LXV Legislatura.

49. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (para la creación de los fondos nacionales de prótesis y ayudas técnicas, así como de accesibilidad universal).

Suscrita por la diputada Norma Angélica Aceves García, PRI.

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con opinión de la de Presupuesto y Cuenta Pública.

Expediente 491.

Sexta sección.

LXV Legislatura.

50. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Impuesto sobre la Renta (para garantizar el empleo de estudiantes).

Suscrita por la diputada Marcela Guerra Castillo, PRI.

Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Hacienda y Crédito Público.

Expediente 499.

Séptima sección.

LXV Legislatura.

51. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica.

Presentada por el diputado José Antonio Zapata Meraz y suscrita por el diputado Xavier Azuara Zúñiga y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.

Energía.

Expediente 534.

Sexta sección.

LXV Legislatura.

52. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Decreto por el que se reforman los Artículos Transitorios Primero, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo del “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo; de la Ley del Seguro Social; de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; del Código Fiscal de la Federación; de la Ley del Impuesto sobre la Renta; de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional; de la Ley Reglamentaria de la fracción XIII Bis del Apartado B, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de subcontratación laboral” publicado el 23 de abril de 2021, publicada en el Diario Oficial de la Federal el 31 de julio de 2021.

Suscrita por la diputada Marcela Guerra Castillo, PRI.

Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Hacienda y Crédito Público.

Expediente 497.

Quinta sección.

LXV Legislatura.

53. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano (en materia de efectiva paridad de género).

suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con opinión de la de Igualdad de Género.

Expediente 540.

Quinta sección.

LXV Legislatura.

54. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Nacional de Procedimientos Penales (en materia de delitos ambientales).

Suscrita por los diputados Karen Castrejón Trujillo, Eunice Monzón García y Luis Edgardo Palacios Díaz, PVEM.

Comisión de Justicia, con opinión de la de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Expediente 577.

Sexta sección.

LXV Legislatura.

55. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones al Código Penal Federal (en materia de robo de identidad).

Presentada por el diputado Vicente Alberto Onofre Vázquez, Morena.

Comisión de Justicia.

Expediente 586.

Quinta sección.

LXV Legislatura.

56. Iniciativa con proyecto de decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados la Leyenda “Centenario de la Creación de la Secretaría de Educación Pública”.

Presentada por la diputada Flora Tania Cruz Santos, Morena.

Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Expediente 596.

Primera sección.

LXV Legislatura.

57. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 9o. y 72 de la Ley General de Educación (en materia de becas por orfandad).

Presentada por la diputada Paulina Rubio Fernández y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.

Comisión de Educación.

Expediente 597.

Segunda sección.

LXV Legislatura.

58. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 230, 257 y 258 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Presentada por la diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos, Morena y suscrita por diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios.

Radio y Televisión, con opinión de la de Pueblos Indígenas y Afromexicanos.

Expediente 599.

Cuarta sección.

LXV Legislatura.

59. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.

Presentada por la diputada Margarita García García, PT.

Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Expediente 604.

Segunda sección.

LXV Legislatura.

60. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud.

Presentada por la diputada Beatriz Rojas Martínez, Morena y suscrita por diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios.

Comisiones Unidas de Comisión de Justicia, y de Salud.

Expediente 607.

Quinta sección.

LXV Legislatura.

61. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Nacional de Procedimientos Penales (en materia de robo al transporte público).

Presentada por el diputado José Antonio García García y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.

Comisión de Justicia.

Expediente 609.

Séptima sección.

LXV Legislatura.

62. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo.

Presentada por la diputada Laura Barrera Fortoul y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, así como de diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios.

Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Expediente 610.

Primera sección.

LXV Legislatura.

63. Iniciativa con proyecto de decreto que deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal (en materia de aborto).

Suscrita por la diputada Ana Karina Rojo Pimentel, PT.

Comisión de Justicia.

Expediente 619.

Tercera sección.

LXV Legislatura.

64. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Suscrita por el diputado Omar Enrique Castañeda González, Morena.

Comisión de Justicia.

Expediente 624.

Primera sección.

LXV Legislatura.

65. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 49 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Suscrita por la diputada Norma Angélica Aceves García, PRI.

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Expediente 633.

Tercera sección.

LXV Legislatura.

66. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Petróleos Mexicanos (en materia laboral y de responsabilidad social).

suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Comisión de Energía, con opinión de la de Trabajo y Previsión Social.

Expediente 637.

Séptima sección.

LXV Legislatura.

67. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Petróleos Mexicanos, de la Ley de Hidrocarburos, de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en materia ambiental).

suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Comisiones Unidas de Energía, y de Transparencia y Anticorrupción, con opinión de la de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Expediente 641.

Cuarta sección.

LXV Legislatura.

68. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Petróleos Mexicanos y de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (en materia de energías limpias y renovables).

suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Comisión de Energía.

Expediente 642.

Quinta sección.

LXV Legislatura.

69. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Presentada por la diputada Yolanda de la Torre Valdez y suscrita por el diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante, PRI.

Comisión de Justicia.

Expediente 666.

Primera sección.

LXV Legislatura.

70. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Presentada por la diputada Yolanda de la Torre Valdez y suscrita por el diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante, PRI.

Comisión de Justicia.

Expediente 667.

Segunda sección.

LXV Legislatura.

71. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 162 del Código Penal Federal y 31 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Presentada por la diputada Blanca Araceli Narro Panameño, Morena.

Comisiones Unidas de Justicia, y de Defensa Nacional.

Expediente 673.

Primera sección.

LXV Legislatura.

72. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 117, 120 y 1299 del Código Civil Federal.

Presentada por la diputada Martha Estela Romo Cuéllar y suscrita por diputados integrantes del PAN.

Comisión de Justicia.

Expediente 675.

Tercera sección.

LXV Legislatura.

73. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Presentada por el diputado Javier Casique Zárate, PRI.

Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Expediente 681.

Segunda sección.

LXV Legislatura.

74. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 10 y 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Presentada por la diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega, Morena.

Comisiones Unidas de Justicia, y de Diversidad.

Expediente 682.

Tercera sección.

LXV Legislatura.

75. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 169 y 171 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Presentada por el diputado Martín Sandoval Soto, Morena.

Comisión de Justicia.

Expediente 716.

Cuarta sección.

LXV Legislatura.

76. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 12 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos (la parte que le corresponde).

Presentada por la diputada Mary Carmen Bernal Martínez, PT y suscrita por diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios.

Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Expediente 719.

Séptima sección.

LXV Legislatura.

77. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal.

Presentada por la diputada Olga Luz Espinoza Morales, PRD.

Comisión de Justicia.

Expediente 720.

Primera sección.

LXV Legislatura.

78. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo.

Presentada por la diputada Cynthia Iliana López Castro, PRI y suscrita por el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, PRI.

Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Expediente 726.

Séptima sección.

LXV Legislatura.

79. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 54 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional.

Presentada por la diputada Araceli Ocampo Manzanares y suscrita por el diputado Rafael Hernández Villalpando, Morena.

Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Expediente 729.

Tercera sección.

LXV Legislatura.

80. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 420 del Código Nacional de Procedimientos penales (en materia de pueblos y comunidades indígenas).

Presentada por la diputada Evangelina Moreno Guerra, Morena.

Comisión de Justicia, con opinión de la de Pueblos Indígenas y Afromexicanos.

Expediente 730.

Cuarta sección.

LXV Legislatura.

81. Iniciativa con proyecto de decreto para inscribir en letras de oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados el nombre de “Ignacio Ramírez”.

Presentada por el diputado Brasil Alberto Acosta Peña, PRI.

Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Expediente 734.

Primera sección.

LXV Legislatura.

82. Iniciativa con proyecto de decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados, el nombre de “Mariano Otero”.

Presentada por el diputado Brasil Alberto Acosta Peña, PRI.

Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Expediente 735.

Segunda sección.

LXV Legislatura.

83. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Presentada por el diputado Óscar de Jesús Almaraz Smer y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.

Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Expediente 743.

Tercera sección.

LXV Legislatura.

84. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales y del Código Penal Federal (en materia de salvaguarda de las vías de comunicación terrestre).

Presentada por la diputada Marcela Guerra Castillo, PRI.

Comisión de Justicia.

Expediente 770.

Tercera sección.

LXV Legislatura.

85. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución penal.

Presentada por la diputada Martha Robles Ortiz, Morena y suscrita por diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios.

Comisión de Justicia.

Expediente 775.

Primera sección.

LXV Legislatura.

86. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos (en materia de pesca y Acuacultura).

Presentada por la diputada María del Carmen Bautista Peláez, Morena.

Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con opinión de la de Pesca.

Expediente 776.

Segunda sección.

LXV Legislatura.

87. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 3o. Bis de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores (en materia de violencia institucional).

Presentada por la diputada Adriana Bustamante Castellanos, Morena.

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Expediente 779.

Quinta sección.

LXV Legislatura.

88. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 6o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Presentada por la diputada Rocío Natalí Barrera Puc, Morena.

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Expediente 781.

Séptima sección.

LXV Legislatura.

89. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 20 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética).

Presentada por el diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.

Comisión de Energía.

Expediente 783.

Segunda sección.

LXV Legislatura.

90. Iniciativa con proyecto de decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, la frase “A la Comunidad Migrante Mexicana”.

Presentada por la diputada María Elena Serrano Maldonado, PRI y suscrita por diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios.

Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Expediente 787.

Sexta sección.

LXV Legislatura.

91. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal (en materia de delitos contra el patrimonio de las personas).

Presentada por el diputado Luis Alberto Mendoza Acevedo y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.

Comisión de Justicia.

Expediente 796.

Primera sección.

LXV Legislatura.

92. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos (en materia de iniciativas ciudadanas).

Presentada por la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, Morena y suscrita por diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios.

Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Expediente 798.

Tercera sección.

LXV Legislatura.

93. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 32 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Presentada por el diputado José Antonio García García y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Expediente 801.

Sexta sección.

LXV Legislatura.

94. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 25 de la Ley de Coordinación Fiscal y 223 del Código Penal Federal.

Presentada por el diputado Luis Arturo González Cruz, PVEM.

Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Justicia.

Expediente 828.

Cuarta sección.

LXV Legislatura.

95. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 20 Bis de la Ley Federal de Defensoría Pública (para crear la defensoría pública para pueblos y comunidades indígenas).

Presentada por la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, así como diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios.

Comisión de Justicia.

Expediente 830.

Sexta sección.

LXV Legislatura.

96. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 266 Ter al Código Penal Federal.

Presentada por la diputada Fabiola Rafael Dircio, PRD y suscrita por diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios.

Comisión de Justicia.

Expediente 848.

Tercera sección.

LXV Legislatura.

97. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código Civil Federal y del Código de Comercio (en materia de matrimonio igualitario).

Presentada por la diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega, Morena y suscrita por diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios.

Comisiones Unidas de Justicia, y de Diversidad, con opinión de la de Economía, Comercio y Competitividad.

Expediente 849.

Cuarta sección.

LXV Legislatura.

98. Iniciativa con proyecto de decreto que abroga la Ley Nacional de Ejecución Penal y expide el Código Nacional Penitenciario.

Presentada por la diputada Alejandra Pani Barragán, Morena.

Comisión de Justicia, con opinión de la de Presupuesto y Cuenta Pública.

Expediente 850.

Quinta sección.

LXV Legislatura.

99. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 127 de la Ley General de vida Silvestre y 420 del Código Penal Federal (en materia de protección de la flora y fauna silvestre).

Presentada por la diputada Sonia Rincón Chanona, Morena y suscrita por diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios.

Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Justicia.

Expediente 853.

Primera sección.

LXV Legislatura.

100. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal y del Código de Comercio (en materia de matrimonio igualitario).

Presentada por la diputada Salma Luévano Luna, Morena.

Comisiones Unidas de Justicia, y de Diversidad, con opinión de la de Economía, Comercio y Competitividad.

Expediente 858.

Sexta sección.

LXV Legislatura.

101. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 28 y 29 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

Presentada por el diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.

Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Expediente 866.

Séptima sección.

LXV Legislatura.

102. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 137 de la Ley Nacional de Ejecución penal.

Presentada por la diputada Joanna Alejandra Felipe Torres y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.

Comisión de Justicia.

Expediente 871.

Quinta sección.

LXV Legislatura.

103. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 1o. de la Ley Nacional de Extinción de Dominio.

Suscrita por la diputada María del Rocío Corona Nakamura, PVEM.

Comisión de Justicia.

Expediente 880.

Séptima sección.

LXV Legislatura.

104. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal.

Suscrita por la diputada Paulina Rubio Fernández y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.

Comisiones Unidas de Justicia, y de Seguridad Ciudadana, con opinión de la de Hacienda y Crédito Público.

Expediente 902.

Quinta sección.

LXV Legislatura.

105. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (en materia de deudores alimentarios).

Presentada por la diputada Paloma Sánchez Ramos, PRI y suscrita por diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios.

Comisiones Unidas de Justicia, y de Derechos de la Niñez y Adolescencia.

Expediente 909.

Quinta sección.

LXV Legislatura.

106. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Nacional de Ejecución Penal y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Presentada por la diputada Paloma Sánchez Ramos, PRI y suscrita por diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios.

Comisiones Unidas de Justicia, y de Igualdad de Género.

Expediente 910.

Sexta sección.

LXV Legislatura.

107. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la Ley General de Víctimas.

Presentada por la diputada Kathia María Bolio Pinelo y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.

Comisiones Unidas de Igualdad de Género, y de Justicia.

Expediente 934.

Séptima sección.

LXV Legislatura.

108. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 303 del Código Penal Federal y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales (en materia de crímenes de odio).

Presentada por la diputada Salma Luévano Luna, Morena y suscrita por diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios.

Comisiones Unidas de Justicia, y de Diversidad.

Expediente 938.

Cuarta sección.

LXV Legislatura.

109. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 156 del Código Civil Federal.

Presentada por la diputada Salma Luévano Luna, Morena y suscrita por diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios.

Comisiones Unidas de Justicia, y de Diversidad, con opinión de la de Atención a Grupos Vulnerables.

Expediente 949.

Primera sección.

LXV Legislatura.

110. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 343 Bis del Código Penal Federal.

Presentada por la diputada Martha Estela Romo Cuéllar y suscrita por diputados integrantes del PAN.

Comisión de Justicia.

Expediente 953.

Quinta sección.

LXV Legislatura.

111. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas.

Presentada por el diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.

Comisión de Justicia.

Expediente 955.

Séptima sección.

LXV Legislatura.

112. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 137 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Suscrita por el diputado Omar Enrique Castañeda González, Morena.

Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Expediente 964.

Segunda sección.

LXV Legislatura.

113. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones al Código Penal Federal y reforma el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales (en materia de suplantación de identidad).

Presentada por la diputada Margarita García García, PT.

Comisión de Justicia.

Expediente 997.

Séptima sección.

LXV Legislatura.

114. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 156 y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Presentada por el diputado Jesús Alberto Velázquez Flores, PRD y suscrita por diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios.

Comisión de Justicia.

Expediente 1253.

Cuarta sección.

LXV Legislatura.

115. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 162 del Código Penal Federal.

Presentada por el diputado Carlos Alberto Manzo Rodríguez, Morena Y suscrita por diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios.

Comisión de Justicia.

Expediente 1254.

Quinta sección.

LXV Legislatura.

116. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Artículo Décimo Primero Transitorio de la Ley Federal del Trabajo.

Presentada por la diputada Susana Prieto Terrazas, Morena.

Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Expediente 1264.

Primera sección.

LXV Legislatura.

117. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y del Código Civil Federal (en materia de gestación por sustitución).

Suscrita por el diputado Jorge Triana Tena y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.

Comisiones Unidas de Salud, y de Justicia, con opinión de la de Derechos de la Niñez y Adolescencia.

Expediente 1276.

Sexta sección.

LXV Legislatura.

118. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 14 de la Ley de Extradición Internacional.

Presentada por la diputada Mary Carmen Bernal Martínez, PT.

Comisión de Justicia.

Expediente 1307.

Tercera sección.

LXV Legislatura.

119. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley General de Desarrollo Social y de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Presentada por el diputado Horacio Fernández Castillo y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la de Bienestar.

Expediente 1309.

Quinta sección.

LXV Legislatura.

120. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 89 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Presentada por la diputada Gina Gerardina Campuzano González y suscrita por diputados integrantes del PAN.

Comisión de Justicia.

Expediente 1318.

Séptima sección.

LXV Legislatura.

121. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7o. de la Ley Federal del Trabajo.

Presentada por el diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, Morena.

Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Expediente 1320.

Segunda sección.

LXV Legislatura.

Ciudad de México, a 17 de mayo de 2022

Atentamente

Diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna (rúbrica)

Presidente


Iniciativas

Con proyecto de decreto, por el que se adiciona un último párrafo al artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recibida de la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del PVEM, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 4 de mayo de 2022

La que suscribe, diputada federal María del Rocío Corona Nakamura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, fracción 1 , 77 y 78 del Reglamento de .la Cámara de Diputados , somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de motivos

Hasta la fecha, los pendientes sociales, económicos, políticos y culturales en materia de igualdad, equidad y no discriminación se siguen acumulando y agudizando peligrosamente, en prejuicio no solo de todas las mujeres mexicanas y nuestro pleno desarrollo, sino también en contra de toda la sociedad en su conjunto.

Ante estos rezagos todas y todos por igual, directa o indirectamente, perdemos y salimos perjudicados, por eso es preocupante ver cómo, a pesar de lo evidente que nos ha resultado lo anterior a lo largo de nuestra historia, continuamos aferrados en el mismo camino de la indiferencia social e institucional en cuanto a materia de igualdad sustantiva se refiere.

Tristemente, no hemos podido como sociedad, en primer lugar, aceptar y reconocer nuestros pendientes y carencias en materia de igualdad, género, equidad o inclusión. En segundo lugar, no hemos podido hacerles frente, prevenir ni erradicar las graves, sistemáticas y estructurales condiciones desfavorables que diariamente en nuestro país padecemos niñas, adolescentes y mujeres.

Desgraciadamente, tanto gobierno como sociedad en corresponsabilidad, no hemos sido determinantes para atender, erradicar y mucho menos prevenir todos los entornos y expresiones de marginación, violencia, vulnerabilidad, inseguridad y rezago que nos han mantenido históricamente a todas las mujeres mexicanas en pie de lucha para lograr el disfrute pleno y garantizado de todos nuestros derechos, iniciando por los más elementales, ya sea desde el cuidado de nuestra vida, integridad o libertad de decisión, hasta el acceso a educación, salud, vivienda, empleo y salario justo , tan solo por mencionar algunos de ellos.

Lo anterior a pesar de nuestros logros en materia de igualdad en la redacción de nuestras leyes.

Resulta desafortunado que a pesar de nuestros avances recientes no hayamos podido salir o despojarnos de la simulación o superficialidad que priva tanto en la sociedad como en las instituciones respecto a la atención de las demandas de nosotras las mujeres en todo el país.

No se puede soslayar que la violencia ejercida hacia nosotras ya no es vista como un hecho intolerable y condenable, sino como un hábito socialmente aceptado, cotidiano y peligrosamente normalizado.

Somos una sociedad en donde se ha reconocido y asentido como ordinario el asesinato, el hostigamiento, el acoso en todas sus formas, el abuso sexual, físico o verbal, el maltrato físico, psicológico o económico, la trata, o bien, la explotación sexual, laboral o salarial hacia las mujeres, así nos lo dice diariamente la realidad que millones de niñas, adolescentes, adultas y adultas mayores enfrentamos y que, por cierto, las estadísticas reflejan también con contundencia.

Basta con señalar que somos un país en donde con total impunidad se cometen entre 10.5 y 11 feminicidios diarios.1

Seguimos con récords históricos en cuanto a feminicidios se refiere, así fue el año pasado en el cual, de acuerdo con cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública nos arrebataron la vida y futuro de mil 6 mujeres; además de 2 mil 747 muertes más que, conveniente y sospechosamente, fueron catalogadas como simples “homicidios dolosos”.2

Continuamos inseguras en todo momento y en todo lugar, por ejemplo, el estado de México, de acuerdo con datos de ONU Mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres y de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, es la entidad más violenta para nosotras en nuestro país, con un registro de al menos 151 feminicidios cometidos el año pasado. Desafortunadamente, los demás estados no están tan lejanos a estas preocupantes estadísticas.3

Si lo anterior no fuera suficiente, también somos presa fácil y recurrente del secuestro, la trata o la violación, entre otros delitos más; así lo señalan nuevamente las estadísticas en la materia, ya que entre 2020 y el 2021, al menos 416 mujeres fueron víctimas de secuestro, 957 más fueron víctimas del delito de trata y tan solo durante el año 2021 se acumularon 21 mil 188 denuncias por el delito de violación en contra de una mujer.4

En otras palabras, un delito condenable como lo es la violación creció del año 2020 al 2021 en un 28 por ciento.5

Tampoco se puede soslayar que al menos el 86 por ciento de todo nuestro territorio está en alerta de violencia feminicida y de desaparición de mujeres y niñas.6

Existen otros datos igualmente alarmantes en cuanto respecta a la violencia ejercida contra las mujeres, por ejemplo, el hecho de que en nuestro país se registre una llamada cada hora de una mujer pidiendo ayuda y apoyo a los refugios implementados para protección en contra de situaciones de violencia.

Por otra parte, tenemos más de 3 mil mujeres víctimas del delito de corrupción de menores y se contabilizan al menos 12 mil 918 menores de edad atendidas en diversos hospitales por violencia familiar, de las cuales el 88.3 por ciento fueron niñas y adolescentes.7

Asimismo, seguimos siendo las principales víctimas de delitos sexuales a lo largo y ancho de todo el país; ya que hay ocho casos de mujeres atacadas por cada uno en hombres, para un total de 3 mil 140 delitos registrados hacia nosotras las mujeres el año pasado.8

Además de lo anterior, se debe señalar que las mujeres, adolescentes y niñas de este país padecemos de un acceso limitado a la procuración e impartición plena de justicia.

Con todo lo anteriormente descrito, resultan evidentes los pendientes y retos en materia de igualdad sustantiva, equidad y combate a la violencia y discriminación en contra de nosotras las mujeres en todo el país, los cuales son de urgente atención y resolución.

Si bien ha habido significativos avances y conquistas relevantes en la materia, gracias a la larga e incesante lucha histórica de las mujeres, la cruda realidad nos hace ver que esos pasos hacia adelante han sido insuficientes o han quedado rebasados por la escalada de violencia que se registra en nuestra contra.

Garantizar el acceso y disfrute para todas las mujeres a una igualdad de oportunidades sustantiva y efectiva sigue siendo un problema no resuelto, que tiene que atenderse no solo de manera parcial, sino integralmente y desde la raíz.

Lo anterior es fundamental si como país queremos verdaderamente avanzar en la garantía, consolidación y disfrute pleno de los derechos de las mujeres.

Tenemos que reconocer que hemos sido capaces de desarrollar, tanto a nivel federal como estatal, una normatividad en materia de igualdad, equidad y no discriminación hacia la mujer sumamente extensa, pero que no está siendo ni funcional ni efectiva, o bien, ni siquiera medianamente aplicada.

Nos guste o no, lo aceptemos o no, todo lo relacionado con la igualdad sustantiva genera escozor, pues ésta no viene implícita en nuestro código genético y a la vez confirmamos que ni siquiera está considerada en nuestra conducta habitual.

Sencillamente, día a día con nuestras omisiones e indiferencia hacia las demandas de las mujeres ratificamos que la igualdad sustantiva no es parte de nuestra cultura.

Por lo anterior todos los esfuerzos que emprendemos pareciera que son infructuosos o insuficientes, ya que cuando de igualdad sustantiva se trata inmediatamente se piensa en algo ajeno que por moda nos es impuesto y, por ende, es visto con desdén, o bien, como una obligación que realmente no consideramos necesario atender a cabalidad.

Derivado de ello, los esfuerzos emprendidos en la materia suelen quedarse en el terreno de la simulación o, si bien nos va, en el de la superficialidad.

Como ejemplo de lo anterior basta señalar que en los tres órdenes de gobierno tenemos una tarea urgente y sumamente importante en cuanto a la igualdad sustantiva en el acceso efectivo de todas las mujeres a todos los puestos de toma de decisiones. Actualmente esto no existe, no lo hay de manera efectiva, solo se atiende de forma simulada.

Apenas en 2021 nos congratulamos de que por primera vez en nuestra historia tenemos una legislatura paritaria en una de las Cámaras del Congreso de la Unión. Una paridad lograda por cierto gracias a resoluciones judiciales.

Por eso se vuelve imprescindible garantizar incluso constitucionalmente nuestro acceso seguro y firme a todos los lugares de toma de decisiones en este país y a los cargos de representación popular de manera efectiva, sin condicionamiento alguno y en condiciones de total igualdad sustantiva, ese es el objetivo que busca atender la presente iniciativa.

Proponemos modificar el artículo 35 de nuestra Constitución para agregar un último párrafo que establezca que nuestra Ley Fundamental reconoce y garantiza el derecho al acceso en igualdad sustantiva a los puestos de la función pública, los órganos de gobierno, los organismos constitucionales autónomos y los cuerpos administrativos de los tres órdenes de gobierno, además, de las personas titulares de los poderes ejecutivos y sus gabinetes, las legislaturas, los poderes judiciales, los ayuntamientos y las alcaldías.

No tenemos de otra, así deben de ser las cosas, así debemos de aplicar la igualdad sustantiva en el acceso de nosotras las mujeres a los puestos de toma de decisiones.

Si no lo reconocemos así, la paridad a la que nos referimos como calificativo de la presente legislatura solo quedará en la anécdota o como claro ejemplo de la simulación prevaleciente.

Lo anterior porque como sociedad tenemos que reconocer y aceptar que la paridad efectiva no puede versar solo en el número de posiciones concedidas para nosotras las mujeres porque eso ha quedado demostrado que es insuficiente.

La llamada paridad está incompleta si no priva en ella una igualdad sustantiva que no conceda, sino que nos garantice a todas las mujeres en todo el país la disponibilidad y el acceso a todos los cargos de toma de decisiones en similares condiciones y circunstancias que los varones.

Si quienes integramos esta soberanía no tenemos la capacidad y el valor de dar ese paso a nivel constitucional, vamos a seguir permitiendo que las mujeres sigan siendo violentadas, discriminadas y excluidas.

Eso no solo es inaceptable y condenable, sino que también nos ha salido sumamente caro en materia política, social, económica, laboral o educativa, solo por mencionar algunos aspectos.

La situación en materia de inequidad, discriminación, inseguridad y violencia hacia las mujeres en este país no puede ni debe continuar como hasta la fecha prevalece y quienes integramos la presente soberanía no podemos quedarnos sin hacer algo contundente al respecto.

Por todo ello, se somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único.- Se adiciona un último párrafo al artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía:

I. a IX. (. . .)

Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho al acceso en igualdad sustantiva a los puestos de la función pública, los órganos de gobierno, los organismos constitucionales autónomos y los cuerpos administrativos de los tres órdenes de gobierno; esto desde las personas titulares de los Poderes Ejecutivos y sus gabinetes, las legislaturas, los Poderes Judiciales, los ayuntamientos y las alcaldías.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Véase “8M/20 datos sobre la violencia contra las mujeres en México”, Expansión Política, lunes 7 de marzo de 2022. Disponible en: https://politica.expansion.mx/mexico/2022/03/07/datos-sobre­ la-violencia-contra-las-mujeres-mexico

2 Ibídem.

3 Ibídem.

4 Ibídem.

5 Ibídem.

6 Ibídem.

7 Ibídem.

8 Ibídem.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 4 de mayo de 2022.

Diputada María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. Mayo 4 de 2022.)

Con proyecto de decreto, por el que se reforma el último párrafo del artículo 36 de la Ley General de Salud, recibida de la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del PVEM, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 4 de mayo de 2022

La que suscribe, diputada federal María del Rocío Corona Nakamura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el último párrafo del artículo 36 de la Ley General de Salud, al tenor de la siguiente

Exposición de motivos

En nuestro país los temas de mayor preocupación, interés, coincidencia y consenso en general son todos aquellos referentes a nuestros menores de edad, es decir, nuestras hijas e hijos.

Afortunadamente, seguimos siendo una sociedad en la cual, en mayor o menor grado, el núcleo es todavía la familia y en ella los más pequeños son fundamentales al igual que también lo son nuestros adultos mayores.

Por esa razón sigue intacto y vigente lo adecuadamente establecido en nuestro artículo cuarto constitucional, el cual señala lo siguiente en su primer párrafo:

“La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia”.

Lo anterior ha sido no solo fundamental, sino también preponderante para nuestra organización al igual que para regir y conducir nuestro actuar, crecimiento y desarrollo tanto social, como político, educativo y económico, entre muchos factores más.

Por eso, todas las políticas emprendidas por los gobiernos en curso van o deben ir, directa o indirectamente, encaminadas al desarrollo social, es decir, en todos los aspectos favorables a los integrantes de la familia, en tanto individuos y, a la vez, integrantes de la sociedad.

Dado lo anterior, todos por igual y en responsabilidad compartida, debemos estar atentos a nuestros pendientes y rezagos que coloquen en una situación de vulnerabilidad a nuestras familias, sus hogares y sus finanzas, más aún si del beneficio de nuestras niñas y niños se trata.

Somos un país, según el último censo de población y vivienda realizado por el Inegi, con más de 126 millones de habitantes, de los cuales 42 millones 561 mil 974 son menores de edad, es decir, el 33.8 por ciento de nuestra población total.1

Nuestras niñas y niños tienen necesidades diversas, en diferente magnitud y bajo circunstancias distintas, lo cual hace que presenten o padezcan un distinto grado de marginación, pero siempre serán propensos a algún grado de vulnerabilidad propia de la edad.

Lo anterior nos obliga a estar no solo atentos y pendientes en materia de identificación de sus necesidades, sino también en aspectos de prevención de las circunstancias o situaciones que pueden llegar a afectarlos.

En este orden de ideas, la atención, procuración, cuidado y prevención de aspectos relacionados con la salud son imprescindibles e impostergables.

Como sociedad quizás debemos reconocer que tardamos en entender lo anterior y probablemente también nos dilatamos en asumirlo.

De manera acertada, en legislaturas anteriores se tuvo la sensibilidad suficiente para reaccionar ante los retos que se les presentaron en ese momento en materia de salvaguarda y protección de la salud y procuración de servicios médicos para nuestros menores de edad en situación de marginación y mayor vulnerabilidad, es decir, las hijas y los hijos de quienes menos tienen.

Por este motivo, en el año 2012 la Cámara de Diputados aprobó una reforma al artículo 36 de la Ley General de Salud a fin de adicionar un último párrafo que establece lo siguiente:

“Se eximirá del cobro de las cuotas de recuperación por concepto de atención médica y medicamentos, a todo menor a partir de su nacimiento hasta cinco años cumplidos, que no sea beneficiario o derechohabiente de alguna institución del sector salud. Para el cumplimiento de esta disposición, será requisito indispensable que la familia solicitante se encuentre en un nivel de ingreso correspondiente a los tres últimos deciles establecidos por la Secretaría de Salud.”2

Esta reforma fue aprobada por unanimidad por todos los presentes en la sesión del 13 de marzo del año 2012 como se mencionó anteriormente, es decir 333 votos a favor y 158 ausentes, para dar cuenta de un total de 491 legisladores.3

Todos los que votaron a favor coincidieron con lo que el dictamen establecía para justificar y fundamentar la propuesta que se sometía a consideración, por un lado, garantizar los servicios de salud sin el cobro de cuota de recuperación alguna a todos los menores de hasta 5 años pertenecientes a las familias de más bajos recursos y que no fueran derechohabientes de ningún servicio de salud público, al señalar que:

El derecho a la protección de la salud es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

El derecho a la salud obliga a los estados a generar condiciones en las cuales todos puedan vivir lo más saludablemente posible. Esas condiciones comprenden, la disponibilidad garantizada de servicios de salud, condiciones de trabajo saludables y seguras, vivienda adecuada y alimentos nutritivos. El derecho a la salud no se limita al derecho a estar sano.

El derecho a la salud está consagrado en numerosos tratados internacionales y regionales de derechos humanos y, en el caso de nuestro país, en el artículo 4o. de la Constitución.

El artículo 36 de la Ley General de Salud establece que las cuotas de recuperación que en su caso se recauden por la prestación de servicios de salud se ajustarán a lo que disponga la legislación fiscal y a los convenios de coordinación que celebren en la materia el Ejecutivo federal y los gobiernos de las entidades federativas. Asimismo, establece que se eximirá del cobro de las cuotas de recuperación por concepto de atención médica y medicamentos a todo menor a partir de su nacimiento hasta cinco años cumplidos que no sea beneficiario o derechohabiente de alguna institución del sector salud.

Para el cumplimiento de esta disposición será requisito indispensable que la familia solicitante se encuentre en un nivel de ingreso correspondiente a los tres últimos deciles establecidos por la Secretaría de Salud.

Los deciles de menor ingreso corresponden a los primeros en orden; por tanto, resulta evidente que en el texto vigente del párrafo quinto del artículo 36 de la Ley General de Salud hay una inconsistencia, que lleva a considerar, de su literalidad, que se estaría eximiendo del cobro de cuotas de recuperación a la población con mayor nivel de ingreso, además de que de la lectura de dicho precepto parecería desprenderse que la Secretaría de Salud determina dichos deciles de ingreso, cuando, conforme a lo señalado, el Inegi realiza los estudios pertinentes para hacer dicha determinación.

Es por ello que se considera necesaria dicha reforma, ya que ésta permitirá aclarar un error que se constituye en una constante y latente amenaza contra la gratuidad de los servicios de salud y cuya interpretación dolosa puede limitar el acceso a los servicios de salud para los niños cuyas familias no cuenten con ingresos suficientes para cubrir las cuotas de recuperación.4

Como podemos ver, los anteriores son señalamientos y razonamientos acertados, que identificaron una necesidad no solo real, sino también urgente en materia de protección de la salud de los menores en nuestro país de hasta 5 años de edad, pertenecientes a la población más vulnerable y además sin acceso a ningún servicio de salud público.

No obstante, lo adecuado de esta reforma, en donde el interés del menor en nuestro país verdaderamente fue supremo; hoy en día, la realidad ya la rebasó y es insuficiente porque la dinámica social, así como la diversidad de padecimientos que en la actualidad tenemos, nos obliga a aceptar que debemos ampliar la edad de protección a estos menores de edad, en situación de vulnerabilidad y que están excluidos de los sistemas de seguridad social.

Actualmente hemos visto que no solo la incidencia de males progresivos e incluso hasta incapacitantes se ha intensificado, sino también se han diversificado, a la vez que se ha extendido la edad en la que se presentan y, en consecuencia, la edad de intervención para su prevención, identificación y tratamiento.

Por ejemplo, se ha identificado que los problemas de alimentación y desnutrición ya no solo son propios de menores de hasta 5 años, sino que se han extendido a menores de hasta 15 años, la evidencia más visible de este problema la encontramos en los niveles de sobrepeso y obesidad de este segmento poblacional.

Sobrepeso y obesidad, desnutrición y mala alimentación, son temas que el Estado tiene la obligación de atender, identificar y cuidar, pero hoy esa obligación se limita hasta los 5 años de edad y desafortunadamente las hijas e hijos de las familias con menos recursos son quienes más presentan estos problemas y quienes más padecen sus consecuencias en su desarrollo y crecimiento infantil y adolescente y posteriormente en su edad adulta.

Sobre este tema, basta solo un dato, en nuestro país, de acuerdo a medios de información conforme a lo señalados por UNICEF, se ha identificado que tenemos cuando menos a 1.5 millones de niñas y niños con niveles de desnutrición crónica.5

Además, se señala que, del total de nuestras niñas, niños y adolescentes, el 54 por ciento permanecen en situación de pobreza.6

De estos menores en condición vulnerable, al menos el 32.4 por ciento están entre los 0 y 5 años de edad (la reforma en la materia del año 2012 cubre el acceso de este segmento poblacional a los servicios de salud).7

No obstante lo anterior, después de algunos años, esto resulta insuficiente y se justifica la necesidad de ampliar el rango de edad de cobertura gratuita de los servicios de salud para nuestros menores porque el mismo reporte señala que del total de estos menores en situación de pobreza, el 33.7 por ciento tienen entre 6 y 11 años y el 33.9 por ciento entre 12 y 17 años.8

En otras palabras, si no ampliamos la edad de cobertura de lo establecido en este párrafo del artículo 36 de la Ley General de Salud, vamos a seguir excluyendo a cuando menos al 67.6 por ciento de nuestras niñas y niños más vulnerables y marginados en todo el país.

Por otra parte, si vemos cómo se han desarrollado y comportado los principales padecimientos que afectan a nuestros menores, incluyendo los de mayor mortalidad o secuelas, podemos darnos cuenta de que tenemos que ampliar la edad de cobertura imperiosamente y que además hay que hacerlo en breve.

Respecto a la obesidad y al sobrepeso, del total de nuestros menores de edad, los que se encuentran entre los 5 y 11 años son los más afectados por estos padecimientos ya que al menos un 19.6 por ciento presenta sobrepeso y un 18.6 por ciento ya presentan obesidad en diverso grado.9

Asimismo, al menos el 26.8 por ciento de nuestros adolescentes presentan sobrepeso y un 17 por ciento presenta obesidad.10

Lo anterior es un serio y grave problema de salud pública que no hemos atendido y que desafortunadamente los que menos tienen, los más marginados y rezagados más padecen y sufren de sus consecuencias.

Ahora bien, respecto a las lamentables causas de muerte entre nuestros menores que actualmente se presentan encontramos también justificación irrefutable para sustentar el presente proyecto.

Anteriormente se identificaba que los riesgos de perder la vida de un menor aumentaban en el rango de edad de entre 1 a 4 años y también se distinguía en ese rango de edad la ventana de poder identificar con tiempo suficiente y en etapas tempranas cualquier padecimiento crónico y con elevada mortalidad como el cáncer.

Sin embargo, hoy en día y después de 10 años de la acertada reforma aquí multicitada, la evidencia médica nos dice que es necesario realizar cambios.

Las 10 principales causas de muerte en niños de 1 a 4 años de edad en nuestro país registradas durante el 2020 fueron:

1. Accidentes: 933 casos

2. Malformaciones congénitas: 678 casos

3. Enfermedades respiratorias: 504 casos

4. Tumores: 423 casos

5. Infecciones y parásitos: 312 casos

6. Enfermedades del sistema nervioso: 307 casos

7. Enfermedades del sistema digestivo: 165 casos

8. Enfermedades metabólicas y nutricionales: 151 casos

9. Covid-19: 110 casos

10. Enfermedades de la sangre e inmunológicas: 90 casos.11

Las anteriores son enfermedades y padecimientos en su mayoría prevenibles, o bien, tratables en los primeros 5 años de vida, pero cuya prevalencia no disminuye con la edad, sino todo lo contrario, aumenta, es decir, se disparan e incluso se diversifican ya que muchos de nuestros menores se encuentran hoy en día fuera del acceso a los servicios de salud necesarios para protegerlos por rebasar los 5 años de edad y quedar excluidos del beneficio.

Las 10 principales causas de muerte registradas en nuestro país entre niños de 5 a 9 años son, desafortunadamente, las siguientes:

1. Accidentes: 526 casos

2. Tumores: 481 casos

3. Enfermedades del sistema nervioso: 247 casos

4. Malformaciones congénitas: 212 casos

5. Enfermedades respiratorias: 164 casos

6. Infecciones y parásitos: 161 casos

7. Enfermedades del sistema digestivo: 117 casos

1 8. Enfermedades del sistema circulatorio: 95 casos

9. Enfermedades metabólicas y nutricionales: 75 casos

10. Covid-19: 61 casos12

Igualmente se trata de enfermedades y padecimientos que en su mayoría son prevenibles y tratables con un diagnóstico altamente favorable, solo si son atendidos a tiempo. Por ello, insisto, requerimos ampliar la edad de protección señalada en el artículo 36 de la Ley General de Salud.

A la misma conclusión llegamos y al mismo razonamiento si vemos cuáles fueron las principales causas de muerte en niños de 10 a 14 años de edad en nuestro país durante el mismo lapso de tiempo:

1. Accidentes: mil 85 casos

2. Tumores: 551 casos

3. Enfermedades del sistema nervioso: 275 casos

4. Malformaciones congénitas: 221 casos

5. Enfermedades respiratorias: 172 casos

6. Enfermedades del sistema circulatorio: 155 casos

7. Infecciones y parásitos: 140 casos

8. Enfermedades del sistema digestivo: 135 casos

9. Enfermedades metabólicas y nutricionales: 108 casos

10. Covid-19: 92 casos13

Como podemos darnos cuenta, estamos ante una necesidad urgente de ampliar el rango de edad establecido en el artículo 36 de la Ley General de Salud, al menos a los 12 años de edad, que es la edad en la que nuestros menores están cursando su primaria, su educación básica y en la cual tenemos los mejores niveles de cobertura, es decir, una cobertura mayor al 95 por ciento, la mayor tasa de eficiencia terminal del 96.8 por ciento y la menor tasa de abandono escolar que es del 1.2 por ciento.14

En otras palabras, los niveles de pobreza que afectan a nuestra población no han repercutido en su asistencia al menos a la primaria, por lo cual este sector poblacional debe tener no solo garantizado su acceso a la educación gratuita, sino también su acceso a servicios de salud también completamente gratuitos.

Nuestra población de 6 a 12 años, durante el curso de su primaria, debe estar protegida en materia de salud y salvaguardado su derecho al acceso gratuito a ésta.

Las condiciones actuales nos exigen estar atentos y ser sensibles a este requerimiento particular e imprescindible de nuestras niñas y niños de entre 5 y 12 años de edad, especialmente de quienes menos tienen, que son siempre los que más padecen y más sufren por enfermedades no atendidas, no identificadas y no prevenidas oportunamente.

Tenemos que detener esta situación, por ello propongo reformar el último párrafo del artículo 36 de la Ley General de Salud para ampliar hasta los 12 años de edad el acceso gratuito y sin cuota de recuperación alguna a los servicios de salud de los menores de edad más marginados y vulnerables de nuestro país.

Para mejor comprensión de la propuesta de reforma, ésta se presenta en el siguiente cuadro comparativo:

Por lo aquí expuesto se somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el último párrafo del artículo 36 de la Ley General de Salud

Artículo Único.- Se reforma el último párrafo del artículo 36 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue :

Artículo 36.- (...)

(...)

(...)

(...)

Se eximirá del cobro de las cuotas de recuperación por concepto de atención médica y medicamentos, a todo menor a partir de su nacimiento hasta doce años cumplidos, que no sea beneficiario o derechohabiente de alguna institución del sector salud. Para el cumplimiento de esta disposición, será requisito indispensable que la familia solicitante se encuentre en un nivel de ingreso correspondiente a los tres últimos deciles establecidos por la Secretaría de Salud.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Véase Inegi, “Población”. Disponible en: https://www. inegi.org.mx/temas/estructura/

2 Véase Gaceta Parlamentaria, año XV, número 3460-II, martes 28 de febrero de 2012. Disponible en:

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/feb/201202 28-II.html#DecDictamen5

3 Véase “Votación en lo general y en lo particular del dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma el párrafo quinto del artículo 36 de la Ley General de Salud”. Disponible en:

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/61/tabl a3or2-42.php3

4 Véase Gaceta Parlamentaria, año XV, número 3460-II, martes 28 de febrero de 2012. Disponible en:

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/feb/201202 28-II.html#DecDictamen5

5 Véase “Unicef retrata México: Pobres, 21 millones de menores. De ésos, 1.5 millones tienen hambre crónica”, Sin Embargo, 3 de mayo de 2017. Disponible en:

https://www.sinembargo.mx/03-05-2017/3207733

6 Ibídem.

7 Ibídem.

8 Ibídem.

9 Véase “Obesidad se agravó con la llegada del Covid-19”, el Diario MX, 21 de agosto de 2021. Disponible en: https://diario.mx/salud/obesidad-se-agravo-con-la-llegada-del-covid-19- 20210821-1832444.html

10 Ibídem.

11 Véase Óscar Eduardo Guzmán, “Las principales causas de muerte en menores de edad en México”, Quito Poder, 4 de septiembre de 2021. Disponible en:

https://www.msn.com/es­mx/noticias/mexico/
las-principales-causas-de-muerte-en-menores-de-edad-en­m%25C3%25A9xico/ar-AA06nBI

12 Ibídem.

13 Ibídem.

14 Véase SEP, Estadística Educativa, México, junio de 2021. Disponible en:

http://planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica­_e_indicadores/
estadistica_e_indicadores_entidad_federativa/estadistica_e_indicadores_educativos_15MEX.pdf

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 4 de mayo de 2022.

Diputada María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Salud. Mayo 4 de 2022.)

Con proyecto de decreto, que reforma el Capítulo VI, “De la Educación Indígena”, así como los artículos 56, 57 y 58 de la Ley General de Educación, recibida de la diputada Ana Cecilia Luisa Gabriela Fernanda Sodi Miranda, del Grupo Parlamentario del PRD, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 4 de mayo de 2022

Quien suscribe, diputada Ana Cecilia Luisa Gabriela Fernanda Sodi Miranda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 7 , fracción II, y 72, inciso H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma el Capítulo VI, “De la Educación Indígena”, así como los artículos 56, 57 y 58 la Ley General de Educación, en materia de educación indígena, con base en el siguiente

Planteamiento del problema

La educación es un derecho humano fundamental para el ejercicio de otros derechos, es también un derecho del ámbito de la autonomía de la persona a través del cual las personas marginadas desde el punto de vista económico y social pueden llegar a participar plenamente en sus comunidades y economías y en la sociedad en general. El derecho de los pueblos indígenas a la educación incluye el derecho a impartir y recibir educación a través de sus métodos tradicionales de enseñanza y aprendizaje, así como el derecho a integrar sus propias perspectivas, culturas, creencias, valores e idiomas en los sistemas e instituciones educativos de carácter general. El derecho de los pueblos indígenas a la educación es un concepto global que conlleva dimensiones mentales, físicas, espirituales, culturales y ambientales.

Exposición de motivos

El 30 de septiembre de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Educación. El 30 de octubre de 2019, la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la demanda de acción de inconstitucionalidad a los artículos 56, 57 y 58 contenidos en el Capítulo VI denominado “De la Educación Indígena” de la Ley General de Educación, publicada en el Diario Oficial del 30 de septiembre de 2019.

El organismo nacional señala que el Congreso de la Unión no llevó a cabo la consulta indígena a pueblos y comunidades originarias, pese a que los apartados normativos señalados inciden en sus derechos directamente, por tratarse de cuestiones relativas a la educación indígena, transgredió los derechos fundamentales de a la consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe de los pueblos y comunidades indígenas que permitan establecer disposiciones que regulen un sistema educativo inclusivo y pluricultural, a efecto de establecer sistemas progresivos dentro del orden jurídico federal en los artículos 56, 57 y 58 de la Ley General de Educación, que regulan la educación indígena.

No obstante, toda vez que se implementaron medidas legislativas susceptibles de afectar a los pueblos y comunidades indígenas, debieron ser consultadas previo a su expedición cumpliendo con todos y cada uno de los criterios nacionales e internacionales que se han desarrollado con amplitud por la jurisprudencia interamericana y de esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la finalidad de dar una participación efectiva a este grupo social en la adopción de las actuaciones estatales que tengan incidencia en la vida de los grupos referidos.

Asimismo, la Comisión Nacional considera que, al momento de legislar o de tomar otro tipo de decisiones políticas trascendentales que atañen a los pueblos y comunidades indígenas, es imperativo que el Estado busque abrir espacios y canales idóneos y culturalmente adecuados para que exista un diálogo eficaz con la finalidad de alcanzar los acuerdos necesarios con referido sector.

De cumplirse lo anterior, los pueblos y comunidades originarias estarían en posibilidad de manifestar su pleno consentimiento previo, libre e informado y, con ello, llegar a un convenio con las autoridades correspondientes, adoptando las medidas conjuntamente y de la mejor manera en que se adapten a su cosmovisión y prácticas tradicionales o ancestrales como necesidades.

El 29 de junio de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sesión remota del Tribunal Pleno, a través del sistema de videoconferencia, invalido los artículos 56, 57 y 58, contenidos en el Capítulo VI “De la Educación Indígena”, del Título Tercero de la Ley General de Educación por incidir directamente en los derechos e intereses de los pueblos y comunidades indígenas, toda vez que existía la obligación por parte del Congreso de la Unión de consultar a esto grupo previo a la expedición de la ley. Por tal motivo el alto tribunal resolvió que:

Primero. Es procedente y parcialmente fundada la presente acción de inconstitucionalidad.

Segundo. Se reconoce la validez de los artículos 106, párrafo último, en su porción normativa a partir del 4o. grado de primaria y 109 de la Ley General de Educación, expedida mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de septiembre de dos mil diecinueve, al tenor del considerando séptimo de esta decisión.

Tercero. Se declara la invalidez de los artículos 56, 57 y 58 –Capítulo VI “De la Educación Indígena”–, de la Ley General de Educación, expedida mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federal el treinta de septiembre de dos mil diecinueve, en los términos del considerando sexto de esta determinación.

Cuarto. La declaratoria de invalidez decretada surtirá sus efectos a los dieciocho meses siguientes a la notificación de estos puntos resolutivo al Congreso de la Unión, en la inteligencia de que, dentro del referido plazo, previo desarrollo de la respectiva consulta a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, dicho Congreso deberá legislar en las materias de educación indígena, en los términos precisados en el considerando octavo de esta sentencia.

Asimismo, determinó que, al incidir directamente en los derechos e intereses de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, existía la obligación de consultarles previo a 1.a expedición de la ley, de conformidad con los artículos 2o. de la Constitución General, 6 del Convenio 169 de la OIT, lo cual no fue llevado a cabo y que señalan lo siguiente:

Convenio 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Oficina Internacional del Trabajo

Artículo 6

1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:

a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;

b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan;

c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin.

2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.

El 13 de septiembre de 2007, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó, con 143 votos a favor, de un total de 192 países, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Siendo el Estado México uno de los adherentes, representando una herramienta importante para la defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas, ya que su firma obliga a los Estados signatarios a considerar estos principios en la elaboración y aplicación de leyes orientadas a las necesidades de los pueblos indígenas.

Referente al tema que nos ocupa, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, establece en sus artículos 15 y 19 que:

Artículo 15

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones queden debidamente reflejadas en la educación pública y los medios de información públicos.

2. Los Estados adoptarán medidas eficaces, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas interesados, para combatir los prejuicios y eliminar la discriminación y promover la tolerancia, la comprensión y las buenas relaciones entre los pueblos indígenas y todos los demás sectores de la sociedad.

Artículo 19

Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado.

Como consecuencia de la participación activa de los pueblos indígenas en los procesos que dieron como resultado la Agenda 2030, este marco se refiere explícitamente a los asuntos relacionados con el desarrollo de estos pueblos y se fundamenta en los principios de universalidad, derechos humanos, igualdad y sostenibilidad del medio ambiente, que son las máximas prioridades de los pueblos indígenas. Aunque todavía enfrentamos muchos desafíos, los Objetivos de Desarrollo Sostenible se consideran como un paso adelante si los comparamos con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en los que los pueblos indígenas prácticamente no gozaban de visibilidad.

El derecho de los pueblos indígenas a la educación está protegido por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que en su artículo 14 dispone que “los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes que impartan educación en sus propios idiomas, en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje”.

El Objetivo 4 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible insta a asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad. Por ello es indispensable que los programas y servicios educativos para los pueblos indígenas deben elaborarse y aplicarse en consulta y cooperación con los pueblos indígenas interesados, a fin de abordar e incorporar en ellos sus necesidades especiales, historias, identidades, integridad, valores, creencias, culturas, idiomas y conocimientos, así como sus aspiraciones y prioridades de carácter económico, social y cultural.

La importancia de realizar la consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe a los pueblos y comunidades indígenas tiene como objetivo documentar la manera en que las comunidades comprenden y definen la buena enseñanza, las prácticas docentes, los contenidos y las formas de evaluación con las que se debería dar seguimiento al trabajo que desarrollan las escuelas, con el fin de contar con información básica en el proceso de diseño de una política de evaluación estandarizada en algunos aspectos (mínimos comunes a todos los mexicanos) y diferenciada en otros (máximos diferentes pertinentes para diversas culturas o contextos). Se contempló también que, a partir de esta experiencia, se elaboraría un protocolo de consulta indígena.

Por lo anterior, el Congreso de la Unión está obligado a realizar las consultas respectivas a los tres grupos sociales afectados con la finalidad de garantizar los derechos de las personas a la consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes, de participación, a la educación y a la obligación de promover, respetar y proteger los derechos humanos.

Por lo anterior, se presenta el siguiente cuadro en el que se puede observar la adición que se propone realizar a la Ley General de Educación:

Por lo antes expuesto, y con el propósito de garantizar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, al acceso al sistema de educación priorizando el interés de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en el Sistema Educativo Nacional, así como mejorar las condiciones bajo las cuales prestan sus servicios educativos, y reconocer a la educación como un pilar fundamental inclusivo y pluricultural para abatir la desigualdad y proporcionar, a través de la pedagogía, las herramientas necesarias para erradicar los desequilibrios que causan la marginación, lo cual debe ser una tarea prioritaria del Estado. Asimismo, a partir de esta propuesta, invitamos a las comisiones dictaminadoras para que, en ejercicio de sus facultades, realicen los foros y consultas correspondientes con la finalidad de que estas disposiciones puedan ser valoradas por las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanas generado con ello un marco jurídico que responda a sus necesidades, por lo que someto a consideración la presente inactiva con proyecto de

Decreto

Único. Se reforma el Capítulo VI denominado “De la Educación Indígena”, así como los artículos 56, 57 y 58 de la Ley General de Educación, en materia de educación indígena, para quedar como sigue:

Artículo 56. El Estado garantizará el ejercicio de los derechos educativos, culturales y lingüísticos a todas las personas, pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas, migrantes y jornaleros agrícolas. Contribuirá al conocimiento, aprendizaje, reconocimiento, valoración, preservación y desarrollo tanto de la tradición oral y escrita indígena, como de las lenguas indígenas nacionales como medio de comunicación, de enseñanza, objeto y fuente de conocimiento.

La educación indígena debe atender las necesidades educativas de las personas, pueblos y comunidades indígenas con pertinencia cultural y lingüística; además de basarse en el respeto, promoción y preservación del patrimonio histórico y de nuestras culturas.

Artículo 57. Las autoridades educativas consultarán de buena fe y de manera previa, libre e informada, de acuerdo con las disposiciones legales nacionales e internacionales en la materia, cada vez que prevea medidas en materia educativa, relacionadas con los pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas, respetando su autodeterminación en los términos del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Secretaría deberá coordinarse con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para el reconocimiento e implementación de la educación indígena en todos sus tipos y niveles, así como para la elaboración de planes y programas de estudio y materiales educativos dirigidos a pueblos y comunidades indígenas.

Artículo 58. Para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en este Capítulo, las autoridades educativas realizarán lo siguiente:

I. Fortalecer las escuelas de educación indígena, los centros educativos integrales y albergues escolares indígenas, en especial en lo concerniente a la infraestructura escolar, los servicios básicos y la conectividad;

II. Desarrollar programas educativos que reconozcan la herencia cultural de los pueblos indígenas y comunidades indígenas o afromexicanas, y promover la valoración de distintas formas de producir, interpretar y transmitir el conocimiento, las culturas, saberes, lenguajes y tecnologías;

III. Elaborar, editar, mantener actualizados, distribuir y utilizar materiales educativos, entre ellos libros de texto gratuitos, en las diversas lenguas del territorio nacional;

IV. Fortalecer las instituciones públicas de formación docente, en especial las normales bilingües interculturales, la adscripción de los docentes en las localidades y regiones lingüísticas a las que pertenecen, así como impulsar programas de formación, actualización y certificación de maestras y maestros en las lenguas de las regiones correspondientes;

V. Tomar en consideración, en la elaboración de los planes y programas de estudio, los sistemas de conocimientos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, para favorecer la recuperación cotidiana de las diferentes expresiones y prácticas culturales de cada pueblo en la vida escolar;

VI. Crear mecanismos y estrategias para incentivar el acceso, permanencia, tránsito, formación y desarrollo de los educandos con un enfoque intercultural y plurilingüe; y

VII. Establecer esquemas de coordinación entre las diferentes instancias de gobierno para asegurar que existan programas de movilidad e intercambio, nacional e internacional, dando especial apoyo a estudiantes de los pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas, en un marco de inclusión y enriquecimiento de las diferentes culturas.

Transitorio

Único . Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la Comisión Permanente, a 4 de mayo de 2022.

Diputada Ana Cecilia Luisa Gabriela Fernanda Sodi Miranda (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Educación, con opinión de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Mayo 4 de 2022.)

Con proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos 52, 53 y 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recibida de la diputada Alma Delia Navarrete Rivera, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 4 de mayo de 2022

La que suscribe, diputada Alma Delia Navarrete Rivera, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 , fracción II, y 78 , fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55 , fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 52, 53 y 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en el siguiente

Planteamiento del problema

El contexto actual de México nos ha demostrado que para la construcción de un país más democrático, plural y representativo no necesitamos de un aparato legislativo tan robusto. La idea de ampliar el número de diputados de 400 a 500 inició con la reforma de 1986, en dónde el objetivo alcanzado fue ampliar el número de diputados, en dónde 300 serían elegidos por el principio de mayoría relativa y 200 por el principio de representación proporcional.

Adquiriendo una cantidad importante de legisladores instalados en la Cámara baja, con ello se abría una significativa brecha entre las responsabilidades y compromisos adquiridos por los diputados electos y por los diputados plurinominales, marginando y dividiendo el quehacer legislativo y el nivel de intervención entre los diputados.

Con ello llega la reforma de 1990 que establecería que “los diputados elegidos por el principio de mayoría relativa o por el principio de representación proporcional, tendrían exactamente las mismas obligaciones y derechos”. Cerrando así la brecha diferencial y participativa de los 500 diputados.

Sin embargo, hoy en día en las vías de acción, el desempeño reflejado entre los diputados uninominales y los diputados plurinominales es desigual. Por supuesto, no es una generalización que aplique a todos los diputados plurinominales, ya que existen casos en donde su labor es más que loable.

Pero no deja de ser uno de los problemas latentes que logra identificar la presente iniciativa, ya que doscientos diputados elegidos por el principio de representación proporcional, no siempre los compromete del todo a manifestar las necesidades y demandas del territorio que representan, mostrando así un desinterés por el servicio a los demás, alejando sus ánimos por mantenerse activo en sus labores como legisladores federales.

De esta manera el desempeño de la Cámara baja se ve afectado, mostrando un detrimento en la legitimidad y confianza de los ciudadanos representados en nuestras instituciones y en la organización del Estado mexicano. De acuerdo con datos adquiridos por el latinobarómetro del año 2020, al menos el 46 por ciento de los ciudadanos mexicanos tiene muy poca confianza en el Congreso, mientras que tan solo el 2.3 por ciento de los encuestados manifestó tener mucha confianza en el Congreso.1

Es decir, ¿qué está pasando con nuestro Congreso que los ciudadanos mexicanos no se sienten con la confianza suficiente en el Poder Legislativo, encargado de canalizar sus peticiones y problemáticas para transformarlas en leyes que velen por el bienestar del país?

Parte de la respuesta a este planteamiento se debe a las reformas y decretos emitidos por sexenios pasados en donde se buscaba el beneficio de algunos cuantos, como políticos y empresarios. Quienes en su labor como legisladores únicamente se veían comprometidos a servirse a sí mismos y no a los intereses de la nación.

Manchando así las intenciones de los partidos políticos y de los legisladores. De manera más contundente, esta aseveración se puede ver reflejada en que el proceso de selección por el que pasan los candidatos a diputados son condicionados desde un inicio a servirle al partido, y no a su distrito representado. Marcando así una agenda que serviría a unos cuantos.

Lamentablemente este tipo de situaciones siguen latentes en la Cámara de Diputados, en específico, con los diputados elegidos por el principio de representación proporcional. Mismos que al día de hoy manifiestan sus votos en el sentido que sirva al partido y no a su electorado.

En este mismo sentido , se exponen los siguientes datos que sustentan la opinión de las y los mexicanos con respecto al nivel de compromiso que han adquirido los políticos con respecto al quehacer gubernamental.

En el año 2020 se preguntó ¿Diría usted que México está gobernado por unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio, o que está gobernado para el bien de todo el pueblo?

Las cifras no mienten, el 67.2 por ciento de los mexicanos mantiene como opinión que México en su mayoría está gobernado por grupos poderosos que buscan su propio beneficio. Mientras que tan sólo el 29.1 por ciento menciona que los gobernantes están para el bien de todo el pueblo.2

Con seguridad, se puede afirmar que un reajuste en la conformación de la Cámara baja puede motivar e incentivar a los políticos a rendir mejores resultados, logrando una competencia más reñida entre los mejores perfiles y así convertir el proceso legislativo en una labor que únicamente puedan desempeñar 400 legisladores con compromisos más firmes para con la ciudadanía.

Aunado a ello, en repetidas ocasiones las y los mexicanos han manifestado su descontento por elevado número de diputados existentes en la Cámara de Diputados y su bajo desempeño. No obstante, vale la pena mencionar que el actual presidente de la República ha reiterado en diversas ocasiones su intención por reevaluar la cantidad de diputados plurinominales.

Ahora bien, en términos económicos cada diputado percibe de manera mensual $74,638.00 mensuales,3 de los cuales $45,786 .00 son por el concepto de asistencia legislativa y $28,772 por atención ciudadana. En suma, si estos datos logran calcularse anualmente dan un total de $895,656 si esta misma cantidad se traduce a los tres años de ejercicio legislativo podemos decir que cada diputado plurinominal percibe $2,686,968.

Dicho de otra manera, si esta cantidad es trasladada a los 100 diputados plurinominales que se desean eliminar, estaríamos hablando de un ahorro de 268 millones 696 mil 800 pesos del valor total por cada legislatura.

La política de austeridad por la que apuesta el presidente Andrés Manuel López Obrador debe ser aplicada en aquellos sectores que han demostrado trabajar más con menos, es decir, la eficiencia y eficacia aplicados al interior de los Poderes de la Unión.

Por supuesto sin dejar de lado las secuelas de la crisis mundial causada por el fenómeno de Covid, requieren de un reajuste y análisis de los gastos que emite el Estado, pues la economía del país se ha visto severamente afectada con una tasa de inflación del 7,36 por ciento reportada en el año 2021.4

Destinar esta cantidad de recursos para programas que apuesten al desarrollo y bienestar del país podrían ser una decisión muy acertada, dado que las implicaciones presupuestales no sólo quedan en la materia legislativa, sino también en la regulación del gasto público al interior de los partidos políticos, pues el financiamiento hacia estos también se vería implicado, dado que las contiendas electorales no serían igual de costosas.

En resumen, como ciudadanos mexicanos siempre hemos manifestado nuestra inquietud por el costo financiero que soporta el presupuesto para sustentar los gastos de nuestros representantes plurinominales, ya que su exiguo desempeño e inexistente compromiso con la ciudadanía, nos hace preguntarnos qué tan necesario es conservar 200 diputados plurinominales.

Argumentos

Si bien el método de selección para diputados de mayoría relativa es un tanto más fácil de comprender, pues el aseguramiento de un escaño depende directamente del éxito en la obtención de la mayor cantidad de votos. En cambio, para la comprensión del Sistema de Representación Proporcional, es válido entender a profundidad el conjunto de elementos que intervienen para el desarrollo de este.

Es de señalarse que parte del sentido de su existencia nace como respuesta al combate de la sobrerrepresentación y la subrepresentación. Fenómenos que resultan como consecuencia de un vasto sistema plural y democrático. Y aunque no logra radicalizar en su totalidad la existencia de ambos fenómenos, si pondera una composición de ambas Cámaras bajo umbrales más justos.

Si bien es cierto, en los últimos años el nivel de participación ciudadana ha tenido una mejora en los porcentajes de votación, las personas comienzan a adquirir un mayor compromiso e interés por inmiscuir su atención en temas de trascendencia nacional y política. Y no solo eso, poco a poco han mostrado comportamientos que acercan a la ciudadanía en la adquisición de una mayor cultura política. Por ello es necesario exponer propuestas que acompañen a la moderna democracia de masas que México hoy ostenta.

Por supuesto, sin contar el crecimiento poblacional y geográfico que año con año es creciente, con ello se muestra una razón más para prepararnos ante la propuesta de una redistribución geográfica y política, pues en todo momento debe continuar prevaleciendo el ejercicio y garantía de los derechos político-electorales de las y los ciudadanos mexicanos.

La vasta extensión territorial con la que cuenta México no es meramente el mejor de los argumentos para sostener un sistema de 500 legisladores en la Cámara baja, si bien, el compromiso de tener tantos diputados es lograr una eficiente representación del pueblo en las demandas legislativas de cada periodo.

Pero lamentablemente, en las vías de acción, no sucede de esa manera, cada diputado tiene el compromiso de establecer canales de comunicación con sus representados para reconocer sus inquietudes y manifestarlas desde sus competencias legislativas, sin embargo, este tipo de actividades no siempre son manifestadas por los diputados plurinominales, cayendo así en una zona de servicio al partido y no al pueblo.

En consecuencia, este fenómeno también impacta sobre la armonía de la composición de la Cámara baja, mostrando un efecto de sobre representación en cada legislatura, de ese mismo modo, hay un desequilibrio en la composición de las distintas fuerzas políticas, convirtiendo la actividad legislativa en un debate cerrado y sin discusión que de oportunidad a las minorías a ser escuchadas o incluso a tomar en cuenta las propuestas que proponen en favor de sus estados.

Por ello, la reducción de 100 diputados plurinominales podría ser la respuesta al cierre de este fenómeno que rompe con la verdadera esencia de la democracia y la oportuna representación de todas las voces que luchan por mejores oportunidades para el país.

Es aquí en donde intervienen tres elementos sobre los cuales gira el método de selección para los diputados de representación proporcional. Primero, las candidaturas:

Son unipersonales o de lista. Lista cerrada y bloqueada. Esto hace a los representantes más dependientes de sus partidos (plurinominales), y obliga a los partidos a planificar sus grupos parlamentarios (experiencia). Puede haber lista cerrada y no bloqueada. También lista abierta para que el votante estructure su propia lista.5

En un segundo término encontramos el elemento base: los votos. Estos están ampliamente relacionados con la forma de lista que enumera las propuestas de cada partido y con ello surge la conversión de votos en la cantidad de escaños alcanzados. Asignados a través de técnicas basadas en métodos básicos: procedimiento del divisor y cociente electoral.

Procedimiento del divisor: se caracteriza por la división de los votos obtenidos por los diferentes partidos entre series de divisores, lo cual produce secuencias de cocientes decrecientes para cada partido. Los escaños se asignan a los mayores cocientes (cifras mayores). El más conocido es el método O’Hondt (Víctor O’Hondt). Y el procedimiento del cociente electoral: también denominado de “cuota”. Se caracteriza por la determinación de un cociente electoral o cantidad mínima de votos para obtener un escaño.5

En nuestro sistema democrático suelen usarse ambos métodos para destacar sus bondades en los dos principios de selección que guardamos, ya que las composiciones de ambas Cámaras son manejadas bajo un esquema mixto, en donde predomina el Principio de Mayoría Relativa.

Por ello la democracia debe continuar transformándose, para dar paso a la continuación de mecanismos que otorguen mayor competencia y entrega de óptimos resultados a todos los representados. Direccionar nuestras propuestas en pro de una reforma que llegue a perfeccionar el sistema democrático mexicano en aras de otorgarle a la ciudadanía dignos representantes con vocación por el servicio a través de la representación.

Ahora bien, en cada proceso electoral, las y los ciudadanos salen a emitir su voto en favor de la (el) candidato que mejores propuestas haya presentado, sin embargo, esto no sucede con el proceso de selección de los candidatos a diputaciones plurinominales, pues no existe esa plataforma de propuestas, compromisos o promesas de campaña con las cuales se haya comprometido, es decir, no existe agenda de trabajo qué perseguir por parte de los plurinominales desde el inicio de su postulación.

Entonces, este hecho se traduce en que la democracia no siempre será efectiva, pues la votación por “x” o “y” candidato no te garantiza su estancia en la curul durante los próximos tres años. Es por ello que, al apostar por la eliminación de 100 plurinominales, estaremos disminuyendo la brecha de descontento y baja satisfacción por parte de los electores al momento de presentarse un proceso electoral federal. Ya que no hay una relación directa entre el sentido de voto emitido y la representación que se pretende lograr.

Por supuesto, la disminución de 100 plurinominales no quiere decir que se trastocarán los valores que conforman la democracia, si bien nuestro sistema de representación no es perfecto, pero la presente propuesta no acerca al camino de un gobierno más certero y efectivo.

Al eliminar esta cantidad de escaños, acercaremos la posibilidad a todos los partidos y grupos políticos que deseen contender por diputaciones a una competición más ardua y comprometida con postular a sus mejores candidatos, para que ellos a su vez magnifiquen el trabajo legislativo y representativo que merecen las y los mexicanos.

Cabe mencionar que la presente propuesta de iniciativa de ley está pensada bajo los ejes recomendados por la actual administración, pues la austeridad en la disminución de 100 diputaciones plurinominales traerá favorables resultados para futuras legislaturas, en términos políticos, sociales y económicos.

Eliminar escaños plurinominales no es trastocar el derecho a la representación, al contrario, será la oportunidad para brindarle un espacio a aquellos sectores de la población que aún no son escuchados en su totalidad y que verdaderamente merecen ser reconocidos por su desempeño y su participación al servicio de la sociedad. Pues a través de esta propuesta serán mejor valorados y considerados los perfiles de postulación.

En resumen, la presente iniciativa busca construir mejores parámetros de representación bajo el esquema democrático, en la encomienda de consolidar el cambio político que las y los mexicanos vigilan y organizan en cada proceso electoral. Así como también constatar que la presente propuesta no desea desmembrar la democracia, pues la figura de representantes plurinominales es la esencia misma de un sistema de selección que da apertura a las voces minoritarias, dando oportunidad de otorgar un escaño a grupos y actores sociales que desean el beneficio del país.

Antes bien la disminución mejorará los filtros de selección para brindarle al país representantes plurinominales dignos de ser reconocidos como diputados por su trayectoria y entusiasmo por el servicio a la ciudadanía.

El cambio electoral es la pieza clave para continuar avanzando hacia el goce de nuestros derechos político-electorales y por supuesto a la “transición política”.

Fundamento legal

Con base en los motivos expuestos, en mi calidad de diputada federal por el Distrito X del estado de México, e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de la LXV Legislatura, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en lo establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someto a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 52, 53 y 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único.- Se reforman los artículos 52, 53, párrafo segundo, y 54, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 52. La Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputadas y diputados electos según el principio de votación mayoría relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, así como por 100 diputadas y diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas regionales, votadas en circunscripciones plurinominales.

Artículo 53

...

Para la elección de los 100 diputados y diputadas según el principio de representación proporcional y el sistema de listas regionales, se constituirán cinco circunscripciones electorales plurinominales en el país conformadas de acuerdo con el principio de paridad y encabezadas alternadamente entre mujeres y hombres cada periodo electivo. La ley determinará la forma de establecer la demarcación territorial de estas circunscripciones.

Artículo 54. La elección de los 100 diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de asignación por listas regionales se sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la ley:

I. a VI. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión y el Poder Ejecutivo federal contarán con un plazo de 180 días posteriores a la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación para realizar las adecuaciones normativas correspondientes con la finalidad de dar cumplimiento al presente decreto.

Notas

1. Latinobarómetro Opinión Pública Latinoamericana. (2020). Confianza en el Congreso. 2022, de Análisis Online Sitio web: https://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp

2. Latinobarómetro Opinión Pública Latinoamericana. (2020). País gobernado por unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio o para el bien de todo el pueblo. En términos generales. 2022, de Análisis Online Sitio web: https://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp

3. Visto en: http://pot.diputados.gob.mx/Obligaciones-de-Ley/Articulo-70/VII.-Remune raciones/Dietas-de-los-diputados Enero de 2022.

4. Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2021.

5. Zamacona Madrigal, Jorge Alberto. (2010). Ventajas de la personalización del sistema de representación proporcional. México: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Dado en la Comisión Permanente, a 4 de mayo de 2022.

Diputada Alma Delia Navarrete Rivera (rúbrica)

(Turnada a las Comisiones Unidas de Reforma Política-Electoral, y de Puntos Constitucionales. Mayo 4 de 2022.)

Con proyecto de decreto, por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 20 Quáter de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, suscrita por los diputados Wilbert Alberto Batún Chulim, Julieta Kristal Vences Valencia y Alma Anahí González Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena, y recibida en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 4 de mayo de 2022

Los que suscriben, Wilbert Alberto Batún Chulim, Julieta Kristal Vences Valencia y Alma Anahí González Hernández, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 y 179, primer párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción 1, 77, 78 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de este pleno deliberativo la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 20 Quáter de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con fundamento en la siguiente

Exposición de Motivos

La presente iniciativa de decreto que se somete a consideración de esta soberanía popular tiene como propósito fundamental realizar modificaciones normativas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia con el propósito de fortalecer la modalidad de violencia contra las mujeres conocida como violencia digital.

En consecuencia, se adiciona un párrafo tercero al artículo 20 Quáter de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de que puedan también considerarse como parte de la modalidad de violencia conocida como violencia digital las acciones que tienen como propósito amenazar, chantajear. coaccionar o extorsionar a una persona mayor de edad con exponer, distribuir, difundir, exhibir, transmitir, comercializar, ofertar, intercambiar o compartir imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido íntimo sexual de una persona mayor de edad sin su consentimiento, sin su aprobación o sin su autorización, con el objetivo de obtener un lucro o beneficio.

Para mayor claridad respecto a los alcances normativos de la presente propuesta legislativa se tiene a bien presentar el siguiente cuadro comparativo:

La conducta descrita es definida por la Organización de las Naciones Unidas como sextorsión, actividad que supone el chantaje por un ciberdelincuente para que la víctima realice una determinada acción o entregue una cantidad de dine con la amenaza de publicar o compartir imágenes íntimas que tiene de ella.1

La incidencia de la conducta antisocial conocida como sextorsión ha ido incrementándose en los últimos años. Según estadísticas del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México,2 la “sextorsión” se halla en el quinto lugar de incidencia delictiva respecto a las modalidades de extorsión que ocurren en la Ciudad de México.

Para mayor claridad se presenta la siguiente infografía:

Si bien la conducta antisocial denominada sextorsión puede ser realizada contra cualquier persona, es menester puntualizar, que las mujeres es el grupo social más afectado, esto derivado de los estereotipos de género que todavía existen en México, la hipersexualización del cuerpo femenino, así como la violencia de género en sus distintas modalidades y expresiones.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en los artículos 1o., párrafo quinto, y 4o., párrafo primero, los derechos humanos de igualdad jurídica y sustantiva entre las mujeres y los hombres, de igual forma, el propio texto constitucional prohíbe cualquier expresión de discriminación en contra de las mujeres, en consecuencia, se puede observar que el marco constitucional mexicano reconoce los derechos humanos de las mujeres en materia de género, por lo cual, todas las autoridades del Estado, en el marco de sus respectivas facultades y competencias, tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres, esto acorde a los principios de universalidad, interdependencia, progresividad e indivisibilidad.

Que los derechos humanos de las mujeres en materia de genero también se encuentran reconocidos por diversos instrumentos internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte, dentro de los cuales destacan los siguientes:

1. Convención Sobre los Derechos Políticos de la Mujer.3

2. Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.4

3. Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer.5

4. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.6

En el Estado mexicano hay un marco amplio y robusto de constitucionalidad y convencionalidad que reconoce y protege los derechos humanos de las mujeres en materia de género. En consecuencia, resulta imperativo que los poderes constituidos del Estado realicen políticas públicas y legislativas a efecto de fortalecer el marco normativo secundario de protección relativo a las multicitadas prerrogativas.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha realizado diversos pronunciamientos jurisprudenciales respecto al reconocimiento y protección de los derechos humanos de las mujeres en materia de género, entre los cuales figuran los siguientes:

Derecho de la mujer a una vida libre de discriminación y violencia. Las autoridades se encuentran obligadas a adoptar medidas integrales con perspectiva de género para cumplir con la debida diligencia en su actuación. El derecho de la mujer a una vida libre de discriminación y de violencia se traduce en la obligación de toda autoridad de actuar con perspectiva de género. lo cual pretende combatir argumentos estereotipados e indiferentes para el pleno y efectivo ejercicio del derecho a la igualdad. De conformidad con el artículo 1o. constitucional y el parámetro de regularidad constitucional, la obligación de todas las autoridades de actuar con la debida diligencia adquiere una connotación especia l en casos de violencia contra las mujeres. En dichos casos, el deber de investigar efectivamente tiene alcances adicionales. En los casos de violencia contra las mujeres, las autoridades estatales deben adoptar medidas integrales con perspectiva de género para cumplir con la debida diligencia.

Esas medidas incluyen un adecuado marco jurídico de protección, una aplicación efectiva del mismo, así como políticas de prevención y prácticas para actuar eficazmente rn1te las denuncias. Incumplir con esa obligación desde los órganos investigadores y los impartidores de justicia puede condicionar el acceso a la justicia de las mujeres por inv1s1bilizar su situación particular.7

Perspectiva de género. El análisis de los asuntos en que exista alguna presunción sobre la existencia de cualquier tipo de discriminación contra la mujer debe realizarse bajo esa visión, que implica cuestionar la neutralidad de los actos de autoridad y las normas, así como determinar si el enfoque jurídico formal resulta suficiente para lograr la igualdad, combinándolo con la aplicación de los estándares más altos de protección de los derechos de las personas, en cumplimiento al artículo 1o. de la Constitución federal y los tratados internacionales en la materia suscritos por el Estado mexicano. El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe que en las normas jurídicas o en la actuación de las autoridades del Estado, se propicien desigualdades manifiestas o discriminación de una persona por razón de género, que resulten atentatorias de la dignidad humana. Asimismo, el Estado mexicano, al incorporar a su orden normativo los tratados internacionales, específicamente los artículos 2, párrafo primero, inciso c), y 10 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 1991, y 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém do Pará, difundida en el señalado medio el 19 de enero de 1999, se advierte que adquirió, entre otros compromisos, los siguientes: a) adoptar tocias las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer, a fin ele hacer posible la igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la educación y, en particular, para asegurar diferentes derechos, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres; b) establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar por conduelo de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas la protección efectiva de aquélla contra todo acto de discriminación; c) condenar todas las formas de violencia contra la mujer y adoptar. por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dict1a violencia, implantando diversas acciones concretas, como abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia en su contra y velar porque las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación; y d) actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar ese tipo de violencia. Por tanto, para cumplir el mandato constitucional y las obligaciones contraídas por el país en los instrumentos internacionales señalados, el análisis de los asuntos donde haya alguna presunción sobre la existencia de cualquier tipo de discriminación contra la mujer debe realizarse desde una perspectiva de género, que implica cuestionar la neutralidad de los actos de autoridad y las normas, a pesar de estar realizados en una actitud neutral y escritas en un lenguaje “imparcial”, y determinar si el enfoque jurídico formal resulta suficiente para lograr la igualdad. Además, es necesario combinar lo anterior con la aplicación de los estándares más altos de protección de los derechos de las personas. Todo ello, a fin de respetar la dignidad humana y hacer efectivos los derechos humanos de las mujeres”.8

Igualdad jurídica sustantiva o de hecho. Fundamento normativo de las medidas tendentes a lograrla. La igualdad sustantiva, cuyo objetivo consiste en la consecución de la igualdad de hecho y no meramente de derecho entre los diferentes grupos sociales y sus integrantes en relación con el resto de la población, tiene sustento normativo tanto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en diversos preceptos de tratados internacionales ratificados por México que regulan la aplicación del principio de igualdad jurídica. El artículo 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el 2 .1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establecen que los Estados deberán adoptar cualquier tipo de medidas. incluidas las legislativas, para respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, incluido el de igualdad, sin distinción de raza. color, sexo, idioma. opinión política, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Los artículos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señalan que los Estados parte del tratado se comprometen a respetar y garantizar los derechos previstos en la misma, incluido el principio de igualdad, lo cual implica que se deberán llevar a cabo las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para el efectivo goce y ejercicio de tales derechos. Adicionalmente, estos lineamientos generales sobre la necesidad de adoptar medidas positivas para hacer efectivos los derechos humanos se complementan por tratados internacionales cuya materia es especifica. Por ejemplo. por lo que hace a las mujeres como grupo social sujeto a vulnerabilidad, destacan la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. En ambos tratados se prohíbe la discriminación contra la mujer y se dispone expresamente que los Estados deberán tomar todas las acciones apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno y libre ejercicio de los derechos de la mujer, como llevar a cabo las medidas especiales de carácter temporal para acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer y establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad por conducto de los tribunales nacionales y de otras instituciones públicas.9

Derecho humano a la igualdad jurídica. Contenido y alcances de su dimensión sustantiva o de hecho. Esta modalidad del principio constitucional de igualdad jurídica impone a las distintas autoridades del Estado la obligación de llevar a cabo ciertos actos que tiendan a obtener una correspondencia de oportunidades entre distintos grupos sociales y sus integrantes y el resto de la población; por ende, se cumple a través de una serie de medidas de carácter administrativo, legislativo o de cualquier otra índole que tengan como finalidad evitar que se siga produciendo una diferenciación injustificada o discriminación sistemática o que se reviertan los efectos de la marginación histórica o estructural de un grupo social relevante. Estas medidas pueden catalogarse como acciones positivas o de igualación positiva. Ejemplos de las primeras pueden ser ciertas políticas públicas que tengan como sujetos a las mujeres o a las personas con discapacidad y que busquen otorgarles bienes o servicios adicionales para que alcancen un mismo grado de oportunidades para el ejercicio de sus derechos; mientras que ejemplos de las segundas consisten en las cuotas o los actos específicos de discriminación inversa en favor de una persona que pertenezca a un determinado grupo social. En algunos de esos casos, se dará formalmente un trato desigual de iure o de facto respecto de otras personas o grupos, pero el mismo deberá estar justificado precisamente por la consecución de la igualdad de hecho y tendrá que cumplir con criterios de proporcionalidad.

Con base en lo anterior, se estima que no existe una lista exhaustiva o definitiva sobre las medidas que puedan llevarse a cabo para la obtención de la igualdad de hecho; dependerá tanto de las circunstancias fácticas, sociales, económicas, culturales, políticas o jurídicas que imperen al momento de tomarse la decisión, como de la entidad o autoridad que vaya a llevar a cabo la medida correspondiente con un amplio margen de apreciación. Sin embargo, lo que es común a todos estos tipos de medidas es que buscan conferir un mismo nivel de oportunidades para el goce y ejercicio de los derechos humanos de los miembros de ciertos grupos sociales, los cuales se caracterizan por ser o haber sido objeto de una discriminación o exclusión recurrente y sistemática.

Estos grupos se definen por su existencia objetiva e identidad colectiva, así como por su situación de subordinación y poder político disminuido frente a otros grupos; no obstante, aunque no existe una delimitación exhaustiva de tales grupos sociales relevantes para la aplicación de esta faceta del principio de igualdad, el artículo 1o., último párrafo, de la Constitución federal, ha establecido distintas categorías sospechosas que sirven como punto de partida para su identificación.10

Como se desprende de los criterios jurisprudenciales mencionados, todas las mujeres tienen derecho a una vida libre de violencia. Por tanto, el estado constitucional de derecho tiene la obligación de adoptar medidas integrales para garantizar esta prerrogativa. Estas medidas incluyen un adecuado marco normativo de protección, una aplicación efectiva del mismo, así como las políticas de prevención y prácticas para actuar eficazmente ante las denuncias.

De acuerdo con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México, dictada el 16 de noviembre de 2009, las obligaciones de los estados constitucionales de derecho respecto al reconocimiento y la protección de los derechos humanos de las mujeres implica no sólo que éstos se abstengan de violar esas prerrogativas fundamentales sino, además, la adopción de medidas positivas para garantizar la protección de estos derechos.11

Que la violencia contra la mujer debe entender como cualquier acción u omisión basada en su género, que cause muerte, daño psicológico, físico, patrimonial, económico o sexual.12 Las modalidades de la violencia son los espacios físicos o virtuales donde acontecen estos actos de violencia contra el género femenino.

La presente acción legislativa pretende identificar una nueva modalidad de violencia contra las mujeres conocida como “sextorsión”, incluyéndola parte más de la modalidad de violencia conocida como “violencia digital”, la cual ya se encuentra vigente en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

La presente acción legislativa que se somete a consideración de esta soberanía popular tiene como última finalidad robustecer la modalidad de violencia conocida como violencia digital en la multicitada ley de la materia, a efecto de contar con un marco normativo actualizado y robusto, acorde con la realidad social que se presenta en el Estado mexicano.

El contenido de la presente iniciativa de decreto es acorde con los objetivos de la propia Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pues busca generar políticas públicas adecuadas para reconocer, promover, proteger y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en México, siendo que el documento legislativo en cuestión, realiza especial énfasis en la conducta denominada sextorsión para que pueda ser considerada como un elemento más de la modalidad de violencia conocida como violencia digital.

En conclusión, resulta necesario la oportuna actualización y fortalecimiento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia derivado del dinamismo social en el territorio nacional, y a la generación de nuevas conductas y modalidades de violencia contra el género femenino, siendo que dichas conductas, como la “sextorsión”, vulneran los derechos humanos de las mujeres y transgreden de forma contundente la dignidad de las personas.

Por todo lo expuesto y fundado en el cuerpo de la presente acción legislativa nos permitimos someter a consideración de esta soberanía popular la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 20 Quáter de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Único. Se adiciona un párrafo tercero al artículo 20 Quáter de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:

Título II
Modalidades de la Violencia

Capítulo IV Ter
De la Violencia Digital y Mediática

Artículo 20 Quáter. También se considera violencia digital la acción de amenazar, chantajear, coaccionar o extorsionar a una persona mayor de edad con exponer, distribuir, difundir, exhibir, transmitir, comercializar, ofertar, intercambiar o compartir imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido íntimo sexual de su persona sin su consentimiento, sin su aprobación o sin su autorización, esto con el objetivo de obtener un lucro o beneficio.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente ordenamiento.

Notas

1 Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Proyecto educativo de prevención del ciberdelito y para el buen uso de internet, infografía disponible en

https://www.unodc.org/documents/ropan/2020/Ciberdelito_j unio2020/SEXTORSION.pdf

2 Consejo Ciudadano la Segundad y Justicia de la Ciudad de México. Extorsión: contexto nacional (incidencias de enero de 2015 a abril de 2020). Disponible en

https:///consejociudadanomx.org/media/attachments/2020/0 6/17/extorsion-vf.pdf

3 Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, gobierno de México, Estados Unidos de América, Nueva York, 31 de marzo de 1953. Disponible en

https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/muestratratado_ nva.sre?id_tratado=180&depositario=0

4 Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Organización de las Naciones Unidas/Derechos Humanos, Asamblea General de las Naciones Unidas, resolución número 34/180, 18 diciembre de 1981. Disponible en

https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CEDA W.aspx

5 Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, Organización de las Naciones Unidas/Derechos Humanos, Asamblea General de las Naciones Unidas, resolución número A/54/4, 6 de octubre de 1999. Disponible en https:///www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/opcedaw.aspx

6 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), Organización de Estados Americanos, Belén do Pará, Brasil, 6 de septiembre del 1994. Disponible en https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html

7 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Semanario Judicial de la Federación, Búsqueda de Tesis. Disponible en https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2009084

8 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Semanario Judicial de la Federación, Búsqueda de Tesis. Disponible en https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2004956

9 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, Búsqueda de Tesis. Disponible en

https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2005533

10 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, Búsqueda de Tesis. Disponible en

https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2005528

11 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México, 2009. Disponible en https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_205_esp.pdf

12 Gobierno de México, ¿Qué es la violencia contra las mujeres y sus modalidades? Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Disponible en

https://www.gob.mx/conavim/articulos/que-es-la-violencia -contra-las-mujeres-y-sus-modalidades?idiom=es

Sede de la Comisión Permanente, a 4 de mayo de 2022.

Diputados: Julieta Kristal Vences Valencia, Alma Anahí González Hernández, Wilbert Alberto Batún Chulim (rúbricas).

(Turnada a la Comisión de Igualdad de Género. Mayo 4 de 2022.)

Con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en materia de huertos urbanos, recibida del diputado Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del PVEM, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 4 de mayo de 2022

El que suscribe, Carlos Alberto Puente Salas, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en representación de sus integrantes, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral l, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Los huertos urbanos son espacios al aire libre o interiores destinados al cultivo de verduras, hortalizas, frutas, legumbres, plantas aromáticas o hierbas medicinales, entre otras variedades, a escala doméstica. Esta práctica se da en el centro o en la periferia de las ciudades, al igual que otros ejemplos de agricultura urbana y periurbana.1

La agricultura urbana surgió en los inicios de la ciudad industrial del siglo XIX, cumpliendo funciones de subsistencia e higiene pública. En países como Gran Bretaña, Alemania o Francia las autoridades locales y las grandes fábricas se vieron obligadas a ofrecer terrenos a los trabajadores para complementar sus ingresos y mejorar las condiciones de vida en los barrios obreros.

A raíz de la depresión económica de 1893, el alcalde de Detroit ofreció terrenos vacantes a los desempleados ·para que pudieran cultivar sus alimentos, siendo replicada la iniciativa en otras ciudades de Estados Unidos. Se recurrió nuevamente a esta medida durante la Gran Depresión (1929-1935), periodo en el que este tipo de terrenos se denominaron huertos de emergencia.

Según la arquitecta urbanista Nerea Morón Alonso y el arquitecto Agustín Hernández Aja, los momentos de mayor auge de la agricultura urbana están ligados a crisis económicas y energéticas, que obligan a recurrir a ella para asegurar el autoabastecimiento.2

La misma coyuntura de escasez vivida durante la Gran Depresión dio pie a la aparición de los llamados Jardines de la Victoria, también llamados jardines de guerra o jardines de alimentos para la defensa, los cuales son igualmente precursores de los actuales huertos urbanos. Se trataba de espacios en las residencias privadas o en los parques públicos en las ciudades más importantes del Reino Unido, Estados Unidos y Canadá durante la Primera y la Segunda Guerras Mundiales donde se plantaban vegetales, frutas, hierbas aromáticas y medicinales, utilizados para suministrar alimentos a las ciudades en los periodos de escasez sin tener que depender de las importaciones.

A partir de 1960 y 1970, en un momento en el que la crisis de la energía y la recesión económica se hicieron presentes, especialmente, en los barrios de bajos recursos de las ciudades occidentales, vuelven a resurgir los huertos urbanos impulsados por movimientos ecologistas que reivindicaban un mundo más natural, más justo y solidario a través de la búsqueda de formas de autogestión, la integración de grupos sociales excluidos y el desarrollo de comunidades. En estos años nace en Nueva York un movimiento que ocupaba solares para aprovecharlos como huertos. El éxito de este movimiento fue tal que el ayuntamiento llegó a crear una Agencia Municipal que gestionaba la cesión de terrenos públicos para jardines y huertos comunitarios.

También en Europa arraigó la filosofía ecologista y los princ1p1os de la autogestión, y comenzaron a organizarse iniciativas similares a las de Estados Unidos. En Gran Bretaña, el movimiento Granjas Urbanas y Jardines Comunitarios surge en esta época y desarrolla proyectos no sólo de huertos, sino también de cría de animales, incorporando la educación ambiental a través de actividades orientadas a los niños.

Los huertos urbanos pensados como ejemplos de sostenibilidad ciudadana en los años 60 del siglo pasado han transformado la agricultura doméstica en mucho más que cultivos de ciudad. Estas parcelas se han convertido en lugares para el ocio, la desconexión, la educación medioambiental y el desarrollo de terapias en entornos naturales. Hoy es habitual que muchos ciudadanos participen activamente en huertos urbanos privados o comunitarios e incluso que los ayuntamientos los contemplen dentro de sus planes de desarrollo urbano con enfoque sostenible.

Aunque a primera vista puede parecer que la agricultura urbana y periurbana son una cuestión sólo para personas mayores, cada vez son más los jóvenes que se interesan por este tema y participan en la gestión de huertos urbanos comunitarios o construyen el suyo propio en sus casas. Los huertos urbanos aportan diversos beneficios, entre los que destacan los siguientes:

• Reducen el número de intermediarios y favorecen el ahorro en transporte, envasado y almacenamiento. De esta forma, los horticultores ganan más y se contamina menos.

• Facilitan alimentos frescos a la población y reciclan desechos domésticos y municipales.

• Fortalecen a las ciudades frente al cambio climático y reducen la huella ecológica.

• Crean comunidad, recuperan áreas subutilizadas, convirtiéndolas en espacios verdes, mejoran el paisaje urbano e impulsan la cooperación, coordinación y las relaciones interpersonales.

• Tienen incidencia en la mejora de los hábitos alimenticios de la población y generan conciencia sobre el cuidado del ambiente.

• Son pequeños pulmones que respiran en las azoteas, contribuyendo a mitigar la contaminación atmosférica de las grandes ciudades.

• Promueven buenas prácticas de agricultura ecológica y generan empleo.

La ecóloga y agrónoma Lily Foster, directora de un huerto urbano en la Ciudad de México, considera que la agricultura urbana es un acto que restablece la conexión del ser humano con la naturaleza y sus semejantes, ayudando también a reducir fuertemente el impacto de la huella ecológica. Asimismo, señala que cuando cultivamos localmente bajamos la cuenta de uso de petróleo, de plástico y de empaques.3

No obstante, a pesar de los múltiples beneficios asociados a los huertos urbanos, también se identifican algunos riesgos. Es habitual que los horticultores domésticos operen sin licencia ni supervisión, ya que muchos países no reconocen esta actividad en sus políticas agrícolas y de planificación urbana, lo cual puede provocar la generación de ruidos y olores, además de poner en riesgo la salud humana y el medio ambiente si se llegan a filtran pesticidas y abono a las fuentes de agua.

Según consideran diversos arquitectos y urbanistas, si las cosas no se hacen bien, los huertos urbanos se pueden convertir en una especie de patio trasero de las ciudades, abandonados, degradados y cubiertos de escombros, por lo cual es necesaria no sólo su promoción, sino también su regulación.

Se estima que 40 por ciento de la basura que se genera en las casas corresponde a restos orgánicos y mucha gente no sabe que esos residuos pueden ser reutilizables, por ejemplo, en la fabricación de composta para huertos urbanos.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura asegura que los huertos urbanos pueden ser mucho más ecológicos y eficientes que los tradicionales, llegando a producir hasta 20 kilogramos anuales de alimentos por metro cuadrado.

Se calcula que en el mundo actualmente hay 800 millones de personas involucradas en agricultura urbana, de las cuales unos 60 millones son latinoamericanas.

Además, se estima que la horticultura puede crear un empleo por cada 100 metros cuadrados de cultivo; estos puestos de trabajo servirían además para ocupar a colectivos desfavorecidos o en riesgo de exclusión.

Las cifras internacionales reportan avances significativos: en Argentina hay 800 huertos comunales, que apoyan directamente a 10 mil familias; y en Caracas hay 4 mil microhuertos. Por lo que hace a Brasil, el programa Hambre Cero apuesta por la agricultura urbana como una de sus estrategias. La Habana produce hasta 300 gramos de hortalizas diarios por habitante en 12 por ciento de su superficie; ocupa a más de 90 mil personas ya sea cultivando huertos caseros o trabajando en los huertos y las granjas pecuarias comerciales de la ciudad.

En Europa, Polonia es el país con más metros cuadrados de agricultura urbana por habitante (25.4 parcelas por cada mil personas), seguido de Eslovaquia (16.3) y Alemania (12.3). En España, según un estudio del Grupo de Estudios y Alternativas, el número de huertos urbanos supera 15 mil, en más de 300 municipios.

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, cerca de 72 por ciento de los hogares urbanos en la Federación de Rusia cultivan alimentos, y Berlín tiene más de 80 mil agricultores urbanos.

Actualmente hay 700 jardines comunitarios en Nueva York, y por todo Estados Unidos numerosos grupos trabajan en una red a escala nacional.

Respecto a México, hay proyectos interesantes de asociaciones comunitarias que han puesto en marcha huertos urbanos, especialmente en la Ciudad de México, donde el 1 de enero de 2021 entró en vigor la Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad de México, reconociendo como derecho de las personas que habitan en la capital el contar con un huerto urbano, lo que se ha reflejado hasta el momento en más de 200 azoteas verdes.4

Sin embargo, no sólo la Ciudad de México ha emprendido diversos esfuerzos para incentivar los huertos urbanos. Ejemplo de ello es Monterrey, Nuevo León, donde se cuenta con el programa denominado Huertos Familiares. En Puebla, el gobierno estatal lleva a cabo diversos talleres educativos e informativos para fomentar la adaptación y puesta en práctica de modelos sustentables de producción de alimentos de autoconsumo en las propias viviendas; del mismo modo, otros gobiernos locales han comenzado a implementar políticas públicas encaminadas a orientar y apoyar a los ciudadanos que quieran crear su propio huerto. No obstante la valía de estos esfuerzos, aún resultan limitados.

Cabe hacer mención que todos los esfuerzos de promocionar y poner en marcha huertos urbanos abonan al cumplimiento de un compromiso asumido por nuestro país a través de la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, en específico, el objetivo 11, “Ciudades y comunidades sostenibles”.

Lo anterior debido a que los huertos urbanos entre otros beneficios reducen el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, impactando de manera positiva en la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales; proporcionan acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, de manera particular para mujeres, niños, personas de edad avanzada y personas con discapacidad; apoya los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbana, periurbanas y rurales mediante el fortalecimiento de la planificación del desarrollo nacional y regional.

En virtud de lo anterior, en el Partido Verde proponemos realizar reformas a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano con la finalidad de promover la creación de huertos urbanos y comunitarios en todas las ciudades del país en aras de propiciar la construcción de modelos regenerativos, educativos, formativos y de vinculación social en torno al cultivo de alimentos.

Para mayor claridad respecto a lo propuesto se presenta a continuación el siguiente cuadro comparativo:

Creemos que las modificaciones propuestas abonan a incentivar una actividad positiva, pero haciéndolo de manera ordenada. En virtud de lo aquí expuesto, sometemos a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano

Único. Se reforman las fracciones XXXI del artículo 8 y XXVI del artículo 10; y se adicionan las fracciones XXXII, con lo que recorren las demás en el orden subsecuente, al artículo 8 y XXVII, con lo que se recorren las demás en el orden subsecuente, al artículo 10 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, para quedar como sigue:

Artículo 8. Corresponden a la federación, a través de la secretaría, las atribuciones siguientes:

I. a XXX. ...

XXXI. Elaborar programas y acciones para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, en el ámbito de las competencias de la presente Ley y de conformidad con el marco legal vigente, los tratados internacionales aprobados y demás disposiciones jurídicas aplicables, e informará anualmente de sus avances;

XXXII. Contribuir al desarrollo de ciudades saludables y resilientes a partir de la construcción de huertos urbanos como proyectos integrales y replicables de recuperación y transformación de espacios a través de la agricultura urbana; y

XXXIII. Las demás que les señale esta ley y otras disposiciones jurídicas.

Artículo 10. Corresponde a las entidades federativas

I. a XXV. ...

XXVI. Atender las consultas que realicen los municipios sobre la apropiada congruencia, coordinación y ajuste de sus planes y programas municipales en materia de Desarrollo Urbano;

XXVII. Legislar y establecer normas para promover la creación de huertos urbanos como proyectos integrales y replicables de recuperación y transformación de espacios a través de la agricultura urbana, y

XXVIII. Las demás que les señalen esta ley y otras disposiciones jurídicas federales y locales.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Véase “Qué es un huerto urbano”, Iberdrola, compromiso social. Consultado el 9 de diciembre de 2020. Disponible en https://www.iberdrola.com/compromiso-social/que-es­un-huerto-urbano

2 Véase “Huertos urbanos, la revolución silenciosa”, en revista Es Posible, número 45, Zaragoza, España. Consultado el 9 de diciembre de 2020. Disponible en https://www.revista esposible.org/numeros/72-esposible-45/l09-huertos-urbanos-la­revolucion silenciosa#.X9WLrFVKiUk

3 Véase Zoilo Carrillo, “Huertos urbanos en México, vuelta a valores esenciales para reducir la huella ecológica”, EFE, 21 de febrero de 2018. Disponible en https://www.efeverde.com/noticias/huertos-urbanos-mexico-huella-ecologi ca/

4 Véase “¿Sabías que Cdmx es una de las ciudades con más huertos urbanos?”, Mx City, sin fecha. Disponible en https://mxcity.mx/2015/04/sabias-que-el-d-f-es-una-de­las-ciudades-con- mas-huertos-urbanos/

Diputados: Carlos Alberto Puente Salas (rúbrica), Kevin Ángelo Aguilar Piña (rúbrica), María José Alcalá Izguerra, Jasmine María Bugarín Rodríguez, Juan Luis Carrillo Soberanis, Karen Castrejón Trujillo, María del Rocío Corona Nakamura, Fátima Almendra Cruz Peláez, Claudia Delgadillo González, Itzel Aleli Domínguez Zopiyactle, José Antonio Estefan Gillessen, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Fausto Gallardo García, Tomás Gloria Requena, Armando Antonio Gómez Betancourt, Luis Arturo González Cruz, Gilberto Hernández Villafuerte, Ana Laura Huerta Valdovinos, Javier Joaquín López Casarín, Luis Alberto Martínez Bravo, Luis Armando Melgar Bravo, Sonia Mendoza Díaz, Antonio de Jesús Ramírez Ramos (rúbrica), Roberto Antonio Rubio Montejo, Ciria Yamile Salomón Durán, Christian Joaquín Sánchez Sánchez, Valeria Santiago Barrientos, Roberto Alejandro Segovia Hernández.

Sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 4 de mayo de 2022.

(Turnada a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. Mayo 4 de 2022.)

Con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Orgánicas de la Administración Pública Federal, y de la Armada de México, con objeto de conferir atribuciones a la Secretaría de Marina para coadyuvar al desarrollo en materia de infraestructura, vigilancia y protección de áreas prioritarias, recibida del diputado Jaime Martínez López, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 4 de mayo de 2022

El que suscribe, Jaime Martínez López, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IX y se adiciona la XXVI, con lo que se recorre el orden la actual de la XXVI, para quedar como XXVII, al artículo 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y se adiciona la fracción II Bis al artículo 33 de la Ley Orgánica de la Armada de México, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Una de las funciones más importantes que la Constitución asigna al Estado es la rectoría para fomentar el desarrollo nacional, que garantice el crecimiento económico, fomente el empleo y fortalezca la soberanía nacional.

El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en el rubro “Economía, proyectos regionales”, establece en el punto número 2 el Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, cuyo objetivo es impulsar el crecimiento de la economía regional con pleno respeto a la historia, la cultura y las tradiciones del Istmo oaxaqueño y veracruzano.

Para tal propósito, la planeación del desarrollo constituye una herramienta fundamental, reservando para el Estado las áreas estratégicas e identificando, en términos del párrafo cuarto del artículo 28 constitucional, como áreas prioritarias para el desarrollo nacional la comunicación vía satélite y los ferrocarriles, especificando que el Estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la nación.

El 14 de junio de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se crea el organismo público descentralizado denominado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, cuyo objeto es instaurar una plataforma logística que integre la prestación de servicios de administración portuaria que realizan las entidades competentes en los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave; y Salina Cruz, Oaxaca, y su interconexión mediante transporte ferroviario.

Con lo anterior se pretende aprovechar la posición geoestratégica del istmo de Tehuantepec y competir en los mercados mundiales de movilización de mercancías, a través del uso combinado de diversos medios de transporte y con ello beneficiar a la economía nacional.

Dicho proyecto busca crear un puente ferroviario para unir el océano Pacífico con el Golfo de México, el cual reducirá 10 días en viaje a los buques que hoy utilizan el canal de Panamá, abarcará 79 municipios (33 en Veracruz y 46 en Oaxaca), y considera parques industriales que ya se comienzan a desarrollar.

El titular del Ejecutivo federal instruyó a la Secretaría de Marina, para administrar el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, a fin de que garantice su control, así como su seguridad en las operaciones en esta área prioritaria, por lo que es necesario dotar a la dependencia de un marco legal que disponga de sus atribuciones y le proporcione certeza jurídica en su actuación.

Las Fuerzas Armadas, aunado a sus funciones constitucionales, se encuentran, el cuidado de instalaciones estratégicas, la construcción de obras de infraestructura, la contención del robo de hidrocarburos, el contrabando de mercancías, la vigilancia de aduanas y la distribución de vacunas ante la emergencia sanitaria mundial, tareas, que el actual gobierno las considera como de seguridad nacional. Por tal motivo, se considera de particular importancia que, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias, la Secretaría de Marina, como dependencia del Ejecutivo Federal, cuente con atribuciones que requiere el interés nacional en áreas estratégicas y prioritarias vinculadas al desarrollo marítimo, que impacta por supuesto, en el desarrollo económico.

De acuerdo con el informe de labores de la citada institución, se destaca que más allá de los proyectos propios, es de importancia fundamental incorporarse al esfuerzo nacional para alcanzar los objetivos en materia de seguridad y desarrollo de nuestra nación, y que el quehacer institucional sea concurrente con el proyecto de nación en curso, la Secretaría de Marina contribuye al desarrollo integral y sustentable del país, principalmente a través de acciones de seguridad, vigilancia y protección, mismas que son un factor clave en el desarrollo de toda nación y para la consecución del bienestar de sus ciudadanos.

La Secretaría de Marina, como dependencia del Ejecutivo federal, se consolida como una institución confiable y eficaz valorada por la sociedad mexicana por su servicio a la nación, que garantiza de forma permanente la protección de los intereses marítimos nacionales y la defensa exterior, así como, la preservación de las condiciones de paz en la sociedad y seguridad en las zonas marinas, costas y puertos nacionales, necesarias para un desarrollo integral del país, de tal manera que, si bien el artículo 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal ya confiere a la referida dependencia las atribuciones para construir, reconstruir y conservar las obras portuarias que requiera la Armada y la Secretaría de Marina; las obras marítimas, portuarias y de dragado que requiera el país y, en su caso, autorizarlas cuando sobrepasen sus capacidades técnicas y operativas, también lo es que consideramos viable y oportuno, adicionar que de igual forma lleve a cabo la construcción , y conservación de las obras que requiera el interés nacional en áreas estratégicas y prioritarias vinculadas al desarrollo marítimo.

El objetivo de la presente iniciativa encuentra su razón en la necesidad de que la Secretaría de Marina coadyuve en la vigilancia y protección de las instalaciones estratégicas y prioritarias del país vinculadas al desarrollo nacional, habida cuenta que se debe vigilar y proteger las instalaciones que son sensibles en el rubro de seguridad nacional, consecuentemente, se debe garantizar una respuesta oportuna y eficaz frente a situaciones que las afecten.

Por tal razón consideramos conveniente adicionar la fracción II Bis al artículo 33 de la Ley Orgánica de la Armada de México, a fin de que la Armada de México pueda establecer estaciones navales de protección y vigilancia en las áreas estratégicas y prioritarias para el apoyo de las operaciones.

Las particularidades de la presente iniciativa se detallan a continuación:

De la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Se reforma la fracción IX del artículo 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para adicionar que la Secretaría de Marina tendrá injerencia en todo tipo de obras que requiera el interés nacional en áreas estratégicas y prioritarias; fundamentando su actuar en el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que el Estado mexicano organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía y la democratización política, social y cultural de la nación.

Asimismo, se adicionan una fracción XXVI, a fin de coadyuvar en la vigilancia y protección de instalaciones prioritarias para el desarrollo nacional; de igual forma se recorre la numeración, a fin de ajustar las adiciones mencionadas.

De la Ley Orgánica de la Armada de México

Se adiciona la fracción II Bis al artículo 33, a el fin de definir la figura “estaciones navales de protección y vigilancia”, la cual considera son la infraestructura establecida en las áreas estratégicas y prioritarias para el apoyo de las operaciones.

Para ilustrar los cambios propuestos, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto

Primero. Se reforma la fracción IX y se adiciona la XXVI, con lo que se recorre el orden de la actual XXVI para quedar como XXVII, al artículo 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 30. ...

I. a VIII. ...

IX. Construir, reconstruir y conservar las obras portuarias que requiera la Armada y la Secretaría de Marina; las obras marítimas, portuarias y de dragado que requiera el país y, en su caso, autorizarlas cuando sobrepasen sus capacidades técnicas y operativas, así como aquellas que requiera el interés nacional en áreas estratégicas y prioritarias vinculadas al desarrollo marítimo;

X. a XXV. ...

XXVI. Coadyuvar en la vigilancia y protección de las instalaciones estratégicas y prioritarias del país, vinculadas al desarrollo nacional; y

Segundo. Se adiciona la fracción II Bis al artículo 33 de la Ley Orgánica de la Armada de México, para quedar como sigue:

Artículo 33. ...

I. y II. ...

II Bis. Estaciones Navales de Protección y Vigilancia: infraestructura establecida en las áreas estratégicas y prioritarias para el apoyo de las operaciones;

III. a VI. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo federal expedirá las modificaciones a las disposiciones administrativas correspondientes, que resulten necesarias para dar cumplimiento al presente decreto, en un plazo que no excederá de 180 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Tercero. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente decreto se cubrirán con cargo al presupuesto autorizado a la Secretaría de Marina.

Sede de la Comisión Permanente, a 4 de mayo de 2022.

Diputado Jaime Martínez López (rúbrica)

(Turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y Población, y de Marina. Mayo 4 de 2022.)

Con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones al título decimonoveno, capítulo V, artículo 325, del Código Penal Federal, en materia de delitos contra la vida y la integridad corporal; y al capítulo V, artículo 21, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, recibida de la diputada María Clemente García Moreno, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 4 de mayo de 2022

La suscrita, María Clemente García Moreno, integrante del Grupo Parlamentario Morena en la LXV Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en el artículo 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones al título decimonoveno, capítulo V, artículo 325, del Código Penal Federal, en materia de delitos contra la vida y la integridad corporal; y al capítulo V, artículo 21, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

Feminicidio es un término acuñado por la antropóloga Marcela Lagarde para traducir el inglés femicide, utilizado por la feminista y socióloga Diana Russell para referirse a un crimen de odio contra la mujer.

El feminicidio es un grave problema social que puede considerarse un problema de salud pública. La violencia que lo precede no es un acto privado aun cuando en muchos casos se dé en el marco de la pareja o de relaciones personales. El feminicidio se relaciona con la misoginia social e institucional, con las fallas del sistema de justicia y la impunidad. El feminicidio no es una circunstancia que ocurra de manera aislada y en ciertos lugares del país. En mayor o menor medida es una realidad global que resulta preocupante puesto que en algunos Estados cada año se producen diversos casos de asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o ex parejas. Hablar de feminicidio emana de la cultura de la desigualdad por razones de género.

Por ello, su debida legislación deberá realizarse con una perspectiva de género y para que este tipo de violencia esté tipificada para hacerla aún más evidente. Tan solo en el año 2019, México ocupó el primer lugar de feminicidio respecto a 24 países, llegando a niveles nunca vistos, con más de 10 asesinatos de mujeres por día. De enero a noviembre de 2021, 922 fueron víctimas de feminicidio.

El feminicidio representa el extremo de un continuum de terror antifemenino e incluye una amplia variedad de abusos verbales y físicos, tales como violación, tortura, esclavitud sexual (particularmente por prostitución), abuso sexual infantil incestuoso o extrafamiliar, golpizas físicas y emocionales, acoso sexual (por teléfono, en las calles, en la oficina, y en el aula), mutilación genital (clitoridectomías, escisión, infibulaciones), operaciones ginecológicas desnecesarias (histerectomías gratuitas), heterosexualidad forzada, esterilización forzada, maternidad forzada (por la criminalización de la contracepción y del aborto), psicocirugía, negación de comida para mujeres en algunas culturas, cirugía plástica, y otras mutilaciones en nombre del embellecimiento. Siempre que estas formas de terrorismo resultan en muerte, ellas se transforman en feminicidios (Caputi y Russell 1992: 15).

Zaffaroni dice:

La violencia de género no cambió, sino que se desnormalizó. Pues cobra una importante relevancia desde la óptica mediática, toda vez que las cadenas masivas de información ahora abordan con extremo ímpetu una temática anteriormente soslayada

Buompadre señala:

(...) no se trata de una cuestión que deba dilucidarse por 8 sola circunstancia de la existencia de una posición de superioridad física entre el hombre y la mujer, sino de una situación de discriminación intemporal que tiene su origen en una estructura social de naturaleza patriarcal”. Canalizaremos entonces el sentido de la prohibición únicamente ante la existencia de “un contexto de dominación masculina”

Por tanto, la figura penal de feminicidio no debe encuadrarse sólo a los hombres. El Código Penal Federal dicta sobre el feminicidio:

“Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género.” [DOF: 24/01/2020], sin embargo, existen Entidades Federativas que atribuyen al encuadrante género masculino. Por tanto, éste crea antinomias entre los códigos penales de dichas entidades federativas y el federal, así como ambigüedades ante el debido proceso en casos donde una mujer está inmersa o es actora de dicho delito.

En Baja California, sobre el feminicidio se define: “Comete el delito de feminicidio el que dolosamente prive de la vida a una o varias mujeres por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando se den una o más de las siguientes circunstancias (...)”

En Querétaro, respecto el feminicidio se determina: “Al que prive de la vida a una mujer por razones derivadas de su género, se le impondrán de 20 a 50 años de prisión y de quinientos a setecientos cincuenta días multa”,

En Quintana Roo, sobre el feminicidio se indica: “Comete delito de feminicidio el que dolosamente prive de la vida a una mujer por razones de género. Se le impondrá prisión de veinticinco a cincuenta años y de mil quinientos a tres mil días de multa”.

Feminicidios no reconocidos a las mujeres trans (TTT)

Las personas transgénero son aquellas que se conciben y expresan como perteneciente al género opuesto al que social y culturalmente se asigna a su sexo de nacimiento, las personas transexuales son las que se sienten y conciben como perteneciente al género y sexo opuesto a lo que social y culturalmente se le asigna en función de su sexo de nacimiento mediante la modificación de su cuerpo para adecuarlo al género con el que se identifican y las personas travestís son aquellas que se visten y comportan ocasionalmente como el género opuesto.

El feminicidio por identidad de género o transfeminicidios son los asesinatos de mujeres trans, cometido con un agravante de odio por el simple hecho de ser mujer trans (Rosas,2015). Es de suma importancia reconocer a las mujeres de la población TTT (transgénero, travesti y transexual), para lograr combatir la discriminación que existe hacia ellas. Toda vez que el Estado mexicano aún no logra reconocerlas ante el encuadre de feminicidio cuando las mismas no presentan la documentación de género femenino, sin embargo, ellas representan y son reconocidas por la sociedad como mujeres, viviendo así violencia y desigualdad por parte del propio Estado, pues no reconocer debidamente dichos sucesos las omite de la justicia.

El Protocolo Latinoamericano de Investigación de Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género, elaborado por ONU Mujeres, considera que las mujeres transexuales tienen una tendencia a recibir acciones todavía más violentas que las mujeres cisgénero al transgredir las referencias de la cultura antropocéntrica.

Identificarse como una persona cisgénero quiere decir que existe una conformidad y aceptación con el género que fue asignado al nacer. Asimismo, significa que no se desea realizar algún proceso o transición para que el cuerpo e identidad estén en sintonía con quien se considera que se es.

Una de las primeras apariciones de la palabra cisgénero fue en artículos académicos durante la década de 1990. En 2007, la activista y escritora transgénero Julia Serano utilizó el término en el libro Whipping girl. A partir de ahí el vocablo cisgénero se fue popularizando hasta que, en 2015, el Diccionario de Inglés de Oxford la incluyó en sus páginas (García, 2019).

“Las personas transexuales o transgénero son consideradas de forma negativa y crítica en lo estructural y en lo relacional. La violencia que se dirige contra ellas se potencia sobre esa doble referencia (...). Como se percibe que su situación no se puede corregir al no tratarse de una “conducta apartada de la normalidad o desviada de lo esperado”, sino que es una posición estructural y radicalmente diferente respecto al sexo y al género, la violencia que se ejerce contra ellas es mucho más intensa desde el inicio”.

La sociedad mexicana está dominada por principios de heteronormatividad, cisnormatividad, jerarquía sexual, binarismos de sexo y género, así como la misoginia arraigados históricamente.

Estos principios combinados con el prejuicio, la intolerancia y el odio generalizado socialmente hacia las personas con identidad y expresión de género o género fluido; legitiman la violencia y la discriminación contra las mujeres trans (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2015).

De acuerdo con el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBTTT+, entre el 1 de enero y 13 de diciembre de 2021 se contabilizaron 32 transfeminicidios en México. Dicha cifra corresponde a casi 50 por ciento de los asesinatos en razón de orientación sexual e identidad de género en nuestro país durante este año.

Por ello hablar de inclusión de género es hablar de todas, hablar de deconstrucción sistemática para el estado de derecho es buscar que todas las mujeres cisgénero y trans TTT tengan justicia.

Contenido de la iniciativa

Por lo expuesto, esta iniciativa propone una reforma del primer párrafo del artículo 325 del Código Penal Federal, para incluir como objeto del delito de feminicidio a las mujeres cisgénero o trans TTT.

Asimismo, una reforma al primer párrafo del artículo 21 de la Ley General para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para incluir en la definición de violencia feminicida a la que se ejerce en contra las mujeres, cisgénero o trans TTT por razones de género o sexo genéricas.

Para mayor entendimiento se presenta el siguiente cuadro comparativo:

Por lo expuesto se somete a consideración de esa asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Primero. Se reforma el artículo 325, párrafo primero, del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 325. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer cisgénero o trans TTT por razones de Género o sexo genéricas. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;

II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;

III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;

IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza;

V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;

VI. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida;

VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.

A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de cuarenta a sesenta años de prisión y de quinientos a mil días multa. Además de las sanciones descritas en el presente artículo, el sujeto activo perderá todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio. En caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio. Al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia se le impondrá pena de prisión de tres a ocho años y de quinientos a mil quinientos días multa, además será destituido e inhabilitado de tres a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Segundo. Se reforma el artículo 21, capítulo V, “De la violencia feminicida y de la alerta de violencia de género contra las mujeres”, de la Ley General para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:

Violencia Feminicida: Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, cisgénero o trans TTT por razones de Género o sexo genéricas producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres cisgénero o trans TTT.

En los casos de feminicidio se aplicarán las sanciones previstas en el artículo 325 del Código Penal Federal.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará vigor el día siguiente al de su publicación, en el Diario Oficial de la Federación.

Sede de la Comisión Permanente, a 4 de mayo de 2022.

Diputada María Clemente García Moreno (rúbrica)

(Turnada a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Igualdad de Género. Mayo 4 de 2022.)

Con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Transparencia y Acceso a la información pública en materia de Estado abierto, recibida del diputado Wilbert Alberto Batún Chulim y de la diputada Alma Anahí González Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 4 de mayo de 2022

Los que suscriben, diputado Wilbert Alberto Batún Chulim y diputada Alma Anahí González Hernández, ambos integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la honorable LXV Legislatura ele la Cámara de Diputado del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a consideración de este alto pleno deliberativo, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Transparencia y Acceso a la información pública en materia de Estado abierto, con fundamento en la siguiente

Exposición de Motivos

La presente iniciativa de decreto que se somete a la consideración de esta soberanía popular tiene como propósito reformar diversas disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esto a efecto de incorporar a la normatividad en comento el concepto de Estado abierto. así corno las obligaciones específicas en esta materia por parte de los sujetos obligados y los órganos garantes contemplados en el marco jurídico nacional.

En primer término, la acción legislativa en cuestión propone reformar la fracción XX del artículo 42 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esto con el propósito de prescindir del concepto de “gobierno abierto” para incorporar el nuevo paradigma de apertura gubernamental conocido como Estado abierto al interior de la Ley objeto de la presente iniciativa de decreto.

De la misma manera, se reforma la denominación del Capítulo III del Título Cuarto de la Ley en cuestión, prescindiendo del término “gobierno abierto” para incorporar el concepto de Estado abierto.

Aunado a lo anterior, se reforma el artículo 59 de la multicitada ley, esto con el objetivo de instalar corno un deber por parte de los organismos garantes la promoción y la coadyuvancia con los sujetos obligados y representantes de la sociedad civil para la implementación y consolidación de políticas y mecanismos que garanticen la conformación de un Estado abierto.

Se adiciona el artículo 59 Bis a ley en estudio. esto a efecto de definir como se deberá integrar el Estado abierto, siendo conformado por un gobierno abierto, parlamento abierto y justicia abierta, debiendo regirse bajo los principios de transparencia proactiva, acceso a la información, máxima publicidad, participación ciudadana, rendición de cuentas e innovación tecnología.

Por último, se adicionan los artículos 59 Ter y 50 Quáter, los cuales establecen de manera específica las obligaciones que tienen los organismos garantes y los sujetos obligados en materia de Estado abierto, dentro de las cuales se pueden destacar las siguientes:

1) Obligaciones de los organismos garantes:

• Realizar estudios e investigaciones relacionadas con el Estado abierto con el propósito de difundir sus principios y objetivos

• Efectuar seminarios, coloquios, cursos, talleres, conferencias, mesas de trabajo y demás actividades que fomenten la capacitación, la promoción y el conocimiento del Estado abierto entre la sociedad civil y los sujetos obligados.

Promover políticas públicas y acciones de gobierno en materia ele Estado abierto, las cuales tengan como ejes principales el fomento ele la transparencia proactiva, la participación ciudadana, la innovación tecnología, el acceso a la información, rendición de cuentas y de los datos abiertos.

“Realizar opiniones y recomendaciones en materia de implementación y consolidación del Estado abierto.

• Solicitar a los sujetos obligados un informe anual sobre las acciones, planes y objetivos respecto al avance de la implementación del Estado abierto.

2) Obligaciones de los sujetos obligados:

• Garantizar la implementación y consolidación del Estado abierto.

• Incentivar la colaboración de la sociedad civil a través de esquemas de participación ciudadana.

• Fomentar el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones en la ejecución de los servicios públicos.

• Crear políticas internas para realizar sus actividades de conformidad con los principios de transparencia proactiva. la participación ciudadana. la innovación tecnología. el acceso a la información. rendición de cuentas y de los datos abiertos.

• Facilitar la información pública en formatos abiertas, accesibles y reutilizables

• Adoptar políticas internas para fomentar la transparencia proactiva como principio fundamental del Estado abierto.

• Procurar la creación de esquemas de comunicación y difusión a través de las tecnologías de la información y la comunicación en relación con el desarrollo de sus actividades.

Para mayor claridad de la propuesta normativa en cuestión, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

Es importante tener en consideración. que la presente iniciativa de decreto tiene como objetivo la implementación del Estado abierto como un nuevo paradigma de apertura gubernamental al interior del Estado mexicano, toda vez que este nuevo concepto es mucho más amplio y garantista que el concepto de gobierno abierto, por lo tanto, es pertinente hacer referencia que la presente acción legislativa se robustece el marco jurídico del Estado Mexicano en materia ele apertura gubernamental. además de fomentar la participación de los ciudadanos en la vida pública del país.

En este sentido, es importante definir que el Estado abierto se trata de la voluntad formalmente expresada por parte de los gobiernos, parlamentos, cortes de justicia, organismos de control público u otras instituciones estatales o paraestatales de promover la apertura de sus repositorios de datos, el acceso al ciudadano a la información. la participación social en las distintas fases del ciclo de las políticas públicas, la rendición de cuentas, y en general, el control de la gestión pública por parte de la ciudadanía.1

Es menester tener en consideración, que la diferencia principal entre el “gobierno abierto” y el “Estado abierto” radica principalmente en que el antiguo concepto de “gobierno abierto” se limita generalmente a las entidades del Poder Ejecutivo, con lo cual reduce su impacto al interior de los otros poderes que conforman Estado Constitucional de Derecho, por lo tanto, resulta imperativo contemplar a los demás Poderes del Estado (Legislativo y Judicial), los cuales bajo esté nuevo paradigma, requieren constituirse como Parlamentos Abiertos y Tribunales Abiertos, para que así. se pueda consolidar un Estado abierto.2

Por lo tanto. es necesario precisar, que el Estado abierto es conformado por un gobierno abierto, parlamento abierto y por justicia abierta, incorporando a todos los Poderes que conforman el Estado, rigiéndose bajo los principios de transparencia proactiva, acceso a la información, máxima publicidad, participación ciudadana. rendición de cuentas, e innovación tecnológica.

En este sentido, es menester observar, que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en su artículo sexto a la transparencia y al acceso a la información, principios rectores del Estado abierto, como derechos humanos y fundamentales al interior del Estado Mexicano, en consecuencia, todas las autoridades en su respectivo ámbito de competencias y facultades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar las prerrogativas anteriormente señaladas, esto de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia. indivisibilidad y progresividad.

De igual manera, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tenido a bien expresar diversos pronunciamientos en relación a los derechos humanos de acceso a la información pública y transparencia, dentro de las cuales podemos encontrar las siguientes:

“Transparencia y acceso a la información pública gubernamental. Principios fundamentales que rigen ese derecho. De la declaración conjunta adoptada el 6 de diciembre de 2004 por el relator especial de las Naciones Unidas para la libertad de opinión y expresión, el representante de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa para la Libertad de los Medios de Comunicación y el relator especial de la Organización de los Estados Americanos para la libertad de expresión, aplicable a la materia en virtud de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se advierten como principios básicos que rigen el acceso a la información los siguientes: 1. El derecho de acceso a ésta es un derecho humano fundamental; 2. El proceso para acceder a la información pública deberá ser simple, rápido y gratuito o de bajo costo; y, 3. Deberá estar sujeto a un sistema restringido de excepciones, las que sólo se aplicarán cuando exista el riesgo de daño sustancial a los intereses protegidos y cuando ese daño sea mayor que el interés público en general de tener acceso a la información: mientras que del análisis sistemático de los artículos 2, 6, 7, 13, 14 y “18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se desprenden los siguientes: 1. La información de los Poderes de la Unión, órganos constitucionales autónomos, tribunales administrativos federales y cualquier otro órgano federal es pública y debe ser accesible para la sociedad, salvo que en los términos ele la propia ley se demuestre en forma clara y debidamente sustentada que amerita clasificarse como reservada o confidencial y 2. Que el derecho de acceso a la información es universal.”3

“Derecho a la información. Dimensión individual y dimensión colectiva. El derecho a la información tiene una doble dimensión. Por un lado, tiene una dimensión individual, la cual protege y garantiza que las personas recolecten, difundan y publiquen información con plena libertad; formando parte indisoluble de la autodeterminación de los individuos, al ser una condición indispensable para la comprensión de su existencia y de su entorno; fomentando la conformación de la personalidad y del libre albedrío para el ejercicio de una voluntad razonada en cualquier tipo de decisiones con trascendencia interna, o bien, externa. Por otro lado, la dimensión colectiva del derecho a la información constituye el pilar esencial sobre el cual se erige todo Estado democrático, así como la condición fundamental para el progreso social e individual. En ese sentido, no sólo permite y garantiza la difusión de información e ideas que son recibidas favorablemente o consideradas inofensivas e indiferentes, sino también aquellas que pueden llegar a criticar o perturbar al Estado o a ciertos individuos, fomentando el ejercicio de la tolerancia y permitiendo la creación de un verdadero pluralismo social, en tanto que privilegia la transparencia, la buena gestión pública y el ejercicio de los derechos constitucionales en un sistema participativo, sin las cuales no podrían funcionar las sociedades modernas y democráticas.”4

“Derecho a ser informado. Sus alcances y límites. El derecho a ser informado implica una obligación positiva a cargo del Estado, consistente en informar a la sociedad respecto de aquellas cuestiones que puedan incidir en su vida o en el ejercicio de sus derechos, sin que sea necesaria alguna solicitud o requerimiento por los particulares. No obstante, lo anterior no significa que el Estado y sus instituciones deban difundir toda la información que posean, ya que la actualización de esta obligación requiere la necesaria existencia de un interés público que justifique publicar de oficio cierta información. Por tanto, el Estado y sus instituciones están obligados a publicar de oficio sólo aquella información relacionada con asuntos de relevancia o interés público que pueda trascender a la vida o al ejercicio de los derechos de las personas, y que sea necesaria para garantizar el pleno ejercicio del derecho a la información en su dimensión colectiva. No obstante, lo anterior, el Estado puede restringir la publicación de información cuya difusión pueda constituir un peligro para la seguridad nacional, el orden público, la salud y la moral públicas, así como cuando pueda alterar, afectar o trascender a la vida o al ejercicio de los derechos de las personas.”5

“Acceso a la información. Implicación del principio de máxima publicidad en el derecho fundamental relativo. Del artículo 60. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte que el Estado Mexicano está constreñido a publicitar sus actos, pues se reconoce el derecho fundamental de los ciudadanos a acceder a la información que obra en poder de la autoridad, que como lo ha expuesto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P./J. 54/2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Torno XXVII, junio de 2008, página 743, de rubro:

“Acceso a la información. Su naturaleza como garantía individual y social.” Contiene una doble dimensión: individual y social. En su primer aspecto. cumple con la función de maximizar el campo de la autonomía personal, posibilitando el ejercicio de la libertad de expresión en un contexto de mayor diversidad de datos, voces y opiniones: mientras que, en el segundo, brinda un derecho colectivo o social que tiende a revelar el empleo instrumental de la información no sólo corno factor de autorrealización personal, sino corno un mecanismo de control institucional, pues se trata de un derecho fundado en una de las características principales del gobierno republicano, que es la publicidad de los actos de gobierno y la transparencia en el actuar de la administración. conducente y necesaria para la rendición de cuentas. Por ello, el principio de máxima publicidad incorporado en el texto constitucional, implica para cualquier autoridad, realizar un manejo de la información bajo la premisa inicial que toda ella es pública y sólo por excepción en los casos expresamente previstos en la legislación secundaria y justificados bajo determinadas circunstancias se podrá clasificar como confidencial o reservada, esto es, considerarla con una calidad diversa.”

Es oportuno tener en consideración, que el Estado Mexicano es parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, siendo que la Corte Interamericana ha tenido a bien emitir diversos criterios jurídicos respecto a los derechos humanos de transparencia y acceso a la información pública, dentro de los cuales destaca la sentencia del caso Claude Reyes y otros Vs. Chile, en donde el máximo tribunal interamericano resolvió que el actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública, lo que hace posible que todas las personas que se encuentran bajo su jurisdicción ejerzan el control democrático de las gestiones estatales. de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento ele las funciones públicas.7

Adicional a lo expuesto con antelación, la Corte interamericana ha expresado que la información pública debe ser entregada sin necesidad ele acreditar un interés directo para su obtención o una afectación personal, salvo en los casos en que se aplique una legitima restricción, la entrega de la información permite a su vez que ésta circule en la sociedad de manera que pueda conocerla, acceder a ella y valorarla.8

En este sentido, la implementación de políticas públicas en materia de Estado abierto presupone la promoción e impulso de la apertura gubernamental al interior del Estado Mexicano, lo cual con lleva a que todas las personas puedan exigir una mejor y mayor rendición de cuentas a sus representantes populares, puedan evaluar su labor al frente de la administración pública, además de fomentar la cultura de la transparencia.

Aunado a lo anterior, el modelo de Estado abierto presupone una herramienta importante en contra del combate a la corrupción, toda vez que la transparencia de las acciones realizadas al interior de la administración pública otorga a los ciudadanos la posibilidad de denunciar los procesos de corrupción que llegarán a suscitarse, lo cual fortalece en gran medida el Sistema Nacional Anticorrupción.

Que el Estado abierto fomenta la participación ciudadana en la toma de decisiones al interior de la administración pública. lo cual robustece la actividad de la sociedad civil organizada, empoderando a las personas en la promoción y defensa de sus derechos y prerrogativas fundamentales, y así poder transitar de una democracia representativa. a una democracia participativa. en donde los ciudadanos y las autoridades del Estado puedan consolidar un gobierno colaborativo.

Es menester mencionar. que al ser la innovación tecnología parte de los principios rectores del Estado abierto, la implementación de este modelo de gobierno enfatizara la importancia de la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones al interior de los entes públicos al interior del territorio nacional, generando un esquema de datos abiertos, los cuales darán un mayor alcance y acceso a la información pública en beneficio de todas las personas, así como agilizará los procesos administrativos al interior de las distintas dependencias de gobierno.

Ahora bien, es oportuno observar, que si bien es cierto el concepto de Estado abierto es novedoso en el contexto nacional, a nivel internacional existen diversos Estados Constitucionales de Derecho que han tenido a bien realizar la implementación de políticas públicas en la multicitada materia, como es el caso de los Estados Unidos de América, Colombia y la Republica de Costa Rica.

En el caso de los Estados Unidos de América, la implementación del Estado abierto se llevó a cabo durante el gobierno del presidente Barack Obama, teniendo como base teórica, orientadora y doctrinal el documento de nombre “Memorandum for the Heads of Executive Departments and Agencies, Subject: Transparency and Open Government.”9

En la República de Colombia, el modelo de Estado abierto fue implementado el día 23 de enero del 2017, en la Comisión Nacional de Moralización del Estado Colombiano. a través de la firma del documento denominado “Declaración de Compromisos por un Estado abierto” en donde fueron establecidos una serie de compromisos jurídicos y políticos en materia de Estado Abierto,10 documento doctrinal que fue suscrito por el Presidente de la República Colombiana, en compañía de los presidentes del Senado y la Cámara, así como los máximos representantes de la Contraloría General de la República, La Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, el Consejo de Estado, y la Corte Suprema de Justicia, siendo que la declaración en comento, evidencia la importancia que tiene para el Estado Colombiano desarrollar una estrategia integral para la lucha contra la corrupción, que fortalezca los marcos de política, la formulación colaborativa de planes de acción, y los instrumentos necesarios para brindar una respuesta integral a las demandas de la sociedad colombiana.

En el Estado de Costa Rica, el día 2 de octubre del 2015, en la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, los Presidentes de los Poderes del Estado suscribieron el documento denominado “Para la Construcción de un Estado abierto”, siendo que el presente instrumento legal compromete a los poderes públicos de esta nación a promover la transparencia, combatir la corrupción, ampliar la participación ciudadana en los asuntos públicos y la innovación tecnología. Bajo esta misma tesitura, dentro de las Entidades Federativas que conforman los Estados Unidos Mexicanos, podemos encontrar, que el Estado de Quintana Roo en su Constitución Política local tuvo a bien implementar el modelo de gobierno conocido como “Estado abierto”, siendo que dicha reforma constitucional fue publicada en el periódico oficial del estado el día 5 de mayo del 2021, derivando en el primer precedente a nivel nacional respecto al multicitado paradigma en análisis.

En este sentido, es importante destacar, que la presente iniciativa de decreto presentada ante está Soberanía Popular tiene como objetivo implementar en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública el modelo de gobierno conocido corno Estado abierto, el cual radica en políticas públicas que impulsan los principios de transparencia proactiva, acceso a la información, máxima publicidad, participación ciudadana, rendición de cuentas e innovación tecnología.

Que la acción legislativa de mérito tiene también como uno de sus propósitos principales servir como una herramienta de combate a la corrupción a través del acceso a la información, la transparencia y la participación ciudadana, impulsando la creación de un Estado abierto, en el cual todas las personas puedan conocer y participar en la vida pública del país.

Que resulta imperativo la consolidación de un Estado transparente. efectivo, cercano a la sociedad, que fomente el combate en contra de la corrupción en todas sus manifestaciones, además que fortalezca la participación ciudadana de la sociedad mexicana, siendo que menester que dichas obligaciones normativas se encuentran debidamente plasmadas en el marco jurídico del Estado Mexicano con el propósito de garantizar su efectivo cumplimiento por parte de las autoridades gubernamentales.

Es por todo lo expuesto y fundado en el cuerpo de la presente iniciativa de decreto, que nos permitimos someter a la respetable consideración de esta soberanía popular el siguiente

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en materia de Estado abierto

Único. Se reforma la fracción XX del artículo 42, la denominación del Capítulo III, “Del Estado Abierto” del Título Cuarto; y el artículo 59, se adicionan los artículos 59 Bis, 59 Ter; y 59 Quáter de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. en Materia de Estado abierto, para quedar como siguen:

Artículo 42.

XX. Los Organismos garantes, en el ejercicio de sus atribuciones y para el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley, fomentarán los principios de Estado abierto, la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la accesibilidad y la innovación tecnológica;

Título Cuarto
Cultura de Transparencia y Apertura Gubernamental

Capítulo III
Del Estado Abierto

Artículo 59. Los Organismos garantes, en el ámbito de sus atribuciones deberán promover y coadyuvar con los sujetos obligados y representantes de la sociedad civil en la implementación de mecanismos de colaboración para la promoción e implementación de políticas y mecanismos que garanticen la conformación de un Estado abierto.

Artículo 59 Bis. El Estado abierto se integra por Gobierno Abierto, Parlamento Abierto y Justicia Abierta, rigiéndose de conformidad con los principios de transparencia proactiva, acceso a la información, máxima publicidad, participación ciudadana, rendición de cuentas e innovación tecnológica.

Artículo 59 Ter. Los Organismos garantes en materia de Estado Abierto tendrán las siguientes obligaciones:

I. Realizar estudios e investigaciones relacionadas con el Estado abierto con el propósito de difundir sus principios y objetivos;

II. Efectuar seminarios, coloquios, cursos, talleres, conferencias, mesas de trabajo y demás actividades que fomenten la capacitación, la promoción y el conocimiento del Estado abierto entre la sociedad civil y los sujetos obligados;

III. Promover políticas públicas y acciones de gobierno en materia de Estado Abierto, las cuales tengan como ejes principales el fomento de la transparencia proactiva, la participación ciudadana, la innovación tecnológica, el acceso a la información, rendición de cuentas y de los datos abiertos;

IV. Realizar opiniones y recomendaciones en materia de implementación y consolidación del Estado Abierto;

V. Solicitar a los sujetos obligados un informe anual sobre las acciones, planes y objetivos respecto al avance de la implementación del Estado Abierto; y

VI. Las demás que les confiera está Ley y demás ordenamientos.

Artículo 59 Quáter. Los sujetos obligados en el respectivo ámbito de sus competencias y facultades, en materia de Estado abierto deberán:

I. Garantizar la implementación y consolidación del Estado Abierto;

II Incentivar la colaboración de la sociedad civil a través de esquemas de participación ciudadana;

III. Fomentar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la ejecución de los servicios públicos;

IV. Crear políticas públicas internas para realizar sus actividades de conformidad con los principios de transparencia proactiva, la participación ciudadana, la innovación tecnología, el acceso a la información, rendición de cuentas y de los datos abiertos;

V. Facilitar la información pública en formatos abiertos, accesibles y reutilizables;

VI. Adoptar políticas internas para fomentar la transparencia pro activa como para fundamental del Estado Abierto;

VII. Procurar la creación ele esquemas de comunicación y difusión a través de las tecnologías de la información y la comunicación en rotación con el desarrollo de sus actividades: y

VIII. Las demás que les confiera está Ley y demás ordenamientos.

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente ordenamiento.

Notas

1 “El Estado Abierto en América Latina y el Caribe ¿Qué significa Estado abierto?”, Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Bibliotecas de la CEPAL. Disponible en el siguiente link digital

https://biblioguias.cepal.org/c.php?g=496958&p=86349 25

2 “Del Gobierno abierto al Estado abierto: La k9rada del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, Comisión Económica para América y el Caribe (CEPAL), Gregorio Montero, disponible en el siguiente link digital

https://www.oidp.net/docs/repo/doc188.pdf

3 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, Búsqueda de Tesis, disponible en el siguiente link digital:

https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/170998

4 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, Búsqueda de Tesis, disponible en el siguiente link digital:

https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2012524

5 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, Búsqueda de Tesis, disponible en el siguiente link digital:

https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2012526

6 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, Búsqueda de Tesis, disponible en el siguiente link digital: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2002944

7 https://www.corteidh.or.cr/CF/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Fic ha=332

8 Ibídem

9 Gobierno Federal de los Estados Unidos de Norteamérica página oficial de la Casa Blanca, “Memorandum for the Heads of Executive Departments and Agencies. Subject: Transparency and Open Government”. disponible en el siguiente link digital:

https://obamawhitehouse.archives.gov/realitycheck/the_pr ess_office/Transparency_and_Open_Government

10 “Declaración de compromisos por un Estado abierto”. Comisión Nacional de Moralización del Estado de Colombia, 23 de enero del 2017, Disponible en siguiente link digital:

https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2017-10/De claracion-compromisos-estado-abierto-Ene%202017.pdf

11 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, Declaración “Por la Construcción de un Estado abierto”, 2 de octubre del 2015. Disponible en el siguiente link digital:

http://www.asamblea.go.cr/pa/estado_abierto/Estado%20Abi erto.%2020Presidentes%20Supremos%20Poderes.jpg

Palacio Legislativo de San Lázaro, 4 de mayo del 2022.

Diputado Wilbert Alberto Batún Chulim (rúbrica), diputada Alma Anahí González Hernández (rúbrica)

(Turnada a las Comisión de Transparencia y Anticorrupción. Mayo 4 de 2022.)

Con proyecto de decreto, por el que expide la Ley de Agricultura Familiar, suscrita por la diputada Claudia Tello Espinosa, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, recibida en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 4 de mayo de 2022

La que suscribe, diputada federal Claudia Tello Espinosa, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la Legislatura LXV de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 55, fracción II, y 179 del Reglamento Para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que expide la Ley de Agricultura Familiar, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La agricultura familiar es un sector clave para lograr la erradicación del hambre y el cambio hacia sistemas agroalimentarios más sostenibles a nivel mundial. Por ello, esta iniciativa, busca fortalecer el ejercicio efectivo del derecho a alimentación, por medio del aprovechamiento y gestión de los recursos naturales desde la agricultura familiar para el desarrollo rural sostenible, la autosuficiencia y la soberanía alimentaria, así como para la conservación de la biodiversidad de nuestro país.

En América Latina, la agricultura familiar genera entre 30 y 40% del PIB agrícola y más del 60% del empleo rural, da empleo aproximadamente a dos de cada tres personas agricultoras, representa más del 70% de las unidades productivas, y es el principal abastecedor de la canasta básica de consumo de alimentos en todos los países.1

Uno de los sujetos sociales, más importantes son las y los agricultores familiares, aliados de la seguridad alimentaria y actores estratégicos en el esfuerzo de los países por lograr un futuro sin hambre. En nuestra región, el 80% de las explotaciones pertenecen a la agricultura familiar, incluyendo a más de 60 millones de personas, convirtiéndose en la principal fuente de empleo agrícola y rural.

Es importante destacar, que los agricultores familiares producen la mayor parte de los alimentos para el consumo interno de los países de la región, y habitualmente desarrollan actividades agrícolas diversificadas, que les otorgan un papel fundamental a la hora de garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y la conservación de la biodiversidad.

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura declaró al 2014 como el Año Internacional de la Agricultura Familiar. En 2019 comenzó el Decenio de la Agricultura Familiar (2019-2028), con la intención de visibilizar su relevancia, y construir un marco normativo especifico de apoyo a esta población.2

En el marco jurídico internacional de la Agricultura Familiar, se ha establecido a nivel convencional que los Estados deben respetar, proteger y garantizar los derechos de las personas dedicadas a la agricultura familiar. En tenor de esto, algunos instrumentos internacionales brindan especial reconocimiento y protección a los agricultores familiares, respondiendo a la necesidad de elevar su forma de producción y calidad de vida amenazados por situaciones de pobreza, desigualdad, inseguridad alimentaria y malnutrición (FAO, 2021).3

Asimismo, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (2018) dispone que los Estados respetarán, protegerán y harán efectivos los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales (artículo 2).

Se reconoce el derecho a la soberanía alimentaria, entendido como el derecho a definir sus propios sistemas agroalimentarios, englobando:

“el derecho a participar en los procesos de adopción de decisiones sobre la política agroalimentaria y el derecho a una alimentación sana y suficiente, producida con métodos ecológicos y sostenibles que respeten su cultura” (artículo 15).4

Por otra parte, la Asamblea General de las Naciones Unidas también ha destacado la importancia de la agricultura familiar en la producción de frutas y verduras, al declarar el año 2021 como el Año Internacional de las Frutas y Verduras.

En consecuencia, diversos países han impulsado, una serie de iniciativas e instrumentos internacionales que promueven la agricultura familiar. Entre ellos encontramos las “Directrices Voluntarias en Apoyo de la Realización Progresiva del Derecho a una Alimentación Adecuada en el Contexto de la Seguridad Alimentaria Nacional, las Directrices Voluntarias sobre la gobernanza responsable de la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques en el Contexto de la Seguridad Alimentaria Nacional y las Directrices Voluntarias sobre los Sistemas Alimentarios y la Nutrición”.5

Asimismo, se elaboró una la Ley Modelo de Agricultura Familiar desarrollada en el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino),6 que se ha convertido en un modelo de referencia para los Estados de la región. De manera que partir de las buenas prácticas puedan definir e implementar políticas y estrategias para la promoción y desarrollo de la agricultura familiar.

A nivel subregional, se destaca el Marco Normativo para Promover y Fortalecer la Economía Campesina y la Agricultura Familiar en la Región Andina del Parlamento Andino, que incorpora una sección relativa al Covid-19. A su vez, el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) ha desarrollado una Política de Agricultura Familiar Campesina, Indígena y Afrodescendiente.

En América Latina y el Caribe, 28 países contienen secciones o artículos relacionados con la agricultura, en forma amplia, en sus constituciones. Aunque no todos mencionan expresamente a la agricultura familiar, se debe tener presente que varios de los derechos consagrados para los agricultores en forma general son especialmente relevantes para aquellos dedicados a la agricultura familiar.

En México, no hay ninguna reglamentación en materia de agricultura familiar, por ello, creemos que es importante plantear una propuesta de Ley de Agricultura Familiar para avanzar a la incorporación de una legislación especial que contribuya a la promoción y desarrollo de la agricultura familiar. En un marco de inclusión, justicia, equidad y respeto a los derechos humanos para todas personas.

En virtud de lo anterior someto a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de:

Decreto

Artículo Único. Se expide la Ley de Agricultura Familiar, para quedar como sigue:

Ley de Agricultura Familiar

Capítulo I
Objeto de la Ley

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia general en toda la República mexicana en materia de agricultura familiar.

Tiene por objeto la preservación, promoción y desarrollo de la agricultura familiar, en un marco de inclusión, justicia, equidad y respeto a los derechos humanos para todas personas, así como fortalecimiento del derecho a alimentación, el desarrollo rural sostenible, la autosuficiencia y la soberanía alimentaria, así como la conservación de la biodiversidad, la participación social, la transparencia y la rendición de cuentas.

Artículo 2. Son objetivos de esta Ley:

I. Establecer principios y las bases para orientar las políticas públicas y los programas del Estado mexicano en materia de agricultura familiar con enfoque integral, inclusivo, interdisciplinario, sostenible y multisectorial;

II. Contribuir al ejercicio efectivo del derecho humano a una alimentación adecuada y al desarrollo integral de las personas, familias y comunidades;

III. Promover el diseño y ejecución de políticas relacionadas con la agricultura familiar culturalmente adecuadas, con perspectiva de género, interseccionalidad, intercultural y etaria;

IV. Fomentar que los agricultores familiares produzcan alimentos para el autoconsumo familiar y generen excedentes para comercializar, preferentemente en sus comunidades y para fortalecer el desarrollo productivo sostenible;

V. Fomentar el bienestar social y económico de los productores, reducir la pobreza del sector rural;

VI. Contribuir al desarrollo de la economía social, solidaria y comunitaria;

VII. Fortalecer los circuitos cortos de comercialización y fomentar las compras públicas, para que la población acceda de la manera directa, a los alimentos producidos en el país por la agricultura familiar;

VIII. Fortalecer las prácticas agroecológicas, resilientes frente al cambio climático y para el desarrollo productivo sostenible;

IX. Garantizar el respeto, protección, fomento de los patrimonios bioculturales de la agricultura campesina, familiar y agroecológica, las semillas y variedades nativas, así como la agrobiodiversidad y los sistemas tradicionales de producción de alimentos, y

X. Contribuir a la consolidación de sistemas alimentarios resilientes, inclusivos, nutricionales y sostenibles, basados en el respeto a la producción de la agricultura familiar.

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

I. La agricultura ecológica: Sistema de producción que mantiene y mejora la salud de los suelos, los ecosistemas y de las personas. Se basa fundamentalmente en los procesos ecológicos, la protección a la biodiversidad y los ciclos adaptados a las condiciones locales, sin usar insumos que tengan efectos adversos;

II. Agricultura familiar: Es el modo de vida y trabajo agrícola practicado por hombres y mujeres preponderamente de un mismo núcleo familiar o a través de pequeñas unidades productivas familiares independientemente del régimen de propiedad de la tierra. Su actividad es destinada para el autoconsumo o trueque y comercialización, que puede ser la recolección, agricultura, silvicultura, pesca artesanal o servicios como el hortícola, frutícola, forestal, apícola, pecuario, pesquero artesanal, acuícola y de agroturismo. Estas actividades pueden ser realizadas por personas indígenas, campesinas y/o afrodescendientes;

III. Autosuficiencia alimentaria: La capacidad del Estado para garantizar la producción de la mayoría de los alimentos que precisa la población para satisfacer sus necesidades alimentarias mínimas;

IV. Circuitos cortos de comercialización: Forma de comercio en los que se reducen las distancias que recorren los productos agrícolas, primordialmente frescos y/o de temporada, para que accedan a ellos las personas consumidoras y que también reducen la participación de intermediarios. Se basan preferentemente en la venta directa de productos, entre productores y consumidores a precios justos. Algunas formas de estos circuitos cortos son las ferias locales; puntos de venta locales o mercados campesinos; compras públicas; esquemas de comercio justo nacionales e internacionales, canastas de venta anticipada; trueque u otros.

V. Unidad productiva familiar: Es la unidad de explotación rural que depende preponderantemente del trabajo familiar desarrollado sobre determinada área, con independencia de su forma jurídica o régimen de tenencia del predio, administrada y operada directamente por los miembros de la familia, quienes residiendo en el o en zona cercana, obtienen de ella su principal fuente de ingreso. El área máxima de la explotación y el número de personal contratado, permanente o temporal, serán definidos en la reglamentación por la Secretaría, conforme a las condiciones específicas de cada región y categoría o rama de actividad;

VI. Patrimonios bioculturales: Comprenden los recursos naturales bióticos intervenidos en distintos grados de intensidad por el manejo diferenciado y el uso de los recursos naturales según patrones culturales, los agroecosistemas tradicionales, la diversidad biológica domesticada con sus respectivos recursos fitogenéticos desarrollados y/o adaptados localmente;

VII. Prácticas agroecológicas: Las prácticas agroecológicas aprovechan, mantienen y mejoran los procesos biológicos y ecológicos en la producción agrícola, con el fin de reducir el uso de insumos adquiridos que incluyen combustibles fósiles y productos agroquímicos y de crear agroecosistemas más diversos, resilientes y productivos. Los sistemas de cultivo agroecológicos valoran, entre otras cosas: la diversificación; los cultivos mixtos; los cultivos intercalados; las mezclas de variedades; las técnicas de gestión de hábitats para la biodiversidad asociada a los cultivos; el control biológico de plagas; la mejora de la estructura y salud del suelo: la fijación biológica del nitrógeno; y el reciclado energético, de nutrientes y de residuos;

VIII. Registro: Registro Nacional de Agricultura Familiar;

IX. Recurso Biológico Colectivo: Se define como un producto derivado de un recurso y producido en un territorio, que constituye un eje ordenador de acciones regionales de conservación in situ de la diversidad biológica y desarrollo comunitario;

X. Secretaría: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural;

XI. Seguridad alimentaria: La garantía de que los individuos, las familias y la comunidad en su conjunto, accedan en todo momento a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos, principalmente producidos localmente en condiciones de competitividad, sostenibilidad y equidad, para que su consumo y utilización biológica les procure óptima nutrición, una vida sana y socialmente productiva, con respeto de la diversidad cultural y preferencias de los consumidores, y

XII. Soberanía alimentaria: Es el derecho de los pueblos y de las naciones a definir e implementar libremente sus políticas y estrategias de producción, distribución y consumo de alimentos que garanticen su seguridad alimentaria y nutricional y la realización del Derecho Humano a una Alimentación Adecuada.

Capítulo II
De los principios de Agricultura Familiar

Artículo 4. De los principios rigen está ley:

I. Igualdad: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho. El Estado mexicano en su conjunto garantizará las condiciones necesarias para lograr la igualdad real y efectiva para todas las personas y comunidades, adoptando medidas y políticas de acción afirmativa y diferenciada que valoren la diversidad, con el objetivo de lograr equidad y justicia social, garantizando condiciones específicas para el goce y ejercicio de sus derechos en el desarrollo del modo de vida y la práctica de la agricultura familiar;

II. No discriminación: El Estado mexicano deberá garantizar las acciones y mecanismos necesarios que en el desarrollo de la agricultura familiar para que todas las personas, puedan superar dinámicas de marginación por razón de género, situación económica, ubicación geográfica, etnicidad, cultura, orientación sexual e identidad de género, afinidades políticas, religión, edad, de capacidades diferentes o de otra índole;

III. Pluralidad: Reconocimiento y respeto de la diversidad de valores, opiniones y prácticas de vivencia familiar y comunitaria por parte de las autoridades del Estado mexicano;

IV. Solidaridad: Se fundamenta en los intereses superiores de la sociedad, a través del actuar comunitario en procurar el bien común y más allá de los intereses particulares;

V. Sostenibilidad: Las acciones e intervenciones deben orientarse hacia procesos que aseguren la sostenibilidad, hacer un uso racional y responsable de los ecosistemas, agua, suelo, biodiversidad y paisajes del país, sin deteriorarlos ni atentar contra la integridad ecológica, aspecto clave para la vida y el desarrollo, en beneficio de las actuales y futuras generaciones;

VI. Participación: Las personas, familias y comunidades rurales podrán participar en la planificación, formulación, vigilancia y evaluación de las acciones realizadas en los tres órdenes de gobierno para garantizar la promoción y desarrollo de la agricultura familiar. Esta participación debe ser libre, activa y significativa, ejercida de manera directa o a través de organizaciones que representen intereses específicos;

VII. Transparencia: Garantiza la rendición de cuentas y el buen manejo de los recursos tanto financieros como naturales, deberá ser una norma de conducta de las organizaciones y de las instituciones del sector público. Al mismo tiempo se manifiesta en los procesos de toma de decisiones, de forma clara, que genere confianza entre los agricultores familiares y de los organismos nacionales, regionales e internacionales de cooperación técnica y financiera, y

VIII. Rendición de cuentas: Existirán mecanismos de evaluación de las intervenciones de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, basados en información, métodos y sistemas de monitoreo objetivos, que garanticen la auditoría social.

Artículo 5. El Estado mexicano reconoce a la agricultura familiar y su importancia como modo de vida y actividad productiva que contribuye a la autosuficiencia, soberanía y seguridad alimentaria, a la conservación de la biodiversidad, así como al uso sostenible de los recursos naturales y el desarrollo rural del país.

Artículo 6. Las autoridades en sus tres órdenes de gobierno en ámbito de sus competencias, tendrán la obligación de garantizar la preservación, promoción y desarrollo de la agricultura familiar, así como el acceso equitativo y el uso sostenible de los recursos naturales.

Todas las autoridades están obligadas a garantizar el respeto de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas de sus usos costumbres en materia de agricultura familiar.

Artículo 7. El Poder Ejecutivo Federal, y los poderes ejecutivos de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, integrarán en sus políticas alimentarias el apoyo a la agricultura familiar, atendiendo a su dimensión cultural y social con perspectiva de género.

Promoverán la igualdad sustantiva del trabajo entre mujeres y hombres en la producción, así como la integración paritaria de todos los órganos de toma de decisión.

Artículo 8. Las dependencias y entidades que integran la Administración Pública Federal, entidades federativas, municipales y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, promoverán, en el ámbito de sus competencias políticas especiales a favor de los pequeños y medianos productores y las organizaciones sociales proveedoras de alimentos que tengan por objeto integrar la oferta de alimentos, materias primas e insumos para una alimentación adecuada que responda a condiciones de inocuidad y calidad.

Artículo 9. El Estado mexicano promoverá la investigación pública orientada al análisis de las características específicas de la agricultura familiar nacional y regionales, para promover la incorporación de buenas prácticas para las agricultoras y los agricultores familiares.

Artículo 10. En la aplicación del contenido de la presente Ley, prevalecerá la interpretación que más favorezca la protección de los derechos humanos, así como el derecho de las personas de manera individual y colectiva a participar en el uso, aprovechamiento de los recursos naturales para la agricultura familiar, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad, equidad e interculturalidad.

Así como los principios rectores de política nacional relativa a la agricultura familiar, establecidos en la presente Ley, y lo dispuesto en los tratados e instrumentos internacionales relacionados con la materia.

Capítulo III
De los derechos de las personas agricultoras familiares

Artículo 12. Las personas agricultoras familiares que trabajan en las zonas rurales tienen derecho a acceder y a participar en la gestión de los recursos naturales presentes en su comunidad para gozar de condiciones de vida digna, y a utilizar los recursos naturales de manera sostenible, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Mexicanos y los tratados internacionales.

Artículo 13. Las autoridades de los tres órdenes de gobierno deberán tomar medidas de atención especial a los derechos y las necesidades especiales de las personas agricultoras familiares que trabajan en las zonas rurales, en especial de las personas adultas mayores, las mujeres, las personas jóvenes y, al interés superior de la niñez y las personas con discapacidad.

Artículo 14. Las personas agricultoras familiares que trabajan en las zonas rurales tienen derecho a participar libremente, ya sea directamente o por conducto de sus organizaciones representativas, en la elaboración y aplicación de las políticas públicas, en los programas y en los proyectos que puedan afectar a su vida, su tierra y sus medios de subsistencia.

Artículo 15. Las personas agricultoras familiares que trabajan en las zonas rurales tienen derecho a buscar, recibir y difundir información, sobre los factores que puedan afectar a la producción, la elaboración, la comercialización y la distribución de sus productos.

Artículo 16. El Estado mexicano garantizará que las personas agricultoras que trabajan en las zonas rurales tengan acceso a información de calidad, transparente, oportuna y suficiente, y culturalmente adecuada por los medios sencillos que se ajusten a sus usos y costumbres, para garantizar su participación efectiva en la adopción de decisiones sobre las cuestiones que puedan afectar a su vida, su tierra y sus medios de subsistencia.

Artículo 17. Las autoridades de los tres órdenes de gobierno adoptarán todas las acciones necesarias para erradicar todas las formas de discriminación de las mujeres que trabajan en las zonas rurales y para promover su empoderamiento de manera que puedan disfrutar plenamente de la igualdad sustantiva, de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Artículo 18. El Estado mexicano garantizará que las mujeres que trabajan en la agricultura familiar disfruten sin discriminación de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales establecidos en la presente Ley, nuestra Constitución y tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos.

Artículo 19. Las personas agricultoras familiares tendrán derecho a participar, en condiciones de igualdad y de manera efectiva, en la formulación y ejecución de los planes de desarrollo a todos los niveles y acceder a todos los tipos de formación y educación, formal o informal, y de divulgación, a fin de aumentar sus competencias técnicas.

Artículo 20. Tendrán derecho las personas agricultoras a organizar grupos, asociaciones y cooperativas a fin de acceder en condiciones de igualdad a las oportunidades económicas mediante el empleo por cuenta propia o por cuenta ajena y participar en todas las actividades comunitarias.

Artículo 21. El Estado mexicano garantizará y promoverá que las· personas agricultoras familiares a través de las instancias competentes puedan acceder a condiciones favorables de servicios financieros, créditos y préstamos agrícolas, así como servicios de comercialización y tecnologías apropiadas.

Capítulo IV
De las directrices de Agricultura Familiar

Artículo 11. El Estado mexicano a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, impulsará políticas, acciones y programas específicos de apoyo y fomento a la agricultura familiar, que serán considerados prioritarios para garantizar el derecho a la alimentación adecuada y el desarrollo rural sostenible del país.

Las directrices de las políticas públicas para el desarrollo de la agricultura familiar estarán orientadas a:

I. Desarrollar la agricultura familiar por medio de un aprovechamiento sostenible, justo y equitativo;

II. La planificación, así como toda política pública en materia de agricultura familiar, deberá considerar el presupuesto para el desarrollo productivo sostenible para el bienestar de las personas de acuerdo a las necesidades y prioridades de sus comunidades, al interés social y a la naturaleza;

III. El diseño e implementación de políticas relacionadas con la agricultura familiar, deberán estar basados en la participación amplia y equitativa de la sociedad, un enfoque interseccionalidad y perspectivas de género, intercultural y etaria, así como ser deberán ser culturalmente adecuadas;

IV. Desarrollar programas de capacitación, asistencia técnica y financiamiento accesible para las actividades de producción, transformación, acondicionamiento y comercialización de los productos de agricultura familiar;

V. Facilitar y estimular las formas de organización colectivas de los agricultores familiares y poner en práctica programas de generación de capacidades, independientemente de la forma de posesión de tierra, permitiendo la participación plena de mujeres agricultoras familiares que no posean tierras de manera formal;

VI. Promover la agricultura familiar a través de la investigación pública orientada a las características particulares de la agricultura familiar, facilitando la apropiación de las innovaciones y buenas prácticas para las personas agricultoras familiares;

VII. Facilitar la asistencia técnica, asesoramiento para las personas agricultoras familiares;

VIII. Fomentar mecanismos de apoyo para los circuitos cortos de comercialización, así como la infraestructura necesaria para el acondicionamiento, acopio, transporte, exposición y comercialización de los productos en los mercados locales y ferias agropecuarias, incluyendo las prácticas de intercambio entre las unidades productivas familiares;

IX. Promover la capacitación y formación técnica adecuada para las personas agricultoras familiares del país;

X. Se respetará a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas de sus usos y costumbres, que permitan el desarrollo de sus capacidades de producción, gestión, organización, planificación y formulación de proyectos de agricultura familiar;

XI. Aplicar los principios de derechos humanos establecidos en la ley, tratados y otros instrumentos jurídicos internacionales aplicables;

XII. Conducir a la promoción y desarrollo de la agricultura familiar, considerando su importancia en la autosuficiencia alimentaria, soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, así como la protección de la biodiversidad, el uso sostenible de los recursos naturales, las acciones de mitigación y de adaptación al cambio climático;

XIII. Definir las estrategias y desarrollará los programas que permitan cumplir con la finalidad y objetivos de esta ley;

XIV. Trabajar con los representantes de la sociedad civil y tomar en consideración sus opiniones, respetando los usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas;

XV. Proveer de asistencia técnica, asesoramiento y transferencia de tecnologías a las personas agricultoras familiares;

XVI. Fomentar la capacitación y formación profesional adecuada a los distintos integrantes del núcleo familiar, así como las comunidades campesinas e indígenas, para el desarrollo de sus capacidades de producción, gestión, organización, planificación y formulación de proyectos de agricultura familia;

XVII. Promover la preservación del patrimonio genético, propiciando el derecho de las y los productores al acceso, uso, intercambio, comercialización, multiplicación y resguardo de los genes y germoplasmas nativos y acriolladas, y

XVIII. Las demás disposiciones contenidas en la presente Ley.

Capítulo V
De la Autoridad Responsable de la Agricultura Familiar

Artículo 22. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, será la encargada de la formulación, desarrollo y ejecución de la política nacional en materia de agricultura familiar, y establecerán políticas públicas y lineamientos que contribuyan con el desarrollo rural sostenible del país.

Artículo 23. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en materia de agricultura familiar tendrá las siguientes obligaciones:

I. Conducir la promoción y desarrollo de la agricultura familiar, considerando su importancia para la autosuficiencia, soberanía y seguridad alimentaria y nutricional del país;

II. Proteger la biodiversidad y garantizar el uso sostenible de los recursos naturales y promover prácticas agroecológicas en la agricultura familiar;

III. Promover acciones de mitigación y de adaptación al cambio climático;

IV. Definir las estrategias y desarrollar los programas que permitan cumplir con la finalidad y objetivos de esta norma;

V. Trabajar con los representantes de la sociedad civil y tomará en consideración sus opiniones, respetando los usos y costumbres de los pueblos comunidades indígenas y afromexicanas, y

VI. Coordinarse con los diferentes órdenes de gobierno para llevar a la práctica las políticas y estrategias de desarrollo de la agricultura familiar, colaboración con las diversas instancias y actores involucrados, en el plano nacional, regional y local en materia de agricultura familiar.

Capítulo VI
Del Registro Nacional de Agricultura Familiar

Artículo 24. La Secretarla creará un Registro Nacional de Agricultura Familiar que permita identificar y analizar las características cuantitativas y cualitativas de las personas agricultoras familiares a nivel nacional y regional.

Artículo 25. Los requisitos y mecanismos de integración del Registro de Agricultura Familiar se establecerán en los Lineamientos que para este fin desarrolle la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Artículo 26. La Secretaría deberá coordinar con las instancias correspondientes la promoción de la capacitación y formación a todos los niveles en materia de agricultura familiar.

Capítulo VII
De la participación social

Artículo 27. La Secretaría a través de convocatoria pública establecerá las bases para integración de un Consejo Nacional de Agricultura Familiar que será un espacio consultivo de las políticas públicas en materia de agricultura familiar con la participación e integración de los principales representantes de las personas agricultoras familiares, organizaciones sociales, académicas y académicos e instituciones públicas y organismos nacionales e internacionales a fines a la materia.

Artículo 28. La Secretaría tendrá la obligación de garantizar la participación amplia, transparente y multisectorial a través del Consejo para elaborar las políticas o programas de agricultura familiar.

Artículo 29. La Secretaria, en colaboración con universidades, instituciones y organismos especializados en materia agrícola, tendrá la obligación de promover los esfuerzos y las acciones en materia de investigación, desarrollo, innovación y transferencia tecnológica para fortalecer a la agricultura familiar en el país.

Las acciones que deberán atender:

I. Las áreas y necesidades prioritarias para la agricultura familiar en las que sea necesario apoyar en las actividades, proyectos de investigación, desarrollo, innovación y transferencia tecnológica, siendo sus propósitos fundamentales los siguientes;

II. Garantizar el cumplimiento de los derechos humanos;

III. Promover el conocimiento para el acceso y uso sostenible de los recursos; IV. Promover el conocimiento para la conservación de los ecosistemas y recursos naturales;

V. Promover y difundir criterios, metodologías y tecnologías basados en las mejores prácticas a favor de agricultura familiar sostenible, y

VI. Diseñar y proponer políticas públicas para impulsar la producción agroecológica.

Capítulo VIIICambio climático y gestión de riesgos naturales y antropogénicos

Artículo 30. La Secretaría deberá contemplar la implementación de medidas para prevenir el impacto de los efectos del cambio climático, riesgos naturales y antropogénicos que afecten a la agricultura familiar y el derecho alimentación, los ecosistemas y la biodiversidad.

Artículo 31. La Secretaría deberá llevar a cabo campañas de sensibilización y concientización de los efectos del cambio climático global y las mejores prácticas agroecológicas en la agricultura familiar, así como de las medidas y acciones de prevención, respuesta y adaptación pertinentes.

Capítulo IX
Del financiamiento a la Agricultura Familiar

Artículo 32. El Presupuesto de Egresos de la Federación, asignará los recursos necesarios para la implementación de los programas de fortalecimiento de la agricultura familiar.

Artículo 33. Estado mexicano, promoverá las inversiones necesarias para mejorar las capacidades técnicas de las personas agricultoras para efectos del cumplimiento de la presente Ley.

Capítulo X
Infracciones y sanciones administrativas

Artículo 34. Se consideran infracciones a la presente Ley, los actos u omisiones que contravengan las obligaciones establecidas en esta Ley.

Artículo 35. Las infracciones administrativas a que se refiere este título o cualquier otra derivada del incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ley, cometidas por servidores públicos, serán sancionadas ante la autoridad competente en términos de la legislación aplicable en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, según corresponda.

Artículo 36. Las infracciones administrativas cometidas por personas físicas o morales que no revistan la calidad de servidores públicos, serán sancionadas por las autoridades que resulten competentes de conformidad con las normas aplicables.

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se otorga un plazo de 60 días naturales para que el titular del Ejecutivo Federal a través de Secretaría, emita la convocatoria para la creación del Consejo Consultivo de Agricultura Familiar y los Lineamientos para la promoción de la Agricultura Familiar.

Tercero. Se otorga un plazo de 90 días naturales la Secretaría cree el Registro Nacional de Agricultura Familiar.

Cuarto. En el Presupuesto de Egresos de la Federación, asignará los recursos necesarios para la implementación de los programas de fortalecimiento de la agricultura familiar de acuerdo a disponibilidad de recursos y de manera progresiva.

Quinto. Se otorga un plazo de 180 días para que las autoridades correspondientes armonicen la normatividad relacionada al presente decreto.

Notas

1. FAO. 2014a. Agricultura Familiar en América Latina y el Caribe: Recomendaciones de Política. Santiago (Chile). 486 páginas. (disponible en: http://www.fao.org/3/i3788s/i3788s.pdf).

2. FAO. 2014b. El estado mundial de la agricultura y la alimentación. La innovación en la agricultura familiar. Roma (Italia). 175 páginas. (disponible en: http://www.fao.org/3/i4040s/i4040s.pdf).

3. FAO. 2021. Libro Blanco/Wiphala Sobre Sistemas Alimentarios de los Pueblos Indígenas. Roma (Italia). 133 páginas (disponible en: https://doi.org/10.4060/ cb4932es).

4. 2018. Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales https://conacyt.mx/cibiogem/images/cibiogem/normatividad/estandares_dh/docs_estandares_dh/
Declaracin_de_las_Naciones_Unidas_sobre_Derechos_de_los_Campesinos_y_Otras_Personas_que_Trabajan
_en_las_Zonas_Rurales_2018.pdf

5 FAO. 2018b. Directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala en el contexto de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza. San Salvador (El Salvador). 27 páginas. (disponible en:

http://www.fao.org/3/I8347ES/i8347es.pdf).

6 Parlatino. 2016. Ley Modelo de Agricultura Familiar. https://www.fao.org/3/17354ES/17354ES.pdf.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de mayo de 2022.

Diputada Claudia Tello Espinosa (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Mayo 4 de 2022.)

Que reforma diversas disposiciones a la Ley del Servicio Militar, en materia de servicio militar par a mujeres, recibida de la diputada Laura Imelda Pérez Segura, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión del miércoles 4 de mayo de 2022

La suscrita, diputada federal Laura Imelda Pérez Segura , del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Servicio Militar, en materia de servicio militar para mujeres, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

I. Objetivo de la Presente Iniciativa

La iniciativa aquí presentada pretende reformar diversas disposiciones de la Ley del Servicio Militar, como los son los artículos 1, 4, 5 Bis, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 24, 26, 33, 41, 42, 46, 48, 49, 50, 51 , 53, 55, 56, 58 y 63 de dicha ley, a fin de establecer el servicio militar obligatorio para mujeres, así como adecuar la terminología usada en dicha ley, esto en un contexto de fortalecimiento de la inclusión, la equidad de género y los derechos de las mujeres.

II. Participación de las mujeres en la vida militar: Caso México

En el año 2011 , se creó el Observatorio para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, con la misión de planear, evaluar e implementar acciones para prevenir y eliminar toda forma de discriminación y promover el trato digno y respetuoso.1

La participación de las mujeres en el Ejército se ha orientado, mayormente, en las áreas administrativas y de sanidad, no obstante, en las últimas décadas y derivado de una agenda internacional en materia de igualdad de género, se ha incrementado la presencia de mujeres en labores más relevantes en la vida militar, por ejemplo:

-En el año 2013, Lucero Melo González se gradúa como la primera mujer de la Escuela Militar de Ingenieros.2

-En el año 2014 se amplía el escalafón para las enfermeras militares al grado de coronel. También se da la apertura para que aquellas pertenecientes a las distintas dependencias del Ejército realicen el Curso Básico de Fuerzas Especiales.3

-En el año 2016 se gradúan las primeras oficiales de Artillería y Zapadores del Heroico Colegio Militar.4

-En el año 2017 la Escuela Militar de Enfermeras cambia su denominación por el de Escuela Militar de Enfermería, y por vez primera admite a hombres. También se da cabida al ingreso de mujeres a la Escuela Militar de Oficiales de Sanidad.5

-En el año 2018 la directora de la Escuela Militar de Enfermería, coronel enfermera Maricela Macedo Flores, fue condecorada por sus 40 años de carrera militar.6

De acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres en su boletín “La participación de las mujeres en las Fuerzas Armadas”, en el año 20197 existían 25 mil 495 mujeres en el Ejército y Fuerza Aérea, cifra ampliamente menor con relación a los hombres, que registraban una participación de 188 mil 762 elementos.

Fuente: Instituto Nacional de las Mujeres con información proporcionada por el Observatorio para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos

Con respecto al Servicio Militar Nacional, a partir del año 2000 y con el fin de promover la participación de la mujer en términos de equidad de género, se acepta la integración voluntaria de aquellas mujeres que quieran realizar su servicio de armas.8

No obstante, según datos de la Secretaría de la Defensa Nacional, el número de mujeres voluntarias en el Servicio Militar Nacional ha decaído abruptamente9 entre los años 2000 y 2020.10

-Durante el 2000, el número de mujeres que decidieron participar fue de 18 mil 88.

-Para el año 2006, el número de mujeres inscritas en el Servicio Militar Nacional fue de 6 mil 647.

-En el año 2012, se registraron mil 639 mujeres.

-Durante el 2018, el número de mujeres voluntarias fue de mil 171.

-Para el año 2020, solo hubo 797 mujeres voluntarias en el servicio militar.

La baja participación de la mujer en el servicio de armas demuestra que no se ha dado el impulso necesario para su integración total a la vida militar, integración que es clave para lograr una representatividad proporcional con respecto a los hombres y, con ello, eliminar la situación de desigualdad que enfrentan ·las mujeres en este ámbito.

De acuerdo con el sitio web de la Secretaría de la Defensa Nacional Sedena, la participación de la mujer en el servicio militar tiene los siguientes alcances:

“1. Proporcionar los conocimientos básicos del adiestramiento militar.

2. Fomentar en las mujeres voluntarias el nacionalismo y el respeto a los símbolos patrios.

3. Contribuir a realizar acciones cívicas y obras sociales tendentes al desarrollo y progreso del país.

4. Fomentar un mayor rendimiento en los conscriptos a través de la sana competencia con la mujer voluntaria incorporada al programa de adiestramiento militar del Servicio Militar Nacional.”11

En esa línea de ideas y ante una actual y constante lucha por los derechos de las mujeres, establecer la obligatoriedad en el servicio militar para las mujeres contribuiría enormemente al alcance, representatividad y diversificación de los papeles de la mujer en las fuerzas armadas del país.

Asimismo, convertir el servicio militar igualmente obligatorio para mujeres y hombres, combate una visión sexista en perjuicio de ambos géneros que debe erradicarse con acciones concretas, mediante las cuales se reconozca la plena igualdad entre hombres y mujeres.

III. Antecedentes extranjeros. Participación de la mujer en el Servicio Militar

En el año 2000, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 1325 sobre las mujeres, la paz y la seguridad.12 Donde se resaltan los conocimientos y las capacidades de las mujeres en la construcción de la paz que, entre varias aspectos, podemos destacar el siguiente:

“I. Insta a los Estados Miembros a velar por que aumente la representación de la mujer en todos los niveles de adopción de decisiones de las instituciones y mecanismos nacionales, regionales e internacionales para la prevención, la gestión y la solución de conflictos.”

Noruega

En el año 2016, el parlamento noruego aprobó un proyecto de ley que incluyó a las mujeres en el servicio militar, esto con el fin de promover la igualdad de género. El proyecto de ley entró en vigencia en el mismo año y a partir de entonces todas las mujeres de 19 a 44 años de edad deben inscribirse al servicio de armas.13

Suecia

El servicio de armas en Suecia es obligatorio para mujeres y hombres mayores de edad, con una duración de 11 meses en servicio.14

Israel

En el caso de Israel, el servicio militar es obligatorio tanto para mujeres como para hombres, a partir de 1994, las mujeres pueden participar en todas las posiciones de combate militar.15

IV. Beneficios de la participación de la mujer en el servicio militar

De acuerdo con la Sedena,16 la participación de las mujeres en el Servicio Militar Nacional fortalece la inclusión en materia de equidad de género.

La participación activa de la mujer en el servicio de armas resulta clave para lograr una representatividad proporcional con respecto a los hombres, de acuerdo con el artículo “La participación de las mujeres en el Ejército mexicano: Avances y desafíos”,17 incentivar la participación de la mujer en la vida militar sería :

“Una ventana de oportunidad para el Ejército, caracterizado por estar a la vanguardia, al incentivar una cultura de igualdad de género que permee las raíces estructurales de la sociedad mexicana, donde, paradójicamente, el rol de la mujer en el núcleo familiar es crucial; por tanto, lo inclusión de las mujeres en el Ejército mexicano significa no solo un avance cualitativo, sino también, una mayor diversidad de pensamiento y, por ende, de toma de decisiones y de respuestas ante lo complejidad nocional y del acontecer mundial”.

V. Antecedentes de trabajo legislativo en la materia

En el año 2019, el grupo parlamentario de senadores por el PT propuso una iniciativa de reforma que pretendía establecer como obligatorio el servicio militar para las mujeres, esto para adecuarse a la parida de género en beneficio de reducir las desigualdades entre hombres y mujeres.18

Otro precedente se presentó cuando el diputado federal por el PAN, Carlos Alberto Valenzuela González, propuso en octubre del 2019, una iniciativa que buscaba reformar diversas disposiciones de la Ley del Servicio Militar, en materia de servicio militar para mujeres, iniciativa que estipulaba, entre otras cosas, la obligatoriedad para mujeres de llevar a cabo su servicio militar.19

VI. Texto normativo propuesto

Con el fin de estipular el servicio militar obligatorio para mujeres, se pretende reformar el artículo 1 de la Ley del Servicio Militar y, posteriormente, para adecuar la terminología usada, se pretende reformar los artículos 4, 5 Bis, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 24, 26, 33, 41, 42, 46, 48, 49, 50, 5 1, 53, 55, 56, 58 y 63 de dicha ley, para quedar de la siguiente manera:

Es por lo anteriormente expuesto, que someto a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reformar los artículos 1, 4, 5 Bis, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 24, 26, 33, 41, 42, 46, 48, 49 , 50, 51, 53, 55, 56, 5 8 y 63 de la Ley del Servicio Militar

Único. Se reforman los artículos 1, 4, 5 Bis, 8, 11 , 1 3, 14, 15, 1 6, 1 9, 24, 26, 33, 41, 42, 46, 48, 49, 50, 5 1, 53, 55, 56, 58 y 63 de la Ley del Servicio Militar, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se declara obligatorio y de orden público el servicio de las armas para todas las mexicanas y todos los mexicanos por nacimiento o naturalización, quienes lo prestarán en el Ejército o en la Armada, como soldados, clases u oficiales, de acuerdo con sus capacidades y aptitudes.

...

A las y los extranjeros que deban prestar servicios militares en México, se les aplicarán, como si fueran de nacionalidad mexicana , todas las disposiciones de esta Ley y de sus Reglamentos; exceptuando lo estipulado o lo que pueda estipularse al respecto, en acuerdos o convenios internacionales .

Artículo 4o. Los preliminares del alistamiento de cada clase para el servicio de las armas, se llevarán a cabo durante el segundo semestre del año en que cumplan las mexicanas y los mexicanos 18 años de edad, comenzando su servicio militar el 1o. de enero del año siguiente. Sus obligaciones militares terminan el 3 1 de diciembre del año en que cumplan los 45 años de edad.

Artículo 5 Bis. En tiempo de paz, las mexicanas y los mexicanos por nacimiento que adquieran otra nacionalidad, al cumplir con sus obligaciones del servicio de las armas no serán considerados en el activo en los términos de lo dispuesto en esta ley y en las disposiciones reglamentarias.

Artículo 8. En caso de llamamiento, las mexicanas y los mexicanos reservistas quedarán sujetos a las leyes y disposiciones militares desde la fecha que se establezca en él.

Artículo 11. Todas las mexicanas y todos los mexicanos de edad militar de acuerdo con el artículo 5o. tienen la obligación de inscribirse en las Juntas Municipales o en nuestros consulados en el extranjero, en las fechas que designe la Secretaría de la Defensa Nacional.

Artículo 13. El contingente formado por todas las mexicanas y todos los mexicanos nacidos en un mismo año recibe la denominación de clase del año en que nacieron.

Artículo 14. La Secretaría de la Defensa Nacional fijará, anualmente, de acuerdo con las posibilidades económicas del erario y según lo exijan las necesidades nacionales, el contingente de personas que debe incorporarse al activo, así como las unidades a que deben hacerlo. En principio, la incorporación de los contingentes debe hacerse a las unidades establecidas en las regiones de donde son residentes.

Artículo 15. Cuando el efectivo de la clase exceda del llamado al activo, el contingente se designará por sorteos; las personas a quienes no haya correspondido pasar al activo, quedarán sujetos a períodos de instrucción conforme a las disposiciones que dicte la Secretaría de la Defensa Nacional.

Artículo 16. Las personas de la primera y segunda reservas concurrirán a los períodos de instrucción que en el Reglamento de esta Ley se determinen.

Artículo 19. Los patrones, sindicatos, uniones, comisariados ejidales, padres, tutores y además toda persona moral o física de quienes dependan económicamente personas con obligaciones militares, deberán exigirles que cumplan con éstas y, en su defecto, inscribirlos y presentarlos ante las Juntas Municipales de Reclutamiento.

Artículo 24. En el activo del Ejército se podrán admitir voluntarias y voluntarios hasta completar la cifra que anualmente fije la Secretaría de la Defensa Nacional, cuando se satisfagan los siguientes requisitos:

...

Artículo 26. Se podrá conceder el aplazamiento de la incorporación al activo:

a) A las y los estudiantes, por el tiempo que sea necesario de acuerdo con los planes de estudios que exijan las leyes de instrucción; pudiendo la Secretaría de la Defensa Nacional, aumentar ese plazo, cuando por causas de fuerza mayor justificadas, el estudiante no termine sus estudios en el plazo señalado;

b) A las y los residentes en el extranjero, hasta por 5 años;

c) A las personas que se encuentren procesados o compurgando condena en el año que cumplan los 18 años, y

d) A quienes sean sostén de familia durante los cinco años posteriores a la edad de enrolamiento, debiendo cumplir su servicio activo si dejan de serlo antes de ese lapso.

Artículo 33. A las mexicanas y los mexicanos que hubieren ostentado con anterioridad alguna jerarquía militar y estén fuera del servicio activo, les será reconocida dentro de la Reserva que les corresponda conforme a su edad, a menos que su separación esté ordenada por sentencia que haya causado ejecutoria.

Artículo 41. Las Oficinas de Reclutamiento de Sector harán practicar el examen médico a todas las personas que hayan hecho reclamaciones relacionadas con su aptitud física para el servicio de las armas, resolviendo lo conducente en cada caso; turnará a la Oficina de Reclutamiento de Zona toda la documentación relaciona da con la conscripción, así como las reclamaciones que surjan por motivos a jenos a incapacida d física y recibirán copia de toda la documentación relacionada con las resoluciones que tome la Oficina de Reclutamiento de Zona.

Artículo 42. Las Juntas Municipales de Reclutamiento tendrán a su cargo principalmente el empadronamiento de todas las personas de edad militar y el reconocimiento médico, recibir todas las reclamaciones y solicitudes, turnándolas con un informe a la Oficina de Reclutamiento de Sector; una vez recibidas las listas aprobadas de la Oficina de Zona, mandarlas publicar y proceder a hacer el sorteo dando a conocer a las personas interesadas su designación, obligaciones y delitos y faltas en que incurren por actos contrarios u omisiones a esta Ley y su Reglamento. Una vez verificado lo anterior, reunirá y presentará a las autoridades militares encargadas de recibir a los conscriptos en el lugar, día y hora que se designe y finalmente, hará cumplir con las disposiciones de esta Ley su Reglamento (sic) a los individuos que no vayan a prestar servicios en el activo.

Artículo 46. Los sorteos serán públicos, verificándose en presencia de los inspectores militares que en cada caso se nombren; una vez reunida para el sorteo la Junta Municipal de Reclutamiento hará comparecer a todas las personas que aparezcan en las listas respectivas, por sí o por su representante legítimo cuando haya causa justificada para la no presencia. Reunidos los interesados, la Junta les hará saber el derecho que les asiste para nombrar de entre ellos mismos, tres representantes durante el acto del sorteo, con el único objeto de garantizar la legalidad del mismo. Nombrados los representantes del contingente para la operación del sorteo, éste se llevará a cabo en la forma siguiente: a cada uno de los miembros de la Junta Municipal de Reclutamiento y a cada uno de los tres representantes del contingente, se les proporcionará una lista del personal a sortear; en una ánfora cubierta se pondrán tantas bolas de color como conscriptos se hayan asignado a esa región, más un veinte por ciento; el resto hasta llegar el número de los participantes se completará con bolas blancas. Acto seguido el presidente de la Junta irá nombrando de la lista los enlistados y simultáneamente un menor de diez años sacará una bola del ánfora, formándose en seguida las listas de conscriptos que se notificará a los presentes.

Artículo 48. Todos los médicos de edad militar legalmente autorizados para ejercer su profesión están obligados a practicar gratuitamente y como parte integrante de sus obligaciones militares, los reconocimientos necesarios previos al alistamiento, con el fin de determinar si las personas llenan o no los requisitos para prestar sus servicios militares, todo ello en los términos de los mandatos de esta Ley y su Reglamento.

Artículo 49. Todas las mexicanas y todos los mexicanos de edad militar recibirán una tar jeta de identificación en la que consten sus generales, huellas digitales, clase a que pertenezcan y si han cumplido con el servicio de las armas o si están excluidos o aplazados. Esta tarjeta se expedirá gratuitamente y deberá ser visada cada año por la Oficina de Reclutamiento de Zona, de Sector o Consulados. La Secretaría de la Defensa Nacional fijará oportunamente la fecha desde la cual dicha tarjeta es exigible.

Artículo 50. Todo acto por el cual se pretenda eludir la inscripción de alguna persona de edad militar, ya sea que provenga de él mismo o de tercera persona, será consignado a los tribunales del orden federal y el responsable castigado con la pena de un mes a un año de prisión.

Artículo 51. Se consignará a los mismos tribunales y tendrán la misma pena que la expresada en el artículo anterior:

I. Las y los jóvenes en edad militar que sin causa justificada se abstengan de comparecer ante las Juntas u Oficinas de Reclutamiento respectivas;

II. Quienes fraudulentamente se hagan exceptuar por las Juntas u Oficinas de Reclutamiento respectivas, sin perjuicio de las penas que por falsedad les correspondan;

III. Los miembros de las Juntas u Oficinas de Reclutamiento que por medios ilícitos ayuden a una o varias personas jóvenes de edad militar a librarse de la inscripción, del sorteo, o a conseguir una excepción injustificada.

Artículo 53. Todo aquel y aquella que, inscrito en las listas del contingente destinado a formar parte del activo, y hecha la publicación en el lugar de su residencia o por medio de citas, no se presente a la autoridad respectiva sin causa justificada dentro de los tres días siguientes al plazo establecido, será castigada o castigado con treinta días de prisión.

Artículo 55. Las personas que por cualquier medio retarden o imposibiliten la reunión de los sorteados, serán castigados con la pena de uno a seis meses de prisión. Si el delito se cometiere empleando amenazas o la fuerza, la pena será de un año y si el delincuente fuere funcionario público, empleado federal, de los Estados o Municipios o encargados de participar en algunas de las misiones encomendadas a las Juntas u Oficinas de Reclutamiento, se duplicará la pena.

Artículo 56. Toda persona que intencionalmente, por sí o por acto de tercero a petición suya, se inutilice parcial o totalmente con objeto de sustraerse del servicio de las armas después de haber sido inscrito en las listas de los que deban ser sorteados para servir al activo, será castigado con la pena de seis meses a un año’ de prisión. La misma pena se impondrá al que a petición de otro lo inutilice con el objeto indicado.

Artículo 58. Toda persona que no dé aviso de los cambios de domicilio a que se refiere esta Ley, será castigado con arresto de dos a quince días. En tiempo de guerra, la pena será de uno a seis meses de prisión sin perjuicio de que cumplan el servicio que les corresponda en uno y otro casos.

Artículo 63. En general, los juicios penales que conforme a lo prevenido en esta ley deban seguirse, serán de la competencia de los Tribunales Federales, siempre que se trate de delitos cometidos, por las personas de edad militar, antes del sorteo, o por las personas civiles que intervengan en actos u omisiones relacionados con esta ley y su reglamento. Serán de la competencia de los Tribunales Militares, siempre que las faltas o delitos sean cometidos por conscriptos a partir del momento de la insaculación, en los términos del a rtículo 1 3 constitucional.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Con fundamento en las funciones del Observatorio para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, estipuladas en el artículo segundo del acuerdo de su creación, este organismo será el encargado de brindar la capacitación necesaria en materia de perspectiva de género a las y los servidores a cargo del Servicio Militar Nacional, lo anterior, con el objetivo de garantizar que las y los servidores cuenten con las herramientas y conocimientos necesarios para los efectos del presente decreto.

Notas

1 Diario Oficial de la Federación. Acuerdo por el que se crea el Observatorio para la Igualdad entre mujeres y hombres en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. (2022) Disponible en: https://dof.gob .mx/nota_to_ doc .php?codnota=5224234

2 Milenio. Se gradúa primera mujer ingeniero industrial de la Sedena . ( 2022) Disponible en: https://www.m ilenio.com/policia/se-gradua-primera-mujer -ingeniero-industrial-de-la-sedena

3 Gobierno de México. Las mujeres en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. (2022) Disponible en:

https://www .gob .mx/sedena/acciones -y-programas/las -mujeres-en-el-ejercito-y-fuerza -aerea-mexicanos

4 La Jornada. Se gradúan cinco mujeres en carreras de armas . (2022) Disponible en: https://www.jornada

.com.mx/2016/08/28/politica/Ol n3pol

5 Gobierno de México. Historia de la Escuela Militar de Enfermería . (2022) Disponible en:

https://www .gob.mx/sedena/acciones-y-programas/historia -de-la-escuela-m ilitar-de-enfermeras-9557

6 Voces del Periodista. Escuela Militar de Enfermería celebra 80 años de servir al país. (2022) Disponible en: https://vocesdelperiodista .mx/tag/maricela-macedo -flores/

7 Instituto Nacional de las Mujeres. La participación de mujeres en las Fuerzas Armadas . (2022) Disponible en: http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_ download/BASN07.pdf

8 Gobierno de México. Participación de la mujer en el Servicio Militar Nacional. (2022) Disponible en:

https://www.gob.mx/sedena/acciones-y-programas/participa cion-de-la-mujer-en -el-servicio-militar-nacional

9 Gobierno de México. Participación voluntaria de la mujer en el S.M.N. (2022) Disponible en:

http://transparencia.sedena .gob.mx/servici o-milita r-naciona 1/participacion-voluntaria-de-la-mujer-en-el-smn.html

10 El Sol de México. Hay menos mujeres en el servicio militar. ( 2022) Disponible en:

https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/hay-men os-mujeres-en -el-servicio-militar- 7911601.html

11 Sedena. Participación de la mujer en el Servicio Militar Nacional. (2022) Disponible en:

http://transparencia .sedena.gob.mx/servicio-m ilitar-naciona 1/participacio n-de-1a-mujer-en-el-servicio-militar-nacional. html

12 Naciones Unidas. Consejo de Seguridad. Resolución 1325. (2022) Disponible en: https://www .aenur.org/fileadmin/Documentos/B DL/2006/1759.pdf

13 ABC. Países europeos donde el servicio militar es obligatorio . (2022) Disponible en:

https://www .abc.es/elecciones/abci -paises-europeos -donde-servicio-militar -obligatorio- 201904221457_noticia.htmltt: :text=En%20Noruega%2C%20tanto%20hombres%20como,d%C3%ADas%20e n%201as%20fuerzas%20armadas.

14 El País. Suecia recupera el servicio militar obligatorio . (2022) Disponible en:

https://el pais.com/internacion al/2017/03/02/actual idad/1488460140_316724.htm1

15 El Financiero. Las Fuerzas de Defensa de Israel. (2022) Disponible en:

https://www .elfinanciero.com. mx/opinion/leon-opalin/las-fuerzas-de -defensa-de-israel/

16 Sedena. Participación de la mujer en el Servicio Militar Nacional. (2022) Disponible en:

https://www .gob.mx/sedena/acciones-y-programas/participacion-de-la-mujer-en-el-ser vicio-militar-nacional

17 La participación de las mujeres en el Ejército mexicano: avances y desafíos . Patricia Baranda Carmona .(2022) Disponible en: https://esdeguerevistacientifica .edu.co/index.php/estudios/article/view/269/392

18 Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas dispos iciones de la Ley del Servicio Militar. Grupo parlamentario del PT. (2022) Disponible en:

https://www.senad o.gob .mx/64/gaceta_ del_sena do/documento/101055

19 Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Servicio Militar. Diputado Carlos Alberto Valenzuela González . (2022) Disponible en:

http://sil.gobernacion .gob.mx/Arch ivos/Documentos/2019/10/asun_3925476_20191003_1569959590 .pdf

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 4 de mayo de 2022.

Diputada Laura Imelda Pérez Segura (rúbrica)

(Túrnada a la Comisión de Defensa Nacional. Miércoles 4 de mayo de 2022)

Que reforma los artículos 3o. y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recibida de los diputados Alma Anahí González Hernández, Gabriela Martínez Espinoza y Wilbert Alberto Batun Chulim, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión del miércoles 4 de mayo de 2022

Quienes suscriben, diputadas Alma Anahí González Hernández y Gabrlela Martínez Espinoza , y diputado Wilbert Alberto Batun Chulim , todos integrantes del Grupo Parlamentario Morena, de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración del pleno de esta Comisión Permanente, la siguiente iniciativa con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

Lo que son un país y su pueblo emana de la educación de la que adquieren su identidad, su forma de vida, el planteamiento y dirección de su visión de futuro que, tarde o temprano, vivirá inexorablemente.

Es tal la importancia de la educación en la nación que, la manera en la que sea formado el pueblo que la compone, se manifestará en la forma de vida de sus integrantes en todos los sectores sociales. De la manera en que el Estado ejerza la rectoría de la educación y los planteamientos de los objetivos que se obtendrán con ella, así como la materialización de los mismos, determinarán la riqueza, su distribución y el correcto empleo de los bienes productivos en todas sus variantes, e incluso, los estratégicos que pueden conducir al efectivo ejercicio de la soberanía o al entendimiento desafortunado de los recursos inherentes de la nación.

Una característica fundamental de los países desarrollados y, que además de su economía próspera, tienen el nivel social con niveles delictivos bajos, es un sistema integral de educación con idea de nación que lo define, en el cual, la educación va creando la realidad social y no la realidad social va determinando las estructuras y programas de la educación.

El objetivo de esta reforma educativa se traduce en que el pueblo de México, por su grandeza cultural y cualidades humanísticas reconocidas a nivel mundial, tenga un sistema educativo que recoja su cúmulo de virtudes inmanentes conformadoras del gran espíritu de los hijos de la nación. Ciertamente la educación es un todo y su estructura se sostendrá de la idea del Estado-nación en donde una de sus características es el proyecto futuro.

La presente iniciativa introduce y eleva a nivel constitucional, como derecho humano progresivo, a la educación, reconociendo las siguientes características que le darán forma y que, evidentemente, transformarán al país conformado por un pueblo de gran nobleza, creatividad e inventiva con reconocimiento internacional, acervo histórico, merecedor de las bondades que entraña, proveerle de un sistema educativo eficiente, previsor y proyectivo que enaltezca sus virtudes y capacidades.

Es por lo anterior, que la presente iniciativa reconoce a la educación como bien intangible y área estratégica de Estado, porque quienes gestionan, impulsan, desarrollan y manejan y se aprovecharán de las bondades que México es su pueblo, no solo el presente, lo son desde ya las venideras generaciones.

Asimismo, en la iniciativa se propone reconocer a nivel constitucional la importancia de la familia como primer formador en la educación de sus miembros y de las nuevas generaciones, porque es bien sabido que, los principios básicos y el establecimiento de los valores culturales y sociales surgen de los primeros años de instrucción de los hijos desde el primer contacto con la vida y quienes le protegen y proveen en el seno familiar. Dicha formación será la manera en que aprenden a relacionarse con el entorno.

Consecuentemente, el siguiente contacto del educando, surge a partir de que recibe la instrucción escolar en donde se le dota del conocimiento y los valores cívicos, de convivencia y de relación con su entorno para formarlo con herramientas que le permitan desarrollarse hasta ser personas útiles para sí mismos como para su entorno, el cual va interactuando con la familia hasta lograr su independencia. Y es aquí en donde el Estado ejerce su rectoría para proveer la educación con proyección y eficacia como coformador.

De igual manera, reconoce el papel que la sociedad ejerce sobre los educandos por el simple hecho de pertenecer a una cultura y a una idea de nación, por ello, la sociedad también moldea e influye en la educación de los hijos de la nación.

Por lo tanto, en la presente iniciativa se propone introducir a rango constitucional el fin y objetivo que la educación bajo la rectoría del Estado ha de lograr y proyectar su funcionalidad, esto es garantizar el desarrollo armónico y bienestar de la niñez; así como reconocer los valores de identidad nacional, participación social y ciudadana, de responsabilidad y utilidad funcional social, constancia, desarrollo del bienestar y economía sustentable, pues, sin lugar a dudas, solamente con el cumplimiento de estos principios, la educación podrá ser garante del desarrollo armónico y del bienestar de la nación.

Si bien el texto que se pretende modificar señala en su versión original que promoverá los valores, no define a cuáles valores se refiere, y es fundamental que dichos valores se establezcan en la Constitución General de la república para que formen parte de las prerrogativas fundamentales del pueblo de México.

El ejercicio de la rectoría del Estado en materia de educación requiere tener una visión proyectada a lo que el pueblo de México es como nación humana y generosa como lo refiere el juramento al lábaro patrio, y la mejor manera de lograrlo es que la educación jamás vaya detrás de la realidad social, sino que sea quien gestione el proyecto de nación que merece nuestro grandioso pueblo.

Es por lo expuesto que, para lograr la proyección de nación que merecen los mexicanos, se propone crear el plan nacional de educación como un eje transversal que se contemple dentro del Plan Nacional de Desarrollo. El plan nacional de educación plantea como objetivo que la educación del país tenga perspectiva y enfoque definidos, con objetivos y resultados palpables y medibles, de ejercicio armónico y de futuro predecible, para armonizar el desarrollo del ser humano en sus diversas expresiones culturales, científicas y tecnológicas, y de esta manera lograr paliar el analfabetismo, la desinformación y la desigualdad, y a la vez impulsar la conciencia del bienestar, el desarrollo cultural, tecnológico y científico, así como el respeto a la tierra y a la naturaleza para posicionar a la nación como un país desarrollado y armónico en sú mismo, con su entorno con el mundo.

El plan nacional de educación también será un instrumento del Plan Nacional de Desarrollo, por lo que prevé que sea revisado cada dos años y cada inicio de periodo presidencial.

La reforma constitucional propuesta crea el plan nacional de educación como un instrumento en el que se oirá a las máximas casas de estudio universitarias y tecnológicas públicas del país, así como a instituciones normalistas y pedagógicas nacionales y estatales, entre otras a la comunidad indígena, en términos del artículo 2o. de la Constitución, para garantizar que el sistema educacional tenga vigencia, integralidad y eficacia con proyección a futuro.

Con la intención de una mejor ilustración de la propuesta de modificación se presenta el siguiente cuadro comparativo:

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable Comisión Permanente, la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto

Artículo Único. Se reforman los artículos 3o. y 26 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -federación, estados, Ciudad de México y municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media superior son obligatorias, la educación superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo. La niñez será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia para garantizar su bienestar y su desarrollo progresivo y armónico. Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, además de obligatoria, será universal, con proyecto nacional en términos del artículo 26 de esta Constitución , inclusiva, pública, gratuita y laica.

La educación es bien intangible nacional y área estratégica para el desarrollo armónico de la nación y en ella participarán: la familia como primer formador, las instituciones de educación del Estado y organismos de tradición en términos del articulo 2o. de esta Constitución, como segundo formador y proveedores de instrucción, y, la sociedad, como proveedor de experiencia.

La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia; promoverá la honestidad, los valores de identidad nacional, participación social y ciudadana, de responsabilidad social, de utilidad funcional, de desarrollo económico y del bienestar social, de economía sustentable, y la mejora continua del proceso de enseñanza aprendizaje.

...

...

...

...

...

...

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción II de este artículo, el Ejecutivo federal determinará los principios rectores y objetivos de la educación inicial, así como los planes y programas de estudio de la educación básica y normal en toda la república : para tal efecto, considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas, municipales, de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas reconocidos en términos del artículo 2o. de esta Constitución y de diversos actores sociales involucrados en la educación, así como el contenido de los proyectos y programas educativos que contemplen las realidades y contextos, regionales y locales. así como para elaborar el Plan Nacional de Educación de conformidad a lo establecido en este artículo.

Los planes y programas de estudio, además de lo establecido en el primero y cuarto párrafo de este artículo, tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades: la enseñanza de las matemáticas, la lecto-escritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la fílosofía , la tecnología, la cultura , la innovación, las lenguas indígenas de nuestro país,

las lenguas extranjeras, la educación flsica, el deporte, las artes, en especial la música. la promoción de estilos de vida saludables, la educación sexual y reproductiva y el cuidado al medio ambiente, entre otras.

...

El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico y humanístico, en el proyecto de nación, y luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.

Además:

a) a i) ...

III. Se deroga.

IV. a VII. ...

VIII. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la república, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, las entidades federativas y los municipios de conformidad con el Plan Nacional de Educación , a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan;

IX. ...

a) a g) ...

h) Participar en el Plan Nacional de Educación.

...

...

...

...

...

...

...

Artículo 26. ...

(...)

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática y deliberativa. Mediante los mecanismos de participación que establezca la ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo.

Habrá un plan nacional dedesarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal y en el que se contemplará el Plan Nacional de Educación establecido por el articulo 3o. de esta Constitución.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Una vez aprobado, el Plan Nacional de Educación se instrumentará a partir de su inclusión en el Presupuesto de Egresos de la Federación y se ajustará en consecuencia al Plan Nacional de Desarrollo.

Tercero. Se derogan las disposiciones que se opongan a lo dispuesto por el presente decreto.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 4 de mayo de 2022.

Diputadas: Alma Anahí González Hernández y Gabriela Martínez Espinoza, y diputado Wilbert Alberto Batun Chulim (rúbricas)

(Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión de Educación. Miércoles 4 de mayo de 2022)

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del impuesto predial, recibida del senador Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 4 de mayo de 2022

El suscrito senador de la república Ricardo Velázquez Meza , integrante de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, perteneciente al Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El impuesto predial es el gravamen que recae sobre la propiedad y posesión de inmuebles. Basado sobre el valor catastral del terreno, para así planificar las urbes.1

Es importante decir que, a través de este impuesto se ha permitido el desarrollo regional y local de los municipios estados y federación, siempre de manera escalonada; en México recordemos que, la tierra tiene un importante preceder histórico, todas y todos al día de hoy reconocemos la frase “Tierra y Libertad” dicha por el hoy caudillo del pueblo.

Por ello, a través del presente no solo estamos reformando una Ley, estamos defendiendo los derechos por los que la historia ha luchado.

Si bien, el impuesto predial ha sido de gran utilidad para la planificación de las grandes urbes, este siempre ha sido una de las principales percepciones de los municipios.

Para el cobro de este impuesto se toma en cuenta diversos factores:

Primeramente, se utiliza la ubicación de la propiedad referida; con fundamento en ello hay tres tipos de valor al suelo:

Enclave de Valor: Este cálculo (llamado cálculo por enclave) se hace cuando una parte del inmueble ya sean manzanas o lotes habitacionales son diferentes en características y valor con respecto a los demás del área donde están ubicados.2

Corredor de Valor: Este cálculo se realiza cuando el inmueble está ubicado en una avenida, una vía importante o muy transitada. Dependiendo de la vía o avenida este cálculo se aplica en función del aumento que tengan los valores comerciales en estas ubicaciones. Ya que si la actividad comercial de una zona aumenta el valor comercial de esta también sube. El cálculo de corredor de valor de aplica, aunque el inmueble no tenga la entrada de acceso en la misma avenida o vía.3

Área de Valor: Este cálculo por área de valor se aplica en un grupo de manzanas o casa que están ubicadas en el mismo lote o área que tienen muy parecidas características en equipamiento urbano (se les llama comúnmente Servicios) y en infraestructura, qué tipo de inmueble es (puede ser un local comercial, una casa unifamiliar, un condominio, una fábrica, etc.) y la dinámica inmobiliaria.4

En caso de existir alguna construcción, se debe calcular el valor de la misma bajo ciertos factores.

Número de pisos que tiene el inmueble, tanto en la construcción en general como la del propio inmueble. Puede tratarse de un inmueble tipo departamento de dos niveles, que está ubicado dentro de un edificio de 15 pisos;

Tipo de inmueble, si es para ser habitado o para ser explotado comercialmente;

Superficie de la construcción;

Superficie del terreno donde está el inmueble;

Antigüedad del inmueble.5

El último paso para realizar el cálculo del predial se toma en cuenta los rangos de valores. Eso significa que hay unas tablas realizadas por la entidad recaudadora que tienen marcado un importe del impuesto predial de acuerdo con el valor de rango catastral que se encuentra el inmueble al cual se le aplica el cálculo.6

En México hasta 2017, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el impuesto predial que se genera en el país hasta ese momento era tan solo del 0.3 por ciento del producto interno bruto (PIB).7

Aunado a lo anterior, en México de acuerdo con el Registro Agrario Nacional (RAN), hasta 2016 había 29 mil 690 ejidos y 2 mil 392 comunidades de las mismas siendo propietarios de alrededor de 993 mil hectáreas, casi el 51 por ciento del territorio nacional.8

Junto con esto años analizados, ya hace más de 25 años que se dotó en nuestra Carta Magna la facultad de la Asamblea Ejidal para otorgar al ejidatario el dominio de su parcela, con ello miles de certificados parcelarios se han cancelado y con ello se han expedido títulos de propiedad privada, todo ello a través de Registro Agrario Nacional.9

Ocho entidades federativas habrían concentrado para 2017, casi el 74 por ciento de la superficie que abandonó el régimen ejidal siendo estas las entidades: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas y Veracruz. La tendencia es creciente en el norte y el noroeste de México, en zonas urbanas, turísticas e industriales y con poca agua.10

Dado que, la productividad es baja en los estados del norte como ya se mencionó en el párrafo anterior, es necesario tomar en cuenta que estas comunidades ejidales, viven con un alto índice de vulnerabilidad, ya que en México se han presentado diversos hechos que generar incertidumbre al campo mexicano.

Cabe destacar que, a pesar de los programas implementados por el gobierno federal, como Sembrando Vida; subsidios que en ocasiones solo alcanzan a cubrir los gastos de mantenimiento, pero estos no son lo suficiente para cubrir las necesidades de los tenedores de tierras productivas.

El objeto de la presente es propiciar al desarrollo regional de las comunidades ejidatarias, fomentando la agricultura mediante el subsidio con ello se pretende que no exista cobro alguno del impuesto predial en las comunidades ejidales.

Con el presente proyecto, se pretende dar seguridad y certeza a la soberanía alimentaria de nuestro país. Este sector ha sido históricamente el más abandonado, estamos en busca de la equidad porque como lo ha dicho el presidente y hoy quiero reiterarlo, por el bien de México primero los pobres.

El artículo 115 que emana en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dicta la forma de gobierno republicano, democrático y laico mediante el cual se rige nuestro país, así como su división territorial, organización política y administrativa.

Particularmente en el artículo 115, fracción IV, inciso a), que a su letra dice:

a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.

Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones.

Al tenor de lo anterior, se pretende establecer que, las comunidades agrarias queden exoneradas del impuesto predial, para que así esta inversión sea destinada a la producción y desarrollo de actividades rurales y agrícolas.

Esto también es dado que, en la fracción V, del mismo artículo donde se estipula que:

V. Los municipios, en términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán facultados para:

a) a d) ...

e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana.

Con ello, se entiende que únicamente los municipios están facultados, para la regularización y el cobro de los mismos en zonas de propiedad privada.

Este apartado es conducente y de conformidad en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que este habla sobre la propiedad privada, los derechos que la nación tiene sobre ella, así como las y los mexicanos, dentro de todo esto, está contemplado el desarrollo equilibrado ente las comunidades rurales y urbanas, teniendo en cuenta que ambas tienen derecho a una calidad de vida digna. Como se muestra en el siguiente párrafo que corresponde al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la nación la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.

Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización.

La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación conservación mejoramiento y crecimiento de los centros de población, para preservar y restaurar el equilibrio ecológico, para el fraccionamiento de los latifundios/ para disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural· para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el medio rural y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad.11

En el primer párrafo habla sobre el dominio de particulares en propiedad privada, siempre y cuando no se encuentre en una zona donde se pueda beneficiar a la población en general, ante ello se expropiaría como territorio de dominio público, y los dueños podrían recibir indemnización.

En el párrafo tercero, establece el equilibrio en el aprovechamiento de los recursos naturales, para el mejoramiento de las condiciones de vida en zonas rurales y urbanas, esto incluyendo a las zonas ejidales y a su población.

Dentro del mismo artículo, la fracción VII reconoce a los núcleos ejidales y comunales, protegiendo su propiedad, les brinda la facultad para adoptar las condiciones que más le convengan, regula el ejercicio de sus derechos, dicta la relación entre estado y ejidatarios sobre las tierras y establece que el comisariado ejidal democráticamente electo en términos de la Ley es el representante del núcleo y responsable de ejecutar las resoluciones.

VII. Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas.

La ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas.

La ley, considerando el respeto y fortalecimiento de la vida comunitaria de los ejidos y comunidades, protegerá la tierra para el asentamiento humano y regulará el aprovechamiento de tierras, bosques y aguas de uso común y la provisión de acciones de fomento necesarias para elevar el nivel de vida de sus pobladores.

La ley, con respeto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros para adoptar las condiciones que más les convengan en el aprovechamiento de sus recursos productivos regulará el ejercicio de los derechos de los comuneros sobre la tierra y de cada ejidatario sobre su parcela. Asimismo, establecerá los procedimientos por los cuales ejidatarios y comuneros podrán asociarse entre sí, con el Estado o con terceros y otorgar el uso de sus tierras; y, tratándose de ejidatarios transmitir sus derechos parcelarios entre los miembros del núcleo depoblación; igualmente fijará los requisitos y procedimientos conforme a los cuales la asamblea ejidal otorgará al ejidatario el dominio sobre su parcela. En caso de enajenación de parcelas se respetará el derecho de preferencia que prevea la ley.

Dentro de un mismo núcleo de población ningún ejidatario podrá ser titular de más tierra que la equivalente al 5 por ciento del total de las tierras ejidales. En todo caso la titularidad de tierras en favor de un solo ejid atario deberá ajustarse a los límites señalados en la fracción XV.

La asamblea general es el órgano supremo del núcleo de población ejidal o comunal, con la organización y funciones que la ley señale. El comisariado ejidal o de bienes comunales, electo democráticamente en los términos de la ley, es el órgano de representación del núcleo y el responsable de ejecutar las resoluciones de la asamblea.

La restitución de tierras, bosques y aguas a los núcleos de población se hará en los términos de la ley reglamentaria.12

Por lo anterior, y dado que la propia Constitución de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 27 la autonomía de las comunidades ejidales, se propone reformar el artículo 115 de la misma para quedar como sigue:

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el suscrito senador del Grupo Parlamentario de Morena somete a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación de la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del impuesto predial del cual quedan exentas las comunidades ejidales

Único. Se reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:

I. a III. ...

IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, quedando exentas las comunidades ejidales del impuesto pago a predial y en todo caso:

a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.

Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones.

b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados.

c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.

Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), únicamente se quedarán exentas las comunidades ejidales del impuesto pago a predial dado por lo dispuesto en el artículo 27, fracción VII, de esta misma Constitución. Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la federación, de las entidades federativas o los municipios y comunidades ejidales, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.

Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.

Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, y deberán incluir en los mismos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución.

Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley;

V. a XII. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Impuesto Predial-Mexico 1 Enciclopedia Jurídica On line (leyderecho.org), consultado el 27 de abril de 2022.

2 ¿Qué es el Predial? ¿Cómo se calcula? y Cuando se paga e l Predial ( burodecreditoen linea.com.m x), consultado el 27 de abril de 2022.

3 ¿ Qué es el Predia l? ¿Cómo se ca lcul a? y Cuando se paga e l Predial (b urodecredito en linea.c om .mx),

consultado el 27 de abril de 2022.

4 ¿Qué es el Pred ia l ? ¿Cómo s e ca lcu la? y Cuando se paga e l P red ia l (burodecredito en linea .com.m x ), consultado el 27 de abril de 2022.

5 ¿Qué es e l Predial? ¿Cómo se calcula? y Cuando se paga e l Predial (burodecr ed itoenlinea .com.m x ), consultado el 27 de abril de 2022 .

6 _¿ Qué es el Pred ia l? ¿Cómo se calcula? y Cuando se paga e l Predial (b uro decred itoenl inea .com.mx).

consultado el 27 de abril de 2022 .

7 Propiedad ejidal, dominio pleno e impuesto predial (eluniversal.com.mx ), consultado el 27 de abril de 2022

8 Propiedad ejidal, dominio pleno e impuesto predial (eluniversal.com.mx). consultado el 27 de abril de 2022

9 Propiedad ejidal, dominio pleno e impuesto predial (eluniversal.com.mx), consultado el 27 de abril de 2022

10 Propiedad ejidal , dominio pleno e impuesto predial (el universal.com.mx), consultado el 27 de abril de 2022

11 Constitución Política de México - Artículo 27. Propiedad de Tierras, Aguas y Recursos Naturales (constitucionpolitica.rnx), consultado el 27 de abril de 2022.

12 Constitución Política de México -Artículo 27 . Propiedad de Tierras, Aguas y Recursos Naturales (constitucionpolitica.rnx), consultado el 27 de abril de 2022 .

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 4 de mayo de 2022.

Senador Ricardo Velázquez Meza (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. Miércoles 4 de mayo de 2022)

Que adiciona la fracción VII al artículo 76 del Reglamento de la Cámara de Diputados, recibida de los diputados Irma Juan Carlos, Karla Yuritzi Almazán Burgos y Zeus García Sandoval, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión del miércoles 4 de mayo de 2022

Irma Juan Carlos, Karla Yuritzi Almazán Burgos y Zeus García Sandoval , diputadas y diputado de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 , fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta asamblea, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VII al artículo 76 del Reglamento de la Cámara de Diputados .

Exposición de Motivos

Los pueblos indígenas son poseedores de una cultura vasta, plural, enigmática e impactante como el infinito mismo. Y el lenguaje sirve como vehículo de trasmisión de esta cultura. Por ello el antagonismo prosa-poesía no existe en los pueblos indígenas: la prosa es poesía y viceversa.

Nadia López García, Celerina Patricia Sánchez, lrma Pinedo, solo por mencionar algunos nombres de los muchos que tenemos, son mujeres poetas que no solo trasmiten y reproducen emociones, sino también conocimiento y filosofía de nuestros pueblos.

Como he dicho en reiteradas ocasiones, no hay mayor dignidad de un ser humano que dejar que hable y preserve su lengua originaria. La lengua materna, además de dignidad, significa vida, cultura e historia. La lengua originaria, para decirlo de manera concreta. es el valor de la identidad por excelencia. Si en verdad queremos respetar a nuestros pueblos indígenas, entonces empecemos por preservar nuestras lenguas originarias y no hay mayor respeto que aquel que significa una acción y no solo palabras.

Y es hora de realizar muchas acciones pues en caso contrario nuestras lenguas indígenas desaparecerán. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) menciona que la situación actual de las lenguas indígenas en México es la siguientes:1

-En México existen 6 millones 695 mil 228 personas de 5 años de edad o más que hablan alguna lengua indígena, de /os cuales 50.9 por ciento son mujeres y 49.1 por ciento hombres.

-Entre 1930 y 2015 la tasa de hablantes de lenguas indígenas de 5 años de edad o más se redujo de 16.0 a 6.6 por ciento.

-La cartografía del Inegi contiene más de 17 millones de nombres geográficos que incluyen las 68 lenguas indígenas nativas.

De los anteriores datos, llama la atención el hecho de que hubo una reducción del 16.0 al 6.6 por ciento de hablantes entre 1930 y 2015. Por ello, le asiste la razón a la hermana Yásnaya Aguilar cuando dijo que las lenguas indígenas no mueren, las matan. Y esto es verdad: una lengua se mata cuando no se permite hablarla, pero también cuando no se promueve su uso en los espacios públicos y privados.

Hay una vasta normatividad que respalda el uso de las lenguas indígenas en espacios públicos y privados. Por ejemplo, el artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el numeral 28.1 del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes; el artículo 14.1 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Ocupa, sin lugar a dudas, un lugar especial la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos del año de 1996.

En el ámbito nacional debemos recordar que el artículo 2o., apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los pueblos y comunidades indígenas tienen el derecho a la libre determinación, para “Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.” En tanto que el artículo 5 de Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas prescribe lo siguiente: “El Estado a través de sus tres órdenes de gobierno -Federación, entidades federativas y municipios-. en los ámbitos de sus respectivas competencias, reconocerá, protegerá y promoverá la preservación, desarrollo y uso de las lenguas indígenas nacionales”.

Hoy, con esta iniciativa quiero fomentar el uso de las lenguas indígenas en la tribuna de la Cámara de Diputados. No paso por alto que, a propósito del Día Internacional de la Lengua Materna, aprobada en la Conferencia General de la Unesco en el año de 1999, la Secretaría de Cultura en coordinación con la Cámara de Diputados puso en marcha, por primera vez, en el año 2019, inició el proyecto denominado las lenguas toman la tribuna. Y en dicho proyecto se acordó que la Cámara de Diputados otorgara un espacio “para que en el salón de sesiones cada semana, una persona sea invitada, haga uso de la tribuna y hable en lengua indígena, con el propósito de reconocer, proteger y promover la preservación, desarrollo y uso de las lenguas indígenas nacionales, así como reconocerlas y proteger los derechos lingüísticos individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, y la promoción del uso cotidiano y desarrollo de las lenguas indígenas”.

Sin embargo, ese proyecto, aunque es acertado, solo promueve el uso de las lenguas indígenas desde una actividad fuera del proceso deliberativo de la propia Cámara. Considero necesario que al interior de esta Cámara y en la discusión de los temas relevantes de la nación, se haga uso de las lenguas indígenas. Actualmente las y los diputados indígenas ya hacen uso de su lengua, pero tienen que hacerlo de forma apresurada o incompleta pues el artículo 76 del Reglamento de la Cámara de Diputados prescribe lo siguiente:

“Artículo 76.

1. El tiempo para la presentación de los asuntos en el pleno será:

I. Iniciativas que propongan la expedición de una nueva norma o la abrogación de una existente, hasta por diez minutos;

II. Iniciativas que propongan la derogación, reforma o modificación de una norma, hasta por cinco minutos.

III. Dictámenes, hasta por diez minutos, excepto cuando se trate de reformas constitucionales, en cuyo caso será de quince minutos;

IV. Proposiciones con punto de acuerdo, calificadas por el pleno como de urgente u obvia resolución, hasta por cinco minutos;

V. Agenda política, hasta por diez minutos para el promovente y cinco para los demás oradores, excepto cuando se enliste en el orden del día un solo tema, en cuyo caso el tiempo será hasta por diez minutos para los oradores, y

VI. Efemérides, hasta por tres minutos.

2. ...

3. ...”

Como se puede observar, en dicho artículo se plasman tiempos específicos de participación. Y entonces puede surgir la siguiente problemática: si alguien participa en lengua indígena tiene que explicarla también en español. Esto ocasiona que, del tiempo asignado, se vea obligado a dividir el tiempo de participación, pues explicará el mismo contenido en dos lenguas. Por lo cual vengo a proponer que, si un diputado o diputada hace uso de una lengua indígena, se le conceda un adicional de tiempo para que pueda hacer la traducción al español de lo que ha manifestado.

Para mayor comprensión de mi propuesta, plasmo el siguiente cuadro comparativo:

Reglamento de la Cámara de Diputados

Por lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 , fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se adiciona la fracción VII al artículo 76 del Reglamento de la Cámara de Diputados

Único. Se adiciona la fracción VII al artículo 76 del Reglamento de la.Cámara de Diputados, para quedar como sigue:

Artículo 76.

1. El tiempo para la presentación de los asuntos en el Pleno será:

I. Iniciativas que propongan la expedición de una nueva norma o la abrogación de una existente, hasta por diez minutos;

II. Iniciativas que propongan la derogación, reforma o modificación de una norma, hasta por cinco minutos.

III. Dictámenes, hasta por diez minutos, excepto cuando se trate de reformas constitucionales, en cuyo caso será de quince minutos;

IV. Proposiciones con punto de acuerdo, calificadas por el Pleno como de urgente u obvia resolución, hasta por cinco minutos;

V. Agenda política, hasta por diez minutos para el promovente y cinco para los demás oradores, excepto cuando se enliste en el orden del día un solo tema. en cuyo caso el tiempo será hasta por diez minutos para los oradores, y

VI. Efemérides. hasta por tres minutos.

VII. Cuando se haga uso de una lengua Indígena se tendrá derecho de dos minutos adicionales cuando se trate de exposiciones de iniciativas, dictámenes, agenda política, y de un minuto adicional cuando se trate de exposiciones de proposiciones y efemérides.

2. ...

3. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor a los 30 días siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota

1 https://www.inegi.org.mx/contenidos/sa1adeprensa/aproposito/2020/indige nas2020.pdf

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 4 de mayo de 2022.

Diputadas: Irma Juan Carlos y Karla Yuritzi Almazán Burgos y diputado Zeus García Sandoval (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Miércoles 4 de mayo de 2022)


Actas

De la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad, correspondiente a la cuarta reunión ordinaria, celebrada el miércoles 30 de marzo de 2022

A las 13:30 horas del miércoles 30 de marzo de 2022, los integrantes de la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad se reunieron en el salón B del edificio G, sito en Congreso de la Unión 66, colonia El Parque, alcaldía Venustiano Carranza, para celebrar la cuarta reunión ordinaria, con el siguiente orden del día:

1. Lista de asistencia y declaración de quórum

La presidenta, diputada Edna Gisel Díaz Acevedo, dio la bienvenida a la segunda reunión ordinaria y solicitó a la diputada secretaria informar del registro y cómputo de asistencia inicial de las y los legisladores.

Con un registro previo de 17 diputados y diputadas existió quórum reglamentario, declarándose abierta la reunión.

Durante la reunión se registró la asistencia de los siguientes

Diputados: Edna Gisel Díaz Acevedo, presidenta; José Guadalupe Ambrocio Gachuz, Julieta Mejía Ibáñez, Alfredo Porras Domínguez, Ángel Domínguez Escobar, Karla Estrella Díaz García, Klaus Uwe Ritter Ocampo, Mauricio Cantú González, Hiram Hernández Zetina, Lorena Piñón Rivera, Rocío Alexis Gamiño García, José Luis Flores Pacheco, María del Rosario Reyes Silva, Mirza Flores Gómez, Adriana Bustamante Castellanos, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, Esteban Bautista Hernández, Manuel Vázquez Arellano, Reyna Celeste Ascencio Ortega, Rubén Gregario Muñoz Álvarez, Diana María Teresa Lora Correón, Gabriel Ricardo Quadri de la Torre, José Luis Báez Guerrero, María del Carmen Escudero Fabre, Noel Mata Atilano y Rocío Esmeralda Reza Gallegos.

Asistencia

Inicial: 17.

Final: 26.

2. Lectura, discusión y, en caso, aprobación del orden del día

Declarado el quórum reglamentario y por instrucciones de la presidencia la secretaría leyó el siguiente orden de día:

1. Registro de asistencia y declaratoria de quórum.

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la tercera sesión ordinaria.

Dictámenes

4. Análisis, discusión y, en su caso. aprobación del dictamen en sentido positivo de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 59, 61, 62 y 63 de la Ley General de Cambio Climático y que corresponde a la iniciativa:

• Que reforma los artículos 61 a 63 de la Ley General de Cambio Climático.

- Presentada por el diputado Eduardo Enrique Murat Hinojosa, PRI.

- Turnada a la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad.

- Gaceta Parlamentaria, número 5927-V, martes 14 de diciembre de 2021.

5. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen con punto de acuerdo relativo a la posible reforma de la naturaleza del Instituto de Ecología y Cambio Climático, respecto al ejercicio de sus funciones y atribuciones y que corresponde a la proposición con

• Punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a respetar las labores del INECC y no promover su desaparición debido a la emergencia climática del planeta.

- Presentada por la diputada Julieta Mejía Ibáñez, Movimiento Ciudadano.

- Turnada a la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad.

- Gaceta Parlamentaria, número 5969-VI, jueves 24 de febrero de 2022 (849).

Fecha: 2022-03-01

6. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen con punto de acuerdo relativo a la difusión de los acuerdos y compromisos de la COP 26 y que corresponde a la proposición con

• Punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a difundir los acuerdos y compromisos adquiridos por el gobierno de México en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático COP26, celebrada en Glasgow en 2021.

- Presentada por la diputada Edna Gisel Díaz Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

- Turnada a la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad.

- Gaceta Parlamentaria, número 5969-VI, jueves 24 de febrero de 2022 (849).

Fecha: 2022-03-15.

7. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del primer informe semestral de actividades de la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad de conformidad con lo establecido en el artículo 165, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

8. Asuntos generales.

9. Clausura.

La diputada Adriana Bustamante Castellanos del Grupo Parlamentario de Morena solicitó el uso de la palabra para proponer el retiro de los asuntos de los numerales 5 y 6 del orden del día por no contar con la distribución previa de 5 días.

En este sentido, la diputada Edna Gisel Díaz Acevedo, del Grupo Parlamentario del PRD, comentó que, si bien el artículo 177 del Reglamento de la Cámara de Diputados señala 5 días como tiempo suficiente para conocimiento y estudio de los dictámenes, sin embargo el reglamento no señala como efecto que los asuntos no se analicen para su aprobación.

Sin modificaciones y en votación económica fue aprobado por mayoría.

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la tercera reunión ordinaria

Para el desahogo del siguiente apartado del orden del día, la presidenta sometió a discusión y aprobación el acta correspondiente a la tercera reunión ordinaria, celebrada el 23 de febrero de 2022.

Por unanimidad y en votación económica se dispensó su lectura, pasando a su discusión y votación correspondiente.

La votación de su aprobación se registró de la siguiente manera: 20 votos a favor, 1 votos en contra y O abstenciones.

4. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen en sentido positivo de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 59, 61, 62 y 63 de la Ley General de Cambio Climático y que corresponde a la iniciativa:

• Que reforma los artículos 61 a 63 de la Ley General de Cambio Climático.

- Presentada por el diputado Eduardo Enrique Murat Hinojosa, PRI.

- Turnada a la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad.

- Gaceta Parlamentaria, número 5927-V, martes 14 de diciembre de 2021.

En el siguiente numeral del orden del día se procedió a la discusión y, en su caso, aprobación del dictamen en sentido positivo de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 59, 61, 62 y 63 de la Ley General de Cambio Climático.

La Presidencia instruyó a la Secretaría proceder a la votación en lo general aprobándose con 25 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, por lo que procedieron a la presentación de las propuestas de modificación.

En uso de la palabra, la diputada Adriana Bustamante Castellanos, del Grupo Parlamentario de Morena, enfocó su comentario para hablar en favor del dictamen con modificaciones.

Acto seguido, el diputado Gabriel Ricardo Quadri de la Torre, del Grupo Parlamentario del PAN solicitó el uso de la palabra para hablar en favor del dictamen y proponer tres modificaciones al mismo.

El diputado Eduardo Enrique Murat Hinojosa, del Grupo Parlamentario de PRI, e invitado por la Comisión para escuchar y participar en el análisis del dictamen de la iniciativa que presentó el pasado 18 de diciembre ante el pleno de la Cámara de Diputados, se pronunció para agradecer los comentarios y las propuestas presentadas en la reunión.

Acto seguido, la diputada Julieta Mejía Ibáñez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, tomó el uso de la palabra para felicitar al diputado Eduardo Enrique Murat Hinojosa, pues cumpliría con los compromisos internacionales adquiridos para el combate del cambio climático, asimismo comentó que las propuestas de modificación del partido Morena romperían su espíritu y sentido de la iniciativa.

Las propuestas antes mencionadas se sometieron a votación del pleno de la Comisión aprobando las reservas de la diputada Adriana Bustamante Castellanos con 14 votos a favor y 11 en contra y rechazando cada una de las formuladas por el diputado Gabriel Ricardo Quadri de la Torre, con 12 votos a favor, 13 en contra y 0 abstenciones en las tres votaciones de sus reservas.

5. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen con punto de acuerdo relativo a la posible reforma de la naturaleza del Instituto de Ecología y Cambio Climático, respecto al ejercicio de sus funciones y atribuciones y que corresponde a la proposición con

• Punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a respetar las labores del INECC y no promover su desaparición debido a la emergencia climática del planeta.

- Presentada por la diputada Julieta Mejía Ibáñez, Movimiento Ciudadano.

- Turnada a la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad.

- Gaceta Parlamentaria, número 5969-VI, jueves 24 de febrero de 2022 (849), fecha: 2022-03-01.

En el apartado 5 del orden del día correspondiente al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen con punto de acuerdo relativo a la posible reforma de la naturaleza del Instituto de Ecología y Cambio Climático.

En este sentido, la diputada Julieta Mejía Ibáñez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, tomó el uso de la palabra para proponer una modificación al acuerdo, en ese sentido se procedió a tomar la votación respectiva para quedar como sigue: 12 votos a favor, 13 en contra y 0 abstenciones, por lo que se rechazó la propuesta.

Acto seguido se sometió a votación el punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a respetar las labores del INECC y no promover su desaparición debido a la emergencia climática del planeta registrando la misma de la siguiente manera: 11 votos a favor, 14 votos en contra y 0 abstenciones.

6. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen con punto de acuerdo relativo a la difusión de los acuerdos y compromisos de la COP 26 y que corresponde a la proposición con

• Punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a difundir los acuerdos y compromisos adquiridos por el gobierno de México en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático COP26, celebrada en Glasgow en 2021

- Presentada por la diputada Edna Gisel Díaz Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

- Turnada a la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad.

- Gaceta Parlamentaria, número 5969-VI, jueves 24 de febrero de 2022 (849), fecha:2022-03-15.

La diputada Edna Gisel Díaz Acevedo, del Grupo Parlamentario del PRD, solicitó el uso de la palabra para pronunciar los objetivos de la propuesta, los cuales se expresan a continuación:

Se trata de un exhorto para que la Semarnat dé publicidad a los acuerdos de la COP26 adoptados en México, particularmente los referidos al reconocimiento de la emergencia climática, la intensificación de la acción por el clima, el abandono de los combustibles fósiles, la complementación de las normas de aplicación del acuerdo de parís y el financiamiento para la acción climática. Por último, menciono la existencia de un informe de las actividades de la COP26, sin embargo, puntualizó que el informe tiene origen en la Secretaría de Relaciones Exteriores y no por la Semarnat.

Acto seguido, el diputado Gabriel Ricardo Quadri de la Torre, del Grupo Parlamentario del PAN, mencionó la importancia de que el informe esté enfocado en el contenido de la COP26 y en los temas fundamentales que son mayor ambición para cumplir el objetivo de los l.5 grados centígrados, los mercados de carbono, la transparencia en los inventarios de emisiones y detalló que el informe debería solicitarse a la autoridad competente como lo es la Semarnat.

Se procedió a tomar la votación respectiva quedando de la siguiente manera: 13 votos a favor, 13 en contra y 0 abstenciones, por lo que al existir empate se abrió una nueva ronda de participación.

El diputado Hiram Hernández Zetina, del Grupo Parlamentario del PRI, solicitó que los legisladores vieran por México y que se analizaran las propuestas sin distinción de colores, pues el trabajo más importante como diputados y diputados es el de generar productos legislativos que beneficien al país.

La diputada Edna Gisel Díaz Acevedo, del Grupo Parlamentario del PRD, solicitó el uso de la voz para hacer un llamado y se reconsidere el exhorto para solicitar el informe a la Semarnat y aprovechar la información que proporcione para los futuros trabajos de la Comisión.

Acto seguido y no habiendo más oradores, se procedió a tomar una segunda votación quedando de la siguiente manera: 12 votos a favor, 13 en contra y 0 abstenciones.

7. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del primer informe semestral de actividades de la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 165, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados

En el siguiente punto del orden del día, se sometió a discusión el informe semestral de actividades de la Comisión, en este sentido la diputada Edna Gisel Díaz Acevedo, del Grupo Parlamentario del PRD, solicitó hacer uso de la voz para proponer la adición del siguiente texto:

“En este semestre la Comisión careció de suficientes recursos humanos, administrativos y financieros que limitaron el ejercicio de su competencia, a pesar de haberse hecho solicitudes a las instancias administrativas de la Cámara de Diputados a la fecha de aprobación del presente informe no se ha dado una respuesta favorable para que al menos se cuente con un espacio con las condiciones óptimas y suficientes recursos conforme a lo establecido por el artículo 147, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados”.

Quedando aprobado por unanimidad y agregado al apartado VIII, del informe, correspondiente a la información sobre la aplicación y destino final de los recursos económicos asignados por el Comité de Administración.

Sin más oradores registrados se procedió a la votación correspondiente, quedando de la siguiente manera: 25 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

8. Asuntos generales

En relación al punto 6 del orden del día, correspondiente a asuntos generales, la presidenta presentó y concedió el uso de la voz al doctor Andrés Ávila Puente, de Política y Legislación Ambiental (Polea), el cual invitó a los diputados y diputadas al taller Sensibilización y Fortalecimiento en Materia del Sistema de Comercio de Emisiones en México, a realizarse el miércoles 23 de abril 2022.

9. Clausura

La presidenta preguntó a los presentes si alguien deseaba hacer uso de la palabra. Al no haber oradores, dio por clausurada la segunda reunión ordinaria a las 15:57 horas del miércoles 30 de marzo de 2022.

Con fundamento en el artículo 160 del Reglamento de la Cámara de Diputados se aprueba la presente acta de la cuarta reunión ordinaria de la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad en los que se consigna la resolución de los siguientes asuntos:

1. Aprobación del acta de la tercera reunión ordinaria del miércoles 23 de febrero, 2022.

2.Aprobación del dictamen, en sentido positivo, con proyecto de decreto que reforma los artículos 61 y 63 de la Ley General de Cambio Climático en materia de contribuciones determinadas a nivel nacional (ndc).

3. Aprobación del primer informe semestral de actividades de la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad de conformidad con lo establecido en el artículo 165, numeral 2, del reglamento de la Cámara de Diputados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 27 de abril de 2022.

Por la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad

Diputados: Edna Gisel Díaz Acevedo (rúbrica), presidenta; José Guadalupe Ambrocio Gachuz (rúbrica), Adriana Bustamante Castellanos (rúbrica), Mauricio Cantú González (rúbrica), Karla Estrella Díaz García (rúbrica), Ángel Domínguez Escobar (rúbrica), María del Carmen Escudero Fabre, Hiram Hernández Zetina (rúbrica), Julieta Mejía Ibáñez (rúbrica), Ali Sayuri Núñez Meneses, Lorena Piñón Rivera, Alfredo Porras Domínguez (rúbrica), Gabriel Ricardo Quadri de la Torre (rúbrica), Klaus Uwe Ritter Ocampo (rúbrica), secretarios; José Luis Báez Guerrero (rúbrica), Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo (abstención), Esteban Bautista Hernández (rúbrica), Érika Vanessa del Castillo Ibarra (abstención), Mirza Flores Gómez (rúbrica), José Luis Flores Pacheco (rúbrica), Diana María Teresa Lara Carreón (rúbrica), Carlos Alberto Manzo Rodríguez (rúbrica), Noel Mata Atilano (rúbrica), Rubén Gregorio Muñoz Álvarez (rúbrica), María del Rosario Reyes Silva (abstención), Rocío Esmeralda Reza Gallegos (rúbrica), Valeria Santiago Barrientos, Joaquín Zebadúa Alva (abstención).

De la Comisión de Energía, atinente a la tercera reunión ordinaria, efectuada el lunes 14 de marzo de 2022

Presidencia: Diputado Manuel Rodríguez González

Secretaría: Diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas.

Hora de Inicio: 13:00 horas.
Hora de término de reunión: 14:54 horas.

Quórum inicial: 27 diputadas y diputados.
Quorum final: 37 diputadas y diputados.

A las 13:00 horas del lunes 14 de marzo de 2022, se reunieron los integrantes de la Comisión de Energía, en los salones C y D del edificio G, primer piso, del Palacio Legislativo de San Lázaro, para llevar a cabo la tercera reunión ordinaria, según el siguiente:

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaratoria de quórum.

2. Lectura y aprobación del orden del día.

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del informe semestral de actividades de la Comisión de Energía.

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del “dictamen en sentido positivo de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, a fin de adecuar las disposiciones generales de contratación para Pemex y sus empresas productivas subsidiarias”.

5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del “dictamen de la Comisión de Energía relativo a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a Pemex a integrar la refinería de Salamanca Ingeniero Antonio M. Amor en las 10 tareas para fortalecer a la empresa productiva del Estado y obtener así mayor refinación de crudo a través del tren de lubricantes”.

6. Exposición del ingeniero Marco Antonio Osorio Bonilla, director general del Instituto Mexicano del Petróleo.

7. Asuntos generales.

8. Clausura.

El presidente Manuel Rodríguez González: Antes de iniciar quiero informarles que a partir de esta sesión cambiamos de secretario en los trabajos, le va a corresponder al Partido Acción Nacional en la persona del diputado Justino Arriaga. Así que, bienvenido como secretario diputado Justino, muy contento de tenerlo de compañero dirigiendo estos trabajos y le solicito, precisamente, al secretario de dar cuento del resultado de cómputo del registro previo de asistencia a la tercera reunión ordinaria en formato semipresencial.

El secretario Justino Eugenio Arriaga Rojas: Claro que sí, diputado presidente. Están conectados con asistencia inicial 26 diputadas y diputados. Y me gustaría saber si alguno de ellos no ha sido tomado en cuenta es momento de hacerlo de viva voz para registrar su asistencia.

El presidente, Manuel Rodríguez González: Gracias, secretario.

La diputada Genoveva Huerta Villegas: Buenas tardes.

El presidente, Manuel Rodríguez González: Adelante.

La diputada Genoveva Huerta Villegas: Perdón. Buenas tardes, Genoveva Huerta, de Puebla, presente.

El secretario Justino Eugenio Arriaga Rojas: Gracias. ¿Alguien más? Serían 27 diputadas y diputados, presidente. Hay quórum.

El presidente, Manuel Rodríguez González: Gracias, secretario. Se abre la reunión. Solicito a la Secretaría dar lectura al orden del día y consultar si es de aprobarse.

El secretario Justino Eugenio Arriaga Rojas: Por instrucciones de la Presidencia se da lectura al orden del día.

En consecuencia, se consulta a la asamblea así es de aprobarse el orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo levantando la mano de manera telemática o presente. Aprobado por unanimidad, presidente. Bueno, ¿negativa?, ¿en abstenciones? Creo que ninguno. Adelante, aprobado, presidente.

El presidente Manuel Rodríguez González: Bueno, se aprueba el orden del día. El siguiente punto en el orden del día se refiere a lectura, discusión y, en su caso, aprobación del informe semestral de actividades de la Comisión de Energía. Conforme al Reglamento de la Cámara de Diputados, el referido documento les fue enviado en tiempo y forma, por tal motivo y por economía procesal solicito a la Secretaría consultar a la asamblea si se dispensa la lectura del documento referido.

El secretario Justino Eugenio Arriaga Rojas: Por instrucciones de la Presidencia se consulta, de manera económica, si se dispensa la lectura del informe semestral de actividades de la Comisión de Energía. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse a manifestarlo. Abstenciones. Aprobado por unanimidad la dispensa, presidente.

El presidente Manuel Rodríguez González: Muchas gracias, secretario. Se dispensa la lectura. En consecuencia, está a discusión el informe semestral de actividades de la Comisión de Energía. Si alguna diputada o diputado desea hacer uso de la voz al respecto. Este tema podrá hacerlo hasta por tres minutos. Quienes deseen hacerlo desde la aplicación telemática pueden, ya sea, levantar la mano frente a la cámara o ponerlo en la aplicación para que lo pueda ver el secretario e ir anotando los nombres.

Bueno, aquí de manera presencial el diputado Reginaldo Sandoval desea hacer uso de la palabra.

El secretario Justino Eugenio Arriaga Rojas: Adelante, Reginaldo. También me apunto, presidente.

El diputado Reginaldo Sandoval Flores: Bueno, para mencionar que leímos el informe completo y me parece que lo fundamental está expresado. Y para decir que coincidimos en todo lo que está planteando y que estamos a favor de aprobar el informe, porque tuvimos la oportunidad de leerlo a plenitud.

El presidente Manuel Rodríguez González: Adelante, diputado Justino, secretario.

El secretario Justino Eugenio Arriaga Rojas: Gracias, presidente. Bueno, reconocerle su esfuerzo por estos meses de trabajo al frente de la comisión, creo que de relevancia el tema de las comparecencias, tanto del director general de la Comisión Federal de Electricidad, la comparecencia del director general de Petróleos Mexicanos. Creo que fue un buen ejercicio.

Falta la comparecencia de la secretaria de Energía Rocío Nahle, y hacer énfasis, presidente, en que volver a exhortar a la Jucopo para que la secretaria acuda a la Cámara de Diputados a responder las preguntas y cuestionamientos que muchas diputadas y diputados tenemos en torno a varios temas. También hacer énfasis sobre el tema del parlamento abierto de la reforma eléctrica, creo que fue una buena organización, a lo mejor el tema de los resultados, pues cada grupo parlamentario tendrá su percepción y su opinión, pero creo que fue una buena organización por ambas comisiones.

La creación de los grupos de trabajo de hidrocarburos, de energía eléctrica, de energías renovables y transición energética, creo que también es un tema que hay que poner importante o relevante. Esta comisión no se ha llevado o ha gastado en viajes de trabajo sufragados por la Comisión de Energía y eso creo que es lo positivo.

Lo que nosotros consideramos que ha faltado, presidente, es que no se ha profundizado en los temas más relevantes en la materia, tales como la refinería de Dos Bocas, en Tabasco; los constantes problemas laborales, sociales y ambientales sobre la contaminación ocasionada por la quema de combustóleo en las centrales termoeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad; o sobre el embate de las energías renovables y sus generadores.

Si bien, presidente, el informe cumple con los requisitos formales de presentación, creemos que aporta poca información sobre las acciones de la comisión sobre los temas más relevantes del sector energético. Creemos que, en pocas palabras, es un resumen cuantitativo, pero no cualitativo y por esa razón estaremos votando en abstención. Es cuanto, presidente.

El presidente Manuel Rodríguez González: Gracias, secretario. Ha pedido el uso de la voz la diputada Genoveva también. Así que, adelante, por favor.

La diputada Genoveva Huerta Villegas: No, no era petición de la voz. Una disculpa.

El secretario Justino Eugenio Arriaga Rojas: Perfecto. ¿Alguien más? Parece que ya nadie quiere hablar, presidente.

El presidente, Manuel Rodríguez González: Muchas gracias, secretario. Antes de continuar, quiero informarles a todas las diputadas y diputados integrantes de esta comisión que se encuentra ya presente con nosotros el ingeniero Marco Antonio Osorio Bonilla, que es el director general del Instituto Mexicano del petróleo. A quien le agradecemos su presencia, tendrá una intervención de acuerdo al orden del día un poco más adelante. Muchas gracias, ingeniero por su presencia.

Y continuando con el orden del día, no habiendo más personas que hagan uso de la palabra, solicito a la Secretaría consultar si es de aprobarse el informe semestral de actividades de la Comisión de Energía.

El secretario Justino Eugenio Arriaga Rojas: Por instrucciones de la Presidencia se consulta si es de aprobarse el informe semestral de actividades de la Comisión de Energía. Para tal efecto, solicito al secretario técnico abrir el sistema APRAV y recoger la votación correspondiente.

La diputada Simey Olvera Bautista: Diputado secretario.

El secretario Justino Eugenio Arriaga Rojas: Sí, adelante.

La diputada Simey Olvera Bautista: Gracias, para emitir mi voto de viva voz.

El secretario Justino Eugenio Arriaga Rojas: Sí.

El secretario Justino Eugenio Arriaga Rojas: Nombre y grupo y su sentido del voto.

La diputada Simey Olvera Bautista: Gracias, secretario Simey Olvera Bautista, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor.

El secretario Justino Eugenio Arriaga Rojas: Gracias.

La diputada Simey Olvera Bautista: Le agradezco secretario.

La diputada Genoveva Huerta Villegas: Secretario, también Genoveva Huerta, del Partido Acción Nacional, abstención.

El secretario Justino Eugenio Arriaga Rojas: Gracias, Genoveva.

El presidente, Manuel Rodríguez González: Secretario, por favor, consulte si de viva voz habrá alguna diputada o diputado adicional que quiera hacerlo por esa vía.

El secretario Justino Eugenio Arriaga Rojas: Claro que sí. Por instrucciones del presidente, reiteramos si alguna diputada o diputado no ha podido por la aplicación APRAV, hacerlo de viva voz para poder tomar en cuenta el sentido de su voto.

La diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Yo, secretario, quisiera ver si podrían registrar mi voto a favor, por favor.

El secretario Justino Eugenio Arriaga Rojas: Sí, nombre completo, por favor, diputada.

La diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Secretario.

El secretario Justino Eugenio Arriaga Rojas: Gracias, Nayelly Moreno.

La diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Verde.

El secretario Justino Eugenio Arriaga Rojas: Verde. ¿Alguien más, diputadas y diputados? Pues, parece que ya terminamos de votar, presidente, a la hora que usted indique.

El presidente, Manuel Rodríguez González: Si, falta todavía dos minutos para cerrar el sistema, por protocolo esperaremos esos dos minutos. Por favor, mida el tiempo secretario, gracias.

El secretario Justino Eugenio Arriaga Rojas: Estamos con reloj suizo.

El presidente, Manuel Rodríguez González: Bueno, aprovechando esos dos minutos, quiero, por favor, que me den la oportunidad de públicamente aquí darle mi más sentido pésame a la diputada Nayeli Arlen Fernández, por el sensible fallecimiento de su padre, descanse en paz, un abrazo solidario desde aquí a nuestra amiga y compañera diputada del Grupo Parlamentario del Partido Verde. Y, bueno, pues, lo sentimos mucho Nayeli.

La diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Muchas gracias, presidente, gracias por sus palabras y aquí estoy.

El presidente, Manuel Rodríguez González: Solicito el cierre del sistema y, por favor, secretario adelante.

El secretario Justino Eugenio Arriaga Rojas: Muchas gracias, diputado presidente. Me podrían regresar, ya me perdí, cuántos votos, se me fue la pantalla para hacer el cómputo, me podría apoyar el secretario técnico con el número.

El presidente Manuel Rodríguez González: Diputado secretario, su asesor tiene ya los datos ahí.

El secretario Justino Eugenio Arriaga Rojas: Sí, aquí están son 21, 22, 23 votos a favor, 7 abstenciones y 0 en contra. Aprobado el informe, presidente.

El presidente, Manuel Rodríguez González: Muchas gracias, secretario. Aprobado el informe semestral de actividades de la Comisión de Energía, túrnese a la Mesa Directiva para los efectos conducentes.

El siguiente punto en el orden del día se refiere a la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen en sentido positivo de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos a fin de adecuar las disposiciones generales de contratación para Pemex y sus empresas subsidiarias.

Conforme al Reglamento de la Cámara de Diputados, el documento referido les fue enviado en tiempo y forma. Por tal motivo y por economía procesal solicito a la secretaría consultar a la asamblea si se dispensa la lectura del documento referido.

Asimismo, una vez dispensada la lectura, solicito a la secretaría solo dar lectura a los resolutivos del punto de acuerdo.

El secretario Justino Eugenio Arriaga Rojas: Por instrucciones de la presidencia, se consulta de manera económica si se dispensa la lectura del dictamen de la proposición con punto de acuerdo referido.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo, por favor. Abstenciones. Aprobado por unanimidad, diputado presidente.

El presidente, Manuel Rodríguez González: Sí, gracias. Aquí quiere pasar de viva voz asistencia el diputado Cuauhtémoc Ochoa. Adelante.

El secretario Cuauhtémoc Ochoa Fernández: Cuauhtémoc Ochoa, Grupo Parlamentario de Morena, presente.

El secretario Justino Eugenio Arriaga Rojas: Registrado. Muy bien, voy a dar lectura a los resolutivos, presidente.

El presidente, Manuel Rodríguez González: Adelante, secretario.

El secretario Justino Eugenio Arriaga Rojas: Primero. La Cámara de Diputados de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto al principio de división de Poderes exhorto al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos para que analice y, en su caso, reforme los artículos 20 y 37 de las disposiciones generales de contratación para Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias, con el fin de modernizar y actualizar el uso de la e-firma a través del sistema de formalización de contratos de Pemex, el proceso de la subcontratación de empresas regionales o de prestación de los servicios por suministrados de los bienes.

Segundo. La Cámara de Diputados de la LVX Legislatura del honorable de la Unión con pleno respeto al principio de división de Poderes exhorta el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos para que, una vez aprobada la presente proposición con punto de acuerdo, ya analizada la viabilidad la adecuación de los artículos 20 y 37, de las disposiciones generales de contratación para Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiadas se realice las modificaciones que se consideren presentes. Es cuanto, diputado presidente.

El presidente, Manuel Rodríguez González: Muy bien, muchas gracias, secretario. Antes de continuar, quiero comentar que se recibió oficio de la diputada Lidia Pérez Bárcenas, por el que solicita hacer una armonización más completa de las disposiciones generales de contratación para Pemex y sus empresas productivas subsidiarias, misma que será valorado y se asienta en el acta.

En consecuencia, está a discusión el dictamen en sentido positivo de la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, a fin de adecuar las disposiciones generales de contratación para Pemex y sus empresas productivas subsidiarias.

Si alguna diputada o diputado desea hacer uso de la voz con relación a este tema, puede hacerlo hasta por tres minutos. Aquí de manera presencial, solicita la voz el diputado Reginaldo Sandoval.

El diputado Reginaldo Sandoval Flores: Bueno, para señalar que estamos de acuerdo en la propuesta de punto de acuerdo positivo, haciendo la aclaración que leímos con claridad a lo que se propone, modificar el artículo 20, que lo que hace es promover la subcontratación de empresas regionales del entorno donde están instaladas la infraestructura de Pemex.

Y también modifica el artículo 37 para hacer un proceso de contratación de compras y adquisiciones de Pemex, un poco más ágil, agregando la firma electrónica. Nosotros creemos que se justifica la propuesta. Y bueno, también que se diga con claridad que eso lo debe hacer, la educación se debe hacer en la próxima reunión del Consejo Directivo de Pemex después de aprobado por el Pleno de la Cámara y señalar que hay que realizar una corrección, sólo de redacción.

En el último renglón del párrafo segundo de la hoja uno, porque ahí dice preposición y debe decir proposición. Porque no es lo mismo preposición que proposición. Entonces, hay que hacer esa corrección, estamos de acuerdo.

El presidente, Manuel Rodríguez González: Secretario, registro a alguien de manera telemática porque si no aquí de manera presencial.

El secretario Justino Eugenio Arriaga Rojas: No, presidente. Tendría un comentario muy breve al respecto, nada más.

El presidente, Manuel Rodríguez González: Sí, también solicita acá de manera presencial, la diputada Lidia Pérez Bárcena.

El secretario Justino Eugenio Arriaga Rojas: Adelante diputada.

La diputada Lidia Pérez Bárcenas: Gracias, presidente. Nada más para hacer referencia al oficio qué se remitió a la Presidencia. Cuando se presentó en la proposición con punto de acuerdo, era el artículo 37 y ahora es el artículo 39. Y simplemente nada más, es para señalarlo y que se haga la homologación correspondiente. Muchas gracias.

El secretario Justino Eugenio Arriaga Rojas: Muy bien. Presidente bueno, mi comentario es también a favor de la propuesta de esta, de un punto de acuerdo. Creemos que el Consejo de Administración es conveniente que realice de Pemex, realice un análisis sobre el uso de las nuevas tecnologías tales como la firma electrónica, a través de este sistema de formalización de contratos de Pemex, entidades de la administración pública federal, han avanzado considerablemente en el uso de firmas electrónicas, como la fiel u otras autorizadas por entidades certificadoras.

Creemos que esto reduce tiempos en los procedimientos administrativos, fomenta la transparencia, promueve la innovación y genera un impulso a la transición hacia el uso de nuevas tecnologías de la información. Es por eso que creemos que este exhorto que hacemos al Consejo de Administración de Pemex para que analice la situación y en caso de considerarlo, avanzar hacia el uso de esta y e.Firma, adopten estas medidas pertinentes.

Y bueno recalcar que este consejo de administración está en total libertad de considerar nuestro punto de acuerdo en esta división de poderes y que bueno creo que este exhorto no vulnera su competencia, ni su autonomía. Por eso lo consideramos viables. Es cuanto, presidente.

El presidente, Manuel Rodríguez González: Gracias, secretario. El diputado Pedro Armentía, tengo entendido que quiere hacer el uso de la voz.

El secretario Justino Eugenio Arriaga Rojas: Ah sí, perdón. Adelante Pedro.

El secretario Armentía López Pedro: Muchísimas gracias, presidente Justino. Como lo comenté la Junta Directiva, estamos a favor y también estamos apoyando el dictamen que presenta nuestro presidente.

Solamente como comentario, si pudiéramos poner en la redacción, en el artículo 20, que realmente se privilegia las empresas regionales, si dejarlo como lo está planteando nuestro presidente, pero también poner en la redacción, sin dejar fuera a las empresas internacionales, para que se sigan atendiendo los capítulos de competencia, competitividad y energía. Esto, para no contravenir nuestros compromisos internacionales.

Sigo haciendo hincapié en esto presidente, solamente en la redacción para que no se deje fuera y después tengamos problemas, pero cuenta con mi aprobación y con mi voto a favor.

El secretario Justino Eugenio Arriaga Rojas: Perfecto ¿Alguien, más diputadas y diputados? Lo que considera usted, presidente.

El presidente, Manuel Rodríguez González: Sí, gracias, bueno, en función de los planteamientos, decirle al diputado Reginaldo Sandoval, a nuestro amigo que no quisimos vernos impositivos porque se trata de una proposición de punto de acuerdos, es competencia del Consejo de Administración, es una amable y puntual sugerencia que le hacemos para mejorar ahí la parte de la participación de las empresas locales y regionales y bueno, por eso es que no lo pusimos en esos términos por la parte de la corrección de la palabra que mencionaba hace rato ya se tomó nota, lo vamos a hacer.

Y bueno, pues agradezco a nuestro diputado secretario sus expresiones de apoyo y las razones de por qué lo hace y también someteríamos, no le vemos mayor problema a las adecuaciones muy precisas que nos hacen la diputada Lidia Pérez Bárcenas y el diputado Pedro Armentía, pues tendríamos que someter a la asamblea si están de acuerdo que se integren a la redacción del punto de acuerdo las aportaciones que han hecho de ortografía, el diputado Reginaldo y de adecuaciones, la diputada Lidia Pérez Bárcenas y el diputado Pedro Armentía.

Entonces, secretario por favor, consulte si están de acuerdo en la asamblea que lo integremos o no. Adelante.

El secretario Justino Eugenio Arriaga Rojas: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta de manera económica si están de acuerdo en estas adecuaciones realizadas por las diputadas y los diputados de la Comisión de Energía al dictamen.

Los que estén a favor, favor de manifestarlo, gracias. Los que estén en contra, gracias. En abstención. A favor, diputado presidente por las adecuaciones.

El presidente, Manuel Rodríguez González: Muchas gracias, secretario. Entonces, se integran esas observaciones, esas adecuaciones al texto. Le solicitó al secretario técnico que haga las adecuaciones pertinentes.

No habiendo más diputadas o diputados, quienes hagan uso de la palabra, solicitó a la Secretaría consultar si es de aprobarse el dictamen de la proposición con punto de acuerdo, referido.

El secretario Justino Eugenio Arriaga Rojas: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta si es de aprobarse el dictamen en sentido positivo de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, a fin de adecuar las disposiciones generales de contratación para Pemex y sus empresas productivas subsidiarias.

Para tal efecto, solicitó al secretario técnico abrir el sistema APRAV y recoger la votación correspondiente.

La diputada Sandra Simey Olvera Bautista: Diputado Justino, para que me registre mi asistencia, por favor. Perdón, mi votación.

El secretario Justino Eugenio Arriaga Rojas: Sí.

La diputada Sandra Simey Olvera Bautista: Olvera Bautista Sandra Simey, Grupo Parlamentario de Morena a favor.

El secretario Justino Eugenio Arriaga Rojas: Gracias, diputada.

La diputada Sandra Simey Olvera Bautista: Muy amable, diputado secretario.

El secretario Cuauhtémoc Ochoa Fernández: Cuauhtémoc Ochoa del Grupo Parlamentario de Morena, a favor.

El secretario Justino Eugenio Arriaga Rojas: Gracias, diputado. ¿Alguien más de viva voz?

La diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Nayeli Fernández, secretario. Si puede registrar mi voto a favor, del Grupo Parlamentario del Verde.

El secretario Justino Eugenio Arriaga Rojas : Gracias, Nayeli.

La diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Gracias.

El secretario Justino Eugenio Arriaga Rojas: ¿Alguien más de viva voz?

La diputada Johana Montcerrat Hernández Pérez: Johana Montcerrat Hernández Pérez, a favor.

El secretario Justino Eugenio Arriaga Rojas: Gracias.

La diputada Genoveva Huerta Villegas: Secretario, Genoveva Huerta, a favor.

El secretario Justino Eugenio Arriaga Rojas: Gracias.

El presidente, Manuel Rodríguez González: Diputado secretario, recuerde –por favor– que, si alguien no ha podido votar con la aplicación, lo puede hacer de viva voz.

El secretario Justino Eugenio Arriaga Rojas: Claro que sí, presidente. Recuerdo a las diputadas y a los diputados que sigue abierto el sistema de votación APRAV. Si alguien no ha podido votar por el sistema háganoslo saber para registrar su votación de viva voz. Todavía está abierto el sistema. Recuerdo a las y a los diputados que no han emitido su voto, estamos por cerrar el sistema y para recoger la votación de viva voz, por favor hacerlo de una vez.

El presidente, Manuel Rodríguez González: Diputado secretario, hay que concederle el uso de la voz al diputado Carvajal, por favor.

El secretario Justino Eugenio Arriaga Rojas: Diputado Alejandro Carvajal, lo escuchamos.

El presidente, Manuel Rodríguez González: Diputado secretario, me informan que ya pudo hacerlo a través de la aplicación.

El secretario Justino Eugenio Arriaga Rojas: Sí, ya modificó el sentido de su voto.

El presidente, Manuel Rodríguez González: Diputado secretario, su asesor le debe estar mandando el dato del cierre de la votación.

El secretario Justino Eugenio Arriaga Rojas: Así es, presidente. Se emitieron 37 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Está aprobado este dictamen con proposición de punto de acuerdo, diputado presidente.

El presidente, Manuel Rodríguez González: Muchas gracias, secretario. Aprobada la proposición con punto de acuerdo túrnese a la Mesa Directiva para los efectos procesales conducentes. El siguiente punto en el orden del día es la lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen de la Comisión de Energía relativo a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a Pemex a integrar la refinería de Salamanca, Ingeniero Antonio M. Amor, en las 10 tareas para fortalecer a la empresa productiva del Estado y obtener así mayor refinación de crudo a través del tren de lubricantes.

Conforme al Reglamento de la Cámara de Diputados, el documento referido les fue enviado en tiempo y forma. Por tal motivo y por economía procesal solicito a la Secretaría consultar a la asamblea si se dispensa la lectura del documento referido. Asimismo, una vez dispensada la lectura, solicito a la Secretaría sólo dar lectura a los resolutivos del punto de acuerdo.

El secretario Justino Eugenio Arriaga Rojas: Por instrucciones del presidente les pregunto a las diputadas y a los diputados que estén a favor de que se dispense la lectura del dictamen de la proposición con punto de acuerdo referido, favor de manifestarlo levantando su mano. Muchas gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Abstenciones. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Voy a dar lectura a los resolutivos, presidente.

El presidente, Manuel Rodríguez González: Secretario, si me permite dar a conocer a la asamblea que en reunión de Junta Directiva surgió la propuesta de nuestro diputado secretario, Justino Arriaga, para modificar el resolutivo primero del dictamen de la Comisión de Energía relativo a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a Pemex a integrar la refinería de Salamanca, Ingeniero Antonio M. Amor, en las 10 tareas para fortalecer a la empresa productiva del Estado y obtener así mayor refinación de crudo a través del tren de lubricantes. Para quedar como sigue.

Resolutivo primero. La Cámara de Diputados de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto al principio de división de poderes, exhorta respetuosamente a Petróleos Mexicanos a integrar en sus 10 tareas para el fortalecimiento de Pemex a la refinería de Salamanca, Ingeniero Antonio M. Amor. Con el objetivo de avanzar en su reconfiguración y mejorar la seguridad industrial, modernice su tecnología y se fomente la protección del medio ambiente y la salud de la población. Y obtener mayor refinación de crudo a través del tren de lubricantes para disminuir importaciones y consolidar la soberanía energética.

Esta propuesta fue aprobada por unanimidad en la junta directiva que sostuvimos previo a esta reunión ordinaria. Por lo que le pido a nuestro secretario que someta, en votación económica, la modificación.

El secretario Justino Eugenio Arriaga Rojas : Claro que sí, con mucho gusto, diputado presidente. Someto a consideración del pleno de esta comisión la modificación del resolutivo número primero, el primer resolutivo de este punto de acuerdo. Los que estén a favor, favor de manifestarlo levantando su mano, gracias. Los que estén en contra. En abstención. Aprobado, diputado presidente.

El presidente, Manuel Rodríguez González: Muchas gracias, secretario. Continúe, por favor, con la lectura, entonces, de los resolutivos.

El secretario Justino Eugenio Arriaga Rojas : Doy lectura a los resolutivos.

El primero. La Cámara de Diputados de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto al principio de la división de poderes, exhorta respetuosamente a Petróleos Mexicanos a integrar en sus 10 tareas para el fortalecimiento de Pemex a la refinería de Salamanca Ingeniero Antonio M. Amor, RIAMA, con el objetivo de avanzar en su reconfiguración que mejore la seguridad industrial, modernice su tecnología, se fomente la protección del medio ambiente y la salud de la población y obtener mayor refinación de crudo a través del tren de lubricantes para disminuir importaciones y consolidar la soberanía energética.

Segundo. La Cámara de Diputados de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto al principio de la división de poderes, exhorta respetuosamente a Pemex Transformación Industrial para que a través de la gerencia de la refinería Ingeniero Antonio M. Amor analice y, en su caso, actualice el proyecto tren de lubricantes de la refinería de Salamanca, identificado con la clave 0318T4M0115, cuyo objetivo es la construcción de plantas nuevas, modernización del tren de lubricantes actual y descuellamiento de las plantas primarias para satisfacer la demanda de lubricantes en el corto plazo a partir de una mezcla de crudo más económica.

Y, tercero, la Cámara de Diputados de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto al principio de la división de poderes, exhorta respetuosamente a Pemex Transformación Industrial para que analice la viabilidad de designar recursos públicos o celebrar contratos de asociaciones público-privadas para recuperar el tren de lubricantes y proyectar la construcción de uno nuevo, con el propósito de obtener derivados petrolíferos que conlleven mayor utilidad para Petróleos Mexicanos.

Es cuánto.

El presidente, Manuel Rodríguez González: Gracias, secretario. En consecuencia, está a discusión el dictamen de la Comisión de Energía, relativo a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a Pemex a integrar la refinería de Salamanca, Ingeniero Antonio M. Amor en las 10 tareas para fortalecer a la empresa productiva del Estado y obtener así mayor refinación de crudo a través del tren de lubricantes.

Si alguna diputada o diputado desea hacer uso de la palabra con relación a este tema, podrá hacerlo hasta por tres minutos. Tome nota, por favor, secretario. El diputado Reginaldo Sandoval ha solicitado la palabra.

El secretario Justino Eugenio Arriaga Rojas : Adelante, diputado Reginaldo. Adelante.

El diputado Reginaldo Sandoval Flores: Bueno, voy a hacer el esfuerzo de hacer una especie de síntesis por el tema del tiempo. Primero quiero poner en contexto lo que es la refinería Salamanca y lo que significaría el tren de lubricantes. Actualmente se procesa en la refinería 110 mil barriles diarios, 20 mil más que en 2018. Se han destinado 5 mil 200 millones de pesos para su rehabilitación. La refinería produce aceites básicos que sirven como materia prima de la mayoría d ellos aceites y grasas industriales consumidos en el país.

Para satisfacer la demanda actual del mercado de estos subproductos, los fabricantes mexicanos se ven forzados a importar. Se estima que de 2003 a 2020 la cifra de importación alcanzó los 8 mil 746 millones de dólares. Si la refinería corriera a una capacidad ideal, el tren de aceites básicos podría producir 1 millón de litros diarios, sumando 252 mil millones al año.

El proyecto puede incrementar la producción de gasolinas hasta en 29 mil 300 barriles por día y la de diésel hasta en 27 mil 700 barriles por día. La reducción de la generación de combustóleo pasaría de 43 mil 200 barriles por día a solo 2 mil 500 requerido por autoconsumo. Bueno, aquí no tenemos ninguna duda de que es necesario esto.

Y en la comparecencia del director de Pemex explicó que, el 28 de diciembre de 2021, el ingeniero Octavio Romero Oropeza indicó que busca conseguir autosuficiencia energética para México a través de 10 acciones. Y la propuesta sugiere que agreguemos a esas 10 una más, que sería la refinería de Salamanca. No las voy a repetir las 10 acciones que mencionó el secretario.

Entonces, coincidimos con la modificación también del exhorto, que sea únicamente a Petróleos Mexicanos y no a la Secretaría de Energía, pues es Pemex la responsable de ejecutar todas las tareas planteadas. Asimismo, la calve presupuestal se asignó dentro del PEF de 2005 al sector 18l, Energía, correspondiente a la entidad T4M Pemex Refinación.

El tema del tren de lubricantes de la refinería Salamanca se abordó en la exposición del maestro Jesús Antonio Herrera Aguirre, titulada “Soberanía energética y subproductos petrolíferos”, presentado durante la segunda reunión ordinaria de esta comisión el pasado 25 de noviembre de 2021.

Por la importancia que reviste el tren lubricante dela refinería de Salamanca para Pemex, en términos económicos, financieros y de producción es fundamental que dicho proyecto se integre a las 10 tareas para fortalecer a la empresa productiva del Estado, pue esta generaría una mayor utilidad en el balance de Pemex, una mayor y mejor capacidad de refinación, posicionaría a Pemex en el mercado de aceites básicos nuevamente, habría una mejora ambiental y ayudaría en la calificación crediticia de Pemex.

Aquí simplemente les decimos a Pemex que es importante que valore en términos económicos y financieros sobre la conveniencia de establecer una asociación pública privada para la difusión de dicho proyecto. Ya saben que nosotros tenemos nuestras reservas en las asociaciones público-privadas, pero en esta ocasión le vamos a dar la oportunidad de Pemex que resuelva esto y vamos a apoyar. Muchas gracias.

El presidente, Manuel Rodríguez González: Secretario, acá, aun lado mío, la diputada Raquel Bonilla ha solicitado la palabra.

El secretario Justino Eugenio Arriaga Rojas : Adelante, diputada Raquel Bonilla.

La diputada Raquel Bonilla Herrera: Gracias, secretario. Gracias, presidente. Compañeras, compañeros, ya el diputado Reginaldo hizo el favor de apoyarnos con un poquito de información muy valiosa en estos temas que representan pues estrategia para la economía de nuestro país.

Bien lo mencionaba, los productos de esta refinería abastecen a un sin número de actividades que realizamos todas y todos en nuestro día a día. La instrumentación de estrategias para mejorar la industria de refinación ha sido enfocada para la obtención de resultados que incrementen la productividad. Y, en este sentido, es que proponemos este punto de acuerdo para que Petróleos Mexicanos, así como ha sido la base para la industrialización y desarrollo del país, en este contexto pueda considerar a la refinería Antonio M. Amor, localizada en Salamanca, Guanajuato, que es productora de lubricantes, parafinas y alcohol, que son distribuidos en todo el país, pero que a parte esta misma refinería abastece energéticos en Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes. De aquí el por qué la importancia de ponerla en el foco.

La actual administración está encaminada a fortalecer y a elevar niveles históricos de refinación, pasando de 44.6 por ciento a 85.9 por ciento de su capacidad en las existentes para 2024. Hay una estrategia anunciada por la secretaria de Energía, Rocío Nahle que señala que Pemex está caminando a tener una capacidad de proceso de crudo de 2 mil 520 millones de barriles entre el 23 y el 24, de los cuales estarán utilizando el 86 por ciento y con ello, al final de esta administración la capacidad será de mil 640 millones de barriles diarios en estas seis refinerías de Pemex, que procesan mil 375 millones de barriles en conjunto.

De aquí es, por tal motivo, la importancia que conlleva los trabajos que estamos realizando al interior de la refinería de Salamanca, Ingeniero Antonio M. Amor y su impacto en el desarrollo sostenible en el país. Resulta importante la aprobación de este punto de acuerdo, de este exhorto que realicemos a Pemex, a fin de que se incluya a dicha refinería dentro de estas tres hectáreas de fortalecimiento para Pemex con el objetivo de tener mayor refinación crudo a través del tren de lubricante para poder disminuir las importaciones, pero, sobre todo, para poder consolidar la soberanía energética de nuestro país.

En el marco de robustecer y la confiabilidad y la calidad operacional del Sistema Nacional de refinación, pues, proponemos que se actualice el proyecto tren de lubricantes de la refinería Salamanca y agradezco también al tiempo, al diputado Justino Arriaga por su aportación para enriquecer el texto de este punto de acuerdo. Así que, invito a todas y a todos los diputados a que votemos a favor de esta proposición. Es cuanto, presidente.

El presidente, Manuel Rodríguez González: Diputado secretario ¿Alguien más le ha solicitado la palabra?

El secretario Justino Eugenio Arriaga Rojas: No, diputado presidente, es todo. Bueno, nada más el de la voz.

El presidente, Manuel Rodríguez González: Adelante, diputado secretario.

El secretario Justino Eugenio Arriaga Rojas: Gracias. Pues, nada más hacer énfasis en la importancia del punto de acuerdo, al contrario, agradecer a la diputada Raquel Bonilla por dejarme aportar y enriquecer este punto de acuerdo y a todas y todos ustedes. Comentarles que en la refinería de Salamanca es fundamental que también la dirección general de Petróleos Mexicanos, pues vea, la necesidad de tomar en cuenta lo que nosotros expresamos en este punto de acuerdo, creemos que en este momento privatizador que se vino desde la época de Miguel de la Madrid y Salinas, en muchos aspectos no ayudo al país, en otro sí lo modernizó y en otros, como es el caso concreto en esto de las refinerías, particularmente en los trenes de lubricantes, pues, no contribuyo.

Entonces, creo que aquí me da mucho gusto poder coincidir con las y los diputados de esta Comisión de Energía y que se tome en cuenta que se requiere nuevamente invertir de parte de Pemex en este tren de lubricantes.

Además, no solamente, sí el tema de la soberanía energética, pero a mí me interesa muchísimo el tema del combustóleo, el que ya no se queme combustóleo en mi tierra para que los salamantinos y las salmantinas no sigamos respirando este aire contaminado.

Entonces, por supuesto, que nos sumamos con gusto a este tipo de iniciativas y le agradezco a la diputada y a todos por votarlo a favor en su momento.

El presidente, Manuel Rodríguez González: Gracias, diputado secretario. También he pedido la voz en este punto.

El secretario Justino Eugenio Arriaga Rojas: Adelante, presidente.

El presidente, Manuel Rodríguez González: Muchas gracias, secretario. No voy a abundar ya en los argumentos a favor de este punto de acuerdo, es evidente que hay coincidencia en la gran mayoría de quienes han participado, yo invito a votar a favor de este importante punto de acuerdo y lo que abonaría a lo que hemos escuchado aquí, de parte de todos quienes han intervenido, a las diputadas y los diputados es que pues este punto de acuerdo, al igual que el anterior, nos permite demostrar que juntos todos los grupos parlamentarios podemos enriquecer y construir cosas por el bien del país y estos dos puntos de acuerdo que estamos discutiendo son una clara muestra de ello y me congratulo de que haya esa disposición por parte de todos, nuevamente, invitarles a votar a favor de este punto de acuerdo. Muchas gracias.

El secretario Justino Eugenio Arriaga Rojas: Gracias, presidente. Pues, parece que ya nadie quiere hacer uso de la palabra, presidente.

El presidente, Manuel Rodríguez González: Gracias, secretario. No habiendo alguna otra diputada o diputado que haga el uso de la palabra, solicito a la secretaria consultar si es de aprobarse el dictamen de la proposición con punto de acuerdo que nos ocupa.

El secretario Justino Eugenio Arriaga Rojas: Por instrucciones de la presidencia se consulta si es de aprobarse el dictamen de la Comisión de Energía relativo a la proposición con punto de acuerdo con el que se exhorta a Pemex integrar a la Refinería de Salamanca, Ingeniero Antonio M. Amor, las 10... para fortalecer a la empresa productiva del Estado y obtener así mayor refinación de crudo a través del tren de lubricantes.

Para tal efecto, solicito al secretario técnico de la comisión abrir el sistema APRAV y recoger la votación correspondiente hasta por cinco minutos.

El presidente, Manuel Rodríguez González: Diputado secretario, le recuerdo, por favor, que consulte si alguien no puede votar a través de la aplicación que lo pueda hacer de viva voz.

El secretario Justino Eugenio Arriaga Rojas: Claro que sí. Las diputadas y los diputados, adelante los escucho, ¿diputada Genoveva Huerta?

La diputada Genoveva Huerta Villegas: Genoveva Huerta, a favor. Secretario, gracias.

El secretario Justino Eugenio Arriaga Rojas: Simey Olvera

La diputada Simey Olvera Bautista: Simey Olvera. A favor, del Grupo Parlamentario de Morena, gracias.

El secretario Justino Eugenio Arriaga Rojas: Gracias, diputada Simey. ¿Alguien más? ¿De viva voz?

La diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Si puede registrar mi voto a favor Nayeli Fernández.

El secretario Justino Eugenio Arriaga Rojas: Claro que sí, diputada Nayeli, ya registrada. Gracias. ¿Alguien más de viva voz para registrar su voto, por favor?

El presidente, Manuel Rodríguez González: Diputado secretario, le pido por favor, aproveche a tomar la asistencia la diputada Laura Contreras.

El secretario Justino Eugenio Arriaga Rojas: Diputada Laura Contreras. Diputada Laura Contreras, ¿nos escucha?

La diputada Laura Patricia Contreras Duarte: Sí, una disculpa, aquí estoy, ya voté en la aplicación.

El secretario Justino Eugenio Arriaga Rojas: Ah, perfecto, diputada, ya la tenemos registrada.

La diputada Laura Patricia Contreras Duarte: Gracias.

El presidente, Manuel Rodríguez González: Diputado, secretario, debe tener ya por ahí los datos.

El secretario Justino Eugenio Arriaga Rojas: Sí, ya los tengo. Diputado presidente, se emitieron 34 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.

El presidente, Manuel Rodríguez González: Muchas gracias, secretario. Aprobada la proposición con punto de acuerdo, túrnese a la Mesa Directiva para los efectos procesales conducentes.

El siguiente punto en el orden del día, es la exposición del ingeniero Marco Antonio Osorio Bonilla, director general del Instituto Mexicano del Petróleo. Quiero nuevamente darle la bienvenida, agradecerle el que haya atendido la invitación de la Comisión de Energía.

Y bueno, pues destacar que el ingeniero es un hombre que se ha desarrollado dentro del Instituto Mexicano del Petróleo y en la industria petrolera, con una gran experiencia en esta trascendental industria y es un hombre muy comprometido con su trabajo. Muchas gracias, ingeniero y tiene usted hasta 20 minutos para su exposición. Adelante.

El ciudadano Marco Antonio Osorio Bonilla: Muchas gracias, diputado presidente. Buenas tardes a todas las diputadas, a todos los diputados, a todos los presentes. Agradezco esta invitación para poder dar a conocer un poco, no de lo que es, algo que considero es una fortaleza del país, una fortaleza de la investigación, el desarrollo tecnológico, qué es el Instituto Mexicano del Petróleo.

Me voy a permitir presentarme. Soy el geo Marco Antonio Osorio Bonilla, soy egresado, soy ingeniero químico egresado del Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, pues mi trayectoria ha sido institucional, desde mis padres que fueron jubilados del Seguro Social, Instituto Politécnico Nacional y ahora mi Instituto Mexicano del Petróleo. Pues este mi carrera ha sido meramente para servir al país.

Sí. También aprovechó para extenderles una invitación a visitar el instituto, estoy seguro de que van a poder palpar, y van a poder constatar que, efectivamente, el Instituto, es un instituto de todos y es una gran fortaleza que tiene el país en esta materia de hidrocarburos.

Quiero platicarles primero que –no sé si pueda pasar la lámina– quiero platicarles primero que bueno, después de la expropiación petrolera y hacia los años 60, había, pues, unas grandes necesidades en cuanto a recursos humanos, en cuanto a tecnología, la mayor parte de las refacciones, de los suministros se importaban en México para la industria petrolera y tenía también el país una visión de un crecimiento importante en los siguientes años.

De esta manera, en 1965 surge... y a través de todo este crecimiento de la industria y de este sostenimiento que se ha venido dando, el instituto ha estado presente en los principales hitos de esta industria. Aquí quise mostrar, no sé si alcanzan a apreciar, como desde el descubrimiento de los grandes campos petroleros, pues el instituto fortaleció la industria con laboratorio sismológico, con técnicas de recuperación secundaria desde esos tiempos y posteriormente con el desarrollo de infraestructura para la producción marina y terrestre.

Con el crecimiento de la infraestructura de transformación industrial de Petróleos Mexicanos, el instituto pudo asimilar y crear tecnología para la construcción de tres nuevas refinerías y la construcción de centros petroquímicos y de gas. En ese sentido, el instituto fue la primera empresa que trajo las prácticas de gestión de proyectos a México. Y también, fue la primera institución que logró desarrollar tecnología propia, tanto para la producción, para el análisis de yacimientos, como la transformación industrial.

Actualmente, el instituto tiene más de 40 procesos propios para la refinación, para gas y petroquímica. Tiene más de mil 400 patentes, de las cuales más de 400 hoy están en vigor. Ha transitado con Petróleos Mexicanos en la reconfiguración de refinerías, en la producción de combustibles cada vez más limpios y un factor muy importante en la capacitación desde hace, en los últimos 20 años de más de 400 mil especialistas.

Entonces, esto habla de que el instituto que fue creado para tener tecnología nacional, para tener tecnología propia, para mexicanizar, digámoslo así, tecnología, para crear capacidades, pues ha cumplido cabalmente con esa visión y lo sigue haciendo. Actualmente, al final de esa historia que ustedes pueden apreciar en esa curva azul, pues está la nueva refinería de Dos Bocas y también el reto de adecuar la producción de crudo marino en Petróleos Mexicanos. En el instituto está presente de manera muy importante en esos dos aspectos de la vida de Petróleos Mexicanos.

Con esto, el Instituto Mexicano del Petróleo, se creó hace 56 años como el brazo tecnológico de Pemex. Fue creado el 23 de agosto de 1965, como un organismo autónomo, público, un organismo público descentralizado, no se introdujo a la empresa Petróleos Mexicanos, porque se pensó darle autonomía de gestión, sobre todo en materia tecnológica y de capacitación.

Desde 2014 está sectorizada la Secretaría de Energía y su objeto predominante sigue siendo la investigación, la creación de tecnologías, una tecnología que se pueda masificar, que se pueda aplicar. Todo lo que hace el Instituto Mexicano del Petróleo está orientado por una necesidad en la industria petrolera.

También, una parte importante del instituto y que lo diferencia de otras instituciones de investigación es la prestación de servicios de tecnología. Todos ellos basados en el desarrollo y en la investigación.

Y por supuesto en el desarrollo y la investigación. Y por supuesto, sigue siendo uno de sus principales ejes de actividad la formación de capacidades nacionales, es decir, la capacitación.

Actualmente es un proveedor preferente de Petróleos Mexicanos, tenemos un contrato desde 2019, abierto de prestación de servicios. Lo cual nos ha permitido contribuir de una manera más decidida, tener más presencia en el quehacer de Petróleos Mexicanos. Y como les he mencionado esto hace que el instituto sea una verdadera fortaleza del país.

Hoy en día el Instituto Mexicano del Petróleo, alrededor de la investigación y del desarrollo tecnológico, es una de las principales firmas de ingeniería en México, con más de un millón de horas/hombre al año. También tiene la principal infraestructura experimental del país y podríamos decir que de América Latina.

Siempre estamos ahí discutiendo que somos mejor que Cenpes, o que Cenpes es mejor que nosotros –que es el centro de investigación de Petrobras, de Brasil–. Pero siempre estamos pugnando porque el instituto tenga un lugar distintivo no sólo en América Latina, sino en todo el mundo. Es el único centro de investigación a nivel mundial que abarca toda la cadena de valor de los hidrocarburos. Vamos desde el pozo de los yacimientos hasta el tanque de combustible de los vehículos, hasta su escape, hasta las emisiones contaminantes, pasando por toda la cadena de producción y de transformación industrial.

Tenemos más de 95 laboratorios y una infraestructura experimental nueva, que es la joya de la corona, que le llamamos Centro de Tecnologías de Exploración y Producción, que fue inaugurado recientemente. Y que lo ilustro en esta lámina, que cuenta con cinco laboratorios. Son aproximadamente 21 hectáreas, que tiene más de 268 sistemas experimentales que abordan temas desde la perforación, la producción, la confiabilidad de los sistemas, la estabilidad de las estructuras, los efectos metaoceánicos y la evaluación y optimización de tecnologías para la producción.

Me gustaría que un día de estos nos pudieran acompañar a visitar este centro porque les va a permitir palpar lo que tenemos los mexicanos ahí invertido. Actualmente este centro ya ha superado todas las pruebas de seguridad, operativas, está a plena capacidad, está desarrollando proyectos de investigación y algunos servicios para diferentes campos como Ayatsil.

Sin embargo, estamos en estos momentos iniciando una fase de lanzamiento comercial o de masificación de sus servicios, tanto en México como en el extranjero, de una manera importante. Es una infraestructura muy destacada a nivel internacional.

Y lo que les comentaba hace un momento, que el Instituto Mexicano del Petróleo cubre toda la cadena de valor de los hidrocarburos. Podrán ver en las flechas azules que van desde la exploración, la producción, la transformación industrial y la distribución. Y en el lado izquierdo, de manera vertical, está nuestra cadena de valor que surge desde la investigación y el desarrollo tecnológico, el escalamiento de los resultados de esta investigación para crear la tecnología, el desarrollo de talento y la ingeniería y servicios tecnológicos.

Esto nos crea una matriz en la cual en cada una de estas áreas un sinnúmero de innovaciones y desarrollos tecnológicos que están orientados fundamentalmente a cumplir las metas del Plan Nacional de Producción de Hidrocarburos y del Plan Nacional de Desarrollo, en lo que es el incremento de las reservas, en mantener la producción, en la autosuficiencia de combustibles –particularmente la nueva refinería– y en la integridad de los sistemas de abastecimiento y reparto de combustibles.

El quehacer del instituto es muy amplio y en esta gráfica quiero mostrar que toda la actividad del Instituto Mexicano del Petróleo atiende los objetivos estratégicos del Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos. De los 11 objetivos estratégicos el instituto trabaja y coadyuva en nueve de ellos.

Los principales, que son las esferas más grandes, donde se encuentran el mayor volumen de recursos y el mayor número de proyectos están precisamente en exploración y producción, en el desarrollo de infraestructura para la transformación industrial. Y también en una manera importante, en el tratamiento, transporte y almacenamiento de hidrocarburos. En la confiabilidad y seguridad y en la integridad de las instalaciones. Pero en todos los ejes el Instituto Mexicano del Petróleo tiene una oferta de valor muy importante.

En la parte de investigación hemos reformulado nuestras áreas de investigación y ahora tenemos 11 áreas de enfoque, que las abordamos con un enfoque de cartera de proyectos. Es decir, buscamos darle a todos nuestros proyectos de investigación la integralidad para que efectivamente conformen una solución en estas 11 áreas de enfoque.

Como ven, está desde la incorporación de reservas, mantener la producción de hidrocarburos, el factor de recuperación, la confiabilidad y seguridad de las operaciones, la inteligencia artificial aplicada a la exploración y la explotación petrolera. Y del lado de aguas abajo pues el desarrollo de materiales, catalizadores, tecnologías de simulación y optimización de procesos, diseño de instalaciones y ductos. Y tenemos dos rubros que apuntan hacia la transición energética, que son la energía renovable, el medio ambiente y la eficiencia energética.

También un punto importante es el mejoramiento de crudos pesados y la conversión de residuos, que es un tema que ustedes han abordado muy ampliamente. Como saben, la parte del combustóleo que ahora es un problema. Tenemos desarrolladas tecnologías para abordar ese problema y estamos preparados para echarlas a andar e implementarlas en la industria.

En la parte de cómo se mantiene el Instituto Mexicano del Petróleo, es un organismo autosustentable. Nosotros no recibimos recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, sino que el 84 por ciento de nuestros ingresos proviene de la prestación de nuestros propios servicios, otro 13 por ciento proviene del Fondo Mexicano del Petróleo.

Es un ingreso que no se destina a la operación sino que se destina a objetivos muy específicos en la investigación y el desarrollo tecnológico. Y otro porcentaje que son remanentes de los fondos sectoriales, que representó el año pasado el tres por ciento y que el instituto hace acopio de ellos a través de ganar convocatorias que emite el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Conacyt, en coordinación con la Secretaría de Energía.

Entonces, quiero resaltar que en esta parte de la prestación de servicios es una gran fortaleza, es una muestra de la competitividad que tiene el Instituto Mexicano del Petróleo y de la penetración que tiene en la industria. Sin embargo, también es un área que debe tener mucha atención porque está sujeta a la variabilidad de la industria. En años pasados esta manera de operar ha puesto en riesgo la sustentabilidad del instituto, que afortunadamente hoy se está retomando con un fortalecimiento de la industria petrolera en el país.

Como ustedes ven, hemos pasado años difíciles. En el 2018 tuvimos los menores ingresos por la prestación de servicios a Petróleo Mexicanos. Sin embargo, la prestación de servicios a terceros tuvo una contribución que nos permitió seguir adelante y a partir del 2019 tuvimos un crecimiento importante.

En 2020, a pesar de la crisis petrolera, de los precios negativos del petróleo y de la pandemia, el instituto duplicó la cantidad de sus servicios a Petróleos Mexicanos. Y 2021 pues, también fue un año en el que mantuvimos este ritmo de participación con la industria. Y esta es una tendencia que nos ha permitido ahora reformular nuestros proyectos, nuestras investigaciones y nuestros servicios para Petróleos Mexicanos.

Tenemos actualmente un contrato abierto, que nos ha permitido agilizar la relación entre Petróleos Mexicanos y el Instituto Mexicano del Petróleo. Y aquí quiero decirles que tenemos un instituto vigente, que a pesar de estas crisis que padecimos las capacidades del instituto pudieron mantenerse. Sufrimos algunos trastornos, pero seguimos teniendo un instituto fuerte.

Está vigente la transformación industrial dentro de los seis licenciadores de clase mundial que tiene la refinería, la nueva refinería Olmeca, la refinería de Dos Bocas.

El único licenciador nacional es el Instituto Mexicano del Petróleo dentro de esos seis licenciadores de clase mundial. Y ha trabajado en la nueva refinería de las fases de planeación, de la conceptualización del proyecto, todos los estudios técnicos, ambientales, hidrológicos y el desarrollo de las ingenierías básicas de las tres principales plantas del complejo, especialmente la destilación combinada, que es la planta más grande, y dos plantas de hidrotratamiento para la producción de combustibles de alta calidad y de ultra bajo contenido de azufre.

Actualmente desarrollamos trabajos de ingeniería, asistencia técnica y, de manera muy importante, la capacitación de 300 ingenieros de proceso y mantenimiento para todo el Sistema Nacional de Refinación, que también servirán para la nueva refinería de Dos Bocas. Esto es en el terreno de transformación industrial, pero también está vigente en la exploración y producción.

Aquí muestro solamente dos ejemplos. Uno de agentes espumantes para la productividad de pozos. En esta gráfica y los tramos, cómo en un pozo de Cantarell, después de la declinación acelerada que tenía, se logró una recuperación importante que se ve con una curva roja ahí en esta gráfica. Y podemos apreciar ahí que el área de bajo esa curva pues es una recuperación de hidrocarburos importante. Es una tecnología que ya está lista en el instituto para poder desplegarse a nivel nacional.

También tenemos dispositivos para la productividad de pozos. Este dispositivo que ven a mano derecha se ha aplicado en más de 700 pozos de gas en el norte del país, principalmente, y en el sur. Y nos ha permitido incrementar la producción en aproximadamente el 30 por ciento.

En inteligencia tecnológica, también está vigente, desarrollamos, en 2018, 11 mapas de rutas tecnológicas en energías renovables, que están disponibles para todos ustedes para la consulta del sector. Y finalmente quiero comentarles que estamos conscientes de la importancia de impulsar las energías limpias y las energías renovables. Sin embargo, el día de hoy las economías, la sociedad gira principalmente en torno a los hidrocarburos.

Entonces, nuestro trabajo, estamos muy claros que está centrado del lado de los combustibles fósiles en el mejor aprovechamiento de los recursos naturales del país, en que el aprovechamiento de estos recursos naturales tenga el mínimo impacto ambiental por el uso de los combustibles, en optimizar la eficiencia y el uso de la energía y en generar nuevas tecnologías en biocombustibles sin captura de carbono. Este es el enfoque que hoy tiene el Instituto Mexicano del Petróleo.

Estamos claros que tenemos que impulsar la transición energética desde nuestro ámbito petrolero, con mejores tecnologías y, como ya lo apunté, para hacer un mejor uso del os hidrocarburos. Esto es todo por mi parte. Les agradezco infinitamente esta oportunidad. Espero que con estas pocas láminas por lo menos los haya invitado a conocer más profundamente a la institución. Estoy seguro que se van a enamorar de esta institución si algún día tenemos la fortuna de que nos visiten.

Muchas gracias. Muchas gracias, diputado presidente. Y estoy a sus órdenes siempre.

El presidente, Manuel Rodríguez González: Muchas gracias, ingeniero Marco Antonio Osorio, director general. Estoy seguro que a todas las diputadas y diputados que están presentes en esta reunión les debe haber parecido muy interesante esta ponencia, pero lo más importante es el papel que está jugando el Instituto Mexicano del Petróleo en la industria petrolera del país, en el esfuerzo que hace Pemex por recuperar la soberanía en la seguridad energética.

Comentarles a todos los integrantes que la presentación del ingeniero la compartimos en el chat de la comisión, ahí la tienen, para efectos de poderla consultar de manera más precisa. Y también decirle al ingeniero Marco Antonio que le vamos a tomar la palabra para visitar al Centro de Tecnologías de Exploración y Producción, que le definiremos la fecha un poco más adelante, porque pues próximamente tendremos un trabajo fuerte en la Comisión de Energía y, una vez superado ese tema, podremos programar la visita, pero que no sea dentro de varios meses, sino a la brevedad posible. Ahí les haré la propuesta a los integrantes para encontrar una mejor fecha y proponérsela aquí al ingeniero Marco Antonio Osorio.

Y, bueno, preguntar si alguna de las diputadas o diputados tuviese algún comentario que hacerle al ingeniero para pues poderle ceder el uso de la palabra, que seamos breves, todavía nos queda otro tema más, que es asuntos generales, pero, pues aprovechando que tenemos pues este honor de que nos visite el director general del Instituto Mexicano del Petróleo, pues poder intercambiar algunos puntos de vista. Si alguien desea hacerlo. El diputado Reginaldo, la diputada Tánori, allá, el diputado secretario, seguramente podrá...

El secretario Justino Eugenio Arriaga Rojas : Presidente, el diputado Antonio Gutiérrez también levantó la mano.

El presidente, Manuel Rodríguez González: Bueno, hacemos, entonces, ahí la lista.

El secretario Justino Eugenio Arriaga Rojas : Sí.

El presidente, Manuel Rodríguez González: Pues primero la levantó acá el diputado Reginaldo, la diputada Tánori, el diputado Gutiérrez, y los que se vayan sumando. Adelante, diputado secretario.

El secretario Justino Eugenio Arriaga Rojas : Adelante, tiene la palabra el diputado Reginaldo. Adelante, diputado.

El diputado Reginaldo Sandoval Flores: Muchas gracias. Pues primero felicitar a la Presidencia de la comisión de que haya invitado al ingeniero. Y, segundo, agradecer al ingeniero que esté aquí con nosotros. Y, bueno, plantearle, pues felicitarlo por este ejercicio que nos hizo de la explicación de este instituto de investigación, que tiene por lo que vimos totalmente relación su funcionamiento, su éxito con la política energética del país. Se ve con claridad en las láminas.

Y felicitarlo, porque, sí, efectivamente nosotros tenemos la percepción de que vía este instituto se surtió de tecnología a Pemex y nosotros estábamos en los primeros lugares del mundo. Y de repente nos empezaron a ganar los brasileños y también los de medio oriente un poco, pero nosotros les vendíamos mucha tecnología a ellos. Y aquí preguntarle si ustedes han detectado más áreas de oportunidad que se vienen abriendo a partir de que cambia la política energética de México.

Porque da gusto, pero hay sentimientos encontrados en el tema de la refinería de Dos Bocas, que se llama la Olmeca, porque da gusto que ahí la llevamos, se va a inaugurar ahora este año, pero hay sentimientos encontrados porque fueron a traer tecnología, según se ve en los videos de repente, a Corea del Sur, fueron también a la India, fueron también a Italia, fueron a Turquía, en todos lados fueron a conseguir lo que se supone que aquí no podemos hacer y no hay.

Por eso le pregunto, si han detectado nuevas áreas de oportunidad en esa dirección. Y una, por la que acabamos de aprobar, el punto de exhorto, el punto de acuerdo de exhortar a Pemex para que mejore el tema de refinados en Salamanca, que es otra área de oportunidad, porque ahí yo les decía que tenemos nuestros, pero ahora acompañamos con las asociaciones público-privadas, porque si no, nosotros quisiéramos ir al 100 por ciento, pero no se puede, andamos en el equilibrio.

Incluso la energética, nosotros quisiéramos el 100, pero vamos a 54 y 46. Entonces, bueno, andamos en esa lógica, pero los felicito y si lo vamos a agarrar la palabra para visitar este centro y hay que potenciarlo porque yo estoy convencido que hay que invertir mucho en innovación tecnológica y en educación. Yo creo que esas dos son las claves para sacar a México adelante y que nos pueden llevar a una mejor competitividad. Muchas felicidades y muchas gracias.

El ciudadano Marco Antonio Osorio Bonilla: Muchas gracias, diputado. Con su permiso, señor presidente. Bueno, hago una aclaración que me están diciendo aquí mis compañeros que no hice, este laboratorio que es el centro de tecnologías de exploración profesión está ubicado en Boca del Río. Tenemos varias sedes, una de las sedes más importantes es la Ciudad de México. También tenemos ahí una infraestructura experimental importante, está este centro y tenemos sedes importantes en Ciudad del Carmen, en Villahermosa, en Poza Rica y en Reynosa.

Pero bueno, y respecto la primera parte de la pregunta respecto a las oportunidades que nosotros veríamos o áreas de oportunidad, bueno, definitivamente en la parte refinación, por supuesto que está el incrementar la eficiencia de las refinerías, en el procesamiento, la adecuación o destrucción de los residuales. La conversión de los residuales, esa es un área que sin duda está en él la mira de todos, de toda la industria.

Hay áreas muy importantes de oportunidad en el tema de gas, de la recuperación de gas de las cuencas del sureste. También creo que, en la parte de almacenamiento masivo de hidrocarburos, especialmente de gas. El ambiente internacional siempre nos duele, me parece que también el impulsar el almacenamiento subterráneo es una tarea que es estratégica.

Por otro lado, creo que también tenemos oportunidades comerciales en el Pacífico, muy importantes, no hay plantas de gas licuado natural en la costa del Pacífico, hay poco, no hay, pues creo que ahí tenemos una oportunidad con la refinería de Salina Cruz. Y del lado del Golfo también sobre todo para tener una fuente, una flexibilidad en la operación del sistema de gas, pero también hay una oportunidad para la exportación hacia Europa de gas natural, pero no tenemos el gas suficiente, pero podemos licuarlo. Entonces, ahí hay un área muy importante.

Por supuesto, no puedo dejar de señalar que la integración de la refinería petroquímica, la petroquímica, tiene grandes oportunidades y las sinergias que puede hacer con refinación, son muy importantes para ganar tanto en eficiencia, en economía y, sobre todo, en el abastecimiento de un mercado nacional que lo requiere, de los petroquímicos básicos. O sea, hay muchas áreas de oportunidad alrededor de la industria.

Nosotros como tecnología tenemos una dependencia muy grande de los catalizadores para las plantas de proceso. El Instituto Mexicano del Petróleo tiene la tecnología suficiente para producir estos catalizadores, de hecho, fue el proveedor principal de tecnología y catalizadores en Pemex durante muchos años, teníamos el 90 por ciento de los catalizadores, hoy no hay prácticamente nada, porque tenemos una debilidad, no los fabricamos en México, a pesar de que tenemos esa tecnología.

Entonces, el instituto también está lanzando una iniciativa que quizás no la vi en las láminas, que la presente ahí, pero no la mencioné. Tenemos la iniciativa de crear una planta nacional de fabricación de catalizadores. Empezaremos con algún... y tenemos la intención de ir haciendo crecer.

Entonces, hay muchas oportunidades de que pudiera mencionar y quizá pudiéramos ahondar mucho más en el tema, en una mesa de especialistas, pero desde mi perspectiva, creo que son las principales que yo pudiera decir.

En cuanto a la refinería Dos Bocas y la dependencia, como mencionaba, los procesos principales, hay seis licenciadores y uno de ellos es el... son licenciados de clase mundial ya muy destacados.

En cuanto a la construcción y la fabricación de equipos, de ahí surgiría otra oportunidad, el fortalecer las cadenas de suministro en México. En los talleres de México, se llenaron de fabricación de equipos, de proceso y de estructuras y de diferentes insumos para la nueva refinería. Actualmente, pues, están saturados de trabajo con la fabricación de estos equipos.

En el pasado tuvimos una industria de bienes de capital muy fuerte, ahora la hay, pero hay una oportunidad de fortalecerla. Los equipos pues sí hay, hay fabricantes muy especializados en ciertos equipos y la estrategia de ejecución acelerada del proyecto, pues demandó que estos equipos se hicieran en el extranjero.

Ahí hay equipos que pudieran fabricarse en México en el futuro quizá actualmente no tenemos, sobre todo la gran capacidad, tenemos tecnología, tenemos empresas que lo pueden hacer, pero hay equipos muy especializados y hay otros que pues la capacidad instalada obligó a que se fuera hacia el extranjero.

El contenido nacional de la refinería está arriba de 72 por ciento, entonces me parece que tiene toda la mano de obra es mexicana. De las empresas contratistas que realizan la obra, pues está Samsung que es internacional, pero que también está... que es nacional y que también está haciendo un gran esfuerzo y es de los contratistas que lideran el proyecto con... Y otros contratistas que están haciendo tanques de almacenamiento, sistemas de esfera, sistemas de contra incendios, sistemas de seguridad que aportan una gran contribución a la nueva refinería de Dos Bocas.

Y por supuesto, el Instituto Mexicano del Petróleo, con las aportaciones que ha hecho en la conceptualización, el diseño que no necesitamos que nos vengan a enseñar, el Instituto Mexicano del Petróleo sabe cómo hacer ese tipo de proyectos.

Diputado, no sé si contesté sus preguntas. Gracias.

La diputada Judith Celina Tanori Córdova: Gracias. Bueno, saludar y agradecer al ingeniero Osorio Bonilla por su presentación sobre esta importante institución. Bueno, me surgen algunas, cuestiones y dudas que quiero preguntarle.

Comentó sobre la prestación de servicios a partir de 2019 para Pemex que se amplificó, y le quiero preguntar ¿qué implica esto para... y cómo repercutirá lo que ocurra en el... para el país?

Y después, quiero preguntarle también, se habla, bueno, el presidente ha hablado de tener una racionalización en la explotación del petróleo y dejar a las nuevas generaciones también este petróleo. Y de ahí surge la idea de no quemarlo y utilizarlo para otras cuestiones. Entonces, ¿hacia dónde se está dirigiendo esa utilización del petróleo?

Si se está previendo porque también estamos con la transición energética, queremos que sea el país quien lleve a cabo esa transición energética de manera soberana. Y sabemos de la importancia de las energías limpias y hemos visto que algunas instituciones, como el Centro de Energía Atómica en Francia, por ejemplo, se están convirtiendo en un centro de energías renovables.

Entonces, ¿qué está pensando para el futuro el Instituto Mexicano del Petróleo, con relación a esta transición energética soberana? Gracias.

El ciudadano Marco Antonio Osorio Bonilla: Muchas gracias, diputada. Bueno, para el instituto el fortalecimiento de la prestación de servicios tecnológicos a partir del 2019 fue vital porque una estrategia que se definió en el instituto en los años pasados cuando no había esta prestación de servicios y al ser un instituto autónomo había un riesgo muy grande de que se perdieran esas capacidades, que son del país, no nada más del Instituto Mexicano del Petróleo. Entonces, el instituto tuvo que hacer acopio de muchas reservas de recursos para poder mantener esas capacidades vigentes.

Cuando en 2019 surgen estas necesidades, afortunadamente el instituto seguía teniendo una oferta de valor y por eso logramos tener ese nivel de contratación de servicios, principalmente con Petróleos Mexicanos. Porque el instituto pudo mantener esa oferta de valor. Lo que significa ahora para el instituto es precisamente mantener esas capacidades.

No tenemos recursos operativos del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto el instituto tiene que mantener vigentes y competitivos la investigación y los servicios. Y a partir de 2019 pudimos plantear una estrategia mejor diseñada para poder mantener los servicios. Las especialidades que se requieren, sobre todo en los procesos de transformación, de análisis sísmico y geotérmico son muy importantes y no se pueden crear de un día para otro; costaría décadas volverlas a formar.

Entonces, esto nos permite dar continuidad y mantener la oferta de valor del instituto en la tecnología. Ahora nuestro trabajo es el poder consolidar esa posición, fortalecer las áreas de investigación para poder mantener la oferta de valor vigente con las nuevas necesidades que surgen.

En cuanto a la –no sé si esto contesta– otra pregunta, quiero muy respetuosamente comentar que el instituto no genera política energética. El instituto es técnico-científico que obedece a las necesidades que se plantean en los programas de desarrollo del país.

Estamos claro que nuestra tarea está hoy alrededor de los hidrocarburos. La Secretaría de Energía tiene tres institutos de investigación, que son el Instituto Mexicano del Petróleo, el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias y el Instituto de Investigaciones Nucleares. Y con eso conformarán su política hacia la transición energética.

¿Cómo apoya el instituto la transición energética? Procurando un mejor aprovechamiento de los recursos naturales, que de los yacimientos se obtenga todo lo que se pueda obtener, que no queden remanentes tan grandes dentro de un yacimiento. Y principalmente, que los combustibles tengan un menor impacto ambiental.

Sin embargo, también estamos trabajando en la generación de tecnología para la producción de biocombustibles, de captura de carbón y entraremos en el tema de hidrógeno también. Esa es nuestra visión hacia el futuro como instituto. Todavía vemos un horizonte muy amplio. Quizá, un ejemplo un tanto burdo pero creo que es muy ilustrativo, es pensar en un automóvil de media tonelada. Nuestro automóvil de uso diario. En un tanque de 40 litros podemos tener una autonomía de casi 500 kilómetros y lo podemos repostar de esa energía en 10 minutos.

Actualmente en las energías limpias, renovables, no tenemos esa capacidad de realizarlo. Los mejores autos eléctricos tardan una cantidad de horas importantes y tienen una autonomía apenas de 300 kilómetros. Esto nos ilustra que todavía las necesidades, el desarrollo económico y social todavía apunta mucho hacia los hidrocarburos.

Por supuesto que otra de las vertientes que el instituto abordará es el tema de la petroquímica, que es un uso más racional del petróleo. Sin embargo, como energético hoy tiene un rol fundamental, lo tendrá muchos años todavía, en 30 años todavía seguirá siendo una fuente importante, como lo muestran los diferentes análisis que se hacen al respecto. Pero estamos conscientes de ello y trabajamos en lo que comenté, otras alternativas de uso. Gracias, diputada.

El presidente, Manuel Rodríguez González: Gracias, ingeniero. Me parece que tiene problemas de internet el diputado secretario. No sé si ya se restableció, diputado Justino.

El diputado José Antonio Gutiérrez Jardón: Pendientes, presidente.

El presidente, Manuel Rodríguez González: Le corresponde ahora el uso de la palabra al diputado Antonio Gutiérrez. Puede hacer uso de la voz hasta por tres minutos.

El diputado José Antonio Gutiérrez Jardón: Muchas gracias, presidente. Saludo a todos mis compañeros diputados que nos acompañan en la Comisión de Energía y felicitar al ingeniero Osorio por su exposición. Y tengo algunos comentarios que me gustaría que nos diera información.

Tuvimos la oportunidad de trabajar muy de la mano con el Instituto Mexicano del Petróleo en el estado de Coahuila hace alrededor de cinco o seis años en un proyecto que era sumamente importante para nuestro país y que era a través del Instituto Mexicano del Petróleo donde se hizo el estudio de dos campos muy importantes, ubicados en la parte norte de nuestro estado Galaxy I y Galaxy II. Son dos campos que tienen una capacidad de generar y tener esa autonomía que requerimos como país para el tema del gas.

Y esta era la exploración que se invirtió en aquel entonces, estamos hablando de más de 100 millones de dólares, a través del Instituto Mexicano del Petróleo con fondos de Conacyt y me tocó conocer el profesionalismo, la responsabilidad y el gran trabajo que hace el Instituto Mexicano del Petróleo. Sin embargo, todo quedó en proyecto, duramos casi dos años en esta exploración de los dos campos ubicados en la parte norte de nuestro país.

Y los resultados fueron muy alentadores para el futuro de nuestro país. En aquel entonces se generaron más de mil empleos solamente en exploración y el proyecto, si se llevaba a cabo en el tema de las subastas para el tema de la exploración, llegaríamos a generar más de 30 mil empleos solamente en la parte norte del país.

Mi pregunta es si todavía están ahí esos proyectos que se quedaron y que se hizo una inversión a través de los recursos de los mexicanos para poder ser más competitivos en el tema del gas a nivel internacional. ¿Dónde quedaron esos estudios que se hicieron? Si los tiene ya Pemex o se quedaron en el instituto.

Ustedes saben que luego hay cierta incertidumbre en el tema de la exploración del gas a través de las lutitas y esto genera un poco de controversia, pero ustedes saben que el instituto cómo han avanzado las tecnologías al día de hoy del tema del famoso fracking y muchas otras cosas, cómo han ido avanzando. Y vemos otros países, sobre todo el país vecino, en la parte norte, cómo han estado explorando y explotando mucho el tema del gas y nosotros, que tenemos un gran potencial en nuestro país, pues está detenido.

Entonces, a mí me gustaría que nos platicara un poquito en dónde están, si es que usted tiene conocimiento de esto, ingeniero, y cómo poder sensibilizar a través del instituto, que, insisto, es una de los grandes organismos con los que cuenta nuestro país, pudiéramos sensibilizar al gobierno para poder explicar el potencial que tenemos en la parte norte de nuestro estado por el tema del gas Shield.

Entonces, y si, bueno, si esto va a continuar y dónde está el cobro de ese recurso que se invirtió. A final de cuentas que están los estudios. Y que, bueno, en donde quedó, si ya está en Pemex o si lo tiene todavía el instituto el estudio o si se metió ya en el tema que programado para licitaciones. Es cuánto. Muchas gracias.

El ciudadano Marco Antonio Osorio Bonilla: Sí, diputado. Muchas gracias. Bueno, comentaré lo que tengo yo en conocimiento en este momento. Los estudios más completos de caracterización de yacimientos de lutitas los ha hecho precisamente el Instituto Mexicano del Petróleo. Se invirtió ahí una cantidad importante en la exploración, fue el gasto principal. Y se tuvieron, se cumplieron todos los hitos del proyecto. Y estos resultados fueron entregados a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que es quien actualmente está en posesión de este estudio.

El proyecto tenía otras fases por desarrollar, el diseño de pozos, etcétera, que ya no se llevaron a cabo porque, bueno, pues ya hubo cambios en los planes y además pues ya no hubo recursos para desarrollar, continuar con esos proyectos.

Lo que yo podría comentar aquí es de que, pues, es necesario, ¿no?, abordar el tema desde diferentes ángulos, no nada más desde el tema técnico, desde el tema social, el uso del agua sobre todo y el impacto que tendrá en las comunidades. Me parece que esos estudios estarían por desarrollarse, pero en tanto pues se tiene conocimiento de esos dos campos, Galaxia 1 y 2, y Limonaria. Entonces, pues esos resultados están disponibles en la Comisión Nacional de Hidrocarburos y nosotros en este momento no estamos desarrollando actividades más allá de lo que fueron esos estudios, diputado.

El diputado José Antonio Gutiérrez Jardón : Muy bien. Pues ojalá, ojalá, ingeniero, que el instituto que tiene toda la capacidad y la experiencia en este tipo de exploraciones podamos sensibilizar para que seamos más competitivos en el tema del gas Shield y de los procesos que se tienen que llevar a cabo para que sea autosuficiente en el tema del gas. Le agradezco mucho.

El ciudadano Marco Antonio Osorio Bonilla: Muchas gracias, diputado.

La diputada Judith Celina Tánori Córdova: Muchas gracias, diputado. Muchas gracias, ingeniero. Damos ahora el uso de la voz a la diputada Vanessa del Castillo

La diputada Érika Vanessa del Castillo Ibarra: Gracias, secretaria. Pues agradecer la presencia del ingeniero Marco Antonio Osorio. Muchísimas gracias. Ha sido una exposición clara y además pues nos genera muchas más cosas que tendríamos que trabajar. Y, por lo mismo, me sumo a la invitación. Ojalá pudiera ser cuando terminemos este periodo, porque pues está bastante, con muchísimas actividades y pues sí me gustaría poder asistir a esa invitación.

Y que, a partir de esa visita, y además de esta visita que hoy nos hace usted, pudiéramos hacer una mesa de trabajo, en la cual desde nuestra acción que tenemos aquí como legisladores que pudiéramos apoyar al instituto y de qué manera también podemos contribuir para pues generar todas estas propuestas que usted está haciendo, ayudar para que mejoren o que funcionen o qué otras cosas podríamos aportar. Muchísimas gracias.

El ciudadano Marco Antonio Osorio Bonilla: Muchas gracias, diputada Vanessa. Pues nosotros estamos abiertos. Es una invitación a su propia casa, porque eso es un patrimonio de todos. Y creo que ahí van a poder ustedes visualizar lo que implica la investigación en este campo.

Y completamente abiertos a pues una institución de todo el país, completamente abiertos a poder establecer las mesas y los diálogos que ustedes crean convenientes. La misión del instituto es servir al país. Gracias.

El presidente, Manuel Rodríguez González: Muy bien. Muchas gracias a todos. Tengo entendido que ya nadie más ha solicitado el uso de la palabra. Y, por tanto, deseo agradecer la disposición del ingeniero Marco Antonio Osorio Bonilla, director general del Instituto Mexicano del Petróleo, su tiempo, sus aportaciones y, sobre todo, que atendiera y respondiera los comentarios de cada una de las diputadas y diputados que participaron. Ingeniero, le tomaremos la palabra para esa visita.

El ciudadano Marco Antonio Osorio Bonilla: Con mucho gusto.

El presidente, Manuel Rodríguez González: A Boca del Río, Veracruz. Llevaremos nuestros trajes de baño también para aprovechar el viaje.

El ciudadano Marco Antonio Osorio Bonilla: Y para disfrutar la comida también de allá.

El presidente, Manuel Rodríguez González: Y pues muchas gracias, ingeniero. Nosotros vamos a continuar con la reunión. Si gusta acompañarnos, lo puede hacer.

El ciudadano Marco Antonio Osorio Bonilla: Pues nada más, diputado, reiterar mi agradecimiento por darnos este espacio para dar a conocer este patrimonio de ustedes y es un honor estar aquí en esta mesa hoy.

El presidente, Manuel Rodríguez González: Muchas gracias, ingeniero. Pasamos al último punto del orden del día, que es asuntos generales. Si alguna diputada o diputado desea hacer uso de la palabra en este rubro, por favor, levante la mano para que registremos su interés y podrá hacer uso de la voz hasta por tres minutos. De manera presencial, nadie. De manera telemática, por favor, pónganme la pantalla para que yo pueda ver o me pasen el reporte. Bueno, no veo a nadie. Me informan que sí.

Muy bien. Entonces, no habiendo quien haga uso de la palabra, se da por terminada la tercera reunión ordinaria de la Comisión de Energía. Le pido a cada uno de los asistentes presenciales o vía telemática que por favor registren asistencia de conclusión de la reunión en la aplicación APRAV de nuestros teléfonos. Y, quienes no puedan hacerlo, lo puedan hacer de viva voz a través de la aplicación zoom. Se abren los micrófonos para que lo puedan hacer quienes lo requieran.

La diputada Sandra Simey Olvera Bautista : Diputado presidente, me pudiera registrar mi salida, por favor.

El presidente, Manuel Rodríguez González: Su nombre completo, Simey, por favor.

La diputada Sandra Simey Olvera Bautista : Gracias. Simey Olvera Bautista, Grupo Parlamentario de Morena.

El presidente, Manuel Rodríguez González: Gracias, diputada.

La diputada Sandra Simey Olvera Bautista : Muy amable. Saludos a todos.

El diputado : Saludos. Buenas tardes.

El presidente, Manuel Rodríguez González: Gracias. Igualmente.

Atentamente

Diputado Manuel Rodríguez González

Presidente

De la Comisión de Marina, relativa a la séptima reunión ordinaria, celebrada en modalidad virtual el viernes 8 de abril de 2022

A las 10:00 horas del viernes 8 de abril de 2022, vía zoom y en el salón B del edificio G de la Cámara de Diputados, se reunieron los integrantes de la Comisión de Marina para llevar a cabo la séptima reunión ordinaria.

Se contó con la asistencia de los siguiente

Diputados: Jaime Martínez López, presidente; Sofía Carvajal Isunza, Óscar Cantón Zetina, Juan Luis Carrillo Soberanis, Fernando Torres Graciano, Julia Licet Jiménez Angulo, Marco Antonio Pérez Garibay, secretarios; Marco Antonio Almendariz Puppo, Andrés Mauricio Cantú Ramírez, Héctor Chávez Ruiz, María Magdalena Olivia Esquivel Nava, Mario Alberto Torres Escudero, Vicente Javier Verástegui Ostos, María Bertha Espinoza Segura, Javier Joaquín López Casarín, Ana Laura Bernal Camarena, Bruno Blancas Mercado, José Luis Elorza Flores Rosa Hernández Espejo, Salvador Caro Cabrera.

Al contar con la presencia de 20 diputados de 22 que la integran, se declaró quórum legal que establece el reglamento de la honorable Cámara de Diputados para llevar a cabo la séptima reunión de la Comisión de Marina.

El presidente, diputado Jaime Martínez López, solicitó a la Secretaría hiciera del conocimiento el resultado de la asistencia de los diputados de la Comisión, por lo que se declaró quórum legal.

En el punto dos del orden del día, relativo a la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día, no hubo comentario alguno y se aprobó por unanimidad.

El punto tres del orden del día, relativo a la lectura y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la séptima reunión ordinaria, no hubo comentario alguno y se aprobó por unanimidad.

En el punto cuatro del orden del día, referente a la lectura, discusión y votación, en su caso, concerniente a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 28 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. El presidente dijo “La iniciativa que tienen en sus documentos tiene por objeto incluir las uniones matrimoniales entre personas del mismo sexo a bordo de embarcaciones mexicanas.

El dictamen que les fue distribuido tiene como base fundamental que la institución del matrimonio se encuentra regulada en el Código Civil, no en la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, no hubo comentario alguno, se abrió el sistema de votación y fue aprobado por 19 votos a favor y una abstención.

En el punto cinco del orden del día, mismo que se refiere a la lectura, discusión y votación, en su caso, del proyecto dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 15, fracción IV, y 30, fracción XXIV; y se adiciona una fracción XXV, recorriéndose la subsecuente, al artículo 30 de la Ley General de Educación, el presidente dijo que “La presente iniciativa tiene por objeto de promover en las nuevas generaciones, la importancia de la gran riqueza de los mares mexicanos.

Incluir la conciencia marítima en la Ley General de Educación, permitirá despertar el sentido de pertenencia para valorar la gran riqueza marítima, fundamental para el desarrollo nacional sostenido y sustentable, asimismo, para tener presente la responsabilidad de preservar y proteger el medio ambiente marino, que es patrimonio de las generaciones actuales y futuras.

El ámbito marino ofrece un potencial invaluable para generar riqueza, así como para crear empleos para el sustento económico de una gran parte de la población, en particular para los 17 estados costeros.

Entre las actividades que se desarrollan, destacan: el transporte marítimo, el turismo, la explotación petrolera y la pesca, sin embargo, el mar es una fuente de recursos muy variados, cabe citar la minería submarina, la energía de las mareas o las corrientes marinas, y la obtención de agua potable mediante el procesamiento adecuado”.

Comentó que: “Esta inclusión en la educación de la niñez nunca se ha dado, desde la Independencia, desde que somos un país soberano y no ha habido interés en inculcar el sentido de pertenencia que corresponde a nuestros mares, cuando un niño nace tiene un patrimonio cultural y de familia pero tiene un patrimonio material que consiste en que todo mexicano puede hacer uso de nuestras costas nacionales y de nuestros mares nacionales es una riqueza de todos y no tiene límite, además de no tener restricción como en la tierra, cualquier embarcación puede ir a cualquier lado pero no hay límite por lo que debe cuidarse y sentirse como propio, como cuando se siente la pertenencia a un pueblo o estado, cuestión que no sucede con el patrimonio marítimo.

Todos los sectores que se han acercado coinciden que no hay el interés de la educación por tener una cultura marítima que tiene una riqueza invaluable, que sin embargo si no se cuidan los arrecifes, entre otros; vamos a acabar con la riqueza de los mares, consideremos que nuestro punto más allá de las costas son todos los países de Asia del océano Pacífico y el Atlántico pero que si no se lleva en la conciencia de le educación no se puede llevar más allá, únicamente nos restringimos a lo que vemos y pocos van más allá de las costas, lo que redunda en que no haya barcos con bandera mexicana en la marina mercante y esto se da porque no hay conciencia.

Vemos casos como en Inglaterra el dominio de sus mares y están limitados, no son como los de México tenemos 3.1 millones de kilómetros (km) cuadrados de Zona Económica Exclusiva y en tierra solo 1.9 millones de superficie continental por lo que merece tener atención desde la niñez, la educación, la escuela y crezcan con un sentimiento de pertenencia de sus mares y del cuidado de los mismos.

De igual forma leyó la opinión de la Secretaría de Educación Pública que menciona que no contraviene y no duplica ninguna disposición del Orden Jurídico Nacional es necesaria su aprobación, se está elaborando una propuesta curricular para la educación básica 2022, que contiene temas curriculares relacionados con el tema en mención.

Quiere decir que ya los están incorporando en la nueva propuesta, sin embargo queremos apoyar con esto; con la ley se puso a discusión, no hubo más comentarios y fue aprobado por unanimidad.

En el siguiente punto asuntos generales, La secretaria, diputada Sofía Carvajal Isunza dijo que en referencia a la iniciativa anterior felicitaba al presidente por el interés de esa visión de futuro ya que el país tiene tanto litoral y querer hacer conciencia en los niños de la importancia de los mares y océanos del país y los recursos marinos.

Además, es increíble que en 200 años no se haya metido en los sistemas de educación este tipo de información para niños, niñas y adolescentes, me parece más trascendental porque va en sintonía con la agenda 2030 y con el Objetivo de Desarrollo Sustentable número 14 que habla de la sustentabilidad de mares, océanos y recursos naturales, me congratulo y gracias por poder adherirme a ella.

El diputado Alberto Torres Escudero pidió la palabra y dijo “mi agradecimiento y admiración por esto que acabamos de aprobar, porque antes no se tomaba con seriedad los recursos de nuestros litorales, en este momento que estamos buscando mayor actividad económica y todo lo que se mencionó de producción sólo quiero agregar la producción de sal marina, de fertilizantes y todo el transporte de cabotaje con los proyectos de infraestructura que están impulsado al país, quiero agregar que recientemente visite la Escuela Naval Militar Anton Lizardo, en Veracruz, y ver la educación y formación que reciben, los códigos de ética y honorabilidad que tienen, al platicar con ellos están contentos y quieren seguir; para todos los jóvenes que consideran una carrera profesional la Secretaría de Marina es una buena opción.

Los diputados y diputadas: María Bertha Espinoza Segura, Bruno Blancas Mercado, María Magdalena Olivia Esquivel Nava, Andrés Mauricio Cantú Ramírez, Mario Alberto Torres Escudero, Marco Antonio Pérez Garibay, Juan Luis Carrillo Soberanis, solicitaron suscribirse a la misma.

Se dio la bienvenida formal a los diputados: Bruno Blancas Mercado, Mario Alberto Torres Escudero y Rosa Hernández Espejo, quienes se integran a la Comisión de Marina.

En otro asunto general se informó que el 29 de marzo, 6 y 7 del presente mes, se recibieron en las oficinas de la Comisión al director general de la Cámara Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo (Armando Rodríguez García), a la presidenta de la Asociación Mexicana de Agentes Navieros (Norma Becerra) y a la coordinadora de la Comisión de Puertos y Marina de la Concanaco (maestra Claudia Sánchez Porras), respectivamente.

Todos los referidos se acercaron para manifestar su preocupación por la incertidumbre que genera la iniciativa que reforma, deroga y adiciona diversos artículos de la Ley de Puertos, en proceso de dictamen, que en términos generales propone eliminar las concesiones y las administraciones portuarias integrales, mantiene únicamente permisos o contratos, y deja a la Secretaría de Marina a cargo todos los puertos.

Se les explicó que el dictamen es un acto colegiado que está en proceso de análisis y que se solicitaron las opiniones a las dependencias involucradas. Asimismo, se les informó que en futuras reuniones hará invitación a los integrantes para que participen en las mismas.

No habiendo más asunto que tratar, se dio por clausurada la séptima reunión ordinaria de la Comisión de Marina, correspondiente a la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, a las 10:46 horas del viernes 8 de abril de 2022.

Por la Comisión de Marina

Diputados: Jaime Martínez López (rúbrica), presidente; Óscar Cantón Zetina (rúbrica), Juan Luis Carrillo Soberanis (rúbrica), Sofía Carvajal Isunza (rúbrica), Julia Licet Jiménez Angulo (rúbrica), Marco Antonio Pérez Garibay (rúbrica), Fernando Torres Graciano (rúbrica), secretarios; Marco Antonio Almendariz Puppo (rúbrica), Ana Laura Bernal Camarena, Bruno Blancas Mercado, Andrés Mauricio Cantú Ramírez (rúbrica), Salvador Caro Cabrera (rúbrica), Héctor Chávez Ruiz (rúbrica), José Luis Elorza Flores (rúbrica), María Bertha Espinoza Segura, María Magdalena Olivia Esquivel Nava (rúbrica), Leonel Godoy Rangel (rúbrica), Erasmo González Robledo (rúbrica), Rosa Hernández Espejo (rúbrica), Javier Joaquín López Casarín (rúbrica), Vicente Javier Verástegui Ostos (rúbrica), Mario Alberto Torres Escudero (rúbrica).


Convocatorias

De la Comisión de Puntos Constitucionales

A la octava reunión de junta directiva, a realizarse el martes 17 de mayo, a las 10:00 horas, en el edificio D, tercer piso, sala de juntas de la comisión, en modalidad semipresencial.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaratoria de quórum.

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la séptima reunión de junta directiva.

4. Informe del turno a subcomisiones de los asuntos recibidos en la Comisión.

5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día de la sexta reunión ordinaria.

6. Asuntos generales.

7. Clausura.

Atentamente

Diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz

Presidente

De la Comisión de Derechos Humanos

A la séptima reunión ordinaria, que se llevará a cabo en formato semipresencial el miércoles 18 de mayo, a las 11:00 horas, en la zona C del edificio G.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la sexta reunión ordinaria, celebrada el miércoles 20 de abril de 2022.

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta relativa a la primera reunión extraordinaria de juntas directivas en Comisiones Unidas con la de Justicia, celebrada el lunes 25 de abril de 2022.

5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de los siguientes proyectos de dictamen:

a) 1467. Dictamen en sentido positivo con modificaciones de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 1o. de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en materia de protección de derechos humanos en el extranjero. Diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega (Morena).

b) 3283. Opinión en sentido positivo de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 1o. y el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de prevención y protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Diputada Nelly Carrasco Godínez e integrantes de la Comisión de Derechos Humanos.

6. Asuntos generales.

Se dará cuenta del estatus del siguiente proyecto de dictamen:

c) 2937. Proyecto de dictamen en sentido positivo con modificaciones de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos; y del Código Penal Federal, en materia de sanciones por reclutamiento de menores de edad. Diputada Andrea Chávez Treviño (Morena) y Yolanda de la Torre (PRI).

7. Clausura.

Atentamente

Diputada Nelly Minerva Carrasco Godínez

Presidenta

De la Comisión de Transparencia y Anticorrupción

A la quinta reunión ordinaria, que tendrá lugar de manera semipresencial el miércoles 18 de mayo, a las 17:00 horas, en el mezanine sur del edificio A.

Orden del Día

1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum.

2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.

3. Aprobación del acta correspondiente a la cuarta reunión ordinaria.

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del primer informe semestral del primer año legislativo de actividades de la Comisión.

5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de los siguientes dictámenes:

a. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un nuevo párrafo sexto al artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (expediente 1745).

b. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (expediente 1491).

c. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 6o. y 81, y adiciona el 81 Bis a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (expediente 3367).

d. Opinión relativa iniciativa que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de denominación de la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Protección de Datos Personales, presentado por la diputada María Elena Pérez-Jaén Zermeño, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (expediente 3041).

6. Asuntos generales.

7. Clausura y cita para la siguiente reunión.

Atentamente

Diputado Juan Carlos Romero Hicks

Presidente

De la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad

A la séptima reunión de junta directiva, que se llevará a cabo el jueves 19 de mayo, a los 10:30 horas, en los salones C y D, ubicados en el edificio G, primer nivel, del Palacio Legislativo, en modalidad semipresencial.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día.

3. Lectura, discusión y aprobación del acta de la sexta reunión de junta directiva.

4. Presentación del listado de propuestas de dictamen para la sexta reunión ordinaria.

4.1 Propuesta de dictamen en sentido positivo sobre la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 24 y 57 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, del diputado Jesús Fernando García Hernández (PT).

4.2 Propuesta de dictamen en sentido positivo sobre la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 11 y 12 de la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, del diputado Daniel Murguía Lardizábal (Morena).

4.3 Propuesta de dictamen en sentido positivo con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 12 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, referido a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 12 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de lo Micro, Pequeña y Mediana Empresa, del diputado José Antonio Zapata Meraz e integrantes del PAN.

4.4 Propuesta de dictamen en sentido positivo sobre la iniciativa con proyecto de decreto por elque se reforman los artículos 1071 y 1075 del Código de Comercio, de la diputada María Teresa Castell de Oro Palacios (PAN).

4.5 Propuesta de dictamen en sentido positivo sobre la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona los artículos 1 y 4 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, del diputado Jorge Álvarez Máynez e integrantes de Movimiento Ciudadano.

4.6 Propuesta de dictamen en sentido positivo sobre la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XI al artículo 37 de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, de la diputada Nelly Maceda Carrera (PT).

4.7 Propuesta de dictamen en sentido positivo sobre la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XIII Bis al artículo 24 de lo Ley Federal de Protección al Consumidor, de la diputada María del Rocío Corona Nakamura (PVEM).

4.8 Propuesta de dictamen en sentido positivo sobre la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, suscrita por el diputado José Antonio Gutiérrez Jordán (PRI).

5. Asuntos generales.

5.1 Reuniones de la Comisión fuera del recinto legislativo.

6. Clausura de la reunión.

ID de reunión: 841 9485 7239

Código de acceso: 061191

Atentamente

Diputado Jorge Ernesto Inzunza Armas

Presidente

De la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad

A la sexta reunión ordinaria, que se llevará a cabo el jueves 19 de mayo, a los 11:00 horas, en los salones C y D, ubicados en el edificio G, primer nivel, del Palacio Legislativo, en modalidad semipresencial.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día.

3. Lectura, discusión y aprobación del acta de la quinta reunión ordinaria.

4. Lectura, discusión y aprobación de los siguientes dictámenes.

4.1 Propuesta de dictamen en sentido positivo sobre la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 24 y 57 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, del diputado Jesús Fernando García Hernández (PT).

4.2 Propuesta de dictamen en sentido positivo sobre la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 11 y 12 de la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, del diputado Daniel Murguía Lardizábal (Morena).

4.3 Propuesta de dictamen en sentido positivo con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 12 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, referido a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 12 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de lo Micro, Pequeña y Mediana Empresa, del diputado José Antonio Zapata Meraz e integrantes del PAN.

4.4 Propuesta de dictamen en sentido positivo sobre la iniciativa con proyecto de decreto por elque se reforman los artículos 1071 y 1075 del Código de Comercio, de la diputada María Teresa Castell de Oro Palacios (PAN).

4.5 Propuesta de dictamen en sentido positivo sobre la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona los artículos 1 y 4 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, del diputado Jorge Álvarez Máynez e integrantes de Movimiento Ciudadano.

4.6 Propuesta de dictamen en sentido positivo sobre la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XI al artículo 37 de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, de la diputada Nelly Maceda Carrera (PT).

4.7 Propuesta de dictamen en sentido positivo sobre la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XIII Bis al artículo 24 de lo Ley Federal de Protección al Consumidor, de la diputada María del Rocío Corona Nakamura (PVEM).

4.8 Propuesta de dictamen en sentido positivo sobre la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, suscrita por el diputado José Antonio Gutiérrez Jordán (PRI).

5. Asuntos generales.

5.1 Reuniones de la Comisión fuera del recinto legislativo.

6. Clausura de la reunión.

ID de reunión:8317798 1947 Código de acceso: 785174

Atentamente

Diputado Jorge Ernesto Inzunza Armas

Presidente

De la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación

A la instalación de los Grupos de Trabajo en conferencia de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República y de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados, que se realizarán de conformidad al siguiente calendario:

Grupo / fecha y hora

1. Marco Jurídico de Ciencia, Tecnología e Innovación: miércoles 18 de mayo, a las 15:00 horas

2. Tecnologías Emergentes: miércoles 18 de mayo, a las 17:00 horas

3. Fortalecimiento a la Investigación: jueves 19 de mayo, 10:00 horas

4. Innovación y Transferencia Tecnológica: jueves 19 de mayo, a las 12:00 horas

5. Presupuesto y Financiamiento para CTI: jueves 19 de mayo, a las 14:00 horas

Las instalaciones se realizarán de manera semipresencial y se desahogará en cada uno de los grupos de trabajo el siguiente

Orden del Día

1. Registro de asistencia.

2. Bienvenido a los integrantes del grupo de trabajo.

3. Intervención de los integrantes del grupo de trabajo.

4. Entrega de carpetas a los integrantes del grupo de trabajo.

5. Clausura.

Atentamente

Diputado Javier Joaquín López Casarín

Presidente


Invitaciones

De la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal

Al diplomado Federalismo, coordinación fiscal y desarrollo municipal, por efectuarse entre los lunes 4 de abril y 23 de mayo 2022.

El diplomado –que se realizará en coordinación con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, División de Educación Continua y Vinculación, de la Universidad Nacional Autónoma de México– está dirigido a servidores públicos, académicos, legisladores, asesores, consultores, estudiantes e investigadores (de ciencia política, administración pública, derecho, sociología, economía y antropología), así como personas relacionadas con el diseño, la gestión y la administración de las políticas públicas regionales, estatales y municipales, con una visión de actualización a los nuevos tiempos.

Se otorgará constancia con valor curricular.

Objetivo general: Desarrollar las habilidades necesarias para colaborar en el diseño, la operación y la evaluación de la administración pública municipal, centrada en resultados, transparencia, eficiencia y eficacia.

Metodología

Los ponentes por participar en el diplomado serán investigadores, profesores de educación superior, servidores públicos y encargados de organismos no gubernamentales, con la idea de generar una discusión multidisciplinaria sobre los temas descritos.

Estará disponible la plataforma los 7 días de la semana, las 24 horas. Se consultará el material didáctico, 2 videos por módulo y las presentaciones en PowerPoint o PDF de los ponentes.

El alumno deberá ingresar mínimo 2 veces a la semana. El sistema estará abierto los 7 días, las 24 horas, a efecto de computar la asistencia.

Evaluación: 80 por ciento de asistencia como mínimo y las evaluaciones aplicadas en cada módulo.

Módulos y temario

Módulo VI. Gobernabilidad democrática y participación ciudadana, 16 a 22 de mayo

Ejes temáticos

• Aspectos necesarios para la gobernabilidad democrática;

• Sistemas de información y colaboración social;

• Redes sociales y desarrollo municipal;

• Ética y régimen de responsabilidades;

• La construcción de ciudadanía;

• La medición de la opinión pública; y

• Sistemas de participación ciudadana.

Programación sujeta a cambios.

Atentamente

Diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas

Presidenta

Del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias

Y la Cámara de Diputados, a través de la Secretaría General y la Secretaría de Servicios Parlamentarios, en coordinación con la presidenta de la Comisión de Diversidad, diputada Salma Luévano Luna, al Ciclo de conferencias sobre inclusión y diversidad, el cual se llevará a cabo, en modalidad virtual, hasta el miércoles 18 de mayo, de las 9:00 a las 11:20 y de las 9:00 a las 12:40 horas, respectivamente.

El ciclo de conferencias se transmitirá por Facebook @camaradediputados @CedipOficial y Twitter @Mx_Diputados y @CEDIP_Oficial así como en Youtube Cámara de Diputados

Atentamente

Doctor Juan Carlos Cervantes Gómez

Director General

Del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Y la Cámara de Diputados, a través de la Secretaría General y la Secretaría de Servicios Parlamentarios, a la decimoquinta edición del Premio Nacional de las Finanzas Públicas, cuya recepción de trabajos concluye el jueves 30 de junio.

• La convocatoria está dirigida a los interesados en contribuir al conocimiento de las finanzas públicas y la economía en México,

• Las bases se pueden consultar en www.diputados.gob.mx y en www.cefp.gob.mx

Atentamente

Maestro Ildefonso Morales Velázquez

Director General

De la Comisión de Seguridad Ciudadana

En coordinación con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, al diplomado Políticas de seguridad nacional y de seguridad pública, que se impartirá del lunes 6 de junio al domingo 17 de julio, completamente en línea.

El curso es actual, de excelencia, profesionalizante, con valor curricular, accesible, adaptable a sus horarios y abierto a todo público.

Temario

• Conceptos básicos de la seguridad nacional y de la seguridad pública.

• Escenarios geopolíticos global y nacional para la seguridad nacional.

• Políticas públicas de la seguridad nacional.

• Políticas públicas de la seguridad pública.

• Propuestas para una nueva estrategia de seguridad pública y de seguridad nacional.

Inscripciones

Informes e inscripciones del 4 de abril al 31 de mayo de 2022.

Páginas web: www.diplomadocamara.com y www.capacitacionunamlegislativo.com

e-mail: oontacto@ diplomadocamara.com

Teléfonos: 5529212480 - 5611355562 – 5551985149

Atentamente

Diputada Juanita Guerra Mena

Presidenta

Del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias

A los cursos que se impartirán durante mayo, junio y julio, en los horarios y fechas que se indican en la relación anexa, en modalidad virtual.

Curso: Ciclo de ponencias sobre inclusión y diversidad.

Objetivo: Fortalecer la cultura de la inclusión y la diversidad dentro del Congreso de la Unión, así como brindar los valores, experiencias, información y herramientas para robustecer el conocimiento y sensibilizar sobre la importancia de trabajar en espacios incluyentes garantizando el respeto de los derechos humanos.

Fecha: 16 y 18 de mayo.

Horario: 16 de mayo, 9:00 a 12:40 horas; 18 de mayo, 9:00 a 11: 20 horas.

Curso: Especializado en mejores prácticas en política educativa.

Objetivo: Que los participantes se familiaricen con los hallazgos de las principales investigaciones sobre políticas educativas basadas en evidencia con el fin de que sirvan como insumo y ejemplo de mejores prácticas para la labor legislativa en la materia.

Fecha: 25 de mayo.

Horario: 9:00 a 12:00 horas

Curso: Gestión integral de riesgos de desastres.

Objetivo: Conocer y profundizar sobre la gestión integral del riesgo de desastres, buscando el transitar hacia una resiliencia legislativa en donde la prevención de emergencias y desastres se vería privilegiada, al mitigar o eliminar el riesgo a través de la modificación o creación de leyes en diversas materias.

Fecha: 6, 8 y 10 de junio.

Horario: 9:00 a 11:00 horas.

Curso: Especializado en derecho y género. Legislación hacía la igualdad.

Objetivo: Contar con las herramientas jurídicas y de género, que permitan analizar y construir los instrumentos legislativos (iniciativas, dictámenes y puntos de acuerdo) desde la perspectiva de género.

Fecha: 20 y 22 de junio.

Horario: 9:00 a 12:00 horas.

Curso: El control de la constitucionalidad de los actos del Poder Legislativo.

Objetivo: Analizar los distintos medios de control de la constitucionalidad reconocidos en el ordenamiento jurídico mexicano, a través de los cuales se puede cuestionar la regularidad de los actos u omisiones del poder legislativo, exponiendo en cada caso su definición, antecedentes y evolución normativa, aspectos procesales y los efectos de las resoluciones.

Fecha: 13 de julio.

Horario: 9:00 a 12:00 horas.

Curso: Sistemas políticos y de gobierno contemporáneos.

Objetivo: Introducir al conocimiento de los sistemas políticos que se han ido configurando en el mundo contemporáneo.

Fecha: 25 de julio.

Horario: 9:00 a 12:00 horas.

Atentamente

Doctor Juan Carlos Cervantes Gómez

Director General